Agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de Santa Fe, desbarataron una casa de apuestas ilegales en un procedimiento realizado entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en la ciudad de Santa Fe.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidas ocho personas y puestas a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Además se secuestró material estupefaciente y alrededor de 20 millones de pesos entre monedas nacional, extranjera y valor de fichas que se encontraban exhibidas arriba de las mesas de póker, en el marco de una causa que investiga el fiscal Roberto Olcese.

La investigación se puso en marcha tras una presentación formulada por Lotería de Santa Fe, a través de su vicepresidente ejecutivo Daniel Di Lena, a partir de una denuncia anónima recibida el pasado 7 de enero, en la cual se informaba que en una vivienda ubicada en avenida Aristóbulo del Valle al 4500 funcionaba una casa de juego clandestino.

“A partir de una denuncia presentada por la Lotería de Santa Fe en la Fiscalía General, rápidamente ordenamos la realización de diversas diligencias que permitieron avanzar en la investigación”, ratificó el fiscal Olcese. “Anoche se realizó un allanamiento en el lugar en el que había alrededor de 25 apostadores; se secuestraron mesas de juego de póker, dinero en efectivo (pesos y dólares), fichas y teléfonos celulares de los asistentes y de personas que estaban trabajando”.

Entre los elementos secuestrados en el allanamiento figuran 32 teléfonos celulares; 25,1 gramos de cocaína; 1,8 gramos de marihuana; dos notebooks; dos cuadernillos con anotaciones de apuestas; varios mazos de cartas de póker; una balanza de precisión y dos platos con vestigios de estupefaciente; tres pasaportes y una credencial policial.

Los efectivos policiales también incautaron dos mesas de póker; la suma de $ 8.362.970 y U$S 5.401; cartelería; 986 fichas de póker discriminadas en colores y valores: azules ($ 500), celestes ($ 1000), rojas ($ 5000), negras ($ 10.000), verdes ($ 20.000), y bordó y amarillo ($ 50.000), por un monto aproximado de $ 4.009.500; y demás elementos de interés para la causa.

Tras constatar movimientos compatibles con una actividad de apuestas clandestinas, como ingreso restringido, vigilancia en puerta, concurrencia nocturna y ausencia de habilitación oficial, el fiscal Olcese solicitó orden de allanamiento al juez Sergio Carraras, del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe.

En el lugar se identificó a 30 personas y procedieron a la aprehensión de 8 involucrados, entre ellos el propietario del inmueble, su hija y personas que cumplían funciones de seguridad, crupier, cajero, cocinero y mozo.

El funcionario del MPA precisó que “ocho personas fueron identificadas en el marco de lo previsto en el artículo 301 bis del Código Penal que sanciona la explotación, administración, operación o comercialización de juegos de azar sin autorización legal”. Todo el material secuestrado quedó a disposición judicial y los estupefacientes fueron remitidos a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.

El Colegio de Odontólogos del Sur de la Provincia de Santa Fe volvió a alertar a la comunidad ante el crecimiento de ofertas de tratamientos dentales realizados de manera ilegal, principalmente a través de redes sociales. Según indicaron, personas sin título ni matrícula se presentan como prestadores de servicios odontológicos, lo que constituye un delito penal y un serio riesgo sanitario.

El secretario de la institución, Raúl Allín, explicó que si bien este tipo de prácticas existen desde hace años, en el último tiempo se registró un aumento significativo de consultas y denuncias. “Esto ocurrió siempre, pero ahora vuelve a proliferar por las redes sociales. La gente se confunde, ve imágenes y cree que está todo bien, por eso tratamos de alertar para que confirmen que se trate de un odontólogo matriculado”, señaló.

Desde el Colegio detallaron que en las publicaciones detectadas se ofrecen prótesis removibles, coronas, puentes, joyería dental y otros procedimientos. “Se ofrece un poco de todo y después la persona elige lo que quiere”, explicó Allín, quien también advirtió sobre modas impulsadas por figuras públicas. “Se ven artistas que usan strass o protectores bucales decorados, y hacia afuera parece algo sencillo, pero son procedimientos que deben estar controlados por un odontólogo”, sostuvo.

También manifestaron preocupación por la venta de productos que prometen resultados inmediatos. “Se ofrecen blanqueamientos y soluciones mágicas por internet, materiales que la gente compra sin ningún control profesional. Muchas veces no resuelven el problema y generan más inconvenientes”, advirtió.

En cuanto a las consecuencias, Allín remarcó que los riesgos pueden ser graves. “Una prótesis mal hecha o un elemento mal pegado puede ocasionar serios problemas. Eso es gravísimo”, afirmó, y mencionó la posibilidad de lesiones, úlceras, problemas de adaptación e incluso lesiones precancerígenas. Recordó además que el cáncer bucal se encuentra entre los cinco más frecuentes en el país.

El Colegio indicó que en su jurisdicción, que abarca el sur de la provincia con cabecera en Rosario, se registraron antecedentes judiciales por ejercicio ilegal de la odontología, incluso en Venado Tuerto. “Se comprobó que la persona realizaba estas prácticas. Ejercer como odontólogo sin serlo es un delito penal”, explicó Allín.

Desde la entidad señalaron que las redes sociales representan un desafío adicional. “No hay censura previa ni responsabilidad editorial. En las redes se vende y se ofrece cualquier cosa”, indicó el profesional, al recordar presentaciones realizadas ante plataformas digitales sin resultados concretos.

Finalmente, el Colegio recordó que recibe consultas y denuncias de forma permanente y cuenta con un listado actualizado de profesionales con matrícula activa. También explicó que los consultorios habilitados exhiben una oblea visible que certifica su autorización. “Donde no se puede ahorrar es en la salud. El tratamiento debe ser el indicado y realizado por profesionales habilitados”, concluyó.

Los dueños de una financiera ilegal que operaba en la ciudad de Venado Tuerto deberán entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a la Municipalidad, en el marco de un acuerdo judicial homologado por la Justicia Federal.

La resolución fue alcanzada tras una “suspensión de juicio a prueba”, figura legal que permite evitar el juicio oral cuando el imputado accede a reparar el daño causado.

En este caso, se trata de una causa por intermediación financiera no autorizada, delito que sanciona la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Los imputados, identificados como Edgardo U. y Marcela G., estaban a cargo de una “cueva” que funcionaba en una vivienda de calle Cabral al 4. El establecimiento fue escenario de un violento robo ocurrido el 27 de junio de 2024, en el que cuatro delincuentes se alzaron con una suma cercana a los 3.500.000 pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares.

La investigación por el robo fue tramitada por la Justicia provincial, que logró la detención y posterior condena de los autores materiales.

Sin embargo, paralelamente, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto, con los fiscales Daniela Ghiorzi y Federico Reynares Solari, avanzó con una causa por la actividad financiera clandestina que allí se desarrollaba.

"Tras una serie de allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que realizaban operaciones de cambio sin autorización", explicó Ghiorzi. En ese contexto, se imputó a los propietarios por violar la Ley de Entidades Financieras, específicamente por realizar intermediación financiera sin autorización legal.

Como parte del acuerdo alcanzado, cada uno de los imputados deberá aportar 15 millones de pesos en equipamiento médico, totalizando así una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal.

“La idea es que este dinero tenga un fin público, por eso nos pusimos en contacto con el área de Acción Social del municipio”, indicó la fiscal.

La entrega de los bienes (que deberá concretarse en un plazo máximo de un mes) incluye equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas, según se detalló en el acta homologada por el Juzgado Federal.

El asalto a la financiera clandestina ocurrió el 27 de junio de 2024 y fue ejecutado por un grupo de cuatro delincuentes. Dos de ellos, Emanuel Alejandro Alarcón (36) y Matías Alejandro Caprigfoglio (29), tocaron timbre en el lugar, ingresaron armados y redujeron con violencia a los propietarios.

Según consta en el juicio abreviado, golpearon a Edgardo U. con la culata de un arma, amenazaron con dispararle en la cabeza y luego intentaron asfixiarlo con una bufanda. A Marcela G., la obligaron a entregar el dinero a punta de pistola.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron por calle Cabral, donde los esperaban los otros dos cómplices en un vehículo. Un par de horas más tarde, fueron interceptados y detenidos por la Policía sobre ruta nacional 33, a la altura de la localidad de Villada, a unos 70 kilómetros de Venado Tuerto.

EL

Lo anunció Adorni en su habitual conferencia y lo confirmó Cúneo Libarona por redes sociales.

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"Hace algunas horas, la Policía Federal Argentina allanó un boliche clandestino ubicado en un piso cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo", señaló en un tramo de su conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni.

El inmueble se había prestado en 2018 con fines educativos, explicó el funcionario ante los periodistas acreditados en Casa Rosada. "Sin embargo, quienes administraron el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche", agregó.

Acto seguido, el vocero mostró una serie imágenes impresas del lugar que fue encontrado. "Hasta jugaban con los dardos", apuntó Adorni al indicar el típico tablero que se ubica en las paredes.

Luego, el funcionario criticó lo hallado y dijo que representa "una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos de la República Argentina". En ese sentido, Adorni anticipó que el Ministerio de Justicia de la Nación presentó una denuncia penal correspondiente.

Adorni además comentó que sumado a este "bolichito", así lo llamó, en otro de los pisos vivía una familia. "En los dos primeros pisos funcionaban organizaciones de índole privada: una sede del partido Movimiento de Integración Latinoamericana de Expresión Social, vinculada a un famoso piquetero, donde se encontraron frases 'vamos a volver' junto a una imagen de Cristina Kirchner; también se encontró la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, la cual funcionaba de 15.30 a 18.30; por último la Asociación de Haitianos viviendo en Argentina..."

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Al respecto, Adorni destacó: "Sólo en 2023 la Universidad recibió del ministerio el equivalente a $ 4.500 millones de pesos de hoy y se recibieron, como todos saben, cero alumnos".

Los posteos de Cúneo

En simultáneo, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, mostró las imágenes del lugar allanado a través de sus redes sociales.

"Encontramos que en un inmueble cedido por el Ministerio de Justicia a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo para fines educativos, funciona como un boliche clandestino y un búnker político", publicó el funcionario.

"En 2023 esta Universidad recibió del Ministerio el equivalente a $4500 millones de pesos de hoy y se recibieron CERO alumnos. Denunciamos a los responsables ante la Justicia y solicitamos un allanamiento urgente que está en curso. El inmueble será recuperado para su posterior venta", agregó en línea con lo dicho por Adorni.

En una siguiente publicación, Cúneo expresó: "Vean el estado deplorable de las aulas de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en el edificio del Ministerio de Justicia, donde en vez de dar clases operaban un boliche clandestino y una unidad básica del kirchnerismo".

Antecedente

Según información oficial, en febrero de 2023 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) asignó en uso un inmueble al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, para instalar allí la sede de ese instituto universitario.

Así se indicó en un comunicado oficial emitido bajo la gestión de Alberto Fernández.

Fuente: El Litoral