Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ante legisladores nacionales un proyecto de ley que propone incorporar la figura del “vandalismo rural” al Código Penal, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera específica los delitos que afectan a la producción agropecuaria en todo el país.

La iniciativa apunta a dotar al Estado de herramientas jurídicas más eficaces frente a hechos delictivos que dañan bienes, infraestructura y el esfuerzo productivo del sector rural.

Desde la entidad señalaron que el proyecto surge como respuesta a una problemática creciente en distintas regiones productivas, donde los ataques a establecimientos rurales, silobolsas y cultivos se han vuelto reiterados, generando pérdidas económicas significativas y un clima de inseguridad para quienes desarrollan su actividad en el campo.

La propuesta legislativa plantea la reforma de los artículos 186 y 189 del Código Penal, e incorpora el artículo 184 bis, que crea la figura de vandalismo rural.

Esta nueva tipificación prevé penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes afecten el normal funcionamiento de un establecimiento rural mediante la destrucción, inutilización o daño de granos, silobolsas, cultivos, plantaciones, ganado, forrajes y otros bienes directamente vinculados a la actividad agropecuaria.

En relación con la iniciativa, desde CRA remarcaron que “no se trata solo de proteger bienes materiales, sino de resguardar el trabajo, la inversión y la seguridad de quienes producen alimentos en todo el país”. En ese sentido, advirtieron que muchos de estos hechos delictivos hoy no reciben una respuesta penal acorde a la magnitud del daño provocado.

El proyecto también contempla la actualización de la figura del delito de estrago, incorporando nuevas modalidades, como la liberación de patógenos, y estableciendo escalas penales diferenciadas según exista dolo, imprudencia o negligencia. Asimismo, se agravan las penas cuando se ponga en riesgo la vida de las personas o se produzcan consecuencias fatales.

Desde la entidad gremial explicaron que el Código Penal vigente presenta falencias que dificultan una respuesta judicial efectiva frente a estas nuevas modalidades delictivas. “El delito evoluciona y se adapta a nuevas prácticas; la ley debe hacer lo mismo para evitar la impunidad y brindar certezas a las víctimas”, afirmaron.

Finalmente, CRA subrayó que la iniciativa busca fortalecer la seguridad jurídica en el ámbito rural y contribuir a la prevención de delitos que afectan no solo a los productores agropecuarios, sino también al desarrollo económico y social de las comunidades del interior del país.

Campolitoral

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) elevó a las autoridades nacionales un documento con doce propuestas concretas para una reforma tributaria moderna, simple y orientada a la inversión productiva.

El plan, denominado “Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión Agropecuaria”, busca —según la entidad— construir un sistema más equitativo y eficiente, que deje de castigar al capital productivo y otorgue previsibilidad para planificar a largo plazo.

Según CRA, el paquete de medidas “No busca privilegios ni excepciones sectoriales, sino igualdad de trato fiscal, racionalidad económica y previsibilidad jurídica.”

CRA plantea un esquema integral de medidas que van desde la eliminación total de las retenciones y otros tributos distorsivos, hasta regímenes de incentivo a la inversión y estabilidad fiscal.

Entre los ejes más destacados se incluyen:

Régimen de Venta y Reemplazo Agropecuario (VRA): permite diferir el pago del Impuesto a las Ganancias cuando el productor reinvierte el producido de la venta en maquinaria, infraestructura o tierras, evitando “castigar fiscalmente la reinversión”.

Amortización acelerada agropecuaria: posibilita deducir más rápido las inversiones en maquinaria o infraestructura rural, siguiendo el modelo de sectores como energía o minería.

Devolución y Traslado Acelerado del IVA en Inversiones Agropecuarias: propone que los saldos a favor por inversiones se reintegren en un plazo corto —por ejemplo, 90 días— o se compensen con otros tributos.

Derogación del Impuesto a los Bienes Personales sobre activos productivos: la entidad lo considera “inconstitucional, confiscatorio y distorsivo”, al gravar capital productivo y no renta real.

Actualización del régimen de IVA anual agropecuario: busca permitir la compensación intraanual de créditos y débitos fiscales, para aliviar el impacto financiero de la estacionalidad productiva.

Fomento del uso de fertilizantes: propone deducir la totalidad o el doble del valor consumido en fertilizantes del Impuesto a las Ganancias, con el fin de mejorar rindes y sustentabilidad del suelo.

CRA también plantea la necesidad de revisar o eliminar distintos regímenes y cargas administrativas que, según el sector, “reducen liquidez y competitividad”.

Entre ellos se destacan:

La readecuación del régimen de retenciones y percepciones (RG 830 y análogas), que la entidad considera “una de las mayores cargas administrativas y financieras del sistema”.

La eliminación del impuesto al cheque y del SIRCREB, por su carácter “regresivo y confiscatorio”.

Un régimen de estabilidad fiscal que garantice reglas claras por períodos prolongados, similar al de otros sectores estratégicos.

El documento concluye con una posición clara: una verdadera reforma tributaria “no puede limitarse a las retenciones”, sino que debe corregir distorsiones estructurales y crear condiciones que incentiven la inversión, la formalización y el crecimiento del empleo rural.

“Implementar estas medidas es una decisión de política pública estratégica: quien invierte, produce y genera trabajo no debe ser castigado por hacerlo”, sostiene CRA en el cierre del informe.

Con esta propuesta, la entidad busca abrir el debate sobre un nuevo marco fiscal para el agro argentino, que permita al sector potenciar su rol como motor de desarrollo y generador de divisas en la economía nacional.

Agustina Azcoaga - Campolitoral

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) reclamó hoy por la prórroga en la eliminación de las retenciones para todos los granos, la cual había finalizado el miércoles 24 de septiembre tras haber alcanzado las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un total de US$7.000 millones.

“Defendamos el valor de nuestro trabajo y no nos apresuremos a vender los granos”, señaló el presidente de la entidad agropecuaria, Carlos Castagnani.

X Confederaciones Rurales Argentinas

El titular de CRA reconoció las medidas positivas adoptadas por el gobierno de Javier Milei, pero ratificó el pedido de que la prórroga de la baja de los Derechos de Exportación (DEX) se extienda hasta el 31 de octubre, fecha límite que había anunciado el Gobierno si no se lograba cumplir el monto de las DJVE.

“Con diálogo, previsibilidad y reglas claras, el campo seguirá siendo motor de empleo, arraigo y desarrollo para la Argentina”, sentenció Castagnani en el marco de la Exposición Rural de Bella Vista, realizada en Corrientes.

Por su lado, el segundo de CRA, José Colombatto, destacó el compromiso del campo con el desarrollo productivo del país y remarcó la necesidad de avanzar hacia una eliminación “definitiva” de las retenciones.

X Confederaciones Rurales Argentinas

“Fue una medida efímera que no debe hacernos olvidar de nuestra meta que sigue siendo retenciones cero, de manera permanente”, sostuvo Colombatto durante la Exposición Rural de Concepción del Uruguay.

El vicepresidente indicó que la mayoría de los productores “no pudo aprovechar de manera efectiva la baja de retenciones”, dejando en evidencia que “el esfuerzo del campo sigue siendo el que sostiene la economía, mientras que el beneficio concreto terminó en pocas manos”, haciendo referencia a las cerealeras.

“No se puede jugar con la democracia ni hay lugar para los oportunismos de la política de cuarta. Necesitamos dirigentes que construyan acuerdos y trabajen para que la Argentina recupere la senda del desarrollo”, concluyó Colombatto. NA