El exintendente de Ceres, Camilo Enzo Busquets, fue condenado por delitos cometidos contra la administración pública durante sus períodos de gobierno entre 2003 y 2019. La sentencia fue dictada este viernes en un juicio oral y público realizado en los tribunales de San Cristóbal.

Busquets, de 69 años, recibió una pena de dos años y diez meses de prisión condicional, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo proceso también fue condenado el exsecretario de Hacienda de su última gestión, Lucas Sebastián Cañete, quien recibió una pena de dos años y tres meses de prisión condicional y la misma inhabilitación.

La resolución fue tomada por los jueces Cecilia Álamo, Javier Bottero y Nicolás Stegmayer, quienes además absolvieron a una exsecretaria de Hacienda de Ceres, identificada con las iniciales BSG, quien había sido juzgada por hechos vinculados a la investigación.

El debate contó con la participación del fiscal Guillermo Loyola, de la Sección Criminalidad Económica y Compleja de la Fiscalía Regional 5, en representación del Ministerio Público de la Acusación.

Tras conocerse el veredicto, Loyola señaló que esperarán los fundamentos del fallo para analizar los próximos pasos, aunque valoró la decisión de condenar a los dos exfuncionarios investigados.

Según explicó el fiscal, durante el juicio se logró demostrar que Busquets cometió distintos delitos en perjuicio de la administración pública mientras estuvo al frente de la Municipalidad de Ceres.

Entre los hechos por los que fueron condenados se encuentra el desvío de fondos recibidos en concepto de Financiamiento Educativo durante 2017. De acuerdo con la acusación, esos recursos fueron utilizados para un destino diferente al establecido.

Además, la Fiscalía sostuvo que los exfuncionarios realizaron procedimientos irregulares para la ejecución de obras públicas, mediante llamados a concursos privados de precios en casos que, por los montos involucrados, debían tramitarse a través de licitaciones públicas.

El fiscal Loyola afirmó que esas maniobras generaron un perjuicio patrimonial, ya que algunas obras fueron abonadas cuando todavía no estaban finalizadas o se adjudicaron concursos sin respetar los procedimientos previstos por la normativa municipal.

Busquets fue condenado como coautor de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y como autor de fraude a la administración pública y abuso de autoridad.

En tanto, Cañete fue condenado como coautor de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de ser considerado partícipe necesario de fraude a la administración pública.

El exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho quedó en prisión preventiva luego de tres jornadas de audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, donde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) le atribuyó haber encabezado una asociación ilícita que, según la investigación, desvió fondos depositados en cuentas judiciales durante más de siete años.

Sus abogados, sin embargo, pusieron el foco en otro aspecto de la audiencia: la decisión del imputado de declarar, reconocer la maniobra y manifestar su intención de colaborar con la Justicia.

La audiencia se desarrolló en la sala 7 del Centro de Justicia Penal. El lunes comenzó la atribución imputativa de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani; el martes se discutieron las alternativas cautelares y la situación de quienes habían sido señalados como jefe y organizadores; y este miércoles la jueza María Trinidad Chiabrera dio a conocer su resolución sobre las medidas de coerción.

Ignacio Alfonso Garrone y Clara Vázquez, dos de los tres defensores de Ríos Artacho —el equipo se completa con Juan Manuel Fascia—, hablaron con El Litoral al término de las audiencias. Ambos remarcaron que el exfiscal “confesó la maniobra”, pidió perdón a su familia y al MPA y explicó que la situación estuvo vinculada con un problema de ludopatía.

Para la defensa, ese reconocimiento debe ser ponderado al momento de analizar los riesgos procesales. “Una persona que declaró, que blanqueó todo, que contó, que está arrepentido y que quiere colaborar”, plantearon Garrone y Vázquez, quienes cuestionaron además que los hechos puedan ser encuadrados como una asociación ilícita.

La causa había adquirido dimensión pública el 2 de septiembre, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, dependiente de la Fiscalía General del MPA y a cargo del fiscal Adrián Spelta, dispuso un operativo simultáneo en cinco ciudades.

Personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y de las Divisiones Operativas Federales de Santa Fe y Córdoba de la Policía Federal Argentina realizó entonces 15 allanamientos en Rosario, Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo.

En esa primera etapa fueron detenidas nueve personas: siete en Santa Fe y dos en Córdoba. Además, se secuestró documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la investigación.

El procedimiento se inscribió, según informó oficialmente el MPA, en una investigación por posibles actos de corrupción cometidos por un funcionario público, en este caso un exfiscal, una línea de trabajo priorizada por el Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General.

La pesquisa había comenzado a partir del hallazgo de una anomalía en una cuenta judicial, comunicada por la Unidad de Delitos Económicos a la Fiscalía General y a la Fiscalía Regional de Rosario.

A partir de ese informe, la investigación fue asignada a Spelta ante la sospecha de maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales vinculadas a investigaciones del MPA, ejecutadas al menos desde 2017 hasta 2024.

Los detalles fueron mantenidos inicialmente bajo reserva y quedaron expuestos durante la audiencia imputativa, donde los fiscales describieron el mecanismo que, según su hipótesis, permitió extraer millones de pesos de cuentas que debían custodiar fondos provenientes de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en distintas causas penales.

La investigación sostiene que Ríos Artacho aprovechó su función como fiscal de Criminalidad Económica de Rosario para disponer de dinero que se encontraba depositado en cuentas judiciales.

De acuerdo con la atribución imputativa, el mecanismo consistía en emitir y firmar oficios dirigidos al Banco Municipal de Rosario con órdenes de restitución o reparación que eran falsas. De esa manera, personas que no tenían vinculación con las causas —no eran víctimas ni imputados— podían retirar dinero en efectivo o recibir transferencias.

La acusación contabilizó 21 hechos de peculado, 15 de fraude contra la administración pública y 21 falsedades ideológicas de documento público atribuidas al exfiscal, además de la asociación ilícita en carácter de jefe. El perjuicio económico actualizado al 31 de julio de 2026 fue estimado en $424.969.592,44, equivalente a unos 291.075 dólares según la conversión consignada en la investigación.

La fiscalía sostiene que la estructura comenzó a funcionar en 2017 y continuó hasta el 2 de julio de 2024. Junto con Ríos Artacho fueron imputadas otras 11 personas, a quienes se les asignaron distintos roles dentro del esquema: organizadores, miembros y prestanombres.

Según la hipótesis acusatoria, quienes recibían el dinero por ventanilla o mediante transferencias luego lo derivaban hacia Ríos Artacho u otros integrantes. En determinados momentos, además, se habría utilizado dinero en efectivo para recomponer temporalmente los saldos de las cuentas judiciales antes de determinadas instancias de control, para luego volver a retirar los fondos.

La maniobra comenzó a ser investigada después de la salida de Ríos Artacho del Ministerio Público de la Acusación, en 2024. Con la reasignación de las causas que estaban a su cargo, otros fiscales comenzaron a revisar los movimientos de las cuentas judiciales vinculadas con esos procesos.

Uno de los primeros indicios surgió en una investigación conocida como “Estafa de Magnone”. La fiscal María Teresa Granato, al asumir el trámite, detectó movimientos de egresos e ingresos que consideró anómalos e injustificados en la cuenta judicial correspondiente.

Tras esas observaciones y de otros reportes, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional tomó la investigación y solicitó una auditoría sobre las cuentas administradas por el exfiscal.

El análisis incluyó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil, además del estudio de comunicaciones y movimientos migratorios.

La fiscalía cruzó las operaciones de las cuentas judiciales con cuentas personales, transferencias y billeteras virtuales, mientras que las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir contactos entre Ríos Artacho y quienes son señalados como organizadores. También se incorporaron registros de viajes compartidos al exterior.

Frente a esa hipótesis, Alfonso Garrone y Vázquez plantearon una diferencia central con la lectura del MPA. Para los abogados, la existencia de vínculos entre las personas investigadas y el movimiento del dinero no alcanza para configurar una asociación ilícita.

“Esto no es una asociación ilícita”, sostuvo la defensa, que describió el caso como una maniobra posibilitada por la ausencia de controles y vinculada, según la explicación brindada por el propio imputado, con la ludopatía.

En ese sentido, los defensores hicieron especial hincapié en que el problema que atravesaba Ríos Artacho no estaría relacionado con su condición de fiscal ni con el lugar que ocupaba dentro de la estructura institucional. “Hay un tema más que nada vinculado a esta enfermedad, que trasciende a dónde trabaja la persona que desarrolla las maniobras”, plantearon.

Y agregaron que el vínculo con los terceros involucrados estaba dado, fundamentalmente, por una relación de amistad, y no por la conformación de una estructura destinada a sortear controles: “No es que había una organización destinada para franquear vallas institucionales y organizada en ese sentido”.

Los abogados también relativizaron, de esta manera, la idea de una estructura organizada y jerárquica. Según su planteo, se trataba de personas que se conocían y que podían operar con cuentas bancarias sin encontrar “ningún escollo institucional”, mientras que la facilidad con la que se concretaban las operaciones evidenciaría, a criterio de la defensa, la existencia de controles insuficientes.

La postura defensiva también apunta contra los fundamentos utilizados para disponer la prisión preventiva. Garrone y Vázquez remarcaron que Ríos Artacho no adoptó una estrategia de silencio, sino que declaró durante la audiencia, reconoció su intervención y brindó su propia explicación sobre el origen de la maniobra.

Durante la jornada del martes, cuatro de las personas que habían sido detenidas inicialmente recuperaron la libertad, por lo que la discusión cautelar continuó este miércoles respecto de Ríos Artacho y otros cuatro imputados.

Finalmente, Chiabrera resolvió la prisión preventiva del exfiscal y de Emilio Rubén Barcacia, Julio Héctor Mercado, Fabricio Emanuel Romero y Gustavo Javier Cesaretti.

La Fiscalía había ubicado a Mercado, Romero y Cesaretti como organizadores de la presunta asociación, mientras que a Barcacia le atribuyó un papel relacionado con la recomposición de los saldos de las cuentas judiciales cuando se aproximaban instancias de control procesal.

El resto de los imputados quedó en libertad bajo las condiciones dispuestas durante las jornadas de audiencia. La causa continúa con Ríos Artacho imputado como presunto jefe de una asociación ilícita y con los demás acusados vinculados, según el rol atribuido por la fiscalía, a la administración, recepción, circulación y eventual recomposición de los fondos extraídos de las cuentas judiciales.

El Litoral

Dos exjefes policiales fueron imputados por encubrir el accionar de personas investigadas por la venta de drogas en el sur de la provincia y por incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Sus iniciales son DHG y BND y, respectivamente, eran el Jefe y el Subjefe de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) de Venado Tuerto.

Las atribuciones delictivas fueron realizadas en dos audiencias que se desarrollaron este miércoles ante el juez Aldo Baravalle en los tribunales de Melincué. Por parte del MPA, participaron el Fiscal Regional de la Tercera Circunscripción, Mauricio Clavero; el fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada (UFE) en Microtráfico de la Fiscalía General, Franco Carbone; el fiscal de esa UFE, Luis Lagioia, y la fiscal de la Unidad Fiscal Firmat, Ana Belén Stampella.

Los dos investigados habían sido detenidos el martes de la semana pasada en el marco de seis allanamientos. A pesar de que los fiscales hoy solicitaron la prisión preventiva para ambos, el juez dispuso que transiten el proceso judicial con cautelares no privativas de la libertad.

Al imputado de iniciales DHG se le ordenó constituir domicilio en Elortondo (departamento General López) y firmar cuatro veces por semana en el Juzgado Comunitario de Pequeñas Causas de esa localidad. A su vez, se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con las demás personas investigadas en este legajo penal.

Por su parte, el otro uniformado imputado tendrá que constituir domicilio en Venado Tuerto y presentarse tres veces por semana a firmar en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de los tribunales venadenses. También se le prohibió salir del país, ingresar a cualquier dependencia policial, tener armas de fuego y contactarse con otras personas investigadas.

El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.

Lagioia indicó que “al hombre que era Jefe del área de Microtráfico de la PDI de Venado Tuerto le atribuimos haber facilitado información confidencial a un condenado por la Justicia Federal por la venta de drogas”. En tal sentido, agregó que “a partir de las evidencias que recolectamos hasta el momento, en la audiencia planteamos que el accionar delictivo comenzó en marzo de este año y continuó hasta la semana pasada, cuando se concretaron las detenciones”.

Asimismo, el funcionario del MPA sostuvo que “aprovechándose de que por su cargo tenía acceso a información de carácter reservado, el imputado de iniciales DHG le advirtió al vendedor de droga condenado que se iban a realizar allanamientos”. Según señaló, “lo hizo con el objetivo de frustrar las diligencias y favorecerlo garantizándole impunidad”.

En cuanto a los ilícitos atribuidos al Subjefe policial al que se investiga, Stampella precisó que “en un allanamiento que se realizó el viernes 24 de julio en una vivienda de Firmat, el imputado aprovechó que él estaba a cargo de la diligencia y facilitó la huida de un hombre al que se le había impuesto judicialmente una prohibición de ingreso a la ciudad y estaba siendo investigado por la Justicia Federal por la venta de droga”.

La fiscal puntualizó que “antes de que ingrese a la casa el grupo táctico que debía hacerlo, el imputado de iniciales BND entró por sus propios medios, a punta de pistola, diciendo: ‘Afuera o los quemo’”, y añadió que “lo hizo porque sabía que en esa casa estaba la persona investigada por comercializar estupefacientes que él conocía”.

Además, Stampella subrayó que “al exfuncionario policial también se le atribuyó no haber confeccionado el acta en la que debía dejar constancia de la presencia del vendedor de droga y de su fuga”.

Al exjefe policial se le endilgó la autoría de los delitos de encubrimiento doblemente agravado (por ser funcionario público y por tratarse de un delito especialmente grave), incumplimiento de los deberes de funcionario público y revelación de secretos.

Por su parte, al exsubjefe se le atribuyó ser autor de encubrimiento agravado (por ser funcionario público) e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

EL

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) anunció dos medidas vinculadas con investigaciones por corrupción que involucran a la rusa Anastasia Sukhotina y a Yalchin Manafli, capitán del equipo de Azerbaiyán en la Copa Davis.

Los casos atraviesan situaciones diferentes. 

Sukhotina admitió ocho infracciones

La tenista rusa, de 26 años, alcanzó en agosto de 2019 el puesto 607 del ranking mundial individual de la WTA, la mejor ubicación de su carrera. Su trayectoria se desarrolló principalmente en competencias del circuito ITF.

Según informó la ITIA, Sukhotina admitió haber cometido ocho infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis entre 2019 y 2024.

Las conductas fueron aumentando en gravedad e incluyeron intentos de apostar en partidos de tenis, ofrecimientos para corromper a otros jugadores y destrucción de pruebas relevantes para la investigación.

La jugadora había rechazado inicialmente las acusaciones, pero posteriormente llegó a un acuerdo con la ITIA y reconoció las violaciones al reglamento.

Como consecuencia, fue suspendida durante cuatro años y diez meses y recibió una multa de 30.000 dólares, aunque 22.500 dólares de esa cifra quedaron en suspenso.

La sanción comenzó el 17 de julio de 2026 y finalizará el 16 de mayo de 2031, una extensión que compromete seriamente la continuidad de su carrera profesional.

Manafli, suspendido mientras continúa la investigación

El segundo expediente tiene como protagonista a Yalchin Manafli, capitán del seleccionado de Azerbaiyán en la Copa Davis y exdirector de torneos del World Tennis Tour desarrollados en su país.

La ITIA decidió suspenderlo provisoriamente desde el 11 de junio de 2026, después de que se negara a entregar su teléfono celular para que fuera examinado en el marco de una investigación sobre posibles infracciones a las normas de integridad.

Manafli apeló la medida ante un funcionario independiente de audiencias anticorrupción, pero el planteo fue rechazado. Philippe Cavalieros, responsable de analizar el recurso, consideró que existían elementos suficientes para justificar que la suspensión preventiva continuara vigente mientras se desarrolla el procedimiento.

A diferencia del caso de Sukhotina, sobre Manafli todavía no existe una sanción definitiva. Su futuro como dirigente dependerá de la resolución de la investigación.

Qué implica la suspensión

Las medidas adoptadas no se limitan a impedir la participación deportiva.

Mientras permanezcan suspendidos, Sukhotina y Manafli no podrán jugar, entrenar ni asistir a eventos organizados o reconocidos por los principales organismos del tenis internacional, entre ellos ATP, WTA, ITF, torneos de Grand Slam y federaciones nacionales.

En el caso de Manafli, la prohibición también lo mantiene apartado de sus funciones deportivas mientras se determina si corresponde aplicar una sanción definitiva.

Los dos expedientes forman parte de las investigaciones que lleva adelante la ITIA para detectar y sancionar infracciones vinculadas con apuestas, corrupción y otras conductas que puedan afectar la integridad de las competencias profesionales.

Belén Francese opinó sobre el presente de Jesica Cirio, en medio del escándalo mediático y judicial que volvió a poner a la modelo en el centro de la escena pública.

Durante una entrevista en Puro Show, por eltrece, la actriz recordó el vínculo que mantuvo con Cirio hace más de 20 años, cuando ambas trabajaron en temporadas de teatro de revista, y aseguró que nunca sintió empatía de su parte.

Francese contó que compartió elenco con Cirio alrededor de 2005, en una etapa en la que ambas comenzaban a hacerse conocidas dentro del mundo del espectáculo.

“Me sorprendió que me pregunten porque trabajé en el 2005 con ella, pero me pasó que después de mucho tiempo me la crucé y era otra”, expresó.

La actriz recordó que, años más tarde, volvió a encontrarse con Cirio y quiso saludarla con entusiasmo, pero la reacción de la modelo la decepcionó.

“Ella ya venía hace rato. Me cortó el rostro; como siempre, tuvo como poca empatía conmigo. Pero no es que lo recrimino, porque uno elige, pero no comulgo su estilo”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Francese recordó una frase que, según contó, Cirio le habría dicho en aquella etapa inicial de sus carreras.

La actriz aseguró que la modelo le dijo: “Vos nunca vas a llegar a nada”.

“Entonces no es que sea una rencorosa eterna, pero a mí me dolió en ese momento”, reconoció.

Francese también dejó entrever que durante aquellos años atravesó situaciones incómodas, aunque prefirió no profundizar en detalles.

“Yo en esa época tenía una mochila de sueños y la mina me tiró algunas porque no quise transar ciertas cosas”, lanzó. Ante la consulta del cronista sobre a qué se refería, respondió de manera breve: “No importa”.

La actriz insistió en que su mirada sobre Cirio no es nueva y que ya había expresado antes una opinión similar.

“Mis opiniones resisten el archivo. Siempre dije lo mismo, que no tuvo empatía, que no se portó bien conmigo”, afirmó.

Luego, Francese sostuvo que con el paso del tiempo esperaba encontrar otra actitud, pero aseguró que al volver a cruzarla en un evento social tampoco notó un cambio.

“Tampoco la vi distinta. La vi en esa cosa de ‘yo arriba, los demás abajo’. O de frialdad, o de querer algo no genuino”, señaló.

Consultada por la situación judicial y mediática que atraviesa Jesica Cirio, Francese evitó hacer afirmaciones concluyentes y pidió que avance la Justicia.

“Que se haga justicia, porque obviamente lo que hicieron nos perjudica a todos”, expresó.

Además, cuestionó el silencio de algunas personas del entorno de la modelo y se preguntó dónde están quienes solían acompañarla públicamente.

“Me llama la atención que toda esa gente muy amiga que está en las fiestas de la hija, el casamiento, de esto y lo otro, no le pregunten a ellos y ellos desaparecieron. Se los llevó una bomba. ¿Dónde están los amigos?”, ironizó.

Hacia el final de la entrevista, el cronista le preguntó si consideraba posible hacer una gran fortuna trabajando como modelo o conductora de televisión.

Francese respondió sin mencionar directamente a Cirio, pero dejó una frase que resumió su postura.

“Te voy a contestar con algo que creo que te va a responder todo. Yo tomé un camino honesto, sigo trabajando. No sé”, cerró.

Las declaraciones de Belén Francese se suman a las repercusiones generadas en el mundo del espectáculo tras la difusión de videos y nuevas medidas judiciales vinculadas al caso que involucra a Cirio y a su expareja, Martín Insaurralde.

La investigación por presuntas maniobras de corrupción en ARSAT quedó bajo secreto de sumario, mientras el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, debe resolver si avanza con la citación a declaración indagatoria de los exfuncionarios involucrados.

La causa tiene entre los principales apuntados a Facundo Leal, extitular de la empresa satelital estatal, y a Gerardo Boschin, exgerente de compras durante el gobierno de Alberto Fernández.

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió la citación de una decena de acusados, entre ellos Boschin. Sin embargo, el expediente tomó mayor impacto luego de la detención de Leal, a quien le encontraron drogas y una importante suma de dinero en efectivo durante distintos allanamientos.

Leal ya fue indagado, aunque por la causa vinculada a la tenencia de drogas halladas en su domicilio de Palermo. En esa instancia, declaró que las sustancias eran para consumo personal y se negó a responder preguntas.

En el inmueble se secuestraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis, cucharas presuntamente utilizadas para consumo y bolsas tipo ziploc.

Además, los investigadores hallaron una importante cantidad de dinero en efectivo: 803.754 dólares, más de 2,4 millones de pesos argentinos, pesos uruguayos, reales, pesos mexicanos, pesos colombianos, euros y chelines tanzanos.

En otro domicilio de Leal, ubicado en Mendoza, se secuestraron 1.787.600 dólares estadounidenses, documentación, un teléfono celular y un cuaderno con anotaciones.

El origen del dinero encontrado en las propiedades del exfuncionario todavía es materia de investigación.

En la causa principal se investigan presuntas maniobras de corrupción dentro de ARSAT, vinculadas con contrataciones, llamados a licitación y operaciones realizadas durante la gestión anterior.

Los delitos bajo análisis incluyen presunto cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y otras figuras asociadas a corrupción funcional.

La decisión de reimplantar el secreto de sumario fue adoptada para avanzar con nuevas medidas de prueba antes de definir los próximos pasos judiciales.

Ahora, el juez Mirabelli deberá resolver si hace lugar al dictamen del fiscal y ordena las declaraciones indagatorias solicitadas.

El expediente se inició a partir de una denuncia por el presunto robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, presentada al comienzo de la gestión de Javier Milei.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores comenzaron a analizar otras operaciones vinculadas al funcionamiento de la empresa estatal. Esas líneas derivaron en el examen de distintos contratos y movimientos que actualmente forman parte de la causa.

Leal estuvo al frente de ARSAT entre agosto de 2022 y febrero de 2024. Luego, continuó vinculado al Estado nacional y fue designado presidente ad honorem del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

Su salida del organismo se formalizó a fines de febrero de 2026, cuando presentó la renuncia. Según la información incorporada al expediente, al momento de los allanamientos continuaba vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente.

 El fiscal federal Ramiro González imputó al ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Ernesto Reidel, y abrió una investigación penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de la empresa estatal.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien también apuntó contra integrantes del directorio, la sindicatura y funcionarios vinculados al uso de una tarjeta corporativa identificada con la cuenta N° 338402.

El fiscal impulsó la investigación para determinar si existieron “irregularidades penalmente relevantes” en la utilización y administración de la tarjeta corporativa entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

La denuncia menciona posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el requerimiento de instrucción, González también incluyó a los integrantes del Directorio y de la Sindicatura de la compañía por una presunta omisión en los deberes de control, vigilancia y autorización de los gastos corporativos realizados.

La investigación tomó impulso luego de la difusión de un documento titulado “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402”, incorporado en la Cámara de Diputados como respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por la legisladora Florencia Carignano.

De acuerdo al dictamen fiscal, el reporte incluía fechas, descripciones de operaciones e importes en pesos y dólares correspondientes a consumos efectuados entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

El fiscal sostuvo que del análisis preliminar de esos movimientos “surgirían erogaciones que, prima facie, aparecerían ajenas al objeto social y a la finalidad institucional de la empresa”.

Además, González remarcó que la documentación aportada no identificaba al titular ni al usuario responsable de cada operación y tampoco precisaba si los gastos fueron realizados con un único plástico o con tarjetas adicionales.

El fiscal también señaló que no existía una rendición documentada sobre el destino institucional de cada uno de los gastos observados en el informe.

En otro tramo del dictamen, González advirtió que incluso si algunos consumos hubieran sido efectuados durante viajes oficiales, los gastos detectados podrían resultar incompatibles con el régimen normativo vigente en materia de viáticos.

Como primeras medidas de prueba, el fiscal pidió incorporar formalmente el reporte de gastos al expediente y solicitó identificar a todos los titulares y usuarios autorizados de la cuenta corporativa investigada.

También requirió información bancaria detallada de cada operación realizada, incluyendo fecha, comercio, importe y usuario del plástico utilizado. NA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó alrededor de 14 millones de pesos para renovar los muebles del departamento que posee en el barrio porteño de Caballito; esta nueva información emergió de la declaración que prestó, el lunes pasado, el contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa que tiene el funcionario en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Esta nueva información se suma a la orden que emitió, este mediodía, el juez Ariel Lijo para levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa Bettina Angeletti y continuar con la investigación por enriquecimiento ilícito.

Asimismo, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, el hijo de una de las jubiladas prestamistas vinculadas a la compra-venta del departamento en Capital Federal y que, además, es socio de Pablo Feijoo, hijo de la otra jubilada relacionada en el caso, y gestor de la transacción.

Hasta el momento, la Justicia solicitó el peritaje del teléfono celular perteneciente a Tabar, para recabar más información de las comunicaciones que el contratista mantuvo con Adorni y su esposa, mientras que Lijo ordenó revisar las llamadas y mensajes del periodista y productor Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete.

En estas últimas semanas se supo, por medio de las declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, que los gastos en viajes al exterior y las compras de los inmuebles se realizaron desde que Adorni inició sus funciones en el Gobierno Nacional.  NA

En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellas su ex titular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura._

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial. 

Dos episodios de extrema gravedad, ocurridos durante el fin de semana, colocaron bajo la lupa a la Policía de Santa Fe. Uno de los hechos se originó en una base del Comando Radioeléctrico, donde hallaron estupefacientes dentro de un móvil oficial. El otro derivó en la detención de tres efectivos por un supuesto pedido de coima para la restitución de una motocicleta.

Ambos casos son investigados por Asuntos Internos y la Justicia provincial.

El primero de los hechos se registró en el predio ubicado sobre avenida Galicia al 2300, en barrio Villa María Selva. Allí, durante un relevo de guardia, personal policial detectó elementos fuera de lo habitual en el interior de un patrullero.

Tras dar aviso a las autoridades, se activaron los protocolos de rigor y se procedió al secuestro de 28 envoltorios de papel satinado que contenían cocaína. Además, se incautaron dos paquetes de nylon con la misma sustancia y un envoltorio con marihuana.

Dentro del vehículo también se encontró una balanza digital de precisión y un arma de fuego, elementos incompatibles con el equipamiento regular de un móvil policial.

La causa quedó en manos del fiscal Ezequiel Hernández, mientras que la División de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Policía de Investigaciones (Región 1), lleva adelante las tareas periciales. Por el momento no hay detenidos, y la investigación se centra en determinar cómo ese material llegó al patrullero y si hubo participación de efectivos.

El segundo episodio tuvo como escenario la Seccional 8ª, ubicada en General Paz al 7300, y derivó en el relevo del jefe y subjefe de la dependencia, además de la detención de tres uniformados.

Según fuentes del caso, la situación se inició el viernes cuando un hombre se presentó en la dependencia para recuperar una motocicleta previamente secuestrada. De acuerdo con su denuncia, los policías le habrían exigido dinero a cambio de concretar el trámite.

La intervención de Asuntos Internos resultó clave. Tras recibir la denuncia, se implementó una entrega controlada con billetes previamente marcados. Horas más tarde, ese dinero habría sido recibido por los efectivos involucrados, lo que motivó su inmediata aprehensión.

El procedimiento también incluyó el desplazamiento de las máximas autoridades de la comisaría, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades y eventuales implicancias.

Ambos casos generaron fuerte impacto dentro de la fuerza y abrieron interrogantes sobre los controles internos en la estructura policial santafesina.

El Litoral

La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas.

El cronograma se inicia este lunes con los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán dar explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La fiscalía pone el foco en los boletos de compra-venta ya secuestrados, buscando determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción.

El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, quien vinculó a Feijoo como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una llamativa hipoteca privada de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el Jefe de Gabinete.

Finalmente, la investigación apunta a contrastar los valores de mercado con los consignados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se requirió información sobre el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de 5.000 dólares y expensas que rondarían los 700.000 pesos, las cuales figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27 con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino. NA

El Tribunal Oral Federal Nº7 (TOF 7) rechazó los recursos presentados por las defensas en la denominada causa Cuadernos, que buscaban declarar la nulidad del proceso judicial. Con esta decisión, el juicio continuará y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse a indagatoria presencial el martes 17 de marzo.

Luego de su comparecencia, también será citado el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los principales imputados en la causa.

La resolución fue firmada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes coincidieron con la postura sostenida por la fiscalía y resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad del juicio.

Uno de los principales planteos había sido presentado por la defensa de Cristina Kirchner, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron la nulidad total del proceso.

Los letrados argumentaron supuestas irregularidades en la asignación inicial de la causa al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

Sin embargo, el tribunal sostuvo que “la lectura del expediente no evidencia los vicios” señalados por la defensa.

En la misma resolución, el tribunal también confirmó la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante dentro del proceso judicial.

Los magistrados indicaron que los planteos de nulidad ya habían sido tratados en instancias anteriores y que las defensas no presentaron argumentos nuevos que justificaran revisar lo decidido.

“El intento de obturar el juicio en las puertas de su inicio no puede prosperar, porque implicaría volver sobre cuestiones ya resueltas”, señalaron los jueces en su fallo.

Desde la defensa de la expresidenta sostienen que los cuadernos que originaron la causa fueron manipulados y que, por lo tanto, no deberían ser considerados como prueba.

También cuestionaron la validez de los testimonios de los 31 imputados que declararon como colaboradores o “arrepentidos”, al afirmar que sus declaraciones habrían sido obtenidas bajo presión.

Durante la última audiencia, la fiscal Fabiana León rechazó estos argumentos y advirtió que las estrategias defensivas podrían dilatar el proceso hasta provocar la prescripción de algunos delitos.

Según señaló, el camino hacia el juicio oral se logró luego de atravesar numerosas presiones y controversias públicas.

“Para que esta causa llegue a juicio se debieron soportar expresiones de todo tipo y operaciones de prensa, que resultaron inútiles frente a la firmeza del tribunal y la decisión de la fiscalía de llegar al debate oral”, expresó.

De esta manera, el proceso judicial avanza hacia una nueva etapa con la citación a indagatoria de los principales imputados, en una de las causas de corrupción más relevantes de la política argentina en los últimos años.

La Justicia federal profundiza una de las investigaciones por presunta corrupción financiera más resonantes de los últimos años, vinculada a maniobras millonarias con el dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández. El expediente, que combina confesiones de financistas arrepentidos, audios comprometedores y operaciones a través de cuevas financieras, busca establecer si existieron complicidades dentro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La causa está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. En ese marco, cinco funcionarios de alta jerarquía del BCRA fueron imputados y se les secuestraron teléfonos celulares y computadoras para su análisis. Se trata de Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, quienes actualmente continúan en funciones, aunque bajo investigación administrativa, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

El avance del expediente se aceleró tras la difusión de audios grabados entre los financistas Elías Piccirillo —ex esposo de Jésica Cirio— y Francisco Hauque. En las conversaciones, ambos hacen referencia a operaciones ilegales por montos millonarios y a disputas internas por el reparto de las ganancias.

En uno de los registros, Hauque reclama una deuda de seis millones de dólares en concepto de utilidades obtenidas mediante maniobras irregulares. Ante la negativa de Piccirillo a saldarla, el financista amenazó con denunciar el esquema ante el actual Gobierno.

Otro de los audios incorporados a la causa involucra a la inspectora del BCRA Romina García, quien reconoce ante Piccirillo que durante la gestión anterior se denunciaron internamente irregularidades, pero que no prosperaron porque “había gente de arriba toda entongada”.

Según la hipótesis judicial, los financistas accedían a dólares al tipo de cambio oficial mediante mecanismos fraudulentos, para luego volcarlos al mercado informal y obtener ganancias extraordinarias. Parte de esos fondos habría sido utilizada para la compra de autos de alta gama, relojes de lujo y propiedades inmobiliarias, entre ellas viviendas en la ciudad balnearia de Pinamar.

La investigación también pone el foco en una propiedad que Piccirillo le habría regalado a Jésica Cirio apenas dos días antes de contraer matrimonio, operación que ahora es analizada por presunto lavado de activos.

En paralelo, la Justicia investiga una maniobra para intentar silenciar a Hauque. Según la causa, Piccirillo habría contado con la colaboración del policía Carlos Sebastián Smith —actualmente arrepentido— para plantarle armas y drogas al financista y así desacreditarlo.

Mientras el juzgado de Casanello analiza el contenido de pendrives aportados por Smith, la jueza María Servini tramita desde 2023 una causa paralela por maniobras similares. El objetivo es determinar si ambos expedientes responden a una misma estructura delictiva.

Por su parte, el Banco Central inició un sumario administrativo para establecer si los funcionarios investigados incurrieron en violaciones al Código de Ética. La expectativa ahora está puesta en la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados, que podrían revelar quiénes eran los responsables políticos que habilitaron las maniobras, en un contexto de fuerte cepo cambiario y restricciones para el conjunto de la población.

La investigación judicial sobre las irregularidades en la venta de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández sumó una prueba explosiva: audios que comprometen a la línea técnica del Banco Central (BCRA) y sugieren complicidad de las autoridades superiores. En información revelada por el diario Clarín, las grabaciones fueron aportadas por un arrepentido y exponen diálogos entre Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, y una funcionaria de la entidad monetaria.

En el material, que ya está en manos del juez federal Sebastián Casanello, Romina García, inspectora del BCRA, reconoce ante Piccirillo que existía una estructura de corrupción: “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”.

La conversación, fechada el 1 de febrero de 2025, revela que funcionarios del Central asesoraban a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de dádivas, una práctica que la propia García admite como ilegal en el audio: “Pero no podemos eso. Está prohibido eso”.

El arrepentido que entregó el material es Carlos Sebastián Smith, alias "El Lobo", un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo. Según su testimonio, Hauque tenía amenazados a varios directivos para operar sus financieras y acceder al dólar oficial cuando la brecha cambiaria superaba el 100%.

En los audios, la funcionaria intenta victimizarse alegando que recibían amenazas de Hauque, pero confiesa que las denuncias internas eran cajoneadas por las autoridades de la gestión de Miguel Ángel Pesce. "En ese momento todos los de arriba lo sabían... mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo", se escucha decir a García.

A raíz de esta evidencia, la Justicia federal allanó a fin de año a cinco funcionarios del BCRA, incluida García, y secuestró celulares y computadoras. Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por otra causa de armado de causas y narcotráfico, habría grabado la charla para extorsionar a su propio socio.

AgenciaNA

Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) — El escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo. Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía y pareja de Ornella Calvete, presentó su renuncia tras quedar vinculado en las escuchas que analiza el fiscal federal Franco Picardi.

Cardini compartía vivienda con Calvete, quien también renunció días atrás a su cargo como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Ambos quedaron comprometidos luego de los allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la investigación por presuntos retornos en contrataciones públicas.

Durante el procedimiento realizado el 12 de septiembre en el departamento que compartían en San Telmo, los investigadores hallaron 700 mil dólares en efectivo, dinero que Calvete no pudo justificar, además de documentación y dispositivos electrónicos de interés para la causa.

La pesquisa del Ministerio Público Fiscal apunta a una posible estructura de corrupción dentro de la ANDIS. Según la acusación, Calvete, el exdirector del organismo Diego Spagnuolo y al menos catorce exfuncionarios habrían integrado una organización dedicada a direccionar compras vinculadas a las Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), uno de los programas más sensibles del sistema público por manejar tratamientos quirúrgicos complejos y medicamentos de alto valor destinados a enfermedades poco frecuentes.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Calvete alcanzó a enviar un mensaje a su padre para advertir la presencia policial en el edificio instantes antes del ingreso de los agentes. Ese detalle también quedó incorporado a la causa como posible intento de entorpecer el accionar judicial.

Con la salida de Cardini, ya son dos las bajas dentro del Ministerio de Economía asociadas a este expediente, mientras la causa avanza con nuevas medidas para determinar el origen del dinero secuestrado, los vínculos entre funcionarios y proveedores, y el eventual desvío de fondos públicos.

 El supuesto punto de contacto entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las droguerías involucradas en la presunta maniobra de corrupción declaraba ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. 

Se trata de Miguel Ángel Calvete. La Justicia investiga el direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos dentro de la ANDIS que dirigía Diego Spagnuolo. 

Agencia NA

 La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Ornella Calvete, renunció a su cargo, tras el avance en la Causa ANDIS que tiene en el ojo de la tormenta a su padre, Miguel Ángel Calvete, como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.

La renuncia se conoce luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas.

Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre presuntos retornos en la ANDIS y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.

Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025.

En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de “cash blanco”.

El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: “por si entran acá y me ven con mosca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”

Los efectivos de la fiscalía encontraron cerca de 700.000 dólares, en diferentes monedas extranjeras, en ese domicilio durante un procedimiento realizado el 9 de octubre último.

Agencia NA

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un complejo entramado de gestión irregular de fondos públicos y un sistema paralelo de desvío de dinero.

En este esquema, el fiscal Franco Picardi puso el foco en Sergio Daniel Mastropietro, un empresario de la aviación y socio de Fred Machado –el controvertido financista de José Luis Espert que será juzgado en EE.UU. por narcotráfico–, como una pieza clave en la posible legitimación de activos.

El dictamen fiscal, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, sugiere que el papel de Mastropietro se concentró en el "movimiento, administración y posible legitimación de las sumas obtenidas por el grupo comandado por Miguel Ángel Calvete", señalado como operador paraestatal con vínculos con funcionarios, incluido el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

La evidencia de las transferencias millonarias

La prueba más concreta sobre la participación financiera de Mastropietro surgió de su vínculo con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada. Según la investigación, el 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias millonarias hacia la cuenta de esa firma.

Las capturas de pantalla bancarias, publicadas por la periodista Camila Dolabjian en sus redes, constatan estos movimientos de fondos que totalizaban cientos de millones de pesos, provenientes de droguerías favorecidas por las adjudicaciones de la ANDIS, entre ellas Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L., con importes como $34.560.000,00 y $60.500.000,00.

Mastropietro, luego de recibir los movimientos, envió facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos, bajo el concepto uniforme de "compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa". Esta descripción fue considerada por la fiscalía como funcional a operaciones destinadas a disimular el origen y destino del dinero, lo que encaja en un patrón compatible con "posibles maniobras de lavado de activos".

Vínculos con Spagnuolo y el "Clan" de Río Negro

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, era cercano a José Luis Espert y la pesquisa verificó que visitó a Mastropietro en dos ocasiones en su domicilio privado en Altos de Campo Grande durante 2025. Ambas visitas coincidieron con ingresos casi simultáneos de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora de los fondos en efectivo.

La investigación también señaló lazos sugestivos con la provincia de Río Negro. El dueño de Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación de Río Negro, provincia de donde también son la diputada Lorena Villaverde -sindicada con vínculos con el posible narcotraficante Fred Machado- y donde tenía arraigo el propio Machado. La fiscalía consideró que el rol de Mastropietro, en el núcleo de confianza de Calvete, consolidó el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.

La trama societaria se reforzó en 2018, cuando Mastropietro creó la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa empresa coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad vinculada a Calvete.vuVUqA

El origen del dinero que llegó a manos de Mastropietro fue trazado hasta las maniobras perpetradas en la ANDIS a través de la compra de medicamentos e insumos de alto costo mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios, donde un conjunto reducido de droguerías concentraba la mayoría de las adjudicaciones por montos superiores a los $30.000 millones.

#AgenciaNA 

En una decisión que sacudió el núcleo del gabinete ucraniano, el presidente Volodímir Zelenski solicitó la remoción del ministro de Justicia y de la ministra de Energía, en el marco de una investigación que reveló una trama de sobornos millonarios dentro de la estatal Energoatom. 

El escándalo estalló luego de que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) descubrieran una compleja red de sobornos en contratos vinculados a Energoatom, la empresa responsable de la generación nuclear en el país. Según los primeros informes, se habrían pagado comisiones ilegales de entre el 10% y el 15% del valor de los contratos a través de una red organizada que operaba con protección política.

Ante la magnitud del caso, Zelenski anunció públicamente que había pedido al Parlamento la destitución del ministro de Justicia, Herman Halushchenko, y de la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk. “Con el país bajo ataque, atravesando apagones y pérdidas constantes, resulta absolutamente inaceptable que existan aún esquemas corruptos que socavan nuestro sistema”, expresó el mandatario en un mensaje grabado.

Uno de los nombres que aparece en el expediente judicial es el del empresario Timur Mindich, conocido por su vínculo estrecho con Zelenski en el pasado. Mindich habría abandonado el país antes de que se emitieran las órdenes de detención. Hasta el momento, cinco personas fueron arrestadas y otras siete fueron notificadas como sospechosas, mientras la justicia continúa desentrañando el entramado.

La crisis no sólo expone a la administración ucraniana a una fuerte presión interna, sino que también compromete su imagen frente a la comunidad internacional. En medio del conflicto con Rusia y con una economía dependiente del apoyo extranjero, Ucrania se enfrenta al desafío de demostrar que su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es real.

Desde el entorno presidencial señalaron que este será “un punto de inflexión” en la lucha contra la corrupción estructural. Se espera que el Parlamento dé curso a las destituciones y que se intensifiquen los controles sobre la gestión de empresas estatales. “No basta con apartar a los funcionarios implicados, hay que cambiar el sistema que permite que esto ocurra”, reconoció una fuente cercana al Ejecutivo.La decisión de Zelenski de avanzar con la destitución de dos ministros clave refleja no solo una reacción ante el escándalo, sino un intento por blindar políticamente su gobierno en un momento crítico. Con la guerra aún en curso, y con la reconstrucción del país como horizonte, el mensaje es claro: la corrupción no tendrá cabida en la Ucrania que viene. La comunidad internacional y el pueblo ucraniano esperan que esta no sea una medida aislada, sino el inicio de una verdadera depuración institucional.

El Poder Judicial ordenó este lunes el "cese inmediato" de la difusión de los audios grabados ¿en la Casa de Gobierno? y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una "violación grave a la privacidad institucional".

Un juez nacional dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".

X Manuel Adorni

La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir "unidad" en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.