El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó este martes a una mujer y a su hija por tenencia de estupefacientes, en el marco de una causa iniciada hace casi cinco años a partir de una investigación por presunta venta de drogas en la ciudad de Recreo.

La sentencia fue dictada por el juez de cámara Luciano Lauría, quien hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal auxiliar Guillermo Gschwind, las imputadas y la defensora pública oficial Mariana Rivero y Hornos.

Las condenadas son Brisa Luciana Palavecino, de 23 años, y su madre Mercedes Lucrecia Da Silva, de 47. La primera tiene domicilio en barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Santa Fe, mientras que Da Silva reside sobre calle Santa Fe al 200 de la ciudad de Recreo, inmueble donde se desarrolló la investigación.

La causa se originó el 26 de noviembre de 2020, cuando la Brigada Operativa Antinarcóticos I informó sobre una presunta actividad de comercialización de estupefacientes en una vivienda ubicada en calle Santa Fe al 250 de Recreo.

A partir de esa denuncia se inició una investigación en la Fiscalía Federal Nº 1, que derivó en un allanamiento realizado el 12 de agosto de 2021. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron alrededor de 32 gramos de cocaína distribuidos en 36 envoltorios de papel glasé, además de un envoltorio con marihuana, seis teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa.

Según reconstruyó el tribunal en la sentencia, Palavecino salió de la vivienda aquella tarde a bordo de una motocicleta y fue interceptada por personal policial antes de regresar al domicilio para presenciar el allanamiento. Su madre, en tanto, fue hallada dentro de la casa al momento del ingreso de los agentes.

Tras el procedimiento, ambas mujeres fueron procesadas el 19 de agosto de 2021 como coautoras del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aunque recuperaron la libertad. Meses más tarde, el fiscal federal requirió la elevación a juicio bajo la misma calificación legal.

En los fundamentos del fallo, el magistrado sostuvo que si bien el allanamiento fue producto de una pesquisa previa vinculada a una presunta actividad de narcomenudeo, la cantidad de droga secuestrada, la ausencia de intervenciones telefónicas y la falta de “indicios graves, serios y concordantes” impedían concluir que las acusadas vendían estupefacientes.

Así fue planteado en el escrito del acuerdo abreviado, donde fiscalía y defensa coincidieron en la recalificación del hecho, por lo que terminaron condenadas por el delito de tenencia de estupefacientes.

Da Silva recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, mientras que Palavecino fue condenada también a dos años de prisión condicional.

Sin embargo, en el caso de la joven se dispuso la unificación de pena con una condena anterior dictada el 31 de enero de 2025 por el Colegio de Jueces de Primera Instancia de Santa Fe, que la había sentenciado a tres años de prisión condicional por tenencia ilegítima de arma de guerra. A raíz de ello, el tribunal fijó para Palavecino una pena única de tres años de prisión en suspenso.

Además, ambas deberán cumplir reglas de conducta durante el plazo fijado por la sentencia: establecer residencia dentro de la jurisdicción del tribunal, someterse al control del Patronato y abstenerse de consumir estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas.

La resolución también ordenó la destrucción de la droga secuestrada en un acto público cuya fecha será establecida próximamente.

El Litoral

La asociación ilícita ofrecía a la venta en redes sociales motocicletas Honda Tornado o XR para captar potenciales víctimas en puntos de encuentro la ciudad de Santa Fe. Las penas van de los 4 a 5 años de prisión domiciliaria.

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Tres mujeres fueron condenadas por integrar una asociación ilícita que ofrecía motocicletas a la venta a través de redes sociales y luego les robaba a los interesados en comprarlas. Los asaltos fueron cometidos entre agosto de 2022 y el mismo mes del año pasado en la ciudad de Santa Fe.

Una de las condenadas es Cecilia Soledad Miranda, de 38 años, a quien se le impusieron cinco años de prisión. Las otras dos son sus hijas Agostina Anahí Martínez y Abilén Ariana Martínez, de 22 y 19 años, que deberán cumplir cuatro años de prisión. A raíz de que las tres mujeres tienen personas menores de edad a su cargo, se dispuso que cumplan las penas de forma domiciliaria.

Las sentencias fueron resueltas por la jueza Rosana Carrara, en el marco de un acuerdo abreviado que se desarrolló este martes en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal María Laura Urquiza afirmó que las condenadas formaban parte de un clan familiar “estable, permanente y organizado, destinado a cometer ilícitos contra la propiedad”.

La funcionaria del MPA sostuvo que Miranda y sus hijas concretaban delitos a partir de las indicaciones que les daba un hombre que está imputado como jefe de la asociación ilícita y transita el proceso judicial en prisión preventiva. Al momento de los hechos, él ya estaba detenido en un establecimiento penitenciario. Un hombre del entorno de las mujeres, identificado como Julián Contreras, fue condenado el año pasado a tres años de prisión por integrar la misma banda delictiva. Mientras que otros dos investigados como miembros del grupo criminal están privados de su libertad como medida cautelar.

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La modalidad es la misma que sufrieron Franco «Paco» Demarchi, un joven oriundo de Sancti Spiritu que en julio de 2023 viajó 370 kilómetros junto con un amigo, y Lautaro “Lato” Leandro, un rapero de 22 años que viajó desde Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires. Tanto Demarchi y Leandro fueron asesinados en la ciudad de Santa Fe cuando se percataron de las verdaderas intenciones de los faltos vendedores y quisieron escapar.

Puntos de encuentro

La banda ofrecía a la venta en redes sociales motocicletas marca Honda modelo Tornado o XR con la finalidad de captar potenciales víctimas. “Cuando alguien demostraba interés en adquirir un vehículo, establecían un punto de encuentro”, dijo.

“A la fecha y hora acordada, los atacantes iban al lugar, amenazaban con armas de fuego a los compradores y les quitaban dinero y otras pertenencias”, precisó. “En otras ocasiones, tras recibir una seña vía transferencia bancaria no acudían a la reunión pactada ni retomaban la comunicación con quienes les habían pagado”, agregó.

La representante del MPA especificó: “Si bien investigamos 15 ilícitos cometidos por el clan familiar, las condenadas no estuvieron implicadas en todos”. Expuso que Miranda participó de cinco robos –uno de los cuales no llegó a concretarse–, y cuatro estafas, mientras que Agostina Martínez cometió dos robos, mientras que su hermana estuvo involucrada en otro.

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Las víctimas de los delitos en el plan criminal fueron citadas en el barrio Villa del Parque o en la zona noroeste de la ciudad. En cuanto a lo sustraído mediante esas conductas ilegales, la fiscal dijo que se apoderaron de 2.015.400 pesos, una motocicleta, seis teléfonos celulares, tres camperas, cuatro mochilas, una cartera, tarjetas bancarias y documentación, entre otros elementos.

En un caso de tentativa de robo, un hombre al que pretendieron quitarle sus pertenencias recibió un tiro, agregó la fiscal.

Las tres mujeres reconocieron su responsabilidad penal como miembros de una asociación ilícita. Además, Agostina Martínez fue condenada como coautora de robo calificado (por haber sido en poblado, en banda y con armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada); mientras que su madre y su hermana, actuaron como partícipes necesarias del mismo delito.

A su vez, Miranda admitió la coautoría de estafa y la participación necesaria en robo calificado (por el uso de armas de fuego, cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada), así como en una tentativa de robo calificado (por el empleo de armas de fuego y por haberle causado lesiones graves a la víctima).