Un hombre de 36 años, identificado como Ezequiel Rubén Sukliet, fue condenado a cinco años de prisión como coautor de un robo cometido en perjuicio de su madre en Monte Vera, departamento La Capital.

La sentencia fue dispuesta por el juez Sergio Carraro durante un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo, quien señaló que el legajo penal continúa abierto debido a que otros dos hombres están imputados y permanecen en prisión preventiva como presuntos coautores del hecho.

El hecho ocurrió el martes 15 de abril de 2025, entre las 19 y las 19:30, en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 5.500, en Monte Vera, donde residía la madre de Sukliet.

Según expuso la fiscal, el condenado y los otros dos imputados se distribuyeron funciones para concretar el robo e ingresaron al domicilio. Allí agredieron a la víctima con un objeto de cemento que se encontraba en el patio delantero.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió heridas que le provocaron riesgo de muerte.

Los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo, un reloj, una riñonera, una bandolera, un pantalón, una campera y un teléfono celular.

Nuzzo explicó que los otros dos involucrados fueron detenidos ese mismo día, mientras que Sukliet inicialmente simuló haber sido víctima del hecho junto con su madre. Sin embargo, el avance de la investigación permitió determinar que había participado como coautor y posteriormente fue detenido.

Además del robo, la sentencia contempló otros hechos atribuidos a Sukliet.

La fiscal indicó que el hombre encubrió el robo de dos cuadros y un reloj. También incumplió una orden judicial que le prohibía ingresar a Monte Vera, medida que había sido dispuesta en el marco de otro legajo penal.

A esto se sumó un episodio ocurrido mientras permanecía detenido en una comisaría, donde provocó daños al romper parte del cielorraso de la dependencia policial.

Durante el juicio abreviado, Sukliet reconoció su responsabilidad penal como coautor de robo calificado por el uso de arma y por las consecuencias provocadas a la víctima, además de admitir los delitos de encubrimiento por receptación dolosa, desobediencia a un mandato judicial y daño.

El condenado aceptó, junto con su abogado defensor, todos los términos del acuerdo.

Las víctimas se constituyeron como querellantes, fueron informadas de lo resuelto a través de su abogado y manifestaron su conformidad con la condena.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Juan Francisco Trigatti, el docente condenado por delitos contra la integridad sexual cometidos contra cinco alumnas menores de edad en una escuela de la capital provincial.

La resolución fue adoptada por mayoría. Los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco y Margarita Zabalza votaron por no hacer lugar al planteo defensivo.

En disidencia se pronunciaron Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

El recurso había sido presentado luego de que un tribunal de segunda instancia rechazara un planteo de inconstitucionalidad contra la resolución que confirmó la condena de 12 años de prisión.

Trigatti había sido absuelto en primera instancia, al término de un juicio oral. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el Ministerio Público de la Acusación.

Posteriormente, un tribunal de segunda instancia integrado por los camaristas Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón hizo lugar al planteo de la Fiscalía, revocó la absolución y condenó al docente.

La sentencia lo consideró autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación, en perjuicio de cuatro víctimas, y de abuso sexual simple agravado por la misma condición, respecto de una quinta alumna.

La defensa apeló la sentencia, pero el 7 de noviembre de 2025 otro tribunal de segunda instancia, integrado por Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, confirmó la condena.

Ese tribunal también rechazó el recurso de inconstitucionalidad impulsado por los abogados del docente.

Frente a esa decisión, la defensa acudió ante la Corte Suprema provincial mediante un recurso de queja. El máximo tribunal santafesino resolvió ahora, por cuatro votos contra tres, rechazar el planteo.

Un hombre de 32 años identificado como Carlos Miguel Ramos fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por tener cocaína y marihuana destinadas a la venta al menudeo en Santo Tomé.

La sentencia fue impuesta por la jueza Susana Luna durante un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo del fiscal Roberto Apullán.

Ramos permanecía privado de su libertad desde el 13 de enero, cuando la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos por microtráfico en Santo Tomé y Laguna Paiva. Uno de los procedimientos tuvo lugar en la zona de Tomás Lubary y Córdoba, donde la PDI secuestró estupefacientes y otros elementos vinculados con la investigación.

Según detalló Apullán, en poder del ahora condenado fueron encontrados 14 gramos de cocaína dentro de un envoltorio y 29 gramos de marihuana distribuidos en otros dos paquetes.

Para la Fiscalía, distintos elementos permitieron establecer que las sustancias no estaban destinadas al consumo personal. Además de encontrarse acondicionadas en envoltorios, los investigadores secuestraron una balanza digital de precisión con vestigios de cocaína y $186.300 en billetes de baja denominación.

También fue incautado un cuaderno con anotaciones de fechas y montos de dinero, junto con el DNI de otro hombre vinculado con la pesquisa. Antes del allanamiento, personal de la División Microtráfico de la PDI había realizado tareas de investigación de campo para reunir elementos sobre la presunta comercialización.

Ramos finalmente fue condenado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Confirmaron en segunda instancia la condena a 23 años de prisión impuesta a Miguel Ángel Spahn, de 40 años, por el homicidio de Gonzalo Andrés Riatto, ocurrido en 2023 en la localidad de Lehmann, departamento Castellanos.

La resolución fue dictada por los camaristas Sergio Alvira, Cristian Fiz y Fabio Mudry, quienes resolvieron por unanimidad rechazar los planteos realizados por la Defensa y confirmar íntegramente el fallo apelado.

El fiscal Martín Castellano, a cargo de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación en las distintas etapas del proceso judicial.

“La condena había sido dispuesta en septiembre del año pasado en el marco de un juicio oral, cuya sentencia fue recurrida por la Defensa. Los camaristas rechazaron todos los agravios presentados y confirmaron íntegramente el fallo apelado”, indicó Castellano.

El fiscal explicó que el tribunal de segunda instancia consideró correctamente fundada la condena impuesta a Spahn, al valorar la gravedad del hecho y las circunstancias acreditadas durante el juicio.

“El tribunal de segunda instancia concluyó que la pena a 23 años impuesta a Spahn estuvo debidamente fundamentada, es razonable y proporcional al ilícito cometido”, subrayó Castellano.

En ese sentido, sostuvo que la Cámara descartó los cuestionamientos de la Defensa sobre la valoración realizada por el tribunal de juicio.

“Los magistrados de la Alzada señalaron que la Defensa no logró demostrar arbitrariedad en la sentencia y que sus cuestionamientos se limitaban a discrepar con la valoración realizada por el tribunal de juicio respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes del caso”, agregó.

Entre los fundamentos de la resolución, los jueces tuvieron en cuenta la forma en que se produjo el homicidio, cometido con un arma blanca, y el accionar del condenado contra la víctima.

“Los camaristas destacaron la extrema gravedad del hecho delictivo, al considerar acreditado que Spahn persiguió a la víctima, quien intentó escapar y refugiarse en reiteradas oportunidades antes de ser agredido mediante múltiples puñaladas”, precisó el fiscal.

Castellano también remarcó que la Cámara valoró la continuidad del ataque y el impacto que el crimen tuvo en el entorno familiar de la víctima.

“Contemplaron especialmente la persistencia del ataque, la intensidad del accionar homicida y las graves consecuencias que el crimen produjo en la familia de Riatto”, manifestó.

El fiscal del MPA señaló además que el tribunal de segunda instancia desestimó un pedido de la Defensa vinculado a una nueva evaluación médica del condenado.

“El tribunal que revisó el fallo también rechazó un planteo de la Defensa acerca de la realización de una nueva Junta Médica para evaluar la salud mental del condenado”, indicó Castellano.

Según explicó, ese punto ya había sido tratado previamente y no existían nuevos elementos que justificaran volver sobre la cuestión.

“Esa cuestión ya había sido resuelta con anterioridad mediante una decisión firme y no se aportaron nuevos elementos que ameriten reabrir el debate”, sostuvo.

Por otra parte, Castellano informó que los camaristas dispusieron remitir copia del registro audiovisual de la audiencia de apelación al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial.

“El objetivo es que se evalúen insinuaciones de la Defensa referidas a que la pena impuesta habría sido influenciada por el contexto político y social existente al momento del juicio”, puntualizó el fiscal. Spahn se encuentra condenado como autor de homicidio simple.

Un hombre de 36 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en San Javier.

La sentencia fue dispuesta por el juez penal Lisandro Aguirre, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Pablo Lipowy representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el juicio. Según informó, “la madre de la víctima y otro familiar también fueron investigados y serán juzgados en un juicio oral previsto para diciembre de este año”.

Lipowy indicó que “el condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en reiteradas oportunidades entre 2019 y 2023”, y puntualizó que “al momento de los primeros abusos, ella transitaba su escolaridad primaria”.

Al respecto, expuso que “el agresor llevó adelante su accionar delictivo en diferentes inmuebles y descampados en San Javier y zonas aledañas”.

“De acuerdo con las atribuciones delictivas que realizamos, la madre de la niña obtenía ganancias económicas de los abusos en perjuicio de su hija”, subrayó el fiscal.

“La mujer coordinaba con el condenado encuentros en los que él amedrentaba a la víctima y la obligaba a realizar prácticas sexuales que por su edad ella no estaba en condiciones de consentir”, aseveró.

“Por las características y el contexto de los hechos ilícitos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la niña”, especificó Lipowy, y destacó que “la denuncia que originó la investigación penal fue radicada por la propia víctima, quien actualmente es mayor de edad”.

Las iniciales del condenado son MM. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la víctima, quien tiene el mismo apellido que él.

El hombre reconoció su responsabilidad penal por la autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años”.

Junto con su abogado defensor, MM aceptó la calificación penal propuesta por la fiscalía, la pena impuesta y la decisión de realizar un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. Por su parte, la víctima fue informada de lo resuelto y manifestó estar de acuerdo.

Un hombre de 46 años, identificado como Cristian Esteban Matías Lezcano, fue condenado a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de la hija menor de edad de quien era su pareja en Sunchales, departamento Castellanos.

La sentencia fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado en los tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 5, quien además representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia.

Durante el proceso, el condenado reconoció expresamente su responsabilidad penal, mientras que el tribunal consideró acreditada la atribución delictiva.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades durante el año pasado, en momentos en que la víctima quedaba al cuidado del condenado.

“Los abusos se produjeron de manera reiterada y en un número indeterminado de oportunidades durante el año 2024, cuando la niña quedaba al cuidado del condenado”, precisó Burella.

La fiscal agregó que, al momento de los hechos, la víctima “estaba transitando los últimos años de su escolaridad primaria”.

Burella remarcó que Lezcano aprovechó el vínculo de convivencia y la situación de cuidado para cometer los ilícitos.

“Lezcano cometió los abusos con conocimiento y voluntad de llevarlos a cabo cuando quedaba como encargado del cuidado de la niña”, subrayó.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en la vivienda donde convivían como familia ensamblada y a la que la niña asistía en el marco del régimen de comunicación con su madre.

“Los ilícitos fueron cometidos en la casa en la que convivían como familia ensamblada, y a la que la niña iba en ocasión de llevarse a cabo el régimen de comunicación con su madre”, agregó la fiscal.

Otro de los puntos señalados por la fiscalía fue la conducta posterior del condenado hacia la víctima, a quien habría presionado para ocultar los hechos.

“Lezcano obligó a la niña a guardar secreto de lo sucedido y la presionó para que mienta y responsabilice a un compañero de la escuela por el estado de gravidez que atravesaba”, indicó Burella.

Lezcano fue condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal a una menor de 13 años, agravado por la guarda y por la convivencia.

La fiscal explicó que el procedimiento abreviado contó con la conformidad del acusado y de su defensa, además de la admisión de culpabilidad.

“El condenado y su defensa manifestaron la conformidad con el procedimiento escogido. Además, el imputado admitió la culpabilidad de los hechos reprochados, prestó conformidad por la calificación legal seleccionada y la pena solicitada en cuanto a su monto y modalidad de cumplimiento”, señaló Burella.

Por último, la representante del MPA informó que el representante legal de la víctima también manifestó su conformidad con el procedimiento y con la pena solicitada.

“El representante legal de la víctima manifestó su conformidad respecto del procedimiento abreviado y la pena solicitada”, concluyó.

La Justicia santafesina condenó a Gabriel Omar Martínez (23 años) y Micaela Ayelén Roldán (21 años) por venta de drogas al menudeo y por tenencia ilegal de tres armas de fuego de guerra en la ciudad de Santa Fe. La resolución incluyó además el pago de una multa económica. La causa fue instruida por la Unidad Fiscal Especial en Microtráfico de la Fiscalía General y el juicio fue abreviado, con representación del MPA a cargo del fiscal Arturo Haidar. La sentencia fue dictada por el juez Martín Torres.

El 16 de mayo de 2026, efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda ubicada en Cafferata al 8.800, donde se detuvo a los imputados. Durante el procedimiento se secuestraron:

El fiscal Haidar explicó que los condenados realizaban maniobras consistentes con la comercialización de estupefacientes bajo modalidad de menudeo desde la vivienda allanada.

Martínez y Roldán fueron condenados como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra. Ambos admitieron su responsabilidad penal durante el juicio abreviado y, junto con sus defensores, aceptaron todos los términos del procedimiento.

La Justicia santafesina condenó a Diego Martín Castillo (39 años) y Verónica Lucía Churi (29 años), ambos oriundos de la provincia de Neuquén y residentes en CABA, por estafar a una adulta mayor en Venado Tuerto. Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2026, cuando ambos se hicieron pasar por personal de la ANSES y engañaron a la víctima para que les entregara 9.000 dólares.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Vidal en un juicio abreviado, donde se estableció la prisión condicional de los acusados y la obligación de devolver el dinero sustraído. La víctima ya recibió los fondos, mientras que los condenados debieron fijar domicilio en CABA y tienen prohibición de ingresar a Venado Tuerto por dos años.

El fiscal Damián Cassullo explicó que los condenados actuaron con la modalidad del “cuento del tío”, dividiendo tareas entre su grupo. Convencieron a la víctima de que debía reemplazar sus billetes de dólares para evitar su pérdida de valor y que un agente del organismo pasaría a retirarlos de su casa. Posteriormente, Castillo ingresó al domicilio, se aprovechó de la confianza de la mujer y se llevó el dinero. Allanamientos en el barrio de Floresta, en CABA, permitieron secuestrar elementos que comprometieron su situación procesal.

Castillo reconoció ser coautor de estafa, mientras que Churi admitió ser partícipe principal. Ambos aceptaron los términos del procedimiento abreviado junto con sus defensores. La víctima fue informada de la resolución judicial y manifestó su conformidad.

La Justicia santafesina dictó una condena en una de las causas derivadas del conflictivo proceso judicial iniciado tras las denuncias de un traumatólogo de la ciudad de Santa Fe que aseguró haber sido víctima de hostigamiento, agresiones e incumplimientos reiterados de medidas de restricción por parte de su expareja.

La sentencia fue firmada el pasado 22 de junio por el juez penal Pablo Busaniche, quien declaró la admisibilidad del acuerdo de procedimiento abreviado alcanzado entre la fiscal Florencia Zaravia, el abogado querellante Santiago Banegas —en representación de la víctima, Sebastián Grin—, la defensora Abril Rico y la propia imputada, María Eugenia Leyes, de 38 años.

La audiencia en la que se presentó el acuerdo se había realizado el 17 de junio. Allí, la acusada reconoció su responsabilidad penal en los hechos atribuidos y prestó conformidad con la pena acordada por las partes.

La causa se enmarca en una serie de denuncias que cobraron notoriedad pública durante 2025 y que tuvieron como protagonista al traumatólogo santafesino Sebastián Grin. El profesional sostuvo durante meses que era víctima de agresiones, persecuciones y falsas denuncias impulsadas por su expareja, situación que derivó en múltiples intervenciones judiciales y medidas de protección.

Entre otras resoluciones, la Justicia de Familia había dispuesto una medida de distancia recíproca que impedía a ambas partes acercarse a menos de 100 metros entre sí o concurrir a los domicilios de la otra persona. Esa prohibición se encontraba vigente al momento de los hechos que fueron objeto de la condena.

Según quedó acreditado en la carpeta judicial que lleva adelante el MPA, el primero de los hechos ocurrió el 6 de enero de 2025 alrededor de las 18, en inmediaciones de San Jerónimo y Obispo Gelabert.

De acuerdo con la investigación, Leyes se acercó a Grin pese a la prohibición judicial vigente. Luego comenzó a patear el automóvil del profesional, un vehículo marca DS4, provocando la rotura del soporte del espejo retrovisor derecho y daños en el espejo izquierdo.

La agresión continuó con golpes de puño dirigidos a la víctima. Como consecuencia del ataque, el médico sufrió excoriaciones en manos, cuello, codo, rodilla y pierna, además de contusiones en distintas zonas del rostro y la cabeza. Las lesiones demandaron aproximadamente dos semanas de curación.

Horas más tarde, ya durante la madrugada del 7 de enero, la mujer volvió a incumplir la orden judicial al presentarse en el domicilio de Grin, ubicado en barrio Candioti. Ese episodio constituyó un segundo hecho de desobediencia a un mandato judicial.

En el acuerdo abreviado, la acusada aceptó su responsabilidad como autora de los delitos de desobediencia a un mandato judicial, daños y lesiones leves dolosas calificadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja.

Asimismo, reconoció un segundo hecho de desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real.

Al analizar el acuerdo, Busaniche sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación permitían tener por acreditada tanto la materialidad de los hechos como la participación de la imputada.

En los fundamentos de la sentencia, el magistrado remarcó que la condenada actuó con pleno conocimiento de las restricciones que pesaban sobre ella.

En ese sentido, señaló que “no solo ha vulnerado la integridad física de la víctima, sino que ha avanzado sobre su patrimonio y, lo más grave desde la perspectiva del orden público, ha mostrado un desprecio por la autoridad estatal al incumplir las órdenes de restricción impuestas”.

Como consecuencia del acuerdo, Leyes fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional. El juez valoró especialmente que carecía de antecedentes penales condenatorios y que había aceptado su responsabilidad, evitando la realización de un juicio oral y público.

“Se valora a favor de la misma el hecho de haber aceptado su responsabilidad penal en la comisión de los injustos endilgados, evitando los costos humanos y materiales que implican un proceso oral y público”, destacó el magistrado.

Además de la pena, la mujer deberá cumplir durante dos años una serie de reglas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio y someterse al control de la Agencia Provincial de Medidas No Privativas de la Libertad.

También tendrá la obligación de iniciar y mantener un tratamiento terapéutico con profesionales de la salud mental para abordar vínculos de dependencia, gestión de la ansiedad y control de impulsos, acreditando mensualmente su asistencia mediante certificados profesionales.

La supervisión del cumplimiento de la condena quedará a cargo de la Justicia de Ejecución Penal.

La Audiencia Provincial de Valencia condenó al futbolista español Rafa Mir a ocho años y seis meses de prisión por una agresión sexual y lesiones cometidas contra una joven de 21 años en agosto de 2024, en un caso que conmocionó al fútbol español.

La sentencia fue dictada por la Sección Cuarta del tribunal valenciano, que consideró acreditados los hechos denunciados por la víctima, ocurridos en una vivienda del jugador ubicada en la localidad de Bétera, en la provincia de Valencia.

Esta sentencia aún no es firme y puede ser recurrida. De hecho, es exactamente lo que el futbolista ya ha anunciado que hará.

Según la resolución judicial, la joven relató durante el juicio que fue sometida a tocamientos y agresiones sexuales tanto en la piscina como en el interior de la vivienda, pese a haber manifestado en reiteradas oportunidades su intención de detener la situación y abandonar el lugar.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que Mir indemnice a la víctima con 64.000 euros, suma que contempla tanto las lesiones sufridas como los daños morales ocasionados. También deberá cumplir una orden de alejamiento y prohibición de contacto durante 13 años, además de siete años de libertad vigilada una vez cumplida la condena.

Otra condena en la misma causa

En el mismo proceso judicial también fue condenado Pablo Jara, quien acompañaba a Mir aquella noche. La Justicia le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión por una agresión sexual y un delito contra la integridad moral cometidos contra otra mujer de 25 años.

De acuerdo con la sentencia, Jara realizó tocamientos no consentidos y posteriormente expulsó a la denunciante de la vivienda. Además, deberá indemnizarla con 6.280 euros y cumplir medidas de alejamiento, prohibición de comunicación y libertad vigilada.

La valoración de la Justicia

Los magistrados destacaron que los testimonios de ambas víctimas fueron "coherentes, consistentes y convincentes" durante todo el proceso, y señalaron que sus declaraciones estuvieron respaldadas por pruebas periciales, informes psicológicos y otros testimonios incorporados a la causa.

En contraposición, la Audiencia consideró que los argumentos presentados por las defensas carecieron de sustento fáctico y de razonamiento lógico suficiente para desvirtuar las acusaciones.

Asimismo, el tribunal ordenó abrir una investigación sobre la actuación de tres policías locales de Bétera que declararon durante el juicio, al detectar contradicciones entre sus testimonios y las pruebas consideradas válidas por la Justicia.

La condena representa uno de los fallos más resonantes de los últimos años en el deporte español y pone fin a un proceso judicial que se extendió durante más de un año y medio desde la denuncia de los hechos.

Las hermanas Aldana Belén Vega y Silvana Soledad Vega fueron condenadas el año pasado por intentar matar a una mujer en Rafaela, cabecera del departamento santafesino Castellanos. Ahora, los camaristas Cristian Fiz, Alejandro Tizón y Fabio Mudry, luego de una audiencia de apelación, ratificaron el fallo de primera instancia.

De esta forma, quedaron firmes las penas de seis años y medio de prisión para ambas responsables del hecho investigado.

Por su parte, fue el fiscal Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Regional 5, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante todo el proceso judicial.

El funcionario valoró que -a pesar del planteo de la Defensa- el tribunal avalara su planteo, al reconocer que las penas impuestas en el juicio oral de febrero de 2025 eran "justas" y "razonables".

Castellano explicó que “el tribunal rechazó todos los planteos que la Defensa hizo en relación con una posible vulneración de la garantía del plazo razonable y la existencia del dolo homicida”, y agregó que “el abogado de las atacantes pretendía que el tribunal reencuadrara los hechos como lesiones y en consecuencia redujera las penas impuestas”.

“Tras escuchar a las partes y analizar el fallo recurrido, los camaristas concluyeron que no hubo demoras irrazonables en la tramitación de la causa, que la prueba producida durante el juicio permitía acreditar la intención homicida de las hermanas Vega y que las penas a seis años y seis meses de prisión son las que corresponden”, destacó el funcionario del MPA.

El criminal ataque ocurrió el domingo 5 de junio de 2022, durante la siesta, en las calles de barrio Barranquitas de Rafaela.

Las hermanas Vega mantenían un enfrentamiento de vieja data con la víctima y ese día descargaron sobre ella toda su furia. “Con el objetivo de matarla, Aldana Vega la atacó con un cuchillo. (…) Durante la situación violenta, hubo un forcejeo en el que el arma blanca se cayó” y “la otra condenada la tomó rápidamente y la usó para seguir apuñalando a la persona amedrentada”, reconstruyó el fiscal.

Castellano también contó que la víctima resultó con múltiples heridas en distintas zonas del cuerpo y sólo pudo sobrevivir porque vecinos se involucraron para interrumpir el ataque y los médicos le brindaron una rápida y eficaz atención.

La Cámara de Apelación confirmó las condenas impuestas a Aldana Belén Vega y Silvana Soledad Vega, dos hermanas que fueron halladas culpables de haber intentado matar a una mujer en Rafaela, departamento Castellanos. Ambas deberán cumplir seis años y seis meses de prisión como coautoras del delito de tentativa de homicidio.

La resolución fue adoptada por los camaristas Cristian Fiz, Alejandro Tizón y Fabio Mudry, luego de una audiencia de apelación realizada en los tribunales rafaelinos. La sentencia de primera instancia había sido dictada en febrero del año pasado, en el marco de un juicio oral y público.

Durante todo el proceso judicial, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por el fiscal de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, Martín Castellano.

“Ante el tribunal, argumentamos que las penas impuestas eran justas y razonables”, señaló el fiscal, quien valoró que “a pesar de la oposición de la Defensa, los jueces avalaron nuestra postura”.

Castellano explicó que el tribunal rechazó los planteos realizados por la Defensa, que había cuestionado una posible vulneración de la garantía del plazo razonable y la existencia del dolo homicida.

“El abogado de las atacantes pretendía que el tribunal reencuadrara los hechos como lesiones y, en consecuencia, redujera las penas impuestas”, indicó el fiscal.

Sin embargo, tras analizar los argumentos y la sentencia recurrida, los camaristas concluyeron que no hubo demoras irrazonables en la tramitación de la causa y que la prueba producida durante el juicio permitió acreditar la intención homicida de las hermanas Vega.

“Los camaristas concluyeron que la prueba producida durante el juicio permitía acreditar la intención homicida de las hermanas Vega y que las penas a seis años y seis meses de prisión son las que corresponden”, destacó Castellano.

El hecho ocurrió el domingo 5 de junio de 2022, durante la siesta, en la vía pública de Rafaela. Según reconstruyó la Fiscalía, las condenadas actuaron de manera coordinada y atacaron a una mujer con la que mantenían un conflicto previo.

Castellano precisó que Aldana Vega agredió a la víctima con un cuchillo con el objetivo de matarla. Durante el episodio, se produjo un forcejeo y el arma blanca cayó al suelo.

En ese momento, Silvana Vega tomó rápidamente el cuchillo y continuó apuñalando a la mujer.

“La víctima resultó con múltiples heridas, pero pudo sobrevivir gracias a la intervención de vecinos que interrumpieron el ataque y a la rápida atención médica que recibió”, remarcó el fiscal.

Con la confirmación de la sentencia, Aldana Belén Vega y Silvana Soledad Vega quedaron condenadas como coautoras del delito de tentativa de homicidio.

El fallo ratificado por la Cámara de Apelación confirmó así la valoración realizada en primera instancia y sostuvo la calificación legal impulsada por el Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 43 años cuyas iniciales son SAVDV fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de su la hija de su pareja en una pequeña localidad del departamento General Obligado.

La sentencia fue ordenada por el juez Gonzalo Basualdo en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Las Toscas. El fiscal Norberto Ríos estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.

Luego de la lectura del veredicto, Rios expresó que “si bien valoramos la condena impuesta al acusado, aguardaremos los fundamentos del magistrado”.

Por otra parte, el fiscal hizo hincapié en “la valentía de la víctima, quien vino a la sala de audiencias e hizo la declaración de impacto ante el juez”, y también destacó “la presencia de la tía de la niña, quien valoró el trabajo de investigación realizado y la sentencia obtenida”.

Ríos precisó que “el condenado abusó de la víctima en reiteradas oportunidades cuando la niña transitaba el último tramo de su escolaridad primaria”.

“SAVDV era la pareja de la madre de la víctima y convivían en la misma casa”, detalló el fiscal. En tal sentido, agregó que “el condenado se aprovechó de esta situación y cometía los ataques sexuales en los momentos en los que quedaba a solas con la niña y en viajes que realizaron”.

El funcionario remarcó que “la víctima logró develar lo sucedido en abril de 2025 a su tía, quien realizó de forma inmediata la denuncia correspondiente”.

SAVDV fue condenado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la convivencia preexistente con un menor de 18 años). Su identidad se omite informar para evitar la revictimización de la niña abusada a raíz de que viven en una localidad muy pequeña del norte provincial.

El Litoral

Un hombre identificado como Marcelo Eduardo Troncoso, de 28 años, fue condenado a ocho años y seis meses de prisión por haber agredido con un arma de fuego a otro hombre en la ciudad de Frontera, departamento Castellanos.

La sentencia fue dictada por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio oral y público que concluyó este miércoles al mediodía en los tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Martín Castellano, quien también representó al Ministerio Público de la Acusación durante el debate.

Tras conocerse el fallo, Castellano señaló que desde la Fiscalía consideran “positivo el fallo condenatorio”, aunque indicó que la pena impuesta fue menor a la solicitada durante los alegatos. Además, explicó que aguardarán los fundamentos de la sentencia para definir los pasos a seguir.

Según expuso el fiscal, el hecho ocurrió el miércoles 3 de julio del año pasado alrededor de las 19:30, en inmediaciones de un domicilio ubicado sobre calle 72, a pocos metros del Camino Interprovincial.

De acuerdo con la investigación, Troncoso se trasladaba en una motocicleta conducida por otra persona cuando efectuó disparos con un arma calibre .32 contra la víctima, quien se encontraba en la vía pública.

El hombre recibió el impacto de tres proyectiles y sufrió heridas en distintas partes del cuerpo. Además, el fiscal precisó que el condenado llevaba el arma sin autorización legal y que la portación fue considerada agravada debido a antecedentes condenatorios previos vinculados a delitos cometidos con armas de fuego.

Troncoso fue condenado como autor de los delitos de lesiones graves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego y portación de arma de fuego de uso civil sin autorización legal.

La pena total de ocho años y seis meses surgió de la unificación de una condena de seis años de prisión con otra sentencia anterior que el acusado aún no había terminado de cumplir.

El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata condenó este lunes a 23 años y 4 meses de prisión a Tobías Godoy, el adolescente declarado responsable por la muerte de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada por un vehículo robado en la localidad bonaerense de Altos de San Lorenzo.

La sentencia fue dictada por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, luego de varias jornadas de audiencias realizadas en la sede del fuero penal juvenil ubicada en Tolosa.

A comienzos de marzo, un jurado popular había declarado culpable al acusado por el hecho ocurrido durante un robo.

Durante la última audiencia del proceso, la fiscal Mercedes Catani había solicitado la misma pena que finalmente fue impuesta al joven, bajo la calificación de homicidio en ocasión de robo en carácter de autor material.

La sanción se ubica entre las más altas previstas para este tipo de delito, cuyo marco legal contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión efectiva.

Por su parte, la defensa del acusado sostuvo que el hecho debía ser considerado homicidio culposo y pidió una condena de 7 años de prisión.

La causa fue tramitada bajo las normas del régimen penal juvenil, ya que Godoy tenía 17 años al momento del hecho, aunque actualmente es mayor de edad.

El tribunal resolvió que el acusado debía ser juzgado como menor conforme a la legislación vigente.

El segundo adolescente involucrado en el hecho, de 14 años, quedó fuera del alcance del régimen penal debido a su edad.

El hecho ocurrió el 25 de febrero del año pasado, alrededor de las 22, cuando Kim Gómez y su madre se encontraban dentro de un Fiat Palio estacionado frente a un supermercado.

Según la investigación, dos adolescentes abordaron a las víctimas con la intención de robar el automóvil. La madre logró escapar, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante, sujeta por el cinturón de seguridad.

Los agresores huyeron con el vehículo y, de acuerdo con testimonios incorporados a la causa, intentaron sacar a la menor por la ventanilla.

La niña fue arrastrada durante más de 15 cuadras hasta que el automóvil impactó contra un poste. Tras el choque, los atacantes escaparon y el cuerpo de la menor quedó debajo del vehículo.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Carmen Ibarra, quien reunió distintas pruebas que permitieron vincular a los sospechosos con el robo y el homicidio.

Entre los elementos incorporados al expediente se incluyeron registros de cámaras de seguridad, que mostraron al principal acusado usando un short con la imagen de Diego Maradona, prenda que posteriormente fue secuestrada por la DDI de La Plata durante un allanamiento en su vivienda.

Durante el juicio también declararon cinco testigos y el padre de la víctima, Marcos Gómez, quien relató el impacto del crimen en la familia.

El hombre definió el proceso judicial como “muy duro” y sostuvo que el debate permitió esclarecer lo ocurrido.

Un hombre de 30 años identificado como Pablo Jesús Argañaraz fue condenado a cinco años de prisión por comercialización de estupefacientes y tenencia indebida de armas de fuego en la ciudad de Tostado.

La sentencia fue resuelta por el juez José Luis Estévez en el marco de un juicio abreviado desarrollado en los tribunales de Tostado. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Shirli Tomasso, en representación del Ministerio Público de la Acusación.

Durante la audiencia, la fiscal expuso que el condenado tenía en su vivienda estupefacientes fraccionados y preparados para su comercialización al menudeo. La droga fue secuestrada en un allanamiento realizado el sábado 3 de agosto de 2024 en un domicilio ubicado en calle Naciones Unidas al 1.200.

En ese procedimiento, personal de la Policía de Investigaciones incautó envoltorios con clorhidrato de cocaína y picadura de marihuana. Además, se halló un revólver calibre 22 con ocho cartuchos en su tambor, sin la documentación legal correspondiente para su tenencia ni portación.

Tomasso también informó que, en un allanamiento previo realizado en 2023, la policía había secuestrado una escopeta calibre 16 de dos caños recortados, con dos cartuchos en la recámara, que también se encontraba bajo la esfera de custodia del condenado.

En el juicio abreviado, Argañaraz reconoció su responsabilidad en los hechos atribuidos por la Fiscalía y, junto a su defensa, prestó conformidad con las calificaciones legales y la pena impuesta.

La condena fue dictada por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y tenencia indebida de arma de fuego de guerra.

Un hombre de 32 años identificado como Milton David Sotelo fue condenado a 15 años de prisión por haber abusado sexualmente de 5 niñas de su entorno familiar en Avellaneda (departamento General Obligado). Las víctimas son una sobrina del condenado y tres hijas y una sobrina de su expareja.

Así lo dispuso la jueza Norma Senn, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales reconquistenses. La fiscal Georgina Díaz representó al MPA en el debate.

Díaz indicó que “Sotelo llevó adelante su accionar delictivo entre 2018 y 2023 en dos viviendas del barrio Las Rosetas”. Al respecto, expuso que “los abusos se enmarcaron en el vínculo y relación de convivencia con las víctimas”.

“En todos los casos, los abusos tuvieron entidad suficiente para inferir en el libre y normal desarrollo de la sexualidad de las víctimas, tanto por la diferencia de edad, el vínculo, la modalidad y la reiteración” resaltó la fiscal.

En cuanto al origen de la investigación penal, la funcionaria del MPA planteó que “una de las víctimas logró develar los ataques ante personal de la Municipalidad de Avellaneda”. En tal sentido, destacó que “a partir de la denuncia correspondiente, Sotelo se encuentra detenido”.

Sotelo reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual; abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

Y abuso sexual agravado (por la convivencia preexistente con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda reiterado en dos hechos).

Junto con su abogada defensora, el condenado aceptó la atribución delictiva, el monto y el modo de cumplimiento de la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.

El Litoral

Un hombre de 44 años, identificado como Julio César Antonio Unrein, fue condenado a 27 años y 6 meses de prisión efectiva por haber cometido un robo en una vivienda de Santa Clara de Saguier, mientras se encontraba gozando de libertad condicional. La sentencia fue resuelta en un juicio oral que finalizó ayer al mediodía en los tribunales de Rafaela.

El proceso fue impulsado por el Ministerio Público de la Acusación, representado por la fiscal Fabiana Bertero, y estuvo a cargo de un tribunal pluripersonal integrado por la jueza Cecilia Álamo y los conjueces Sergio Beceyro y Carlos Farías Demaldé.

Tras conocerse el veredicto, la fiscal Bertero señaló que, si bien aún resta acceder a los fundamentos completos del fallo, la Fiscalía quedó conforme con la resolución. “La sentencia fue condenatoria y acorde a lo solicitado por el MPA; aguardaremos la notificación formal para su análisis”, indicó.

Según expuso la fiscal durante el debate, el hecho juzgado ocurrió en las primeras horas del 8 de marzo de 2021, cuando Unrein ingresó de manera furtiva a una vivienda de Santa Clara de Saguier mientras sus moradores dormían.

Para concretar el robo, abrió puertas ventana de aluminio y vidrio y sustrajo dinero en efectivo, un atado de cigarrillos y una billetera de cuero que se encontraban en la cocina. En ese momento fue sorprendido por el propietario de la casa, a quien amenazó de muerte para poder escapar con los elementos sustraídos.

Bertero explicó que la pena impuesta responde a la situación particular del imputado, quien al momento del robo se encontraba en libertad condicional por una condena previa a prisión perpetua, luego conmutada a 25 años de prisión, dictada en 2005 por un doble homicidio calificado por alevosía y por robo, cometido con arma de fuego.

Debido a esa circunstancia, la Fiscalía solicitó la unificación de ambas penas y la declaración de reincidencia, lo que fue finalmente aceptado por el tribunal.

El tribunal condenó a Julio César Antonio Unrein a 27 años y 6 meses de prisión efectiva, resultado de la unificación de la condena anterior por doble homicidio calificado y la nueva condena por robo, junto con la declaración de reincidencia.

La directora de Ballet Salta, Marina Jiménez, y su marido fueron condenados a 10 años de prisión acusados de haber abusado a su nieto cuando era menor y se trató de uno de los casos más impactantes de los últimos años respecto a la cultura provincial.

Aníbal Jiménez, padre de la víctima, confirmó la condena y expuso que desde un comienzo le creyó a su hijo y lo acompañó en el proceso de pericias, toma de declaraciones ya audiencias.

La denuncia fue radicada en junio de 2022 en la Ciudad de Buenos Aires por la propia víctima, quien sostuvo que, a partir de los 10 años, y hasta los 17, sus abuelos abusaron de él cuando se quedaba a dormir en su casa en Salta.

Otro punto que destacó en la denuncia es que algunos ataques tuvieron lugar en Mar del Plata, ciudad en la que pasaban las vacaciones familiares, señaló el medio El Tribuno.

Por el momento ambos acusados seguirán en libertad hasta que la condena quede firme. No se informó si la pena será de cumplimiento efectivo.

Ballet Salta publicó un comunicado luego de que se conozca la sentencia: “Es importante aclarar que, conforme a la legislación vigente, esta sentencia no se encuentra firme, estando a la espera de los fundamentos correspondientes, y se encuentran en trámite los recursos legales previstos por el ordenamiento jurídico. En este marco, Marina Jiménez continúa eximida de prisión, cumpliendo las obligaciones procesales correspondientes y poniéndose a disposición de las autoridades judiciales”.

“Con más de cincuenta y cinco años de trayectoria artística y formativa en la provincia y en el país, renovamos nuestro compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto hacia nuestra comunidad, hacia nuestros alumnos y hacia el públicos que nos acompaña desde hace décadas”, continua el escrito,

Se indicó que las actividades seguirán desarrollándose “adaptándose al contexto actual y priorizando el funcionamiento ordenado de su labor cultural”.

AgenciaNA

Un hombre de 33 años identificado como Cristian Sebastián Bracho fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña y de un niño en Fortín Olmos (departamento Vera). Las víctimas son la hija y el hijo –menores de edad– de la mujer que es su pareja.

La sentencia fue dispuesta por el juez Gustavo Gon en el marco de un juicio oral que se realizó en los tribunales de Vera.

El fiscal Valentín Hereñú representó al MPA en el debate y valoró que “el magistrado consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos, dispuso la condena por la misma calificación penal que planteamos en la acusación y ordenó una pena similar a la que habíamos solicitado en nuestros alegatos”.

Hereñú señaló que “el condenado vulneró la integridad sexual de la niña y del niño en reiteradas oportunidades entre diciembre de 2024 y en enero de este año”, y subrayó que “los abusos fueron cometidos en una casa en Fortín Olmos en la que convivían Bracho y la madre de las víctimas”.

“Las víctimas, que viven en otro lugar de la provincia junto con su padre, habían ido a la casa en la que convivían su madre y Bracho a pasar sus vacaciones de verano”, remarcó el fiscal.

El funcionario del MPA afirmó que “las agresiones sexuales fueron cometidas en momentos en los que el condenado se quedaba a cargo del cuidado de la niña y del niño, a raíz de que la madre de ellos se iba de la casa a trabajar”, y agregó que “los amenazaba para evitar que hablaran con otras personas de sus padecimientos”.

“El condenado se aprovechó de la diferencia de edad con las víctimas, del vínculo que los unía y de la vulnerabilidad de las dos personas menores de edad”, argumentó el fiscal.

En cuanto al origen de la investigación penal, Hereñú planteó que “la niña pudo develar lo sucedido a unos vecinos de Fortín Olmos, quienes realizaron la denuncia”. El fiscal hizo hincapié en que “luego, ella reiteró el relato de los hechos en la entrevista en Cámara Gesell, mientras que su hermano pudo contar lo ocurrido en la Comisaría de la Mujer y también a su papá cuando volvió a verlo”.

“Inmediatamente después de la denuncia iniciamos la investigación, ordenamos diversas diligencias, realizamos la imputación, solicitamos la prisión preventiva, presentamos la acusación y llegamos al juicio oral que finalizó con la condena a menos de un año de haber ocurrido los ilícitos”, concluyó Hereñú.

Bracho fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado (por su comisión aprovechando la convivencia prexistente con dos niños menores de 18 años de edad), dos hechos en concurso real entre sí.

EL