El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó este lunes a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente declarado responsable por la muerte de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por un vehículo robado en la localidad bonaerense de Altos de San Lorenzo.

La sentencia fue dictada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, luego de varias jornadas de audiencias realizadas en la sede del fuero penal juvenil ubicada en Tolosa.

A comienzos de marzo, un jurado popular había declarado culpable al acusado por el hecho ocurrido durante un robo.

Durante la última audiencia del proceso, la fiscal Mercedes Catani había solicitado la misma pena que finalmente fue impuesta al joven, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor material.

La sanción se ubica entre las más altas previstas para este tipo de delito, cuyo marco legal contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa del acusado sostuvo que el hecho debía ser considerado homicidio culposo y pidió una condena de 7 años de prisión.

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad.

El tribunal resolvió que el acusado debía ser juzgado como menor conforme a la legislación vigente.

El segundo adolescente involucrado en el hecho, de 14 años, quedó fuera del alcance del régimen penal debido a su edad.

El hecho ocurrió el 25 de febrero del año pasado, alrededor de las 22, cuando Kim Gómez y su madre se encontraban dentro de un Fiat Palio estacionado frente a un supermercado.

Según la investigación, dos adolescentes abordaron a las víctimas con la intención de robar el automóvil. La madre logró escapar, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.

Los agresores huyeron con el vehículo y, de acuerdo con testimonios incorporados a la causa, intentaron sacar a la menor por la ventanilla.

La niña fue arrastrada durante más de 15 cuadras hasta que el automóvil impactó contra un poste. Tras el choque, los atacantes escaparon y el cuerpo de la menor quedó debajo del vehículo.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió distintas pruebas que permitieron vincular a los sospechosos con el robo y el homicidio.

Entre los elementos incorporados al expediente se incluyeron registros de cámaras de seguridad, que mostraron al principal acusado usando un short con la imagen de Diego Maradona, prenda que posteriormente fue secuestrada por la DDI de La Plata durante un allanamiento en su vivienda.

Durante el juicio también declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien relató el impacto del crimen en la familia.

El hombre definió el proceso judicial como “muy duro” y sostuvo que el debate permitió esclarecer lo ocurrido.

Un hombre de 30 años identificado como Pablo Jesús Argañaraz fue condenado a cinco años de prisión por comercialización de estupefacientes y tenencia indebida de armas de fuego en la ciudad de Tostado.

La sentencia fue resuelta por el juez José Luis Estévez en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de Tostado. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Shirli Tomasso, en representación del Ministerio Público de la Acusación.

Durante la audiencia, la fiscal expuso que el condenado tenía en su vivienda estupefacientes fraccionados y preparados para su comercialización al menudeo. La droga fue secuestrada en un allanamiento realizado el sábado 3 de agosto de 2024 en un domicilio ubicado en calle Naciones Unidas al 1.200.

En ese procedimiento, personal de la Policía de Investigaciones incautó envoltorios con clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana. Además, se halló un revólver calibre 22 con ocho cartuchos en su tambor, sin la documentación legal correspondiente para su tenencia ni portación.

Tomasso también informó que, en un allanamiento previo realizado en 2023, la policía había secuestrado una escopeta calibre 16 de dos caños recortados, con dos cartuchos en la recámara, que también se encontraba bajo la esfera de custodia del condenado.

En el juicio abreviado, Argañaraz reconoció su responsabilidad en los hechos atribuidos por la Fiscalía y, junto a su defensa, prestó conformidad con las calificaciones legales y la pena impuesta.

La condena fue dictada por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

Un hombre de 32 años identificado como Milton David Sotelo fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de 5 niñas de su entorno familiar en Avellaneda (departamento General Obligado). Las víctimas son una sobrina del condenado y tres hijas y una sobrina de su expareja.

Así lo dispuso la jueza Norma Senn, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate.

Díaz indicó que “Sotelo llevó adelante su accionar delictivo entre 2018 y 2023 en dos viviendas del barrio Las Rosetas”. Al respecto, expuso que “los abusos se enmarcaron en el vínculo y relación de convivencia con las víctimas”.

“En todos los casos, los abusos tuvieron entidad suficiente para inferir en el libre y normal desarrollo de la sexualidad de las víctimas, tanto por la diferencia de edad, el vínculo, la modalidad y la reiteración” resaltó la fiscal.

En cuanto al origen de la investigación penal, la funcionaria del MPA planteó que “una de las víctimas logró develar los ataques ante personal de la Municipalidad de Avellaneda”. En tal sentido, destacó que “a partir de la denuncia correspondiente, Sotelo se encuentra detenido”.

Sotelo reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

Y abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

Junto con su abogada defensora, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

El Litoral

Un hombre de 44 años, identificado como Julio César Antonio Unrein, fue condenado a 27 años y 6 meses de prisión efectiva por haber cometido un robo en una vivienda de Santa Clara de Saguier, mientras se encontraba gozando de libertad condicional. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer al mediodía en los tribunales de Rafaela.

El proceso fue impulsado por el Ministerio Público de la Acusación, representado por la fiscal Fabiana Bertero, y estuvo a cargo de un tribunal pluripersonal integrado por la jueza Cecilia Álamo y los conjueces Sergio Beceyro y Carlos Farías Demaldé.

Tras conocerse el veredicto, la fiscal Bertero señaló que, si bien aún resta acceder a los fundamentos completos del fallo, la Fiscalía quedó conforme con la resolución. “La sentencia fue condenatoria y acorde a lo solicitado por el MPA; aguardaremos la notificación formal para su análisis”, indicó.

Según expuso la fiscal durante el debate, el hecho juzgado ocurrió en las primeras horas del 8 de marzo de 2021, cuando Unrein ingresó de manera furtiva a una vivienda de Santa Clara de Saguier mientras sus moradores dormían.

Para concretar el robo, abrió puertas ventana de aluminio y vidrio y sustrajo dinero en efectivo, un atado de cigarrillos y una billetera de cuero que se encontraban en la cocina. En ese momento fue sorprendido por el propietario de la casa, a quien amenazó de muerte para poder escapar con los elementos sustraídos.

Bertero explicó que la pena impuesta responde a la situación particular del imputado, quien al momento del robo se encontraba en libertad condicional por una condena previa a prisión perpetua, luego conmutada a 25 años de prisión, dictada en 2005 por un doble homicidio calificado por alevosía y por robo, cometido con arma de fuego.

Debido a esa circunstancia, la Fiscalía solicitó la unificación de ambas penas y la declaración de reincidencia, lo que fue finalmente aceptado por el tribunal.

El tribunal condenó a Julio César Antonio Unrein a 27 años y 6 meses de prisión efectiva, resultado de la unificación de la condena anterior por doble homicidio calificado y la nueva condena por robo, junto con la declaración de reincidencia.

La directora de Ballet Salta, Marina Jiménez, y su marido fueron condenados a 10 años de prisión acusados de haber abusado a su nieto cuando era menor y se trató de uno de los casos más impactantes de los últimos años respecto a la cultura provincial.

Aníbal Jiménez, padre de la víctima, confirmó la condena y expuso que desde un comienzo le creyó a su hijo y lo acompañó en el proceso de pericias, toma de declaraciones ya audiencias.

La denuncia fue radicada en junio de 2022 en la Ciudad de Buenos Aires por la propia víctima, quien sostuvo que, a partir de los 10 años, y hasta los 17, sus abuelos abusaron de él cuando se quedaba a dormir en su casa en Salta.

Otro punto que destacó en la denuncia es que algunos ataques tuvieron lugar en Mar del Plata, ciudad en la que pasaban las vacaciones familiares, señaló el medio El Tribuno.

Por el momento ambos acusados seguirán en libertad hasta que la condena quede firme. No se informó si la pena será de cumplimiento efectivo.

Ballet Salta publicó un comunicado luego de que se conozca la sentencia: “Es importante aclarar que, conforme a la legislación vigente, esta sentencia no se encuentra firme, estando a la espera de los fundamentos correspondientes, y se encuentran en trámite los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico. En este marco, Marina Jiménez continúa eximida de prisión, cumpliendo las obligaciones procesales correspondientes y poniéndose a disposición de las autoridades judiciales”.

“Con más de cincuenta y cinco años de trayectoria artística y formativa en la provincia y en el país, renovamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto hacia nuestra comunidad, hacia nuestros alumnos y hacia el públicos que nos acompaña desde hace décadas”, continua el escrito,

Se indicó que las actividades seguirán desarrollándose “adaptándose al contexto actual y priorizando el funcionamiento ordenado de su labor cultural”.

AgenciaNA

Un hombre de 33 años identificado como Cristian Sebastián Bracho fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña y de un niño en Fortín Olmos (departamento Vera). Las víctimas son la hija y el hijo –menores de edad– de la mujer que es su pareja.

La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Gon en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales de Vera.

El fiscal Valentín Hereñú representó al MPA en el debate y valoró que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos, dispuso la condena por la misma calificación penal que planteamos en la acusación y ordenó una pena similar a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Hereñú señaló que “el condenado vulneró la integridad sexual de la niña y del niño en reiteradas oportunidades entre diciembre de 2024 y en enero de este año”, y subrayó que “los abusos fueron cometidos en una casa en Fortín Olmos en la que convivían Bracho y la madre de las víctimas”.

“Las víctimas, que viven en otro lugar de la provincia junto con su padre, habían ido a la casa en la que convivían su madre y Bracho a pasar sus vacaciones de verano”, remarcó el fiscal.

El funcionario del MPA afirmó que “las agresiones sexuales fueron cometidas en momentos en los que el condenado se quedaba a cargo del cuidado de la niña y del niño, a raíz de que la madre de ellos se iba de la casa a trabajar”, y agregó que “los amenazaba para evitar que hablaran con otras personas de sus padecimientos”.

“El condenado se aprovechó de la diferencia de edad con las víctimas, del vínculo que los unía y de la vulnerabilidad de las dos personas menores de edad”, argumentó el fiscal.

En cuanto al origen de la investigación penal, Hereñú planteó que “la niña pudo develar lo sucedido a unos vecinos de Fortín Olmos, quienes realizaron la denuncia”. El fiscal hizo hincapié en que “luego, ella reiteró el relato de los hechos en la entrevista en Cámara Gesell, mientras que su hermano pudo contar lo ocurrido en la Comisaría de la Mujer y también a su papá cuando volvió a verlo”.

“Inmediatamente después de la denuncia iniciamos la investigación, ordenamos diversas diligencias, realizamos la imputación, solicitamos la prisión preventiva, presentamos la acusación y llegamos al juicio oral que finalizó con la condena a menos de un año de haber ocurrido los ilícitos”, concluyó Hereñú.

Bracho fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por su comisión aprovechando la convivencia prexistente con dos niños menores de 18 años de edad), dos hechos en concurso real entre sí.

EL

Gloria Romero, madre de Cecilia Stryzsowski, se refirió este miércoles a la audiencia de cesura en la que el Clan Sena solicitó la nulidad del veredicto por el femicidio. Tras el avance de las pericias y los elementos encontrados en la escena del crimen, Romero afirmó que, metafóricamente, su hija expresó: “No me desaparecieron”.

Romero sostuvo en redes sociales que aún desconoce la fecha en que se definirá la sentencia definitiva. “Estoy ansiosa y conforme. Creo que no les cabe otra sentencia que no sea perpetua de 35 años, a los tres”, manifestó.

La madre de Cecilia también se refirió al rol de Gustavo Obregón y Fabiana González. Señaló que se pedirá la máxima pena para ambos y destacó la colaboración de Obregón en la causa. “Fue el único que se quebró y dijo dónde estaban las bolsas. Si eso no pasaba, la palabra de Cecilia no iba a ser escuchada. Ceci se expresó a través de su dije y anillos, dijo: ‘Acá estoy, no me desaparecieron’. El nexo de esa palabra fue Obregón”, afirmó.

Romero expresó además su preocupación por el poder que, según dijo, el Clan Sena ejercía sobre habitantes del barrio. “Espero que se desarme el poder que tenían sobre la gente, que no pasen a ser los Salas del Chaco y que no tengan ese control aún en la cárcel”, advirtió.

En esa línea, recordó los audios atribuidos a Emerenciano Sena. “Cuando pasaba lista le respondían como soldados: ‘Acá estoy, capitán, firme’. Esa gente tiene la cabeza quemada. Es como una víctima de un narcisista, que te quita tu dolor”, señaló.

La madre de Cecilia dedicó también un mensaje a personas que atraviesan vínculos violentos o manipuladores. “Tenemos un valor propio e impreso y no tenemos que dejar que el exterior lo modifique. El narcisista te rompe la autoestima y te hace creer que no sos nada”, expresó.

Para cerrar, agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso judicial. “Gracias por estar ahí, por los mensajes y por todo. Esperemos entre todos la sentencia”, concluyó.

El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 5 de La Plata dictó este martes una condena de 6 años y 8 meses de prisión para el futbolista Diego García, actualmente en Peñarol, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, cometido en 2021 durante una reunión en una quinta de Abasto, cuando integraba el plantel de Estudiantes de La Plata.

El fallo fue pronunciado por el juez Ezequiel Medrano, quien además ordenó la detención inmediata del jugador al finalizar la lectura. García permanecerá bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica, mientras el expediente avanza hacia la etapa de apelaciones. En Uruguay, Peñarol ya confirmó que procederá a rescindir su contrato.

El proceso oral comenzó el 28 de octubre y se extendió durante semanas de audiencias en las que declararon testigos, especialistas y las partes involucradas. La etapa de alegatos se cerró el 5 de noviembre, y luego se pasó a un cuarto intermedio hasta la sentencia.Según indicaron fuentes judiciales, la víctima ofreció un testimonio considerado “contundente” por la fiscalía, encabezada por Lucas Domsky, quien destacó la coherencia y la carga emocional del relato. Durante la declaración, la joven se quebró al describir la violencia sufrida, lo que fue tomado como un indicador de veracidad. La fiscalía reforzó su acusación con pericias, audios y constatación de lesiones, remarcando que el consentimiento “no se presume” y debe ser libre e inequívoco.

La querella, representada por el abogado Marcelo Peña, sostuvo desde el primer día que no buscaba un resarcimiento económico, sino una respuesta judicial proporcional al daño sufrido. Solicitó una condena de 10 años y pidió que se investigue por falso testimonio a dos personas que, según su postura, intentaron manipular el relato de los hechos. Uno de los puntos resaltados por la querella fue el golpe en el pómulo de la denunciante, cuya explicación por parte de la defensa resultó inconsistente.

La estrategia de la defensa y la reacción del jugador

Por su parte, la defensa encabezada por Diego Bandín sostuvo hasta el final la hipótesis del consentimiento y reclamó la absolución. Rechazaron dos oportunidades de acuerdo abreviado porque, según argumentaron, García “necesitaba ir a juicio para demostrar su inocencia”. También cuestionaron contradicciones entre testimonios y la falta de pericias médicas concluyentes, aunque el Tribunal desestimó estos planteos.

En sus últimas palabras antes del veredicto, García se limitó a agradecer el apoyo de los clubes que lo acompañaron, sin hacer referencia a los hechos denunciados. Al escuchar la sentencia, el jugador sufrió una descompensación, lo que generó momentos de tensión en la sala.

Qué sucederá con García a partir de ahora

Con la condena ya dictada, García quedó alojado en La Plata mientras se formalizan los pasos procesales posteriores. La pena se encuentra en primera instancia, por lo que la defensa podrá apelar ante la Cámara de Casación. Sin embargo, para la Justicia platense, la responsabilidad penal del futbolista quedó acreditada tras cuatro años de proceso.

El fallo representa un cierre relevante en una causa que tuvo amplia repercusión pública y que ahora abre un nuevo capítulo en el ámbito judicial y deportivo.

La Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia realizará este miércoles la audiencia de cesura en la que se conocerán las penas contra Marcela Acuña, Emerenciano y César Sena, condenados por el femicidio de Cecilia Stryzsowski. La citación está fijada para las 9, instancia en la que la jueza Dolly Fernández leerá las sentencias para los acusados y para Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González.

El 15 de noviembre, un jurado popular encontró culpable a César Sena por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género; mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados partícipes necesarios del crimen. En el mismo fallo, Obregón, González y Melgarejo fueron responsabilizados por encubrimiento agravado. La única absuelta fue Griselda Reinoso.

De acuerdo con fuentes judiciales, se prevé que el Clan Sena reciba prisión perpetua, una pena que se ajusta al artículo 80 del Código Penal, que contempla esta sanción para los femicidios.

El caso adquirió notoriedad nacional desde que Cecilia Stryzsowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 ingresando a una vivienda que la familia Sena tenía en las afueras de Resistencia. Las cámaras de seguridad demostraron que la joven nunca salió del lugar. Aunque el cuerpo no fue hallado, la investigación reunió pruebas que permitieron establecer que fue asesinada, descuartizada y carbonizada, y que sus restos fueron dispersados en una zona cercana a la propiedad de sus suegros.

El femicidio de Cecilia se convirtió en uno de los hechos criminales más significativos de la historia chaqueña y derivó en investigaciones paralelas por las presuntas conexiones del clan con sectores del poder político provincial. La expectativa está puesta ahora en la lectura de la sentencia final.

En las últimas horas circularon versiones sobre dos episodios graves dentro del penal de Melchor Romero, donde permanecen alojados los jóvenes condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Sin embargo, tanto el entorno de uno de los internos como el propio Servicio Penitenciario Bonaerense desmintieron esos trascendidos.

Las versiones indicaban que Luciano Pertossi había intentado quitarse la vida. Esa información fue rechazada de plano por personas cercanas al joven, quienes se comunicaron con la agencia Noticias Argentinas.

“Las noticias sobre Luciano fueron absolutamente falsas”, afirmaron. Y agregaron: “Lamentamos que se difundan versiones tan graves sin medir las consecuencias”.

Los dichos surgieron luego de que Fernando Burlando, abogado de la familia Báez Sosa, hablara del tema en televisión.

Al mismo tiempo, se difundieron versiones sobre una supuesta pelea de Máximo Thomsen con otros presos y una posterior sanción disciplinaria. Esa versión también fue descartada.

En un comunicado, el Servicio Penitenciario Bonaerense sostuvo que “el estado actual de todos los internos vinculados al caso Báez Sosa no presenta modificaciones” y confirmó que no se dispusieron medidas de aislamiento ni sanciones recientes.

La información oficial señala que, dentro del penal, los condenados permanecen bajo el régimen habitual y sin novedades que ameriten corrección disciplinaria.

En una causa que conmovió a la pequeña comunidad de San Jerónimo Sud, la Justicia condenó a un hombre por la difusión de material pornográfico manipulado digitalmente con los rostros de mujeres del pueblo. El imputado, identificado como Luciano Larrabeitía (51), dueño de una verdulería local, admitió su responsabilidad, pidió perdón ante las víctimas y deberá afrontar una multa y el pago de una indemnización colectiva.

El escándalo estalló en 2023, cuando más de veinte mujeres de este pueblo de poco menos de 3.000 habitantes comenzaron a detectar en redes sociales y chats la circulación de videos y fotos en los que sus rostros habían sido montados sobre contenidos explícitos. La conmoción comunitaria fue inmediata: en un ámbito donde casi todos se conocen, el daño psicológico y social fue profundo, señalaron varias denunciantes.

La investigación judicial se orientó hacia la hipótesis de que se trataba de material editado y distribuido a través de un grupo de mensajería. Los equipos periciales y la Fiscalía remontaron los rastros hasta dar con antecedentes vinculados al imputado: en 2015 ya había sido señalado por la circulación de pornografía infantil desde una dirección IP asociada a su domicilio, según consignó el fiscal que impulsó la pesquisa.

Un allanamiento al local y a la vivienda de Larrabeitía permitió secuestrar varios dispositivos —teléfonos, pendrives, una notebook, CDs y una cámara— donde los peritos localizaron archivos “en crudo” que habrían sido la base para las ediciones con inteligencia artificial y montaje sobre rostros de vecinas.

En la audiencia celebrada este miércoles en los Tribunales de San Lorenzo, la jueza Griselda Strologo afirmó que la conducta se encuadra en delitos vinculados a la afectación de las víctimas por la generación de “imágenes irreales” y aplicó la sanción máxima prevista en el marco de la figura por la que fue juzgado: una multa de $20.000 y la obligación de abonar $800.000 en concepto de reparación para las querellantes.

En su pronunciamiento, la magistrada destacó la importancia del mecanismo de audiencia en la provincia: “Esto es importante porque equipara derechos. Las propias víctimas pueden escuchar y no sólo ser escuchadas por el tribunal y acceder a la Justicia”, dijo, y subrayó el valor de que el imputado pueda “internalizar la condena y la conducta que tuvo”.

Al momento de enfrentar a las mujeres afectadas, Larrabeitía pidió perdón: “Les pido disculpas aunque sea tarde y no sirva de nada ahora. No pude darme cuenta entonces del daño que estaba causando. Puedo darme cuenta hoy, después de mucho tiempo de tratamiento psicológico y psiquiátrico, de la gravedad de los hechos. Les pido disculpas a las que están presentes, a las que no y a los que se vieron afectados por lo que pasó. Por supuesto que es algo que nunca más voy a volver a hacer y me avergüenzo de haberlo hecho”, afirmó.

Algunas de las víctimas hicieron uso de la palabra en la audiencia y relataron el dolor, la humillación y las consecuencias sociales que provocó la difusión del material en un pueblo pequeño: el señalamiento público, el estigma, la desconfianza y el impacto sobre familias enteras. Varios testimonios señalaron además que parte del material utilizaba imágenes antiguas, incluso de cuando algunas mujeres eran menores, hecho que agravó la gravedad de la situación.

La Red Federal de psicólogas y psicoanalistas, que en casos similares suele acompañar a las denunciantes, había alertado sobre la naturalización de prácticas de violencia digital en ámbitos académicos y comunitarios y sobre la necesidad de traer estos hechos al fuero penal.

La condena se inscribe en un contexto de creciente atención sobre los delitos digitales que utilizan herramientas de inteligencia artificial para crear “deepfakes” y material sexual falso. Para la jueza Strologo, permitir que el condenado escuche el impacto directo en sus víctimas forma parte de un proceso reparatorio y pedagógico: “Es importante que pueda escuchar de propia mano el dolor y los traumas que les causó a las propias víctimas”, concluyó.

Con la sentencia, las afectadas obtienen una reparación económica y, según se indicó, la posibilidad de continuar con medidas de acompañamiento psicológico y acciones civiles adicionales si así lo decidieran. En tanto, la causa dejó en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos locales de prevención, denuncia y asistencia frente a la violencia digital en comunidades pequeñas.

A 23 años del crimen de María Marta García Belsunce, su esposo, Carlos Carrascosa, avanza en una demanda contra el Estado argentino y la provincia de Buenos Aires por la condena errónea que lo llevó a pasar más de seis años en prisión.

El abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Canto, confirmó a la agencia Noticias Argentinas que la presentación ya fue formalizada ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

“Pedimos que se condene al Estado y a la provincia a reparar el daño que se le ha hecho con una condena injusta y sin sustento”, afirmó el letrado.

El asesinato de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country El Carmel de Pilar, es considerado uno de los casos más emblemáticos de la historia criminal argentina.

Durante años, Carrascosa fue señalado como el principal sospechoso. En 2009 fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado por el vínculo y pasó seis años detenido en el penal de Campana, hasta que en 2015 obtuvo prisión domiciliaria con tobillera electrónica en un country de Escobar.

En 2016, tras una revisión judicial, el Tribunal de Casación bonaerense anuló la condena y lo absolvió, al no hallarse pruebas que acreditaran su participación en el crimen.

Recién en 2024, más de dos décadas después del hecho, la Justicia condenó a Nicolás Pachelo, vecino del matrimonio en el country, a prisión perpetua por el delito de homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego, además de robo agravado.

La sentencia confirmó que el móvil del crimen fue el robo y no un conflicto familiar, desbaratando la hipótesis inicial que había llevado a Carrascosa a prisión.

El pedido de Carrascosa busca una indemnización por los años de prisión y el daño moral ocasionado por la investigación errónea.

“El monto de la reparación aún no está determinado”, explicó Díaz Canto, quien agregó que su defendido “se encuentra bien y con expectativa de que el reclamo prospere”.

El “caso García Belsunce” no solo generó un impacto mediático sin precedentes, sino que expuso fallas en el sistema judicial, irregularidades periciales y un manejo cuestionado de la investigación inicial.

A más de dos décadas del crimen, el pedido de Carrascosa apunta a que el Estado reconozca su responsabilidad en una de las condenas más controvertidas de la historia judicial argentina.

El ex presidente comunal de Villa Saralegui, Walter Sola, fue condenado este miércoles a dos años de prisión de cumplimiento condicional por agredir y amenazar al productor agropecuario Leonardo González Kees, durante un episodio ocurrido en octubre de 2022 en el patio del edificio comunal.

El fallo, dictado por el juez penal Luis Octavio Silva, también alcanzó a su hijo, Nicolás Sola Capriotti, quien recibió un año y medio de prisión condicional. Ambos quedaron sujetos a restricciones, entre ellas la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima.

“La condena refleja un trabajo bien hecho desde el inicio de la investigación”, destacó el fiscal Francisco Cecchini, quien actuó junto al querellante Néstor Oroño.

Walter Sola fue hallado culpable como autor de daño y coautor de amenazas y lesiones dolosas leves, mientras que su hijo fue condenado por estos dos últimos delitos.

El fiscal Cecchini y el abogado querellante se mostraron conformes con el veredicto, aunque aclararon que aguardarán los fundamentos de la sentencia, ya que habían solicitado penas de cumplimiento efectivo.

Por su parte, el defensor de los Sola, Agustín Márquez, expresó satisfacción por la decisión judicial:

“Celebramos que las penas sean en suspenso y que no se haya aplicado la agravante de alevosía”, sostuvo, aunque adelantó que esperará los fundamentos antes de definir una eventual apelación.

El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2022, cuando González Kees se presentó en la comuna para reclamar por un incidente relacionado con una tranquera rural. Según la acusación, al intentar dialogar con Sola y su hijo, fue agredido físicamente, amenazado y sufrió el daño de su teléfono celular.

“Solo quise hablar con ellos y terminé golpeado”, había declarado el productor durante el juicio, en el que relató haber sentido “humillación e impotencia” tras el ataque.

En ese contexto, el clima político en la localidad era tenso debido a los reclamos de productores por el aumento de la tasa por hectárea, lo que habría contribuido a exacerbar los ánimos.

La agresión derivó además en una investigación paralela por supuestas irregularidades en la gestión comunal. La fiscal Bárbara Ilera imputó a Walter y Nicolás Sola por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, malversación de caudales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Es una causa separada, pero que se originó en el mismo contexto de conflicto entre los productores y las autoridades”, explicó el querellante Oroño.

El episodio tomó trascendencia pública cuando el diputado José Luis Espert, pariente de la víctima, difundió el caso en sus redes sociales para visibilizar la situación.

Paradójicamente, el economista —ligado a La Libertad Avanza— fue recientemente mencionado en otra investigación judicial tras haber recibido una transferencia de 200.000 dólares de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado, procesado por lavado de dinero, estafas y narcotráfico en Estados Unidos.

La Justicia de San Francisco, Córdoba, dictó condena contra tres integrantes de una banda narco que operaba en distintas localidades del este provincial. Las penas alcanzan los ocho años de prisión y fueron resultado de un juicio abreviado, en el que los acusados reconocieron su participación en la comercialización de estupefacientes.

Según se detalló en el fallo, la organización era dirigida desde la cárcel de San Francisco y tenía como puntos de venta las ciudades de Arroyito y Tránsito.

Los condenados fueron identificados como:

Los tres fueron detenidos el 23 de junio de 2023 durante un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). En aquel procedimiento, los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana, una motocicleta, dinero en efectivo por un total de $772.500, y otros elementos de interés para la causa.

La investigación permitió probar que los implicados mantenían un esquema de distribución coordinado desde la cárcel, abasteciendo puntos de venta en distintas localidades.

La causa fue llevada adelante por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, y la condena representa un nuevo golpe a estructuras delictivas que operan desde contextos de encierro.

Un hombre de 56 años identificado como Raúl Antonio Ramayo fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de la nieta menor de edad de una mujer que era la pareja de él en Reconquista.

La sentencia fue dispuesta por la jueza Claudia Bressán, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses.

La fiscal Georgina Díaz estuvo a cargo de la investigación que permitió llegar a la condena. En tal sentido, mencionó que “cuando desde el MPA habíamos reunido elementos probatorios contundentes para sostener nuestra teoría del caso en la audiencia preliminar, Ramayo admitió su responsabilidad penal y propuso el juicio abreviado”. En tal sentido, aclaró que “la madre de la víctima fue informada y consideró que la salida alternativa era la más adecuada para obtener una respuesta satisfactoria para la familia sin atravesar un juicio oral”.

Díaz señaló que “el condenado cometió los ilícitos entre 2021 y 2023, en oportunidades en las que la niña iba de visita a la casa de su abuela, así como en ocasiones en las que él la retiraba de la escuela primaria a la que asistía y era el único adulto a cargo de cuidarla”. Asimismo, la fiscal afirmó que “por lo menos dos veces, Ramayo le mostró a la víctima videos pornográficos que tenía en su teléfono celular”, y precisó que “en el marco del proceso penal, el dispositivo móvil fue secuestrado”.

“Por sus características y el contexto intrafamiliar en el que se enmarcaron, los hechos delictivos tuvieron entidad suficiente para interferir en el libre y progresivo desarrollo sexual de la niña”, aseveró la funcionaria del MPA.

En tanto, Díaz valoró que “en el ámbito escolar, la víctima pudo contarle a una maestra las prácticas sexuales a las que la pareja de su abuela la sometía”. Al respecto, indicó que “la institución educativa convocó de inmediato a la madre de la niña, quien al enterarse de lo sucedido radicó la denuncia que originó la investigación penal”.

Ramayo fue condenado como autor de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una víctima menor de 13 años; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la guarda), y promoción a la corrupción de menores agravada (por la edad de la víctima y por la guarda).

Ante la jueza Bressán, la Defensa aceptó la calificación penal de los ilícitos propuesta por la Fiscalía, la pena a 10 años de prisión y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio. 

Este martes 26 de agosto, a las 12:00 horas en los Tribunales de Rafaela, se dio a conocer la sentencia contra N.C., un hombre de 44 años, acusado de abusos sexuales cometidos en concurso real de delitos contra cinco víctimas, cuatro de ellas menores de edad al momento de los hechos.

La Fiscalía había solicitado una pena de 22 años de prisión, mientras que la Querella reclamó 25 años. Por su parte, la Defensa pidió la absolución del imputado, argumentando la prescripción de los delitos por haberse cometido hace más de 15 años. Sin embargo, el tribunal rechazó este planteo, amparado en normativas vigentes.

El tribunal pluripersonal, conformado por los jueces Juan Gabriel Peralta, José Luis Estévez y el conjuez Carlos Farías Demaldé, condenó a N.C. a 21 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante, en diferentes circunstancias y modalidades, incluyendo agravantes por convivencia, parentesco y abuso de una relación de poder.

Durante el juicio, se presentaron testimonios clave de las víctimas, pericias psicológicas y evidencias documentales, mientras que la defensa llevó más de una decena de testigos, entre ellos psicólogos forenses, familiares y allegados del acusado, intentando demostrar su inocencia y desacreditar los testimonios acusatorios.

Algunas imputaciones fueron desestimadas por falta de acusación formal, pero en la mayoría de los hechos, el tribunal confirmó la responsabilidad penal del imputado. En uno de los casos, la víctima había fallecido y fue representada indirectamente por su madre. Otras víctimas declararon en persona o mediante escritos.

Un hombre de 65 años fue condenado a ocho años de prisión por haber abusado sexualmente de su nieta en San Carlos Sud y en San Carlos Norte, ambas localidades del departamento Las Colonias.

La sentencia fue dispuesta por unanimidad por las juezas Susana Luna (presidenta), y Rosana Carrara y el juez Pablo Busaniche, en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate. Tras conocer el veredicto, indicó que “el tribunal consideró probada la atribución delictiva y optó por la pena que habíamos solicitado en nuestros alegatos, por lo que estamos conformes con lo resuelto”.

“El condenado vulneró la integridad sexual de su nieta en reiteradas oportunidades entre 2011 y 2018”, sostuvo el fiscal y aclaró que “al momento de los primeros ilícitos, la víctima iba al jardín de infantes”. Según señaló, “los abusos tuvieron lugar en viviendas ubicadas en zonas rurales en las que el agresor solía quedarse a cargo de cuidar a la víctima a raíz del vínculo familiar entre ellos”.

Benítez afirmó que “con el fin de procurar su impunidad, el condenado instaba a su nieta a no hablar con otras personas sobre las conductas delictivas a las que él la sometía”.

En cuanto a la denuncia que originó la investigación penal, el funcionario del MPA valoró que “fue radicada por la madre de la niña”.

El abuelo paterno de la víctima fue condenado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por el vínculo).

Las iniciales del condenado son JRM. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de su nieta, quien tiene el mismo apellido que él.

Evelio Horacio Ramallo, de 39 años, fue condenado a prisión perpetua por ser el jefe de una organización criminal que cometía hechos ilícitos relacionados a violencias altamente lesivas en la ciudad de Rafaela y alrededores. Además, fue declarado reincidente.

La sentencia fue resuelta por un tribunal integrado por los jueces Gustavo Bumaguin, Juan Gabriel Peralta y José Luis Estévez en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos cuya resolución fue notificada esta mañana desde los tribunales de Rafaela.

Además de imponer la prisión perpetua, los magistrados rechazaron un planteo de inconstitucionalidad presentado por la Defensa de Ramallo en relación con los institutos de la Ley de Ejecución Penal.

El MPA fue representado por la Fiscalía Regional 5 –a cargo del Fiscal Regional, Carlos Vottero–, en la cual tramitó la investigación de los ilícitos.

Ramallo admitió su responsabilidad penal en todos los hechos ilícitos atribuidos por la Fiscalía, entre ellos, homicidios calificados consumados y en grado de tentativa, amenazas coactivas agravadas y amenazas en carácter de instigador. Junto con su Defensa aceptaron las calificaciones legales y la pena de prisión perpetua.

Por su parte, las víctimas y los familiares de las personas fallecidas fueron notificadas de lo resuelto y manifestaron su conformidad.

En la audiencia, el MPA enumeró los 10 hechos ilícitos por los que fue condenado Ramallo y las calificaciones legales correspondientes.

“El primero de ellos fue por su rol de jefe de una asociación ilícita en calidad de coautor”, precisó la Fiscalía en la audiencia y agregó que “se logró probar que esa organización criminal que él lideraba cometió ilícitos en Rafaela y alrededores entre agosto de 2021 y el 27 de febrero de 2022”.

La Fiscalía detalló que “mientras el condenado estuvo alojado en distintas unidades carcelarias de la provincia, dispuso –con plena autoridad de decisión y acción– mediante promesa remuneratoria a los miembros de la asociación ilícita y a otras personas aún no identificadas, para que ejecuten los ilícitos que se le atribuyeron”.

De acuerdo con lo informado en la audiencia por el MPA, “Ramallo fue instigador de los homicidios de Rudy Leonel González ocurrido el 3 de agosto de 2021, y de Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez, cometidos el 21 de diciembre del mismo año”.

“También se probó su participación en carácter de instigador de seis tentativas de homicidio”, subrayó la Fiscalía y enumeró que “cinco de ellas fueron perpetradas en Rafaela (el 1 de agosto y el 23 de octubre de 2021, y el 6, 20 y 23 de febrero de 2022) y otra en Bella Italia (el 9 de febrero de 2022).

El MPA también precisó que “a Ramallo se lo condenó por ser instigador de amenazas coactivas agravadas cometidas del 14 de febrero de 2022, y por la autoría de coacciones y amenazas en febrero del mismo año, ambos ilícitos en Rafaela”.

Ramallo fue condenado por ser coautor del delito de asociación ilícita en calidad de jefe; instigador de homicidio doloso calificado (por precio o promesa remuneratoria) y agravado (por el uso de arma de fuego); instigador de homicidio doloso calificado (por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas) y agravado (por el uso de arma de fuego); instigador de cuatro tentativas de homicidio calificado (por precio o promesa remuneratoria) y agravado (por el empleo de un arma de fuego); instigador de dos tentativas de homicidio doloso calificado (por precio o promesa remuneratoria) y agravado (por el uso de arma de fuego y por la participación de menores de 18 años de edad); instigador de amenazas coactivas agravadas; y autor de coacciones y amenazas.    

Un hombre de 61 años cuyas iniciales son HRM fue condenado a 16 años de prisión por abusos sexuales que cometió de manera reiterada en perjuicio de su hija en Cayastá (departamento Garay). La víctima era menor de edad al momento de los hechos ilícitos.

La sentencia fue dispuesta por el juez Luis Octavio Silva en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos desarrollado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La fiscal que investigó los ilícitos es Luciana Escobar Cello, quien también representó al MPA en la audiencia en la que se dispuso condenar al hombre investigado, de quien no se brinda su identidad para revictimizar a su hija, ya que tienen el mismo apellido.

Escobar Cello sostuvo que “el condenado abusó sexualmente de su hija en reiteradas oportunidades”. Agregó que “en algunas de esas ocasiones cometió los ilícitos en la casa que compartía con la víctima y con el resto del grupo familiar, pero también la atacó sexualmente en una zona de la costa cercana a su vivienda”.

 “Los abusos ocurrieron desde que ella transitaba el nivel inicial de su escolaridad hasta los primeros años de la secundaria”, precisó la fiscal y añadió que “el condenado amenazaba a su hija para que se mantuviera en silencio”.

La fiscal del MPA remarcó que “la víctima pudo contarle a su pareja los padecimientos que había sufrido, y con ayuda de profesionales de la salud mental realizó la denuncia correspondiente en 2023”. En tal sentido, añadió que “al momento de hacer la denuncia, ya era mayor de edad”.

Escobar Cello resaltó que “los abusos cometidos por el condenado, más la diferencia de edad con su hija, el vínculo que los unía y las amenazas hacia la niña, tuvieron entidad suficiente para adelantar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la víctima”.

HRM fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado (por resultar un grave daño a la salud mental de la víctima; el vínculo; la guarda y la convivencia) y promoción a la corrupción de menores.

Una abogada santotomesina firmó una probation, evitando la condena, tras haber sido imputada en una causa por acoso serial cuyas víctimas fueron un empresario santafesino y otra abogada.

María Sol F. alcanzó un acuerdo de suspensión de juicio a prueba, conocido como probation, en una causa por amenazas calificadas reiteradas. El acuerdo fue alcanzado por la fiscal Lucila Nuzzo y los abogados defensores Ignacio Alfonso Garrone y Cara Vázquez.

El juez penal Octavio Silva le impuso reparaciones económicas y un conjunto de estrictas normas de conducta que deberá cumplir durante un período de dos años. Si la mujer se atiene a lo pactado y no comete nuevos delitos en ese lapso, la causa culminará con su sobreseimiento definitivo.

La causa se destacó por la modalidad y persistencia del hostigamiento, que se originó a principios de 2022 y tuvo como principal víctima a un empresario de Santa Fe, cuyo nombre se mantiene en reserva.

La imputación, formalizada en septiembre de 2023, detalla un patrón de acoso sistemático que incluyó un alarmante número de llamadas anónimas y amenazas dirigidas también a la abogada que representaba al damnificado.

Entre el 14 de enero y el 19 de mayo de 2022, la abogada realizó al menos 1700 llamadas anónimas al teléfono personal del empresario. Estas comunicaciones se producían en cualquier momento del día, incluso durante la madrugada, desde un número privado.

La frecuencia era variada: algunos días se limitaban a una sola llamada, mientras que otros superaban las 100, llegando en una ocasión a la asombrosa cifra de 426 contactos en un solo día.

La naturaleza de las llamadas era perturbadora. En una oportunidad, una voz masculina modificada profirió la explícita amenaza: “Te vamos a reventar”. En el resto de las ocasiones, la imputada se mantenía en línea en silencio, solo permitiendo oír el sonido de su respiración o la marcación de números.

La insistencia, duración y cantidad de estas comunicaciones tuvieron severas consecuencias para el empresario, quien se sintió profundamente amedrentado. Esta situación lo llevó a vivir con un miedo permanente, viéndose forzado a iniciar tratamiento psicológico y médico debido al estrés, además de sufrir importantes perjuicios comerciales, empresariales y personales.

La investigación reveló que algunas de estas llamadas fueron realizadas desde la línea telefónica de la abuela de María Sol F. y otras desde el teléfono de su padre, lo que permitió rastrear su origen.

Una vez que el empresario decidió denunciar, su abogada fue objeto de hostigamiento anónimo a través de mensajes y correos electrónicos. Paradójicamente, esta nueva víctima era colega y amiga de la propia María Sol F.

En los mensajes, la imputada enviaba advertencias ominosas como "se metieron con las personas equivocadas. Todo vuelve" y "les va a salir el tiro por la culata y voy a disfrutar el momento", incluso simulando que una expareja del empresario era la autora de las amenazas.

La audacia de María Sol F. llegó al punto de valerse de información obtenida de un vínculo personal con un empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), simulando ser víctima de un delito para conseguir datos.

Posteriormente, utilizó esta información para enviar múltiples correos electrónicos desde un remitente desconocido al empresario, a su abogada y a su propio correo personal, incluyendo capturas de pantalla del sistema informático del MPA con datos de la denuncia.

Esta maniobra tenía el claro objetivo de amedrentar al empresario para que desistiera de la denuncia y a la abogada para que no asumiera su representación. Los hechos fueron calificados como “amenazas reiteradas calificadas por ser anónimas” contra el empresario, y “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas”, además de “amenazas coactivas reiteradas”, en perjuicio de ambos.

El acuerdo de suspensión de juicio a prueba que fue firmado el miércoles pasado, detalla una serie de obligaciones que la imputada deberá cumplir para lograr su sobreseimiento.

La abogada víctima solicitó que María Sol F. realice una reparación económica de $600.000 a la entidad pública “Animales en Adopción SF”. Respecto al empresario, deberá efectuar una reparación económica cuyo monto no fue difundido públicamente y enviarle una carta de disculpas.

Para con ambas víctimas, se estableció una medida de distancia no inferior a los 200 metros y un impedimento de contacto absoluto, que abarca medios telefónicos, redes sociales y contacto a través de terceras personas, todo por el término de dos años.

Adicionalmente, se establecieron reglas de conducta generales que María Sol F. deberá acatar. Estas incluyen la obligación de fijar un domicilio y notificar cualquier modificación del mismo. También deberá someterse al control de la Dirección de Asistencia y Control Pospenitenciario, y abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes, así como de portar armas de fuego.