Ante el reciente fallo de la Corte Suprema, que rechazó un recurso presentado por la expresidenta, Cristina Kirchner, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) hizo hoy un llamado para que la “disconformidad que pueda existir en ciertos sectores se canalice por medios pacíficos, tal como lo establece el marco institucional vigente y lo exige la convivencia democrática”.

“Nuestro sistema judicial prevé diversas instancias para que los afectados puedan plantear sus apelaciones; agotadas esas posibilidades, corresponde acatar el veredicto. Asimismo, cabe señalar que el descontento que algunos puedan tener ante la definición judicial debe manifestarse de manera tal que no perturbe el normal desarrollo de las actividades del resto de la ciudadanía”, indicó la entidad, que integra el Grupo de los 6, donde estás las cámaras empresariales más relevantes.

Dijo que “en momentos en que Argentina hace esfuerzos para recuperar la confianza de los inversores locales y del exterior –mancillada por años de incumplimientos y anomia–, resultaría ciertamente desgraciado que la rebeldía ante una definición judicial devenga en una situación de desorden público. Corresponde apelar a la madurez de la población en general y de la dirigencia en particular para evitar que esto suceda”.

Asimismo, la cámara empresarial sostuvo que “resulta oportuno condenar el ataque que en el día de ayer sufrieron las instalaciones de la empresa Artear. Los desmanes, amén de que produjeron cuantiosos daños materiales, pusieron en riesgo la integridad física de numerosas personas que allí desempeñan sus labores”.

“Postulados tan ciertos como que la violencia es inaceptable en una sociedad democrática, que el desconocimiento de los fallos de la Justicia es impropio del sistema republicano, y que la corrupción es incompatible con la ética, a menudo parecen ser olvidados por la sociedad argentina”, señaló.

Desde la CAC se hizo un “llamado a la reflexión general para que estas verdades tengan un lugar central como rectoras de la vida nacional, en el convencimiento de que solo así lograremos construir la Argentina libre, próspera y justa a la que aspiramos”.

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La nota, firmada por el corresponsal Daniel Politi, subraya que la resolución del máximo tribunal no solo consolida una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino que también bloquea el “planeado regreso político” de la ex mandataria, quien recientemente había anunciado su candidatura a la legislatura bonaerense.

El artículo explica que la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de Fernández de Kirchner, ratificando así la condena emitida en 2022 por corrupción en la obra pública durante sus gobiernos (2007-2015). Sin embargo, el NYT aclara que es improbable que la ex presidenta, de 72 años, cumpla pena efectiva en una prisión común, dado que la legislación argentina permite la prisión domiciliaria para mayores de 70 años.

El tribunal de primera instancia deberá determinar ahora si cumplirá su condena en su domicilio, aunque se advierte que podría pasar algunos días detenida en una comisaría hasta que se resuelva su situación.

El artículo también describe el clima de tensión que rodeó el fallo. Según el medio neoyorquino, simpatizantes de la ex presidenta bloquearon rutas en las afueras de Buenos Aires y algunos sindicatos amenazaron con huelgas nacionales en caso de que la condena quedara firme. La nota recuerda que Cristina Kirchner fue víctima de un intento de asesinato en 2022, lo que, según el diario, “agrava el nivel de polarización en la sociedad argentina”.

The New York Times traza un perfil de Cristina Kirchner como una figura central en la política argentina durante más de tres décadas. La describe como “una de las figuras más polarizantes del país”, admirada por sus políticas sociales pero también acusada de liderar esquemas de corrupción a gran escala. El artículo destaca su liderazgo actual del Partido Justicialista y su rol como principal referente opositora al gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, el presidente libertario aparece mencionado como un crítico férreo del kirchnerismo. Según el artículo, Milei responsabiliza a los gobiernos de los Kirchner por la “corrupción sistémica” y la “mala administración económica” que llevaron al país a su crisis actual.

El artículo recoge también las palabras de Cristina Kirchner tras conocerse el fallo. Ante una multitud de militantes, la ex presidenta desafió: “Adelante, métanme presa... ¿De verdad creen que eso va a arreglar algo? Puede que yo esté tras las rejas, pero la gente va a estar cada día peor”. La frase, destacada en el texto, refleja el tono combativo con el que afrontó la confirmación de su condena.

Finalmente, el diario señala que Fernández de Kirchner enfrenta otras causas judiciales por presunto lavado de dinero, direccionamiento de contratos y el controvertido memorándum con Irán, vinculado al encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos. Además, recuerda que durante el juicio en su contra, en 2022, fue víctima de un intento de asesinato cuando un hombre le apuntó con un arma que no llegó a dispararse.

Con esta resolución de la Corte, el futuro político de Cristina Kirchner queda suspendido, y el país se enfrenta a un nuevo capítulo en su convulsionada vida institucional. Mientras tanto, sus seguidores y detractores se mantienen movilizados, y el escenario político nacional se reconfigura de cara a las próximas elecciones.

La Justicia falló en contra de Yanina Latorre en una causa por injurias iniciada por Ana Rosenfeld. La panelista había asegurado en su programa de televisión que la abogada tenía "más de 30 denuncias de mujeres" en su contra, una afirmación que resultó ser falsa. La abogada consideró que esas declaraciones afectaban gravemente su imagen profesional y personal, por lo que inició acciones legales.

El fallo obliga a Latorre a pagar una multa y realizar disculpas públicas, tanto en el mismo espacio en el que emitió las declaraciones como en sus redes sociales. La Justicia dejó en claro que la libertad de expresión no ampara la difusión de datos falsos que puedan dañar la reputación de terceros, especialmente cuando no se presentan pruebas que respalden dichas afirmaciones.

Tras conocerse la sentencia, Latorre cumplió con la obligación de disculparse públicamente. En sus declaraciones, expresó que había sido mal informada y que las acusaciones contra Rosenfeld eran infundadas. Afirmó que fue víctima de “información errónea” proporcionada por terceros y que su intención nunca fue perjudicar a la abogada.

La panelista también señaló que este episodio la llevó a reflexionar sobre el alcance de sus palabras y la necesidad de verificar la veracidad de la información antes de emitirla en medios masivos. "Me equivoqué, lo reconozco, y hoy cumplo con lo que dictó la Justicia", declaró.

La condena generó fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo y el periodismo. Diversas figuras del medio opinaron sobre el fallo, algunos cuestionando la falta de rigor con la que se emite información en televisión, y otros defendiendo el derecho a la libertad de expresión, aunque con límites responsables.

Ana Rosenfeld, por su parte, celebró la decisión judicial como un acto de justicia y defensa de su buen nombre. “Lo que dijo Yanina fue grave. No es solo una opinión, fue una mentira difundida como verdad y eso tiene consecuencias”, expresó la abogada en una entrevista reciente.

Especialistas en derecho y comunicación coincidieron en que este caso se convierte en un precedente importante para el tratamiento de la información en medios de comunicación. Advirtieron que figuras públicas, periodistas y panelistas deben actuar con mayor responsabilidad, especialmente cuando se trata de acusaciones que pueden afectar la reputación y la trayectoria profesional de otras personas.

Este caso resalta la relevancia de la responsabilidad en las declaraciones públicas, especialmente en el ámbito mediático. La condena a Yanina Latorre por injurias establece un precedente sobre las consecuencias legales de difundir información no verificada que pueda afectar la reputación de terceros.

Un juez de primera instancia rechazó su demanda por un acuerdo de honorarios en el marco de una conflictiva causa familiar y la condenó a pagar las costas de proceso por casi 40 millones de pesos.

Un juez civil rechazó un reclamo de la abogada mediática Ana Rosenfeld por honorarios por un millón de dólares y la condenó a pagar las costas del proceso, que trepan a casi 40 millones de pesos.

Rosenfeld inició la demanda por el cobro en setiembre de 2020 contra Carolina Cynthia Maneiro por una conflictiva situación familiar, con divorcio y división de bienes multimillonarios con su marido, el acaudalado empresario Jorge Raúl Cermesoni.

Rosenfeld asumió la representación letrada de la mujer en 2012 “para intervenir en numerosos asuntos de familia, en virtud de la conflictiva que tenía con su cónyuge” con quien estaba “enfrentando un divorcio muy difícil, no solo por las cuestiones de familia involucradas, sino porque su marido era un hombre de fortuna que la canalizaba a través de sociedades argentinas, uruguayas, norteamericanas y panameñas”.

Las partes acordaron honorarios y una cláusula “para el supuesto de revocar el patrocinio” que inicialmente era de cien mil dólares y luego se actualizó a un millón, mediante un convenio privado.

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En marzo de 2016, Maneiro revocó el mandato de la abogada argumentando que “el convenio de honorarios y su addenda modificatoria ha sido propuesto con abuso de su calidad de asesora y de su profesión de abogada”.

Maneiro decidió prescindir de Rosenfeld “al tomar conocimiento -a posteriori del inicio de la relación- de sus antecedentes éticos y profesionales reprochados incluso por el Tribunal de disciplina del Colegio de Abogados de Capital Federal, y así se derivó la pérdida de confianza respecto de su ex defensora”.

Rosenfeld argumentó, al reclamar el millón de dólares, que “la revocación del mandato operó de forma intempestiva e incausada, de manera consecuente cobró virtualidad inmediata la cláusula y obligación dineraria asumida”.

A la hora de resolver, el juez en lo Civil número 106 Adrián Hagopián hizo valer una cláusula de la Ley de Aranceles, que establece que “los asuntos o procesos previsionales, alimentarios y de familia, no podrán ser objeto de pactos”.

“Aun cuando las partes quisieran celebrarlos, la ley lo prohíbe. (…) Para que la prohibición no opere debe referirse a un convenio de honorarios vinculado exclusivamente al proceso de liquidación de la sociedad conyugal, pero no cuando también es comprensivo de los correspondientes a asuntos alimentarios o de familia”, sostuvo el juez.

Así, declaró la “nulidad” del acuerdo por el que Rosenfeld reclamaba el millón de dólares, rechazó su demanda y la condenó a pagar los honorarios de los abogados de ambas partes.

A los dos abogados de Maneiro les estipuló 14.933.000 pesos a cada uno, y al de la propia Rosenfeld, 10.124.574 pesos, lo que totaliza 39.990.574 pesos que deberá pagar la letrada.

El fallo es apelable ante la Cámara en lo Civil y eventualmente también ante la Corte Suprema.