El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, y junto a fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), supervisó este jueves el derribo de otros dos búnkeres de venta de drogas en barrio Gráfico, en la ciudad de Rosario.

La primera inactivación se realizó en Benteveo al 700 y la segunda, una hora más tarde, en Jacobacci al 9000. Con estos procedimientos, ya son 118 los búnkeres derribados en toda la provincia durante la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, en el marco de la aplicación de la Ley de Microtráfico impulsada por el mandatario santafesino y vigente desde fines de 2023. 

Los operativos de derribo se sostienen de manera ininterrumpida desde comienzos de 2024 y constituyen uno de los ejes centrales de la política de seguridad provincial para recuperar territorios tomados por el narcotráfico y desarticular economías delictivas vinculadas al narcomenudeo. Las acciones se desarrollan de manera coordinada entre el Gobierno Provincial, el MPA, la Justicia santafesina, la Policía de Santa Fe, fuerzas federales y gobiernos locales.

Durante la actividad, el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, sostuvo que estos casos “representan un compendio de todas las cuestiones delictivas que rodean al microtráfico, como la usurpación y la venta ilegal de terrenos”. Y agregó: “Se genera un entramado de irregularidades vinculado a la violencia, los homicidios, las balaceras y la degradación de barrios de trabajadores que durante mucho tiempo no tuvieron respuesta del Estado”.

El funcionario remarcó además que “antes no contábamos con una herramienta legal”, y destacó que “desde la promulgación de la Ley de Microtráfico estamos avanzando junto al MPA no solo en Rosario, sino en toda la provincia”.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone brindó detalles sobre la investigación y explicó que, además de los dos inmuebles que serán demolidos, se restituyó formalmente una tercera propiedad a sus legítimos ocupantes.

“Hay una familia que tiene atemorizado a todo barrio Gráfico. Algunos de sus integrantes están detenidos y otros tienen pedido de captura. Se dedican a la venta de estupefacientes al menudeo y también a las extorsiones”, indicó el fiscal.}

Carbone explicó además que la organización operaba sobre inmuebles usurpados que luego eran revendidos a personas de buena fe para posteriormente recuperarlos mediante amenazas y violencia. “También consumían y comercializaban drogas en estos lugares, en un contexto atravesado por delitos conexos”, afirmó.

El fiscal señaló además que uno de los homicidios registrados en abril ocurrió a pocos metros de los inmuebles intervenidos y remarcó que las inactivaciones son “fundamentales para desarticular estructuras criminales que condicionan la vida cotidiana de los vecinos”.

Durante 15 meses de tareas de inteligencia, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” de Gendarmería detectó y desarticuló una organización narcocriminal que operaba desde Rosario (Santa Fe) y distribuía estupefacientes en distintas localidades del Alto Valle rionegrino.

Ayer, por orden judicial, se ejecutaron 13 allanamientos en Villa Regina, Ingeniero Huergo y Valle Azul que derivaron en la detención de diez personas y el secuestro de drogas, armas, dinero y vehículos.

La pesquisa incluyó análisis de datos, interceptaciones telefónicas y vigilancia aérea con drones, lo que permitió localizar al líder del clan y sus maniobras logísticas. Los investigadores detectaron el uso de rodados de mediana y alta gama, la participación de testaferros y la existencia de cinco chacras vinculadas al grupo.

En una de esas propiedades se halló un invernadero y una plantación con cultivos de marihuana en distintas etapas de crecimiento.

Durante los procedimientos, las fuerzas secuestraron:

Como consecuencia de los operativos, diez hombres —de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya— fueron detenidos y quedaron a disposición del Juzgado interviniente. La investigación contó con la intervención de la Unidad Fiscal de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación (PROCUNAR), que además trabajó en la vertiente vinculada a posibles maniobras de lavado de activos.

Fuentes judiciales señalaron que las pruebas reunidas —entre ellas registros de movimientos, escuchas y la localización de cultivos— forman parte del material que será incorporado al expediente. La causa continuará con peritajes sobre los elementos secuestrados y las declaraciones de los detenidos, mientras las fiscalías avanzan en la determinación de responsabilidades penales por tráfico de estupefacientes y los presuntos delitos económicos asociados.

El ministro de Defensa supervisará junto al gobernador, Maximiliano Pullaro, y al intendente, Pablo Javkin, el despliegue de seguridad.

El ministro de Defensa, Luis Petri, viaja a la ciudad de Rosario para monitorear el despliegue del operativo a cargo de las Fuerzas Armadas con intención de combatir el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Lo hará junto al gobernador, Maximiliano Pullaro, y al intendente, Pablo Javkin.

Tras el anuncio de una nueva Ley de Seguridad Interior, el funcionario del Poder Ejecutivo estará pasado el mediodía en territorio rosarino para coordinar la avanzada de las fuerzas de seguridad en las zonas más calientes del territorio.

Según precisó el Diario Panorama, el ministro presentará la llegada de tres helicópteros Bell 412EP de la Fuerza Aérea y lo hará en compañía de los cuatro jefes militares del Estado Mayor Conjunto.

En las últimas horas, el Gobierno otorgó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas intervengan en las tareas de apoyo en tierras rosarinas, y a través de la Resolución 266/2024, se instrumentó la posibilidad de avanzar en "'operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior’ conforme a lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 y su Decreto Reglamentario N° 1273/1992, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe”.

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En concordancia, se ordenó el desembarco de 450 refuerzos que se sumaron a los 2.000 efectivos de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA ya anunciados. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, garantizó que aplicará la “ley antiterrorista” a las bandas narco.

Tanto Petri como Bullrich visitaron la ciudad en plena ola de homicidios con sello narco en manos de sicarios, a principios de marzo, para unirse a la línea de combate del Estado contra el crimen organizado, y anunciar el respaldo del Gobierno.

En esta oportunidad lo hará solo Petri, quien trabaja en la nueva ley para que las Fuerzas Armadas puedan tener atribuciones “adicionales” que fueron limitadas a la afectación de “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, afirmó en su discurso como miembro informante que se trata de un paso importante de todos los legisladores santafesinos. “Sin justicia, no vamos a mejorar los niveles de seguridad en mi provincia”, remarcó.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, celebró la aprobación del proyecto de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en Santa Fe, presentado un año atrás con el acompañamiento de todos los diputados de la provincia y el apoyo de los senadores Dionisio Scarpín y Carolina Losada y del gobernador Omar Perotti, quien también estuvo presente en la sesión.

Es inédito que todos los legisladores de mi provincia nos hayamos puesto de acuerdo y firmado juntos este proyecto, que busca fortalecer la Justicia penal federal en Santa Fe y promover la implementación del sistema acusatorio, aprobado en 2014. Estamos dando un paso importante, trabajando codo a codo y tirando para el mismo lado en la lucha contra el narcotráfico. Sin justicia, no vamos a mejorar los niveles de seguridad[remarcó Mirabella en su discurso como miembro informante de la iniciativa]

“Con esta iniciativa, creamos 27 cargos de fiscales federales que llevarán adelante las investigaciones, defensores, jueces de garantías, de revisión y de ejecución penal. Es un salto cualitativo gigante para la provincia. La estructura de la justicia federal en Santa Fe no se actualiza desde hace más de 30 años, cuando este delito que hoy enfrentamos, el narcotráfico, no existía”, detalló el diputado.

“En los tribunales federales santafesinos se tramitan el 20% de las causas por narcocriminalidad de todo el país. Tenemos un nivel de violencia urbana inusitado, con una cantidad de homicidios cuatro veces superior a la media nacional, circunscritos en un 80% a ajustes de cuentas entre bandas narco que también aterrorizan a la población, balean supermercados y canales de televisión. Estos actos de terror que llevan adelante estas organizaciones mafiosas en Rosario no pasan en otro lugar”, aseguró el legislador.

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“Esta situación amerita que tratemos y aprobemos este proyecto, que es una de las tantas respuestas y medidas necesarias para combatir este delito. Necesitamos mayor despliegue en materia de prevención, oficinas que investiguen el lavado de dinero. No es una sola acción sino muchas al mismo tiempo, con resultados a corto, mediano y largo plazo”, concluyó Mirabella.

La iniciativa, aprobada con media sanción por la Cámara de Diputados, deberá ser tratada en el Senado para convertirse en ley. El proyecto contempla la creación de múltiples cargos judiciales en todo el territorio santafesino incluyendo cinco nuevas fiscalías federales en Rosario, tres en Santa Fe y una en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y San Nicolás (Buenos Aires). También dispone sumar tres cargos de defensor penal federal en Rosario y uno en Santa Fe, entre otros.