El actor y comediante británico Russell Brand, de 51 años, recibió una condena de 10 años y 6 meses de cárcel por un tribunal de Londres.

El juez Joel Bennathan, de la corte de Southwark, dictó la sentencia tras hallarlo culpable de un delito de violación y tres de agresión sexual.

Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2009. El magistrado calificó al actor como un depredador sexual y destacó el coraje de las cuatro víctimas durante el proceso judicial.

Tras conocer la sentencia, Russell Brand miró a su esposa, Laura Gallacher, y le dijo:

"Te quiero"

Antes de ser trasladado a dependencias internas de la corte.

El actor deberá cumplir al menos 7 años de prisión efectiva antes de acceder a la libertad condicional. De la pena total, 10 años corresponden específicamente al cargo de violación.

El jurado lo absolvió de otros dos cargos de violación y uno de intento de agresión indecente al no considerarlos probados. El juez garantizó el anonimato de por vida para las víctimas.

El detective Andy Furphy, de la Policía Metropolitana de Londres, señaló en un comunicado:

"La condena marca un hito importante en nuestra investigación y significa que Russell Brand ha respondido por sus delitos"

Furphy agregó que la valentía de las mujeres al denunciar puede dar confianza a otras personas que sufrieron violencia sexual para que busquen ayuda y realicen sus denuncias.

Un tribunal de segunda instancia confirmó la condena impuesta a Iván Alejandro Belizán por el homicidio de Julio Ramón Funes, ocurrido en Rafaela, y por delitos contra la integridad sexual cometidos contra una niña. No obstante, los camaristas resolvieron reducir la pena de 28 a 21 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Sergio Enrique Alvira, Matías Drivet y Roberto Ernesto Prieu Mántaras. La sentencia de primera instancia había sido dictada el 29 de abril de 2025, tras un juicio oral y público realizado en los tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, quien también representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en las distintas instancias procesales.

El fiscal Castellano valoró que los camaristas rechazaran los cuestionamientos de la Defensa respecto de la valoración de las pruebas y la responsabilidad penal del condenado.

Según explicó, los jueces consideraron que el tribunal de juicio había realizado un análisis integral, lógico y razonado de las evidencias presentadas durante el debate. También sostuvieron que la responsabilidad de Belizán estaba suficientemente acreditada a partir de elementos testimoniales, documentales y objetivos.

De esta manera, la Cámara confirmó la materialidad de los hechos, las calificaciones legales y la responsabilidad penal del condenado, tal como habían sido establecidas en primera instancia. Sin embargo, los magistrados hicieron lugar parcialmente a un recurso de la Defensa en relación con el monto de la pena, que pasó de 28 a 21 años de prisión efectiva.

Castellano indicó que, para resolver la reducción, los camaristas consideraron que correspondía otorgar mayor relevancia a determinadas circunstancias personales de Belizán, particularmente sus condiciones de vulnerabilidad y los padecimientos extraordinarios que atravesó durante su privación de libertad.

El fiscal aclaró que la modificación de la pena no altera la responsabilidad penal ni la gravedad de los delitos acreditados, sino que responde a una nueva valoración de las circunstancias consideradas para determinar la sanción.

Castellano recordó que el homicidio ocurrió en marzo de 2020, luego de una discusión entre Belizán y Julio Ramón Funes en una vivienda ubicada en calle Soldano al 1300. De acuerdo con lo expuesto por el fiscal, el condenado golpeó a la víctima en la cabeza con una pala de hierro.

“Belizán actuó con clara intención y voluntad de causar la muerte de Funes en virtud del conocimiento que tenía de la lesividad del elemento que eligió para atacarlo”, sostuvo Castellano.

Luego del homicidio, Belizán trasladó el cuerpo a un galpón ubicado en el fondo de la vivienda y le prendió fuego, con la intención de eliminar evidencias, según la reconstrucción presentada por la Fiscalía durante el juicio.

La condena también comprende delitos contra la integridad sexual cometidos de manera reiterada contra una niña de su entorno familiar.

Según la investigación, los abusos ocurrieron entre 2008 y 2016, cuando la víctima transitaba su escolaridad primaria. Los hechos se produjeron en la vivienda que la niña compartía con su madre y, posteriormente, en el domicilio del condenado, ambos en Rafaela.

El fiscal señaló que los actos cometidos contra la niña tuvieron entidad suficiente para vulnerar el desarrollo libre y progresivo de su sexualidad. Además, indicó que Belizán la intimidaba diciéndole que, si contaba lo ocurrido, no le creerían y la tratarían de mentirosa.

Belizán fue condenado como autor del homicidio doloso de Julio Ramón Funes. La pena también comprende los delitos de abuso sexual, abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal a una menor de 13 años y por el uso coactivo reiterado, y promoción de la corrupción de menores.

La resolución de segunda instancia confirmó las calificaciones legales y la responsabilidad penal, aunque estableció una reducción en el tiempo de prisión que deberá cumplir.

En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos llevado a cabo en los tribunales de la capital provincial, la Justicia santafesina condenó a 25 años de prisión efectiva a Alberto Eduardo Jumilla (47), presuntamente vinculado a una de las facciones de la barrabrava del Club Atlético Colón.

El fallo fue dictado por un tribunal integrado por los jueces Leandro Lazzarini, Gustavo Urdiales y Nicolás Falkenberg.

La condena abarca la autoría del homicidio calificado de Santiago Ismael Baroni, cuatro tentativas de homicidio calificado, la coautoría de tenencia indebida de arma de fuego de guerra y una tentativa de robo.

Además, Jumilla fue declarado reincidente, por lo que deberá cumplir la pena en su totalidad, sin posibilidad de acceder a beneficios de libertad condicional.

La investigación de los ilícitos estuvo a cargo de las unidades fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representadas por los fiscales Gonzalo Iglesias y Estanislao Giavedoni.

El hecho de mayor gravedad ocurrió el martes 5 de marzo de 2024, alrededor de las 17, en el espacio público interno de la manzana 11 del Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario.

Según detalló el fiscal Gonzalo Iglesias durante la audiencia, Jumilla montó una estrategia de engaño para acercarse a sus víctimas: se vistió como cartonero y ocultó un arma de fuego de puño dentro de una bolsa de basura.

De esa manera caminó hacia un grupo de cuatro hombres que conversaban en el lugar. Tras saludarlos e integrar una breve conversación en un clima distendido, sacó el arma y les disparó de forma repentina y sorpresiva con la intención de matarlos.

Santiago Ismael Baroni recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte a los pocos minutos, mientras que los otros tres hombres resultaron heridos y lograron salvar sus vidas gracias a una rápida intervención médica.

El raid delictivo atribuido a Jumilla y ventilado en la causa incluye otros tres episodios ocurridos durante 2024.

El 9 de agosto, minutos después del mediodía, atacó a balazos a un hombre que estaba sentado sobre su motocicleta en la cuadra de calle Zavalía al 400. Tras un breve intercambio de palabras, le disparó a quemarropa. La víctima debió ser intervenida de urgencia en el hospital José María Cullen, donde permaneció internada en estado reservado y con asistencia respiratoria mecánica antes de recibir el alta.

El 19 de junio, en un allanamiento policial realizado en una vivienda de Tarragona al 600, los efectivos incautaron una pistola semiautomática calibre 9x19 milímetros con la numeración suprimida y el cargador con cinco proyectiles intactos.

El 11 de agosto, alrededor de las 6 de la mañana, atacó a una mujer en Urquiza y J. J. Paso. La tomó del cuello, la arrojó al suelo, la amenazó de muerte y le robó el teléfono celular. Tras el pedido de auxilio de la víctima, la policía persiguió a Jumilla y lo aprehendió en un descampado de Urquiza y Loyola con el dispositivo robado.

Durante el proceso, el ahora condenado reconoció expresamente su responsabilidad en cada uno de los delitos imputados. Junto a su defensa técnica, prestó conformidad con las calificaciones legales, el monto de la pena propuesta y la modalidad del juicio abreviado.

Asimismo, los familiares de Santiago Baroni y el resto de las víctimas de los violentos ataques fueron debidamente informados por la fiscalía y manifestaron su conformidad con la condena impuesta.

EL

El tribunal integrado por los jueces Jorge Rodríguez, Natalia Benvenuto y Nicolás Vico Gimena dictó sentencia contra los tres hombres responsables del homicidio de Ivana Garcilazo. El hecho ocurrió el 30 de septiembre de 2023, tras la finalización de un clásico rosarino. Los magistrados hallaron a los imputados culpables como coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo.

En la sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario, se oficializaron las penas. Ariel Matías Cabrera, de 44 años, y Damián Reifenstuel, de 46, recibieron una condena de 20 años de prisión efectiva. Por su parte, Juan José Masson, de 42 años, fue sentenciado a 18 años de cárcel. Además de la pena privativa de libertad, los tres recibieron inhabilitaciones perpetuas para concurrir a espectáculos de fútbol.

Durante el juicio, las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari expusieron que los condenados se reunieron en un departamento para ver el partido entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. Al concluir el encuentro, se dirigieron a la intersección de Montevideo y Ovidio Lagos. Allí, al identificar a Ivana Garcilazo por su vestimenta, le arrojaron baldosas con violencia, provocándole un traumatismo encéfalo craneano fatal.

La investigación destacó la huida de los agresores. Mientras Reifenstuel y Masson escaparon rápidamente, Cabrera intentó agredir al novio de la víctima, quien intentaba auxiliarla. Tras el crimen, la Agencia de Investigación Criminal logró identificar a los atacantes mediante cámaras de seguridad. Cabrera se entregó el 12 de octubre de 2023, mientras que Masson fue detenido dos semanas después tras diversos allanamientos en el barrio Ludueña.

El caso de Damián Reifenstuel fue el más complejo, ya que huyó hacia Bolivia por un paso no habilitado. Su búsqueda incluyó un viaje de Silvina Garcilazo, hermana de la víctima, hasta Santa Cruz de la Sierra. Finalmente, en febrero de 2025, personal de Interpol lo capturó en Samaipata, donde intentaba ocultar su identidad. El prófugo fue trasladado para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Tras conocerse el fallo, la familia de la víctima manifestó su profundo descontento. La querella había solicitado 33 años de prisión y la Fiscalía 30 años. Silvina Garcilazo expresó su indignación ante la prensa: “Me parece injusto y no es lo que esperábamos. La vida de Ivana valía mucho más que eso”. La familia confirmó que apelarán la decisión para intentar alcanzar la pena máxima de 30 años.

La Justicia Federal dictó una condena de cuatro años y tres meses de prisión contra Diego Alejandro Sosa, un hombre de 39 años que utilizó su condición de salud para intentar traficar sustancias ilícitas. El sujeto, quien padece una paraplejia espástica derivada de un accidente en moto, fue hallado culpable en dos causas distintas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

El primer episodio ocurrió el 20 de noviembre de 2025 en el complejo penitenciario San Felipe. Mientras intentaba ingresar como visita, el personal de seguridad realizó una requisa de rutina. En ese momento, descubrieron cuatro bolsas de nylon ocultas en el interior de las ruedas de su silla, las cuales contenían un total de 175 gramos de marihuana.

Tras este hallazgo, Diego Alejandro Sosa fue imputado por el delito de suministro de estupefacientes agravado por haber sido cometido en un lugar de detención. Debido a su discapacidad motriz, el hombre permaneció bajo la modalidad de arresto domiciliario en su vivienda ubicada en la localidad de Rodeo de la Cruz, en el departamento de Guaymallén.

La situación procesal del imputado se agravó el 5 de mayo pasado. En aquella jornada, fue citado a una audiencia en el edificio de Tribunales Federales. Al momento de ingresar al recinto, el personal de seguridad llevó a cabo una requisa de rigor, donde volvieron a encontrar sustancias prohibidas en su poder, sorprendiendo a las autoridades presentes.

En esta segunda oportunidad, los efectivos le incautaron cinco dosis de cocaína, una dosis de marihuana, una pipa metálica, un blíster de Omeprazol y un cuchillo. Este nuevo episodio derivó en una segunda imputación, esta vez por el delito de tenencia simple de estupefacientes, sumando un nuevo expediente a su historial delictivo reciente.

Finalmente, el juez Marcelo Garnica homologó un acuerdo alcanzado entre la defensa y la Fiscalía Federal. La sentencia unificada establece una pena de cuatro años y tres meses de cárcel. Según informaron fuentes judiciales, el condenado continuará cumpliendo su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, manteniendo la medida cautelar vigente por su estado de salud.

El joven de 20 años, identificado como Jonathan Alejandro Ávila, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. La sentencia se dictó en los tribunales de la ciudad de Rufino.

La jueza Lorena Garini dictó el fallo en el marco de un juicio de procedimientos abreviados. La investigación fue liderada por el fiscal Mauro Menéndez, del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal Mauro Menéndez explicó que la pena resultó de la unificación de dos condenas. Por el episodio con el arma blanca, a Ávila le correspondía un año de prisión.

Sin embargo, el monto final se elevó al sumarse una condena previa.

Si bien el antecedente penal era de ejecución condicional, esa modalidad fue revocada , precisó el representante del MPA.

El hecho ocurrió el 28 de septiembre del año pasado en la calle Falucho al 500. El condenado abordó a una pareja con la que mantenía un conflicto previo.

Ávila blandió un machete en la vía pública para infundir temor. Incluso, simuló afilar la cuchilla contra el suelo frente a las víctimas para amedrentarlas.

Durante el proceso judicial, el acusado admitió su responsabilidad por el delito de amenazas calificadas. Las víctimas fueron notificadas y manifestaron su acuerdo con la resolución judicial.

Un hombre de 39 años identificado como Lucas Ezequiel Chazarreta fue condenado a dos años y seis meses de prisión por delitos contra la propiedad que cometió en Rafaela.

La sentencia fue dispuesta por el juez Javier Bottero, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales rafaelinos. La fiscal que estuvo a cargo de la investigación es Lorena Korakis.

La representante del MPA relató que “el jueves 15 de mayo del año pasado, aproximadamente a las 15:25, el condenado forzó la cerradura de la puerta de un local comercial ubicado en Azcuénaga y Ángela de la Casa, ingresó e intentó abrir de manera violenta una caja registradora”. Korakis agregó que “como no pudo, la colocó en una bolsa para llevársela”.

“En una segunda bolsa introdujo una caja fuerte y tres botellas de Fernet y se fue del lugar”, sostuvo Korakis. También puntualizó que “no pudo consumar el ilícito porque fue visto por personal policial, intentó dejar lo sustraído en la vía pública y escapar, pero fue aprehendido minutos después en el patio delantero de una casa en la que se había escondido”.

La representante del MPA brindó precisiones de otro ilícito cometido por el condenado. “Pasadas las 13:00 del domingo 24 de agosto del año pasado, forzó una ventana de aluminio y entró a un inmueble en Oyoli al 20 donde funciona un consultorio”, detalló la fiscal y precisó que “una vez en el interior, giró el sentido de las cámaras de seguridad con el fin de procurar su impunidad y se apoderó ilegítimamente de una pava eléctrica y de un parlante pequeño”.

Por último, la fiscal se refirió a otro ilícito cometido el jueves 1 de enero de este año. “Luego de romper la celosía de una ventana, el condenado ingresó de manera furtiva a una vivienda ubicada en Constitución al 700”, informó Korakis y concluyó que “en el interior de la casa fue sorprendido por personal policial, intentó escapar, pero fue aprehendido en la vía pública”.

Korakis indicó que “el imputado y su defensor manifestaron su conformidad con las calificaciones legales seleccionadas, el monto de la pena y la modalidad de cumplimiento, como así también con el procedimiento abreviado escogido”. Agregó además que “en particular, el acusado admitió expresamente su culpabilidad por los delitos por los que se lo condenó”.

Por otra parte, la fiscal señaló que “las víctimas de los tres ilícitos fueron informadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad y consentimiento con el abreviado”.

Chazarreta fue condenado por la autoría de robo, tentativa de robo y tentativa de robo calificado por escalamiento.

El hecho ocurrió el 3 de octubre en una zona rural de Esquina, en el paraje Los Flotadores. Un productor ganadero denunció que, al regresar a su hogar, encontró la puerta forzada y el faltante de 14 millones de pesos y 3.900 dólares.

La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) bajo la fiscal Analía Granero, avanzó tras el testimonio de un trabajador rural. El peón indicó haber visto a uno de los hijos del propietario llegar al lugar en motocicleta.

El sospechoso, identificado como Ian Pablo Enrique de 18 años, fue convocado por sus padres para conversar. Tras negar inicialmente el hecho, el joven terminó confesando su participación y reveló que parte del botín estaba en la casa de su novia.

Los agentes lograron recuperar 14 millones de pesos y 2.100 dólares. Aún resta determinar el destino de los 1.800 dólares restantes, bajo la hipótesis de que pudieron ser cambiados por moneda nacional.

Tras ser detenido en la casa de sus padres, el joven fue trasladado a la Comisaría Segunda de Esquina. En un juicio abreviado, recibió una condena de tres años de prisión en suspenso, recuperando su libertad.

La Policía investiga ahora si existe una conexión con otro robo previo a la familia, donde sustrajeron 18 millones de pesos de la casa del abuelo del joven, caso que anteriormente tuvo a un peón como sospechoso liberado.

Un hombre de 33 años fue condenado a 13 años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en Tostado, departamento Nueve de Julio.

La sentencia fue resuelta por los jueces Javier Bottero, José Boaglio y Cecilia Álamo, en el marco de un juicio oral desarrollado en los tribunales tostadenses.

El condenado es identificado por sus iniciales CDC. Su nombre y apellido no fueron difundidos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con el objetivo de preservar la identidad de la víctima y evitar su revictimización.

La investigación y acusación estuvieron a cargo de la fiscal Fabiana Bertero, quien representó al MPA durante el debate y destacó que la condena fue impuesta de manera unánime por el tribunal.

Según explicó la fiscal, los hechos se produjeron entre 2015 y 2021, período durante el cual la víctima transitaba la escuela primaria. El condenado era en ese momento pareja de la madre de la niña y convivió con ella en diferentes viviendas.

“El condenado la agredió sexualmente de manera reiterada en el marco de la convivencia que mantuvieron en distintas viviendas”, sostuvo Bertero.

La representante del MPA agregó que el hombre se aprovechaba de las situaciones en las que quedaba a cargo del cuidado de la niña para cometer los abusos.

“El accionar del condenado tuvo entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña”, argumentó la fiscal.

El tribunal impuso la pena de 13 años y seis meses de prisión al considerarlo autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores, todos ellos agravados por la guarda.

Por otra parte, el hombre fue absuelto por un hecho de abuso sexual simple agravado por el vínculo que también se le había atribuido.

La resolución fue dictada luego del juicio oral llevado adelante en Tostado y, según informó la Fiscalía Regional 5, los tres magistrados coincidieron en la imposición de la condena.

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Una mujer de 43 años, identificada como M.C.P., fue condenada a cuatro años y medio de prisión tras ser hallada culpable de comercializar estupefacientes desde su domicilio en la ciudad de Córdoba. El caso tomó una dimensión grave al confirmarse que la acusada utilizaba a su hija de 12 años para realizar el fraccionamiento y la venta de la droga.

El fallo fue dictado por el juez Gustavo Ispani, de la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba, quien encuadró el delito como comercialización de estupefacientes agravada por servirse de una menor de 18 años. Debido a que tiene hijos a su cargo, el tribunal le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas recibidas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que alertaban sobre un quiosco narco instalado en una vivienda del barrio IPV Argüello, ubicado junto a un jardín de infantes. Según los testimonios y filmaciones recolectadas, la menor vendía cocaína y marihuana a cualquier hora del día. En la causa quedó registrado un mensaje de texto donde la niña consultaba:

Ma, ¿a las bolsitas las dejo cortadas o las acomodo en la mesa?

Durante el proceso judicial, la mujer aceptó los cargos mediante un juicio abreviado. En su declaración, expresó:

Estoy muy arrepentida porque les hice mal a mis hijos, a mi hija por sobre todas las cosas y a la Justicia.

La acusada relató que, ante sus dificultades económicas, decidió incursionar en el microtráfico, actividad en la que se desempeñaba como referente narco de la zona desde hacía años.

Los allanamientos realizados en febrero de 2024 permitieron la detención de la mujer y el secuestro de numerosas dosis listas para la venta. Por otro lado, la causa continúa para su hermano, D. E. P., de 47 años, quien no aceptó el juicio abreviado. El hombre, acusado de proveer la droga, fue capturado en noviembre de 2025 en el barrio Autódromo tras una persecución policial y actualmente enfrenta un proceso común en la Cámara 3ª del Crimen.

Un profesor de música de 29 años recibió una condena de 12 años de prisión efectiva en Salta. El sujeto fue hallado culpable de abusar sexualmente de dos mujeres, producir y almacenar material de abuso y explotación sexual infantil, además de cometer amenazas contra dos personas.

La investigación comenzó cuando la hermana de una menor advirtió que la adolescente mantenía contacto a través de redes sociales con un hombre adulto. Tras la denuncia, los investigadores analizaron los dispositivos electrónicos secuestrados, donde detectaron material de explotación sexual infantil y otros hechos delictivos vinculados al acusado.

La causa fue llevada adelante por el auxiliar fiscal Nicolás Alonso López y la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo. Según se estableció, el docente utilizaba una modalidad sistemática: suministraba fármacos a las víctimas para aprovechar su estado de vulnerabilidad, abusaba de ellas y registraba los ataques en videos que luego enviaba a los teléfonos de las damnificadas.

Durante el proceso, el docente confesó haber cometido otro hecho bajo la misma modalidad. El juez Leonardo Feans, del Distrito Centro de Salta, dictó la sentencia tras un juicio abreviado donde el imputado reconoció su responsabilidad. El magistrado ordenó además que el perfil genético del condenado sea incorporado al Banco Nacional de Datos Genéticos.

En una resolución judicial alcanzada mediante un juicio abreviado, fueron condenados seis empleados de la inmobiliaria Grupo Spaggiari SRL por su participación en una asociación ilícita dedicada a cometer estafas en la ciudad de Rafaela. La sentencia, dictada por el juez Gustavo Bumaguin, impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional para los involucrados.

Los condenados fueron identificados como Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, cuyas edades oscilan entre los 42 y 59 años. Todos ellos admitieron su responsabilidad penal como coautores de asociación ilícita en carácter de miembros y partícipes necesarios de las maniobras fraudulentas.

La investigación, liderada por el fiscal Guillermo Loyola, determinó que los hechos ilícitos se desarrollaron entre el 28 de noviembre de 2019 y el 13 de diciembre de 2022. Según el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el esquema afectó a más de 550 personas, quienes entregaron dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como en dólares y euros, bajo la promesa de inversiones inmobiliarias y productivas.

El fiscal Guillermo Loyola explicó que los integrantes de la asociación ilícita se aprovechaban del reconocimiento público que tenía el grupo inmobiliario en la comunidad. "Los condenados ofrecían firmar convenios privados en los que las víctimas se obligaban a entregar dinero, el cual supuestamente iba a ser destinado a actividades como la fabricación de ladrillos y aberturas", detalló el fiscal.

Las víctimas eran atraídas mediante publicidad y el "boca a boca", bajo la promesa de obtener ganancias superiores a las ofrecidas por el sistema bancario tradicional. Sin embargo, tras un periodo inicial de pagos, los clientes dejaron de percibir los intereses y el reintegro del capital prometido. Los pagos se realizaban de forma personal en las oficinas de la empresa o mediante envíos a los integrantes de la red.

Tras la condena de los empleados, la Oficina de Gestión Judicial de Rafaela fijó para el jueves 8 de octubre el inicio del juicio oral y público contra los presuntos jefes de la organización y otros dos integrantes. En el banquillo de los acusados se sentarán los propietarios del Grupo Spaggiari SRL, identificados con las iniciales FLS y MGS, junto a su madre, MOC, y una empleada de iniciales CRS.

Para los hermanos, la Fiscalía solicitó penas de 25 años de prisión efectiva por ser considerados jefes de la asociación ilícita y responsables de 560 hechos de estafas reiteradas. En tanto, para la mujer identificada como MOC se pidió una pena de nueve años, mientras que para la empleada CRS la solicitud fue de cinco años de prisión.

El debate oral se extenderá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, con la participación de más de 600 testigos y víctimas. El tribunal pluripersonal encargado de dictar sentencia estará integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta. Se espera que los alegatos de clausura se realicen el 21 de diciembre, con la lectura del veredicto final programada para el 28 de diciembre de 2026.

La familia de Federico Martín Aramburu recibió con alivio el veredicto de la Justicia francesa, que condenó a 26 años de prisión a Loïk Le Priol y a 19 años a Romain Bouvier por el crimen del ex integrante de Los Pumas, ocurrido en París en marzo de 2022.

La sentencia fue dictada el viernes 25 de septiembre por la Corte de Asís de París, luego de más de once horas de deliberación y tres semanas de audiencias. Si bien las penas quedaron por debajo de las solicitadas por la fiscalía, los representantes de la familia consideraron que el castigo se corresponde con la gravedad de los hechos.

Aramburu, de 42 años, murió tras recibir diez disparos durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, en el bulevar Saint-Germain de París. El ataque se produjo después de una pelea en un bar del Barrio Latino, en la que también estuvo involucrado su amigo y ex rugbier Shaun Hegarty.

Le Priol fue declarado culpable del homicidio, mientras que Bouvier recibió una condena por su participación en el ataque. Ambos habían integrado el Groupe Union Défense (GUD), una organización estudiantil de ultraderecha disuelta en 2024.

El tribunal descartó la premeditación, la legítima defensa y la existencia de un trastorno mental que alterara las facultades de los acusados. La fiscalía había solicitado 27 años de prisión para Le Priol y 20 para Bouvier.

El alivio de la familia tras el veredicto

A la salida del tribunal, los familiares y allegados de Aramburu se abrazaron y expresaron su satisfacción por una resolución que puso fin a un proceso judicial que se extendió durante más de cuatro años.

Yann Le Bras, uno de los abogados de la familia, sostuvo que el fallo representó un alivio para los seres queridos del ex Puma. El letrado destacó que las penas estuvieron a la altura de la gravedad del caso y consideró que la decisión permitirá a las familias Aramburu y Hegarty cerrar una etapa difícil.

Aunque la Justicia no mantuvo la calificación de asesinato con premeditación, el representante de la querella consideró que la sentencia fue equilibrada y valoró el resultado del juicio.

Por su parte, Cecilia Aramburu, madre del ex jugador, manifestó su tranquilidad tras conocer que los dos principales acusados deberán cumplir penas de prisión. También cuestionó que personas con antecedentes penales hayan podido permanecer en libertad antes del crimen. La mujer remarcó que el proceso permitió dejar en claro que su hijo fue víctima de un ataque y rechazó cualquier interpretación que pudiera vincularlo con una conducta violenta o delictiva.

Durante las audiencias, la familia siguió de cerca el desarrollo del juicio. En las inmediaciones del tribunal, algunos de los presentes llevaron pañuelos rojos con referencias a la bandera argentina y al número 13, el dorsal que Aramburu utilizó durante su etapa en Los Pumas.

El tribunal descartó la premeditación y la legítima defensa

Uno de los aspectos centrales del juicio fue la discusión sobre la responsabilidad de los acusados y las circunstancias en las que se produjo el ataque. La Corte de Asís consideró probado que Le Priol y Bouvier actuaron con intención de matar, pero entendió que no existían elementos suficientes para acreditar que hubieran acordado previamente cometer el crimen.

Entre los argumentos para descartar la premeditación, los magistrados señalaron la ausencia de imágenes de videovigilancia que permitieran confirmar una planificación conjunta. También evaluaron las acciones de ambos acusados durante los enfrentamientos previos y posteriores a la pelea en el bar.

El tribunal rechazó, además, el planteo de legítima defensa presentado por Le Priol. Tampoco aceptó que sus facultades estuvieran alteradas al momento del homicidio. No obstante, ambos condenados recibieron una orden de tratamiento médico.

La resolución tuvo en cuenta que los acusados dispararon reiteradamente y que, por su experiencia en el manejo de armas, debían haber comprendido que Aramburu se encontraba indefenso. La Justicia consideró que existió una acción conjunta con intención homicida, aunque no pudo probar un acuerdo previo entre ellos.

Con las condenas, la Justicia francesa cerró una de las etapas más importantes del caso. Para la familia del ex Puma, el veredicto significó el reconocimiento de su condición de víctima y el inicio del cierre de un largo proceso judicial.

Una mujer de 22 años fue condenada a cinco años de prisión por distintos delitos contra la propiedad cometidos en Rafaela entre 2023 y 2024. Se trata de Agustina Florencia Rivero, quien admitió su responsabilidad penal en los hechos investigados.

La sentencia fue dispuesta por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado en los tribunales de Rafaela. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Lorena Korakis, quien representó al Ministerio Público de la Acusación durante la audiencia.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, uno de los hechos ocurrió cuando Rivero se apoderó de una moto Honda Biz que se encontraba estacionada en la ochava de Don Orione y Anduiza, con la llave colocada. En ese momento, el propietario del vehículo se encontraba conversando con una mujer en las inmediaciones.

Meses después, según la acusación, una persona del entorno de Rivero le prestó una moto Guerrero Trip y, cuando le solicitó que se la devolviera, la mujer no lo hizo.

En otro de los episodios, Rivero habría ingresado junto con un coautor que todavía no fue individualizado a una vivienda ubicada en Jorge Newbery al 600, con el objetivo de sustraer bienes.

Según la Fiscalía, el otro involucrado amenazó y agredió físicamente a un hombre que se encontraba en el inmueble, mientras Rivero revisaba la vivienda en busca de objetos de valor. Finalmente, sustrajeron dos televisores, un teléfono celular y una billetera con documentación personal y dinero en efectivo.

La investigación también estableció que Rivero actuó junto con Alexis Efraín López, quien ya fue condenado en el marco de la misma causa, para ingresar a una vivienda de Alvear al 1000 mediante un engaño y sustraer dinero y dos pares de zapatillas.

Posteriormente, según la acusación, Rivero regresó al mismo domicilio y se apropió de un teléfono celular y una máquina cortadora de pelo eléctrica.

Finalmente, la Fiscalía atribuyó a Rivero otro hecho cometido junto con López: ambos habrían forzado la ventana de una vivienda ubicada en avenida Brasil al 1800 y sustraído un televisor.

Rivero admitió su responsabilidad penal por los delitos de hurto calificado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, defraudación y hurto, además de la coautoría de robo calificado por el uso de arma y robo.

La condenada, junto con su defensa, prestó conformidad con las calificaciones legales establecidas por la Fiscalía, la pena de cinco años de prisión y la decisión de resolver el proceso mediante un juicio abreviado.

Las víctimas fueron informadas sobre lo resuelto y manifestaron su conformidad con el acuerdo alcanzado. La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 47 años identificado como Carlos Miguel Castillo fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por la venta de droga al menudeo y la tenencia ilegal de dos armas de fuego en la ciudad de San Cristóbal.

La sentencia fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales sancristobalenses. La investigación estuvo a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, quien también intervino durante la audiencia en la que se dictó la condena.

Según informó el fiscal Odriozola, la investigación permitió determinar que Castillo utilizaba su vivienda ubicada en Dorrego al 1600, en la ciudad de San Cristóbal, para comercializar cocaína y marihuana fraccionadas en pequeñas dosis.

La actividad ilícita se habría desarrollado durante el año pasado, entre el 21 de agosto y el 18 de octubre, de acuerdo con la acusación presentada por el MPA.

El sábado 18 de octubre, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal realizó un allanamiento en el domicilio, donde secuestró droga fraccionada en envoltorios de nailon, trozos compactos de cocaína sin fraccionar, dos balanzas de precisión, teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo.

Durante el procedimiento, los investigadores también encontraron un revólver calibre 38 largo marca Orbea, cargado con seis cartuchos, y una escopeta calibre 12 marca Uzkon.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, Castillo no contaba con autorización legal para la tenencia de ninguna de las dos armas. Además, las pericias confirmaron que ambos dispositivos eran aptos para el disparo. En el domicilio también fueron secuestrados cuatro cartuchos calibre 38 largo y 25 cartuchos calibre 12.

Durante el proceso judicial, Castillo y su defensa manifestaron su conformidad con los hechos atribuidos, la calificación legal, la pena acordada y la modalidad de cumplimiento.

El condenado admitió expresamente su responsabilidad en los delitos por los que fue llevado a juicio.

Castillo fue condenado como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de guerra.

Un hombre de 70 años, identificado como Luis Gómez, fue condenado a cuatro años de prisión por haber abusado sexualmente en reiteradas oportunidades de la hija de su pareja en Sunchales, departamento Castellanos.

La sentencia fue dictada por el juez José Luis Estévez en el marco de un juicio oral realizado en los tribunales de Rafaela. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Lema, mientras que durante el debate el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por la fiscal Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5.

Según informó el MPA, la víctima es una mujer con discapacidad.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, Gómez cometió los abusos en reiteradas oportunidades, desde una fecha de 2021 que no pudo establecerse con precisión hasta agosto de 2023.

Los hechos ocurrieron en una vivienda donde convivía el grupo familiar y también en el interior de un vehículo perteneciente al condenado.

La fiscal Burella señaló que Gómez habría aprovechado las circunstancias derivadas de la convivencia para cometer los abusos y remarcó que, de esa manera, incumplió el deber de respeto y protección que tenía hacia la víctima. La representante del MPA sostuvo además que los hechos se produjeron en un contexto de violencia de género.

La condena incluyó otro delito descubierto durante la investigación. Al momento de la detención de Gómez, los investigadores secuestraron en su domicilio una escopeta calibre 16 apta para efectuar disparos.

Según la Fiscalía, el hombre no contaba con autorización legal para la tenencia del arma de fuego. Por este motivo, además de los abusos sexuales, fue condenado por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Finalmente, Gómez fue condenado como autor de abuso sexual simple reiterado, agravado por haber estado a cargo de la guarda de la víctima, y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. La pena establecida por el tribunal es de cuatro años de prisión.

La historia que durante más de dos años quedó asociada a una bolsa negra abandonada junto al puente de la Plaza Escalante tuvo este jueves su desenlace judicial. Jésica Silvia Sosa, de 42 años, fue condenada a 25 años de prisión por el homicidio de Omar Alberto Pogliani, cometido en febrero de 2024 en una vivienda de calle 1º de Mayo al 4700, en la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dictada en la Sala 6 del primer piso de los tribunales santafesinos, en el marco de un procedimiento abreviado. El tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio Carraro, Pablo Busaniche y Susana Luna, mientras que el fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, representó al Ministerio Público de la Acusación.

Sosa reconoció su responsabilidad como autora del homicidio, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía y acordó la pena impuesta. Los familiares de Pogliani fueron informados del acuerdo y manifestaron su conformidad.

El crimen ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del jueves 29 de febrero de 2024. Pogliani, de 70 años, vivía en un departamento ubicado en un pasillo de 1º de Mayo al 4700. Allí mantenía una relación con Sosa, quien era trabajadora sexual.

Según estableció la investigación, ambos protagonizaron una discusión durante la cual Sosa atacó a Pogliani y le provocó la muerte.

Los vecinos escucharon aquella madrugada gritos y golpes provenientes de la vivienda. Alguien llamó al 911 y un móvil policial llegó hasta el lugar. Los agentes golpearon la puerta, pero nadie respondió y finalmente se retiraron.

Cuatro días después, la escena sería reconstruida a partir de una serie de indicios mucho más perturbadores.

Marchi explicó durante la audiencia que, después del homicidio, Sosa conservó el cuerpo dentro de la vivienda e intentó desmembrarlo e incinerarlo en el patio. Durante esos días, vecinos del lugar habían percibido olor a quemado y una mujer llegó a pedir cajas de cartón con el argumento de que las utilizaría para quemar basura.

El domingo 3 de marzo, cerca del mediodía, una vecina que paseaba a su perro por la Plaza Escalante se encontró con una bolsa de consorcio negra abandonada junto al puente.

El perro olfateó el envoltorio y, al moverlo, dejó al descubierto lo que parecían ser partes de un cuerpo humano. La mujer dio aviso al 911 y pocos minutos después la plaza quedó rodeada de patrulleros y acordonada.

El primer policía que se asomó al interior de la bolsa terminó descompuesto. Los peritos de la Policía de Investigaciones comenzaron entonces a trabajar sobre la escena y encontraron restos humanos que luego serían vinculados con Pogliani.

La investigación llevó esa misma noche hasta la vivienda de 1º de Mayo al 4700. Allí fueron encontrados rastros de sangre, material óseo y restos que habían sido incinerados en el patio.

Al día siguiente, Sosa fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía.

Durante la investigación, Sosa ensayó una explicación diferente. En marzo de 2024, al momento de discutirse su prisión preventiva, declaró ante la jueza Celeste Minniti y definió lo ocurrido como una “película de terror”.

En aquella oportunidad intentó responsabilizar a un supuesto “trapito” de la zona. Según su relato, ese hombre la había engañado, golpeado y obligado a colaborar en el traslado de los restos. También sostuvo que no mantenía una relación de pareja con Pogliani y que él contrataba sus servicios como trabajadora sexual.

La hipótesis no pudo ser corroborada. Por el contrario, la evidencia reunida durante la investigación permitió sostener la acusación contra Sosa. Los testimonios de vecinos ubicaron a la mujer junto a Pogliani durante la madrugada del crimen y aportaron datos sobre la conflictiva relación que ambos mantenían.

La Fiscalía sostuvo además que fue Sosa quien, después de permanecer varios días con el cuerpo en la vivienda, trasladó parte de los restos hasta la Plaza Escalante.

La causa atravesó más de dos años de investigación. En marzo de 2026, la Justicia había extendido por un año la prisión preventiva de Sosa mientras la Fiscalía aguardaba los resultados de pericias genéticas sobre elementos encontrados en la vivienda.

Este jueves, finalmente, la investigación terminó con una condena. Sosa, que fue asistida por la defensora pública, Betina Dongo, aceptó su responsabilidad penal y la pena acordada con la Fiscalía. El tribunal integrado por Carraro, Busaniche y Luna impuso 25 años de prisión por el homicidio de Pogliani.

Un joven de 22 años, identificado como Facundo Hernán Chaparro, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por distintos delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Rafaela.

La sentencia fue impuesta por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

La fiscal Lorena Korakis representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia.

Según detalló la fiscal, los hechos por los cuales Chaparro fue condenado ocurrieron entre mayo de 2023 y diciembre de 2025.

“En varias oportunidades, escaló tapiales y rejas para ingresar a inmuebles con el objetivo de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos”, explicó Korakis.

La funcionaria del MPA agregó que, en algunos de esos episodios, el acusado consiguió concretar los robos, mientras que en otros casos no logró consumarlos.

Entre los elementos sustraídos, la Fiscalía mencionó dos bicicletas, un televisor y un teléfono celular.

Además, Chaparro fue condenado por un hecho en el que arrojó un adoquín contra la ventana de un club, provocando la rotura de uno de los vidrios.

En el marco del juicio abreviado, Chaparro admitió su responsabilidad penal por los delitos atribuidos por la Fiscalía.

La condena comprendió robo calificado por escalamiento, tanto consumado como en grado de tentativa; robo simple; hurto calificado por escalamiento, consumado y en tentativa; y daño.

El joven manifestó su conformidad con las calificaciones legales, el monto y la modalidad de la pena, así como también con la decisión de abreviar los procedimientos.

Por su parte, las víctimas fueron informadas sobre el acuerdo y expresaron su conformidad con lo resuelto.

De esta manera, el juez Stegmayer homologó el procedimiento y dispuso que Chaparro cumpla cuatro años de prisión efectiva.

La Justicia condenó a Evaristo Gonzalo Vega, de 42 años, a cinco años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber cometido un robo utilizando un machete en la ciudad de Rafaela.

La sentencia fue dictada por la jueza Laura Lencioni al término de un juicio oral desarrollado en los tribunales locales. Además, Vega fue declarado reincidente por segunda vez.

La fiscal María Cecilia Doro representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate y valoró la resolución judicial. “Valoramos la condena impuesta por la jueza y aguardaremos sus fundamentos para analizar los pasos procesales a seguir”, sostuvo.

El hecho por el que Vega fue condenado ocurrió el 31 de julio de 2025, alrededor de las 20:30, en inmediaciones de Juan B. Justo y Ciudad de Sunchales.

Según reconstruyó la Fiscalía, la víctima se encontraba en un terreno observando a un grupo de personas que jugaba a las bochas cuando Vega se acercó y le pidió ayuda para poner en marcha su automóvil. “Ante la negativa de la víctima, Vega se dirigió al vehículo y regresó con un machete con el que amenazó e intentó herirla mientras se protegía con una silla”, relató Doro.

En medio de la agresión, la víctima cayó al suelo. Fue entonces cuando el acusado volvió a intimidarla con el arma. “El condenado usó el machete para amenazarlo de muerte y exigirle que le entregue su teléfono celular”, precisó la fiscal.

Tras apoderarse del teléfono, Vega abandonó el lugar a bordo de su vehículo. “Inmediatamente después, se fue del lugar en su auto y con el celular robado”, indicó Doro. Sin embargo, la fuga duró poco, ya que personal policial logró interceptarlo y aprehenderlo en las inmediaciones.

Luego del proceso judicial, Vega fue encontrado responsable como autor del delito de robo calificado por el empleo de arma. La condena de cinco años y dos meses de prisión efectiva quedó establecida al finalizar el juicio oral, mientras que la Fiscalía aguardará los fundamentos de la magistrada para evaluar los próximos pasos procesales.

Un hombre de 39 años identificado como Joel Nahuel Mendieta fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña que es hija de la mujer que era su pareja en la ciudad de Tostado (departamento Nueve de Julio).

La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales tostadenses, en el cual la fiscal Shirli Tomasso representó al MPA. El tribunal del debate estuvo integrado por los jueces José Boaglio, Javier Bottero y Cecilia Álamo.

Tomasso valoró la condena impuesta a Mendieta. “El tribunal consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos desde la Fiscalía”, remarcó la fiscal y agregó que “esperaremos a conocer los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir”.

Asimismo, la funcionaria del MPA planteó que “durante el debate se pudo demostrar que Mendieta atentó contra la dignidad sexual de una pequeña niña a quien debía cuidar, proteger y educar ya que era considerado como un padre por ella”.

Tomasso indicó que “entre febrero y julio de 2024, el condenado abusó sexualmente de manera reiterada de la víctima, quien en esa época transitaba su escolaridad primaria”. Además, la fiscal precisó que “el imputado aprovechaba la situación de convivencia preexistente para cometer los abusos en perjuicio de la menor”.

La representante del MPA aseguró además que “el accionar del condenado tuvo la entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña”.

Mendieta fue condenado por la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, ambas calificaciones penales agravadas por la convivencia preexistente.

El Litoral