Una mujer de 22 años fue condenada a cinco años de prisión por distintos delitos contra la propiedad cometidos en Rafaela entre 2023 y 2024. Se trata de Agustina Florencia Rivero, quien admitió su responsabilidad penal en los hechos investigados.

La sentencia fue dispuesta por el juez Javier Bottero en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado en los tribunales de Rafaela. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Lorena Korakis, quien representó al Ministerio Público de la Acusación durante la audiencia.

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, uno de los hechos ocurrió cuando Rivero se apoderó de una moto Honda Biz que se encontraba estacionada en la ochava de Don Orione y Anduiza, con la llave colocada. En ese momento, el propietario del vehículo se encontraba conversando con una mujer en las inmediaciones.

Meses después, según la acusación, una persona del entorno de Rivero le prestó una moto Guerrero Trip y, cuando le solicitó que se la devolviera, la mujer no lo hizo.

En otro de los episodios, Rivero habría ingresado junto con un coautor que todavía no fue individualizado a una vivienda ubicada en Jorge Newbery al 600, con el objetivo de sustraer bienes.

Según la Fiscalía, el otro involucrado amenazó y agredió físicamente a un hombre que se encontraba en el inmueble, mientras Rivero revisaba la vivienda en busca de objetos de valor. Finalmente, sustrajeron dos televisores, un teléfono celular y una billetera con documentación personal y dinero en efectivo.

La investigación también estableció que Rivero actuó junto con Alexis Efraín López, quien ya fue condenado en el marco de la misma causa, para ingresar a una vivienda de Alvear al 1000 mediante un engaño y sustraer dinero y dos pares de zapatillas.

Posteriormente, según la acusación, Rivero regresó al mismo domicilio y se apropió de un teléfono celular y una máquina cortadora de pelo eléctrica.

Finalmente, la Fiscalía atribuyó a Rivero otro hecho cometido junto con López: ambos habrían forzado la ventana de una vivienda ubicada en avenida Brasil al 1800 y sustraído un televisor.

Rivero admitió su responsabilidad penal por los delitos de hurto calificado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, defraudación y hurto, además de la coautoría de robo calificado por el uso de arma y robo.

La condenada, junto con su defensa, prestó conformidad con las calificaciones legales establecidas por la Fiscalía, la pena de cinco años de prisión y la decisión de resolver el proceso mediante un juicio abreviado.

Las víctimas fueron informadas sobre lo resuelto y manifestaron su conformidad con el acuerdo alcanzado. La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Regional 5 del Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 47 años identificado como Carlos Miguel Castillo fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por la venta de droga al menudeo y la tenencia ilegal de dos armas de fuego en la ciudad de San Cristóbal.

La sentencia fue resuelta por el juez Juan Gabriel Peralta en el marco de un juicio abreviado realizado en los tribunales sancristobalenses. La investigación estuvo a cargo del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, quien también intervino durante la audiencia en la que se dictó la condena.

Según informó el fiscal Odriozola, la investigación permitió determinar que Castillo utilizaba su vivienda ubicada en Dorrego al 1600, en la ciudad de San Cristóbal, para comercializar cocaína y marihuana fraccionadas en pequeñas dosis.

La actividad ilícita se habría desarrollado durante el año pasado, entre el 21 de agosto y el 18 de octubre, de acuerdo con la acusación presentada por el MPA.

El sábado 18 de octubre, personal de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de San Cristóbal realizó un allanamiento en el domicilio, donde secuestró droga fraccionada en envoltorios de nailon, trozos compactos de cocaína sin fraccionar, dos balanzas de precisión, teléfonos celulares, una libreta con anotaciones y dinero en efectivo.

Durante el procedimiento, los investigadores también encontraron un revólver calibre 38 largo marca Orbea, cargado con seis cartuchos, y una escopeta calibre 12 marca Uzkon.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, Castillo no contaba con autorización legal para la tenencia de ninguna de las dos armas. Además, las pericias confirmaron que ambos dispositivos eran aptos para el disparo. En el domicilio también fueron secuestrados cuatro cartuchos calibre 38 largo y 25 cartuchos calibre 12.

Durante el proceso judicial, Castillo y su defensa manifestaron su conformidad con los hechos atribuidos, la calificación legal, la pena acordada y la modalidad de cumplimiento.

El condenado admitió expresamente su responsabilidad en los delitos por los que fue llevado a juicio.

Castillo fue condenado como autor de los delitos de comercialización de estupefacientes y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil y de guerra.

Un hombre de 70 años, identificado como Luis Gómez, fue condenado a cuatro años de prisión por haber abusado sexualmente en reiteradas oportunidades de la hija de su pareja en Sunchales, departamento Castellanos.

La sentencia fue dictada por el juez José Luis Estévez en el marco de un juicio oral realizado en los tribunales de Rafaela. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Gabriela Lema, mientras que durante el debate el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por la fiscal Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 5.

Según informó el MPA, la víctima es una mujer con discapacidad.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, Gómez cometió los abusos en reiteradas oportunidades, desde una fecha de 2021 que no pudo establecerse con precisión hasta agosto de 2023.

Los hechos ocurrieron en una vivienda donde convivía el grupo familiar y también en el interior de un vehículo perteneciente al condenado.

La fiscal Burella señaló que Gómez habría aprovechado las circunstancias derivadas de la convivencia para cometer los abusos y remarcó que, de esa manera, incumplió el deber de respeto y protección que tenía hacia la víctima. La representante del MPA sostuvo además que los hechos se produjeron en un contexto de violencia de género.

La condena incluyó otro delito descubierto durante la investigación. Al momento de la detención de Gómez, los investigadores secuestraron en su domicilio una escopeta calibre 16 apta para efectuar disparos.

Según la Fiscalía, el hombre no contaba con autorización legal para la tenencia del arma de fuego. Por este motivo, además de los abusos sexuales, fue condenado por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

Finalmente, Gómez fue condenado como autor de abuso sexual simple reiterado, agravado por haber estado a cargo de la guarda de la víctima, y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil. La pena establecida por el tribunal es de cuatro años de prisión.

La historia que durante más de dos años quedó asociada a una bolsa negra abandonada junto al puente de la Plaza Escalante tuvo este jueves su desenlace judicial. Jésica Silvia Sosa, de 42 años, fue condenada a 25 años de prisión por el homicidio de Omar Alberto Pogliani, cometido en febrero de 2024 en una vivienda de calle 1º de Mayo al 4700, en la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dictada en la Sala 6 del primer piso de los tribunales santafesinos, en el marco de un procedimiento abreviado. El tribunal estuvo integrado por los jueces Sergio Carraro, Pablo Busaniche y Susana Luna, mientras que el fiscal de Homicidios, Andrés Marchi, representó al Ministerio Público de la Acusación.

Sosa reconoció su responsabilidad como autora del homicidio, aceptó la calificación penal propuesta por la Fiscalía y acordó la pena impuesta. Los familiares de Pogliani fueron informados del acuerdo y manifestaron su conformidad.

El crimen ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada del jueves 29 de febrero de 2024. Pogliani, de 70 años, vivía en un departamento ubicado en un pasillo de 1º de Mayo al 4700. Allí mantenía una relación con Sosa, quien era trabajadora sexual.

Según estableció la investigación, ambos protagonizaron una discusión durante la cual Sosa atacó a Pogliani y le provocó la muerte.

Los vecinos escucharon aquella madrugada gritos y golpes provenientes de la vivienda. Alguien llamó al 911 y un móvil policial llegó hasta el lugar. Los agentes golpearon la puerta, pero nadie respondió y finalmente se retiraron.

Cuatro días después, la escena sería reconstruida a partir de una serie de indicios mucho más perturbadores.

Marchi explicó durante la audiencia que, después del homicidio, Sosa conservó el cuerpo dentro de la vivienda e intentó desmembrarlo e incinerarlo en el patio. Durante esos días, vecinos del lugar habían percibido olor a quemado y una mujer llegó a pedir cajas de cartón con el argumento de que las utilizaría para quemar basura.

El domingo 3 de marzo, cerca del mediodía, una vecina que paseaba a su perro por la Plaza Escalante se encontró con una bolsa de consorcio negra abandonada junto al puente.

El perro olfateó el envoltorio y, al moverlo, dejó al descubierto lo que parecían ser partes de un cuerpo humano. La mujer dio aviso al 911 y pocos minutos después la plaza quedó rodeada de patrulleros y acordonada.

El primer policía que se asomó al interior de la bolsa terminó descompuesto. Los peritos de la Policía de Investigaciones comenzaron entonces a trabajar sobre la escena y encontraron restos humanos que luego serían vinculados con Pogliani.

La investigación llevó esa misma noche hasta la vivienda de 1º de Mayo al 4700. Allí fueron encontrados rastros de sangre, material óseo y restos que habían sido incinerados en el patio.

Al día siguiente, Sosa fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía.

Durante la investigación, Sosa ensayó una explicación diferente. En marzo de 2024, al momento de discutirse su prisión preventiva, declaró ante la jueza Celeste Minniti y definió lo ocurrido como una “película de terror”.

En aquella oportunidad intentó responsabilizar a un supuesto “trapito” de la zona. Según su relato, ese hombre la había engañado, golpeado y obligado a colaborar en el traslado de los restos. También sostuvo que no mantenía una relación de pareja con Pogliani y que él contrataba sus servicios como trabajadora sexual.

La hipótesis no pudo ser corroborada. Por el contrario, la evidencia reunida durante la investigación permitió sostener la acusación contra Sosa. Los testimonios de vecinos ubicaron a la mujer junto a Pogliani durante la madrugada del crimen y aportaron datos sobre la conflictiva relación que ambos mantenían.

La Fiscalía sostuvo además que fue Sosa quien, después de permanecer varios días con el cuerpo en la vivienda, trasladó parte de los restos hasta la Plaza Escalante.

La causa atravesó más de dos años de investigación. En marzo de 2026, la Justicia había extendido por un año la prisión preventiva de Sosa mientras la Fiscalía aguardaba los resultados de pericias genéticas sobre elementos encontrados en la vivienda.

Este jueves, finalmente, la investigación terminó con una condena. Sosa, que fue asistida por la defensora pública, Betina Dongo, aceptó su responsabilidad penal y la pena acordada con la Fiscalía. El tribunal integrado por Carraro, Busaniche y Luna impuso 25 años de prisión por el homicidio de Pogliani.

Un joven de 22 años, identificado como Facundo Hernán Chaparro, fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por distintos delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Rafaela.

La sentencia fue impuesta por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se desarrolló en los tribunales rafaelinos.

La fiscal Lorena Korakis representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante la audiencia.

Según detalló la fiscal, los hechos por los cuales Chaparro fue condenado ocurrieron entre mayo de 2023 y diciembre de 2025.

“En varias oportunidades, escaló tapiales y rejas para ingresar a inmuebles con el objetivo de apoderarse ilegítimamente de bienes ajenos”, explicó Korakis.

La funcionaria del MPA agregó que, en algunos de esos episodios, el acusado consiguió concretar los robos, mientras que en otros casos no logró consumarlos.

Entre los elementos sustraídos, la Fiscalía mencionó dos bicicletas, un televisor y un teléfono celular.

Además, Chaparro fue condenado por un hecho en el que arrojó un adoquín contra la ventana de un club, provocando la rotura de uno de los vidrios.

En el marco del juicio abreviado, Chaparro admitió su responsabilidad penal por los delitos atribuidos por la Fiscalía.

La condena comprendió robo calificado por escalamiento, tanto consumado como en grado de tentativa; robo simple; hurto calificado por escalamiento, consumado y en tentativa; y daño.

El joven manifestó su conformidad con las calificaciones legales, el monto y la modalidad de la pena, así como también con la decisión de abreviar los procedimientos.

Por su parte, las víctimas fueron informadas sobre el acuerdo y expresaron su conformidad con lo resuelto.

De esta manera, el juez Stegmayer homologó el procedimiento y dispuso que Chaparro cumpla cuatro años de prisión efectiva.

La Justicia condenó a Evaristo Gonzalo Vega, de 42 años, a cinco años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo por haber cometido un robo utilizando un machete en la ciudad de Rafaela.

La sentencia fue dictada por la jueza Laura Lencioni al término de un juicio oral desarrollado en los tribunales locales. Además, Vega fue declarado reincidente por segunda vez.

La fiscal María Cecilia Doro representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate y valoró la resolución judicial. “Valoramos la condena impuesta por la jueza y aguardaremos sus fundamentos para analizar los pasos procesales a seguir”, sostuvo.

El hecho por el que Vega fue condenado ocurrió el 31 de julio de 2025, alrededor de las 20:30, en inmediaciones de Juan B. Justo y Ciudad de Sunchales.

Según reconstruyó la Fiscalía, la víctima se encontraba en un terreno observando a un grupo de personas que jugaba a las bochas cuando Vega se acercó y le pidió ayuda para poner en marcha su automóvil. “Ante la negativa de la víctima, Vega se dirigió al vehículo y regresó con un machete con el que amenazó e intentó herirla mientras se protegía con una silla”, relató Doro.

En medio de la agresión, la víctima cayó al suelo. Fue entonces cuando el acusado volvió a intimidarla con el arma. “El condenado usó el machete para amenazarlo de muerte y exigirle que le entregue su teléfono celular”, precisó la fiscal.

Tras apoderarse del teléfono, Vega abandonó el lugar a bordo de su vehículo. “Inmediatamente después, se fue del lugar en su auto y con el celular robado”, indicó Doro. Sin embargo, la fuga duró poco, ya que personal policial logró interceptarlo y aprehenderlo en las inmediaciones.

Luego del proceso judicial, Vega fue encontrado responsable como autor del delito de robo calificado por el empleo de arma. La condena de cinco años y dos meses de prisión efectiva quedó establecida al finalizar el juicio oral, mientras que la Fiscalía aguardará los fundamentos de la magistrada para evaluar los próximos pasos procesales.

Un hombre de 39 años identificado como Joel Nahuel Mendieta fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña que es hija de la mujer que era su pareja en la ciudad de Tostado (departamento Nueve de Julio).

La sentencia fue impuesta en el marco de un juicio oral que finalizó esta mañana en los tribunales tostadenses, en el cual la fiscal Shirli Tomasso representó al MPA. El tribunal del debate estuvo integrado por los jueces José Boaglio, Javier Bottero y Cecilia Álamo.

Tomasso valoró la condena impuesta a Mendieta. “El tribunal consideró acreditada la atribución delictiva que realizamos desde la Fiscalía”, remarcó la fiscal y agregó que “esperaremos a conocer los fundamentos de la sentencia para evaluar los pasos a seguir”.

Asimismo, la funcionaria del MPA planteó que “durante el debate se pudo demostrar que Mendieta atentó contra la dignidad sexual de una pequeña niña a quien debía cuidar, proteger y educar ya que era considerado como un padre por ella”.

Tomasso indicó que “entre febrero y julio de 2024, el condenado abusó sexualmente de manera reiterada de la víctima, quien en esa época transitaba su escolaridad primaria”. Además, la fiscal precisó que “el imputado aprovechaba la situación de convivencia preexistente para cometer los abusos en perjuicio de la menor”.

La representante del MPA aseguró además que “el accionar del condenado tuvo la entidad suficiente para afectar el libre y progresivo desarrollo de la sexualidad de la niña”.

Mendieta fue condenado por la autoría del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, ambas calificaciones penales agravadas por la convivencia preexistente.

El Litoral

Un hombre de 36 años, identificado como Ezequiel Rubén Sukliet, fue condenado a cinco años de prisión como coautor de un robo cometido en perjuicio de su madre en Monte Vera, departamento La Capital.

La sentencia fue dispuesta por el juez Sergio Carraro durante un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo, quien señaló que el legajo penal continúa abierto debido a que otros dos hombres están imputados y permanecen en prisión preventiva como presuntos coautores del hecho.

El hecho ocurrió el martes 15 de abril de 2025, entre las 19 y las 19:30, en una vivienda ubicada sobre calle Rivadavia al 5.500, en Monte Vera, donde residía la madre de Sukliet.

Según expuso la fiscal, el condenado y los otros dos imputados se distribuyeron funciones para concretar el robo e ingresaron al domicilio. Allí agredieron a la víctima con un objeto de cemento que se encontraba en el patio delantero.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió heridas que le provocaron riesgo de muerte.

Los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo, un reloj, una riñonera, una bandolera, un pantalón, una campera y un teléfono celular.

Nuzzo explicó que los otros dos involucrados fueron detenidos ese mismo día, mientras que Sukliet inicialmente simuló haber sido víctima del hecho junto con su madre. Sin embargo, el avance de la investigación permitió determinar que había participado como coautor y posteriormente fue detenido.

Además del robo, la sentencia contempló otros hechos atribuidos a Sukliet.

La fiscal indicó que el hombre encubrió el robo de dos cuadros y un reloj. También incumplió una orden judicial que le prohibía ingresar a Monte Vera, medida que había sido dispuesta en el marco de otro legajo penal.

A esto se sumó un episodio ocurrido mientras permanecía detenido en una comisaría, donde provocó daños al romper parte del cielorraso de la dependencia policial.

Durante el juicio abreviado, Sukliet reconoció su responsabilidad penal como coautor de robo calificado por el uso de arma y por las consecuencias provocadas a la víctima, además de admitir los delitos de encubrimiento por receptación dolosa, desobediencia a un mandato judicial y daño.

El condenado aceptó, junto con su abogado defensor, todos los términos del acuerdo.

Las víctimas se constituyeron como querellantes, fueron informadas de lo resuelto a través de su abogado y manifestaron su conformidad con la condena.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Juan Francisco Trigatti, el docente condenado por delitos contra la integridad sexual cometidos contra cinco alumnas menores de edad en una escuela de la capital provincial.

La resolución fue adoptada por mayoría. Los ministros Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco y Margarita Zabalza votaron por no hacer lugar al planteo defensivo.

En disidencia se pronunciaron Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Rubén Weder.

El recurso había sido presentado luego de que un tribunal de segunda instancia rechazara un planteo de inconstitucionalidad contra la resolución que confirmó la condena de 12 años de prisión.

Trigatti había sido absuelto en primera instancia, al término de un juicio oral. Sin embargo, esa decisión fue apelada por el Ministerio Público de la Acusación.

Posteriormente, un tribunal de segunda instancia integrado por los camaristas Jorge Andrés, Sebastián Creus y Alejandro Tizón hizo lugar al planteo de la Fiscalía, revocó la absolución y condenó al docente.

La sentencia lo consideró autor de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por una persona encargada de la educación, en perjuicio de cuatro víctimas, y de abuso sexual simple agravado por la misma condición, respecto de una quinta alumna.

La defensa apeló la sentencia, pero el 7 de noviembre de 2025 otro tribunal de segunda instancia, integrado por Fabio Mudry, Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri, confirmó la condena.

Ese tribunal también rechazó el recurso de inconstitucionalidad impulsado por los abogados del docente.

Frente a esa decisión, la defensa acudió ante la Corte Suprema provincial mediante un recurso de queja. El máximo tribunal santafesino resolvió ahora, por cuatro votos contra tres, rechazar el planteo.

Un hombre de 32 años identificado como Carlos Miguel Ramos fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por tener cocaína y marihuana destinadas a la venta al menudeo en Santo Tomé.

La sentencia fue impuesta por la jueza Susana Luna durante un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo del fiscal Roberto Apullán.

Ramos permanecía privado de su libertad desde el 13 de enero, cuando la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos por microtráfico en Santo Tomé y Laguna Paiva. Uno de los procedimientos tuvo lugar en la zona de Tomás Lubary y Córdoba, donde la PDI secuestró estupefacientes y otros elementos vinculados con la investigación.

Según detalló Apullán, en poder del ahora condenado fueron encontrados 14 gramos de cocaína dentro de un envoltorio y 29 gramos de marihuana distribuidos en otros dos paquetes.

Para la Fiscalía, distintos elementos permitieron establecer que las sustancias no estaban destinadas al consumo personal. Además de encontrarse acondicionadas en envoltorios, los investigadores secuestraron una balanza digital de precisión con vestigios de cocaína y $186.300 en billetes de baja denominación.

También fue incautado un cuaderno con anotaciones de fechas y montos de dinero, junto con el DNI de otro hombre vinculado con la pesquisa. Antes del allanamiento, personal de la División Microtráfico de la PDI había realizado tareas de investigación de campo para reunir elementos sobre la presunta comercialización.

Ramos finalmente fue condenado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Confirmaron en segunda instancia la condena a 23 años de prisión impuesta a Miguel Ángel Spahn, de 40 años, por el homicidio de Gonzalo Andrés Riatto, ocurrido en 2023 en la localidad de Lehmann, departamento Castellanos.

La resolución fue dictada por los camaristas Sergio Alvira, Cristian Fiz y Fabio Mudry, quienes resolvieron por unanimidad rechazar los planteos realizados por la Defensa y confirmar íntegramente el fallo apelado.

El fiscal Martín Castellano, a cargo de la Unidad Fiscal Especial Homicidios de la Fiscalía Regional 5, llevó adelante la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación en las distintas etapas del proceso judicial.

“La condena había sido dispuesta en septiembre del año pasado en el marco de un juicio oral, cuya sentencia fue recurrida por la Defensa. Los camaristas rechazaron todos los agravios presentados y confirmaron íntegramente el fallo apelado”, indicó Castellano.

El fiscal explicó que el tribunal de segunda instancia consideró correctamente fundada la condena impuesta a Spahn, al valorar la gravedad del hecho y las circunstancias acreditadas durante el juicio.

“El tribunal de segunda instancia concluyó que la pena a 23 años impuesta a Spahn estuvo debidamente fundamentada, es razonable y proporcional al ilícito cometido”, subrayó Castellano.

En ese sentido, sostuvo que la Cámara descartó los cuestionamientos de la Defensa sobre la valoración realizada por el tribunal de juicio.

“Los magistrados de la Alzada señalaron que la Defensa no logró demostrar arbitrariedad en la sentencia y que sus cuestionamientos se limitaban a discrepar con la valoración realizada por el tribunal de juicio respecto de las circunstancias agravantes y atenuantes del caso”, agregó.

Entre los fundamentos de la resolución, los jueces tuvieron en cuenta la forma en que se produjo el homicidio, cometido con un arma blanca, y el accionar del condenado contra la víctima.

“Los camaristas destacaron la extrema gravedad del hecho delictivo, al considerar acreditado que Spahn persiguió a la víctima, quien intentó escapar y refugiarse en reiteradas oportunidades antes de ser agredido mediante múltiples puñaladas”, precisó el fiscal.

Castellano también remarcó que la Cámara valoró la continuidad del ataque y el impacto que el crimen tuvo en el entorno familiar de la víctima.

“Contemplaron especialmente la persistencia del ataque, la intensidad del accionar homicida y las graves consecuencias que el crimen produjo en la familia de Riatto”, manifestó.

El fiscal del MPA señaló además que el tribunal de segunda instancia desestimó un pedido de la Defensa vinculado a una nueva evaluación médica del condenado.

“El tribunal que revisó el fallo también rechazó un planteo de la Defensa acerca de la realización de una nueva Junta Médica para evaluar la salud mental del condenado”, indicó Castellano.

Según explicó, ese punto ya había sido tratado previamente y no existían nuevos elementos que justificaran volver sobre la cuestión.

“Esa cuestión ya había sido resuelta con anterioridad mediante una decisión firme y no se aportaron nuevos elementos que ameriten reabrir el debate”, sostuvo.

Por otra parte, Castellano informó que los camaristas dispusieron remitir copia del registro audiovisual de la audiencia de apelación al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial.

“El objetivo es que se evalúen insinuaciones de la Defensa referidas a que la pena impuesta habría sido influenciada por el contexto político y social existente al momento del juicio”, puntualizó el fiscal. Spahn se encuentra condenado como autor de homicidio simple.

Un hombre de 36 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de una niña de su entorno familiar en San Javier.

La sentencia fue dispuesta por el juez penal Lisandro Aguirre, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

El fiscal Pablo Lipowy representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el juicio. Según informó, “la madre de la víctima y otro familiar también fueron investigados y serán juzgados en un juicio oral previsto para diciembre de este año”.

Lipowy indicó que “el condenado vulneró la integridad sexual de la víctima en reiteradas oportunidades entre 2019 y 2023”, y puntualizó que “al momento de los primeros abusos, ella transitaba su escolaridad primaria”.

Al respecto, expuso que “el agresor llevó adelante su accionar delictivo en diferentes inmuebles y descampados en San Javier y zonas aledañas”.

“De acuerdo con las atribuciones delictivas que realizamos, la madre de la niña obtenía ganancias económicas de los abusos en perjuicio de su hija”, subrayó el fiscal.

“La mujer coordinaba con el condenado encuentros en los que él amedrentaba a la víctima y la obligaba a realizar prácticas sexuales que por su edad ella no estaba en condiciones de consentir”, aseveró.

“Por las características y el contexto de los hechos ilícitos, lo sucedido tuvo entidad suficiente para afectar el desarrollo libre y progresivo de la sexualidad de la niña”, especificó Lipowy, y destacó que “la denuncia que originó la investigación penal fue radicada por la propia víctima, quien actualmente es mayor de edad”.

Las iniciales del condenado son MM. Su nombre completo no se brinda para evitar la revictimización de la víctima, quien tiene el mismo apellido que él.

El hombre reconoció su responsabilidad penal por la autoría del delito de “abuso sexual con acceso carnal y corrupción de menores agravada por tratarse de una víctima menor de 13 años”.

Junto con su abogado defensor, MM aceptó la calificación penal propuesta por la fiscalía, la pena impuesta y la decisión de realizar un juicio en el que se abreviaron los procedimientos. Por su parte, la víctima fue informada de lo resuelto y manifestó estar de acuerdo.

Un hombre de 46 años, identificado como Cristian Esteban Matías Lezcano, fue condenado a 16 años de prisión de cumplimiento efectivo por abusar sexualmente de la hija menor de edad de quien era su pareja en Sunchales, departamento Castellanos.

La sentencia fue dispuesta por el juez Nicolás Stegmayer, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, desarrollado en los tribunales de Rafaela.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Favia Burella, de la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 5, quien además representó al Ministerio Público de la Acusación en la audiencia.

Durante el proceso, el condenado reconoció expresamente su responsabilidad penal, mientras que el tribunal consideró acreditada la atribución delictiva.

De acuerdo con lo expuesto por la fiscalía, los hechos ocurrieron en reiteradas oportunidades durante el año pasado, en momentos en que la víctima quedaba al cuidado del condenado.

“Los abusos se produjeron de manera reiterada y en un número indeterminado de oportunidades durante el año 2024, cuando la niña quedaba al cuidado del condenado”, precisó Burella.

La fiscal agregó que, al momento de los hechos, la víctima “estaba transitando los últimos años de su escolaridad primaria”.

Burella remarcó que Lezcano aprovechó el vínculo de convivencia y la situación de cuidado para cometer los ilícitos.

“Lezcano cometió los abusos con conocimiento y voluntad de llevarlos a cabo cuando quedaba como encargado del cuidado de la niña”, subrayó.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en la vivienda donde convivían como familia ensamblada y a la que la niña asistía en el marco del régimen de comunicación con su madre.

“Los ilícitos fueron cometidos en la casa en la que convivían como familia ensamblada, y a la que la niña iba en ocasión de llevarse a cabo el régimen de comunicación con su madre”, agregó la fiscal.

Otro de los puntos señalados por la fiscalía fue la conducta posterior del condenado hacia la víctima, a quien habría presionado para ocultar los hechos.

“Lezcano obligó a la niña a guardar secreto de lo sucedido y la presionó para que mienta y responsabilice a un compañero de la escuela por el estado de gravidez que atravesaba”, indicó Burella.

Lezcano fue condenado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal a una menor de 13 años, agravado por la guarda y por la convivencia.

La fiscal explicó que el procedimiento abreviado contó con la conformidad del acusado y de su defensa, además de la admisión de culpabilidad.

“El condenado y su defensa manifestaron la conformidad con el procedimiento escogido. Además, el imputado admitió la culpabilidad de los hechos reprochados, prestó conformidad por la calificación legal seleccionada y la pena solicitada en cuanto a su monto y modalidad de cumplimiento”, señaló Burella.

Por último, la representante del MPA informó que el representante legal de la víctima también manifestó su conformidad con el procedimiento y con la pena solicitada.

“El representante legal de la víctima manifestó su conformidad respecto del procedimiento abreviado y la pena solicitada”, concluyó.

La Justicia santafesina condenó a Gabriel Omar Martínez (23 años) y Micaela Ayelén Roldán (21 años) por venta de drogas al menudeo y por tenencia ilegal de tres armas de fuego de guerra en la ciudad de Santa Fe. La resolución incluyó además el pago de una multa económica. La causa fue instruida por la Unidad Fiscal Especial en Microtráfico de la Fiscalía General y el juicio fue abreviado, con representación del MPA a cargo del fiscal Arturo Haidar. La sentencia fue dictada por el juez Martín Torres.

El 16 de mayo de 2026, efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda ubicada en Cafferata al 8.800, donde se detuvo a los imputados. Durante el procedimiento se secuestraron:

El fiscal Haidar explicó que los condenados realizaban maniobras consistentes con la comercialización de estupefacientes bajo modalidad de menudeo desde la vivienda allanada.

Martínez y Roldán fueron condenados como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra. Ambos admitieron su responsabilidad penal durante el juicio abreviado y, junto con sus defensores, aceptaron todos los términos del procedimiento.

La Justicia santafesina condenó a Diego Martín Castillo (39 años) y Verónica Lucía Churi (29 años), ambos oriundos de la provincia de Neuquén y residentes en CABA, por estafar a una adulta mayor en Venado Tuerto. Los hechos ocurrieron el 27 de marzo de 2026, cuando ambos se hicieron pasar por personal de la ANSES y engañaron a la víctima para que les entregara 9.000 dólares.

La sentencia fue dictada por la jueza Mariana Vidal en un juicio abreviado, donde se estableció la prisión condicional de los acusados y la obligación de devolver el dinero sustraído. La víctima ya recibió los fondos, mientras que los condenados debieron fijar domicilio en CABA y tienen prohibición de ingresar a Venado Tuerto por dos años.

El fiscal Damián Cassullo explicó que los condenados actuaron con la modalidad del “cuento del tío”, dividiendo tareas entre su grupo. Convencieron a la víctima de que debía reemplazar sus billetes de dólares para evitar su pérdida de valor y que un agente del organismo pasaría a retirarlos de su casa. Posteriormente, Castillo ingresó al domicilio, se aprovechó de la confianza de la mujer y se llevó el dinero. Allanamientos en el barrio de Floresta, en CABA, permitieron secuestrar elementos que comprometieron su situación procesal.

Castillo reconoció ser coautor de estafa, mientras que Churi admitió ser partícipe principal. Ambos aceptaron los términos del procedimiento abreviado junto con sus defensores. La víctima fue informada de la resolución judicial y manifestó su conformidad.

La Justicia santafesina dictó una condena en una de las causas derivadas del conflictivo proceso judicial iniciado tras las denuncias de un traumatólogo de la ciudad de Santa Fe que aseguró haber sido víctima de hostigamiento, agresiones e incumplimientos reiterados de medidas de restricción por parte de su expareja.

La sentencia fue firmada el pasado 22 de junio por el juez penal Pablo Busaniche, quien declaró la admisibilidad del acuerdo de procedimiento abreviado alcanzado entre la fiscal Florencia Zaravia, el abogado querellante Santiago Banegas —en representación de la víctima, Sebastián Grin—, la defensora Abril Rico y la propia imputada, María Eugenia Leyes, de 38 años.

La audiencia en la que se presentó el acuerdo se había realizado el 17 de junio. Allí, la acusada reconoció su responsabilidad penal en los hechos atribuidos y prestó conformidad con la pena acordada por las partes.

La causa se enmarca en una serie de denuncias que cobraron notoriedad pública durante 2025 y que tuvieron como protagonista al traumatólogo santafesino Sebastián Grin. El profesional sostuvo durante meses que era víctima de agresiones, persecuciones y falsas denuncias impulsadas por su expareja, situación que derivó en múltiples intervenciones judiciales y medidas de protección.

Entre otras resoluciones, la Justicia de Familia había dispuesto una medida de distancia recíproca que impedía a ambas partes acercarse a menos de 100 metros entre sí o concurrir a los domicilios de la otra persona. Esa prohibición se encontraba vigente al momento de los hechos que fueron objeto de la condena.

Según quedó acreditado en la carpeta judicial que lleva adelante el MPA, el primero de los hechos ocurrió el 6 de enero de 2025 alrededor de las 18, en inmediaciones de San Jerónimo y Obispo Gelabert.

De acuerdo con la investigación, Leyes se acercó a Grin pese a la prohibición judicial vigente. Luego comenzó a patear el automóvil del profesional, un vehículo marca DS4, provocando la rotura del soporte del espejo retrovisor derecho y daños en el espejo izquierdo.

La agresión continuó con golpes de puño dirigidos a la víctima. Como consecuencia del ataque, el médico sufrió excoriaciones en manos, cuello, codo, rodilla y pierna, además de contusiones en distintas zonas del rostro y la cabeza. Las lesiones demandaron aproximadamente dos semanas de curación.

Horas más tarde, ya durante la madrugada del 7 de enero, la mujer volvió a incumplir la orden judicial al presentarse en el domicilio de Grin, ubicado en barrio Candioti. Ese episodio constituyó un segundo hecho de desobediencia a un mandato judicial.

En el acuerdo abreviado, la acusada aceptó su responsabilidad como autora de los delitos de desobediencia a un mandato judicial, daños y lesiones leves dolosas calificadas por haber sido cometidas contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja.

Asimismo, reconoció un segundo hecho de desobediencia a una orden judicial, todo ello en concurso real.

Al analizar el acuerdo, Busaniche sostuvo que las pruebas reunidas durante la investigación permitían tener por acreditada tanto la materialidad de los hechos como la participación de la imputada.

En los fundamentos de la sentencia, el magistrado remarcó que la condenada actuó con pleno conocimiento de las restricciones que pesaban sobre ella.

En ese sentido, señaló que “no solo ha vulnerado la integridad física de la víctima, sino que ha avanzado sobre su patrimonio y, lo más grave desde la perspectiva del orden público, ha mostrado un desprecio por la autoridad estatal al incumplir las órdenes de restricción impuestas”.

Como consecuencia del acuerdo, Leyes fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional. El juez valoró especialmente que carecía de antecedentes penales condenatorios y que había aceptado su responsabilidad, evitando la realización de un juicio oral y público.

“Se valora a favor de la misma el hecho de haber aceptado su responsabilidad penal en la comisión de los injustos endilgados, evitando los costos humanos y materiales que implican un proceso oral y público”, destacó el magistrado.

Además de la pena, la mujer deberá cumplir durante dos años una serie de reglas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio y someterse al control de la Agencia Provincial de Medidas No Privativas de la Libertad.

También tendrá la obligación de iniciar y mantener un tratamiento terapéutico con profesionales de la salud mental para abordar vínculos de dependencia, gestión de la ansiedad y control de impulsos, acreditando mensualmente su asistencia mediante certificados profesionales.

La supervisión del cumplimiento de la condena quedará a cargo de la Justicia de Ejecución Penal.

La Audiencia Provincial de Valencia condenó al futbolista español Rafa Mir a ocho años y seis meses de prisión por una agresión sexual y lesiones cometidas contra una joven de 21 años en agosto de 2024, en un caso que conmocionó al fútbol español.

La sentencia fue dictada por la Sección Cuarta del tribunal valenciano, que consideró acreditados los hechos denunciados por la víctima, ocurridos en una vivienda del jugador ubicada en la localidad de Bétera, en la provincia de Valencia.

Esta sentencia aún no es firme y puede ser recurrida. De hecho, es exactamente lo que el futbolista ya ha anunciado que hará.

Según la resolución judicial, la joven relató durante el juicio que fue sometida a tocamientos y agresiones sexuales tanto en la piscina como en el interior de la vivienda, pese a haber manifestado en reiteradas oportunidades su intención de detener la situación y abandonar el lugar.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que Mir indemnice a la víctima con 64.000 euros, suma que contempla tanto las lesiones sufridas como los daños morales ocasionados. También deberá cumplir una orden de alejamiento y prohibición de contacto durante 13 años, además de siete años de libertad vigilada una vez cumplida la condena.

Otra condena en la misma causa

En el mismo proceso judicial también fue condenado Pablo Jara, quien acompañaba a Mir aquella noche. La Justicia le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión por una agresión sexual y un delito contra la integridad moral cometidos contra otra mujer de 25 años.

De acuerdo con la sentencia, Jara realizó tocamientos no consentidos y posteriormente expulsó a la denunciante de la vivienda. Además, deberá indemnizarla con 6.280 euros y cumplir medidas de alejamiento, prohibición de comunicación y libertad vigilada.

La valoración de la Justicia

Los magistrados destacaron que los testimonios de ambas víctimas fueron "coherentes, consistentes y convincentes" durante todo el proceso, y señalaron que sus declaraciones estuvieron respaldadas por pruebas periciales, informes psicológicos y otros testimonios incorporados a la causa.

En contraposición, la Audiencia consideró que los argumentos presentados por las defensas carecieron de sustento fáctico y de razonamiento lógico suficiente para desvirtuar las acusaciones.

Asimismo, el tribunal ordenó abrir una investigación sobre la actuación de tres policías locales de Bétera que declararon durante el juicio, al detectar contradicciones entre sus testimonios y las pruebas consideradas válidas por la Justicia.

La condena representa uno de los fallos más resonantes de los últimos años en el deporte español y pone fin a un proceso judicial que se extendió durante más de un año y medio desde la denuncia de los hechos.

Las hermanas Aldana Belén Vega y Silvana Soledad Vega fueron condenadas el año pasado por intentar matar a una mujer en Rafaela, cabecera del departamento santafesino Castellanos. Ahora, los camaristas Cristian Fiz, Alejandro Tizón y Fabio Mudry, luego de una audiencia de apelación, ratificaron el fallo de primera instancia.

De esta forma, quedaron firmes las penas de seis años y medio de prisión para ambas responsables del hecho investigado.

Por su parte, fue el fiscal Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Regional 5, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante todo el proceso judicial.

El funcionario valoró que -a pesar del planteo de la Defensa- el tribunal avalara su planteo, al reconocer que las penas impuestas en el juicio oral de febrero de 2025 eran "justas" y "razonables".

Castellano explicó que “el tribunal rechazó todos los planteos que la Defensa hizo en relación con una posible vulneración de la garantía del plazo razonable y la existencia del dolo homicida”, y agregó que “el abogado de las atacantes pretendía que el tribunal reencuadrara los hechos como lesiones y en consecuencia redujera las penas impuestas”.

“Tras escuchar a las partes y analizar el fallo recurrido, los camaristas concluyeron que no hubo demoras irrazonables en la tramitación de la causa, que la prueba producida durante el juicio permitía acreditar la intención homicida de las hermanas Vega y que las penas a seis años y seis meses de prisión son las que corresponden”, destacó el funcionario del MPA.

El criminal ataque ocurrió el domingo 5 de junio de 2022, durante la siesta, en las calles de barrio Barranquitas de Rafaela.

Las hermanas Vega mantenían un enfrentamiento de vieja data con la víctima y ese día descargaron sobre ella toda su furia. “Con el objetivo de matarla, Aldana Vega la atacó con un cuchillo. (…) Durante la situación violenta, hubo un forcejeo en el que el arma blanca se cayó” y “la otra condenada la tomó rápidamente y la usó para seguir apuñalando a la persona amedrentada”, reconstruyó el fiscal.

Castellano también contó que la víctima resultó con múltiples heridas en distintas zonas del cuerpo y sólo pudo sobrevivir porque vecinos se involucraron para interrumpir el ataque y los médicos le brindaron una rápida y eficaz atención.

La Cámara de Apelación confirmó las condenas impuestas a Aldana Belén Vega y Silvana Soledad Vega, dos hermanas que fueron halladas culpables de haber intentado matar a una mujer en Rafaela, departamento Castellanos. Ambas deberán cumplir seis años y seis meses de prisión como coautoras del delito de tentativa de homicidio.

La resolución fue adoptada por los camaristas Cristian Fiz, Alejandro Tizón y Fabio Mudry, luego de una audiencia de apelación realizada en los tribunales rafaelinos. La sentencia de primera instancia había sido dictada en febrero del año pasado, en el marco de un juicio oral y público.

Durante todo el proceso judicial, el Ministerio Público de la Acusación estuvo representado por el fiscal de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, Martín Castellano.

“Ante el tribunal, argumentamos que las penas impuestas eran justas y razonables”, señaló el fiscal, quien valoró que “a pesar de la oposición de la Defensa, los jueces avalaron nuestra postura”.

Castellano explicó que el tribunal rechazó los planteos realizados por la Defensa, que había cuestionado una posible vulneración de la garantía del plazo razonable y la existencia del dolo homicida.

“El abogado de las atacantes pretendía que el tribunal reencuadrara los hechos como lesiones y, en consecuencia, redujera las penas impuestas”, indicó el fiscal.

Sin embargo, tras analizar los argumentos y la sentencia recurrida, los camaristas concluyeron que no hubo demoras irrazonables en la tramitación de la causa y que la prueba producida durante el juicio permitió acreditar la intención homicida de las hermanas Vega.

“Los camaristas concluyeron que la prueba producida durante el juicio permitía acreditar la intención homicida de las hermanas Vega y que las penas a seis años y seis meses de prisión son las que corresponden”, destacó Castellano.

El hecho ocurrió el domingo 5 de junio de 2022, durante la siesta, en la vía pública de Rafaela. Según reconstruyó la Fiscalía, las condenadas actuaron de manera coordinada y atacaron a una mujer con la que mantenían un conflicto previo.

Castellano precisó que Aldana Vega agredió a la víctima con un cuchillo con el objetivo de matarla. Durante el episodio, se produjo un forcejeo y el arma blanca cayó al suelo.

En ese momento, Silvana Vega tomó rápidamente el cuchillo y continuó apuñalando a la mujer.

“La víctima resultó con múltiples heridas, pero pudo sobrevivir gracias a la intervención de vecinos que interrumpieron el ataque y a la rápida atención médica que recibió”, remarcó el fiscal.

Con la confirmación de la sentencia, Aldana Belén Vega y Silvana Soledad Vega quedaron condenadas como coautoras del delito de tentativa de homicidio.

El fallo ratificado por la Cámara de Apelación confirmó así la valoración realizada en primera instancia y sostuvo la calificación legal impulsada por el Ministerio Público de la Acusación.

Un hombre de 43 años cuyas iniciales son SAVDV fue condenado a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de su la hija de su pareja en una pequeña localidad del departamento General Obligado.

La sentencia fue ordenada por el juez Gonzalo Basualdo en el marco de un juicio oral que se desarrolló en los tribunales de Las Toscas. El fiscal Norberto Ríos estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.

Luego de la lectura del veredicto, Rios expresó que “si bien valoramos la condena impuesta al acusado, aguardaremos los fundamentos del magistrado”.

Por otra parte, el fiscal hizo hincapié en “la valentía de la víctima, quien vino a la sala de audiencias e hizo la declaración de impacto ante el juez”, y también destacó “la presencia de la tía de la niña, quien valoró el trabajo de investigación realizado y la sentencia obtenida”.

Ríos precisó que “el condenado abusó de la víctima en reiteradas oportunidades cuando la niña transitaba el último tramo de su escolaridad primaria”.

“SAVDV era la pareja de la madre de la víctima y convivían en la misma casa”, detalló el fiscal. En tal sentido, agregó que “el condenado se aprovechó de esta situación y cometía los ataques sexuales en los momentos en los que quedaba a solas con la niña y en viajes que realizaron”.

El funcionario remarcó que “la víctima logró develar lo sucedido en abril de 2025 a su tía, quien realizó de forma inmediata la denuncia correspondiente”.

SAVDV fue condenado como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la convivencia preexistente con un menor de 18 años). Su identidad se omite informar para evitar la revictimización de la niña abusada a raíz de que viven en una localidad muy pequeña del norte provincial.

El Litoral