Un dron cargado con explosivos terminó empujando la relación entre Alemania y Rusia hacia su momento de mayor tensión reciente, con acusaciones de guerra híbrida, represalias diplomáticas y un lenguaje cada vez más cercano al de una confrontación abierta.

El último movimiento llegó este lunes desde Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso ordenó el cierre del Consulado General de Alemania en San Petersburgo a más tardar el 18 de septiembre, en respuesta a la decisión de Berlín de clausurar el consulado ruso en Bonn y el centro cultural Casa Rusa de la capital alemana. También dispuso el cese de actividades de los centros del Goethe-Institut en territorio ruso.

“Las autoridades alemanas provocaron una nueva ronda de escalada”, sostuvo Moscú, que responsabilizó al gobierno alemán por las consecuencias del deterioro bilateral.

La pulseada diplomática es, sin embargo, la consecuencia de algo bastante más grave.

El punto de quiebre ocurrió el 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig/Halle, uno de los principales nodos logísticos de Alemania y una terminal utilizada también para operaciones vinculadas con Ucrania.

Allí fue hallado un dron con material explosivo cerca de un avión ucraniano. Tras varias semanas de investigación, el gobierno de Friedrich Merz anunció el 1° de septiembre que atribuía formalmente a Rusia la responsabilidad del intento de ataque.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, sostuvo que investigaciones policiales, el patrón utilizado e información de inteligencia apuntan a una responsabilidad rusa. Berlín caracteriza el episodio como parte de una campaña de “guerra híbrida” que incluiría sabotajes, ciberataques, espionaje y operaciones encubiertas.

Moscú rechazó de plano esa atribución y la calificó como una fabricación sin pruebas. La acusación alemana, por lo tanto, permanece como una imputación oficial de Berlín que Rusia niega.

Pero Alemania decidió actuar sobre esa conclusión.

El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, anunció el cierre del consulado ruso en Bonn desde el 18 de septiembre y la terminación del acuerdo que permite funcionar a la Casa Rusa en Berlín.

También anticipó nuevas propuestas para sancionar individuos rusos dentro de la Unión Europea, controles más estrictos para ciudadanos de ese país, mayor presión sobre la llamada flota fantasma que Moscú utiliza para transportar petróleo y nuevas medidas en materia de inteligencia.

“La dirigencia rusa trata a nuestro país con abierta hostilidad”, afirmó Wadephul, aunque aclaró que el actual estado de las relaciones “no está en el interés” del gobierno alemán.

Berlín intenta mantener una línea delicada. Define el episodio de Leipzig como una agresión híbrida, aumenta las represalias y fortalece su defensa, pero insiste en que sus medidas buscan ser “proporcionadas” y evitar una escalada directa.

El gobierno alemán elevó además la evaluación general de amenaza desde un nivel “abstracto” a uno “alto”, aunque aclaró que actualmente no existe una amenaza concreta contra la población.

La respuesta rusa ya no quedó limitada a rechazar las acusaciones. El canciller Serguéi Lavrov endureció este fin de semana el lenguaje y calificó la imputación alemana sobre Leipzig como “el comienzo de una guerra real”, al cuestionar que Berlín responsabilizara a Rusia antes de que, según Moscú, exista una demostración pública concluyente.

El comentario elevó la temperatura de una relación que lleva años deteriorándose desde la invasión rusa de Ucrania, pero que ahora suma un elemento distinto: Alemania sostiene que una operación patrocinada por Moscú intentó causar daño físico dentro de su territorio.

Para Berlín, esa diferencia es central. “Los ataques híbridos como el de Leipzig muestran” la necesidad de seguir fortaleciendo la defensa alemana y respaldando a Ucrania, señaló Wadephul.

Rusia interpreta esas decisiones exactamente al revés: como una demostración de que Alemania profundiza una política hostil contra Moscú. Como respuesta, Lavrov anunció este lunes el cierre del consulado general de Alemania en San Petersburgo.

El choque revela además cómo la guerra en Ucrania se proyectó sobre la seguridad interna europea.

Las autoridades alemanas vienen advirtiendo sobre sabotajes, ataques contra infraestructura crítica, vuelos de drones y operaciones de inteligencia que atribuyen o vinculan a actores extranjeros. Dobrindt llegó a sostener que Alemania es blanco “a diario” de una guerra híbrida.

La Unión Europea respaldó a Berlín tras el episodio de Leipzig y comenzó a discutir nuevas sanciones. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, sostuvo que Rusia incrementó los ataques híbridos “con efectos físicos” para intentar debilitar el apoyo occidental a Ucrania.

El problema es dónde termina esa zona gris. Sabotaje, espionaje y drones permiten presionar sin cruzar formalmente el umbral de una guerra convencional, pero cada respuesta diplomática reduce el espacio disponible para desescalar.

Alemania sostiene que actúa sin buscar una confrontación mayor. Rusia acusa a Berlín de provocarla.

Por ahora, el calendario ya tiene marcadas las próximas consecuencias: el personal de los centros culturales alemanes deberá abandonar Rusia antes del 13 de septiembre y, cinco días después, los consulados enfrentados en Bonn y San Petersburgo tendrán que haber cerrado sus puertas.

El futuro de Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena durante las últimas horas. El delantero argentino no participó este miércoles del entrenamiento del Atlético de Madrid, en medio de las especulaciones que rodean una posible transferencia antes del cierre del mercado europeo.

La ausencia, sin embargo, tuvo una explicación médica. De acuerdo con la información conocida durante la mañana, el atacante sufrió una indisposición estomacal que le impidió trabajar con normalidad junto al resto del plantel dirigido por Diego Simeone.

El episodio coincidió con uno de los momentos de mayor incertidumbre sobre su continuidad en Madrid y rápidamente alimentó nuevas versiones, aunque hasta el momento no existen indicios de que la falta al entrenamiento haya sido una medida de presión por parte del futbolista.

Atlético regresó a los entrenamientos después del empate frente a Villarreal y la expectativa del cuerpo técnico es que el malestar de Julián sea pasajero.

La intención de Diego Simeone es poder contar con el delantero argentino para la visita del próximo sábado frente a Sevilla, siempre que su evolución física sea favorable.

El cordobés había regresado recientemente a la competencia oficial después de su participación en la Copa del Mundo y continúa siendo uno de los futbolistas más importantes del plantel rojiblanco.

El propio sitio oficial del Atlético mantiene a Álvarez dentro de su plantel para la temporada 2026/27. Su contrato continúa vigente y la institución no comunicó ningún cambio respecto de su situación contractual.

La situación deportiva quedó atravesada durante las últimas semanas por el mercado de pases.

En su última presentación en el Metropolitano, Julián recibió silbidos y abucheos de un sector de los simpatizantes del Atlético, en medio de las versiones que lo vinculan con una posible salida. El delantero manifestó durante el mercado su intención de analizar otras alternativas y Barcelona apareció desde el comienzo como uno de los principales interesados.

Esa situación provocó malestar entre algunos hinchas colchoneros, mientras la dirigencia sostuvo reiteradamente que no pretende desprenderse de una de sus figuras.

La novedad de este miércoles llegó desde Cataluña.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, reconoció públicamente que el club continúa interesado en Julián Álvarez y dejó abierta la posibilidad de avanzar si Atlético de Madrid acepta negociar.

La postura supone un nuevo capítulo en una negociación que parecía haberse enfriado.

Según diferentes informaciones publicadas durante este mercado, Atlético rechazó propuestas importantes y dejó en claro que no tiene necesidad de vender al campeón del mundo, cuyo contrato se extiende hasta junio de 2030.

La cláusula de rescisión es extremadamente elevada, lo que fortalece la posición negociadora del conjunto madrileño.

El Arsenal mantiene al argentino dentro de sus objetivos y, de acuerdo con medios ingleses, sigue evaluando la posibilidad de realizar un movimiento antes del cierre del libro de pases.

Las informaciones publicadas este miércoles señalan que Atlético quiere tener claridad sobre el futuro del delantero antes del viernes, de manera de contar con margen de reacción en caso de producirse una salida.

Por ahora, no se informó oficialmente sobre una nueva oferta formal del club londinense.

La operación, además, exigiría una inversión extraordinaria porque Atlético no está dispuesto a desprenderse fácilmente de un futbolista al que considera una pieza central de su proyecto deportivo.

El calendario agrega presión a todas las partes.

Las principales ligas europeas ingresaron en la última semana del mercado de transferencias. Bundesliga y Ligue 1 cerrarán el lunes 31 de agosto, mientras que Premier League, LaLiga y Serie A dispondrán de algunas horas adicionales durante el martes 1° de septiembre.

Eso deja un margen cada vez menor para negociar una operación de semejante magnitud.

Atlético pretende evitar que una eventual salida se resuelva sobre el límite porque necesitaría tiempo para buscar un reemplazante. Barcelona mantiene su interés y Arsenal sigue pendiente de la situación.

En el medio está Julián Álvarez, quien deberá recuperarse primero del problema estomacal que lo marginó de la práctica.

Con el mercado a punto de cerrar, las próximas jornadas serán determinantes. Mientras tanto, Simeone espera recuperar al delantero para el compromiso ante Sevilla y volver a colocar el foco exclusivamente dentro de la cancha.

El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los principales focos de atención en la pretemporada del Atlético de Madrid. Con el comienzo de LaLiga cada vez más cerca, el delantero argentino mantiene su deseo de abandonar el conjunto rojiblanco para jugar en Barcelona, aunque la dirigencia madrileña no muestra señales de flexibilizar su postura.

El atacante de 25 años ya se reintegró a los entrenamientos y trabaja junto al plantel conducido por Diego Simeone, pero paralelamente continúa intentando destrabar una posible salida. Según trascendió, durante las últimas prácticas volvió a comunicarle al entrenador su intención de incorporarse al conjunto catalán para la temporada 2026/27.

La principal dificultad para cualquier negociación pasa por la posición institucional del Atlético. Álvarez tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión fijada en 500 millones de euros, condiciones que colocan al club español en una posición de absoluta fortaleza.

Simeone se mantiene al margen de una eventual negociación

Ante el planteo del delantero, Simeone habría dejado en claro que la decisión sobre una posible transferencia no depende de él, sino de la conducción del Atlético de Madrid, encabezada por su presidente Enrique Cerezo y con Miguel Ángel Gil Marín como consejero delegado.

La postura del entrenador no habría sido bien recibida en el entorno del futbolista, donde consideran que el “Cholo” podría convertirse en una figura determinante para facilitar una eventual negociación.

Sin embargo, Simeone ya había expresado públicamente su posición días atrás y remarcó que desde el aspecto deportivo está satisfecho con contar con el campeón del mundo.

“La situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión”, señaló el entrenador, haciendo referencia a la determinación del Atlético de no desprenderse del atacante.

Además, destacó la importancia de Julián dentro del equipo y sostuvo que el objetivo del cuerpo técnico será ayudarlo a continuar creciendo y manteniendo el nivel mostrado durante sus primeras temporadas en Madrid.

Atlético rechazó cifras millonarias

La conducción rojiblanca viene enviando mensajes contundentes desde hace semanas. El club sostiene que Julián Álvarez no está a la venta, independientemente del interés mostrado por Barcelona.

Miguel Ángel Gil Marín incluso afirmó públicamente que Atlético no aceptaría propuestas de 100, 150 ni 200 millones de euros, dejando en claro que la prioridad es mantener al delantero dentro del proyecto deportivo.

La postura contrasta con el deseo expresado por el propio futbolista, quien durante el Mundial 2026 reconoció públicamente su intención de cambiar de equipo para cumplir uno de sus objetivos personales.

Desde Cataluña continúan siguiendo la situación, aunque cualquier operación aparece condicionada por las elevadas cifras que exigiría el Atlético de Madrid y por la resistencia del club a iniciar conversaciones.

Álvarez pretende iniciar una nueva etapa bajo las órdenes de Hansi Flick, pero hasta el momento no existe un acuerdo entre las instituciones ni una señal concreta de que la dirigencia madrileña esté dispuesta a modificar su posición.

El conflicto en la casa de Gran Hermano Generación Dorada alcanzó un punto crítico luego del fracaso del grupo “Bomba Atómica” en la prueba semanal del dominó gigante. La discusión estalló entre Brian Sarmiento y Luana Fernández, quienes protagonizaron una acalorada disputa que no solo afectó la dinámica del grupo, sino también la estabilidad emocional de los participantes.

El incidente comenzó cuando Brian señaló a Luana como responsable del fracaso en la prueba, acusándola directamente por el mal resultado en la prueba de dominó. Ante la crítica, Luana respondió con sarcasmo y desdén, visiblemente molesta por los constantes reproches. Las tensiones escalaron rápidamente cuando Luana le recriminó a Brian que su actitud había cambiado, poniendo en duda su compromiso con el grupo.

Lo que comenzó como una discusión sobre el desempeño en la prueba, pronto se transformó en una pelea más profunda sobre lealtades y relaciones dentro de la casa. Brian no tardó en defenderse, asegurando que Luana pensaba solo en ella misma, mientras que ella le respondió poniendo en duda su actitud y el comportamiento de Sarmiento en las últimas semanas.

La pelea se intensificó cuando Solange Abraham intervino para apoyar a Luana, mientras que Tamara Paganini se alineó con Brian, generando un clima aún más polarizado. Las acusaciones personales crecieron y las tensiones entre los miembros de “Bomba Atómica” se hicieron insostenibles, dejando en evidencia la fragilidad de sus alianzas.

Lo que parecía ser una simple disputa por un error en la prueba semanal se convirtió en una reflexión sobre la estrategia colectiva dentro de la casa. Brian acusó a Luana de no defender al grupo y de anteponer sus intereses personales, mientras que ella cuestionó abiertamente las exigencias del juego, pidiendo explicaciones sobre por qué debía sacrificarse por los demás.

La discusión también tuvo un impacto emocional importante en Solange Abraham, quien terminó llorando por el revuelo emocional generado por los reproches y recuerdos de conflictos pasados. La evocación de una antigua discusión con Andrea del Boca, en la que se mencionó a su hija, profundizó aún más la angustia de Solange, exponiendo la vulnerabilidad de los participantes más allá de la competencia.

Este intenso enfrentamiento dejó claro que las alianzas en Gran Hermano son frágiles y que los conflictos personales pueden trascender las estrategias del juego. La ruptura en “Bomba Atómica” expuso las fisuras internas y reveló lo compleja que puede ser la convivencia en un entorno tan competitivo y emocionalmente desafiante.

El conflicto en la empresa de golosinas Marengo sumó un nuevo capítulo con una movilización encabezada por trabajadores y representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) en Rafaela, en reclamo por salarios adeudados y la regularización de aportes.

El secretario general del gremio, Nicolás González, sostuvo que la situación es crítica y que los empleados se encuentran “súper cansados, agotados mentalmente, físicamente, económicamente”.

González afirmó que los incumplimientos se reiteran. “Hoy la gente cobró solamente 180 mil pesos del salario, todavía le adeudan parte del aguinaldo, no tienen cobertura médica, aportes patronales, nada”, expresó.

Según detalló, la planta permanece cerrada y sin producción. “Los trabajadores hoy están en casa, la empresa está cerrada, sin producir y la verdad que nos genera mucha preocupación porque no sabemos realmente lo que va a pasar”, indicó.

El dirigente agregó que “las obras sociales están cortadas desde el mes de noviembre” y que muchos empleados reciben boletas para pagar por su cuenta debido a la falta de aportes. También aseguró que “le deben el salario del mes de enero, un 30% aproximadamente del aguinaldo y las vacaciones que todavía no fueron pagadas”.

En ese contexto, cuestionó la actitud empresarial. “Acá hay responsables que son los dueños de la empresa y tienen que pagar el salario de los trabajadores”, afirmó, y remarcó que el conflicto afecta a 47 empleados, cuando el año pasado la firma llegó a tener cerca de 70.

“La empresa retoma sus actividades el 18 después del feriado de carnaval, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. No hemos visto camiones traer insumos. La empresa no tiene plata para terminar de pagar los salarios, por ende, no creo que compre insumos”, agregó.

Por su parte, el delegado sindical Martín Franco señaló que el reclamo se centra en el cumplimiento de las obligaciones básicas. “Lo único que nosotros ahora estamos reclamando es que nos paguen los salarios y se pongan al día con las obras sociales”, sostuvo.

Franco explicó que desde hace al menos dos años los trabajadores vienen realizando concesiones para sostener la actividad. “Hace seis meses que venimos firmando acuerdos donde resignamos un 20% de nuestro salario, trabajando tres días solamente en la fábrica”, detalló.

También denunció que los empleados figuran como suspendidos en algunos sistemas, lo que les impide cobrar asignaciones, y que en reiteradas ocasiones cobraron sumas parciales. “Ellos te dicen, hoy te pagamos 100.000 pesos, pero ¿con 100.000 pesos qué haces? No te alcanza ni para pagar la boleta de luz”, manifestó.

Respecto a las vacaciones, indicó que fueron adelantadas sin previsión. “A mitad de enero nos comunican que teníamos que salir de vacaciones, sin planear, sin nada y sin plata. Cuando teníamos que volver, otra vez nos pidieron que nos quedemos en casa”, relató.

El delegado remarcó que el principal objetivo es sostener el empleo. “Nosotros lo único que pedimos es que se conserve la fuente de trabajo y que podamos seguir manteniendo nuestra familia”, afirmó, y agregó: “Estamos cansados, queremos una respuesta, queremos una solución”.

Desde el gremio advirtieron que, de no haber respuestas concretas, profundizarán el plan de lucha en defensa de los puestos laborales.

Un joven de 21 años fue detenido en la noche del sábado en Rafaela, tras un altercado familiar registrado en una vivienda del barrio Jardín, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió luego de que personal del Comando Radioeléctrico fuera convocado ante un aviso que daba cuenta de una situación de conflicto en un domicilio del sector. Al arribar al lugar, los efectivos constataron lo ocurrido y, en ese contexto, el joven involucrado increpó al personal policial y se resistió al accionar de los uniformados.

Ante esta actitud, los agentes procedieron a su traslado hasta la sede de la Comisaría N° 15, donde quedó detenido por disposición del fiscal interviniente. Posteriormente, el joven fue alojado en la Alcaidía local, mientras se continuaban con las actuaciones correspondientes. 

A pocos días de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar enfrentados por la organización de las fechas para compartir con sus hijas Francesca e Isabella, en un nuevo capítulo del conflicto familiar.

Si bien en las últimas horas se había informado que la ex pareja había alcanzado un acuerdo sobre el reparto de las festividades, esa tregua habría durado poco. Según reveló Angie Balbiani en el programa Puro Show, la situación volvió a tensarse y podría derivar en una definición judicial.

El eje del conflicto radica en que Wanda Nara tenía previsto pasar Nochebuena y Navidad junto a sus hijas en su residencia de Punta del Este, mientras que a Icardi le correspondían las fechas de fin de año. Sin embargo, el futbolista habría solicitado modificar ese esquema y pasar la Navidad con las menores.

El pedido de Icardi estaría vinculado a compromisos profesionales, ya que debe disputar un partido el 3 de enero y necesita concentrarse con el Galatasaray, lo que complicaría su disponibilidad durante los días posteriores.

Ante la falta de acuerdo entre ambas partes, la decisión quedaría en manos de la Justicia. “Ahora el que tiene la decisión de ver quién va a pasar Navidad con las chicas va a ser el juez”, explicó Balbiani, quien agregó que, en general, los fallos suelen inclinarse por el progenitor que se encuentra trabajando, aunque aclaró que en este caso no está definido cuál será el criterio que se aplicará.

De este modo, cuando restan pocos días para las fiestas, el vínculo entre Wanda Nara y Mauro Icardi vuelve a quedar atravesado por la disputa por la organización familiar y la agenda de sus hijas.

La tensión entre remiseros y plataformas de transporte sigue en aumento. Darío Solís, titular de Remises Stylo, junto a los remiseros Sergio y Pablo, plantearon una situación límite marcada por la falta de controles, la demora en la actualización de la ordenanza y la ausencia de respuestas por parte del Concejo Municipal. Aseguran que llevan más de 120 días esperando una definición oficial mientras el trabajo cae día a día.

Darío Solís manifestó una profunda preocupación por la falta de avances en la regulación de la actividad. “Ya pasaron ciento veinte días. Las respuestas no llegaron nunca”, señaló, y agregó que el proyecto de ordenanza que había sido anunciado “desapareció” sin explicaciones.

Según indicó, tampoco hubo novedades sobre las reformas a la ordenanza vigente y el sector está “esperando respuesta del Estado” desde hace meses. El malestar se profundizó por la imposibilidad de concretar una reunión con el presidente del Concejo. “Estamos esperando una reunión con Mársico y con alguien más del bloque de él, que no sea Augusto, porque Augusto se va dentro de quince días y en ciento veinte días no nos dio ninguna respuesta”, explicó.

Para Solís, la actividad se deteriora cada día más “Los muchachos lo van sufriendo y ya es insostenible la situación, al no tener respuesta del Estado”.

El remisero Sergio detalló el impacto concreto que atraviesan los trabajadores:“Nosotros estamos perdiendo día a día trabajo, que es lo que nos está sosteniendo”.

Denunció que las plataformas crecen sin control y que incluso choferes de otras ciudades llegan a Rafaela para trabajar de manera irregular. “Nos están metiendo la mano al bolsillo. Si nosotros somos doscientos autos trabajando, ahora hay cuatrocientos y se van a seguir incrementando”.

Ante este panorama, afirmó que el perjuicio económico es inevitable“A nosotros nos va a repercutir una banda en el bolsillo. ¿Y cómo hacemos?”.

Frente al silencio oficial, los remiseros evalúan medidas de visibilización. Sergio adelantó que existe una convocatoria para el viernes 28 a las 19 frente al nuevo hospital.“Estábamos programando una protesta pacífica, porque no somos piqueteros ni gente de ninguna organización. Somos trabajadores protestando por nuestro laburo”, aclaró.

Sostuvo que la intención no es confrontar sino obtener una respuesta “Ya que nadie nos escucha, buscamos una forma para que esto se tome una medida. No queremos perjudicar a la gente”.

La protesta podría desactivarse si el municipio presenta una propuesta seria en los próximos días. “Si la municipalidad nos da algo para debatir, podemos llegar a desistir”, dijo.

Pablo describió que la situación se volvió difícil incluso en los puntos de ascenso y descenso de pasajeros “Estamos teniendo problemas en la playa. La aplicación trabaja con autos particulares y estan cargado gente en la playa, no solo en la nuestra, también en la de los taxistas. Están ocupando un lugar nuestro”.

Advirtió que, aunque aún no hubo agresiones, la tensión está al límite. “Todavía no se llegó a la agresión, pero la situación está al límite”.

También cuestionó la falta de conducción política en el tratamiento de la nueva normativa “Lo que pedimos hace ciento veinte días se va estirando. Está llegando fin de año y no tenemos respuesta. ”.

Guillermo relató que desde hace días vive una situación incómoda por los comentarios en redes sociales luego de la movilización de los clubes de abuelos. “Hay mucha gente que me está criticando, atacando por las redes sociales, y yo no hice nada. Es decisión de la Municipalidad que por primera vez va a hacer este tipo de controles”, explicó.

Según detalló, el municipio exige la instalación de un limitador de sonido y la intervención de un ingeniero especializado. “Nunca les dijeron que le van a clausurar el salón, no pasa por ahí. No entiendo por qué el Club de Abuelos, los dos, salieron a hacer toda esta movida. Y yo quedé en el medio”, sostuvo.

El vecino aseguró que su reclamo se limita a la intensidad del sonido que llega a su vivienda. “Desde un principio, cuando nos reunimos con el Club de Abuelos, con la Municipalidad de por medio, yo se los dije en la cara: no pretendía que le cierren el salón, o que se lo clausuren. Siempre les dije que quiero que hagan las obras correspondientes, y yo no pasarla mal”, señaló.

También propuso alternativas técnicas que podrían reducir el impacto del ruido. “Se habló de que cambien el escenario del lugar, que acomoden los parlantes de otra forma. El escenario está pegado a la pared de mi casa y ese es el problema. Si acomodan distinto, a lo mejor se solucionaría”, analizó.

Guillermo afirmó que la situación se repite desde hace más de una década. Aunque las fiestas tengan lugar solo cada dos semanas, el reclamo viene desde hace quince años, “ya cansa”. El vecino comentó además que, a pesar de los controles municipales, el problema persiste: “Viene Control Público de la Municipalidad, con un aparato de ellos, y ha dado un montón de veces con decibeles muy altos. Así y todo, lo único que se ha hecho es cobrarles una multa”.

El vecino remarcó que su intención nunca fue impedir las actividades del club. “Yo no he ido a decirle a la municipalidad que clausure el salón, o que no quiero que haya más fiestas. Cuando hablé con la municipalidad, he pedido esto que están haciendo ahora”, afirmó.

Finalmente, lamentó las versiones que circularon en redes. “En las redes sociales dijeron que yo había sacado corriendo a alguien, y eso no sucedió. No conozco al señor Hugo Vegetti (presidente del Club), y tiene las puertas abiertas de mi casa para venir cuando quiera charlar. Que hagan todas las fiestas que quieran, pero sí quiero que el tema del sonido no sea molesto, nada más que eso”, cerró.

Desde el día jueves, se desarrolló en la ciudad una nueva Expo Rural en el predio rafaelino que convocó a un gran número de visitantes. Como es habitual, la zona se vio colmada por vehículos que estacionaron en los alrededores y, como consecuencia, “lavacoches” que decidieron aprovechar la amplia concurrencia instalándose en inmediaciones de la Sociedad Rural.

El inicio de los incidentes se dio principalmente el sábado, minutos antes de las 11, cuando ingresó un aviso a Ojos en Alerta por un grupo de lavacoches que ocasionaban molestias en intersección de 14 de Julio y Ciudad de Esperanza. Ante la situación, intervino personal policial para identificar a los involucrados.

Horas después, vecinos denunciaron que en calle Güemes al 900 algunos “trapitos” se encontraban consumiendo sustancias prohibidas en una vivienda abandonada. Efectivos de seguridad acudieron al lugar para controlar la situación.

Finalmente, el sábado luego de las 22hs, se registró un nuevo hecho grave. A punta de cuchillo, una pareja se metió al auto de un hombre para robarle dinero en efectivo. Dentro del habitáculo, lo obligaron a transitar por la ciudad mientras le exigían plata y el teléfono celular.

La mañana del domingo también se vio alterada cuando, en Güemes y Chile, se desató una violenta gresca entre lavacoches. Un grupo agredió a otro joven por vestir un buzo de Boca Juniors, provocándole un corte en la cabeza con un ladrillo. Según testimonios, la víctima habría estado armada con un palo.

Más tarde, por la siesta, en Ciudad de Esperanza y 14 de Julio un sujeto intimidó a vecinos exigiendo dinero y amenazando con romper autos. La policía intervino y lo trasladó a sede policial.

Durante la tarde, otro conflicto se produjo en Pueyrredón y Chile por un hombre que ocasionaba molestias, quien fue rápidamente alcanzado e identificado por los efectivos.

Horas más tarde, el mismo sujeto que había sido trasladado a comisaría reapareció en 14 de Julio y Ciudad de Esperanza. Fue detectado en actitud sospechosa, observando vehículos estacionados, y nuevamente fue identificado y controlado.

Ya entrada la noche, se denunció que un menor de edad fue visto sacando picos de motos en un estacionamiento frente a la Sociedad Rural, sobre calle Pueyrredón. Como respuesta, se montó un operativo para impedir que continúe con el accionar delictivo.

Finalmente, pasadas las 21, se registró un intento de robo en inmediaciones de Tucumán y avenida Brasil. La víctima reconoció al sospechoso, quien fue rápidamente reconocido e identificado por el personal policial que trabajaba en la zona.

En un caso que evidencia los conflictos recurrentes en el mercado de alquileres, una familia inquilina en la ciudad de Córdoba tomó una drástica decisión. Tras invertir tiempo y dinero en mejoras para una vivienda recién construida, y ante la negativa del propietario a reconocerlas, desmanteló cada cambio y devolvió el inmueble a su estado original, incluso tapando una pileta y extrayendo un limonero.

La propiedad, un dúplex de estilo moderno en el noroeste de la capital cordobesa, había sido alquilada hace tres años cuando aún estaba a medio terminar. El patio era apenas un cúmulo de tierra y el agua de lluvia se acumulaba sin desagüe. Además, las aberturas del piso superior no contaban con rejas, a pesar de estar en una zona con problemas de inseguridad.

La familia, con anuencia verbal de la inmobiliaria, encaró una serie de mejoras: nivelaron el patio, colocaron champas de césped de alta calidad, instalaron un desagüe, construyeron una pileta de material con iluminación, un fogonero y colocaron rejas en la planta alta. También plantaron un limonero que floreció durante su estadía en el domicilio.

Al vencer el contrato, los inquilinos intentaron negociar una reducción en el monto del alquiler o algún tipo de reconocimiento económico por las obras, que claramente habían elevado el valor del inmueble. Pero la respuesta fue tajante: “El dueño no está interesado en nada de eso”, les comunicaron desde la inmobiliaria. Nunca hubo contacto directo con el propietario.

Ante la negativa, decidieron “deconstruir” cada una de las mejoras. Contrataron operarios, levantaron las champas, retiraron baldosas, extrajeron el limonero y las rejas, desmantelaron el fogonero y taparon la pileta a golpes de maza, dejando todo cubierto de tierra. El resultado fue una casa igual a la que habían recibido, sin ningún agregado.

Fuentes cercanas a los protagonistas contaron que fue un proceso extraño y doloroso, pero que no dudaron en “revertir” su inversión cuando quedó claro que no habría compensación alguna.

Este caso, aunque llamativo, no es aislado. Se repite cada vez con más frecuencia en un mercado tensionado tras la derogación de la ley nacional de alquileres. 

El conflicto en la planta Marengo S.A. volvió a escalar tras el comunicado emitido este martes por la compañía, en el que informó al personal que no logró efectuar la acreditación de los saldos restantes correspondientes a los sueldos de julio. Desde la firma señalaron que continúan trabajando “arduamente” para cancelar los pagos pendientes en el transcurso de esta semana.

Ante este incumplimiento, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) emitió un comunicado en el que calificó la situación como una falta de respeto y desinterés por parte de la empresa. Además, anunció una retención de tareas a partir de este miércoles, medida que se mantendrá hasta tanto se cancelen los montos adeudados.

El gremio indicó que también se iniciarán los pasos legales correspondientes y advirtió que la situación genera preocupación entre los trabajadores, que semanas atrás ya habían atravesado la incertidumbre de posibles recortes de tareas, finalmente reemplazados por un adelanto de vacaciones.

El conflicto mantiene en vilo la continuidad productiva de la planta y abre un nuevo capítulo de tensión en medio de las dificultades económicas que atraviesa la firma.

La difícil situación de la empresa de golosinas Marengo, con sede en Rafaela, se agudizó en los últimos días tras una comunicación informal a sus trabajadores. Según trascendió, 60 empleados de los sectores de producción y mantenimiento serían suspendidos sin goce de sueldo entre el 14 y el 27 de julio. 

La notificación fue realizada por WhatsApp y generó fuerte rechazo desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, que cuestiona la legalidad de la decisión.

“No es la primera vez que pasa, pero siempre hubo voluntad tanto de los trabajadores como del sindicato para llegar a una solución. Esto ya es muy arbitrario”, expresó el secretario general Nicolás González, en diálogo con RADIO RAFAELA.

Según relató, los empleados afectados recibieron la noticia a través de una nota enviada por el abogado de la empresa. “El día viernes los trabajadores se encontraron con una nota vía WhatsApp del abogado de la empresa que suspendía a los trabajadores de mantenimiento y de producción solamente, o sea que es discriminatorio esto”, advirtió González.

Además, el dirigente subrayó que la suspensión no cuenta con sustento legal ni trámite previo ante el Ministerio de Trabajo, como exige la ley. “No nos presentaron ni una sola prueba. La empresa venía pagando, pagó el aguinaldo en tiempo y forma y de pronto hicieron esto. No pidieron audiencia al ministerio, esto no está homologado”.

La empresa fundamentó la decisión en una caída de las ventas, vinculada también a la apertura de importaciones. Sin embargo, desde el sindicato remarcan que no se cumplió con los pasos legales. 

“Dicen que están preparando un proceso preventivo de crisis, pero todavía no lo tienen. No hay algo contable que nos explique esto”, remarcó González.

La organización gremial recordó que el año pasado ya habían aceptado una reducción de jornada bajo el artículo 223 bis, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo: “trabajando tres días, cobrando el 80% del salario”. “Los trabajadores estuvieron de acuerdo porque queremos mantener la fuente de trabajo. Pero en este sentido no podemos apoyar”, dijo. 

Este martes se desarrollará una audiencia clave para intentar frenar la medida. “Vamos a ver si podemos revertir la situación. Porque si no, lucharemos, estaremos en conflicto”, anticipó el dirigente.

González también criticó la falta de equidad en la decisión de Marengo: “siempre el ajuste cae sobre el salario de los trabajadores. Acá se saltearon todos los parámetros. La suspensión, si fuera legal, tiene que ser para toda la planta, no para un grupo selectivo”.

Desde el gremio esperan que el Ministerio de Trabajo intervenga y exigen que la empresa formalice su situación a través del mecanismo legal correspondiente. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los trabajadores afectados y sus familias.

Durante la jornada del lunes, personal policial de la Comisaría Segunda de San Carlos Centro intervino en un conflicto entre dos mujeres que derivó en lesiones superficiales y el secuestro de un arma blanca.

El hecho ocurrió en plena vía pública, cuando una discusión entre una mujer de 62 años y otra de 42 escaló en violencia física. Al arribar los efectivos al lugar, ambas se encontraban lesionadas y fueron trasladadas al nosocomio local para su atención.

Según indicaron fuentes policiales, la mujer de mayor edad se encontraba en estado de gran exaltación y habría amenazado a la otra involucrada con un arma blanca. Ante esta situación, los uniformados procedieron a controlar la escena y resguardar la integridad física de ambas, secuestrando el elemento punzante.

La investigación continúa bajo supervisión de la fiscalía correspondiente.

Este lunes, personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V intervino en un conflicto en calle Paraná, donde detuvo a un hombre y una mujer e incautó estupefacientes tras una requisa vehicular.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertaba sobre un desorden en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos visualizaron a varias personas forcejeando y a una mujer vociferando insultos, por lo que procedieron a separarlos y calmar la situación.

Según manifestaron testigos, una pareja se había presentado en el domicilio de una de las personas involucradas, manteniendo una discusión con sus hijos, lo que derivó en la confrontación. Ante estos dichos, se dio intervención al fiscal en turno, quien ordenó la detención del hombre y la mujer señalados como iniciadores del conflicto.

En el marco del operativo, el fiscal también dispuso la intervención de personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quien realizó la requisa del vehículo en el que se desplazaban los detenidos. En el interior del mismo, se hallaron estupefacientes, por lo que se procedió a su secuestro junto al rodado.

Ambos aprehendidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la justicia, mientras continúa la investigación del hecho.

El incidente ocurrió este fin de semana. Tras varios minutos de confrontación, los involucrados se retiraron hacia la Plaza 25 de Mayo.

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Este domingo, minutos antes de las 17 horas, la Guardia Urbana de Rafaela (GUR) recibió un reclamo por una gresca entre lavacoches en calle Moreno, frente al Nuevo Banco Santa Fe. Al llegar a la zona, ya no encontraron a los involucrados.

Sin embargo, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, pudieron confirmar los hechos. Aproximadamente a las 16.30hs, tres personas habían comenzado una confrontación en el lugar.

La gresca se extendió varios minutos, hasta que los involucrados se retiraron del sitio y se dirigieron hacia la Plaza 25 de Mayo. Minutos más tarde, un móvil policial recorrió la zona en busca de los individuos, sin que se hayan reportado nuevos incidentes o arrestos.

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Hombres armados mataron a seis miembros del personal de seguridad paquistaní e hirieron a siete más, en un ataque a un puesto de control en el noroeste del país, informó un agente de policía el sábado.

El asalto ocurrió en el distrito de Kurram, donde intensos enfrentamientos sectarios han causado la muerte de al menos 130 personas en las últimas semanas. Un alto al fuego entre las comunidades suní y chií de la zona se mantiene y el incidente del sábado no está relacionado con los enfrentamientos recientes.

El agente local Saleem Khan dijo que hombres armados atacaron un puesto de control del Cuerpo de Fronteras en Bagam, a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Peshawar. Los heridos fueron trasladados a un hospital militar. Hasta el momento nadie se ha atribuido la autoría del ataque.

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También el sábado, el ejército informó que las operaciones contra talibanes paquistaníes en la provincia noroeste de Khyber Pakhtunkhwa habían abatido a 22 milicianos en las últimas 24 horas.

Las operaciones se llevaron a cabo en los distritos de Tank, Waziristán del Norte y Thal. Seis soldados murieron en un intenso tiroteo durante la operación en Thal, indicó el ejército.

El conflicto ocurrió en barrio Mosconi, en pleno centro de la ciudad de Rafaela.

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En la noche del jueves, se produjo un presunto enfrentamiento entre lavacoches y otro sujeto en la intersección de Necochea y San Lorenzo, barrio Mosconi. El hecho dejó como saldo a un hombre herido de arma blanca.

Según se informó, el incidente habría comenzado por una discusión vinculada a conflictos previos entre los involucrados. Durante el altercado, uno de los hombres sacó un arma blanca de entre sus prendas y agredió al otro, provocándole heridas punzocortantes en la espalda y extremidades.

Personal policial y del Servicio de Emergencias 107 acudió rápidamente al lugar, trasladando al herido al hospital para recibir atención médica. El hombre, conocido en el ámbito policial, se negó a proporcionar detalles sobre lo sucedido.

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En el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, el sindicato y la empresa láctea sellaron un entendimiento luego de 10 meses de conflicto.

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A diez meses del inicio del bloqueo que paralizó la planta productiva de SanCor CUL, por parte del gremio Atilra(Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), se logró destrabar, al menos en parte, un conflicto de larga data que imposibilitaba el normal desempeño de la empresa.

En el marco de la conciliación obligatoria convocada por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, el conflicto laboral que afecta a los empleados de la cooperativa láctea dio un paso positivo con la firma de un acuerdo entre las partes.

El entendimiento fue ratificado este martes por el cuerpo de Delegados del Personal, que aprobó los términos por unanimidad y aclamación.

Cabe recordar que después del anuncio de una medida de fuerza a nivel nacional a mediados de julio, la Secretaría de Trabajo de la Nación estableció una conciliación obligatoria de 15 días entre las partes, lo que resultó en la firma de este acuerdo.

En un comunicado que lleva la firma del titular de ATILRA, Héctor Ponce, el dirigente informó que se entregó una copia del acuerdo a los trabajadores, marcando un avance significativo en la resolución del conflicto.

Los principales puntos del acuerdo entre Atilra y SanCor

El acuerdo contempla los siguientes puntos:

-Se circunscribe y comprende al personal representado por ATILRA en conflicto colectivo de trabajo con la patronal.

-Contempla la regularización del pago de los haberes mensuales a partir del mes de julio/2024 de acuerdo a la Escala de convenio.

-La obligación de suministrar ocupación efectiva.

-El pago de una suma dineraria.

-El reintegro inmediato a las tareas.

-El levantamiento de toda medida de acción sindical.

Ante la protesta que piensa lanzar el gremio ATILRA en todo el país, los trabajadores de la cooperativa publicaron una carta abierta donde agradecieron la solidaridad del sector, y marcaron su postura en este largo conflicto.

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Ante el inminente paro de actividad que la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA) realizará en todo el país por la crisis de la cooperativa SanCor, delegados de la empresa publicaron una carta abierta donde expresaron su intención de llegar a un acuerdo por los salarios caídos. En este sentido, agradecieron la solidaridad de todos los trabajadores lecheros del país, y marcaron que su único objetivo es “trabajar en paz”.

Los delegados de SanCor publicaron un texto donde expresaron su punto de vista ante el inminente paro de actividades que plantea ATILRA, ante la falta de respuestas de la empresa a los constante reclamos, en un conflicto que lleva meses. Pese a que semanas atrás hubo versiones de un posible acuerdo, el tema sigue sin resolverse, por eso la protesta que se plantea en el gremio que conduce Héctor Ponce. Los delegados de SanCor denunciaron “la angustiante situación por la que están atravesando los trabajadores de la cooperativa”.

“Hace muchísimo tiempo que a pedido de los directivos de la cooperativa venimos colaborando cobrando solo una parte de nuestros sueldos con la promesa de que los mismos serian reconstituidos y volveríamos a cobrarlos tal como lo vienen haciendo el resto de los compañeros que trabajan en otras empresas lácteas del país, es decir, nada más ni nada menos que lo que establece nuestro convenio”, afirmaron. A su vez, “también se habían comprometido a devolvemos los montos indebidamente retenidos”. Pero esto, “nunca ocurrió, todo lo contrario, no solo se nos siguió reteniendo ilegalmente parte de nuestros sueldos, sino que hay compañeros a los que solo se les pagaba menos de 100 mil pesos por mes”.

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Estafa

En la carta abierta, los delegados volvieron a cargar contra los directivos de la empresa, que “no solo se quedan con una gran parte de nuestros sueldos que ilegalmente nos retienen, sino que también a pesar de que se nos descuentan los aportes jubilatorios, para la obra social, la mutual y el sindicato, sin embargo, esos importes también se los quedan ya que no los depositan adónde debiera ser”. Sin embargo, denunciaron, “los gerentes cobran religiosamente sus sueldos y los directivos cobran toda la leche que entregan. Y a qué precio”.

Por eso, recordaron que en mayo “se habían comprometido mediante una nota formal firmada y entregada, a empezar a pagar sueldos y deudas a partir del mes de junio de acuerdo a un cronograma aprobado por una asamblea de trabajadores de SanCor de todo el país; pero como ya lo hicieron en otras oportunidades, a pesar del compromiso firmado volvieron a incumplir y no pagaron”.

“Estos directivos están estafando al Estado Argentino, a nosotros, a nuestra obra social, a la mutual, al sindicato al que hemos elegido pertenecer, etc. Como se saben o se creen dueños de una empresa que no es de ellos, el día de mañana y como ya ha pasado con otros, se toman el palo y se van con los bolsillos llenos y si te he visto no me acuerdo”, marcaron los delegados lecheros.

Sigue el conflicto: ATILRA anunció un paro nacional “sorpresivo e inminente” en SanCor

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Trabajar en pazEl pasado 28 de junio se llevó a cabo una nueva audiencia de conciliación en la sede del (ex) ministerio de Trabajo de la Nación. Allí no hubo ninguna respuesta concreta por lo que el gremio lechero comenzó a calentar los motores para realizar una medida de fuerza. Ante esta situación, la carta expresa que “somos trabajadores decentes, no queremos planes sociales, no portamos banderas ni tenemos ninguna intencionalidad política, queremos trabajar en paz y que se cumpla con la ley”.

Es una obviedad, insistieron, “pero por las dudas siempre lo aclaramos: Los trabajadores no gestionamos SanCor ni ninguna otra empresa láctea del país”. Por lo tanto, “del éxito, fracaso, quebranto o vaciamiento de las mismas que se hagan cargo quienes las dirigen. Nosotros solo somos responsables de como saben los productos que consumen las familias en sus hogares”.

“Agradecemos eternamente a todos los trabajadores del resto de las empresas lácteas del país, no solo por el respaldo que estamos recibiendo sino porque han sido ellos mismos los que determinaron un paro nacional de la industria”, concluyeron los delegados lecheros de Sancor.

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