La actividad legislativa pos convención.Usualmente, la agenda de las cámaras de la Legislatura está atada solo a sus contextos políticos, a sus propias iniciativas, a los reclamos sectoriales económicos, de grupos con intereses colectivos y, por supuesto, a las necesidades y búsquedas de transformación de los gobiernos.

Ahora, tras la Convención y la reforma de la Constitución habrá además una imposición de urgencias (en términos legislativos) para el tratamiento de normas necesarias para que lo votado por los convencionales no sea letra muerta por limitaciones de los legisladores.

La séptima disposición transitoria pone dos años para los procesos legislativos a resolver, es decir, algo menos de lo que de mandato les resta a los actuales legisladores que son quienes pusieron en marcha la reforma al sancionar la Ley 14.384.

El país ha vivido frustraciones profundas. Sobre todo el sistema federal en el reparto de los recursos, porque nunca se avanzó con normas que la Constitución reformada en 1994 ordenó tratar y votar. En varios casos, el consenso de los reformadores chocó con los intereses en pugna para que haya, por ejemplo, una nueva ley de coparticipación.

En Santa Fe son unas veinte leyes a presentar, debatir y sancionar. Y el dato que se anotó en la primera sesión de la Cámara de Diputados bajo la vigencia de la nueva Carta Magna es que no solo los sectores políticos más comprometidos con la reforma (los que la impulsaron y llevaron adelante con sus mayorías) han presentado proyectos.

Silvia Malfesi, diputada de Somos Vida, ingresó un proyecto de reglamentación del nuevo artículo 139 que lleva a la Constitución la mera autolimitación que hasta acá se impusieron los últimos cinco gobernadores, a los fines de que haya un proceso de selección previo de tipo concursal y transparente con participación de los colegios profesionales y las universidades para evaluar los candidatos a jueces, fiscales y defensores.

Ese artículo además habla del carácter "vinculante" de esos concursos para con los nombres que luego el Poder Ejecutivo, pliegos mediante, proponga a la Legislatura. La diputada opositora volvió a la carga con su propuesta de que esa elección sea sobre una terna con las mejores calificaciones.

Se trata de una posición en doble minoría: el bloque celeste de Amalia Granata tenía 6 integrantes pero dos se apartaron y votaron a favor de la ley que declaró la necesidad de la reforma.

Ahora la bancada es de cuatro integrantes, y en la sesión del jueves 25 de septiembre solo estuvo Malfesi, donde aceptó jurar la nueva Constitución bajo la salvedad de que debe esta atenerse a la Nacional. Los demás, ausentes con aviso. (Emiliano Peralta está entre los firmantes del texto publicado por primera vez en el Boletín Oficial del 11 de septiembre).

La fantasía de que el texto constitucional ya estaba acordado íntegramente antes de que sesionara la Convención cayó ni bien comenzaron los debates y las diferencias, incluso dentro de Unidos y con otros sectores que apoyaron la reforma, como el del perottismo.

En la primera sesión de Diputados, nuevamente se confirmó que no hubo en Santa Fe núcleo de coincidencias básicas intocable ni mucho menos Pacto de Olivos (como en 1994).

Acababan de jurar la nueva Constitución quienes no fueron convencionales o quienes lo fueron pero no juraron en el acto central, cuando se suscitó un debate de fondo, planteado por el diputado Walter Agosto, que el oficialismo prefirió considerar casi como una chicana. Habrá que ver qué criterio se impone, pero las diferencias que mostraron oficialistas y justicialistas de "Hacemos Santa Fe" van a repetirse.

Son los dos grandes sectores que impulsaron la reforma (los liderados por el gobernador Maximiliano Pullaro y por el ex gobernador Omar Perotti) y hoy no coinciden sobre cómo leer el nuevo texto en cuanto a cuál es el límite para tomar deudas (amén de la autorización del Poder Legislativo y su competencia).

La del '62 sencillamente marcaba que "El servicio de la totalidad de las deudas provenientes de empréstitos no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial".

En cambio, hoy está vigente un texto que indica que para empréstitos y operaciones de crédito la Legislatura "no puede comprometer más de la cuarta parte de la renta provincial".

Para el Perottismo, no es obvio que se hable de los servicios de deudas (de las cuotas a pagar por esas deudas) que no pueden superar el 25% de lo que ingresa, sino que afirma que allí dice que "el nivel de deuda" no puede superar esa cuarta parte. La diferencia es sustancial.

La mayoría se impuso sin dificultades a la hora de autorizar a la Casa Gris a tomar un préstamo de 25 millones de dólares para defensas en San Javier. Y el Perottismo, por lo dicho, se abstuvo aunque apoya esa obra que se inició en su gestión con fondos nacionales.

Como sucedió con tantas obras nacionales, el presidente Javier Milei eliminó los pagos y privó a los sanjavierinos (Ley Bases mediante) de la inversión. Otras líneas del peronismo no se sumaron a esa interpretación y votaron a favor de tomar el préstamo.

En el Senado, mientras tanto, ingresó otro pedido de endeudamiento, por hasta 50 millones de euros, para mejorar la eficiencia energética en edificios públicos. Todo indica que puede replicarse ese debate.

Amplio consensoTambién el jueves 25, y con muy amplio consenso, la Asamblea Legislativa convalidó nada menos que 88 pliegos de los ahora jueces, fiscales y defensores que había propuesto el Poder Ejecutivo Provincial, aún con los mecanismos propios del texto constitucional anterior. Probablemente sea el último gran envío sin la intervención de las nuevas disposiciones constitucionales.

Más allá de la cifra impactante, en términos políticos cabe destacar que el acuerdo se prestó con el voto a favor de Unidos y del peronismo, es decir, los mismos actores que votaron la ley de necesidad de la Reforma Parcial, que luego llevaron adelante la Convención y que finalmente sancionaron la nueva Constitución. Ahora es el turno de avanzar con las leyes que la sustenten.

Luis Rodrigo - El Litoral

Los obispos santafesinos valoraron la redacción final del artículo 3 de la nueva Constitución Provincial, que asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso sin establecer un credo oficial, pero reconociendo expresamente a la Iglesia católica.

"Esta formulación recoge con claridad varios de los aportes que hemos manifestado como Iglesia", señalaron en un comunicado conjunto, suscripto también por el equipo interdiocesano, pocas horas después del acto de jura que dio por concluido el proceso de reforma constitucional.

Más allá de estar de acuerdo con la eliminación de la cláusula de confesionalidad del Estado, los prelados reclamaban una "mención" expresa a la Iglesia Católica, como reconocimiento a su importancia histórica, cultural e institucional en la historia de la provincia. La cuestión fue objeto de presentaciones ante la propia Convención, reuniones y contactos formales e informales con los constituyentes y comunicados oficiales al respecto.

En conferencia de prensa convocada el pasado 1 de septiembre, el arzobispo santafesino dio cuenta de un pronunciamiento firmado junto a sus pares de toda la provincia, en la que daba cuenta de "el dolor del fiel católico" por la supresión de toda mención a la Iglesia Católica en el texto que por entonces se proponía como dictamen de mayoría para ése artículo. Y solicitaba que, sin modicar la redacción ni el contenido de la norma, se hiciese simplemente una "mención".

Fenoy aclaró entonces que "fundamentalmente, ésto es lo que pedimos. Cuando hay un vínculo fuerte, genuino, cultural, social, entre una sociedad, un estado y una confesión religiosa, es legítimo, no es ilógico o una pretensión desmedida, pedir que ese vínculo se exprese con una mención. La mención no es un privilegio, no es pedir tener más que los otros, no es volver a la confesionalidad. Es expresar una nota de la identidad de nuestro pueblo".

El tema fue objeto de arduas discusiones puertas adentro de la Convención, entre los integrantes de los distintos partidos que conformaron los distintos bloques, hasta poder llegar a una redacción que fuese aceptable para todos los sectores. También fue un reproche que estalló en los debates con una fuerte carga ideológica, fundamentalmente por parte de las bancadas que más cuestionaron el proceso y finalmente votaron en contra de la reforma.

No obstante, en el curso de esa misma semana, y con algunos encuentros personales en el interín, el texto que finalmente se aprobó en el recinto y fue luego incorporado a la Constitución quedó formulado de la siguiente manera: "La provincia asegura la distinción entre el estado y el orden religioso, y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".

En el documento difundido en las últimas horas, los obispos santafesinos destacaron que esta expresión constituye "un gesto de madurez democrática, de reconocimiento institucional y de respeto por una historia compartida con el pueblo santafesino".

Consideraron que el texto aprobado refleja un equilibrio entre autonomía, diálogo y cooperación, fiel al espíritu promovido por el Concilio Vaticano II y reafirmado por los pontífices Benedicto XVI y Francisco y  recordaron, además, que la Iglesia también presentó aportes en tres ejes fundamentales: ecología integral, vida y dignidad humana, y organización política.

Los obispos santafesinos subrayaron con esperanza que algunos de estos planteos se plasmaron en la nueva Carta Magna, como el derecho al agua, el ambiente, los derechos digitales, el reconocimiento a pueblos originarios y las medidas de acción positiva para sectores vulnerables.

"La participación plural y respetuosa expresa el camino sinodal que, como Iglesia, estamos llamados a recorrer", expresaron.

Finalmente, los obispos invitaron a todos los actores sociales, políticos y comunitarios a seguir construyendo juntos una cultura del encuentro, "en la que nadie quede afuera y todos puedan aportar al bien común".

Y aseguraron que la Iglesia Católica reafirma su compromiso de caminar junto al pueblo santafesino "con humildad y esperanza, promoviendo la dignidad de cada persona y acompañando con alegría la vida de nuestras comunidades".

Firmaron el mensaje final Mons. Pedro Torres, obispo de Rafaela; Mons. Ángel Macín, obispo de Reconquista; Mons. Eduardo Martín, arzobispo de Rosario; Mons. Ernesto Fernández, obispo auxiliar de Rosario; Mons. Sergio Fenoy, arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz; Mons. Matías Vecino, obispo auxiliar de Santa Fe; Mons. Han Lim Moon, obispo de Venado Tuerto; y el Equipo Interdiocesano.

Maximiliano Pullaro eligió la última sesión del pleno de la Convención Reformadora para trazar un balance de los casi dos meses de debate y para reivindicar el carácter histórico del proceso. Como gobernador y como convencional constituyente, se mostró orgulloso del resultado alcanzado: una nueva Constitución Provincial que -dijo- “abre las puertas al futuro” y que simboliza la derrota de los privilegios y de las viejas estructuras de poder.

“El honor de ser parte de esta Generación del 25 es aún mayor al poder hacerlo también como gobernador de la provincia invencible de Santa Fe”, expresó. Y añadió: “Esta Constitución moderna y de avanzada es mucho mejor que la que habíamos imaginado. La escribimos entre todos, convencionales y sociedad civil, en un ejercicio democrático que pocos creían posible”.

El mandatario remarcó el clima de diálogo que atravesó la Convención. “Se suele decir que el que tiene mayoría impone. Nosotros demostramos que había otro camino: nos escuchamos y construimos consensos”, afirmó. Como dato central, subrayó que el 93 % del articulado fue aprobado con el apoyo del 67 % de los convencionales, un nivel de acuerdo inédito en la provincia. En ese mismo tono, reivindicó la derrota de “los pesimistas” que auguraban un fracaso y la de “las corporaciones que concentraban poder”. “Hoy ese poder vuelve al pueblo de Santa Fe”, sostuvo.

Pullaro también valoró que la reforma haya sido impulsada desde un frente político, el de Unidos, que ganó con contundencia en la provincia, pero que igualmente optó por el diálogo. “Hubo debates intensos, pero siempre en el marco del respeto. Supimos que el futuro exigía superar privilegios y grietas”, añadió.

El gobernador destacó las innovaciones que introduce la nueva Carta Magna. “Se decidió eliminar los privilegios, poner límites al poder y crear mecanismos inéditos de control. Incorporamos con rango constitucional la ficha limpia, que todavía se discute en el Congreso nacional, y asumimos como deber irrenunciable la seguridad pública”, remarcó.

Entre otros puntos, señaló la renovación de la justicia, la democratización de las decisiones, la ampliación de la participación ciudadana y la creación de herramientas institucionales que -sostuvo- harán posible “atraer inversiones y generar desarrollo en la provincia”.

“Dentro de dos días, el poder tendrá menos poder. Esa es la paradoja y la fortaleza de este proceso”, enfatizó.

Hacia el final de su intervención, Pullaro reivindicó el lugar de Santa Fe en la historia institucional del país: “Somos la cuna del federalismo y una vez más nos animamos a ser la locomotora de un cambio que Argentina necesita. Esta Constitución es el resultado del esfuerzo colectivo de todos los santafesinos”.

En la recta final, la Convención Reformadora realizará entre este martes y mañana la lectura final del texto de la nueva Constitución santafesina con 161 artículos más 25 cláusulas transitorias votadas ya por los diferentes plenarios realizados en las últimas dos semanas.

La Constitución vigente tiene 116 artículos aunque el último contenía todas las cláusulas transitorias que había adoptada el plenario de 1962. Eran cinco en total aunque algunas divididas en varias disposiciones.

La lectura del texto final comenzó ayer en Rosario donde se reunió con la Comisión Redactora que preside Joaquín Blanco y a la que asistió el presidente de la Convención, Felipe Michlig, encuentro que tuvo por escenario el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario.

En la última hora de este martes, se hará el undécimo plenario con el objetivo de leer la nueva carta más las transitorias y permitir las definiciones finales de los diferentes bloques (6) que conforman la Convención. La reunión seguirá el miércoles hasta agotar los oradores.

Por otra parte, se definen los preparativos para el viernes, cuando en horario vespertino, se someterá a votación la versión taquigráfica de las últimas sesiones para luego pasar los 69 convencionales a jurar la nueva Carta Magna.

Tras la jura en el recinto de la Cámara de Diputados, se organiza un acto en la explanada de Legislatura para que el nuevo texto sea jurado por el gobernador Maximiliano Pullaro; la vice, Gisela Scaglia; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y el presidente de la Corte, Suprema de Justicia, Roberto Falistocco.

Desde ayer que la Redactora más los asesores trabajan en la enumeración del articulado que llegan a 161 mientras que hubo cláusulas transitorias en varios plenarios. Una de ellas fue cuando se discutió la reforma a los poderes Legislativo y Ejecutivo donde se convino que en 2027 empezarán los dos mandatos de legisladores, intendentes y concejales.

En cuanto al gobernador y vice si quieren ir por la reelección será el segundo mandato de ambos. Se sumaron ocho transitorias en el capítulo referido a municipios, derecho a la ciudad y ordenamiento territorial.

En el capítulo de Poder Judicial fueron catorce las cláusulas transitorias adoptadas. Finalmente fueron dos las incorporadas en el capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías.

igFueron discursos muy emotivos los que precedieron a la votación que, por mayoría, impuso otro nuevo texto a la Constitución de Santa Fe, debatido bajo el genérico nombre de “Medidas de Acción Positiva” que tomaron carnadura en las palabras de los oradores.

Con ese nombre llegó a la sesión de este sábado 6 al tratamiento por la sesión de los 69 convencionales. Al momento de su tratamiento hubo 62 y de ellos 48 lo votaron de forma favorable. Solo 14, de LLA y SvyL, se opusieron.

Como en las buenas obras de teatro, bajo un buen título convocante, se pasó de las risas a las lagrimas (o viceversa). Más aún, la escena terminó con los votantes por la afirmativa (y los asesores que los acompañan) con una manera de votar que le hubiera correspondido al público no a los protagonistas: se pusieron de pie para celebrar lo aprobado.

El texto es extenso y más abajo se lo agrega completo para que los discursos que aquí se comentan cobren más sentido. Las gargantas se quebraron muchas veces y, cómo no, también hubo alguna lágrima.

En una de las sesiones en las que ordenó por momentos el debate como vicepresidenta Daiana Gallo Ambrosis, Joaquín Blanco en nombre de Unidos mencionó la labor de la Comisión de Derechos y Garantías cuya presidencia estuvo a cargo de Alejandra Rodenas.

Muy especialmente el socialista, como luego Claudia Levin, felicitó la tarea de la convencional María Victoria Tejeda en la incorporación de las nuevas “medidas de acción positiva” en favor de personas que son discriminadas por las más diversas razones.

Para Blanco, el rol de la también ministra de Igualdad y Desarrollo Humano fue “absolutamente clave e indispensable para alcanzar el consenso”, dijo y desde la presidencia Felipe Michlig ratificó, y multiplicó: “queda claro que cuando conducen las damas todo sale bien”.

La broma de Michlig antecedió un discurso vibrante de Tejeda sobre quienes esperan por tener derecho a peticionar por estas medidas, y a otra exposición más profunda y didáctica de Claudia Levin.

La decana de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL se extendió sobre el motivo de su orgullo por este nuevo contenido constitucional. “La norma tiene un rol docente”, advirtió y pidió que por una vez haya prudencia en las expresiones de los sectores que impulsan una cultura que denigra a la vejez. Lo dijo en obvia referencia a quienes agregan “meados” a la palabra “viejos”, sin caer en ese epíteto. Y concluyó: “qué paradoja que si se logra imponer en el futuro esa batalla cultural sean ellos cuando sean mayores quienes sufran”.

A esas primeras expresiones siguieron otras de convencionales que mencionaron afectos y vivencias propias, incluso personales, sobre situaciones de discriminación de todo tipo, pero de entre ellos se destacaron las palabras de Hugo Sosa que expuso sin dudar que el texto consagrado “es lo más importante que he hecho en mi vida” y contó más sobre sus años y sus expectativas para los que sigan que conmovió a todos y provocó rotundos aplausos.

Imagen ilustrativa. Crédito: Gobierno de la Provincia de Santa Fe

“Todo se tornó muy emotivo y no da para chicanas”, resumió Lucila de Ponti antes de citar a Eva Perón en aquello de las necesidades y los derechos.

“Es un gran avance”, sopesó con búsqueda de sentido de equilibrio aristotélico Diego Giuliano, al indicar que lo que se sanciona ahora sostiene todo el esfuerzo de la reforma.

“La Provincia reconoce la existencia de desigualdades estructurales que limitan el goce pleno de los derechos de las personas. Se compromete a adoptar medidas de acción positiva para reducir sus efectos negativos y garantizar condiciones de igualdad y no discriminación, en especial, y sin perjuicio de otros grupos que se encuentren en situación de desventaja estructural, respecto a: a) la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a su interés superior y al derecho a ser escuchados de acuerdo con su autonomía progresiva; b) el principio de participación paritaria de las mujeres, la igualdad sustantiva de ellas y las diversidades en todos los ámbitos, garantizando la protección integral frente a toda forma de violencia y discriminación; c) el rol activo de las juventudes en la vida social, económica, política y cultural, asegurando mecanismos institucionales para la real participación y toma de decisiones; d) el cuidado de las personas mayores que preserve su dignidad, autonomía, independencia y el respeto a su proyecto de vida; e) la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad, promoviendo los apoyos y ajustes razonables con enfoque de diseño universal y accesibilidad; f) la preexistencia y persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y sus comunidades; g) el abordaje de la indigencia, la pobreza y la exclusión; у, h) la promoción de la equidad territorial para superar la discriminación por razones geográficas en la Provincia”.

Desde los bloques de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad los extremos constitucionales consagrados por las nuevas Medidas de Acción Positiva ya existen en tanto los derechos y garantías de la Constitución Nacional, de un modo más genérico, ya los cubren según su visión.

Consideraron parte de unos discursos cargados de “hipocresía” los contenidos del dictamen y por supuesto, compararon lo proclamado con la realidad: diferencias sociales, económicas y de otro tipo que son graves. Destacaron que las fuerzas políticas que han propuesto la cláusula gobiernan desde hace décadas y no han plasmado esos valores. También sostuvieron que “el más vulnerable” no contemplado por la modificación constitucional “es el niño por nacer” y criticaron además de la Ley Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo la posibilidad de que se aprueben en el futuro en el país leyes para eutanasia.

Luis Rodrigo - El Litoral

Con un texto que prosperó en apoyos en las comisiones previas a la sesión de este sábado -y en cambios planteados por la oposición justicialista-, el oficialismo se aseguró que se consagren con un muy fuerte respaldo los cambios al capítulo dedicado a la educación en la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

Por 50 votos a favor y 15 en contra la Convención Reformadora aseguró que nadie en el futuro pueda pensar en que el Estado provincial tenga la chance de no sostener el sistema educativo y dejarlo en manos “de las familias o de la sociedad”, o lo contrario que se busque eliminar la educación del ámbito privado.

La modificación de cinco artículos de la actual Carta Magna obligan al Estado (cualquiera sea su circunstancial gobierno) a “garantizar” el derecho a la educación, que además ahora declara como obligatorias las escuelas primarias y secundarias.

Contra los deseos del PJ no se fijaron órdenes al legislador para que una ley imponga porcentajes presupuestarios, pero están sin dudas los principios rectores en esa dirección.

Que se haya logrado el acuerdo entre radicales, peronistas, socialistas y macristas es una novedad relevante en el ámbito político de Santa Fe,  Se trata de los partidos y las fuerzas políticas con más peso que gobiernan o han gobernado la provincia y que, sin embargo, no han logrado hasta aquí sancionar una ley de educación.

¿La mora legislativa se podrá por fin saldar gracias a lo sucedido en la Convención? En rigor, el preámbulo de la Constitución (que no se toca en 2025) contiene el verbo “proveer” al lado de “educación” que ciertamente involucra recursos y labores y obligaciones. “Proveer a la educación” es parte de una extensa enumeración del “objeto” (del objetivo) de la Constitución.

La décima sesión de la Convención contó con una pausa nocturna del jueves 4 a este viernes 5 y continuó con los dictámenes de la Comisión de Derechos y Garantías que preside la convencional Alejandra Rodenas. Allí se construyeron acuerdos que luego se consolidaron en la Redactora encabezada por Joaquín Blanco. En ambas jornadas estuvo en el recinto como invitado especial el ministro de Educación, José Goity.

En cuanto al debate de fondo mientras la mayoría progresista apoyó los cambios en educación los bloques derechistas de LLA y SVyL se ocupó de describir esas modificaciones como “socialistas”, hubo además momentos de tensión.

Por Unidos, Daina Gallo Ambrosis, expuso en pocas líneas qué es hoy el sistema educativo que depende de la provincia, tanto en gestión pública como privada y en los distintos niveles y modalidades, con elogios a la vocación como eje distintivo. Dijo que “sin educación no podríamos ejercer los demás derechos”, tras describir ese derecho como anterior a los demás hasta en términos cronológicos. Mucho después, desde el peronismo se observó algo parecido: “Sin educación no hay igualdad, sin igualdad no hay libertad y sin libertad no hay democracia”, expresó Alcides Calvo

María Victoria Tejeda subrayó que los cambios en la Constitución parten de observar “los aprendizajes como primera instancia de evaluación”. La respaldó Claudia Levin al destacar que es vital para mejorar que haya una evaluación de resultados. También habló de la responsabilidad del Estado para una educación inclusiva, plural y democrática, con perspectiva de derechos humanos.

Julio Garibaldi expresó que es “un derecho innegociable (…) en tiempos en que se pone en discusión si el Estado tiene que retirarse de la escuela y de toda la educación, (…)”.

Para Lisandro Enrico es “fruto de estos tiempos” la reforma constitucional que impone “la evaluación de los resultados” y asumió que hoy no son los deseados. “Si queremos entrar al mundo del conocimiento debemos mejorar”, subrayó en tono de autocrítica que luego, Nicolás Mayoraz (de LLA) no consideró así.

“El derecho a aprender y a enseñar contiene a la iniciativa privada en la educación”, subrayó el también ministro de Obras Públicas. Y lo mismo “el derecho de las familias a elegir entre esos sistemas de gestión”. Sin embargo, hubo más tarde hubo reproches de SVyL por no contener en los artículos a las familias ni la gestión privada.

“Pocos estamentos de la sociedad nos provocan tantas esperanzas como el de la educación; no damos una discusión técnica o normativa, debatimos qué sociedad queremos”, consideró Calvo.

“Teníamos un proyecto más de avanzada, pero hay progresos importantes”, consideró Juan Monteverde, también de Más para Santa Fe, que deseaba la definición de educación como un “derecho colectivo”, a propósito del “derecho a enseñar y aprender”, que se consagra finalmente. Aseguró que no hay políticas públicas en Educación “o en cualquier ámbito”, sin la participación de los “trabajadores organizados”.

Rubén Giustiniani de Activemos admitió que un lugar común debe hacer sentir orgullosos a los argentinos “es real que la educación pública iguala”. Y siguió: “ya contamos más de cien años de la gratuidad en la escuela y 50 en la gratuidad universitaria. Habló de la reforma universitaria y del ascenso social retratado en la obra de teatro “M'hijo el dotor”, del uruguayo Florencio Sánchez.

Elisabet Vidal de LLA consideró “insuficientes” las referencias a “la familia” y opinó que “falta una prohibición de adoctrinamiento político e ideológico”.

Para Mayoraz no hubo en toda la sesión “ni un solo mea culpa” por los resultados escolares cuando “son quienes han gobernado”. Y lo mismo apuntó sobre la ausencia de una ley de educación santafesina. “Expropian la educación”, afirmó.

Luis Rodrigo - El Litoral

"La provincia asegura la distinción entre el estado y el orden religioso, y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos, se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad".

Así quedó plasmado el futuro artículo 3 de la Constitución de Santa Fe , quizás junto al tema de intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, fueron los asuntos que más visibilidad tuvieron en la sociedad santafesina en estos 50 días de funcionamiento de la Convención Reformadora.

El actual artículo 3 señala que "la religión de la provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes". En el medio, el primer dictamen de comisión directamente se borró el nombre de la Iglesia Católica.

El último lunes y a través de una nota firmada por los obispos de las cinco diócesis de la Provincia y el equipo interdiocesano, la Iglesia Católica manifestó su deseo de que el nuevo texto constitucional incluya una referencia expresa a su presencia y aporte en la vida del pueblo santafesino.

El desafío fue tomado en forma inmediata por subbloques políticos como el Pro y varios senadores radicales más los distintos espacios del justicialismo.

La redacción del artículo 3 generó innumerables reuniones hasta la llegada al recinto para lograr 51 votos producto del respaldo de Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y el Frente para la Esperanza.

En cambio, La Libertad Avanza puso los 10 votos de rechazo mientras que Somos Vida y Libertad se abstuvo, recomendación fundada por Emiliano Peralta quien no obstante valoró los esfuerzos realizados por Unidos para cambiar la postura original.

Fueron varios los discursos de convencionales que marcaron la íntima historia del catolicismo con la historia argentina y con la santafesina, en particular. "Santa Fe, Rosario, San Cristóbal" todos nombres ligados a la Iglesia resaltó Marcelo Lewandowski. El primero en valorar la necesidad de incluir a la Iglesia fue Raúl Gramajo.

En cambio, desde diferentes ángulos Walter Ghione (Unidos) y Juan Domingo Argañaraz (Somos Vida y Libertad) destacaron la importancia de permitir sumar otras religiones al Estado. "Es una justa equidad para todos" marcó el primero.

Más allá de los legisladores que insertaron su discurso para la versión taquigráfica, Gisel Mahmud (Unidos) tomó frases del papa Francisco para fundamentar su voto; Hugo Rasetto afirmó que era el artículo más importante, "el artículo diferente".

Desde el justicialismo, Jaquelina Balangione y Diego Giuliano hicieron sus aportes en defensa de la pluralidad religiosa mientras que desde la Libertad Avanza, Gabriela Martínez explicó porqué su sector postula el artículo similar al de Córdoba y Nicolás Mayoraz calificó de engendro al texto votado.

El jefe de la bancada de LLA cuestionó al gobernador por querer eliminar a la Iglesia del texto así como la limitación en el trabajo en cárceles y en escuelas.

Ariel Sclafani (FE) dijo que el artículo valora la pluralidad. Antes, Lisandro Enrico (Unidos) destacó la palabra cooperación. "No hay separación entre Iglesia y Estado, hay cooperación", resaltó

El cierre, a cargo de Fabián Bastia (Unidos) pidió mirar el artículo del lado de la ciudadanía y solicitó dejar de invisibilizar la figura como de Nicasio Oroño, gobernador que trabajó en separar Iglesia y Estado para permitir la integración de extranjeros.

Antes, fue Rubén Pirola (Más para Santa Fe) quien mencionó la pluralidad y diversidad religiosa que tuvo Santa Fe desde la fundación de Esperanza. Mencionó además la ley que lo tuvo como autor de Santa Fe como provincia de diálogo y encuentro ecuménico.

El Litoral

Con 51 votos favorables y la oposición de 17 convencionales, la Convención Reformadora aprobó la reforma de tres artículos referidos a la soberanía del pueblo y derechos electorales así como agregar dos cláusulas transitorias.

Unidos, Más para Santa Fe, Activemos y Frente de la Esperanza sumaron sus votos -sin fisuras en este capítulo- mientras que La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia fueron por el rechazo expresado especialmente en cuestionar la bandera de la inclusión de Ficha Limpia en el texto constitucional. "Ficha Limpia es a medias", dijo Pedro Aleart y Nicolás Mayoraz la calificó de mentirosa a la cláusula.

Sobre Ficha Limpia hizo énfasis en defender su inclusión de los convencionales oficialistas Julio Garibaldi y Germana Figueroa Casas.

El primer tramo de la décima sesión convencional se inició con el tratamiento de tres artículos habilitados para la reforma: 2, 29 y 30 y la inclusión de dos cláusulas transitorias para habilitar el voto de jóvenes de 16 a 18 años así como la continuidad del Tribunal Electoral "hasta tanto se dicte la ley que determina la competencia judicial específica en materia electoral".

"El pueblo y los órganos del Estado que él elige y ejercen la potestad de gobierno están sometidos a los límites que establecen esta Constitución, la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, los demás tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino y las leyes dictadas en su consecuencia.

"La soberanía reside en el pueblo y emana exclusivamente de él. Nadie puede atribuirse legítimamente su ejercicio", establece el retocado artículo 2 donde fueron incorporados al texto los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional así como tratados internacionales ratificados por el Estado argentino. También se añadió la segunda parte sobre la soberanía.

Lionella Cattalani (Unidos) y Lucila De Ponti (Más para Santa Fe) fueron las encargadas de defender los alcances de la inclusión de tratados internacionales. Antes, Raúl Gramajo (Unidos) también habló sobre el gran salto de calidad en materia de derechos políticos que tiene el texto acordado en materia constitucional.

El nuevo texto de la 29 dice que "la Provincia garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos de conformidad con los principios de la democracia representativa.

Las personas tienen derecho a participar de los asuntos públicos, directamente a través de los representantes elegidos en elecciones periódicas mediante sufragio universal, igual y obligatorio. El voto es secreto e intransferible.

Son electores las personas que se encuentren inscriptas en el padrón electoral provincial.

Los extranjeros son electores en las órdenes provinciales y municipales.

Ninguna persona puede ser candidata para ocupar cargos electivos si ha sido condenada por delitos dolosos en las condiciones que determina la ley.

Una ley aprobada por mayoría absoluta de integrantes de cada Cámara determina la competencia judicial permanente y específica en materia electoral y de partidos políticos, así como los principios y la autoridad encargada de la organización de las elecciones, que debe contemplar:

"La autoridad única del presidente de la mesa receptora de votos, a cuyas órdenes está la fuerza pública; comienzo y conclusión de la elección dentro del día fijado; escrutinio provisional público, inmediatamente después de cerrado el acto electoral y en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en el acta suscripta por el presidente del comicio y fiscales presentes, a quienes el primero dará certificado de dicho resultado; y, prohibición del arresto de electores, salvo en flagrante delito o por orden emanada de autoridad competente".

El artículo 30, en tanto, valora el rol de los partidos políticos como "instituciones fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento del sistema democrático. Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento esencial para la participación política. Ejercen competencia exclusiva para la postulación de candidatos a cargos electivos y deben dar publicidad del origen y destino de sus fondos. Se garantiza su libre creación, funcionamiento democrático y la capacitación de sus dirigentes".

También determina que "una ley aprobada con mayoría absoluta del total de integrantes de cada Cámara regula el régimen de partidos políticos".

Figueroa Casas y Garibaldi subrayaron la importancia de Ficha Limpia "para que la política no sea refugio de corruptos", concepto cuestionado no solo por La Libertad Avanza sino también por Amalia Granata y Lucila Lehmann (Somos Vida y Libertad).

Pablo Farías (Unidos) destacó lo que se viene en materia de organismo electoral anticipando que se buscará un secretario electoral con aval legislativo y Gino Svegliati ponderó la inclusión de los jóvenes en el derecho electoral. Facundo Olivera (Más para Santa Fe) definió los artículos como de mayor democracia.

Rubén Giustiniani (Activemos) valoró la extensión del voto provincial a extranjeros en un momento donde el mundo va por la xenofobia y el aislamiento. Verónica Colombo (Fe) valoró la importancia de los partidos y la necesidad de una participación democrática.

El Litoral

La Convención Reformadora de Santa Fe entra en sus días finales. Como estaba estipulado en la ley n° 14.384, fueron 60 los días que los convencionales se tomarán para modificar parte del articulado de la Carta Magna provincial.

Así las cosas,  el plenario votó una resolución ordenando las tres sesiones pendientes hasta el final del mandato el 12 de septiembre.

El próximo viernes, desde el mediodía, los convencionales se abocarán a tratar los dictámenes elaborados por la Comisión de Derechos, Declaraciones y Garantías, sesión que tendría continuidad el sábado por la mañana debido a la extensión del temario.

En tanto, el martes 9, desde las 17, se hará la sesión para tratar el texto ordenado tras los cinco plenarios donde fueron incorporados los temas votados.

Por último, el viernes 12 desde las 17, la Convención sesionará para aprobar la versión taquigráfica y luego la jura por parte de los integrantes de la asamblea reformadora. Luego, en la explanada de la Legislatura, la nueva Carta Magna será jurada por las autoridades de los tres poderes del Estado.

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La citada ley de necesidad de reforma estableció que 42 artículos del documento que tiene vigencia desde 1962 fueran reformados por la actual Convención. La norma fue votada en diciembre de 2024 con una amplia mayoría de respaldo (77% resaltó por entonces el oficialismo).

Entre los cuales se destacan cambios en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), cada uno en intensos debates de comisión y en el mismo recinto.

La Convención dio inicio el 14 de julio, tal como había anticipado El Litoral. Ese día se produjo la jura de 68 convencionales, cabe recordar que Alejandra Oliveras no pudo hacerlo debido a un problema de salud que derivó dos semanas después en su muerte.

La novena reunión plenaria de la Convención tuvo la presidencia honoraria de Danilo Kilibarda, quien integró la asamblea que reformó la Constitución en 1962. Lo propuso Marcelo Lewandowski, presidente de Activemos, quien repasó la trayectoria del dirigente que nació en Villa Mugueta y que ocupó cargos en la Legislatura y en el Ejecutivo además de haber ejercido la docencia universitaria.

"Kilibarda es un defensor de los valores democráticos y de la defensa de las instituciones

Con siete votaciones en general y veintinueve en particular, la Convención Reformadora aprobó la modificaciones a varios artículos de la Constitución vigente en materia del Poder Judicial y agregó nuevos artículos para sumar al Ministerio Público así como un cuerpo para seleccionar candidatos a jueces, fiscales y defensores y un Jurado de Enjuiciamiento.

El cuerpo además incorporó cláusulas transitorias para ordenar, en los próximos dos años, el nuevo sistema. Por último, también se sumó a la Defensoría del Pueblo al texto constitucional, cuerpo que funciona con una ley desde 1990.

El trabajo de la Comisión Redactora permitió acercar posiciones especialmente entre Unidos y el bloque de Más para Santa Fe que al igual que Fe votaron favorablemente la mayoría de las reformas. En cambio, Activemos, Somos Vida y Libertad y La Libertad Avanza no apoyaron los textos con fuertes observaciones de parte de los miembros informantes.

La novena asamblea plenaria de la Convención Reformadora se hizo bajo la presidencia honoraria de Danilo Kilibarda, convencional en 1962, propuesto por el bloque Activemos que conduce Marcelo Lewandowski.

"El texto al que arribamos es el que entendemos el mejor modo de garantizar una justicia independiente, justicia como garantía a los ciudadanos" señaló Lisandro Enrico (Unidos), presidente de la Comisión de Poder Judicial que trabajó la temática y que realizó trece audiencias con la participación de casi medio centenar de expositores.

Para el radical, el dictamen oxigena y renueva el Poder Judicial para luego precisar los alcances de la reforma empezando por la Corte Suprema de Justicia que pasará a tener 7 miembros con representación territorial y de mujeres. Se detuvo en el Ministerio Público, en el funcionamiento del órgano de selección así como el Tribunal de Enjuiciamiento al que fue incorporada la Corte para presidirlo.

Desde Más para Santa Fe fueron Diego Giuliano y Jaquelina Balangione los encargados de fundamentar el apoyo. "Es un paso adelante" destacó el primero para señalar que se corrigen defectos y se constitucionalizan organismos para la selección de candidatos así como la Defensoría del Pueblo.

El actual legislador nacional calificó de solución razonable lo acordado en comisiones y aclaró la justicia lenta perjudica especialmente al ciudadano. Balangione también analizó cambios propuestos por su sector especialmente para lograr un Ministerio Público de la Acusación independiente del poder político.

María Victoria Capocetti (Activemos) habló del sabor amargo que le deja el tema y fundamentó el voto contrario a la mayoría de su sector político. "Se ha rediseñado el Poder Judicial con objetivos políticos y no compartimos" agregó.

Enfática, Silvia Malfesi (Somos Vida y Libertad) habló del día de duelo en la provincia "porque se entierra la división de poderes" y finalizó diciendo que más que jura, el viernes se coronorá rey al gobernador.

Froilán Ravena (La Libertad Avanza) dijo que la tarea de consensuar la llevó adelante Unidos para acordar internamente y no para el resto. Luego, se detuvo en cuestionar colocar el número rígido de siete ministros. "Hacemos todo para dejar abierta la Constitución a que nos genere problemas nacionales e internacionales porque hacemos una justicia atada al poder político", acotó.

Más adelante, Lionella Cattalini (Unidos) justificó la decisión de colocar el número de siete miembros para la Corte y de no exigir mayorías especiales para votar los integrantes, comparándolo con lo que ocurre en la Constitución Nacional. "Sabemos de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos", aclaró la socialista.

Ponderó además que ya en Legislatura, se dispuso que los ministros de la Corte se retiran a los 75 años, medida que se aplica no solo a los ministros sino a todos los miembros del Poder Judicial.

La primera votación en general abarcó la reforma de seis artículos de la actual Constitución y la inclusión de uno nuevo para darle rango en la Carta Magna a la Defensoría del Pueblo. Más para Santa Fe se abstuvo de votar la reforma al artículo 81 que refiere al Tribunal de Cuentas por entender que no está habilitado su tratamiento en la reforma.

El cambio tuvo 35 votos favorables contra 21 en contra y 12 abstenciones.

Los artículos referidos a los cambios en la Corte Suprema de Justicia tuvieron el respaldo de 49 votos contra 19 negativos. En tanto, el ingreso de la Defensoría del Pueblo a la carta magna logró 47 votos a favor; 17 en contra y las 4 abstenciones de Activemos.

Entre martes y la mañana del miércoles, cambios especialmente en el consejo asesor para designar futuros jueces, fiscales y defensores y en el Tribunal de Enjuciamiento fueron acercando posiciones entre Unidos y Más para Santa Fe.

Hasta hoy solo decretos de autolimitación de sucesivos gobernadores han permitido que se celebren concursos para que luego cada mandatario eleve pliegos con los propuestos a la Asamblea Legislativa. En adelante, ese mecanismo seguirá igual, pero habrá un Consejo de Selección de carácter "técnico" y formado para cada caso con los actores del sistema de justicia, bajo la órbita del Ejecutivo.

Al mencionado Consejo se le dan más facultades que las que contaba en la versión inicial del dictamen de mayoría de la Comisión de Poder Judicial.

Ahora sus propuestas tendrán carácter "vinculante", palabra que se logró agregar al despacho de Unidos luego de no pocas reuniones puertas adentro del oficialismo y con su principal contraparte opositora, los bloques del peronismo representados por Más para Santa Fe y Activemos.

En tanto, el Tribunal de Enjuiciamiento será presidido por la Corte y contará con once integrantes, entre ellos seis legisladores, tres por cada cámara.

El plenario de la Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe completó la votación de los artículos vinculados al Poder Judicial votando una serie de cláusulas transitorias aplicables a los cambios sustanciales de órganos y de funciones dispuestos en el articulado de fondo aprobado en la misma sesión y que, en conjunto, implican un verdadero rediseño de la Justicia provincial.

Pasada la 1 de este jueves, y luego de una serie de intensas y extenuantes discusiones sobre cuestiones como la participación de profesores de facultades de Derecho privadas en los procesos de selección de jueces, y la conformación de los tribunales de enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, el cuerpo se abocó a los temas que deben terminar de ser regulados por la Legislatura.

La encargada de enumerar y justificar brevemente (más allá de los debates que luego se generaron) cada una de las cláusulas fue Lionella Cattalini, empezando por una que engloba a todos los demás: el establecimiento de un plazo perentorio de dos años para que el parlamento dicte la legislación que le fue derivada; salvo los casos en los que expresamente se haya establecido un plazo menor. Mientras tanto, para evitar un vacío legal, seguirá rigiendo la actual normativa.

Lo mismo aplicaEn particular, en lo que hace al actual Procurador General de la Corte, pasará automáticamente a ser Procurador General según el nuevo instituto. El actual funcionario en ese cargo, Jorge Barraguirre, completará en esas condiciones su mandato. Quien sea designado en su reemplazo, llegado el momento, estará sujeto al plazo de cinco años de duración.

Del mismo modo, los actuales fiscales extrapenales pasarán inmediatamente a denominarse procuradores. Pero quienes ocupen ese cargo en el futuro requerirán acuerdo legislativo.

Hasta que se sancione la ley que regulará el funcionamiento del Consejo de Selección seguirá rigiendo el procedimiento actual. Mientra tanto, el trámite de selección de jueces, fiscales y defensores que ya se haya iniciado, se completará según la ley vigente. al sistema de enjuiciamiento: de los que estén actualmente en trámite, seguirán a cargo del Jury de Enjuiciamiento (compuesto por la Corte, dos abogados y dos legisladores) en el caso de jueces, y de la Legislatura para fiscales y defensores.

Las defensorias generales y el ministerio pupilar seguirán bajo la órbita de la Procuración, hasta que una ley regule su traspaso al Ministerio Público de la Defensa. En tanto, los actuales fiscales del MPA y los defensores continuarán en sus cargos hasta completar los actuales mandatos, y tendrán la chance de una reelección por cinco años, conforme se estipula en la nueva regulación de esos cargos.

Más allá de otras cláusulas que no merecieron mayores consideraciones, se desató luego un fuerte debate sobre la situación de los trabajadores del Poder Judicial. Particularmente, los empleados del MPA y de la Defensa, que hasta hoy revisten esa condición, pero que en el nuevo esquema pasarán a revistar en órganos extrapoder. Lo propio puede decirse para quienes cumplen tareas en las defensorías civiles y zonales, y el ministerio pupilar, que pasarán a la Defensa.

Cattalini defendió con énfasis el criterio de que a esos trabajadores se les mantendrán su nivel de remuneración, categoría y ubicación geográfica, pero que la variación en sus tareas (siempre que sea razonable y no impropia de su rango) está autorizada por los cambios en el propio funcionamiento de las instituciones del Estado. “Las funciones del Estado están cambiando, y ése es el fin último: respetar los derechos adquiridos, pero no se puede poner en marcha un organismo vital dejándolo vacío”.

La cuestión fue planteada activamente por los trabajadores y el gremio de los judiciales, y recogida por representantes de la oposición, fundamentalmente María Victoria Capocceti (Activemos) y miembros de Más para Santa Fe, sobre la base de la exposición de Jaquelina Balangione, ex titular del Servicio de Defensa, y argumentó en el sentido de la manera en que los cambios lesionan la carrera judicial. En ambos casos se propusieron otras alternativas, como al traspaso progresivo por medio de un derecho a opción que deje intactos los derechos del personal y evite ulterioridades litigiosas.

Desde el oficialismo, Fabián Bastia repitió el argumento de que ni las remuneraciones, ni el tipo de tarea, ni la ubicación geográfica de los trabajadores se verá alterada, y que no resulta admisible una duplicación de cargos para preservar los actuales y cubrir los que surjan de las nuevas necesidades.

Emerio Agretti - El Litoral

Para este miércoles, el eje central del plenario de la Convención Reformadora es lo referido al Poder Judicial mientras que el viernes será tema central lo dictaminado por la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías que presidió Alejandra Rodenas.

Con respecto al Poder Judicial, en Labor Parlamentaria se acordó que la temática se dividirá en seis ítems para producir otras tantas votaciones en general. Los temas a discutir serán: Corte Suprema de Justicia; Procurador General; Defensoría del Pueblo; Ministerio Público (allí estarán ubicados en el Ministerio Público de la Acusación y Servicio de Defensa); organismo de selección y de juzgamiento de jueces, fiscales y defensores, y finalmente las cláusulas transitorias para el Poder Judicial.

En lo que hace al órgano de juzgamiento, en la Comisión Redactora se acordó que será presidido por la Corte Suprema de Justicia que tendrá un ministro. Lo acompañarán tres senadores, tres diputados; dos abogados y dos representantes del estamento a juzgar.

Este jueves, en tanto, la Comisión Redactora se abocará a Derechos, Declaraciones y Garantías donde habrá cambios en el artículo 3 ante el reclamo de los obispos católicos de que se incluya de alguna manera el reconocimiento histórico de su presencia en Santa Fe. El tema llegará al recinto este viernes, en el último plenario temático.

Martes y miércoles próximo será momento de revisión del texto en el plenario. En tanto, el viernes 12, los 69 convencionales jurarán la nueva Carta Magna y está previsto que luego lo hagan las autoridades de los tres poderes del Estado.

El Litoral

La Convención Reformadora votó reformas al Régimen Municipal de la Constitución santafesina, especialmente para ahondar la autonomía de ellos; agregó la posibilidad del asociativismo entre las jurisdicciones, así como el llamado Derecho a la Ciudad y al Ordenamiento Territorial.

Pero también se aprobó una cláusula transitoria no solo para mandatos municipales sino también con mandas a Legislatura para el dictado de normas sobre nueva Ley Orgánica para el sector (dentro del próximo año) y un nuevo sistema de coparticipación (dos años).

Todos los bloques políticos expusieron su respaldo a la necesidad de actualizar la autonomía municipal, ordenada ya en la reforma de la Constitución Nacional en 1994 aunque hubo dictámenes de minoría de La Libertad Avanza, de Somos Vida y de Libertad y de Activemos.

Los seis dictámenes sometidos a votación fueron presentados por Katia Passarino (Unidos), presidenta de la Comisión de Régimen Municipal, grupo que realizó tres audiencias públicas en Santa Fe, Rosario y Reconquista, tema subrayado por la radical norteña.

Diego Giuliano (Más para Santa Fe) habló de un paso enorme dado en Santa Fe, aunque consideró clave el tema de los recursos y señaló que su sector pidió que haya un piso de coparticipación en la Carta Magna, tema que no prosperó.

Desde La Libertad Avanza, Pedro Aleart y Javier Meyer fueron voceros. El primero explicó por qué la autonomía debería ser solo para Santa Fe y Rosario, pero también la necesidad de un piso. Su par, actual intendente de Las Rosas, consideró el tema autonomía ajeno a las soluciones que requiere la ciudadanía y puso como ejemplo su ciudad. Aleart, en tanto, cuestionó que se habilite organismos de control en cada municipio y sumar gasto a las administraciones.

También José Machado (Somos Vida y Familia) cuestionó la falta de recursos para darle autonomía mientras que Rubén Giustiniani (Activemos) advirtió que después de 104 años Santa Fe se pone en sintonía con un tema muy importante como el derecho de los municipios. "Se achica la brecha entre ciudadanos y gobernantes", acotó el rosarino.

No obstante, la reforma a los artículos 106 y 107 de la Constitución logró 50 votos positivos y 15 en rechazo, en general.

"Todo núcleo de población organizado como comunidad con vida propia se constituye como municipio y se gobierna por sí mismo con arreglo a las disposiciones de esta Constitución", dice la nueva redacción del artículo 106.

En cambio, el 107 dispone los alcances de la autonomía que se pueden dar los municipios con más de 10.000 habitantes -en forma optativa- por medio de una carta orgánica. "Es un artículo conservador" denunció Juan Monteverde (Más para Santa Fe) al cuestionar que se habilite a los municipios de más de 20.000 habitantes a renovar parcialmente los concejos.

La base de las futuras cartas orgánicas deben respetar que la estructura institucional local conformada por un Intendente, un Concejo Municipal y un órgano de control externo; procedimiento, órgano y mayorías agravadas para habilitar reformas a la Carta Orgánica; organización de la Administración Pública local con sus deberes, atribuciones y competencias para una adecuada gestión de los intereses locales; mecanismos de democracia directa y participación ciudadana; integración de regiones, áreas metropolitanas, asociación intermunicipal y supramunicipal; y articulación de competencias con la Provincia.

Las cartas orgánicas se sancionan por una Convención Municipal, convocada al efecto por una ordenanza dictada por el Concejo Municipal.

La autonomía fue acompañada por un artículo referido a los recursos que forman parte de los tesoros municipales.

Uno de los artículos claves agregado al texto constitucional avala el asociativismo, tanto entre sí, con entes supramunicipales, con la Provincia, con otras provincias y sus municipios, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con la Nación. El objetivo es promover el desarrollo regional; organizar la prestación de servicios; la realización de obras públicas; implementar mecanismos de cooperación técnica y financiera; fortalecer capacidades institucionales y administrativas; planificar, ejecutar y evaluar políticas públicas de interés y utilidad común; y para concertar el ejercicio de facultades concurrentes e intereses comunes.

"A esos fines, pueden constituir regiones, áreas metropolitanas, regímenes de asociación intermunicipal y supramunicipal y crear organismos y entes que las organicen", agrega el nuevo texto constitucional.

Los otros temas incluidos disponen que la Provincia, en coordinación con los ámbitos municipal, intermunicipal y regional, promueve una política integral de planificación y ordenamiento del territorio urbano, periurbano y rural, destinada a favorecer su desarrollo integrado en las dimensiones regional, metropolitana y local

Otro de los artículos agregados a la carta que la Provincia reconoce el derecho a la ciudad fundado en el uso pleno y equitativo, en su función social y ambiental, en los principios de participación ciudadana, gestión democrática, justicia espacial, equidad social e intergeneracional y respeto a la diversidad cultural.

Todos los bloques políticos expusieron su respaldo a la necesidad de actualizar la autonomía municipal, ordenada ya en la reforma de la Constitución Nacional en 1994 aunque hubo dictámenes de minoría de La Libertad Avanza, de Somos Vida y de Libertad y de Activemos.

Una cláusula transitoria marca los pasos que deberán darse en la provincia para ordenar mandatos y a la Legislatura las leyes que deberán dictar.

Así para que los comicios provinciales y municipales coincidan recién se dará en 2035 y para ello los titulares de departamentos ejecutivos que se elijan en el año 2029 serán electos por un período de seis años, por única vez; todos los concejales de municipios con menos de veinte mil habitantes que fueron electos en el año 2025 desempeñarán su mandato hasta el año 2029. No se aplicarán los resultados de los sorteos ya realizados.

Los ediles de municipios con menos de veinte mil habitantes que se elijan en el año 2029 desempeñarán su mandato hasta el año 2031, período que no será considerado a los fines de la aplicación de límites a las reelecciones.

También señala que los mandatos de las autoridades municipales y comunales que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse la reforma no son considerados como primer periodo. Para los titulares de Departamentos Ejecutivos y concejales cuyo mandato comienza en diciembre del año 2025 este será considerado como primer período.

Además, se faculta a las ciudades que se encuentran organizadas institucionalmente como municipios con un Departamento Ejecutivo y un Concejo Municipal y tengan menos de diez mil habitantes podrán decidir si mantienen su estructura institucional actual o adoptar la estructura institucional que contemple la nueva Ley Orgánica de Municipios.

El Litoral

Los institutos habilitados de Iniciativa Popular, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandatos, Consejo Económico y Social, Audiencias Públicas y Gestión Social fueron votados en la primera media hora del sábado por 65 convencionales. Se registraron 50 a favor y 15 en contra, sin abstenciones.

Una vez más, solo las bancadas de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad rechazaron las propuestas de radicales, socialistas, macristas y peronistas pero entre los convencionales derechistas fueron muy distintos los argumentos.

Los institutos habilitados de Iniciativa Popular, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandatos, Consejo Económico y Social, Audiencias Públicas y Gestión Social fueron votados en la primera media hora del sábado por 65 convencionales. Se registraron 50 a favor y 15 en contra, sin abstenciones.

Una vez más, solo las bancadas de La Libertad Avanza y de Somos Vida y Libertad rechazaron las propuestas de radicales, socialistas, macristas y peronistas pero entre los convencionales derechistas fueron muy distintos los argumentos.

Desde SVyL se aclaró que de necesitarse sus votos para que los institutos sean creados los hubieran dado, pero que preferían en cambio expresarse por la negativa (a sabiendas de que el tema resultaría aprobado) para hacer notar sus críticas a las “extremas”exigencias que requiere uno de los mecanismos novedosos que permitirá que una autoridad electa sea desplazada por los ciudadanos. En cambio, el partido de los libertarios abiertamente mostró su oposición, con unas exposiciones que abundaron sobre los resultados de las políticas públicas aplicadas en las últimas décadas.

“No hay frase más hueca que la que dice que es con más democracia que se resuelven los problemas de la democracia”, resumió Nicolás Mayoraz al argumentar su voto negativo. Incluso mostró su pesimismo respecto de las audiencias públicas “¿cuándo en una audiencia pública sucedió realmente que las autoridades hayan realmente escuchado a los ciudadanos?”, cuestionó.

Para Emiliano Peralta (SVyL) al igual que para Rubén Giustiniani hubiera sido preferible que una ley posterior fije los umbrales para que avance un proceso de revocatoria de mandatos (se trata de contradecir lo ya dispuesto por las urnas con otra votación).

Ambos, por izquierda y por derecha, lamentaron que se fije que el mecanismo requiera que lo pida con su firma un 25% de los empadronados de la jurisdicción afectada y que en elecciones esa posición obtenga más del 50% del padrón. Los dos hablaron de la escasa participación que progresivamente se registra en los comicios en general.

En igual sentido, Diego Giuliano se preguntó cómo será posible que haya alguna vez un procedimiento de este tipo si “a la elección más importante de los últimos 62 años fue a votar apenas un poquito más de la mitad de los electores”, en referencia a los comicios del 13 de abril. De todos modos, valoró lo que se avanzó en todo el dictamen y explicó que es en instancias como las que hoy vive Santa Fe que “la política” comienza a saldar sus deudas con la gente para enfrentar el mal de “la apatía”.

El reclamo de que el texto no imponga esos requisitos fue rechazado por la mayoría.

Gino Svegliati de Unidos actuó como miembro informante del despacho y aseguró, en el marco de la crisis de representación de los partidos políticos, hoy se crean “herramientas que buscarán cambiar las formas de construcción política”.

Recordó que desde 1994 existen estos institutos en el país, pero no han sido usados. Afirmó que la única instancia de consulta a nivel nacional fue anterior, cuando el presidente Alfonsín convocó a consulta popular ante el acuerdo con Chile.

Entre los antecedentes santafesinos destacó la experiencia del presupuesto participativo puesto en práctica en Rosario primero y en la provincia luego con administraciones del socialismo. Con la revocatoria de mandato “el pueblo tiene la última palabra”, resumió.

Juan Monteverde de Más para Santa Fe anunció el voto favorable de la bancada del PJ pese a que “nuestra propuesta era más profunda, más radical , transformadora y revolucionaria”. Admitió que “con ese ímpetu de cambios fuimos a todas las comisiones” y destacó que se lograron finalmente “avances” para abordar con respuestas concretas la crisis de representación política. De todos modos, afirmó que para que haya cambios “hay que dar vuelta la pirámide del poder”.

Dijo que el título que se habían propuesto era el de “Participación popular y comunidad organizada”. Consideró que con estos cambios “se abre una posibilidad para imaginar una democracia mejor”. Y citó a Simón Rodríguez: “O inventamos o erramos”, dijo.

Rubén Giustiniani recordó desde Activemos que “esta crisis es de la democracia” y consideró que el camino es “intentar nuevas formas que pasan por empoderar a la gente”.

Por la mayoría y con citas a Guillermo Estévez Boero, Joaquín Blanco habló de la necesidad de entender que se debe “delegar poder” y advirtió que a partir de la nueva constitución será obligatorio para la Legislatura celebrar audiencias públicas cuando se traten leyes sobre el medio ambiente y los servicios públicos. Los legisladores “tendrán que escuchar obligatoriamente a la ciudadanía”, se entusiasmó.

En cuanto al referéndum vinculante, coincidió que en la historia política argentina “hay pocos” pero constituyen “muy buenos” ejemplos y citó lo sucedido en Misiones cuando se detuvo un proyecto de represa hidroeléctrica con ese mecanismo habilitado por la Constitución en la Tierra Colorada.

Nombró como el deseado consejo económico político y social, “una larga batalla de los socialistas” al Consejo a crear como “un ámbito donde se encuetren el capital y el trabajo , de diálogo permanente con la política” y citó la Mesa del diálogo Argentino y otros casos creados ante graves crisis.

Recordó “el plan estratégico de 2008 y el proceso de participación popular más importante de planificación estratégica” puesto en práctica por Hermes Binner.

“Los convencionales de la Comisión de funcionamiento del Estado y Participación Democrática han puesto a la Constitución 2025 a la vanguardia”, dijo Del Blanco.

“Nadie es dueño de la verdad escriturada (…) Siempre la participación mejora y fortalece las decisiones. Este es un cambio sustantivo, un verdadero aporte y se vincula con los cambios sobre la elección proporcional de los diputados”, dijo la convencional Claudia Levín de Unidos.

“Esto es poner en práctica la comunidad organizada” de la que hablara Juan Domingo Perón en congreso de Filosofía en 1948, “es un concepto clave en nuestra doctrina”, afirmó Marcelo Lewandowski,  de Más para Santa Fe.

Y siguió: “lamentablemente es una época en que no se promueva lo colectivo, lo asociativo y lo solidario”.

“Hay que superar una verdadera fractura expuesta en la sociedad, entre gobernantes y gobernados”, explicó Diego Giuliano y avanzó sobre el concepto de la representación: “ambos lo somos, porque somos gobernantes y gobernados, en un permanente circuito”.

“Más democracia es la única cura a los males de la democracia (…) La democracia directa no es abolicionista” de la representación “es complementaria”, profundizó.

“No sé si es la hora… pero todo esto me suena a un cuento de niños para mandarlos a dormir. Escucho palabras grandilocuentes, vacías, nada que se parezca a un texto constitucional. Caen en el mismo error que siempre cae la clase política”, disparó Nicolás Mayoraz.

“Los señores convencionales son como semidioses que creen que con solo escribirlo en la Constitución van a resolver el hambre y ahora es lo mismo con la creación del Consejo Consultivo y Asesor” y remató: “dejémosnos de cuentos”.}

Luis Rodrigo - El Litoral

+La Convención Reformadora avanzó, trabajosamente, y armó sólidas mayorías para votar tres reformas a otros tantos artículos de la actual Constitución: el 5, el 18 y el 21, éste último generó muchas discusiones públicas por el tema de Caja de Jubilaciones aunque cuando el oficialismo aceptó la palabra intransferible del organismo, destrabó acuerdos y alumbró la nueva redacción.

 Se trata del artículo 5 sobre la materia tributaria; el 18 sobre la responsabilidad del Estado provincial y y municipal y el 21 sobre tema previsional.

Unidos con Fe y Más para Santa Fe votaron los tres nuevos artículos y Activemos se sumó a los dos últimos mientras que retiró su apoyo al primero cuando un cambio de redacción no fue aceptado por la bancada que encabeza Marcelo Lewandowski.

La Libertad Avanza, en tanto, con discursos de sus integrantes, votó en contra de los tres temas.

La nueva redacción del artículo 5 de la Constitución dice que “la Provincia sostiene el gasto público mediante los recursos provenientes de la coparticipación federal, la recaudación de los tributos creados por ley, las rentas producidas por sus bienes y servicios, la enajenación de sus activos o bienes de su pertenencia, la propia actividad económica que desarrolle y las operaciones de crédito que concierte que no pueden destinarse a financiar gastos corrientes salvo en casos de urgencia”.

Agrega que “toda persona que habita la Provincia o que en ella desarrolla actividad económica está obligada a concurrir a los gastos públicos. El sistema tributario se organiza considerando la función económica y social de los tributos y se inspira en los principios de legalidad, generalidad, no confiscatoriedad, irretroactividad, igualdad, equidad, razonabilidad, capacidad contributiva, simplicidad y certeza”.

Más adelante señala que “puede establecer estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico, territorial y social de la comunidad. Puede contemplar un tratamiento fiscal diferenciado para las cooperativas y mutuales que, en cumplimiento de las formalidades y exigencias legales, acrediten su naturaleza de entidades sin fines de lucro y su función social dentro de la economía solidaria”.

Ratifica el texto que “los tributos deben ser creados por ley. Es nula toda delegación expresa tácita. La administración financiera y presupuestaria se rige por los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad, transparencia. Garantiza mecanismos de control y rendición de cuentas”.

En el último párrafo se señala que “la ley establece reglas, estándares, procedimientos y dispositivos institucionales vinculados con el gasto, la deuda pública y la transparencia, que tiendan al equilibrio fiscal”.

Alcides Calvo (Más para Santa Fe) y Joaquín Blanco (Unidos) fueron los que defendieron el nuevo artículo ante los cuestionamientos de Silvia Malfesi y Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad) especialmente sobre el tema tasas municipales.

"La redacción establece principios claros para financiar el estado provincial, es un muy buen artículo”, añadió Blanco. Calvo antes había hablado de cómo se debe financiar el Estado y dio detalles como la exención a determinadas cooperativas. Esteban Motta (Unidos) sumó al debate el tema de retenciones que no vuelven al interior. “Diez días de retenciones alcanzan para transformar la ruta 34 en autovía desde Rosario a Rafaela”, afirmó.

En tanto, el artículo 18 señala que “la Provincia y los municipios son responsables por los daños que ocasionen. La ley determina los supuestos y el alcance de la responsabilidad del Estado y los casos en que corresponda la obligación de reembolso de sus funcionarios o agentes”.

Finalmente, en el 21 se señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su bienestar y el de su familia, a una alimentación nutritiva, diaria, suficiente, segura y de calidad, a la vestimenta, a la vivienda y a los cuidados médicos y servicios sociales necesarios que le permitan gozar de una vida digna”.

Pero también define que “la Provincia reconoce el valor social y económico de las tareas de cuidado e impulsa acciones que promueven el cuidado digno a lo largo de la vida, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados para el desarrollo de su vida si está impedida de trabajar y carece de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la readaptación y rehabilitación profesional”.

Uno de los temas más debatidos estableció que “la Provincia organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a la protección de las personas ante contingencias, conforme con las leyes que lo reglamenten. El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. La administración está a cargo de un órgano intransferible. La sustentabilidad del sistema se asegura mediante acciones progresivas, equitativas y razonables”.

El último párrafo determina que “los recursos que integran el patrimonio de las cajas de previsión y de seguridad social son intangibles y no pueden destinarse a otros fines”.

En el debate, Lewandowski resaltó la incorporación de la "movilidad jubilatoria" en el texto de la nueva Constitución. "Finalmente pudimos lograr que en el texto de esta reforma constitucional se incluya la movilidad jubilatoria, además de que se mantenga la intransferibilidad de la caja", sostuvo.

"Advertimos que la movilidad está en la actual Constitución, pero no estaba incorporado en el texto de la nueva. Finalmente logramos incluirla para tratarla en el pleno de la Convención, para que quede aprobada y no haya perjuicio para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la provincia", señaló. Esta incorporación se suma a otro de los pedidos realizados por Activemos, junto a otros bloques, para mantener la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, tal como estaba estipulado en la Ley de Necesidad de Reforma.

El Litoral

La Convención Reformadora avanzó y votó por unanimidad la inclusión de tres nuevos artículos a la Constitución provincial “tres artículos que tienen que ver con la Patria” al decir de la socialista Lionella Cattalini.

Se trata de las cláusulas referidas a Malvinas, al federalismo de concertación y la vigencia del sistema democrático así como los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. 66 votos positivos, 0 en negativo marcó el tablero electrónico y un aplauso coronó la decisión.

Fueron los primeros temas votados por unanimidad ya que los referidos al Poder Legislativo y Poder Ejecutivo tuvieron dictamen diferente de La Libertad Avanza y el no acompañamiento de algunos integrantes de Somos Vida y Libertad.

La discusión y votación del paquete de tres temas que tuvieron amplio consenso llegaron precedidos del homenaje a los 53 santafesinos caídos en Malvinas y que presidieron en forma honoraria la asamblea plenaria.

El paquete de acuerdo abrió la reunión plenaria del viernes y luego llegaron los debates sobre los tres temas referidos a modificar otros tantos artículos actuales más las cláusulas de democracia semidirecta para terminar la reunión con asuntos con varios dictámenes.

“La Provincia promueve el federalismo de concertación para facilitar el desarrollo armónico de las relaciones con la Nación, con otras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se propicia la conformación de regiones junto con otras provincias con intereses comunes con el objeto de potenciar el desarrollo económico, social, productivo e Institucional”, reza el artículo nuevo.

Agrega que “la actividad portuaria es considerada estratégica, en razón de su carácter fundamental para el desarrollo económico, productivo y comercial. La Provincia impulsa la cooperación y articulación entre los distintos niveles de gobierno para la gestión y desarrollo de los puertos”, temática novedosa en la Carta Magna local.

“La Provincia puede celebrar convenios con otras naciones, con entes públicos y privados extranjeros y con organismos internacionales sobre materias no delegadas a la Nación”, concluye el artículo.

En tanto, la cláusula democrática, en tanto, afirma que “la Provincia garantiza la plena vigencia de sus instituciones democráticas, en orden a mantener su imperio aun cuando se interrumpa o se intente Interrumpir su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional o el sistema democrático o se usurpen o prorroguen funciones o poderes en violación del régimen constitucional. Estos actos son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Quienes los lleven adelante, ordenen, ejecuten o consientan serán pasibles de inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y quedarán excluidos de los beneficios de la conmutación de penas y del indulto. Toda persona tiene derecho de resistencia contra quienes ejecuten los actos de fuerza enunciados”.

En el segundo párrafo se afirma que “atenta contra el sistema democrático quien incurra en grave delito doloso contra el Estado que implique enriquecimiento. Estos actos conllevan inhabilitación para ocupar cargos o empleos públicos por el tiempo que las leyes determinan. La Provincia garantiza la existencia de mecanismos independientes y autónomos destinados a promover la transparencia, prevenir y disuadir hechos de corrupción y fortalecer la ética pública en la gestión”.

Se aclara más adelante que “la Provincia sostiene el respeto a los símbolos patrios y a su bandera”.

En otro párrafo es un paquete contra la corrupción. “Los órganos de la Provincia observan los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Sus funcionarios y agentes ejercen su función de conformidad con la ley de ética pública y están obligados a presentar información patrimonial y de conflictos de intereses en forma actualizada y pública, según disponga la ley”.

El artículo agrega que “las inmunidades establecidas por esta Constitución y las leyes solo se aplican a los sujetos y con el alcance previsto. No se pueden establecer inmunidades más amplias”. Más adelante “se garantiza el acceso a la justicia y la resolución de conflictos en un plazo razonable”.

Fue Germana Figueroa Casas (Unidos), presidenta de la Comisión de Funcionamiento del Estado quien presentó el trabajo realizado para llegar al consenso en los tres textos. Luego, el también oficialista Joaquín Blanco detalló lo realizado en la Redactora con estos temas.

Le siguieron exposiciones de diferentes bloques sobre cada uno de los temas. Así Alejandra Rodenas (Más para Santa Fe) habló de la importancia de la cláusula democrática en un país y una provincia que tuvo desaparecidos. Su par de bancada, Diego Giuliano explicó la importancia de la integración como manda de artículos de la Constitución Nacional. “A la decisión escrita le debe seguir la voluntad política de llevarla adelante”, agregó.

Cattalini valorizó incluir políticas contra la corrupción algo “que destruye la confianza ciudadana”. Rubén Giustiniani (Activemos) dijo esperar que con la nueva Constitución caigan rémoras de la dictadura en Santa como la ley electoral y de partidos políticos. Néstor Fandos (LLA) saludó haber podido alcanzar acuerdos con el resto del arco político en estos temas.

Marcelo Lewandowski cerró con párrafos de un libro de Perón el tema de la cláusula democrática y recalcó la importancia de la división de poderes. Desde el oficialismo fueron voceros Julio Garibaldi y Cristian Cunha quien hizo hincapié en la inclusión portuaria ya que " somos el corazón logístico de la Argentina”. El socialista destacó el tema de que haya instrumentos para defender el sistema democrático.

Rubén Pirola (Más para Santa Fe) destacó la inclusión del tema portuario pero también disuadir temas de corrupción aunque admitió que esperaban tener un artículo más contundente. Sobre el final, el justicialismo destacó que no se haya avanzado con habilitar los decretos de necesidad y urgencia como pretendió realizar algún sector del oficialismo .

“Nuestra Comisión ha sido la encargada de trabajar en un conjunto de asuntos que definen la vida institucional del Estado, la relación entre el poder y los ciudadanos, y los límites que aseguran que el poder esté siempre al servicio de la sociedad”, explicó Figueroa Casas.

Acotó que “los dictámenes que hoy presentamos son fruto de consensos. No siempre reflejan la posición individual de cada uno de nosotros, ni de cada bloque, pero sí expresan el resultado de un debate democrático y plural. Como suele suceder en estas instancias, algunos puntos hubiéramos preferido que fueran distintos; sin embargo, el valor del consenso alcanzado está en haber logrado textos que, más allá de las diferencias, constituyen un paso adelante en la construcción institucional de la provincia”.

Se detuvo en los tres temas y afirmó que “el federalismo de concertación constituye, un camino para fortalecer la cooperación interjurisdiccional, generando acciones conjuntas y consensos que redunden en un mayor desarrollo regional”.

El Litoral

El séptimo plenario de la Convención Reformadora avanzará este viernes con la aprobación de la reforma a tres artículos de la actual Carta Magna e incluirá ocho nuevos temas habilitados en la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución.

Son los once temas discutidos por la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana que preside Germana Figueroa Casas (Unidos) y que incluso realizó audiencias públicas para escuchar actores de la sociedad civil como los colegios profesionales que ayer se congregaron frente a la Legislatura para saludar su inclusión en el futuro texto.

" La provincia reconoce la existencia de los Colegios Consejos Profesionales creados por ley", señalará el artículo a aprobarse esta noche.

Ayer en el final de la reunión de la Comisión Redactora, Nicolás Mayoraz, presidente de La Libertad Avanza, anunció que su bloque irá con dictámenes de minoría en nueve de los temas mientras que acompañará los dictámenes de la mayoría sobre Malvinas y la cláusula democrática. El anuncio de Mayoraz motivó que el presidente de la comisión, Joaquín Blanco (Unidos) pidiera un aplauso. Es la primera coincidencia de Unidos más sectores del justicialismo con La Libertad Avanza.

"La Provincia garantiza la plena vigencia de sus instituciones democráticas, en orden a mantener su imperio aun cuando se interrumpa o se intente interrumpir su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional o el sistema democrático o se usurpen o prorroguen funciones o poderes en violación del régimen constitucional. Estos actos son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Quienes los lleven adelante, ordenen, ejecuten o consientan serán pasibles de inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y quedarán excluidos de los beneficios de la conmutación de penas y del indulto" señala entre sus principios la cláusula democrática.

También define que "los órganos de la Provincia observan los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Sus funcionarios y agentes ejercen su función de conformidad con la ley de ética pública y están obligados a presentar información patrimonial y de conflictos de intereses en forma actualizada y pública, según disponga la ley".

En cuanto a los tres artículos de la actual Constitución a reformar el que mayor ruido generaba el 21 sobre el tema previsional donde ayer las autoridades de Unidos admitieron que aceptaban incluir el término "intransferible" para la Caja de Jubilaciones. El asunto motivó un fuerte cortocircuito con los convencionales que tienen origen en el Pro que siempre postularon no utilizar dicho término.

Los otros artículos a modificar son el 5 donde la manda constitucional es "establecer en materia tributaria los principios de legalidad, generalidad, solidaridad, progresividad, no confiscatoriedad y equidad. Incluir el criterio de responsabilidad fiscal, con énfasis en la sostenibilidad y la transparencia".

La redacción de mayoría señala, al inicio del nuevo artículo que "la Provincia sostiene el gasto público mediante los recursos provenientes de la coparticipación federal, la recaudación de los tributos creados por ley, las rentas producidas por sus bienes y servicios, la enajenación de sus activos o bienes de su pertenencia, la propia actividad económica que desarrolle y las operaciones de crédito que concierte que no podrán ser destinadas a financiar gastos corrientes salvo en casos de extrema urgencia".

En la parte final, señala que "la administración financiera y presupuestaria debe regirse por los principios de responsabilidad fiscal, sostenibilidad, eficiencia, eficacia, publicidad y transparencia, garantizando mecanismos de control y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos".

El otro artículo a modificar es el 18 para adecuar lo relativo a las normas aplicables en materia de responsabilidad del Estado. El dictamen a votarse señala que "la Provincia y los municipios son responsables por los daños que ocasionen. La ley determinará los supuestos y el alcance de la responsabilidad del Estado y los casos en que correspondiere la obligación de reembolso de sus funcionarios o agentes".

En cuanto a los mecanismos de democracia semidirecta serán siete los institutos a habilitar: Iniciativa Popular, Referéndum, Consulta Popular, Revocatoria de Mandatos, Consejo Económico y Social, Audiencias Públicas y Gestión Social, cuyos conceptos generales estarán plasmados en el texto constitucional y en algunos casos requerirán leyes especiales para su aplicación.

El Litoral

.El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, valoró el debate que se está dando en el ámbito de la Convención Constituyente, y dijo sentirse "contento y satisfecho" con los primeros dictámenes aprobados por el pleno. En declaraciones a la prensa en la ciudad de Rosario, Maximiliano Pullaro consideró que "fue un debate muy profundo el que se llevó adelante en estos casi cincuenta días". Y desde su rol también de convencional, admitió que participó "aunque tal vez no tanto como hubiera querido por mi responsabilidad de gobernador. Pero estamos cumpliendo con lo que habíamos dicho – sostuvo-; estamos teniendo una Constitución moderna o al menos eso es lo que se desprende de los dictámenes aprobados"

En tal sentido, valoró que los artículos reformados "terminan con las reelecciones indefinidas así como con los fueros parlamentarios". Del mismo modo, rescató que "se consagra el equilibrio fiscal, y ello va a mostrar que Santa Fe es una provincia productiva, que va a consolidar las instituciones de seguridad pública para que no tengamos que retroceder. Por todo ello estamos muy conformes y contentos. Como lo dijimos siempre, esperamos tener la Constitución más moderna de la Argentina", aseveró.

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia consideró como aporte valioso que se "terminen (a partir de la reforma) con algunos privilegios" de la política. "A partir de ahora – planteó-, nadie se va a poder quedar treinta años en un cargo; sólo quedan habilitados dos períodos. Eso es muy importante y ha sido fruto del debate de todos los partidos políticos que han dado lo mejor para que se sancione una buena Constitución. Eso me llena de orgullo".

Asimismo, consideró importante que se abandone el esquema de mayoría automática para la integración de la Cámara de Diputados. "Es lo más justo – consideró-; había que terminar con cosas que se acomodan para un lado o para el otro. Cuando uno piensa una Constitución, piensa en el momento que gobierna y en el que no gobierna; por lo tanto, tienen que ser reglas claras de orden y control. Tiene que regir para todos por igual". La Constitución – acotó-, más allá de ser una base de derechos y garantías, es un control ciudadano y político para los tres poderes del Estado. Al poder hay que limitarlo siempre".

- ¿El actual gobernador se presentaría para la reelección?

- No lo sé; no lo tengo en claro todavía, pero teniendo en cuenta la posibilidad y con las ganas de seguir y gobernar para el desarrollo de Santa Fe, puede ser una oportunidad…

El Litoral

Con aplausos de los presentes, entre los que se contaron los convencionales de dos comisiones, pero también los empleados de las Cámaras legislativas, además de los asesores de bloques y periodistas, se acordó que el dictamen de mayoría dirá que la Caja de Jubilaciones de Provincia de Santa Fe tiene el carácter de “intransferible”.

La sesión conjunta de la Comisión Redactora y la de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana agregó la palabra que pedían gremios del sector público, además convencionales de la oposición justicialista en el tratamiento de los textos (y de buena parte de las fuerzas que conforman el oficialismo).

El texto que llegará a la sesión de los 69 convencionales prueba que también la instancia de la comisión que corrige la redacción prueba que las formas de la lengua tienen un carácter también político, además de técnico.

En un debate que requirió de dos cuartos intermedios, a las 10 y a las 11.30, los convencionales de la mayoría oficialista y de Más para Santa Fe y Activemos firmaron el mismo despacho modificado que había elaborado solo el oficialismo.

En primer lugar el socialista Pablo Farìas  explicó que nunca en el debate interno de Unidos hubo la peregrina idea de una transferencia de la Caja al Estado Nacional y explicó que se buscó la mejor redacción técnica. Y explicó que ahora finalmente se acepta que figure el término en cuestión para que, como confirmo el radical Fabiàn Bastìa “dejar tranquilos” a los beneficiarios del organismo.

Luego se expresaron los convencionales Diego Giuliano y Armando Traferri, del bloque con más convencionales del peronismo. Uno con elementos doctrinarios y una exposición de fondo sobre los procesos constituyentes y el debate público; el otro, desde los años de su experiencia en política para exponer las contradicciones de quienes han cuestionado ese consenso entre radicales, socialistas, macristas, y de peronistas que votaron la ley que declaró la necesidad de la reforma parcial.

El también senador por San Lorenzo expresó que su objetivo al exponer era “desvirtuar con hechos los discursos que decían que todo ya estaba escrito e impreso y solo estábamos aquí para levantar las manos”.

Con fuertes presiones de una parte de la oposición justicialista, la Convención aprovechó el último momento de debate para modificar el dictamen sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, que había acordado internamente la mayoría con las firmas de Unidos para Cambiar Santa Fe y el Frente de la Esperanza.

Los gremios, el justicialismo en pleno y una buena parte de la propia coalición de gobierno piensan que la palabra “intransferible” u otra que aporte la misma condición debería blindar al organismo previsional en la Constitución de Santa Fe frente a la chance de que se piense en su transferencia al Estado Nacional, como ocurrió con la mayoría de la provincias en la década del ‘90.

El dictamen de mayoría agrega a la Caja -ahora intransferible- definiciones de fuerte contenido progresista y, al mismo tiempo, cuida que no haya déficit fiscal.

La Convención Reformadora también formó una importante mayoría para modificar tres artículos de la Carta Magna referidos al Poder Ejecutivo así como cláusula transitoria que habilita al gobernador actual y la vice actual a aspirar a un nuevo mandato constitucional.

La misma enmienda determina que los legisladores y otros cargos electivos tendrán la posibilidad de ser candidatos por dos ocasiones a partir de 2027.

Siete fueron los justicialistas que se sumaron a Unidos y a Fe en la cláusula reeleccionista: Rubén Pirola, Armando Traferri, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa, Alejandra Rodenas, Jaquelina Balangione y Patricia Boni.

Fue Rodrigo Borla (Unidos) el encargo de informar sobre lo actuado y marcó que no prosperó como artículo propio la decisión de tener un ministro coordinador.

Minutos después de las 23, los convencionales votaron en general por el capítulo "Poder Ejecutivo" y el resultado fue: 51 votos a favor y 16 en contra.

Alcides Calvo (Más para Santa Fe) dijo que el objetivo del sector era colaborar para modernizar y fortalecer las instituciones provinciales y marcó diferencias en el tema del indulto.

“Votamos en general y con algunas diferencias conceptuales” señaló el justicialista. Agregó diferencias con la figura del ministro coordinador que “debe estar en la ley de ministerios” y no en la Constitución.

Fue su compañero de bancada, Diego Giuliano, el encargado de marcar diferencias en indultos y conmutación de penas. “Este instituto está en retroceso en el mundo entero”, señaló. “Es inconstitucional porque un superior no puede borrar la decisión de un funcionario”, marcó.

“No advertimos recortes de funciones al gobernador, al contrario se han sumando atribuciones” destacó Marcos Peyrano al fundar el voto en rechazo de La Libertad Avanza. “Va a contramano de lo que debe ser una Constitución”, subrayó.

Activemos también votó en en rechazo al dictamen de mayoría, especialmente por las atribuciones que se le agregan al Poder Ejecutivo. La voz en el recinto fue de Marcelo  Lewandoski con varias objeciones, entre ellas delegar funciones en la figura del vicegobernador así como la inclusión de la función de “persecución del delito” que es tarea de la justicia.

A favor también se expresó la socialista Lionella Cattalini quien destacó la importancia de no habilitar al gobernador el dictado de decretos de necesidad y urgencia.

“Necesitamos institutos nuevos para las gobernanzas que se vienen en la provincia” marcó el también socialista Joaquín Blanco al momento de justificar la importancia que podría tener la figura del ministro Coordinador “como puente e instrumento de gobernabilidad”.

Lucía Masneri, Unidos, defendió la atribución cedida al gobernador en materia de políticas de seguridad que “sirven para defender al ciudadano”, enfatizó.

“Rechazo la posibilidad de reelección del actual gobernador que juró por una Constitución que no permite” señaló Rubén Giustiniani (Activemos).

“El gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un período consecutivo. Si han sido reelegidos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos nuevamente para ninguno de esos cargos sin el intervalo de un período”, señala la redacción del futuro artículo 64.

En cuanto a las atribuciones y deberes del gobernador, el justicialista se diferenció al no convalidar el punto referido a los indultos y conmutación de penas.

Las atribuciones del mandatario a partir de la jura del texto serán las siguientes:

* Representa a la Provincia, es el responsable de la administración, ejecuta las leyes, dirige la planificación, aplicación y evaluación de las políticas públicas;

* Celebra convenios con otras provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con municipios, con entes públicos de otras jurisdicciones y con la Nación, con el objeto de fijar políticas comunes de integración y desarrollo regional y de administración de justicia, con aprobación de la Legislatura y del Congreso de la Nación, según corresponda

También convenios internacionales para la gestión de intereses de la Provincia, con la aprobación de la Legislatura, en tanto no afecten la política exterior de la nación ni las facultades delegadas al Gobierno Federal;

* Concurre a la formación de las leyes con las facultades emergentes de esta Constitución, las promulga y publica;

* Expide reglamentos de ejecución y autónomos de acuerdo con lo previsto por esta Constitución y las leyes;

* Provee a la organización, prestación y control de los servicios públicos, orientados a la eficiencia en las prestaciones, la universalidad de su acceso y el rol de estos en el entramado productivo;

* Celebra contratos;

* Organiza la administración pública para satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad y promueve su mejora continua con el propósito de optimizar su organización y funcionamiento;

* Nombra y remueve a ministros y agentes de la administración pública de acuerdo con las previsiones de esta Constitución y las leyes, siempre que el nombramiento o remoción no competa a otra autoridad;

* Puede asignar al vicegobernador tareas determinadas y concretas dentro del ámbito de la administración y por un plazo determinado, sin que implique delegación de funciones;

* Presenta a la Legislatura antes del treinta y uno de octubre de cada año, el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y de las entidades autárquicas;

* Presenta anualmente a la Legislatura la cuenta de inversión del ejercicio anterior;

* Recauda y dispone la inversión de los recursos de la Provincia con arreglo a las leyes respectivas;

* Informa a la Legislatura, al abrirse las sesiones ordinarias, sobre el estado general de la administración;

* Convoca a sesiones extraordinarias de la Legislatura de conformidad con esta Constitución;

* Efectúa las convocatorias a elecciones en los casos y oportunidades legales;

* Convoca a las iniciativas institucionales de participación ciudadana en los casos previstos en esta Constitución y las leyes;

* Puede indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe de la Corte Suprema de Justicia, excepto delitos contra la administración pública;

* Diseña, planifica y ejecuta políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la Provincia, promoviendo el bienestar general, la inclusión social, el crecimiento económico y el desarrollo productivo, científico y tecnológico, mediante el impulso de la industria y su acceso a mercados.

También el turismo, el asociativismo, el mutualismo, el cooperativismo y la infraestructura estratégica que incluya a los puertos y los sistemas de transporte;

* Diseña, planifica y ejecuta la política de seguridad provincial y la política criminal, en coordinación con los otros poderes provinciales y municipales y con las autoridades competentes en la persecución penal de los delitos;

* Presta el auxilio de las fuerzas de seguridad a todos los órganos, entes y autoridades provinciales y municipales, conforme a la ley;

* Designa un ministro con competencias para articular las relaciones con los otros poderes del Estado, en caso de que así la ley de ministerios lo contemple, cuya designación requerirá acuerdo legislativo y su remoción será atribución del gobernador;

* Conoce y resuelve los recursos e instancias administrativas que establezca la ley;

* Hace cumplir, en su carácter de agente natural del gobierno federal, la Constitución y las leyes de la Nación.

Por último, en el artículo 98 se determina que “pueden ser sometidos a juicio político el gobernador, el vicegobernador y sus sustitutos legales en ejercicio del Poder Ejecutivo, sus ministros, el Fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los del Tribunal de Cuentas"

Y agrega: " y todo aquel funcionario cuya designación requiera acuerdo legislativo siempre que no tenga previsto otro procedimiento de remoción”. Esta nueva redacción, incluye taxativamente a la figura del vicegobernador.