Una fuerte polémica se generó en Córdoba luego de que Alejandro Nicola, sacerdote investigado por presuntos abusos sexuales contra niños que asistían al jardín parroquial Niño Dios de Villa Carlos Paz, fuera visto participando de celebraciones religiosas en la Catedral de Córdoba.

Las imágenes fueron registradas por asistentes y comenzaron a circular en las últimas horas. Según medios cordobeses, Nicola participó de distintas misas y llegó a leer el Evangelio durante una de las ceremonias, situación que provocó el cuestionamiento de familiares que impulsaron las denuncias.

La causa judicial se inició en mayo de 2025 y, de acuerdo con información publicada en junio, ya se habían presentado cinco denuncias de familias de alumnos del jardín. Ante el avance de las presentaciones, el Arzobispado había dispuesto primero que Nicola se apartara del ámbito escolar y posteriormente resolvió su cese preventivo como párroco de Niño Dios, aclarando que la medida pastoral no implicaba adelantar una opinión sobre los hechos investigados.

La aparición pública del sacerdote generó dudas sobre el alcance de aquel apartamiento. Frente a la repercusión, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, aclaró que Nicola continúa sometido a investigaciones tanto en sede judicial como canónica.

❗ Escándalo en Córdoba por un cura abusador de menores👉 Mañana viernes le harán pericias psicológicas📲 #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/U05hKGy8fB

Además, explicó que el sacerdote no se encuentra suspendido del ministerio sacerdotal ni tiene prohibido celebrar la Eucaristía, por lo que su participación en la ceremonia no habría incumplido una disposición canónica vigente.

Desde la Iglesia indicaron, sin embargo, que ante la sensibilidad del caso se actuará con “máxima prudencia” respecto de futuras celebraciones públicas, mientras continúan los procesos correspondientes.

La presencia de Nicola en la Catedral generó rechazo entre familiares denunciantes, que cuestionaron que el sacerdote vuelva a tener exposición pública mientras la investigación permanece abierta. Una de las madres consideró que la situación resultó revictimizante y reclamó señales institucionales más firmes hacia quienes denunciaron los presuntos hechos.

La primera presentación judicial fue realizada el 19 de mayo de 2025 y las denuncias fueron posteriormente unificadas para su investigación. En junio, tras conocerse una quinta presentación, todavía se reclamaba desde las familias que la Fiscalía avanzara en la definición de la situación procesal del sacerdote.

Mientras continúan las actuaciones judiciales y canónicas, las acusaciones contra Nicola permanecen bajo investigación y no existe una condena que establezca su responsabilidad penal.

Una joven de 25 años fue asesinada durante la madrugada de este martes en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla. Por el femicidio fue detenido su expareja, un hombre de 40 años que tenía antecedentes de violencia familiar contra la víctima.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de Independencia y Echeverría, en barrio Santa María Oeste.

Según la información preliminar, Rocío Gómez y Maximiliano Baudraco mantuvieron una discusión que derivó en una agresión con un arma blanca.

La madre de la joven intentó detener el ataque, pero no pudo hacerlo y salió de la vivienda para pedir ayuda.

Cuando regresó al lugar, encontró a su hija gravemente herida en la vía pública. Pese a la asistencia recibida, la víctima murió como consecuencia de las lesiones.

Tras el ataque, el acusado escapó de la vivienda. Durante la huida se cruzó con un vecino, quien aseguró haberlo visto con manchas de sangre.

El testigo contó que le preguntó qué había ocurrido y que el hombre le respondió que había atacado a Rocío.

Luego de recibir el alerta, la Policía desplegó un operativo cerrojo y realizó rastrillajes por distintos sectores de la localidad.

El sospechoso fue localizado y detenido a pocas cuadras de la escena del crimen. Posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información judicial, Baudraco cumplía una condena condicional por violencia familiar en una causa que involucraba a la misma víctima.

Pese a ese antecedente, permanecía en libertad al momento del ataque.

La Fiscalía de Instrucción Nº 2 de Cosquín lo imputó por homicidio calificado por femicidio.

La investigación continúa para reconstruir la secuencia completa del hecho y determinar si existían medidas de protección vigentes u otras denuncias previas.

La búsqueda de Micaela Albornoz, la mujer de 32 años que desapareció hace casi un mes en Rosario, sumó una nueva línea de investigación que ahora concentra parte de los esfuerzos en la provincia de Córdoba.

La Justicia y las fuerzas de seguridad intentan determinar si fue la propia mujer quien realizó movimientos con su tarjeta de débito en esa provincia o si otra persona utilizó sus medios de pago después de su desaparición. Mientras tanto, la familia mantiene el pedido de colaboración a la comunidad y reclama que se profundicen las tareas para encontrarla.

Micaela Albornoz fue vista por última vez el 24 de junio, cuando salió de su vivienda del barrio Villa Manuelita, en la zona sur de Rosario. Según relataron sus familiares, había dicho que iría a una plaza cercana, pero nunca regresó. Desde ese momento se activó un operativo de búsqueda que continúa vigente.

Con el correr de los días surgieron distintos indicios que fueron incorporados a la causa. Entre ellos, el hallazgo de prendas que su familia identificó como pertenecientes a Micaela en inmediaciones del Parque Independencia y, posteriormente, en otro sector de Rosario. Aunque estos elementos fueron sometidos a peritajes, hasta el momento no permitieron establecer dónde se encuentra la mujer.

La principal novedad en la investigación es una pista que trasladó parte de las actuaciones hacia Córdoba. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, los investigadores detectaron movimientos realizados con la tarjeta de débito de Micaela y una extracción de dinero en un cajero automático de esa provincia.

Ahora buscan obtener y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar quién efectuó esas operaciones y si la mujer estuvo realmente en ese lugar.

Por el momento, las autoridades no confirmaron que haya sido ella quien realizó esos movimientos, por lo que todas las hipótesis continúan abiertas.

Desde el inicio de la investigación, los familiares de Micaela sostienen que la mujer atraviesa un cuadro de salud mental y necesita medicación, por lo que consideran que su desaparición no fue voluntaria.

Además, denunciaron haber recibido llamados extorsivos de personas que aseguraban conocer su paradero y exigían dinero a cambio de brindar información. Esas comunicaciones también forman parte de la investigación judicial.

En las últimas semanas, familiares y amigos realizaron movilizaciones frente a la sede de la Fiscalía Regional de Rosario para reclamar que se intensifiquen las medidas de búsqueda.

También solicitaron que se analicen todas las pistas aportadas por vecinos y testigos que afirmaron haber visto a Micaela en distintos puntos de Rosario antes de que surgiera la línea investigativa vinculada con Córdoba.

Mientras continúan las tareas investigativas, las autoridades reiteraron la importancia de que cualquier persona que pueda aportar información se comunique de inmediato con el 911, con la Fiscalía interviniente o con la dependencia policial más cercana.

Los investigadores recuerdan que incluso datos que parezcan menores pueden resultar relevantes para reconstruir los movimientos de una persona desaparecida.

Especialistas en búsqueda de personas también recomiendan no difundir rumores ni cadenas de mensajes no verificadas en redes sociales, ya que pueden entorpecer la investigación y generar falsas expectativas en la familia.

Asimismo, advierten que ante llamados o mensajes en los que se solicite dinero a cambio de información sobre una persona desaparecida, lo aconsejable es no realizar ningún pago y dar aviso inmediato a la Justicia o a las fuerzas de seguridad, ya que este tipo de maniobras suele ser investigado como un intento de extorsión.

Micaela Albornoz mide aproximadamente 1,80 metro, tiene tez trigueña, cabello castaño con reflejos rubios, rizado y hasta los hombros, y ojos marrones. Al momento de desaparecer vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un pantalón de jean y zapatillas de lona negras.

La difusión de estas características sigue siendo una de las principales herramientas para ampliar la búsqueda y facilitar que cualquier dato útil llegue a los investigadores.

Un intento de robo terminó frustrado en la ciudad de Córdoba gracias al monitoreo permanente del sistema de cámaras de seguridad. Un operador del 911 detectó a un hombre que manipulaba un equipo de aire acondicionado instalado en el exterior de un local comercial y dio aviso de inmediato a la Policía.

El episodio ocurrió en barrio Altos de General Paz. Desde la central de monitoreo advirtieron una actitud sospechosa del individuo, que se encontraba desarmando la unidad con el objetivo de extraer piezas de cobre, un material cuyo robo se ha vuelto frecuente por su valor de reventa.

A partir de la alerta, un móvil policial se dirigió rápidamente hasta el lugar señalado. Al arribar, los efectivos sorprendieron al sospechoso mientras continuaba manipulando el aire acondicionado, por lo que procedieron a reducirlo y detenerlo.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron diez tramos de caño de cobre que el hombre ya había retirado del equipo. El material quedó a disposición de la Justicia como parte de la investigación iniciada tras el intento de robo.

La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad y posteriormente difundida por la Policía de Córdoba a través de sus canales oficiales. En las imágenes se observa el seguimiento realizado por el operador del 911 y la rápida llegada de los efectivos al comercio.

La intervención permitió evitar que el sospechoso escapara con los elementos sustraídos y redujo los daños que podría haber sufrido el sistema de climatización del local, cuyo funcionamiento quedó afectado por el desmantelamiento parcial.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del detenido ni informaron si posee antecedentes penales. La causa quedó en manos de la Justicia, que determinará la situación procesal del acusado.

En los últimos años, el robo de cobre se convirtió en una modalidad delictiva cada vez más habitual en distintas ciudades del país. El metal es buscado por su cotización y suele comercializarse de manera ilegal luego de ser extraído de instalaciones eléctricas, equipos de aire acondicionado, obras en construcción y tendidos de servicios.

Este tipo de hechos no solo provoca pérdidas económicas a comerciantes y particulares, sino que también genera importantes inconvenientes por los daños ocasionados en los equipos afectados, cuyo costo de reparación suele ser elevado.

Desde la Policía de Córdoba destacaron que el monitoreo de las cámaras urbanas resulta una herramienta clave para detectar delitos en tiempo real y coordinar una rápida respuesta de las patrullas que se encuentran en la zona.

En esta oportunidad, la intervención conjunta entre el operador del 911 y los efectivos que acudieron al lugar permitió frustrar el robo y recuperar los caños de cobre que ya habían sido extraídos del equipo de aire acondicionado.

Ya rige un nuevo aumento en los peajes de Córdoba. La actualización fue aplicada por Caminos de las Sierras, concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba, desde las 0:00 de este jueves feriado.

Según informó el Ersep, el ajuste se calcula en base a las modificaciones del Coeficiente de Variación de Costos hasta mayo, de acuerdo con lo establecido por la Resolución General N°108.

El impacto no será igual para todos los usuarios, ya que los valores cambian según la categoría del vehículo y la forma de pago.

Para los automovilistas, incluidos en la categoría 2, el nuevo valor referencial será de $1.905,10.

En comparación con junio, el incremento será de $61. Sin embargo, quienes paguen de forma manual en la cabina deberán afrontar un recargo y la tarifa para autos llegará a $3.000.

En el caso de los usuarios de TelePEAJE de Caminos de las Sierras, el valor será de $1.809,84 entre la pasada 1 y la 10, con continuidad de los descuentos según la cantidad de cruces mensuales por estación.

Con la actualización, el cuadro tarifario quedó de la siguiente manera:

El aumento alcanza a las estaciones de la RAC, entre ellas Ruta 20, Ruta 5, Ruta 36, Estación Bower, Autopista Pilar-Córdoba, Ruta 19, Ruta E-53, Ruta 9 Norte, Camino a 60 Cuadras, Ruta 36 Piedras Moras, Arroyo Tegua, Ruta E-55, Ruta 9 Sur, Autovía Ruta 38, Autovía Ruta 5 y el Segundo Anillo de Circunvalación.

De esta manera, los usuarios que circulen por los accesos a Córdoba deberán tener en cuenta los nuevos valores, especialmente si realizan el pago manual, que tendrá tarifas más elevadas que el sistema de TelePEAJE.

Tres personas mayores de edad fueron detenidas en Villa del Totoral, provincia de Córdoba, en el marco de una investigación por comercialización de cocaína.

El procedimiento fue realizado por grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, luego de seis meses de tareas investigativas. En total, se concretaron tres allanamientos ordenados por el Ministerio Público Fiscal.

Los operativos se desarrollaron en domicilios ubicados sobre calles Deán Funes al 600 y 700, en barrio La Loma.

Según se informó, dos de los lugares funcionaban como puntos de venta de droga, mientras que el restante era utilizado para el guardado de estupefacientes. Además, en uno de los inmuebles funcionaba un kiosco.

Durante los allanamientos, con la participación de investigadores y canes detectores de narcóticos, se secuestraron varios envoltorios de cocaína, dinero y elementos aparentemente relacionados con la actividad ilícita.

De acuerdo con la información oficial, las personas detenidas fueron una mujer señalada como referente narco de la ciudad, su nieta y un hombre que cumplía el rol de “colaborador”.

Este último, según indicaron desde la fuerza, es un ex policía exonerado en 2015, que habría alquilado una habitación al frente de su vivienda para ejercer el narcomenudeo.

Finalmente, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María ordenaron la remisión de todos los elementos incautados y el traslado de los tres aprehendidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

El regreso de una jornada deportiva terminó en tragedia en la provincia de Córdoba. Un minibús que trasladaba a 16 niñas de un equipo de fútbol infantil chocó contra un automóvil en una ruta provincial, en un siniestro que dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos.

Las víctimas fatales eran los ocupantes del vehículo de menor porte, mientras que las jugadoras y los adultos que viajaban con ellas recibieron asistencia médica y, en su mayoría, presentaban lesiones de distinta consideración.

El hecho se registró durante la mañana, cuando el minibús regresaba de un encuentro deportivo con las jugadoras a bordo. Por causas que aún son materia de investigación, el transporte colisionó con un automóvil que circulaba por el mismo corredor vial.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos ocupantes del auto murieron en el lugar. En tanto, las niñas, el conductor del minibús y los adultos que las acompañaban fueron asistidos por equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar del siniestro.

Tras el accidente se desplegó un importante operativo que incluyó ambulancias, bomberos, personal policial y agentes de seguridad vial. Varias de las menores fueron derivadas a distintos centros de salud para ser evaluadas, aunque las primeras informaciones indicaron que la mayoría presentaba golpes y traumatismos que no comprometían su vida.

Las autoridades también trabajaron para contener a las familias de las jugadoras, que fueron notificadas mientras avanzaban las tareas de rescate y asistencia en la zona del siniestro.

La Fiscalía interviniente ordenó la realización de pericias accidentológicas para determinar la mecánica del choque y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. Entre las medidas dispuestas figuran el relevamiento de huellas sobre la calzada, el análisis de los vehículos involucrados y la toma de declaraciones a testigos y sobrevivientes.

Las primeras actuaciones buscan determinar factores como las condiciones de circulación, la visibilidad al momento del hecho y la eventual intervención de terceros. Hasta el momento no se difundieron conclusiones oficiales sobre las causas del accidente.

Respecto del grupo de futbolistas, las autoridades sanitarias informaron que todas las menores recibieron atención médica preventiva.

Algunas permanecieron en observación debido a los golpes sufridos durante el impacto, mientras que otras fueron dadas de alta tras los controles correspondientes. Ninguna presentaba lesiones de gravedad, según los reportes médicos difundidos durante la jornada.

El episodio generó conmoción en la comunidad deportiva vinculada al fútbol infantil, especialmente entre familiares, entrenadores y clubes que seguían la actividad del equipo. Diversas instituciones expresaron su acompañamiento a las familias afectadas y manifestaron su pesar por las dos víctimas fatales.

Mientras tanto, el tránsito en el sector permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos y el retiro de los vehículos siniestrados. Recién una vez finalizadas las tareas de relevamiento, la circulación pudo restablecerse de manera normal.

La causa continúa bajo investigación y las autoridades judiciales aguardan los resultados de las pericias técnicas para reconstruir con precisión la secuencia del accidente y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

El Litoral

Una investigación iniciada a partir del robo de una camioneta ocurrido en el estacionamiento de un hipermercado, permitió identificar y llevar a juicio a integrantes de un grupo familiar oriundo de Córdoba que actuó en la ciudad de Santa Fe utilizando inhibidores de señal para vulnerar los sistemas de cierre centralizado de los vehículos.

La causa fue impulsada por la fiscal Rosana Peresín, quien este martes brindó detalles sobre el avance del expediente y las resoluciones judiciales alcanzadas respecto de los imputados.

La pesquisa comenzó tras un hecho registrado el 14 de agosto de 2024, cuando delincuentes sustrajeron una Volkswagen Amarok estacionada en el predio comercial.

Las primeras medidas permitieron establecer que el robo había sido cometido mediante la utilización de un inhibidor de frecuencia, dispositivo que impide que el vehículo reciba la señal del comando de cierre remoto y deja las puertas sin trabar, aunque el propietario crea haberlas asegurado.

A partir del análisis de cámaras de videovigilancia, lectores de patentes (LPR) y otras tareas investigativas desarrolladas por la Policía de Investigaciones de Santa Fe junto con personal especializado de Córdoba, los investigadores reconstruyeron el recorrido de un Volkswagen Suran que había llegado desde esa provincia y que fue utilizado durante la maniobra.

La pesquisa permitió identificar a su conductor y avanzar sobre el grupo de personas que había viajado hasta Santa Fe para cometer el delito.

Según explicó Peresín, uno de los principales involucrados es un hombre de apellido Pimentel, quien fue condenado mediante un procedimiento abreviado a un año y diez meses de prisión efectiva.

El imputado fue considerado responsable no sólo del robo cometido en el estacionamiento del hipermercado, sino también de otro episodio ocurrido el 30 de octubre de 2024 en la ciudad de Santa Fe, cuando volvió a utilizar la misma modalidad delictiva, aunque en esa oportunidad se movilizaba en un automóvil Chevrolet.

La condena incluye además el pago de una reparación económica de cuatro millones de pesos que será distribuida proporcionalmente entre las víctimas.

La fiscal explicó que la pena efectiva obedeció a los antecedentes penales del acusado, quien registra una condena por homicidio en la provincia de Córdoba y otra más reciente por un delito de hurto simple cometido en Esperanza.

La investigación también alcanzó al hijo de Pimentel, quien fue imputado como coautor de un hurto calificado por el uso de instrumento llave en un hecho ocurrido el 19 de febrero de 2025.

En aquella oportunidad, la víctima fue el abogado y fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Lascurain, a quien le sustrajeron un teléfono celular y tarjetas bancarias luego de inhibir el cierre de su camioneta.

Peresín aclaró que el hijo del condenado accederá a una condena de ejecución condicional debido a que no registra antecedentes penales.

Por su parte, una mujer —titular registral de los vehículos utilizados en distintas maniobras y pareja del hijo— recibió una suspensión de juicio a prueba. La fiscal le atribuyó una participación necesaria por haber facilitado los automóviles empleados durante los hechos investigados.

Aunque los tres imputados integran un mismo núcleo familiar, la representante del Ministerio Público descartó que existan elementos suficientes para sostener una acusación por asociación ilícita.

"No puedo acreditar una organización criminal. Son familiares y participaron en distintos hechos, pero jurídicamente no contamos con pruebas para sostener esa figura penal", explicó.

No obstante, la investigación permitió reconstruir una modalidad reiterada de actuación basada en el traslado desde Córdoba hacia Santa Fe para cometer robos mediante inhibidores electrónicos y luego regresar a su provincia.

Los investigadores establecieron que los delincuentes aguardaban que las víctimas descendieran de sus vehículos en estacionamientos o lugares de gran circulación.

Mediante un inhibidor de frecuencia impedían que el cierre centralizado respondiera al comando a distancia. Como consecuencia, el automóvil permanecía abierto sin que el propietario advirtiera la maniobra.

Una vez que la víctima se alejaba, los autores abrían las puertas sin ejercer violencia y sustraían dinero, teléfonos celulares, documentación, computadoras u otros objetos de valor.

Peresín advirtió que estos dispositivos han evolucionado tecnológicamente y recordó que actualmente también existen herramientas electrónicas de mayor alcance, como los denominados "Pandora", capaces de ampliar el radio de acción respecto de los inhibidores tradicionales.

Por ese motivo recomendó verificar manualmente que las puertas hayan quedado efectivamente trabadas al abandonar el vehículo y evitar dejar documentación personal, llaves o referencias al domicilio dentro del habitáculo, ya que esa información puede facilitar nuevos delitos, como ingresos posteriores a viviendas.

(FPA) realizaron controles selectivos de vehículos y personas en distintos puntos de la provincia de Córdoba, donde lograron el secuestro de estupefacientes.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo a la altura del peaje de la Autopista Córdoba–Villa Carlos Paz, donde grupos operativos, acompañados por canes detectores de narcóticos, controlaron un automóvil marca Chevrolet.

Durante la inspección, se constató que el conductor, un hombre de 26 años oriundo de la ciudad de Córdoba, llevaba entre sus pertenencias varias dosis de marihuana, por lo que se procedió al secuestro del material.

Por otra parte, se desplegaron patrullajes preventivos en los barrios Nueva Córdoba, de la capital provincial, y 400 Viviendas, de la ciudad de Río Cuarto. En ambos sectores, los efectivos incautaron envoltorios y cigarrillos de cannabis sativa.

También se realizaron controles sobre la Ruta Nacional 19, en jurisdicción de Devoto, como parte del mismo esquema de prevención.

Desde la fuerza informaron que los operativos forman parte del plan estratégico de prevención y lucha contra el narcotráfico, llevado adelante por la FPA y dirigido por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba.

Finalmente, los estupefacientes secuestrados fueron remitidos a las sedes judiciales correspondientes.

La muerte de Leandro Andrés Bertazzo, el instructor de vuelo que cayó de un avión durante una práctica en Córdoba, continúa siendo investigada por la Justicia Federal.

Bertazzo tenía 42 años y trabajaba desde hacía cuatro años como instructor en la escuela Flying Parrot Córdoba, ubicada en Coronel Olmedo. Además, era piloto comercial de primera clase, instructor de vuelo y piloto de transporte de línea aérea.

El hecho ocurrió el sábado por la tarde, cuando el instructor realizaba un vuelo junto a una joven de 22 años que ya contaba con licencia de piloto privado, aunque tenía pocas horas de experiencia. Por ese motivo, debía volar acompañada por un instructor o piloto de seguridad.

Antes de ese vuelo, Bertazzo había realizado una práctica de reentrenamiento con otro piloto, actividad que se desarrolló con normalidad, según indicaron desde la institución.

Mientras sobrevolaban la zona rural de Toledo, en el departamento Río Segundo, se produjo el episodio que terminó con la muerte del instructor.

De acuerdo con la reconstrucción realizada a partir del relato de la alumna, Bertazzo le habría pedido que mantuviera el vuelo. Luego, la joven alertó sobre la situación y decidió regresar a la pista.

Pese al impacto del momento, la alumna logró controlar el Cessna C-150 y aterrizar la aeronave sin sufrir lesiones.

Tras recibir el aviso, el director de la escuela, Eduardo Álvarez, despegó para intentar localizar al instructor. Luego de varios minutos de búsqueda, encontró el lugar de la caída y dio aviso a las autoridades.

En el sector trabajaron efectivos de la Patrulla Rural Centro y un servicio de emergencias. Cuando los médicos llegaron, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Bertazzo.

La noticia generó una profunda conmoción entre compañeros, alumnos y autoridades de la institución. Desde la escuela señalaron que no habían advertido conductas extrañas ni señales previas que hicieran prever una situación de este tipo.

Álvarez recordó que el instructor había llegado a la escuela como en cualquier otra jornada laboral y que incluso había desarrollado un vuelo previo con normalidad.

“Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Había volado con un alumno antes”, expresó el director en diálogo con medios nacionales.

También remarcó que, por la dinámica propia de la actividad, existe un vínculo profesional muy cercano entre instructores y alumnos, pero que nadie logró advertir lo que podía ocurrir.

Bertazzo llevaba cerca de una década formándose dentro de la institución, donde obtuvo distintas licencias hasta consolidarse como instructor. Su perfil profesional también reflejaba experiencia laboral en Chile.

La investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Córdoba, que deberá determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la muerte del instructor.

La empresa Metalfor, uno de los nombres más reconocidos de la industria metalmecánica y fabricante de maquinaria agrícola, ingresó en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo de Córdoba.

La medida fue formalizada en el marco de una audiencia con participación de directivos de la compañía y representantes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con el objetivo de encauzar las negociaciones y buscar una salida ordenada frente a los problemas financieros que atraviesa la firma.

El Procedimiento Preventivo de Crisis es una herramienta prevista por la legislación laboral para abrir una instancia de negociación entre la empresa, los trabajadores y la autoridad administrativa.

En este caso, el proceso tendrá una vigencia inicial de 10 días, aunque puede prorrogarse por otro período similar o extenderse el tiempo que la autoridad laboral considere necesario hasta alcanzar una solución.

Durante esta etapa, Metalfor deberá presentar en un plazo de 48 horas un plan destinado a encarar su crisis financiera y garantizar la continuidad de sus actividades.

Una vez formalizada esa propuesta, la UOM contará con otras 48 horas para analizar el contenido y realizar observaciones.

Desde el sindicato indicaron que, mientras dure el proceso de negociación, la empresa no podrá avanzar con despidos ni suspensiones.

El objetivo de la instancia es resguardar los puestos de trabajo, ordenar la situación interna y evaluar alternativas que permitan sostener la actividad productiva.

Metalfor es considerada una de las principales compañías argentinas dedicadas a la fabricación de pulverizadoras, fertilizadoras y maquinaria agrícola, con fuerte presencia en el sector agroindustrial.

La situación financiera de la firma encendió señales de alerta en las últimas semanas. Según datos atribuidos al Banco Central, Metalfor mantiene deudas con el sistema financiero por alrededor de $52.000 millones.

Además, una parte importante de ese monto se encuentra clasificada en categorías que van desde seguimiento especial hasta niveles de mayor riesgo crediticio.

A ese cuadro se suma la existencia de 558 cheques rechazados por más de $5.348 millones, de los cuales solo una parte menor habría sido regularizada.

Paralelamente, la empresa enfrenta un pedido de quiebra que tramita por la vía judicial y que avanza de manera independiente al Procedimiento Preventivo de Crisis abierto ante el organismo laboral cordobés.

Ese frente judicial agrega presión sobre una compañía que ya venía registrando dificultades de liquidez, tensiones con proveedores y demoras en pagos.

La crisis de Metalfor se da en un contexto complejo para parte de la industria vinculada al agro, afectada por el encarecimiento del financiamiento, la caída de ventas en algunos segmentos y las restricciones de liquidez.

Si bien el campo mantiene niveles de actividad importantes en determinadas regiones, la demanda de maquinaria agrícola no siempre acompaña al mismo ritmo, especialmente cuando los productores postergan inversiones de alto valor.

En ese escenario, el Procedimiento Preventivo de Crisis aparece como una instancia clave para definir el futuro inmediato de Metalfor, ordenar su situación financiera y preservar su capacidad productiva.

Un sismo de magnitud 4 se registró en la madrugada de este miércoles 1° de julio en la provincia de Córdoba y fue percibido por habitantes de distintas ciudades del territorio provincial.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el movimiento ocurrió a la 1.34 y tuvo una profundidad de 11 kilómetros, una característica que favoreció que pudiera sentirse en una amplia zona, pese a tratarse de un evento de intensidad moderada.

De acuerdo con el reporte oficial del Inpres, el epicentro se ubicó en el norte cordobés, a unos 30 kilómetros al sudoeste de Deán Funes, 55 kilómetros al norte de La Falda y 77 kilómetros al este de Serrezuela. La magnitud fue de 4 en la escala de Richter y la profundidad se estimó en 11 kilómetros.

La escasa profundidad del fenómeno hizo que el temblor fuera percibido con claridad en varias localidades, especialmente por personas que se encontraban en reposo durante la madrugada. En redes sociales, numerosos usuarios comentaron haber sentido el movimiento y relataron que la vibración despertó a quienes dormían o hizo oscilar muebles, ventanas y objetos colgantes.

El Inpres indicó que la intensidad alcanzó entre III y IV en la escala Mercalli Modificada en las zonas más cercanas al epicentro, como Deán Funes y Cruz del Eje. En esos lugares, el sismo fue percibido por muchas personas dentro de edificios y provocó el movimiento de objetos suspendidos, aunque sin consecuencias de consideración.

En otras ciudades, entre ellas la capital cordobesa, Villa Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa Dolores y Villa del Rosario, la intensidad fue menor, entre II y III de la escala Mercalli. En esos casos, el movimiento fue sentido principalmente por personas en reposo o en pisos elevados, sin generar situaciones de riesgo.

Pocas horas después del evento, el organismo nacional publicó el informe técnico correspondiente y recordó que Argentina cuenta con una red permanente de monitoreo que registra la actividad sísmica en tiempo real y permite informar rápidamente las características de cada movimiento telúrico.

Hasta el momento, las autoridades provinciales y los organismos de Defensa Civil informaron que no se registraron heridos ni daños materiales como consecuencia del sismo. Tampoco fue necesario evacuar edificios ni se reportaron inconvenientes en servicios públicos o infraestructura.

Si bien Córdoba no integra las provincias argentinas con mayor actividad sísmica —como San Juan, Mendoza, La Rioja o Salta—, el norte provincial registra periódicamente movimientos de baja y mediana intensidad vinculados a fallas geológicas activas de la región.

La mayoría de estos eventos pasan inadvertidos, aunque algunos, como el ocurrido durante esta madrugada, son percibidos por la población debido a su magnitud o a la escasa profundidad del epicentro.

Especialistas recuerdan que un sismo de magnitud 4 es considerado moderado y, en general, no provoca daños estructurales importantes. Sin embargo, cuando ocurre a poca profundidad puede sentirse con mayor intensidad en las localidades cercanas al epicentro, como sucedió en este caso.

El episodio se suma a otros movimientos registrados durante las últimas semanas en Córdoba. Días atrás, el Inpres había reportado sismos de menor magnitud en distintos sectores de la provincia, lo que refleja una actividad sísmica habitual para la región y que forma parte de la dinámica geológica del centro del país.

Ante este tipo de fenómenos, los organismos especializados recomiendan mantener la calma, evitar difundir información no verificada y seguir únicamente las comunicaciones oficiales. También recuerdan la importancia de conocer las medidas básicas de prevención, como identificar zonas seguras dentro de viviendas y edificios, alejarse de ventanas durante un temblor y no utilizar ascensores si fuera necesario evacuar una construcción.

Mientras tanto, el Inpres continúa monitoreando la actividad sísmica en la zona para detectar posibles réplicas, aunque hasta las primeras horas de este miércoles no se habían informado nuevos movimientos asociados al evento principal.

Un inusual hallazgo en una planta de reciclaje de la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, generó un operativo de seguridad luego de que empleados encontraran un bloque presuntamente de uranio empobrecido durante tareas de descarga de materiales.

El hecho ocurrió en una planta ubicada en la intersección de la colectora de la ruta A005 y Lorenzo Suárez de Figueroa, donde se activaron protocolos de seguridad y se desplegaron fuerzas especializadas tras la advertencia del material.

Según se informó, el elemento fue detectado cuando los operarios realizaban la clasificación de residuos y observaron una pieza metálica con la inscripción “uranio empobrecido”, lo que encendió las alarmas y motivó la intervención inmediata de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía de la Departamental y Policía Federal.

Durante el operativo preventivo, las autoridades ordenaron el aislamiento del área y el retiro de al menos ocho trabajadores que habrían tenido contacto inicial con el material antes de la activación del protocolo.

Posteriormente, las evaluaciones técnicas realizadas en el lugar indicaron “parámetros de dosis bajas de radiación”, lo que llevó tranquilidad respecto a un riesgo inmediato para la salud de las personas involucradas, aunque el material quedó bajo resguardo para su análisis.

El uranio empobrecido es un subproducto del proceso de enriquecimiento del uranio natural. Si bien mantiene cierto nivel de radiactividad, su intensidad es menor en comparación con otros compuestos del mismo elemento.

Se trata de un material utilizado principalmente en aplicaciones industriales y militares, especialmente por su alta densidad, lo que lo hace útil en blindajes y municiones perforantes.

Nuevas imágenes de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, salieron a la luz y podrían transformarse en un elemento clave para la investigación.

El material fue captado el domingo 24 de mayo, apenas horas después de la desaparición de la adolescente, frente a la vivienda del acusado ubicada en Juan del Campillo 878, en barrio Cofico.

En la secuencia se observa a Barrelier salir de su casa, cruzar hacia la vereda de enfrente y detenerse frente a una cámara de seguridad. Allí mira el dispositivo con atención y luego continúa caminando.

Para los investigadores, esos movimientos podrían indicar que intentaba determinar el alcance de la cámara, hacia dónde apuntaba y qué sector podía registrar.

El dato no es menor: se trata de la misma cámara que ya había captado momentos centrales para la causa.

Según la investigación, ese dispositivo registró el ingreso de Barrelier junto a Agostina la noche del sábado 23 de mayo. También habría captado, dos días después, el momento en que el acusado cargó el cuerpo de la joven en un Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani.

En las nuevas imágenes, Barrelier aparece con pantalón gris, campera del mismo color, capucha azul y zapatillas negras.

El fiscal Raúl Garzón sostiene como principal hipótesis que el acusado asesinó a Agostina dentro de su vivienda y luego intentó ocultar sus movimientos antes de deshacerse del cuerpo.

El nuevo material será analizado en detalle para reconstruir la secuencia posterior al crimen.

Los investigadores buscan establecer qué hizo Barrelier en las horas posteriores a la desaparición de Agostina, cómo habría organizado el traslado del cuerpo y si actuó solo o contó con la colaboración de otras personas.

La causa ya cuenta con tres detenidos y las cámaras de seguridad se convirtieron en una pieza central para avanzar en la reconstrucción del hecho.

De acuerdo con la línea de investigación del fiscal Garzón, Agostina habría ingresado a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo.

Entre esa noche y la madrugada siguiente, según la hipótesis judicial, habría sido atacada y asesinada por asfixia.

Luego, Barrelier habría mantenido el cuerpo durante varias horas en la vivienda antes de iniciar un plan para hacerlo desaparecer.

La reconstrucción sostiene que el lunes por la mañana cargó los restos en el Ford Ka de Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fueron enterrados con la intención de ocultar pruebas del crimen.

Con la aparición de las nuevas imágenes, la Justicia busca cerrar los puntos pendientes de la secuencia y precisar el rol de cada persona investigada.

El caso continúa bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, mientras se incorporan pericias, testimonios y registros audiovisuales que podrían ser determinantes para esclarecer el femicidio de Agostina Vega.

El fiscal Raúl Garzón convocó a indagatoria a Claudio Barrelier en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba. El acusado compareció junto a su abogado defensor, negó cualquier participación en el hecho y decidió no responder preguntas durante la audiencia.

Barrelier está señalado como presunto autor material del homicidio agravado en un contexto de violencia de género. Sin embargo, en el avance de la investigación, la fiscalía modificó la imputación y agravó la carátula a “homicidio triplemente calificado”, lo que profundiza la gravedad de la acusación en su contra.

El acusado se presentó ante la Justicia acompañado por su defensor y mantuvo su postura de inocencia, sin brindar declaración ante el fiscal.

En la causa también se encuentran detenidos Fassetta y Andreani, quienes están acusados del delito de encubrimiento. Se espera que ambos presten declaración indagatoria durante la mañana del miércoles.

De acuerdo con la investigación, la fiscalía sostiene que cada uno de los implicados habría tenido un rol específico dentro del hecho, y que Barrelier no habría actuado solo.

Fassetta mantenía una relación de amistad con el principal acusado desde hacía aproximadamente 10 meses, vínculo que se habría iniciado en el ambiente futbolero, en relación con su simpatía por el club Instituto. Ambos compartían domicilio en el barrio Cofico, lugar donde se presume que ocurrió el crimen.

La reconstrucción judicial indica que Agostina Vega habría ingresado a la vivienda el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada siguiente, habría sido víctima de abuso y posteriormente asesinada por asfixia.

Según la hipótesis del fiscal Garzón, el acusado habría mantenido el cuerpo durante varias horas antes de ejecutar un plan para deshacerse de los restos.

La investigación sostiene que el lunes por la mañana el cuerpo habría sido trasladado en un vehículo perteneciente a Andreani hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra, donde posteriormente fue enterrado con la intención de ocultar el crimen.

La mujer también es investigada por haber facilitado el automóvil y por presuntamente haber limpiado el rodado. Entre las pruebas más relevantes se mencionan registros fílmicos que la ubicarían junto al principal acusado tras el hecho.

La desesperación que mantenía en vilo a la provincia de Córdoba se transformó en un profundo alivio este martes por la tarde. Luciana B., la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la localidad de Colonia Caroya tras salir de la escuela el lunes al mediodía, fue encontrada con vida en la vecina ciudad de Jesús María. El hallazgo se produjo luego de un megaoperativo de rastrillaje y de la activación del protocolo nacional de emergencia Alerta Sofía.

La menor fue localizada en el interior de una vivienda abandonada y deshabitada en Jesús María. Según precisó César Seculi, secretario de Gobierno de Colonia Caroya, la propiedad se encuentra ubicada exactamente frente a los edificios de los Tribunales locales, un sector caracterizado por el constante movimiento y tránsito de personas.

Al momento de ser identificada por las fuerzas de seguridad, Luciana no estaba sola: se encontraba acompañada por otro adolescente de 16 años, también oriundo de Colonia Caroya.

Para dar con el paradero de la joven, las autoridades provinciales y judiciales habían desplegado un importante despliegue logístico y humano en distintos puntos de la región. El megaoperativo incluyó la participación de 90 efectivos policiales, 25 móviles terrestres, drones y el apoyo aéreo de un helicóptero de la fuerza.

Tras el procedimiento de rescate, la adolescente fue trasladada de inmediato al Hospital de Jesús María, donde el personal médico le practicó los controles y chequeos de rutina correspondientes para constatar su estado general. De acuerdo a lo informado de manera oficial por el Ministerio Público Fiscal (MPF), Luciana ya fue restituida y se encuentra junto a su familia.

A pesar del desenlace positivo que llevó tranquilidad a la comunidad, la causa judicial continúa abierta y bajo secreto de sumario. La Fiscalía de Instrucción de Jesús María trabaja en el análisis del caso para determinar fehacientemente cuáles fueron los motivos de la desaparición de la menor, el itinerario que realizó desde el lunes y los detalles precisos de las circunstancias en las que fue hallada en la casa abandonada.

El Litoral

El Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía para dar con el paradero de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que es buscada desde el lunes 8 de junio en la localidad cordobesa de Colonia Caroya.

La medida fue solicitada por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo de Guillermo Monti, en el marco de las actuaciones iniciadas por averiguación de paradero. La activación del sistema busca difundir de manera masiva la imagen y los datos de la adolescente en todo el país.

Según la información oficial, Luciana falta de su domicilio desde el lunes al mediodía. Es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro. Al momento de ausentarse, vestía zapatillas blancas y verdes, jean azul y buzo azul marino.

Toda información sobre su paradero puede ser aportada a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a los teléfonos 03525 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya, al 911, o en cualquier sede judicial o policial. También se encuentra disponible la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La joven reside en la zona rural de Los Molles y todos los días se trasladaba al Colegio Presbítero José Bonoris, donde fue vista por última vez. Desde entonces, las autoridades provinciales y judiciales intensificaron las tareas para reconstruir su recorrido.

Este martes por la mañana se desplegó un amplio operativo con rastrillajes en Colonia Caroya y zonas aledañas, entre ellas Jesús María y Sinsacate. Las tareas incluyen la participación de cuerpos especiales de la Policía de Córdoba, un helicóptero, móviles policiales y alrededor de 90 efectivos.

También se sumaron bomberos con personal y drones, con el objetivo de ampliar las zonas de búsqueda y acceder a sectores de mayor complejidad.

Durante la noche del lunes se realizó una pesquisa dentro del edificio escolar con perros rastreadores. Además, se efectuaron barridos en la zona de calle Pedro Patat, una de las salidas de Colonia Caroya, y en el sector donde vive la familia de Luciana.

La Justicia también analiza cámaras de seguridad de comercios y domicilios cercanos al colegio, aunque hasta el momento no se informó oficialmente si la adolescente subió a algún vehículo.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó a Colonia Caroya y mantuvo reuniones con el fiscal Monti. Según indicó, las tareas comenzaron el lunes por la tarde y se mantendrán hasta dar con la adolescente.

“No vamos a parar hasta encontrarla”, afirmó el funcionario provincial, quien también confirmó que el teléfono de Luciana emitió señal por última vez durante la tarde del lunes.

La Alerta Sofía es un sistema de emergencia que se activa ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes cuando se considera que pueden encontrarse en situación de riesgo. Su objetivo es difundir rápidamente datos e imágenes oficiales para ampliar la colaboración ciudadana y acelerar la búsqueda.

En este caso, el perfil de Luciana ya fue incorporado al Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas.

Las autoridades recordaron que cualquier dato puede ser aportado de forma anónima y gratuita a través de los canales oficiales.

La Justicia de Córdoba y las fuerzas de seguridad provinciales mantienen una intensa búsqueda para localizar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que desapareció luego de salir de la escuela en la localidad de Colonia Caroya.

La joven fue vista por última vez al mediodía del lunes, cuando abandonó el Colegio Presbítero José Bonoris, y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. La denuncia fue radicada por su madre y derivó en la activación de un importante operativo coordinado por autoridades judiciales y policiales.

Según la información difundida por los investigadores, Luciana fue vista por última vez alrededor de las 12, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con los testimonios recogidos durante las primeras horas de la investigación, una compañera habría sido la última persona en tener contacto con ella.

La joven le contó a los investigadores que ambas se separaron luego de la salida de clases, cuando Luciana permaneció en una parada esperando el colectivo. Desde ese momento no volvió a ser vista.

La desaparición generó preocupación entre familiares, vecinos y autoridades de Colonia Caroya, una ciudad ubicada en el departamento Colón, al norte de la capital cordobesa. Mientras avanzan las tareas de búsqueda, la Fiscalía de Instrucción de Jesús María trabaja para reconstruir los movimientos de la adolescente durante las horas posteriores a su salida del establecimiento educativo.

Fuentes vinculadas a la causa señalaron que la adolescente es conocida en su entorno como una joven tranquila y solidaria. Además, indicaron que vive con su familia en la zona y que hasta el momento no se habían reportado situaciones previas de características similares. Los investigadores, sin embargo, evitan formular hipótesis públicas y mantienen abiertas todas las líneas de análisis.

Para facilitar su identificación, la Policía difundió una descripción física de la menor. Luciana tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo de color negro y una altura aproximada de 1,60 metro. Al momento de su desaparición vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes. Su fotografía también fue distribuida a través de los canales oficiales de seguridad y en redes sociales.

La magnitud del operativo refleja la preocupación de las autoridades provinciales por el caso. El Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso recursos especiales para la búsqueda y el propio ministro Juan Pablo Quinteros se trasladó a Colonia Caroya para supervisar las tareas junto a efectivos policiales y representantes de la Justicia.

De acuerdo con la información oficial, participan del procedimiento cerca de 90 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero que realiza sobrevuelos en distintos sectores de la región.

Los rastrillajes se concentran tanto en áreas urbanas como rurales, mientras los investigadores analizan registros de cámaras de seguridad y recopilan testimonios que puedan aportar datos relevantes para determinar qué ocurrió después de que la adolescente abandonó la escuela.

Las tareas son coordinadas por el fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación judicial. Desde la fiscalía remarcaron que cualquier dato puede resultar de utilidad para avanzar en la búsqueda y pidieron a la población aportar información de manera inmediata ante cualquier indicio relacionado con el paradero de la joven.

Las autoridades habilitaron distintas vías de contacto para recibir información. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse con la Policía de Córdoba, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana. También se reciben avisos a través de la Comisaría de Colonia Caroya y de las oficinas judiciales que intervienen en el caso.

El Litoral

El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que conmociona a la provincia de Córdoba y al país, sumó capítulos determinantes este lunes. Claudio Gabriel Barrelier (33), único imputado como autor material del crimen, recibió el alta médica tras permanecer varios días internado en el centro de salud del Complejo Carcelario N° 1 “Reverendo Padre Luchesse”, en la localidad de Bouwer.

Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) confirmaron que el detenido se encuentra en buen estado de salud general y fue trasladado nuevamente a su celda común, bajo estrictas medidas de seguridad. Su internación se había dispuesto luego de que los equipos de salud mental detectaran "la presencia de ideas y pensamientos suicidas" durante las evaluaciones de rutina aplicadas a internos catalogados como presos de "alto perfil".

Durante su estadía en el hospital modular, Barrelier estuvo bajo la estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), la unidad táctica de élite de la fuerza penitenciaria. Con esta alta médica, el fiscal de la causa, Raúl Garzón, cuenta con el aval técnico para ordenar una nueva indagatoria del principal sospechoso en los próximos días.

En paralelo, la investigación avanza sobre el entorno de la vivienda de barrio Cofico donde se habría perpetrado el asesinato. El jueves pasado, la fiscalía ordenó la detención de Osvaldo Fassetta (47), quien alquilaba una habitación dentro de la misma propiedad de Barrelier, imputándolo por presunto "encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género".

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, rompió el silencio y aportó detalles clave sobre el comportamiento de Fassetta en las horas posteriores a la desaparición de la menor. Según su testimonio, el segundo detenido intentó mostrarse colaborativo desde el primer momento, una actitud que la familia hoy lee con extrema sospecha.

“Yo a ese personaje lo conocí ese mismo domingo porque él acompañó a mi hija a hacer la denuncia”, afirmó Elizabeth, confirmando que Fassetta estuvo al lado de Melisa Heredia, madre de la víctima, en la comisaría.

Asimismo, la mujer precisó que el imputado de 47 años estuvo presente cuando los efectivos policiales realizaron las primeras inspecciones en la vivienda. “Sé que a él le prestaban o le alquilaban en lo de Barrelier y él fue quien le habilitó a la Policía para que entraran a la casa”, añadió la abuela.

Para los investigadores liderados por el fiscal Garzón, la aparente colaboración inicial de Fassetta habría sido una maniobra para desviar la atención y ocultar información vital mientras la adolescente permanecía cautiva o se alteraba la escena del crimen. El perfil trazado por los pesquisas señala que el hombre, padre de dos hijos y vinculado a la construcción, atravesaba una severa crisis económica y laboral, lo que lo llevó a aceptar la cohabitación con Barrelier.

La hipótesis judicial apunta a que Fassetta cooperó activamente o calló detalles críticos sobre el recorrido de un automóvil Ford Ka negro y las maniobras de personas encapuchadas captadas por cámaras de seguridad retirando bultos de la finca. La querella del caso ya solicitó que se amplíen las imputaciones hacia el entorno del dueño del auto prestado a Barrelier, mientras se esperan pericias biológicas clave para determinar si existió una limpieza profunda del lugar.

La causa por el femicidio de Agostina Vega incorporó un nuevo episodio este jueves tras la clausura de “Wachitas Bar”, un local nocturno de Córdoba que quedó bajo atención pública por una conexión indirecta con una de las personas mencionadas en la investigación judicial.

La medida fue ordenada por el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba, que dispuso el cierre inmediato del comercio ubicado en calle Ituzaingó al 521 luego de detectar diversas irregularidades durante una inspección.

Según el informe elaborado por los inspectores municipales, el establecimiento desarrollaba actividades para las cuales no tenía habilitación correspondiente y presentaba incumplimientos vinculados a seguridad, higiene y salubridad.

Entre las observaciones registradas se incluyeron fallas en la instalación eléctrica, ausencia de señalización para emergencias y vías de evacuación, además de matafuegos con la carga vencida. Las autoridades consideraron que estas condiciones representaban un riesgo para quienes asistían al lugar.

Además, el bar habría realizado modificaciones estructurales sin autorización municipal. El comercio también acumulaba antecedentes de sanciones durante 2025 por exceso de capacidad, ruidos molestos y realización de eventos sin permiso.

La situación se agravó cuando personal de control constató que los sellos de clausura habían sido retirados sin autorización. A raíz de esta infracción, el municipio confeccionó nuevas actas y reinstaló las fajas de seguridad.

Aunque el cierre se produjo por cuestiones administrativas y de seguridad, el nombre de “Wachitas Bar” tomó relevancia por una línea de investigación relacionada con el femicidio de Agostina Vega.

La Justicia investiga a Soledad Andreani, quien se desempeñaba como encargada de producción de eventos del local y es propietaria de un Ford Ka negro considerado una pieza clave dentro de la causa.

Los investigadores sostienen que ese vehículo habría sido utilizado por Claudio Barrelier, principal acusado del femicidio, para trasladar el cuerpo de la adolescente.

Andreani declaró ante la Justicia que Barrelier le pidió prestado el automóvil con el argumento de que debía llevar ropa a la casa de un familiar y aseguró que sintió desconfianza ante el pedido.

Días atrás, tras la repercusión pública del caso, los responsables de Wachitas Bar difundieron un comunicado para desligar al establecimiento de las conductas investigadas en el expediente judicial.

Desde el local afirmaron que las personas bajo investigación no integran la titularidad ni poseen participación accionaria dentro del negocio. También remarcaron que no pueden responsabilizarse por hechos ocurridos fuera del ámbito laboral.

Asimismo, indicaron que los peritajes realizados dentro del comercio no habrían encontrado elementos de interés para la investigación vinculada al femicidio.

El Litoral