Una delegación de alumnos de 4° grado de escuelas de la localidad de Pilar vivió una experiencia educativa y cívica en la ciudad de Buenos Aires, donde participaron de la Promesa de Lealtad a la Bandera en el Congreso de la Nación y recorrieron distintos espacios históricos de la capital del país.

La propuesta fue el resultado de un trabajo institucional que se desarrolló durante aproximadamente un mes, con especial énfasis en la interpretación del “Saludo a la Bandera” en lengua de señas argentina, una iniciativa que combinó inclusión, aprendizaje y participación colectiva.

La actividad fue vivida con gran entusiasmo por los estudiantes, quienes compartieron sus sensaciones al aire en vivo durante la transmisión.

“Fue la Casa Rosada, estaba muy linda… a prometer la bandera”, contó una de las alumnas, Paloma, quien además relató su sorpresa al conocer los edificios históricos.

“Conocía Buenos Aires, pero no sabía que estaba la Casa Rosada, el Cabildo y todas esas cosas. El Congreso me pareció muy bonito porque es muy grande”, expresó al describir la experiencia.

El recorrido incluyó también la participación en actos protocolares y momentos de fuerte carga simbólica, como la interpretación de la canción patria junto a otros estudiantes.

“Cantamos la canción de la bandera y también la hicimos en lengua de señas argentina”, explicó otro de los alumnos.

El proyecto educativo tuvo como eje central la inclusión y el trabajo interdisciplinario. Según explicaron las docentes, la preparación demandó un mes de trabajo específico en lengua de señas argentina aplicada al “Saludo a la Bandera”.

“Estuvimos trabajando durante un mes la lengua de señas argentina representando la canción Saludo a la Bandera”, detallaron las docentes.

Además, destacaron que el objetivo fue lograr una doble expresión: oral y gestual, para favorecer la comprensión y la participación de todos los estudiantes.

“Cantamos y al mismo tiempo señamos… aprendieron con la mano derecha para poder hacer un buen trabajo a la hora de signar”, explicaron.

Las autoridades escolares resaltaron el valor educativo del viaje y el impacto emocional en los alumnos, especialmente por tratarse de una experiencia en un espacio institucional clave del país.

“Fue un orgullo inmenso, sobre todo para una escuela pública, poder representar a la localidad en el Senado de la Nación”, expresaron desde la dirección.

El proyecto surgió en el marco de una iniciativa vinculada al aniversario de la localidad de Pilar, que este año celebra 150 años, lo que motivó la organización de la actividad junto a la comuna.

“La idea era que los chicos de 4° grado hicieran la Promesa de la Bandera en Buenos Aires, en el Senado de la Nación”, explicaron.

La experiencia fue compartida entre escuelas públicas y privadas, lo que permitió un intercambio educativo enriquecedor entre instituciones del interior que viajaron especialmente a la capital.

“Logramos llegar al Congreso nosotros como pueblo del interior”, destacaron las autoridades.

El trabajo también involucró a docentes de distintas áreas, asistentes escolares y equipos directivos, quienes acompañaron la preparación y la ejecución del proyecto.

“La experiencia fue maravillosa, estamos felices, desbordados de emoción”, resumieron.

Como continuidad del proyecto, se anunció una nueva instancia de participación comunitaria: la interpretación del Saludo a la Bandera en lengua de señas durante un acto público.

“Ya tenemos programado participar este sábado 20 de junio a las 10 de la mañana en la plaza. En caso de mal tiempo, se realiza en el club”, confirmaron las docentes.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar el 5 de junio como el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo, en homenaje al legado artístico y cultural de Carlos Alberto “Indio” Solari.

La iniciativa, identificada con el expediente 2688-D-2026, busca reconocer la influencia social, musical y simbólica generada por la obra del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más emblemáticas del rock argentino.

El proyecto también invita a las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la norma y promover actividades culturales, exposiciones, encuentros y espacios de reflexión vinculados con la fecha en distintos puntos del país.

La propuesta fue presentada tras la muerte del Indio Solari, ocurrida el 5 de junio, y apunta a transformar esa fecha en una jornada de reconocimiento a una cultura que trascendió ampliamente lo musical.

A lo largo de su carrera, Solari construyó junto a Los Redondos una relación única con su público, marcada por la independencia artística, la autogestión, la poética de sus letras y una identidad colectiva que se expresó en recitales multitudinarios en distintos puntos del país.

La llamada cultura ricotera se convirtió con el paso del tiempo en un fenómeno social, atravesado por símbolos, rituales, banderas, canciones y una forma particular de vivir el rock argentino. En ese universo, el pogo ocupó un lugar central como expresión popular de encuentro, celebración y pertenencia.

El texto impulsado por Paulón plantea que el Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo sea una oportunidad para desarrollar acciones vinculadas a la memoria cultural, la música popular y el reconocimiento de una de las expresiones más convocantes de la historia reciente argentina.

En ese marco, la iniciativa propone que distintas jurisdicciones puedan organizar muestras, charlas, recitales, encuentros y actividades educativas o culturales que recuperen el impacto de Los Redondos, la obra solista del Indio y el vínculo construido con varias generaciones de seguidores.

De prosperar en el Congreso, el 5 de junio quedaría incorporado al calendario nacional como una fecha dedicada a recordar el legado de Solari y la influencia de una cultura popular que marcó al rock argentino y a la identidad de miles de fanáticos en todo el país.

Día nacional del pogo?Día nacional del pogo, sí. pic.twitter.com/zUopUh7uYY

La denominada “Ley Hojarasca” es un proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei con el objetivo de derogar decenas de leyes, decretos y regulaciones consideradas obsoletas, redundantes o sin aplicación práctica en la Argentina actual.

La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger, busca “simplificar” el entramado legal argentino mediante la eliminación de normas antiguas que, según el oficialismo, generan burocracia innecesaria y superposición normativa.

La Ley 94 fue sancionada en 1864, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, y tuvo como objetivo prohibir la aplicación de la llamada “pena de azotes” en el territorio argentino.

La norma establecía sanciones para las autoridades civiles o militares que ordenaran o ejecutaran castigos físicos contra personas detenidas, soldados u otros ciudadanos, en una época en la que todavía persistían prácticas heredadas del período colonial y de los primeros años de organización nacional.

El espíritu de la ley apuntaba a modernizar el sistema institucional argentino y avanzar hacia un modelo jurídico menos violento y más alineado con principios humanitarios.

En el contexto del proyecto liberal impulsado por el gobierno de Mitre, la prohibición de los castigos corporales buscó consolidar la autoridad del Estado nacional bajo reglas legales y dejar atrás mecanismos considerados propios de etapas “bárbaras” o autoritarias del siglo XIX.

Perdió vigencia porque la prohibición de castigos corporales ya quedó incorporada al sistema constitucional y penal argentino, por lo que la norma se considera anacrónica y redundante.

La Ley 448 fue sancionada el 6 de octubre de 1870, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, y establecía un premio de 25 mil pesos fuertes para quien descubriera en la Argentina una mina de carbón de piedra apta para competir con el carbón importado utilizado por la industria y el comercio.

La norma buscaba incentivar la exploración minera en un país que todavía dependía en gran medida de recursos energéticos provenientes del exterior.

El espíritu de la ley estaba vinculado al proyecto modernizador impulsado por el gobierno de Sarmiento, que veía en la ciencia, la industria y la explotación de recursos naturales herramientas clave para el desarrollo nacional.

En ese contexto, la norma funcionó como uno de los primeros instrumentos de fomento minero del país, orientado a promover investigaciones geológicas y fortalecer una matriz económica más autónoma y productiva.

Perdió vigencia porque fue dictada en un contexto de fomento a la exploración carbonífera del siglo XIX y hoy quedó desactualizada frente al régimen moderno de minería y energía de la Argentina.

La Ley 14.800 fue sancionada en 1959, durante la presidencia de Arturo Frondizi, y establecía que toda sala teatral demolida debía ser reemplazada por otra de características similares en el mismo inmueble o predio.

La norma surgió en un contexto de fuerte expansión inmobiliaria en Buenos Aires y otras grandes ciudades, donde numerosos teatros históricos comenzaban a desaparecer para dar lugar a edificios comerciales o de viviendas.

El espíritu de la ley apuntaba a proteger el patrimonio cultural y garantizar la continuidad de los espacios dedicados a las artes escénicas.

Más allá de la defensa arquitectónica, la iniciativa buscaba preservar la actividad teatral como parte de la identidad cultural argentina, evitando que la lógica del mercado inmobiliario redujera la cantidad de salas disponibles para la producción artística y el acceso del público al teatro.

Perdió vigencia porque sus disposiciones sobre reconstrucción y habilitación de teatros fueron absorbidas por normativas urbanísticas, de seguridad edilicia y códigos municipales más modernos.

La Ley 19.787 fue sancionada en 1972, durante la presidencia de facto de Alejandro Agustín Lanusse, y su nombre oficial fue “Música Argentina – Interés Nacional”.

La norma declaraba de interés nacional la difusión y protección de la música argentina, incluyendo el folklore, el tango y las obras de compositores nacionales, con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del país frente al avance de contenidos extranjeros en radio y televisión.

La ley que efectivamente autorizó las emisiones de televisión en color en la Argentina fue la Ley 21.895, sancionada en 1978 durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Su nombre oficial fue “Televisión – Emisiones de Televisión en Color”, y estableció la adopción del sistema PAL-N para las transmisiones cromáticas en el país.

El espíritu de la norma apuntaba a modernizar la infraestructura televisiva argentina y adaptar el sistema de radiodifusión a los estándares tecnológicos internacionales, en el contexto de las transformaciones impulsadas alrededor del Mundial de Fútbol de 1978 y la creación de Argentina Televisora Color (ATC).

Perdió vigencia porque regulaba la implementación inicial de la televisión en color en Argentina, un proceso tecnológico ya plenamente consolidado y reemplazado por marcos regulatorios audiovisuales posteriores.

La Ley 20.843 fue sancionada en 1974, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y su nombre oficial fue “Padrinazgo Presidencial”. La norma estableció que el Presidente de la Nación actuaría como padrino de los séptimos hijos varones y madrina de las séptimas hijas mujeres de familias argentinas, otorgándoles además una beca estudiantil y otros beneficios simbólicos y sociales.

El espíritu de la ley estuvo fuertemente ligado a una antigua creencia popular difundida en distintas regiones del país y de Europa del Este, según la cual el séptimo hijo varón podía convertirse en “lobizón” —una figura mítica similar al hombre lobo— si no recibía protección especial.

El padrinazgo presidencial buscó combatir supersticiones que históricamente habían provocado discriminación, abandono e incluso infanticidios, al tiempo que reforzaba un vínculo simbólico entre el Estado y las familias argentinas.

Perdió vigencia práctica porque los beneficios materiales asociados al padrinazgo presidencial —como becas o asistencia— fueron absorbidos por regímenes modernos y universales de seguridad social y protección familiar.

La Ley 20.802 fue sancionada el 27 de septiembre de 1974, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, y su nombre oficial fue “Creación del Carné de Mochilero”.

La norma establecía que toda persona que viajara “a dedo” con fines turísticos y elementos de campamento debía portar obligatoriamente un carnet emitido por las autoridades turísticas. Además, otorgaba prioridad para acampar en zonas habilitadas por organismos nacionales, provinciales o municipales.

El espíritu de la ley combinaba objetivos de promoción turística con una lógica de control estatal propia de la época. En un contexto atravesado por conflictos políticos y preocupaciones de seguridad interna, el Estado buscaba identificar y registrar a quienes recorrían el país bajo la modalidad de mochileros.

Décadas después, la norma pasó a ser señalada como un ejemplo de legislación obsoleta o excesivamente burocrática, especialmente por considerar que podía afectar la libertad de circulación. Por ese motivo fue incluida entre las leyes propuestas para derogación dentro del proyecto conocido como “Ley Hojarasca”.

Perdió vigencia porque respondía a políticas turísticas y de identificación propias de otra época, hoy reemplazadas por sistemas generales de documentación, transporte y promoción turística.

La Ley 21.145 fue sancionada el 30 de septiembre de 1975, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y su nombre oficial fue “Actividad Teatral – Compañías de Teatro Argentinas – Franquicias Hoteleras”.

La norma otorgaba beneficios a actores, artistas y técnicos teatrales argentinos, incluyendo descuentos del 50% en transportes estatales y tarifas especiales en hoteles dependientes del Estado para facilitar las giras y presentaciones dentro del país.

El espíritu de la ley apuntaba a promover la actividad teatral como herramienta de difusión cultural federal, facilitando que compañías artísticas pudieran recorrer distintas provincias y llegar a públicos alejados de los grandes centros urbanos.

La iniciativa reflejaba una concepción del Estado como impulsor de la cultura nacional y buscaba reducir los costos logísticos de las giras teatrales en una época en la que el transporte público estatal tenía un rol central en la conectividad argentina. Parte de los descuentos en transporte fueron posteriormente vetados por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 3086/75.

Perdió vigencia porque otorgaba beneficios hoteleros específicos a compañías teatrales en un esquema de promoción cultural sectorial que hoy fue reemplazado por otros regímenes de subsidios, incentivos y políticas culturales más amplias.

La Ley 21.159 fue sancionada en 1975, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y su nombre oficial fue “Turismo – Capacitación para Agentes de la Administración Pública”.

La norma disponía la creación de cursos y programas de formación turística destinados a empleados de la administración pública nacional, con el objetivo de mejorar la atención y orientación brindada a visitantes nacionales y extranjeros.

El espíritu de la ley estaba vinculado a la idea de profesionalizar el aparato estatal en materia turística y fortalecer al turismo como actividad estratégica para el desarrollo económico y la integración territorial.

En un contexto en el que el Estado tenía una fuerte presencia en la promoción turística, la iniciativa buscaba capacitar al personal público para proyectar una mejor imagen del país y optimizar los servicios vinculados al sector.

Perdió vigencia porque la capacitación turística de empleados públicos pasó a regirse por programas administrativos y educativos generales, sin necesidad de una ley específica para esa finalidad.

La Ley 27.171 fue sancionada en 2015, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y su nombre oficial fue “Ley de Colombofilia”.

La norma declaró a la colombofilia —la actividad deportiva basada en la cría, entrenamiento y competencia de palomas mensajeras— como una práctica deportiva nacional, además de reconocer a la Federación Colombófila Argentina como autoridad de aplicación y fiscalización de la actividad en el país.

El espíritu de la ley apuntaba a dar un marco jurídico formal a una disciplina con larga tradición en el país, promoviendo su organización, regulación y preservación cultural y deportiva. También buscó proteger la actividad frente a restricciones sanitarias o ambientales y fortalecer el reconocimiento institucional de los clubes y asociaciones colombófilas distribuidos en distintas provincias.

Perdió vigencia práctica porque regulaba una actividad hoy considerada sin impacto relevante en las comunicaciones o el interés público actual.

El proyecto ganó notoriedad por incluir la derogación de leyes históricas y curiosas, aunque, mientras el Gobierno sostiene que la medida apunta a modernizar el sistema jurídico y reducir el peso del Estado, sectores opositores y especialistas advirtieron que algunas derogaciones podrían afectar políticas públicas, organismos estatales y marcos regulatorios todavía vigentes.

La llamada “Ley Hojarasca” obtuvo media sanción en la Cámara Baja este 20 de mayo de 2026, con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones.

Tras la aprobación en Diputados, el expediente fue girado al Senado, donde el oficialismo buscará la sanción definitiva en las próximas semanas.

Córdoba – Por tercer año consecutivo, Aguas Santafesinas se presentó como expositor en el XXII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, organizado por AIDIS, uno de los encuentros más relevantes del sector a nivel nacional y regional. Durante la jornada, la empresa dio a conocer estrategias, obras y experiencias desarrolladas por sus áreas técnicas, reafirmando su posición como uno de los principales prestadores sanitarios de Argentina y destacando su capacidad de innovación y mejora continua.

En esta edición, el comité organizador aprobó seis ponencias presentadas por profesionales de la compañía, que reflejan la diversidad y el conocimiento técnico de sus equipos:

El congreso permitió compartir experiencias y soluciones innovadoras con especialistas y representantes del sector, fortaleciendo la presencia de la empresa y su compromiso con la eficiencia y la sustentabilidad de los servicios sanitarios.

Desde Aguas Santafesinas destacaron el profesionalismo y dedicación de todos los equipos técnicos que participaron y alentaron a seguir impulsando iniciativas que mejoren la calidad de los servicios brindados a la comunidad.

El Consejo de la FIFA llevó adelante una nueva reunión en Vancouver, en la previa del Congreso que se realizará este jueves, donde definió una serie de medidas clave de cara al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Entre los principales anuncios se destaca el incremento en los premios económicos para las 48 selecciones participantes. El organismo avanzó en una propuesta que eleva el monto total a unos 871 millones de dólares, lo que representa un aumento del 15% respecto a estimaciones previas, en un contexto de ingresos récord proyectados por encima de los 11.000 millones en el ciclo 2023-2026.

The FIFA Council has confirmed an increase in the financial contribution for the 48 teams participating in @FIFAWorldCup 2026 🏆

Más dinero para selecciones y preparación

Dentro del nuevo esquema financiero, la FIFA definió mejoras en distintos rubros. Los fondos de preparación subirán de 1,5 a 2,5 millones de dólares por equipo, mientras que el dinero por clasificación pasará de 9 a 10 millones. Además, se contemplan aportes adicionales para cubrir gastos logísticos, como traslados y costos de delegación.

Desde el organismo remarcaron que este Mundial marcará un punto de inflexión en la distribución de recursos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol a nivel global.

Cambios en tarjetas y posible amnistía

En el plano reglamentario, el Consejo aprobó modificaciones en el sistema de sanciones. Para el Mundial 2026, las tarjetas amarillas se limpiarán en dos instancias: al finalizar la fase de grupos y luego de los cuartos de final, buscando evitar ausencias en partidos decisivos.

Además, se analiza una amnistía general para sanciones acumuladas en Eliminatorias, que será tratada en el Congreso.

At a Special Meeting held in Vancouver, Canada, @TheIFAB unanimously approved two FIFA-proposed Law amendments to address discriminatory and inappropriate behaviour.

Se implementará la “Ley Vinicius-Prestianni”

Otro de los puntos destacados fue la incorporación de una nueva normativa disciplinaria tras la reunión extraordinaria de la International Football Association Board.

La llamada “Ley Vinicius-Prestianni” permitirá sancionar con expulsión a jugadores que se tapen la boca para dirigirse a rivales o árbitros en situaciones de confrontación, especialmente ante posibles expresiones ofensivas o discriminatorias.

Dates for your diary 📆The dates for the FIFA U-17 World Cup Qatar 2026™ were confirmed at the latest FIFA Council meeting. pic.twitter.com/A0xPsiFB1S

Confirmación de Mundiales juveniles y calendario

En cuanto a la organización de competencias, la FIFA confirmó que Qatar será sede del Mundial Sub 17 de 2026, que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

Además, el organismo designó a Armenia y Georgia como anfitriones del Mundial Sub 20 de 2029, consolidando la planificación de sus torneos juveniles a futuro.

También se oficializó que Miami será sede de la fase final de la Copa de Campeones Femenina 2027 y se ratificaron fechas del calendario internacional.

Armenia and Georgia set to host the FIFA U-20 World Cup 2029! This will be the first ever FIFA tournament to be held in either country 🙌 pic.twitter.com/ESjKREAuVg

Elecciones y desarrollo del fútbol

La FIFA confirmó que las elecciones presidenciales para el período 2027-2031 se realizarán durante el Congreso de 2027, con inicio del proceso electoral el 30 de abril de 2026.

Por otro lado, se aprobó iniciar un proceso de consulta para evaluar una norma que obligue a los clubes a incluir al menos un jugador Sub 20 o Sub 21 formado en sus inferiores durante los partidos oficiales, con el objetivo de impulsar el desarrollo juvenil.

FIFA and AFC enable Afghan women to represent their country in official matches through landmark governance reform:

Además, se habilitó la participación del equipo Afghan Women United en competiciones oficiales, tras una modificación reglamentaria.

Con este conjunto de decisiones, la FIFA avanza hacia un Mundial 2026 con mayor inversión, cambios reglamentarios y una fuerte apuesta al desarrollo global del fútbol.

La CONMEBOL celebró este jueves 23 de abril su 82° Congreso Ordinario en Quito, Ecuador, con la presencia de Gianni Infantino y de los representantes de las diez asociaciones del fútbol sudamericano. La cita estuvo atravesada por tres ejes centrales: el aval político de la región al presidente de la FIFA, la ratificación de un presente económico sólido y la decisión de profundizar las acciones judiciales para recuperar recursos afectados por el escándalo del FIFA Gate.

Respaldo político a Infantino

En el plano institucional, Alejandro Domínguez aprovechó el Congreso para ratificar su apoyo a Gianni Infantino de cara al futuro de la FIFA. Durante su exposición, el titular de la CONMEBOL pidió públicamente que continúe al frente del organismo internacional y lo presentó como una figura clave en la transformación reciente del fútbol mundial. En ese contexto, Domínguez le expresó que Sudamérica quiere respaldarlo en un nuevo período y lo definió como un “transformador del fútbol”.

El dirigente paraguayo también volvió a instalar una propuesta que genera debate en el mapa del fútbol global: ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones. La idea, ya deslizada previamente por Domínguez, fue defendida en Quito bajo el argumento de que la Copa del Mundo del centenario debería ser una celebración excepcional y más amplia, para que “nadie quede afuera del festejo”.

🗣️ @agdws Presidente de la CONMEBOL.Sus palabras durante el 82° #CongresoCONEMBOL: https://t.co/vVmAQT8Lyi pic.twitter.com/yE6bUpv7A7

Infantino, por su parte, respondió con elogios a la conducción sudamericana. El presidente de la FIFA valoró su relación con la región, destacó las visitas que realizó en los últimos meses a varios países sudamericanos y remarcó que los avances recientes de la CONMEBOL están ligados al liderazgo de Domínguez y al trabajo conjunto con los diez presidentes de las asociaciones miembro. En ese marco, incluso sugirió que el tradicional lema “Creer en grande” podría mutar hacia una idea de gestión más concreta: “Actuar en grande”.

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Un balance con números positivos

Uno de los puntos fuertes del Congreso fue la aprobación por unanimidad de la Memoria y el Balance General del ejercicio 2025. Según se informó durante el encuentro, la CONMEBOL cerró el año con un superávit superior a los 24 millones de dólares, además de validar los estados financieros al 31 de diciembre y definir el destino de los excedentes. La conducción presentó estos números como una señal de consolidación institucional y de orden administrativo.

A su vez, la Confederación destacó que durante 2025 distribuyó 316.525.000 dólares en premios y aportes para clubes y selecciones, en línea con una política que viene exhibiendo como uno de sus pilares de gestión. También proyectó que los ingresos de 2026 superarán los 567 millones de dólares, con una fuerte base en derechos de televisión y patrocinio. De ese total, el 93% será reinvertido directamente en el fútbol sudamericano, según los datos expuestos en el Congreso.

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El FIFA Gate volvió al centro de la escena

Otro de los asuntos centrales del Congreso fue la continuidad de las acciones legales vinculadas al FIFA Gate. Las diez asociaciones miembro respaldaron de forma unánime que la CONMEBOL siga adelante con la querella impulsada para intentar recuperar dinero afectado por maniobras de corrupción. El respaldo político fue total y dejó en claro que la Confederación buscará sostener la ofensiva judicial como parte de una política de reparación patrimonial.

Durante la exposición del tema, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la entidad, explicó que la querella le permite a la CONMEBOL asumir un rol procesal como víctima y, en caso de que se comprueben hechos punibles y beneficios ilícitos, plantear formalmente la recuperación de recursos. Además, advirtió que de la investigación surgieron nuevos elementos que abren la posibilidad de ampliar acciones sobre conductas adicionales, dentro de una base de perjuicio estimada en 44 millones de dólares para la institución.

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Los temas que marcaron la agenda

Más allá de los anuncios principales, el Congreso tuvo en su orden del día varios asuntos habituales de gestión: aprobación de memoria y balance, revisión presupuestaria, informes de auditoría y finanzas, análisis de estrategias de inversión y premios, posibles ajustes reglamentarios en las competiciones y continuidad de programas vinculados a integridad, bienestar de los jugadores, formación arbitral y control antidopaje. Todo eso formó parte del paquete institucional tratado en Quito.

Un Congreso con mensaje hacia adentro y hacia afuera

El saldo político del 82° Congreso Ordinario de la CONMEBOL fue claro. Hacia adentro, la dirigencia sudamericana mostró unidad para avalar la gestión económica y sostener el reclamo judicial por fondos perdidos en la corrupción. Hacia afuera, volvió a exhibir alineamiento con Gianni Infantino y buscó reforzar la idea de una Confederación fuerte, con capacidad de inversión, peso institucional y protagonismo en la discusión global sobre el futuro del fútbol.

 La presencia de Infantino en Quito también fue especialmente valorada porque se produce en la antesala del 76° Congreso de la FIFA, que se celebrará el 30 de abril de 2026 en Vancouver, Canadá.

En la previa del encuentro en Carondelet también circularon especulaciones sobre una eventual Copa América en Ecuador. Sin embargo, lo que trascendió en medios deportivos es que la opción más cercana para una postulación ecuatoriana no sería 2028, sino una edición posterior, posiblemente en 2032 o 2036. Hasta el momento, no hubo anuncio oficial de la CONMEBOL sobre ese punto.

Hasta el momento, la convocatoria tiene fecha y lugar: 29 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese día está previsto que el Jefe de Gabinete de ministros Manuel Adorni asista al Congreso Nacional para brindar su primer informe de gestión.

El ex vocero presidencial asumió en su nuevo cargo en noviembre de 2025 para reemplazar a Guillermo Francos. Se convirtió entonces en el tercer Jefe de Gabinete del presidente Javier Milei. El primero fue Nicolás Posse.

La convocatoria a la sesión especial no debería ser novedad. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno (…).

Marzo, el primer mes del período ordinario de sesiones, paso de largo y no hubo informe. Este llegará a fines de abril, tal cual confirmó en las últimas horas el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

“Compren pochoclo, va a ser picante”, anticipó el riojano.

Son alrededor de 4800 preguntas las que llegaron al despacho de Adorni a las que se sumarán todas las que surjan del propio auditorio compuesto por oficialistas (que avisaron que tendrán asistencia perfecta), aliados, oposición dura y dialoguistas.

Se descuenta que la reunión va a ser “picante” en ambos sentidos. Es conocido el estilo de Adorni para responder preguntas con ironía. Así fue durante sus años de vocero en los que se jactó de “domar” a periodistas acreditados en Casa Rosada aunque en la última conferencia de prensa, de hace casi tres semanas, la estrategia no le jugó a favor.

Sin embargo, la oposición lo espera para que explique la compra de viviendas, el viaje a Punta del Este con su familia en un avión privado, y la travesía a Nueva York junto a su esposa en la aeronave presidencial en el marco del Argentina Week que se realizó en marzo.

En la última sesión de Diputados el 9 de abril, cuando se aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, la principal oposición encarnada por Unión por la Patria motorizó un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, que no logró el respaldo necesario aunque obtuvo una mayoría de adhesiones (124 a 118).

Hacía falta una mayoría especial por tratarse de un asunto que estaba fuera del temario acordado para la sesión.

La insistencia para citar al funcionario de confianza de los hermanos Milei a una interpelación será llevada al recinto en una próxima sesión. La solicitud se hará en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional cuando indica que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Mientras tanto, Adorni sigue cosechando respaldos del oficialismo más ligado a la cúpula del gobierno nacional: estos llegan del propio Milei, de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia con quien se mostró este lunes el Jefe de Gabinete en un recorrido sin prensa por el Instituto Malbrán.

Y viajará el jueves a Vaca Muerta; del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo que lo bancó “a muerte”, y del propio Martín Menem, quien dijo poner “las manos en el fuego” por el funcionario.

Mientras todo esto ocurre, la Justicia avanza en varias líneas de investigación, incluidas citaciones a declarar de personas que intervinieron en sus operatorias inmobiliarias.

Adorni, de quien se espera una nueva convocatoria a la mesa política, se muestra en actividades resguardadas de la prensa y, al menos por ahora, evita volver al atril de vocero.

Pasado el mediodía, el Jefe de Gabinete confirmó el temario que el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso de la Nación en lo que el presidente anunció en la Apertura de Sesiones como un paquete de leyes de reformas.

A través de las redes sociales, Manuel Adorni confirmó las prioridades de la gestión libertaria a tratar en los próximos meses en el Poder Legislativo.

"El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional", arrancó la publicación. Para luego puntear los temas.

"Modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas", prosiguió Adorni e introdujo la segunda instancia.

"Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana", agregó.

Por último, el posteo del funcionario nacional aseguró: "Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal"

Este anuncio de Adorni va en línea a lo anticipado por el presidente Milei en el Congreso cuando le tocó abrir las sesiones ordinarias, el 1° de marzo pasado.

Adorni, encabezó este martes una nueva reunión de mesa política en la que se definieron las prioridades de la agenda legislativa 2026.

En el encuentro se definió la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso, y que estará compuesto por la “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y “leyes sobre propiedad privada” como "la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana”. Tal como confirmó Adorni luego.

De la reunión participaron los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el tiular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

También fueron de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, que busca ordenar la estrategia para conquistar la media sanción restante de la Ley de Glaciares.

Una amenaza de bomba generó este jueves un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación en la ciudad de Buenos Aires.

La alerta se conoció el jueves 12 de marzo y derivó en un procedimiento preventivo en las inmediaciones del Congreso, con participación de la Brigada de Explosivos y apoyo de móviles de la División Delitos Constitucionales y personal de Canes de la Policía Federal Argentina.

Durante la inspección, las fuerzas mantuvieron controlado el perímetro y restringido el ingreso al edificio mientras se revisaban accesos, oficinas y áreas comunes. El resultado fue negativo: no se detectaron explosivos y se trató de una falsa alarma.

Fuentes citadas por medios locales indicaron que la amenaza se detectó a través del sistema trunking (intercepción de comunicaciones de radiocomunicaciones móviles), lo que disparó el aviso al 911 y el posterior traslado del procedimiento a la jurisdicción federal por tratarse del Congreso.

En esa reconstrucción, se remarcó que no hubo evacuación general porque la advertencia estuvo vinculada a un sector exterior, aunque sí se aplicaron restricciones y controles hasta completar la revisión.

El episodio ocurrió horas después de que la AMIA denunciara una amenaza recibida por correo electrónico, que también motivó inspecciones preventivas con resultado negativo, según reportes periodísticos.

En el caso del Congreso, la intervención cerró con el operativo finalizado y la normalización progresiva del acceso, mientras se releva la información disponible para determinar el origen de la advertencia.

La tensión política de este jueves mantendrá candente el foco político y mediático en el Congreso y sus adyacencias. Dentro del recinto de Diputados se debatirá el proyecto que llegó con la media sanción del Senado de Reforma Laboral. Fuera, se lleva a cabo el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei.

La CGT lo anunció días atrás y lo confirmó ni bien se supo que este mismo jueves el proyecto entra en discusión en el recinto. Si bien no llamaron a movilizar, los aparatos sindicales (con la novedad del acompañamiento del sector del transporte de pasajeros) dejarán a la vista el rechazo a la gestión libertaria.

En materia de movilidad, no habrá trenes, subtes, colectivos ni vuelos durante la medida de fuerza. La paralización total del transporte público y aéreo condicionará el funcionamiento de múltiples actividades, tanto en grandes centros urbanos como en el interior del país.

En el ámbito deportivo, los cuatro partidos previstos por el Torneo Apertura de fútbol serán reprogramados. La suspensión responde a la imposibilidad de garantizar traslados, operativos de seguridad y logística en el marco del paro.

El sistema bancario permanecerá cerrado, tanto en entidades públicas como privadas. Solo estarán disponibles las operaciones a través de homebanking y cajeros automáticos, por lo que no habrá atención al público en sucursales.

El sector comercial adhiere a la medida, aunque la apertura de locales dependerá en gran medida de la disponibilidad de transporte para empleados y clientes. En consecuencia, podría registrarse un funcionamiento dispar según la zona y la actividad.

También se sumarán el turismo, el sector hotelero y la gastronomía, lo que afectará reservas, excursiones y servicios vinculados a la actividad turística. En ciudades con alta circulación de visitantes, se prevé una merma significativa en el movimiento.

El sindicato de Camioneros confirmó su adhesión, por lo que no habrá recolección de residuos, distribución de correspondencia ni transporte de cargas. Esta situación podría generar demoras en la logística y el abastecimiento.

En tanto, los puertos permanecerán cerrados durante 48 horas, con impacto directo en la operatoria de exportaciones e importaciones.

En el área de salud, la adhesión implicará que solo funcionarán guardias mínimas y servicios de urgencia, garantizando la atención ante situaciones críticas pero con suspensión de turnos programados.

En la administración pública, se anunció movilización con adhesión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Desde el Gobierno se informó que se descontará el día a los empleados estatales que no concurran a sus puestos de trabajo.

El alcance de la medida anticipa una jornada con actividad reducida en buena parte del país y con efectos que podrían extenderse más allá del día del paro, especialmente en sectores logísticos y portuarios.

El presidente viajó este miércoles a Estados Unidos para participar del primer encuentro de la “Junta de la Paz” impulsada por Donald Trump.

La delegación que acompañó al presidente está integrada por su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. La agenda se ciñe a la presencia en el lanzamiento del organismo que fue creado por la administración republicana bajo el argumento de la necesidad de mediar en conflictos bélicos y, en particular, para abordar la reconstrucción de Gaza.

En ese contexto, Milei dejó entrever su postura frente al paro sindical. Replicó mensajes sobre el cierre de Fate y sobre la medida gremial publicó: “¿Conspiranoico yo? Fin.”

EL

El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció a favor de una reforma del régimen penal juvenil, luego de ser consultado por el asesinato del adolescente Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, un hecho cometido por menores de edad.

En ese marco, respaldó el anuncio del Gobierno nacional de incluir la Ley Penal Juvenil en el temario de sesiones extraordinarias y volvió a plantear la necesidad de revisar el esquema de imputabilidad en casos de delitos graves.

“Estoy completamente de acuerdo. Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar”, afirmó el mandatario provincial al fijar su postura sobre el debate penal juvenil.

Pullaro también cuestionó el enfoque garantista que, según sostuvo, condicionó durante años la política penal en la Argentina. “Hay que ser muy claro contra el garantismo que tanto daño le ha hecho a la República Argentina”, planteó.

En esa línea, profundizó su mirada: “Es una ideología defendida por el kirchnerismo y por muchos dirigentes durante mucho tiempo, que entienden que los delincuentes son víctimas de un sistema social injusto y que por eso no tienen que ir a la cárcel o tienen que pasar el menor tiempo posible ahí dentro”.

El gobernador recordó antecedentes que marcaron su posición sobre la imputabilidad. “Cuando fui ministro de Seguridad tuvimos el caso de Juan Cruz Ibáñez, un homicidio cometido por un menor de edad. Desde ese momento comencé a pedir la baja de la edad de imputabilidad”, señaló.

Al referirse al crimen de Jeremías Monzón, insistió en que la discusión no debe concentrarse únicamente en la edad, sino en la gravedad del hecho. “Es por delito. Un delito de mayor tiene que ser juzgado con una pena de mayor”, sostuvo.

Pullaro agregó que “no es posible ni real sostener que una persona de 14 años no comprende la gravedad de sus actos cuando comete un homicidio”, y remarcó que se trata de un debate estructural que el país debe dar.

En su análisis, el gobernador advirtió sobre el rol que cumplen las organizaciones criminales en estos escenarios. “Hay estructuras delictivas que se cubren para que los delitos los cometa un menor”, afirmó.

Por eso, sostuvo que la normativa debe ajustarse al presente: “Tenemos que adaptar la normativa a los tiempos que corren: los menores que cometen delitos de extrema violencia deben responder por esos hechos en función del delito cometido y no únicamente de su edad”.

En esa línea, cerró con una definición política sobre el rumbo que impulsa: “Es una norma que la Provincia de Santa Fe y la República Argentina necesitan”.

EL 

El Gobierno terminó de redactar la versión final del proyecto de “modernización laboral” que llegará al Congreso en los próximos días. La iniciativa consolida los acuerdos discutidos en el Consejo de Mayo y suma modificaciones de fondo sobre contratación, derechos laborales, aportes, actividad sindical y formalización del empleo.

Desde la Casa Rosada afirman que el objetivo es “modernizar el régimen de empleo en Argentina, reducir la litigiosidad y generar reglas claras y previsibles”. El documento al que accedió Infobae detalla cambios de alto impacto en la Ley de Contrato de Trabajo, en los sistemas de indemnización, en los convenios colectivos y en los mecanismos para incorporar trabajadores al sector formal.

El proyecto elimina la expresión “justicia social” como criterio interpretativo y otorga autoridad de cosa juzgada a acuerdos transaccionales y conciliatorios homologados para reducir la judicialización.

Además:

El texto habilita cambios significativos:

Se mantiene la regla general:1 mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses.

El proyecto fija nuevas definiciones para darle previsibilidad al cálculo:

Uno de los capítulos más relevantes es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral, un sistema para que los empleadores puedan cubrir indemnizaciones mediante un fondo separado, inembargable y administrado por entidades habilitadas por la CNV.

Se crea un nuevo régimen para quienes trabajan con apps y plataformas, que implica:

Se elimina la ultraactividad total:

La autoridad administrativa podrá suspender cláusulas si generan distorsiones económicas graves.

El proyecto plantea nuevas reglas:

El Gobierno impulsará un régimen por un año destinado a empleadores privados, con:

El trabajador deberá cumplir al menos uno de estos requisitos:

No aplica a empresas sancionadas por REPSAL ni a casos de sustitución fraudulenta de personal.

A partir de la promulgación:

Además, se habilita regularizar empleo no registrado con:

Organizaciones de jubilados marcharon hoy en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía Federal valló la zona para garantizar la libre circulación del tránsito.

Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que la única fuerza apostada al operativo fue la Policía Federal.

Como cada miércoles, los jubilados realizaron una protesta por mejoras en sus haberes en la esquina de Avenida Rivadavia y Callao, donde las fuerzas de seguridad vallaron la zona para garantizar la libre circulación.

Cerca de las 15 los manifestantes lograron tirar una parte de las vallas que habían sido apostadas como parte del operativo policial en la Avenida Rivadavia.

Hasta el momento no se registraban mayores incidentes ni enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los jubilados que se acercaron a protestar a las inmediaciones del Congreso

El debate del Presupuesto 2026 y de la regulación de los DNU monopolizarán esta semana la agenda parlamentaria en la Cámara Diputados, en un escenario de fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

Si bien la oposición tenia aspiraciones de convocar para una sesión para el próximo miércoles, decidieron postergar una semana su objetivo de sesionar, porque aún existen diferencias sobre el temario.

Fuentes parlamentarias también señalaron que aún existen diferencias sobre las iniciativas que llevarán al recinto de sesiones, dado que la intención de Unión por la Patria, un sector de Democracia para Siempre y de  Encuentro Federal, quieren votar un emplazamiento para que las comisiones traten los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aprobar una moción de censura.

Hay diputados radicales y provinciales que no quieren impulsar el desplazamiento de Francos ya que sostienen que sería perder al funcionario mas dialoguistas del Gobierno Nacional, aunque critican el decreto donde se estableció no se aplicará la ley hasta que el Congreso Nacional diga cual serán las partidas que se reducirán para aplicar esa ley..

A eso se suma que aún no están los votos para insistir con la ley que establece la Coparticipación Federal de los ATN, ya que se rechazó el veto en el Senado, pero que en diputados se aprobó por 142 votos contra 90, con lo cual no alcanzó los dos tercios de los votos.

En este escenario, la oposición buscará centrarse en los debates de la ley de DNU que se debatirá el martes a las 14 y donde los bloques del peronismo, radicales, y provinciales tienen los votos para emitir dictamen favorable al proyecto sancionado por el Senado.

En ese contexto, los bloques opositores buscarán avanzar el martes en el dictamen sobre la ley que restringe el uso de los DNUs, ya que establece que si no se ratifican en un plazo de 90 días quedan derogados y si una cámara lo rechaza también pierden vigencia, pero no los efectos jurídicos.

Otro tema que concentrará la atención de los legisladores será la apertura de la ronda de consultas sobre el Presupuesto 2026-que preside José Luis Espert, ya que concurrirá el miércoles a las 13 el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Pero el tema clave que concentrará la atención de los diputados será la comisión de Presupuesto, donde la semana pasada no hubo acuerdo sobre los funcionarios que quiere convocar la oposición que reclaman la presencia de Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Biasuli..

La semana pasada la oposición advirtió que si La Libertad Avanza se resiste a invitar a la comisión de Caputo, y a Biasuli, buscarán aprobar un emplazamiento en la próxima sesión para establecer el cronograma de trabajo y la fecha del dictamen.

Otro punto que genera tensión es la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina que podría implementarse a través de un swap, que es un acuerdo entre bancos centrales, y que la oposición quiere que se debata en el Congreso pero el  Gobierno señala que no hace falta, ya que tampoco se hizo cuando se utilizó el mismo sistema con China.

Por lo pronto, en la primera reunión  Guberman se referirá a los datos macroeconómicos del Gobierno sobre inflación, dólar, recaudación, y gastos, que son rechazados por la oposición.

El oficialismo también buscará invitar a varios funcionarios para tratar de estirar las reuniones informativas hasta conocer los resultados de la elección de octubre con la esperanza de, tras el recambio, tener una mayor cantidad de legisladores para mejorar las tratativas con los bloques dialoguistas y gobernadores.

Pero en forma independiente del resultado de la elección donde podría mejorar la cantidad de legisladores que tenga su bloque desde el 10 de diciembre, LLA necesitará enhebrar acuerdos con los gobernadores dialoguistas para emitir el dictamen de mayoría y lograr su aprobación en el recinto de sesiones.

Si se trata previo a la elección como quieren los opositores, la LLA deberá enhebrar acuerdos con la mayoría de los bloques para tener dictamen de mayoría ya que tiene solo tiene 6 de los 49 miembros, y el peronismo con la izquierda suman 21 voluntades.

Este miércoles 27 de agosto marcará un antes y un después en la historia política de Santa Fe. La Convención Reformadora 2025 aprobó la eliminación del mecanismo de “mayoría automática” en la Cámara de Diputados, una cláusula que rigió desde 1962 y que otorgaba 28 de las 50 bancas al partido más votado, relegando las 22 restantes a una distribución proporcional entre las demás fuerzas.

La lógica original de la cláusula buscaba garantizarle al gobernador electo una base sólida en la Legislatura para aplicar su programa de gobierno. Sin embargo, con el paso del tiempo y los cambios en el sistema electoral —como la implementación de la Boleta Única Papel en 2011—, ese mecanismo se volvió paradójico. En dos ocasiones (2011 y 2019), el partido más votado en Diputados fue distinto al que ganó la Gobernación, generando una contradicción institucional: la mayoría legislativa quedaba en manos de la oposición.

Así fue como María Eugenia Bielsa (2011) y Miguel Lifschitz (2019) lideraron bloques mayoritarios en Diputados, mientras Antonio Bonfatti y Omar Perotti gobernaban desde la Casa Gris. La cláusula, pensada para fortalecer al Ejecutivo, terminó por desvirtuar su propósito.

El escenario político de 2023 mostró una sintonía entre el electorado y el sistema: Maximiliano Pullaro se impuso en la Gobernación y Clara García, al frente de la lista de Diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe, logró la mayoría con un respaldo contundente. Fue este equilibrio político el que habilitó el consenso necesario para avanzar con la reforma constitucional, que hoy elimina definitivamente el reparto automático de bancas.

A partir de las elecciones de 2027, los 50 escaños de la Cámara baja se asignarán de forma estrictamente proporcional a los votos obtenidos por cada lista, respetando la voluntad popular en su totalidad y fortaleciendo la representación de las minorías.

Este cambio llega acompañado de otras transformaciones estructurales. El nuevo diseño legislativo incorpora criterios de paridad de género en las listas, elimina restricciones a las reelecciones, y se alinea con los principios modernos de transparencia, pluralismo y equilibrio de poderes.

La reforma no solo elimina un resabio institucional anacrónico, sino que redefine el modo en que se construye la representación política en Santa Fe. A partir de ahora, el Ejecutivo deberá negociar, dialogar y construir consensos con una Legislatura más plural, sin ventajas automáticas.

La eliminación de las mayorías automáticas es, en definitiva, un avance institucional que coloca a Santa Fe a la vanguardia del federalismo argentino. Refleja un compromiso con una democracia más representativa, donde la diversidad política no es un obstáculo, sino una oportunidad para construir políticas públicas con mayor legitimidad social.

Los bloques de diputados nacionales de Democracia para Siempre y del Frente de Izquierda presentaron hoy proyectos de resolución en repudio a las recientes declaraciones “injerencistas” del candidato de Donald Trump a embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, y le pidieron al presidente Javier Milei para que rechace el placet del funcionario norteamericano.

En la audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense, el diplomático anticipó que en su rol de embajador hará todo lo que esté a su alcance para desalentar las inversiones chinas en las provincias argentinas, además de garantizar que Cristina Kirchner siga presa y proscrita, y que Milei pueda reelegir en su cargo. 

Ayer, Unión por la Patria y, por separado, los diputados socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron proyectos de resolución para declarar a Lamelas persona no grata.

Este jueves se sumaron otros dos proyectos en el mismo sentido, por los que acusan al candidato a embajador de violar el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estados y de querer manipular al Poder Judicial argentino.  

En el escrito presentado por Democracia para Siempre, el bloque del radicalismo díscolo encabezado por Pablo Juliano, se insta al Poder Ejecutivo nacional a “evaluar la concesión del pertinente plácet y la aprobación de las cartas credenciales que se presenten oportunamente si el Sr. Peter Lamelas no rectifica sus declaraciones y pide disculpas al pueblo de la nación Argentina”.

En los fundamentos, argumentan que los dichos del representante norteamericano “violan el deber de otros Estados a no inmiscuirse, directa ni indirectamente, en los asuntos internos ni externos de nuestro país con el propósito subordinar el ejercicio de nuestros derechos soberanos”. 

De sus palabras también se desprende una intención explícita de interferir en las relaciones diplomáticas y económicas con la República Popular China, con el objetivo de reducir las inversiones del gigante asiático en el país, así como de garantizar que la ex presidenta Cristina Kirchner continúe presa, en lo que podría interpretarse como una pretensión de condicionar al Poder Judicial argentino.

“En ningún tratado de Derecho Internacional Público ni en la ley 20957 de Servicio Exterior de la Nación Argentina le otorga potestades para tener dentro de las facultades de su misión diplomática tener como objetivos en nuestro país los de ‘limitar la influencia maligna de China’, y ‘apoyar a Milei’ para que gane las elecciones de medio término y pueda ser reelecto”, indicaron.

“En las democracias representativas, como la nuestra, las decisiones las toman quienes han sido elegidos para ello y no fuerzas externas, caso contrario se estaría desmantelando la institucionalidad nacional y ponen en duda los fundamentos constitucionales del sistema federal argentino”, agregaron. 

Según Democracia para Siempre, “un embajador no debería nunca condicionar las relaciones bilaterales entre las provincias de Argentina ni pronunciar opiniones sobre nuestra soberanía”.

#Nos parece oportuno recordarle al Sr. Lamelas y a nuestro Presidente que no estamos en la Guerra Fría, no existen ya las zonas de influencia y nuestro país no es un país satélite de nadie, es un país autónomo, que toma sus propias decisiones", subrayaron. 

Además consideraron que “la guerra comercial que se está desarrollando entre Estados Unidos y China, nos debe tener de espectadores, no tenemos motivo alguno para entrometernos ni para perjudicar futuras relaciones con ambos países, necesitamos tener buenos vínculos con ambos”.

Al mismo tiempo recordaron que Lamelas no reconoce la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, ya que tiempo atrás había dicho que Estados Unidos “no reconoce la soberanía sobre las Islas ni de la Argentina ni de Gran Bretaña”. 

“En el caso de que el Presidente apruebe las credenciales que oportunamente remita los Estados Unidos de Norteamérica será una prueba concreta de que estos embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país cuentan con el aval y la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional”, advirtieron. 

Y señalaron que “un emisario diplomático no puede actuar como si estuviera supervisando las políticas soberanas del país que lo recibe” ya que eso supondría “una grave infracción al derecho internacional y una afrenta a nuestra dignidad nacional”. 

“Las manifestaciones del Sr. Lamelas rememoran los periodos más sombríos de intervención de los Estados Unidos en la vida democrática de nuestra región”, remataron.

Por su parte, el Frente de Izquierda, con la firma de los cinco integrantes del interbloque en Diputados, repudió “la inaceptable intromisión en los asuntos internos de Argentina” por sus “declaraciones claramente injerencistas, como si fuera un virrey colonial”. 

Para el FIT, el compromiso asumido por Lamelas para garantizar la condena a Cristina Kirchner resulta “una prueba más de que el régimen de proscripción política fue compartido por Estados Unidos para imponer a la población a quién puede votar y a quién no”. 

En tanto, cuestionaron que el emisario diplomático haya pedido de que se tenga "cuidado” con los movimientos en curso, que haya dicho que esos grupos "incluso están mucho más a la izquierda que el movimiento peronista".

“Convocamos a repudiar esta nueva y peligrosa intromisión de un personero del imperialismo yanqui en el país y a reclamar: ¡Fuera Lamelas de Argentina! ¡Fuera yanquis de América Latina! ¡Ruptura con el FMI! ¡No al pago de la deuda externa! ¡Basta de entrega y saqueo!”, concluyeron.

A sus apenas 20 años, Ángelo Grasselli, emprendedor de Cañada de Gómez, ha sido elegido para representar a Argentina en el 80.º Congreso Mundial de la Junior Chamber International (JCI), que se realizará del 4 al 8 de noviembre en Túnez. Este destacado joven santafesino participará junto a la rosarina Virginia De Gorostiza Gori, Presidenta Nacional 2025 de JCI Argentina.

JCI es una red internacional de jóvenes líderes de entre 18 y 40 años, presente en más de 110 países, con más de 200 000 miembros globalmente, dedicada a impulsar el desarrollo personal y social mediante emprendimientos, formación y proyectos comunitarios . El Congreso Mundial es su evento central anual, que combina formación de alto nivel, intercambio cultural, renovación de autoridades y espacios de negocio e interacción entre sectores públicos y privados.

Grasselli llega al Congreso con una agenda enfocada en el emprendimiento, el comercio internacional y el fortalecimiento de lazos productivos en Santa Fe. Su participación representará una oportunidad para acceder a contactos clave, intercambiar experiencias con pares de todo el mundo y llevar el nombre de la región al ámbito internacional .

Su presencia en Túnez otorga visibilidad al trabajo de los jóvenes santafesinos en rubros estratégicos y refuerza la posición de Argentina dentro de JCI. Además, proyecta las bases para futuros proyectos e inversiones vinculadas a la región dentro de la red global.

En el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro participó este sábado al mediodía del acto de cierre del I Congreso de Dirigentes Deportivos, organizado por el Consejo Provincial del Deporte (Coprode). El evento, que se desarrolló desde el viernes en el Museo de la Constitución, reunió a más de 300 dirigentes y disertantes de prestigio nacional, en representación de 43 disciplinas de toda la provincia de Santa Fe.“Es un gusto enorme poder saludarlos y agradecerles el compromiso que cada uno de ustedes le pone todos los días al deporte de sus localidades y de toda la provincia”, afirmó Pullaro al iniciar su discurso. El mandatario subrayó la importancia de estos espacios de formación institucional y liderazgo para quienes están al frente de clubes y federaciones deportivas: “Ustedes son un ejemplo de dedicación, muchas veces dejando a sus familias para apostar al fortalecimiento de sus instituciones. Eso es muy valioso y queremos acompañarlos”.

El congreso incluyó charlas, debates y mesas redondas sobre aspectos normativos, derecho de formación, deporte de alto rendimiento, psicología en el deporte, liderazgo y los diversos programas con los que cuenta la provincia para fortalecer el desarrollo deportivo.Pullaro destacó el crecimiento que ha tenido el deporte santafesino en los últimos años y ratificó la decisión política de seguir apostando al sector: “Santa Fe es la primera provincia del país con una Ley de Financiamiento del Deporte, con un presupuesto significativo que permitirá mejorar la infraestructura de los clubes. Sabemos que, a pesar de todo el esfuerzo, muchas veces los recursos no alcanzan. Por eso el Estado tiene que estar presente”.

En ese sentido, el gobernador mencionó el trabajo articulado que se viene desarrollando con herramientas como los programas Buenas Prácticas y Brigadier, que han llegado a la mayoría de las instituciones con aportes concretos. “Somos un gobierno que ha ordenado sus cuentas, pero que también sabe dónde invertir. Y sabemos que invertir en deporte es invertir en valores, en contención y en futuro”, sostuvo.

Otro de los ejes del discurso fue lo referido a la organización de los Juegos Suramericanos 2026, que tendrán sede en Santa Fe, Rosario y Rafaela. Pullaro lo definió como “una inmensa oportunidad para mostrarle al mundo que podemos organizar un evento de carácter internacional”. En ese marco, confirmó una inversión histórica de 65 millones de dólares en infraestructura deportiva. “Será una inversión única, sin precedentes, para recibir a casi 6.000 deportistas del continente. Pero también para que nuestras instituciones puedan seguir creciendo después de los juegos. Tenemos la responsabilidad de militar estos juegos, de hacerlos propios”, agregó.La jornada contó con la participación de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Previsión Social - Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena; y numerosos dirigentes deportivos de toda la provincia.El gobernador concluyó su intervención con un mensaje de aliento a quienes día a día sostienen el deporte santafesino desde el territorio: “Cuentan con el apoyo de esta provincia invencible de Santa Fe. Sigan adelante. Nosotros vamos a seguir apostando por ustedes”.

El Gobierno logró hoy el dictamen para habilitar la discusión del DNU 179/25, que lo autoriza a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y mañana espera blindarlo en la Cámara de Diputados con un panorama alentador para la Casa Rosada.

La administración del presidente Javier Milei giró la semana pasada el decreto y pretendía que sea revisado y aprobado de manera exprés por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el jueves pasado. 

Sin embargo, no contaba con las 9 firmas de 16, en total, para resguardar el DNU. Las consiguió en el inicio de esta semana y destrabó este martes el dictamen. 

Quienes aportaron su rúbrica en favor del despacho fueron los libertarios Juan Carlos Pagotto y Lisandro Almirón; Diego Santilli y Luis Juez, del PRO; Víctor Zimmerman y Francisco Monti, de la UCR; Carlos Espínola, de Las Provincias Unidas; y Oscar Zago, del MID. Paoltroni presentó su propio dictamen en rechazo al DNU.

De esta forma, LLA logró reunir nueve firmas entre ambos despachos. El formoseño Paoltroni fue sin dudas el protagonista en la jornada de este martes ya que, en la previa, no solo era el apuntado para aportar la novena firma para el despacho, sino también para inclinar la balanza a la hora de la renovación de autoridades de la comisión. 

Siendo consciente de que la pelota estaba en su lado, y luego de tragar veneno a lo largo del 2024 por los embates oficialistas, Paoltroni obturó la renovación de Pagotto en la Presidencia de la comisión, pero luego propuso a Zago. Esto fue antes del inicio oficial del encuentro -que se retrasó más de una hora por esta cuestión.

La acción de Paoltroni dejó en una incómoda posición al libertario correntino Almirón que tuvo que apoyar sí o sí la moción en favor de Zago, con quien se trompeó hace menos de una semana en la Cámara de Diputados. "Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!", gritó Almirón. 

Finalmente, Zago terminó como presidente de Trámite Legislativo y Zimmermann como vice, en otro duro cachetazo al kirchnerismo que, en la previa, estaba entusiasmado con que la conducción quedara en manos del diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, por la primera posición que tomó Paoltroni con Pagotto. 

Resuelto el dilema de las autoridades de la Comisión inició la exposición de los funcionarios, que se extendió hasta casi las 21 por los diversos idas y vueltas con senadores y diputados.

El primero y principal disertante que tuvo la larga jornada fue el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que fue acompañado por el director del Banco Central, Marcelo Griffi; el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza; secretario de Legal y Técnico del Ministerio de Economía, José García Hamilton. 

Quirno inició su exposición resaltando que el futuro acuerdo con FMI es un paso más en el programa de estabilización que promovió el presidente Javier Milei: "Desde diciembre del '23, el Ejecutivo ha seguido un plan inédito en la Argentina que ha atacado las causas de la razón de nuestros problemas que es el déficit fiscal". 

Se detuvo luego en la operatoria que hicieron desde la Secretaría de Finanzas con los pasivos remunerados del Banco Central: "Fueron eliminados rápidamente. Ese excedente de pesos tuvimos que reducirlos a través de diferentes acciones. Se han reducido 76 por ciento. Todavía no es suficiente". 

Para Quirno, el acuerdo con el FMI es el primero en el que la Argentina "no solicita apoyo presupuestario" porque "las cuentas están equilibradas". 

"El producto de este préstamo se va a utilizar con dos fines: uno, es la compra de las letras intransferibles para fortalecer la calidad del activo del Banco Central. Esa compra que hace el Tesoro (de las letras) es un camino fundamental para el camino de reducción de inflación", relató.

Y continuó: "Estamos yendo a un sistema donde el peso sea la moneda fuerte y la consecuencia que nos lleva a tener superávit financiero. El segundo uso que tiene es poder refinanciar los vencimientos que tiene el Estado argentino al programa 2022".

A su vez, descartó que el DNU sea un cheque en blanco: "Esto no es un cheque en blanco. Es un programa que tiene un préstamo de 10 años de plazo, cuatro años y medio de gracia de pagos de capital. Tiene un costo que está determinado para este tipo de programa".

Además, resaltó que el futuro acuerdo no incrementa la deuda: "No vamos a aumentar la deuda con este préstamo. Va a ser un costo más bajo y estamos extendiendo los horizonte de los plazos de los vencimientos". 

Quirno negó una eventual devaluación: "La respuesta hacia una devolución planteada (en el acuerdo) es no. No existe tal condición en el acuerdo con el FMI porque los países cuando van al FMI van a través de una necesidad de cubrir un agujero. A cambio de ese apoyo, el FMI incluye condicionalidades. Todas condiciones ha excedido en su cumplimiento por propia voluntad".

NA

El diputado nacional Roberto Mirabella elevó un proyecto en el Congreso con el objetivo de llevar las retenciones a cero, planteando la eliminación de subsidios y exenciones fiscales que hoy benefician principalmente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En diálogo con Radio Rafaela, el diputado dijo: "No quiero poner en riesgo los temas fiscales, pero me parece muy injusto que el corazón productivo del país siga financiando subsidios al área metropolitana o sosteniendo privilegios en ciertos sectores”.

El legislador detalló que su iniciativa está basada en datos extraídos del presupuesto 2025 enviado por el Gobierno Nacional, y sostuvo que con una redistribución más equitativa de los recursos, se puede eliminar la carga impositiva sobre la producción sin afectar las finanzas del Estado.

En este sentido, cuestionó que el país entero subsidia el transporte, el agua y el saneamiento en el AMBA, mientras que en el resto del territorio esos costos recaen sobre los ciudadanos y las provincias.

"Nosotros ponemos más de 300.000 millones de pesos para que los porteños paguen el agua más barata que en Rafaela. El Estado Nacional subsidia a la empresa AISA, pero no destina un solo peso a ASSA en Santa Fe. No podemos seguir construyendo un país de esta manera."

Mirabella criticó el esquema de distribución de fondos nacionales, argumentando que Santa Fe y las provincias productivas son las que más aportan y menos reciben.

"Argentina es cada vez más federal para cobrar impuestos y más unitaria para repartirlos. Estamos cansados de que nos extraigan riqueza para sostener privilegios en otro lado. No podemos gastar 23 millones de dólares para expropiar la confitería El Molino, mientras que para arreglar el Monumento a la Bandera llevamos 10 años y falta el 60% de la obra”.

Por último, adelantó que próximamente publicará un libro titulado "La República de Santa Fe", donde profundizará en estas problemáticas. "Santa Fe no se quiere ir de la Argentina. Pero la Argentina hace rato que se está yendo de Santa Fe", concluyó.