La fiscal general del rosa, María Cecilia Vranicich, incorporó la llamada Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) para entender en la aplicación, a partir del próximo sábado, del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, sancionado en noviembre de 2023 mediante la Ley N° 14.228. El fiscal Luis Schiapa Pietra fue designado como responsable de esa unidad.

Vranicich dictó esta semana la resolución 234 donde comunica que a partir del sábado, los integrantes del MPA "actuarán de acuerdo a las pautas de organización desarrolladas en los considerandos" del decisorio.

En cuanto a Uferpa, las misiones y funciones que tendrá están contenidas en un anexo de la resolución. El decisorio además solicita a los fiscales regionales que "hasta tanto se consoliden los traspasos de recursos humanos y puedan proponer la conformación de unidades fiscales especiales, asignen a órganos fiscales como referentes particulares para abordar en esta primera etapa la materia penal juvenil y que puedan centralizar las gestiones y funcionar como nexo con la Uferpa.

El Código Procesal Penal Juvenil regulará desde el sábado el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad. La ley agregó a las incumbencias del MPA la materia penal juvenil.

En los considerandos de la resolución, Vranicich describe el trabajo realizado desde agosto del año pasado cuando conformó un equipo de trabajo para planificar la implementación del código en el MPA. En diferentes etapas detalla la conformación del equipo interno de trabajo; el traspaso de recursos humanos; infraestructura; gestión de la carga de trabajo; adaptación del sistema informático Heimdall y la capacitación.

En octubre de 2024, la fiscal general amplió la mesa de trabajo para la implementación incorporando a Schiapa Pietra; al secretario de gestión administración y procesal de la fiscalía regional 2, Rafael Martínez, y luego incluyó la materia penal juvenil en el ámbito del área de gestión estratégica y persecución penal por objetivos priorizados de la fiscal general coordinada por Carla Cerliani. Más adelante, fueron sumados al equipo la abogada María Belén Giacosa y el licenciado Daniel Medus.

En lo que hace al traspaso de recursos humanos, la Ley 14.228 dispone la disolución de los juzgados de menores en toda la provincia así como los órganos que cumplen funciones en relación a la justicia penal de menores y el traspaso de partes del personal al MPA. Referencia la designación de nueve fiscales en la última Asamblea Legislativa y el rechazo de cuatro pliegos.

Menciona que por un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, desde el sábado pasarán al MPA 8 empleados en la Fiscalía Regional I; 32 para la II; 4 para la III; 3 para la IV y 7 para la V. En tema recursos humanos, en los considerandos se observan diferentes interpretaciones con la Corte sobre vacantes y personal a transferir.

En materia de infraestructura, hubo una ampliación presupuestaria de 800 millones de pesos y detalla las conversaciones con la Corte para uso de locales actuales y las licitaciones llevadas adelante especialmente en  Santa Fe y Rosario para instalar las fiscalías especializadas.

La Escuela de Capacitación del MPA organizó un curso especial, obligatorio para todos los integrantes del ministerio, para que los destinatarios incorporen el conjunto de normas, principios, derechos y garantías de la justicia penal juvenil, reflexionen sobre las particularidades del sistema en la provincia y conozcan la política de persecución penal en la materia.

Por último, señala Vranicich en los considerandos que para plasmar en el plano institucional del MPA un diseño que realice el principio constitucional de la especialidad consagrado en el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, y teniendo en cuenta el rol que la fiscalía general puede asumir, dispone la creación de la Uferpa en el ámbito de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por objetivos priorizados de la fiscalía general.

A febrero del corriente año, se tramitaban 4909 expedientes en los juzgados de menores de toda la provincia de los cuales 532 estaban en los tribunales de la capital santafesina.

En tanto, hasta esa fecha eran 164 los menores tutelados, privados de la libertad.

A la Uferpa, la fiscal general Vranicich le instruyó como misión central fortalecer el funcionamiento del MPA en el marco del nuevo sistema penal adolescente de la provincia. Para ello deberá diseñar, ejecutar y supervisar las políticas de persecución penal adolescente desde el abordaje integral del conflicto procurando la solución pacífica en equilibrio del interés de la víctima y el desarrollo progresivo de los adolescentes sujetos al proceso trabajando con las fiscalías regionales y coordinando con los distintos niveles del Estado.

También la resolución le establece una serie de responsabilidades principales a la unidad. Entre ellas diseñar, implementar y supervisar los lineamientos de la persecución penal pública del MPA contra menores de edad, abordando la integralidad del conflicto penal y la resolución pacífica de dichos conflictos.

Además elaborar las estrategias de gestión de casos que tengan como imputadas a personas menores y mayores de edad en forma conjunta con otras áreas del MPA. Otro punto destacado es para elaborar el esquema de intervención institucional para elaborar medidas no privativas de libertad.El Litoral

El tema está bajo análisis de diferentes áreas del Poder Ejecutivo que escuchan objeciones de actores del sistema. La intención es que haya texto alternativo y que el instrumento entre en vigencia dentro de los 180 días como determina el texto aprobado por la anterior Legislatura.

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En el seno del Poder Ejecutivo se trabaja en la definición de un veto parcial, con textos alternativos, al futuro Código Procesal Penal Juvenil, norma sancionada por la anterior Legislatura en su última día tras un trabajoso acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas.

La sanción del nuevo Código fue enviada al Poder Ejecutivo el 30 de noviembre y en caso de pretender el veto parcial, el Ejecutivo deberá hacerlo antes del 30 de diciembre, caso contrario quedará sancionado fictamente. El instrumento debería entrar en vigencia a los 180 días de su promulgación con la posibilidad de una prórroga de 90 días "fundamentada por el Poder Ejecutivo".

El gobernador Maximiliano Pullaro escuchó objeciones al texto en su rol de diputado provincial y con su voto contribuyó a la aprobación del texto trabajado en forma conjunta por una comisión bicameral integrada por senadores y diputados donde tuvieron un rol clave Lisandro Enrico y Raúl Gramajo por la Cámara Alta y Lionella Cattalini por la Baja. Pullaro habría señalado a objetores -incluso actores de su hoy gabinete- que era mejor la sanción de la norma y después hacer las correcciones necesarias.

Santa Fe tiene un atraso en la materia procesal penal de menores de allí la decisión de sancionar la norma que se trabajó en base a un mensaje del anterior Poder Ejecutivo donde colaboraron funcionarios, actores del Poder Judicial y por supuesto la decisión final en manos de legisladores.

La actual titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, es una de las que plantea varias observaciones al nuevo digesto. "Objetamos que se hagan procedimientos para adolescentes que no alcanzaron la ley mínima de responsabilidad penal" hablando de menores de 16 años. "Está muy discutido si corresponde el procedimiento abreviado. La crítica mayor es que no se estaría respetando el principio de especificidad y especialización porque tanto desde el MPA como de la Defensa se dice que se tenderá a hacerlo en la medida que los recursos permitan esa distribución y los tratados internacionales recomiendan que haya especificidad. Es decir que haya fiscales, defensores y jueces de Menores". La otra observación es el traspaso de los asesores de menores al MPA. Se considera que esos funcionarios tienen especificidad y especialización.

Para Moreno otra observación es que se permitan juicios conjuntos de adultos y menores. "No debería exponerse a un menor estar con un mayor" le dijo a El Litoral. También objeta que tenga el mismo plazo de prisión preventiva que un mayor.

Además formuló observaciones Patricia Chialvo quien fue secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia hasta el pasado 10 de diciembre. "La Ley es necesaria y fue largamente discutida desde hace así ocho años pero el modelo aprobado viola los estándares de la Convención Internacional de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes (que tiene rango constitucional),contraría la ley Nacional de Niñez (nro. 26061) y la ley Provincial de Niñez (12967). Su texto es una regresión en Derechos Humanos; solo propone la mera persecución punitiva sin contemplar los problemas estructurales y el contexto social de los adolescentes en conflicto con la ley y tampoco considera la justicia restaurativa", señaló a las horas de ser sancionada y cuando todavía era funcionaria de Omar Perotti.

La dirigente justicialista la consideró discriminatoria, advierte que quita la especificidad de quienes intervienen en las situaciones y subraya como gravísimo que "penaliza a los menores de 16 años, cuestión que solo puede ser modificada por el Congreso Nacional".

Sobre este punto, marcó que en 2020 no hubo menores de 16 años involucrados en delitos graves; en 2021 uno dentro de un ámbito familiar causado por problemas de salud mental; en 2022 cuatro situaciones, dos por salud mental y dos en el marco de la narcocriminalidad, todos resueltos con familia ampliada. En 2023, no hubo ningún caso.

"La nueva ley otorga un marco de responsabilidad penal mayor para los menores de edad. Así como el Estado debe garantizar sus derechos, los jóvenes también deben hacerse responsables de los delitos que cometen. De esta manera, nuestra provincia tendrá un sistema penal juvenil más justo, que escuche a las víctimas, y con mayores garantías para una sociedad que hace tiempo solicita cambios y reclama justicia frente a los jóvenes que delinquen" escribió en redes el senador Enrico (UCR - General López) cuando se sancionó la ley.

El Senado votó por unanimidad el tema y en Diputados hubo votos en contra del Código. La pelota ahora la tiene la administración Pullaro y el reloj corre.

Electoral

Rafael Gutiérrez presidirá el Tribunal Electoral en el 2024 por ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ayer, fueron sorteados los camaristas que lo acompañarán en el Tribunal recayendo las designaciones en los camaristas Oscar Puccinelli (Civil y Comercial de Rosario) y Martha Feijoo (Penal de Santa Fe). Como suplentes quedaron Bibiana Alonso (Penal de Rosario) y Javier Mirande (Circuito de Santa Fe). Actuará como procurador fiscal, el procurador general de la provincia, Jorge Barraguirre.

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Inecip

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) hizo llegar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Cococcioni, "la preocupación" por algunos de los proyectos de reforma judicial enviados por la actual gestión provincial a Legislatura.

Las observaciones apuntan fundamentalmente a tres iniciativas: modificación al Código Procesal Penal; juicios por jurados para causas criminales y la reforma al Ministerio Público de la Acusación.

"La iniciativa política de avanzar rápidamente con cambios que el sistema de justicia penal de Santa Fe sin dudas necesita, en forma urgente, es bienvenida. En particular, la incorporación de la participación ciudadana en la administración de justicia provincial, en un contexto de profunda crisis y desconfianza del Poder Judicial, merece ser destacada", dice la entidad en la nota firmada por Aldana Romano, su directora ejecutiva.

"Pero reformas de tan alta sensibilidad institucional deben hacerse con responsabilidad, sin afectar aspectos medulares del sistema judicial. No se trata de entorpecer las reformas, sino de evitar errores que conlleven altos costos institucionales y que, para peor de males, no provoquen los resultados esperados. Es necesario un debate serio y abierto, que esté a la altura de la gravedad de los desafíos que la justicia santafesina debe afrontar", concluye.

Fuente: EL