Un nuevo giro se produjo en la causa por presunto lavado de activos que involucra a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió apartar al juez federal de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien estaba a cargo del expediente y debía resolver la situación procesal de los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

La decisión se tomó tras una recusación presentada por el fiscal federal Pedro Eugenio Simón, quien planteó la existencia de un posible conflicto de intereses. Según expuso, la hija del magistrado habría realizado una operación inmobiliaria con un familiar directo de Toviggino, vínculo que forma parte de la investigación en curso.

El planteo fue avalado por la jueza Marina Cossio, integrante de la Cámara, quien consideró que correspondía apartar al magistrado para garantizar la imparcialidad del proceso. De esta manera, la causa deberá ser reasignada a otro juez federal, en un momento clave de la investigación.

Argibay tenía bajo su órbita la definición sobre las indagatorias y eventuales detenciones solicitadas por la fiscalía para Tapia, presidente de la AFA, y Toviggino, tesorero de la entidad, en el marco de una pesquisa por presuntas maniobras financieras irregulares.

Fuentes judiciales señalaron que el expediente demandó meses de trabajo, con análisis de documentación proveniente de entidades bancarias, organismos estatales y reportes financieros. El volumen de pruebas recolectadas refleja la complejidad de una investigación que se encuentra en una etapa determinante.

En este contexto, la causa podría quedar en manos del juez federal Guillermo Molinari, aunque no se descarta la intervención de otros magistrados en caso de nuevas excusaciones.

El apartamiento de Argibay introduce un nuevo elemento de incertidumbre en un expediente que ya tiene fuerte repercusión mediática y política dentro del fútbol argentino. Mientras la Justicia avanza, el foco sigue puesto en las decisiones que puedan adoptarse en torno a los principales dirigentes de la AFA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizará este viernes una conferencia de prensa para anunciar formalmente el regreso del público visitante a la Primera Nacional, en el marco de una prueba piloto que se desarrollará en dos encuentros de la décima fecha del certamen.

La presentación se llevará a cabo desde las 14:30 en el Predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, donde se brindarán detalles sobre el operativo, los protocolos de seguridad y las condiciones organizativas previstas para esta experiencia.

La conferencia estará encabezada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y contará además con la presencia del ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; el titular de APREVIDE, Guillermo Cimadevila; y dirigentes de los cuatro clubes involucrados en esta primera etapa.

La experiencia inicial se implementará en dos encuentros con distintos esquemas de aforo para el público visitante. Uno de ellos será el partido entre Quilmes y Nueva Chicago, programado para el sábado 18 de abril a las 16:30, con capacidad para recibir a 5 mil simpatizantes visitantes.

El otro cruce será Colegiales ante Temperley, previsto para el domingo 19 a las 14:00 en Munro, donde se habilitará el ingreso de 1.500 hinchas visitantes.

La decisión marca un hecho relevante para el fútbol de ascenso, que lleva casi 19 años sin público visitante de manera regular. La última vez que hubo ambas parcialidades en un partido de la categoría fue el 25 de junio de 2007, en la promoción entre Nueva Chicago y Tigre por un lugar en Primera División.

Aquel encuentro terminó con graves incidentes tras la derrota del equipo de Mataderos. Hubo invasión al campo de juego, agresiones, 14 personas heridas y la muerte de Marcelo Cejas, un hincha de 41 años que fue atacado durante los disturbios.

Tras esos hechos, la AFA resolvió prohibir el ingreso del público visitante en el ascenso, una medida que se mantuvo vigente durante todos estos años, aunque con excepciones puntuales, como ocurrió en la temporada 2011/12, cuando River Plate jugó en la categoría.

El escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino, con sus principales autoridades bajo investigación, afrontará este lunes dos resoluciones judiciales determinantes. Por un lado, el juez Diego Amarante deberá definir si dicta el procesamiento de Claudio Tapia, presidente de la entidad, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en aportes millonarios.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal resolverá qué juzgado continuará con la investigación sobre la mansión de Pilar vinculada a Toviggino: si el expediente regresa al despacho de Marcelo Aguinsky o si permanece bajo la órbita de Adrián González Charvay, tal como impulsa la conducción de la AFA.

En el fuero penal económico, el juez Diego Amarante deberá resolver si procesa o sobresee a los dirigentes, quienes están imputados junto a Víctor Blanco y Cristian Malaspina.

La investigación apunta a la presunta falta de pago, en tiempo y forma, de unos 19.300 millones de pesos en impuestos y aportes patronales. Desde la defensa sostuvieron que la deuda fue regularizada, aunque ese argumento podría no alcanzar para evitar eventuales procesamientos.

El expediente también estuvo marcado por tensiones entre el magistrado y Tapia, especialmente a partir de un pedido del dirigente para viajar al exterior, que fue rechazado por la Justicia.

En paralelo, avanza la causa por una propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, valuada en unos 17 millones de dólares. El inmueble figura a nombre de la firma Real Central S.A., vinculada a Luciano Pantano y su madre, lo que generó sospechas sobre posibles testaferros.

La investigación aún no logró determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir la propiedad, que cuenta con importantes lujos como helipuerto, haras y una colección de vehículos de alta gama.

El expediente se encuentra en una disputa de competencia entre distintos juzgados. La definición quedará en manos de la Cámara Federal de Casación Penal, donde interviene la Sala I integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma.

La causa también sumó condimentos políticos. La dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien actúa como denunciante, solicitó el apartamiento de la jueza Ledesma por presuntos vínculos con el senador Gerardo Zamora.

Además, pidió que el camarista Carlos Mahiques declare como testigo, luego de que trascendiera que habría participado de un evento en la propiedad investigada.

Con ambos expedientes en instancias decisivas, la próxima semana será determinante para la conducción de la AFA. Las resoluciones judiciales no solo podrían afectar la situación procesal de sus principales dirigentes, sino también tener repercusiones institucionales en el fútbol argentino.

Luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, la Selección argentina avanzó en la reorganización de su calendario y confirmó que disputará al menos un amistoso ante Guatemala en La Bombonera, mientras continúa negociando un segundo partido en el mismo escenario.

La Asociación del Fútbol Argentino trabaja contrarreloj para completar la doble fecha FIFA de marzo. La idea es que el equipo dirigido por Lionel Scaloni juegue el viernes 27 ante un seleccionado africano, en un encuentro que todavía no tiene rival confirmado debido a cuestiones logísticas.

En principio, el combinado nacional permanecerá en el país durante toda la ventana internacional. El plantel llevará adelante una semana de entrenamientos intensivos en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y cerrará la fecha FIFA el 31 de marzo.

Ese día estaba previsto el amistoso ante Guatemala, pautado inicialmente para las 20.15 en el estadio Alberto J. Armando. Sin embargo, el duelo quedó en revisión luego de que la FIFA desistiera de autorizar excepciones para que el seleccionado centroamericano dispute partidos en distintos continentes en la misma fecha.

Guatemala tenía programado enfrentar a Argelia el 27 de marzo en Italia, lo que complicó su participación en Buenos Aires. Ante este escenario, la AFA analiza alternativas y no descarta reemplazarlo por otro rival africano.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, ratificó que la Selección tendrá actividad en marzo y anticipó que el organismo anunciará oficialmente los amistosos en el país. La intención es disputar dos encuentros, el 27 y el 31 de marzo, con sedes a definir, aunque La Bombonera aparece como principal opción.

Tapia también se refirió a la frustrada Finalissima frente a España, que había sido planificada inicialmente en Qatar. Según explicó, la alternativa de jugar el 31 de marzo en Italia tampoco prosperó porque no fue aceptada por UEFA ni por la federación española.

“Sin dudas que nosotros teníamos todo previsto para jugar la Finalissima en Qatar. La alternativa del 31 de marzo en Italia no fue aceptada, que era lo que pedíamos porque tenía que ser en sede neutral”, sostuvo el dirigente.

Mientras se terminan de definir rivales y cuestiones logísticas, la Selección argentina ya tiene claro que cerrará marzo con partidos en el país y con el objetivo de sumar rodaje de cara al Mundial 2026.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, mantuvo este jueves por la noche un encuentro con Alejandro Domínguez, titular de la Conmebol, para avanzar en las conversaciones sobre la organización de la próxima Finalissima entre la Selección argentina y España. Durante la reunión se evaluaron distintas alternativas de sede para el partido, aunque la postura de la dirigencia argentina continúa siendo clara: disputar el encuentro en el estadio Monumental.

La sede del partido se convirtió en el principal punto de debate entre las distintas federaciones involucradas. En un principio, el encuentro estaba programado para el viernes 27 de marzo y se analizaba la posibilidad de disputarlo en Qatar. Sin embargo, el conflicto bélico en Medio Oriente dejó esa opción prácticamente descartada, lo que obligó a reabrir la discusión sobre el escenario del duelo entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa.

En ese contexto, surgieron distintas alternativas en las últimas semanas. Entre ellas aparecieron ciudades como Lisboa, Roma ,Miami y Londres, consideradas opciones neutrales que podrían facilitar la logística para los futbolistas, muchos de los cuales juegan en clubes europeos. No obstante, esas posibilidades fueron perdiendo fuerza con el paso de los días.

#Institucional Está noche se llevó a cabo el encuentro protocolar entre el Presidente @tapiachiqui y el Presidente de la @CONMEBOL, Alejandro Domínguez, para tratar temas vinculados a la Finalissima. pic.twitter.com/EFbjBSaudi

Actualmente, el principal contrapunto se da entre la AFA y la UEFA. Mientras el organismo europeo y la Federación Española de Fútbol impulsan la idea de jugar el partido en España —con el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid como una de las alternativas—, desde la dirigencia argentina se reforzó la postura de llevar el encuentro al estadio Monumental de Buenos Aires.

El propio Tapia dejó en claro su posición al referirse al tema en declaraciones recientes: “España quiere jugar en el Bernabéu y yo en el Monumental”. La frase refleja la firme intención de la AFA de que el partido se dispute en el estadio de River Plate.

En este escenario, Domínguez viajó desde Asunción hacia Buenos Aires para reunirse con el presidente de la AFA y analizar el panorama. El dirigente paraguayo dejó ver públicamente su respaldo a la propuesta argentina a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del estadio Monumental tomada desde el avión, en señal de apoyo a la candidatura de esa sede.

¡Visita al estadio de @barracascentral en Buenos Aires! ¡Muchas gracias por el recibimiento @tapiachiqui y Matías Tapia! pic.twitter.com/RgmxrqO2Tz

Vale aclarar que para el 27 de marzo esta programado en el estadio Monumenatl uno d elos recitales de la banda de rock AC-DC.

Tras el encuentro, desde la AFA difundieron un breve comunicado en redes sociales en el que confirmaron la reunión entre ambos dirigentes. “Esta noche se llevó a cabo el encuentro protocolar entre el presidente Claudio Tapia y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para tratar temas vinculados a la Finalissima”, señalaron.

Por el momento, el estadio que albergará el partido entre Argentina y España aún no está confirmado. La decisión final dependerá de las negociaciones entre la FIFA, la UEFA, la Conmebol y la Real Federación Española de Fútbol, que deberán definir en los próximos días el escenario definitivo para el esperado duelo entre los campeones continentales.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio 'Chiqui' Tapia, declarará este jueves a las 12 en los tribunales del fuero Penal Económico en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes de seguridad social vinculados al fútbol argentino.

La indagatoria se realizará ante el juez Diego Amarante y forma parte de un expediente que también involucra a otros dirigentes de la entidad que conduce el fútbol nacional.

Un día antes, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, se presentó ante el magistrado y entregó un escrito en el marco de la misma investigación.

La investigación judicial

La causa apunta a determinar si existió apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes previsionales correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la investigación, el monto bajo análisis supera los 19.353 millones de pesos, lo que generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como en el político.

En este contexto, la defensa de Tapia había solicitado que se declarara la nulidad de la citación a declaración indagatoria, planteo que finalmente fue rechazado por el magistrado.

Dentro de las medidas adoptadas en la causa, el juez Amarante dispuso inicialmente la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino.Sin embargo, posteriormente se autorizó al presidente de la AFA a viajar al exterior debido a compromisos institucionales vinculados al fútbol internacional.

El trasfondo político y deportivo

La investigación se desarrolla en medio de un clima de tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol argentino, especialmente por el debate sobre la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

La iniciativa es impulsada por la administración del presidente Javier Milei, mientras que la conducción de la AFA, encabezada por Tapia, manifestó públicamente su rechazo.

En ese marco, el último fin de semana se registró un paro del fútbol en distintas categorías, promovido por clubes y dirigentes en respaldo a la entidad madre del fútbol argentino.

La investigación judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino sumó este lunes nuevas declaraciones. Los dirigentes Cristian Malaspina y Víctor Blanco solicitaron ser sobreseídos en la causa que investiga una presunta retención indebida de aportes impositivos y previsionales por más de $19.300 millones.

Ambos se presentaron ante el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico, donde entregaron escritos de defensa pero optaron por no responder preguntas durante la indagatoria.

La defensa de Víctor Blanco

Blanco, expresidente de Racing Club y exsecretario general de la AFA, fue el primero en declarar. En el documento presentado ante la Justicia negó de forma categórica cualquier participación en las maniobras investigadas.

El dirigente sostuvo que nunca tuvo responsabilidades en la gestión tributaria o previsional de la entidad, y remarcó que su rol dentro de la AFA era principalmente institucional y protocolar.En su presentación también argumentó que muchas de las supuestas irregularidades habrían ocurrido después de diciembre de 2024, cuando dejó su cargo dentro de la estructura de la asociación.

Además, aseguró que no intervenía en el cálculo de impuestos, en la retención de aportes ni en la utilización de la clave fiscal utilizada para realizar los pagos al organismo recaudador.

El descargo de Cristian Malaspina

Posteriormente declaró Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y actual secretario general de la AFA, quien también presentó un escrito para rechazar las acusaciones.

El dirigente explicó que, de acuerdo con el estatuto de la AFA, las decisiones relacionadas con la administración y el pago de impuestos no forman parte de las funciones del secretario general.

Malaspina recordó además que asumió el cargo el 3 de abril del año pasado, por lo que —según su defensa— no puede ser responsabilizado por períodos anteriores.

En ese sentido, afirmó que cualquier falta de pago vinculada a los períodos investigados correspondería a decisiones adoptadas antes de su llegada al cargo.

Cómo sigue la causa

La causa investiga la presunta falta de ingreso de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social que deberían haber sido depositados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Según la denuncia, los montos retenidos pero no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 ascienden a $19.353.546.843,85.

La ronda de indagatorias continuará esta semana: el miércoles a las 11 de la mañana deberá declarar el tesorero Pablo Toviggino, mientras que el jueves a partir de las 12hs está citado el presidente de la AFA, Claudio Tapia.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, modificó su representación legal y su declaración indagatoria fue postergada una semana. La citación, que estaba prevista para este jueves, se reprogramó para el 12 de marzo por decisión del Juzgado Nacional en lo Penal Económico a cargo de Diego Amarante.

Tapia será ahora representado por el abogado Luis Charro en la causa que lo investiga por presunta retención indebida de aportes y tributos.

La causa y los otros citados

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la ARCA (ex AFIP), que señaló posibles irregularidades en el depósito de impuestos y aportes previsionales retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Según la acusación, se investigan 69 hechos independientes por un monto total que supera los $19.353 millones.

Además de Tapia, también fueron citados a indagatoria:

Pablo Toviggino, tesorero de la AFA.

Cristian Malaspina, secretario general.

Víctor Blanco, ex secretario general.

Gustavo Lorenzo, director general de la entidad.

La defensa había solicitado previamente la suspensión de la indagatoria al sostener que las deudas reclamadas ya habían sido regularizadas, pero el juez había rechazado ese planteo. El posterior cambio de abogado derivó en la reprogramación.

¿Qué pasa con el paro y el Torneo Apertura?

La postergación vuelve a poner el foco en el calendario del fútbol argentino. La fecha 9 del Torneo Apertura fue suspendida porque coincidía con la citación judicial de Tapia .                  Ahora, la nueva fecha de indagatoria —12 de marzo— se superpone con la jornada 10, que tiene programados cinco encuentros ese día.

Por el momento no hubo una confirmación oficial sobre nuevas modificaciones, pero la reprogramación judicial reaviva la incertidumbre.

Cómo queda el cronograma

Tras la suspensión, la fecha 9 del Apertura se disputará el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligará a correr también la instancia de playoffs.

El esquema tentativo quedó establecido de la siguiente manera:

Octavos de final: fin de semana del 10 de mayo.

Cuartos de final: miércoles 14 de mayo.

Semifinales: fin de semana del 17 de mayo.

Final: domingo 24 de mayo.

En una jornada que se siguió minuto a minuto en los portales deportivos y transmisiones en vivo, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió ratificar el paro del fútbol profesional. De esta manera, no habrá partidos en ninguna categoría del fútbol argentino.

La reunión se desarrolló este martes por la tarde en el predio de Ezeiza. Tras el encuentro —que comenzó cerca de las 13 y se formalizó en el orden del día pasadas las 14.30— los dirigentes confirmaron que la medida de fuerza se mantendrá entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo inclusive.

#Institucional Esta tarde se desarrolló, en el Predio Lionel Messi, la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA. pic.twitter.com/jclFxMTTqo

Reprogramación y calendario ajustado

Con la suspensión oficializada, los partidos postergados fueron reprogramados para el 3 de mayo. La decisión obliga a una reestructuración del calendario, ya que la última fecha de la fase regular estaba prevista para fines de abril, antes del inicio de los playoffs.  A raíz de esta reprogramación, se modificó el calendario de los playoffs.

 Los octavos de final serán el fin de semana del domingo 10; los cuartos de final entre semana (el miércoles 13); las semifinales el fin de semana del domingo 17 y la final será el 24.

El trasfondo judicial

La determinación de parar el fútbol fue adoptada la semana pasada, luego de que los clubes manifestaran su preocupación por el avance de la causa por presunta evasión de impuestos que involucra a autoridades de la entidad.

En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue citado a declaración indagatoria el jueves 5. Este martes, el juez Diego Alejandro Amarante rechazó el pedido de nulidad presentado por su defensa, por lo que deberá declarar este jueves.

También fueron convocados el tesorero Pablo Toviggino —quien finalmente se presentará el 11 de marzo—, el director general Gustavo Lorenzo (viernes 6), y el secretario general Cristian Malaspina junto a su antecesor Víctor Blanco (9 de marzo).

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que apunta a una presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por más de $19.353 millones.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético de Rafaela?

En el caso de Atlético de Rafaela, el fin de semana debía visitar a Nueva Chiacgo por la fecha 4 , partido que tambien está suspendido por el paro. Por lo tanto, a espera de la reprogramación, la Crema volverí a jugar el viernes 13 de marzo cuando reciba a SM de San Juan por la jornada 5 de la Zona B.

Vale aclarar, que la medida dispuesta por los representantes de los clubes  de Primera en AFA, tambien fue aacatada por la Liga Rafaelina de Fútbol por lo que tampoco habrá actividad en el fútbol local.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó oficialmente su nuevo domicilio en la provincia de Buenos Aires mediante un comunicado institucional. Sin embargo, el lugar señalado sería un terreno baldío ubicado en el partido de Pilar, donde se encuentra una mansión abandonada y en estado de deterioro, actualmente bajo investigación judicial por presunto lavado de activos.

De acuerdo con registros fílmicos del lugar, el predio está emplazado en una zona cercana a la ruta, rodeado de árboles y sin actividad visible. La propiedad en cuestión está ubicada en el barrio Ayres Plaza y habría sido valuada en alrededor de 17 millones de dólares. Según antecedentes, perteneció originalmente al exfutbolista Carlos Tévez.

En paralelo, la Justicia federal secuestró documentación en oficinas de la AFA que acreditaría pagos por al menos $300 millones a la firma Real Central SRL, empresa vinculada a la propiedad de Pilar bajo investigación.

El material fue incorporado a distintas causas tras un allanamiento ordenado por el juez Luis Armella. Los comprobantes corresponderían a transferencias efectuadas en junio de 2025 bajo el concepto de “servicio de logística”, con referencia directa al sistema VAR.

Real Central SRL tiene como titulares formales a Ana Lucía Conte y Luciano Pantano, quienes fueron señalados como presuntos testaferros de Claudio Tapia y/o Pablo Toviggino. Uno de los documentos hallados incluiría la firma de Pantano como proveedor, mientras que otro reflejaría el ingreso de un pago de $600 millones desde Argentinos Juniors hacia la AFA.

El expediente vinculado específicamente a la propiedad de Pilar es instruido por el juez Adrián González Charvay, quien analiza presuntas inconsistencias entre el valor declarado de compra y la tasación judicial. En paralelo, avanzaría una investigación por posibles desvíos millonarios mediante firmas radicadas en el exterior.

#Institucional El Presidente Claudio Tapia participó hoy de una nueva reunión del Consejo de la CONMEBOL en Brasil, en vísperas de la Recopa Sudamericana. pic.twitter.com/ToJlrC0jcG

En medio de este escenario, la AFA cuestionó públicamente la solicitud de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que el Ministerio de Justicia designe veedores con el objetivo de relevar documentación contable y financiera.

En un comunicado oficial, la entidad sostuvo que “no será sometida a veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”. Además, anticipó que presentará recursos judiciales para que la medida sea desestimada.

La AFA indicó que recurrirá a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y, de ser necesario, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el argumento de que sea la Justicia quien determine la validez de la disposición.

La medida impulsada por la IGJ fue firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo y, según se informó oficialmente, no implicaría una intervención ni una sanción, sino una veeduría informativa en el marco de las facultades de fiscalización del organismo ante presuntas “graves irregularidades”.

#Institucional Comunicado oficial📝https://t.co/S8YpltTUhF pic.twitter.com/FcJ48kCZm6

En su defensa, la AFA hizo referencia al denominado “caso Bullrich”, al sostener que la IGJ utilizaría un criterio similar al aplicado en 2023 contra el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que en ese momento estaba presidido por Patricia Bullrich.

Según señaló la entidad madre del fútbol argentino, en aquel antecedente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil anuló una intervención dispuesta por la IGJ por considerar que se había vulnerado el debido proceso.

Asimismo, la AFA denunció que la medida actual respondería a una “política pública” orientada a impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) mediante el debilitamiento institucional del modelo de clubes sociales.

En el tramo final del comunicado, la institución remarcó que defenderá su autonomía “por todas las vías judiciales y democráticas”, y sostuvo que el fútbol argentino pertenece a los clubes, sus socios e hinchas.

El Ministerio de Justicia resolvió avanzar con la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), tras un pedido formal de la Inspección General de Justicia (IGJ) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas y contables. La resolución será oficializada en las próximas horas.

La medida contempla la designación de tres profesionales —dos abogados y un contador— que tendrán como función relevar documentación interna y verificar información financiera que, según el organismo de control, fue solicitada y no entregada por la entidad. Desde el Gobierno aclararon que se trata de una veeduría y no de una intervención institucional.

El requerimiento original fue firmado por el inspector general Daniel Roque Vítolo luego de detectar lo que calificó como “graves irregularidades”. La IGJ busca acceder a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y analizar la estructura financiera completa de la asociación.

Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo compra de inmuebles, equipamiento, designación de autoridades y convenios con terceros. También se examinarán las relaciones comerciales vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras.

El organismo advirtió que la AFA no presentó el balance correspondiente al ejercicio 2025 dentro de los plazos legales y que la documentación remitida resultó incompleta, especialmente en lo referido a ingresos y egresos.

Desde el Ministerio de Justicia sostuvieron que la asociación se negó a entregar la documentación requerida pese a las intimaciones formales. Los veedores deberán obtener y verificar esos datos faltantes.

La auditoría incluirá además los movimientos relacionados con la firma TourProdEnter y otras sociedades vinculadas a la explotación comercial de derechos deportivos. El objetivo será reconstruir el flujo de fondos, incluidas posibles transferencias internacionales, y comprobar el cumplimiento de normas legales y estatutarias.

En paralelo, la IGJ rechazó el intento de la AFA de cambiar su domicilio a la provincia de Buenos Aires al comprobar que la sede declarada no funcionaba como centro administrativo real. Por ello, el organismo determinó que la institución continúa bajo su jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia aseguran que los estados contables fueron aprobados en asamblea y que la entidad mantiene cumplimiento impositivo vigente. No descartan recurrir a la Justicia una vez formalizada la veeduría.

El Gobierno, en cambio, afirma que la medida forma parte de las facultades de fiscalización previstas por ley y que no implica sanciones ni desplazamiento de autoridades.

La decisión se produce en medio de tensiones entre el Ejecutivo y la dirigencia del fútbol, atravesadas por la investigación judicial contra Tapia y el tesorero Pablo Toviggino por presuntas irregularidades tributarias denunciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, fue citado a declaración indagatoria en una causa por presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones en retenciones impositivas y aportes a la seguridad social. La notificación lo sorprendió mientras participaba de un evento vinculado a la Copa del Mundo en el predio de La Rural.

La actividad consistía en la presentación del tour mundial del trofeo original ganado por la Selección argentina y contó con la presencia de ex campeones del mundo como Ubaldo Fillol, Jorge Burruchaga y Óscar Ruggeri, entre otros. Tapia fue captado por cámaras antes de conocer formalmente la decisión judicial. Luego se retiró del lugar sin hacer declaraciones.

Con los campeones del 78 y del 86 en el FIFA Trophy Tour que se está llevando a cabo en La Rural.Un honor haber presenciado la exhibición de la Copa más emblemática y admirada por todos. ¡Gracias por la invitación! pic.twitter.com/Xcu8AUuC3B

La sorpresiva desaparición en redesHoras después de conocerse la citación, se produjo otro hecho llamativo: la cuenta verificada de Instagram de Tapia dejó de estar disponible. Quienes intentaron ingresar a su perfil se encontraron con el mensaje “Perfil no disponible”. Horas después, volvió a estar activa su cuenta de Instagram.

El dirigente era activo en esa red social, donde solía publicar imágenes institucionales e interactuar con futbolistas de la Selección argentina, entre ellos Lionel Messi. En cambio, su cuenta en la red social X se mantuvo operativa.Allí, el mandamás de la AFA se mostró con una sonriso en el estadio de Lanús presnciado el juego ante Flango por la Recopa Sudamericana                                                                                                                                                                                                    

En la Fortaleza, acompañando a @clublanus en una nueva final.Se viene el partido de ida de la CONMEBOL Recopa Sudamericana. pic.twitter.com/XNLHeuyHpf

La decisión judicialEl juez en lo Penal Económico Diego Amarante dispuso la citación a indagatoria de Tapia, del tesorero Pablo Toviggino y de otros directivos de la AFA. La medida fue adoptada tras un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).La resolución también incluye la prohibición de salida del país para los involucrados. Tapia deberá presentarse el 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6 de marzo.

La causa investiga si la AFA, en su carácter de agente de retención, descontó montos correspondientes a impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal de 30 días. Los períodos bajo análisis abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025. El monto inicial denunciado superaba los $7.500 millones, pero tras una ampliación la cifra total bajo investigación trepó a más de $19.300 millones.Según ARCA, esos fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento en que se efectúa la retención, por lo que no ingresarlos configuraría una apropiación indebida.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron citados a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por más de $19.353 millones. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos y otros integrantes de la comisión directiva.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, tras un pedido formulado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que actúa como querellante en el expediente.

Las fechas de las indagatorias

El magistrado convocó a la AFA como persona jurídica y a Tapia para el 5 de marzo, mientras que Toviggino deberá presentarse el 6 de marzo. También fueron citados otros directivos: el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez.

En la resolución, el juez advirtió sobre la “gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa”, fundamentos que respaldaron la restricción para salir del país.

En paralelo, la defensa de la AFA y de Tapia apeló ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo a un planteo de excepción de falta de acción, por lo que la cuestión será revisada por el tribunal superior.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 y ampliada días después. Según el expediente, se investigan 69 hechos independientes ocurridos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

La hipótesis sostiene que la AFA, en su carácter de agente de retención, habría descontado montos correspondientes a:

El monto total bajo análisis asciende a $19.353.546.843,85. Entre las cifras desglosadas figuran más de $663 millones en IVA, casi $2.000 millones en Ganancias, más de $8.000 millones bajo el régimen del artículo 79 y más de $8.600 millones en aportes a la seguridad social.De acuerdo con la acusación, los importes habrían sido retenidos pero no depositados dentro del plazo legal de 30 días.

El planteo de ARCA

ARCA argumentó que existe un “grado de sospecha suficiente” para avanzar con las indagatorias, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal. Además, sostuvo que durante el período investigado la AFA habría registrado importantes ingresos y constituido plazos fijos, lo que —según la querella— descartaría una imposibilidad material de pago.

El organismo invocó el Régimen Penal Tributario, que prevé penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no depositen los importes retenidos cuando superan los mínimos establecidos.

Claudio “Chiqui” Tapia atraviesa el momento más delicado desde que asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En simultáneo, la entidad que conduce quedó envuelta en una triple ofensiva judicial y administrativa que pone bajo revisión su estructura financiera, contratos internacionales, transferencias en dólares y vínculos comerciales que durante años funcionaron sin un control estatal exhaustivo.

Mientras avanzan las investigaciones penales, las auditorías administrativas y las denuncias empresariales, Tapia viajó este fin de semana a Estados Unidos para presenciar la final del Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium de California. El contraste entre la escena institucional y el delicado frente judicial marca el punto de mayor tensión política de su gestión.

Tres frentes judiciales y cifras bajo la lupa

El titular de la AFA enfrenta actualmente tres causas judiciales abiertas, que en conjunto involucran operaciones por más de 30.000 millones de pesos, además de transferencias internacionales en dólares y contratos estratégicos.

El primer frente es una causa penal económica por presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales. La investigación busca determinar si la AFA, pese a contar con fondos disponibles, incumplió sus obligaciones fiscales. En ese marco, la Justicia ordenó un relevamiento integral de cuentas bancarias, subcuentas, depósitos en moneda extranjera, plazos fijos y transferencias realizadas desde 2021.

El foco principal está puesto en el Banco Credicoop, donde se detectaron movimientos por hasta 8.000 millones de pesos. Informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estiman una deuda cercana a los 19.000 millones de pesos correspondiente a IVA, Ganancias y aportes previsionales de los ejercicios 2024 y 2025. La clave para los investigadores es establecer si la conducción priorizó otros destinos del dinero antes que el cumplimiento fiscal.

La defensa de Tapia sostiene que resoluciones administrativas suspendieron las ejecuciones para entidades sin fines de lucro, aunque la fiscalía solicitó nuevas pericias para determinar si esas normas justifican los atrasos.

Patrimonio, testaferros y bienes de lujo

El segundo expediente investiga el origen de los fondos utilizados para adquirir una mansión de lujo en Villa Rosa, partido de Pilar, junto con otros activos de alto valor. La Justicia analiza si el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, actuaron como presuntos testaferros.

La propiedad fue valuada por peritos oficiales en más de USD 20,8 millones, muy por encima del valor declarado. Durante los allanamientos se secuestraron más de 50 vehículos de alta gama y de colección, además de documentación vinculada a hangares, helipuertos y estructuras inmobiliarias de lujo.

El expediente se encuentra trabado por un conflicto de competencia entre el juzgado federal de Zárate-Campana y el fuero Penal Económico porteño. La Cámara Federal de San Martín deberá definir el rumbo del caso.

Denuncia empresarial y contratos internacionales

El tercer frente judicial se originó en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a Tapia y a la conducción de la AFA de administración fraudulenta y manejo irregular de contratos, con presunto desvío de fondos hacia sociedades estadounidenses vinculadas a TourProdEnter.

La presentación incluye más de 3.000 páginas de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos, con detalles sobre transferencias, intermediaciones y estructuras societarias. Este martes 10 de febrero se realizará una audiencia clave que definirá si el expediente permanece en la justicia ordinaria o pasa al fuero federal, lo que podría ampliar el alcance de la investigación.

La auditoría del Gobierno y los contratos bajo revisión

En paralelo, la Inspección General de Justicia (IGJ) inició una auditoría integral sobre la contabilidad y las relaciones comerciales de la AFA. El organismo consideró insuficiente la información presentada y exigió precisiones sobre contratos, plazos, montos y cumplimiento efectivo.

El foco está puesto en un volumen global de negocios estimado en 450 millones de dólares, especialmente en la cuenta “Empresas de Sponsorización por Contratos”, con un saldo superior a 13.700 millones de pesos, dominado por operaciones con TourProdEnter LLC.

La IGJ también requirió un informe detallado sobre los flujos de divisas entre 2021 y 2025, para detectar posibles triangulaciones, y puso bajo análisis la relación con Sur Finanzas Group SA, exigiendo reconstruir la trazabilidad completa del dinero.

La auditoría alcanza, además, créditos por partidos de la Selección, deudas con organismos internacionales, gastos de organización, mantenimiento, pasajes y las inversiones realizadas en el predio de Ezeiza.

El viaje a California en medio de la crisis

En este contexto, Tapia viajó a California para asistir al Super Bowl 2026. Según pudo reconstruirse, partió el 4 de febrero desde San Fernando hacia Asunción, donde mantuvo una reunión con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Al día siguiente abordó un avión privado Global 450, que había volado vacío desde Argentina para recogerlo.

La aeronave realizó una escala en Guayaquil antes de continuar rumbo a Estados Unidos. En el Levi’s Stadium, Tapia estuvo acompañado por Andrés “Patón” Urich, abogado de la AFA y uno de sus hombres de mayor confianza.

La superposición de causas judiciales, auditorías estatales y conflictos empresariales expone una estructura que durante años operó con escasa supervisión. Hoy, balances, contratos, transferencias y patrimonios son revisados en simultáneo por jueces, fiscales, auditores y organismos fiscales.

Mientras los clubes atraviesan una crisis económica profunda y el Ascenso permanece paralizado, la conducción de la AFA enfrenta preguntas cada vez más incómodas sobre millones de dólares, contratos opacos y circuitos financieros cerrados.

Nunca antes el poder central del fútbol argentino había estado bajo un nivel de escrutinio institucional tan amplio.

La causa judicial que investiga el origen del dinero utilizado para la compra de una lujosa mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, sumó nuevos elementos y mantiene abierta la disputa por su competencia. En este marco, el fiscal general de San Martín, Carlos Cearras, apeló la decisión que asignó el expediente al Juzgado Federal de Campana y solicitó que la investigación regrese al fuero Penal Económico, donde se inició originalmente.

Actualmente, la causa se encuentra en manos del juez federal de Campana Adrián González Charvay, luego de que la Cámara Federal de San Martín resolviera, el pasado 20 de enero, que la competencia debía radicarse en la provincia de Buenos Aires por tratarse del lugar donde se ubica el inmueble valuado en 17 millones de dólares, junto a otros bienes de alto valor.

Sin embargo, Cearras —quien actúa ante la Cámara Federal de San Martín— cuestionó ese criterio y sostuvo que la ubicación del inmueble no resulta determinante en una causa por presunto lavado de dinero. En su planteo, reclamó que el expediente vuelva al juzgado del fuero Penal Económico a cargo de Marcelo Aguinsky, quien intervino en la etapa inicial de la pesquisa.

El conflicto de jurisdicción se originó a partir de un pedido de la defensa de Luciano Nicolás Pantano, señalado como presunto testaferro junto a su madre Ana Conte, quienes solicitaron que el caso fuera tramitado en Campana al entender que los hechos investigados ocurrieron en esa jurisdicción. González Charvay aceptó el planteo y pidió a su par de la Ciudad de Buenos Aires que se inhibiera, pero Aguinsky rechazó la solicitud, lo que derivó en la intervención del tribunal de alzada.

Para fundamentar su postura, el magistrado del fuero Penal Económico había señalado que el delito precedente al lavado de activos sería una presunta administración fraudulenta en perjuicio de la AFA, cuya sede social se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, remarcó que el “centro de maniobras” estaría en CABA y destacó la especialidad de su fuero para investigar delitos complejos contra el orden financiero. En la misma línea se pronunciaron el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial y el fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.

A contramano de esas opiniones, la Cámara Federal de San Martín —con la firma del juez Alberto Lugones— consideró que los movimientos patrimoniales investigados se concretaron en Pilar. El fallo detalló que, además de la mansión, la causa abarca una colección de automóviles y motos de lujo, un haras con caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino y un helipuerto. También tuvo en cuenta el cambio de domicilio de la AFA, que inscribió una nueva dirección en Pilar en noviembre del año pasado.

Pedidos a bancos y nuevas líneas de investigación

En paralelo a esta disputa, la investigación avanzó en otros juzgados. El juez Luis Armella, a cargo del Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora, dispuso una serie de medidas para profundizar el análisis de los movimientos de dinero de la AFA y empresas vinculadas.

En ese contexto, Armella solicitó al Banco Credicoop un informe pormenorizado de los movimientos de las cuentas que la entidad de la calle Viamonte posee en ese banco, correspondientes al período comprendido entre el 1.º de enero de 2021 y la actualidad. La medida se enmarca en una causa que busca establecer la relación entre el Club Atlético Banfield y la empresa Sur Finanzas, por presunto lavado de dinero.

Además, el magistrado requirió al banco santafesino Coinag documentación vinculada al empresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni y a su esposa Erica Gilette, así como a otras personas relacionadas con la firma TourProdEnter LLC, investigada por un presunto desvío de fondos de la AFA en el exterior.

Según trascendió, el juez Armella solicitó información detallada sobre cuentas en las que la AFA figure como titular o cotitular, incluyendo tipo de cuenta, moneda, número, CBU, titulares, autorizados, apoderados y firmantes, además del detalle completo de todos los movimientos desde la apertura. El requerimiento también abarca la existencia de cajas de seguridad —con indicación de medidas, titulares y registros de ingresos—, cuentas comitentes, operaciones de cambio, préstamos y plazos fijos, con especificación de montos, intereses y eventuales reprogramaciones.

En relación con la investigación sobre Faroni y Gilette, el magistrado también mencionó a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, quienes serían beneficiarios o administradores de cuatro sociedades SRL constituidas en el estado de Florida, en Estados Unidos, que habrían recibido 42 millones de dólares.

El futuro de la causa

Mientras estas medidas avanzan, la Cámara Federal de San Martín deberá resolver si concede el recurso presentado por el fiscal Cearras y eleva el caso a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país. En caso de rechazo, el fiscal general podría presentar una queja directa ante Casación para intentar revertir la asignación del juzgado.

La investigación apunta a determinar si se utilizaron sociedades comerciales como pantalla para adquirir bienes en Villa Rosa y si los fondos provinieron de maniobras defraudatorias contra la casa madre del fútbol argentino. En ese marco, también se analizan movimientos aéreos vinculados a la propiedad, luego de procedimientos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el aeropuerto de San Fernando.

Como cada 31 de diciembre, la región de La Plata y Berisso volvió a vibrar con la tradicional quema de muñecos para despedir el año. Sin embargo, en esta ocasión, una figura en particular captó la atención: un muñeco del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que ardió en medio de una escenografía con mensajes simbólicos y críticas veladas.

El muñeco fue creado por Lucas y Cristian, vecinos del barrio, quienes dialogaron con TN y contaron los detalles detrás de su elección: “Lo decidimos como personaje del año. Se hablaba mucho del Chiqui Tapia y surgió eso. Lo hicimos como una tradición del barrio, para despedir el año con humor”.

Uno de los detalles más llamativos del evento fue el horario exacto en el que se encendió el muñeco: 2.22 de la madrugada, una referencia directa al club Gimnasia y Esgrima La Plata, cuyo número simbólico es el 22, y del cual son hinchas la mayoría de los vecinos del barrio. “Somos todos triperos. El año pasado hicimos a Oaki con la camiseta del Lobo”, comentaron.

Pero no fue lo único. A los costados del muñeco se podían ver dos valijas, un detalle que los autores no dejaron al azar: “Dejamos un mensajito ahí”, dijeron entre risas, en alusión a las denuncias judiciales que enfrenta Tapia por supuestas irregularidades en los contratos y premios de la Selección Argentina.

Los muñecos de fin de año son una tradición profundamente arraigada en la zona sur del conurbano bonaerense. Suelen representar personajes populares, políticos, figuras mediáticas o incluso caricaturas humorísticas. En este caso, la elección de Tapia reflejó tanto su alta exposición pública como la polémica que lo rodeó durante el 2025.

La figura del presidente de la AFA no solo fue retratada con precisión, sino que además fue usada como canal de expresión popular: crítica, humor y sentido de pertenencia local.

La causa que investiga el manejo de fondos internacionales vinculados al fútbol argentino sumó este martes un nuevo y contundente avance judicial. Por orden del juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicada en la calle Viamonte 1366, en el predio de entrenamiento que la entidad posee en Ezeiza y en el domicilio del empresario Javier Faroni, en el barrio Yacht de Nordelta.

Los procedimientos fueron ejecutados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una pesquisa que busca esclarecer un presunto circuito financiero paralelo relacionado con la recaudación y administración de ingresos en el exterior. La investigación apunta a la empresa TourProdEnter LLC, señalada como agente comercial exclusivo de la AFA fuera del país.

Según la causa, entre 2021 y 2025 la firma habría administrado más de 260 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Estados Unidos —en entidades como Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan— provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales como AFA Play y la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina en Asia, Medio Oriente, África y Norteamérica.

Uno de los focos centrales de la investigación está puesto en el destino de esos fondos. Los investigadores detectaron que al menos USD 42 millones habrían sido transferidos a cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no registran empleados, actividad comercial real ni infraestructura, y que presentan características típicas de “sociedades fantasma”. Además, se analizan operaciones por cerca de USD 110 millones canalizadas a través de Adcap Uruguay Agente de Valores, con triangulaciones financieras entre distintas jurisdicciones.

En paralelo a los allanamientos, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país para Faroni. La medida se hizo efectiva en la madrugada del martes cuando el empresario intentó viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidió abordar el vuelo y secuestró un chip telefónico que quedó bajo control judicial para su análisis, luego de que el empresario asegurara no portar su celular.

Desde la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia, emitieron un comunicado oficial en el que rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter. La entidad sostuvo que el acuerdo fue analizado tanto por tribunales argentinos como estadounidenses, sin que se hayan detectado irregularidades, y recordó que una denuncia presentada en Florida contra la empresa fue archivada recientemente.

No obstante, para los fiscales que intervienen en la causa —la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)— existen inconsistencias contables, falta de trazabilidad en parte de los fondos y una escasa visibilidad del rol de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia. Recién en 2024 la empresa aparece mencionada como deudora, sin detalles sobre su función clave en la estructura internacional de cobros y pagos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en Estados Unidos en septiembre de 2024, que alertó sobre presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos vinculados a contratos de la Selección Argentina. Con los allanamientos en marcha y la prohibición de salida del país ya vigente, la causa entra ahora en una etapa decisiva, que podría escalar y poner bajo la lupa a la conducción del fútbol argentino en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años.

La Justicia federal allanó este martes la vivienda de Javier Faroni, empresario con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por el presunto desvío de millones de dólares al exterior a través de contratos comerciales vinculados al fútbol argentino.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. Durante el operativo, los investigadores buscaron documentación, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos que podrían resultar clave para el avance de la causa.

De manera previa al allanamiento, la Justicia había dispuesto la prohibición de salida del país para Faroni, como parte de las medidas cautelares adoptadas en el expediente.

La causa se originó a partir de una investigación judicial en Estados Unidos que analiza el manejo de fondos relacionados con contratos internacionales de la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia. En ese contexto, Faroni aparece vinculado a la empresa TourProdEnter, que habría administrado en el exterior cerca de 260 millones de dólares pertenecientes a la entidad.

Según la pesquisa, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia un entramado de sociedades que, de acuerdo con los investigadores, serían presuntamente ficticias y utilizadas para canalizar los fondos fuera del control institucional.

TourProdEnter fue inscripta en la ciudad de Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni. La firma habría tenido a su cargo la administración de contratos internacionales vinculados a la Selección argentina, un aspecto central que es analizado tanto por la Justicia estadounidense como por tribunales argentinos.

Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, mantiene además vínculos políticos con el Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa.

En paralelo, tres jueces federales de Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos millonarios de la AFA, lo que permitió reconstruir un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de 300 millones de dólares fuera del control formal de la entidad. La investigación incluso generó alertas en el sistema financiero norteamericano y podría derivar en la intervención del Departamento del Tesoro.

El empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras, anticipó que presentará una nueva denuncia ante la Justicia argentina para ampliar la investigación sobre la presunta sustracción y desvío de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y no se informaron imputaciones formales. Las medidas ordenadas buscan reunir elementos probatorios que permitan determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del presunto desvío de fondos.

En la propia AFA rechazaron las acusaciones y negaron la existencia de desvíos millonarios, al sostener que la relación con su agente comercial en el exterior fue analizada por distintos tribunales “sin que se haya detectado irregularidad alguna”. No obstante, se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, a su principal colaborador Pablo Toviggino y al resto de la cúpula dirigencial de la entidad por la presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social, en una causa cuyo monto investigado asciende a más de 19.000 millones de pesos.La imputación surge a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que inicialmente había señalado a Tapia como responsable de las maniobras en su carácter de presidente de la AFA y administrador de la clave fiscal.        Sin embargo, el fiscal consideró que la estructura institucional y societaria de la entidad obliga a extender la investigación al resto de los integrantes de la comisión directiva.

En ese marco, el dictamen menciona de manera expresa a Cristian Ariel Malaspina, Pablo Ariel Toviggino y Gustavo Roberto Lorenzo, todos miembros de la conducción de la AFA. Toviggino, además, ocupa el cargo de tesorero del organismo que nuclea a los clubes del fútbol argentino.La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Penal Económico N°5, Secretaría N°10, y fue incorporada al expediente por una presunta infracción a la Ley 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. Tanto en la presentación original como en su ampliación, ARCA acusa a la AFA de haber retenido impuestos y contribuciones previsionales que no fueron ingresados dentro de los plazos legales, conducta que encuadra en los artículos 4° y 7° de la normativa vigente.

Según el organismo recaudador, la AFA actuó como agente de retención, descontando tributos y cargas sociales a terceros, pero utilizó esos fondos para financiarse, sin realizar los depósitos correspondientes. En una primera estimación, el monto involucrado rondaba los 7.500 millones de pesos, pero una ampliación posterior elevó la cifra tras detectar nuevos períodos y conceptos tributarios no ingresados.De acuerdo al último informe, al que tuvo acceso la prensa, las nuevas irregularidades detectadas suman 11.759 millones de pesos, lo que eleva el monto total denunciado a $19.353.546.843,85. El período investigado abarca desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluye retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la Seguridad Social.

ARCA sostuvo que existió dolo, al considerar que la AFA conocía su rol como agente de retención y contaba con la capacidad operativa para cumplir con las obligaciones fiscales. En ese sentido, el organismo encuadró la conducta dentro de la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quienes no depositen los tributos retenidos en los plazos establecidos.La agencia solicitó al juzgado a cargo de Diego Amarante que cite a declaración indagatoria a Tapia y a los demás responsables, y pidió que se aplique la pena máxima prevista por la ley.

Otras causas en cursoEsta investigación es una de las tres causas judiciales que actualmente involucran a las autoridades de la AFA. Las restantes están vinculadas a los negocios de la financiera Sur Finanzas, relacionada con Ariel Vallejo —cercano a Tapia—, y a una lujosa propiedad en Pilar que estaría a nombre de presuntos testaferros vinculados a Toviggino.

La causa de Sur Finanzas tramita en el juzgado de Luis Armella, en Lomas de Zamora, bajo la órbita de la fiscal Cecilia Incardona, e investiga presuntas irregularidades financieras entre la AFA, clubes del fútbol argentino y dicha firma. En ese expediente se realizaron allanamientos en 18 clubes, entre ellos San Lorenzo, Racing, Independiente y Barracas Central, además de la sede de la AFA y domicilios relacionados con la financiera.

En paralelo, la Justicia avanza en la investigación por una quinta de lujo en Pilar, que cuenta con helipuerto y haras, adquirida por un monotributista y una jubilada. La sospecha es que se trataría de prestanombres dentro de un presunto esquema de lavado de activos. Ambos deberán prestar declaración en los próximos días.

La exdiputada nacional Elisa Carrió dio detalles de la denuncia penal presentada contra Claudio Tapia, titular de la Asociación del Fútbol Argentino, por presuntas maniobras de lavado de activos. En ese marco, la dirigente también apuntó contra Sergio Massa, a quien acusó de tener vínculos que podrían influir en el destino judicial de la causa.

La presentación fue realizada por Carrió junto a los legisladores de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso y Matías Yofe, y pone el foco en una presunta operación irregular vinculada a la compra de una quinta en la localidad bonaerense de Pilar.

Según explicó la dirigente, la denuncia se apoya en una voluminosa documentación que da cuenta de manejos financieros de la AFA tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, donde la entidad deportiva avanza con la construcción de una academia de fútbol.

Durante la entrevista concedida al programa Pan y Circo, que se emite por Radio Rivadavia, Carrió advirtió sobre una supuesta maniobra para derivar la denuncia a juzgados que —según su visión— podrían garantizar la impunidad.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de que la causa recale en Campana o en Santiago del Estero. En el primer caso, sostuvo que “maneja todo Sergio Massa”, a quien acusó de mantener una relación estrecha con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. En cuanto a Santiago del Estero, apuntó contra el gobernador Gerardo Zamora, al afirmar que existen vínculos familiares dentro del sistema judicial provincial.

Por su parte, el legislador porteño Matías Yofe aseguró que la denuncia podría derivar en una eventual intervención federal de la AFA. Remarcó la necesidad de avanzar con cautela y con pruebas sólidas, y denunció que el organismo “está totalmente infectado de gente afín a Toviggino”.

“La Coalición Cívica está sacando a la luz algo de lo que nadie quería hablar”, afirmó el legislador, al defender la presentación judicial y el rol de su espacio político en la investigación.

Las declaraciones de Carrió reavivaron el debate sobre el manejo institucional y financiero de la AFA y colocaron nuevamente a su conducción en el centro de la escena política y judicial. La evolución de la causa y la definición del juzgado que la tendrá a cargo serán claves para determinar el impacto real de la denuncia.