La Justicia prorrogó por un año la prisión preventiva de Lorena Córdoba —viuda del fallecido zar del juego rafaelino David Perona— y Mariana Ortigala, excolaboradora de Esteban Alvarado, por su presunta participación en una trama de extorsiones, balaceras e incendios contra el dueño de la cadena de loterías El Califa, en Rosario.

Ambas habían sido imputadas en septiembre de 2023, junto a otras siete personas, incluido Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos. El objetivo: forzar el pago de una suma millonaria bajo amenazas y ataques, para permitir el funcionamiento de las agencias de apuestas.

La investigación detalla que los aprietes comenzaron cuando Ortigala y su pareja, Rodolfo Felipe, abordaron al empresario Cristian Q. en un gimnasio: “Me manda la mafia y tenés que pagar 1,5 millón de dólares”, le dijeron. Luego, Lorena Córdoba visitó una de las sucursales y dejó un número de contacto exigiendo el pago de una deuda.

Posteriormente se registraron tiroteos e incendios en al menos cuatro locales y un ataque directo a la casa del empresario, ubicada en el barrio residencial La Florida. Según los fiscales, otros integrantes de Los Monos —algunos ya detenidos— participaron de esta segunda etapa de la campaña extorsiva

Los fiscales Juliana González y Federico Rébola pidieron este miércoles una prórroga extraordinaria de la prisión preventiva para Ortigala y Córdoba, medida que fue aceptada por la jueza María Trinidad Chiabrera. La extensión es por un año más, hasta el 11 de septiembre de 2026, ante la inminencia del vencimiento del plazo original.

A la acusación por extorsión, Mariana Ortigala suma otros delitos: tenencia ilegal de armas, falsedad ideológica, uso de documento falso y una estafa inmobiliaria contra un hombre mayor que vivía en un geriátrico. La mujer logró que el anciano firmara un boleto de compraventa por una propiedad en Funes, pero nunca abonó los $2,2 millones prometidos. Años después, los herederos del hombre fallecido recibieron amenazas para que desistieran de la denuncia.

Por su parte, Lorena Córdoba fue imputada además por intimidaciones a través de Telegram a una persona de San Lorenzo, a quien exigió pagos semanales de $50.000. La víctima transfirió dinero y entregó una camioneta Ford Ranger bajo amenaza.

A mediados de esta semana se desarrollaron diferentes procedimientos en el sur de Santa Fe, en base a denuncias por la presencia de apuestas clandestinas. Se realizaron allanamientos en San Gregorio, Carmen y Venado Tuerto.

El último proceso tuvo lugar este jueves 7, en el marco de una causa que tuvo origen en 2024, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo allanamientos que definieron cuatro detenciones relacionadas con apuestas ilegales online en Venado Tuerto y Carmen.

Los procedimientos, dispuestos por el fiscal Iván Raposo, se iniciaron a raíz de una denuncia presentada el año pasado por el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, contra Matías P., quien fue señalado como el supuesto administrador y organizador de juegos de apuestas ilegales en línea y detenido tras aquel proceso.

Desde Fiscalía sostuvieron que los actuales procedimientos se basaron en el análisis del celular del primer detenido, el venadense Matías P., secuestrado en 2024, y de donde se obtuvo que éste actuaba como cajero para al menos tres personas, incluyendo a Álvaro R. (ya detenido) y Tomás M. (prófugo), y también intentó ser cajero en la plataforma administrada por Georgina T.

La evidencia también incluyó el envío de comprobantes de pago de compra de fichas y premios, los cuales a menudo se realizaban a través de financieras.

A mediados del año pasado, se realizó un allanamiento en el domicilio de Matías P., ordenado por el entonces fiscal Horacio Puyrredón. Durante este procedimiento, Matías P. fue detenido, y se le secuestraron su celular y una computadora, elementos que resultaron clave para el avance de la pesquisa.

El análisis pericial de esos dispositivos permitió reconstruir el funcionamiento interno de la red. Se descubrió que Matías P. operaba como "cajero" para al menos tres personas, incluyendo a Álvaro R. y a Tomás M.

La evidencia incautada incluyó comprobantes de pago de compra de fichas y premios, que a menudo se realizaban a través de financieras, pagos y transferencias.

La investigación también reveló el uso de cuentas de terceros y sociedades comerciales para canalizar el dinero del juego ilegal, y se sumaron vistas fílmicas de un agente revelador que simuló apuestas y peritajes informáticos.

La trama inició en julio pasado, cuando la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, y el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, firmaron un convenio para promover acciones conjuntas tendientes a combatir y prevenir el juego ilegal.

En ese marco hay una serie de investigaciones en marcha. Una de ellas se llevaba adelante en Venado Tuerto, y tuvo como resultado la detención de un “cajero” de apuestas clandestinas, procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI).

La situación fue alertada a la Lotería a través del canal de denuncias habilitado, y por eso su vicepresidente Di Lena pidió la intervención del MPA. Como consecuencia, este lunes la Policía realizó dos procedimientos.

En virtud de esto, el personal de la PDI, con colaboración del Departamento Operativo de Investigación y División Microtráfico del distrito Venado Tuerto, por orden del fiscal Horacio Pueyrredón, allanó en principio la casa del sospechoso, cuyas iniciales son M.D.P., ubicada en calle Los Ciruelos. Posteriormente se allanó una agencia que administraba este sujeto, donde precisamente se encontraba en ese momento. El local está ubicado en calle Chapuis.

Además de ser detenido, a este individuo se le incautaron diferentes elementos, como computadoras y anotadores con datos de interés para la causa abierta. Se cree que allí M. D. P. llevaba registro de las apuestas ilegales que administraba.

A partir de la información obtenida, el fiscal Iván Raposo solicitó nuevas medidas, que resultaron en la detención de cuatro personas en las últimas horas. Los allanamientos fueron en direcciones de Venado Tuerto, Carmen, y aunque sin resultados positivos, también en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Álvaro R., de Venado Tuerto, líder de una red de cajeros vinculados a Matías P., coordinaba la carga de fichas virtuales y el pago de premios a través de diversas cuentas bancarias; Georgina T. (Carmen), titular de una plataforma de apuestas ilegales, quien habría autorizado su uso a cajeros como Brunella R. y Matías P., a quienes también vendía fichas.

Brunella R., también de Venado Tuerto, que actuaba como cajera directa de Georgina T., comprando y revendiendo fichas virtuales a los apostadores.

Y Néstor O., de Venado Tuerto, acusado de prestar su cuenta a Matías P. para facilitar transacciones de fichas virtuales, permitiendo un mayor flujo financiero en el circuito ilegal.

Este viernes se llevó a cacabo en los tribunales venadenses una audiencia de control de detención, donde la defensa de dos diputadas, Georgina T. y Brunella R., solicitó que la detención se realizará en sus domicilios respectivos hasta la audiencia imputativa, que será el lunes 11.

Sin embargo, la jueza Borrello no hizo lugar a este pedido, lo que implica que la fiscalía (o la acusación) logró mantener la detención de las imputadas.

En este tipo de procedimientos, prima facie, se suele solicitar la prisión preventiva por tres años, a menos que surjan elementos que contradigan esta medida o que minimicen el riesgo de fuga.

Un allanamiento realizado el miércoles 6 de agosto en la localidad de San Gregorio culminó con la imputación de una mujer y el secuestro de elementos vinculados a apuestas ilegales. La intervención fue llevada adelante por personal de la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el marco de una causa que se investigaba desde mediados de junio.

La pesquisa comenzó el 17 de junio, a partir de una denuncia que alertó sobre la realización de apuestas clandestinas en el bar “El Fortín”. Agentes del Distrito Rufino, dependiente del Departamento Operativo de Investigaciones Región 3, efectuaron tareas de observación encubierta, confirmando que en el lugar se reunían personas para apostar en carreras de caballos, en su mayoría provenientes del Hipódromo de San Isidro.

La investigación tomó mayor impulso luego de que un apostador, tras ganar una suma de dinero en el local, fuera interceptado y asaltado en las inmediaciones. El hecho motivó al fiscal interviniente, Dr. Mauro Menéndez, de la Unidad Fiscal de Rufino, a solicitar la orden de allanamiento.

Con la autorización judicial, el 6 de agosto efectivos de la PDI irrumpieron en el bar, donde se encontraban unas doce personas y la encargada del lugar, identificada como Marta Liliana M. La mujer fue puesta a disposición de la Justicia.

En la requisa se incautaron un televisor, un CPU, una ticketera, un teléfono celular, talonarios, cuadernos con anotaciones de apuestas y la suma de $296.400 en efectivo. Todos los elementos fueron remitidos al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para su análisis.

En el operativo participaron también agentes de la Comisaría 15ta de San Gregorio y de la PDI de Venado Tuerto. La imputada fue trasladada a la dependencia policial local, donde quedó sujeta a la causa por infracción a la legislación vigente sobre juego clandestino.

El Litoral

Tras el fallo de la Cámara Penal de esta semana que confirmó el congelamiento de cuentas en criptomonedas por un total de 1,3 millones de dólares, el caso por apuestas online no autorizadas se encamina hacia su etapa final: la audiencia preliminar ya tiene fecha. Será el 22 de agosto a las 8 y estará a cargo de la jueza Cecilia Labanca. Es el paso previo al juicio oral.

La acusación formal fue presentada el 14 de mayo por el fiscal de la Oficina de Delitos Informáticos del MPA, Agustín Nigro, quien dio por agotada la investigación penal preparatoria y solicitó la apertura de juicio contra siete imputados por la organización de un sistema clandestino de captación de apuestas online, delito previsto en el artículo 301 bis del Código Penal en carácter de coautores.

Los principales acusados son dos empresario brasileños: Claudio Marcos Just Cavalcante (52) y Carlos Eduardo Franco Russo (35), ambos domiciliados en Río de Janeiro.

Los cinco restantes son: Justina García de la Peña (37), abogada, con domicilio en La Plata; Alejandro Gelormini (63), contador, radicado en Olivos, provincia de Buenos Aires; Agustín Suares Araujo (48), administrador, de Caba; Natalia Soledad Salinas (40), abogada, reside en un country de Pilar; y Santiago Corbetta (41), de La Plata.

La Fiscalía sostiene que los acusados montaron desde abril de 2023 una compleja red digital para captar apuestas en juegos de azar a través de plataformas online no autorizadas, accesibles desde la provincia de Santa Fe y otras jurisdicciones, sin habilitación estatal.

El sistema operaba mediante las firmas Transfero Pagamento SA y Bluegreen SA, que articulaban sus operaciones con el Banco Industrial SA, sin pagar los tributos correspondientes ni contar con licencia de la Lotería de Santa Fe, autoridad de aplicación de la ley provincial 14.235.

Entre abril de 2023 y septiembre de 2024, según la acusación, el sistema recaudó más de 19 mil millones de pesos, con un dato especialmente grave: 38.845 menores de edad habrían realizado transferencias para apostar en los meses de junio, julio y agosto del año pasado.

La Fiscalía solicitó penas de prisión efectiva para todos los imputados:

Para Just Cavalcante y Franco Russo: 5 años y 6 meses de cárcel y multa de $90.000

Para Suares Araujo, Salinas y Corbetta: 4 años y 6 meses de prisión y multa de $90.000

Para García de la Peña y Gelormini: 4 años de prisión efectiva y la misma multa

Asimismo, se pidió el decomiso de los activos obtenidos ilícitamente, entre ellos criptomonedas actualmente bloqueadas en cuentas vinculadas a los acusados, con un valor superior a 1,2 millones de dólares.

Entre las más de 20 pruebas incorporadas, se destacan:

Además, los cuadernos secuestrados a Salinas y testimonios de empleados revelaron un conocimiento pleno por parte de los acusados de que estaban operando un sistema ilegal. Incluso, constan anotaciones que detallan estrategias para eludir responsabilidades penales, disimular la captación de apuestas como servicios “b2b” (de empresa a empresa), y proyectar el modelo a otros países como Chile.

La investigación determinó que Transfero Pagamento SA fue constituida en 2021 en Argentina por los empresarios brasileños y estuvo dirigida por García de la Peña, Gelormini, Salinas y Suares Araujo, todos en distintos períodos. Ninguno de ellos declaró empleados ante la AFIP, lo que indicaría una estructura simulada destinada exclusivamente a la captación de juego clandestino.

El escrito fiscal señala que: “No hay forma que el Estado estime el daño sólo en proporción de lo que le hubiera correspondido percibir al fisco; ya que el perjuicio que generan estos sitios ilegales a la sociedad en su conjunto por el mero hecho de operar clandestinamente”.

Y compara: “De la misma manera que no alcanza con que el narcotraficante pague tributos para poder comercializar, es que entendemos que todo el flujo de dinero detectado en las operaciones realizadas en el marco del juego ilegal le corresponde al Estado por ser ilícitas en su totalidad”.

Un dato que sorprende en la causa por juego online clandestino es la magnitud de la participación de menores de edad en las apuestas. Según datos aportados por la red de compensación COELSA, más de 38.800 adolescentes realizaron transferencias a favor de la empresa Transfero Pagamento SA durante los meses de junio, julio y agosto de 2024.

El informe revela que estas transacciones, en su mayoría de montos bajos —inferiores a los $10.000—, se concentraban en la franja horaria de 20 a 23 horas, cuando la actividad comercial tradicional cae pero crece el uso recreativo de internet entre jóvenes. El patrón es tan marcado que los investigadores lo describieron como un comportamiento “antitético al movimiento bancario convencional”.

Los alias bancarios utilizados por los menores no estaban identificados formalmente, lo que facilitó la operatoria clandestina. Este fenómeno plantea un nuevo foco de alarma: la creciente naturalización del juego entre adolescentes, impulsada por plataformas que, lejos de establecer filtros, parecen haberlos apuntado como uno de sus principales públicos.

Una de las pruebas más ilustrativas son las anotaciones manuscritas halladas en cuadernos secuestrados a una de las imputadas, donde se registran “estrategias para sostener alias” y consultas sobre cómo minimizar "riesgos penales" si hay menores. Una señal inequívoca de que sabían a quiénes llegaban.

EL

Durante los procedimientos realizados ayer, siete personas fueron trasladadas a la dependencia policial y puestas a disposición de la justicia. Además, se secuestró material importante para la causa.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, realizó ayer cuatro allanamientos en la ciudad de Cañada de Gómez, Departamento Iriondo, en el marco de una causa por juego ilegal. Como resultado de los procedimientos llevados adelante por personal policial de la Región II, Distrito Rosario - Cañada de Gómez, siete personas quedaron a disposición de la justicia y se secuestró dinero en efectivo, una máquina contadora de billetes, teléfonos celulares y materiales de interés para la causa.

Gracias a una denuncia realizada por la vicepresidencia de la Lotería de Santa Fe, en virtud de otras denuncias por juego clandestino en Cañada de Gómez, el Ministerio Público de la Acusación de esta jurisdicción, a través del fiscal Santiago Tosco, ordenó tareas investigativas y de campo.

Producto de las actuaciones, con la colaboración de la PDI Distrito Las Rosas, Distrito Casilda, agentes de la Unidad Regional X y personal de la Guardia Urbana Municipal, se efectivizaron cuatro allanamientos en dos domicilios de calle Ovidio Lagos al 100, Bolivia al 500 y Colón al 300, todos en Cañada de Gómez.

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Luego de los procedimientos, seis mujeres y un hombre fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron a disposición de la justicia. Se trata de: Valeria Vanesa R., de 43 años, María Eva S., de 72, Cintia Gisela C., de 32, Micaela Rocío A., de 24, Lucas Leandro A., de 42, Lucrecia Milagros Q., de 18 y Rocío F., de 24.

Asimismo, se secuestró la suma de 1.102.130 pesos en efectivo, siete teléfonos celulares, una máquina contadora de billetes, un DVR, tres impresoras, seis tickeadoras, tres CPU, un monitor y documentación relevante para la investigación.