En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellas su ex titular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura._

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial. 

Dos episodios de extrema gravedad, ocurridos durante el fin de semana, colocaron bajo la lupa a la Policía de Santa Fe. Uno de los hechos se originó en una base del Comando Radioeléctrico, donde hallaron estupefacientes dentro de un móvil oficial. El otro derivó en la detención de tres efectivos por un supuesto pedido de coima para la restitución de una motocicleta.

Ambos casos son investigados por Asuntos Internos y la Justicia provincial.

El primero de los hechos se registró en el predio ubicado sobre avenida Galicia al 2300, en barrio Villa María Selva. Allí, durante un relevo de guardia, personal policial detectó elementos fuera de lo habitual en el interior de un patrullero.

Tras dar aviso a las autoridades, se activaron los protocolos de rigor y se procedió al secuestro de 28 envoltorios de papel satinado que contenían cocaína. Además, se incautaron dos paquetes de nylon con la misma sustancia y un envoltorio con marihuana.

Dentro del vehículo también se encontró una balanza digital de precisión y un arma de fuego, elementos incompatibles con el equipamiento regular de un móvil policial.

La causa quedó en manos del fiscal Ezequiel Hernández, mientras que la División de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación, a través de la Policía de Investigaciones (Región 1), lleva adelante las tareas periciales. Por el momento no hay detenidos, y la investigación se centra en determinar cómo ese material llegó al patrullero y si hubo participación de efectivos.

El segundo episodio tuvo como escenario la Seccional 8ª, ubicada en General Paz al 7300, y derivó en el relevo del jefe y subjefe de la dependencia, además de la detención de tres uniformados.

Según fuentes del caso, la situación se inició el viernes cuando un hombre se presentó en la dependencia para recuperar una motocicleta previamente secuestrada. De acuerdo con su denuncia, los policías le habrían exigido dinero a cambio de concretar el trámite.

La intervención de Asuntos Internos resultó clave. Tras recibir la denuncia, se implementó una entrega controlada con billetes previamente marcados. Horas más tarde, ese dinero habría sido recibido por los efectivos involucrados, lo que motivó su inmediata aprehensión.

El procedimiento también incluyó el desplazamiento de las máximas autoridades de la comisaría, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades y eventuales implicancias.

Ambos casos generaron fuerte impacto dentro de la fuerza y abrieron interrogantes sobre los controles internos en la estructura policial santafesina.

El Litoral

La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas.

El cronograma se inicia este lunes con los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán dar explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La fiscalía pone el foco en los boletos de compra-venta ya secuestrados, buscando determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción.

El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, quien vinculó a Feijoo como el nexo entre Adorni y las dos jubiladas que le otorgaron una llamativa hipoteca privada de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.

La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el Jefe de Gabinete.

Finalmente, la investigación apunta a contrastar los valores de mercado con los consignados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se requirió información sobre el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de 5.000 dólares y expensas que rondarían los 700.000 pesos, las cuales figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27 con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino. NA

El Tribunal Oral Federal Nº7 (TOF 7) rechazó los recursos presentados por las defensas en la denominada causa Cuadernos, que buscaban declarar la nulidad del proceso judicial. Con esta decisión, el juicio continuará y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse a indagatoria presencial el martes 17 de marzo.

Luego de su comparecencia, también será citado el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, uno de los principales imputados en la causa.

La resolución fue firmada por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, quienes coincidieron con la postura sostenida por la fiscalía y resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad del juicio.

Uno de los principales planteos había sido presentado por la defensa de Cristina Kirchner, representada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes solicitaron la nulidad total del proceso.

Los letrados argumentaron supuestas irregularidades en la asignación inicial de la causa al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

Sin embargo, el tribunal sostuvo que “la lectura del expediente no evidencia los vicios” señalados por la defensa.

En la misma resolución, el tribunal también confirmó la participación de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante dentro del proceso judicial.

Los magistrados indicaron que los planteos de nulidad ya habían sido tratados en instancias anteriores y que las defensas no presentaron argumentos nuevos que justificaran revisar lo decidido.

“El intento de obturar el juicio en las puertas de su inicio no puede prosperar, porque implicaría volver sobre cuestiones ya resueltas”, señalaron los jueces en su fallo.

Desde la defensa de la expresidenta sostienen que los cuadernos que originaron la causa fueron manipulados y que, por lo tanto, no deberían ser considerados como prueba.

También cuestionaron la validez de los testimonios de los 31 imputados que declararon como colaboradores o “arrepentidos”, al afirmar que sus declaraciones habrían sido obtenidas bajo presión.

Durante la última audiencia, la fiscal Fabiana León rechazó estos argumentos y advirtió que las estrategias defensivas podrían dilatar el proceso hasta provocar la prescripción de algunos delitos.

Según señaló, el camino hacia el juicio oral se logró luego de atravesar numerosas presiones y controversias públicas.

“Para que esta causa llegue a juicio se debieron soportar expresiones de todo tipo y operaciones de prensa, que resultaron inútiles frente a la firmeza del tribunal y la decisión de la fiscalía de llegar al debate oral”, expresó.

De esta manera, el proceso judicial avanza hacia una nueva etapa con la citación a indagatoria de los principales imputados, en una de las causas de corrupción más relevantes de la política argentina en los últimos años.

La Justicia federal profundiza una de las investigaciones por presunta corrupción financiera más resonantes de los últimos años, vinculada a maniobras millonarias con el dólar blue durante la gestión de Alberto Fernández. El expediente, que combina confesiones de financistas arrepentidos, audios comprometedores y operaciones a través de cuevas financieras, busca establecer si existieron complicidades dentro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La causa está a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi. En ese marco, cinco funcionarios de alta jerarquía del BCRA fueron imputados y se les secuestraron teléfonos celulares y computadoras para su análisis. Se trata de Diego Volcic, Analía Jaime, Romina García, Fabián Violante y María Fernández, quienes actualmente continúan en funciones, aunque bajo investigación administrativa, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.

El avance del expediente se aceleró tras la difusión de audios grabados entre los financistas Elías Piccirillo —ex esposo de Jésica Cirio— y Francisco Hauque. En las conversaciones, ambos hacen referencia a operaciones ilegales por montos millonarios y a disputas internas por el reparto de las ganancias.

En uno de los registros, Hauque reclama una deuda de seis millones de dólares en concepto de utilidades obtenidas mediante maniobras irregulares. Ante la negativa de Piccirillo a saldarla, el financista amenazó con denunciar el esquema ante el actual Gobierno.

Otro de los audios incorporados a la causa involucra a la inspectora del BCRA Romina García, quien reconoce ante Piccirillo que durante la gestión anterior se denunciaron internamente irregularidades, pero que no prosperaron porque “había gente de arriba toda entongada”.

Según la hipótesis judicial, los financistas accedían a dólares al tipo de cambio oficial mediante mecanismos fraudulentos, para luego volcarlos al mercado informal y obtener ganancias extraordinarias. Parte de esos fondos habría sido utilizada para la compra de autos de alta gama, relojes de lujo y propiedades inmobiliarias, entre ellas viviendas en la ciudad balnearia de Pinamar.

La investigación también pone el foco en una propiedad que Piccirillo le habría regalado a Jésica Cirio apenas dos días antes de contraer matrimonio, operación que ahora es analizada por presunto lavado de activos.

En paralelo, la Justicia investiga una maniobra para intentar silenciar a Hauque. Según la causa, Piccirillo habría contado con la colaboración del policía Carlos Sebastián Smith —actualmente arrepentido— para plantarle armas y drogas al financista y así desacreditarlo.

Mientras el juzgado de Casanello analiza el contenido de pendrives aportados por Smith, la jueza María Servini tramita desde 2023 una causa paralela por maniobras similares. El objetivo es determinar si ambos expedientes responden a una misma estructura delictiva.

Por su parte, el Banco Central inició un sumario administrativo para establecer si los funcionarios investigados incurrieron en violaciones al Código de Ética. La expectativa ahora está puesta en la apertura de los dispositivos electrónicos secuestrados, que podrían revelar quiénes eran los responsables políticos que habilitaron las maniobras, en un contexto de fuerte cepo cambiario y restricciones para el conjunto de la población.

La investigación judicial sobre las irregularidades en la venta de dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández sumó una prueba explosiva: audios que comprometen a la línea técnica del Banco Central (BCRA) y sugieren complicidad de las autoridades superiores. En información revelada por el diario Clarín, las grabaciones fueron aportadas por un arrepentido y exponen diálogos entre Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio, y una funcionaria de la entidad monetaria.

En el material, que ya está en manos del juez federal Sebastián Casanello, Romina García, inspectora del BCRA, reconoce ante Piccirillo que existía una estructura de corrupción: “Había gente arriba toda entongada, ¿entendés?”.

La conversación, fechada el 1 de febrero de 2025, revela que funcionarios del Central asesoraban a Francisco Hauque, socio de Piccirillo, a cambio de dádivas, una práctica que la propia García admite como ilegal en el audio: “Pero no podemos eso. Está prohibido eso”.

El arrepentido que entregó el material es Carlos Sebastián Smith, alias "El Lobo", un oficial retirado de la Policía Federal que trabajaba para Piccirillo. Según su testimonio, Hauque tenía amenazados a varios directivos para operar sus financieras y acceder al dólar oficial cuando la brecha cambiaria superaba el 100%.

En los audios, la funcionaria intenta victimizarse alegando que recibían amenazas de Hauque, pero confiesa que las denuncias internas eran cajoneadas por las autoridades de la gestión de Miguel Ángel Pesce. "En ese momento todos los de arriba lo sabían... mostramos todo arriba y nadie hizo nada. Nadie movió un dedo", se escucha decir a García.

A raíz de esta evidencia, la Justicia federal allanó a fin de año a cinco funcionarios del BCRA, incluida García, y secuestró celulares y computadoras. Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria por otra causa de armado de causas y narcotráfico, habría grabado la charla para extorsionar a su propio socio.

AgenciaNA

Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) — El escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este martes un nuevo capítulo. Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía y pareja de Ornella Calvete, presentó su renuncia tras quedar vinculado en las escuchas que analiza el fiscal federal Franco Picardi.

Cardini compartía vivienda con Calvete, quien también renunció días atrás a su cargo como directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Ambos quedaron comprometidos luego de los allanamientos ordenados por la Justicia en el marco de la investigación por presuntos retornos en contrataciones públicas.

Durante el procedimiento realizado el 12 de septiembre en el departamento que compartían en San Telmo, los investigadores hallaron 700 mil dólares en efectivo, dinero que Calvete no pudo justificar, además de documentación y dispositivos electrónicos de interés para la causa.

La pesquisa del Ministerio Público Fiscal apunta a una posible estructura de corrupción dentro de la ANDIS. Según la acusación, Calvete, el exdirector del organismo Diego Spagnuolo y al menos catorce exfuncionarios habrían integrado una organización dedicada a direccionar compras vinculadas a las Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), uno de los programas más sensibles del sistema público por manejar tratamientos quirúrgicos complejos y medicamentos de alto valor destinados a enfermedades poco frecuentes.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Calvete alcanzó a enviar un mensaje a su padre para advertir la presencia policial en el edificio instantes antes del ingreso de los agentes. Ese detalle también quedó incorporado a la causa como posible intento de entorpecer el accionar judicial.

Con la salida de Cardini, ya son dos las bajas dentro del Ministerio de Economía asociadas a este expediente, mientras la causa avanza con nuevas medidas para determinar el origen del dinero secuestrado, los vínculos entre funcionarios y proveedores, y el eventual desvío de fondos públicos.

 El supuesto punto de contacto entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las droguerías involucradas en la presunta maniobra de corrupción declaraba ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi. 

Se trata de Miguel Ángel Calvete. La Justicia investiga el direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos dentro de la ANDIS que dirigía Diego Spagnuolo. 

Agencia NA

 La directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, Ornella Calvete, renunció a su cargo, tras el avance en la Causa ANDIS que tiene en el ojo de la tormenta a su padre, Miguel Ángel Calvete, como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.

La renuncia se conoce luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas.

Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre presuntos retornos en la ANDIS y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.

Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025.

En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de “cash blanco”.

El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: “por si entran acá y me ven con mosca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”

Los efectivos de la fiscalía encontraron cerca de 700.000 dólares, en diferentes monedas extranjeras, en ese domicilio durante un procedimiento realizado el 9 de octubre último.

Agencia NA

La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un complejo entramado de gestión irregular de fondos públicos y un sistema paralelo de desvío de dinero.

En este esquema, el fiscal Franco Picardi puso el foco en Sergio Daniel Mastropietro, un empresario de la aviación y socio de Fred Machado –el controvertido financista de José Luis Espert que será juzgado en EE.UU. por narcotráfico–, como una pieza clave en la posible legitimación de activos.

El dictamen fiscal, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, sugiere que el papel de Mastropietro se concentró en el "movimiento, administración y posible legitimación de las sumas obtenidas por el grupo comandado por Miguel Ángel Calvete", señalado como operador paraestatal con vínculos con funcionarios, incluido el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

La evidencia de las transferencias millonarias

La prueba más concreta sobre la participación financiera de Mastropietro surgió de su vínculo con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada. Según la investigación, el 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias millonarias hacia la cuenta de esa firma.

Las capturas de pantalla bancarias, publicadas por la periodista Camila Dolabjian en sus redes, constatan estos movimientos de fondos que totalizaban cientos de millones de pesos, provenientes de droguerías favorecidas por las adjudicaciones de la ANDIS, entre ellas Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L., con importes como $34.560.000,00 y $60.500.000,00.

Mastropietro, luego de recibir los movimientos, envió facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos, bajo el concepto uniforme de "compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa". Esta descripción fue considerada por la fiscalía como funcional a operaciones destinadas a disimular el origen y destino del dinero, lo que encaja en un patrón compatible con "posibles maniobras de lavado de activos".

Vínculos con Spagnuolo y el "Clan" de Río Negro

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, era cercano a José Luis Espert y la pesquisa verificó que visitó a Mastropietro en dos ocasiones en su domicilio privado en Altos de Campo Grande durante 2025. Ambas visitas coincidieron con ingresos casi simultáneos de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora de los fondos en efectivo.

La investigación también señaló lazos sugestivos con la provincia de Río Negro. El dueño de Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación de Río Negro, provincia de donde también son la diputada Lorena Villaverde -sindicada con vínculos con el posible narcotraficante Fred Machado- y donde tenía arraigo el propio Machado. La fiscalía consideró que el rol de Mastropietro, en el núcleo de confianza de Calvete, consolidó el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.

La trama societaria se reforzó en 2018, cuando Mastropietro creó la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa empresa coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad vinculada a Calvete.vuVUqA

El origen del dinero que llegó a manos de Mastropietro fue trazado hasta las maniobras perpetradas en la ANDIS a través de la compra de medicamentos e insumos de alto costo mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios, donde un conjunto reducido de droguerías concentraba la mayoría de las adjudicaciones por montos superiores a los $30.000 millones.

#AgenciaNA 

En una decisión que sacudió el núcleo del gabinete ucraniano, el presidente Volodímir Zelenski solicitó la remoción del ministro de Justicia y de la ministra de Energía, en el marco de una investigación que reveló una trama de sobornos millonarios dentro de la estatal Energoatom. 

El escándalo estalló luego de que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO) descubrieran una compleja red de sobornos en contratos vinculados a Energoatom, la empresa responsable de la generación nuclear en el país. Según los primeros informes, se habrían pagado comisiones ilegales de entre el 10% y el 15% del valor de los contratos a través de una red organizada que operaba con protección política.

Ante la magnitud del caso, Zelenski anunció públicamente que había pedido al Parlamento la destitución del ministro de Justicia, Herman Halushchenko, y de la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk. “Con el país bajo ataque, atravesando apagones y pérdidas constantes, resulta absolutamente inaceptable que existan aún esquemas corruptos que socavan nuestro sistema”, expresó el mandatario en un mensaje grabado.

Uno de los nombres que aparece en el expediente judicial es el del empresario Timur Mindich, conocido por su vínculo estrecho con Zelenski en el pasado. Mindich habría abandonado el país antes de que se emitieran las órdenes de detención. Hasta el momento, cinco personas fueron arrestadas y otras siete fueron notificadas como sospechosas, mientras la justicia continúa desentrañando el entramado.

La crisis no sólo expone a la administración ucraniana a una fuerte presión interna, sino que también compromete su imagen frente a la comunidad internacional. En medio del conflicto con Rusia y con una economía dependiente del apoyo extranjero, Ucrania se enfrenta al desafío de demostrar que su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas es real.

Desde el entorno presidencial señalaron que este será “un punto de inflexión” en la lucha contra la corrupción estructural. Se espera que el Parlamento dé curso a las destituciones y que se intensifiquen los controles sobre la gestión de empresas estatales. “No basta con apartar a los funcionarios implicados, hay que cambiar el sistema que permite que esto ocurra”, reconoció una fuente cercana al Ejecutivo.La decisión de Zelenski de avanzar con la destitución de dos ministros clave refleja no solo una reacción ante el escándalo, sino un intento por blindar políticamente su gobierno en un momento crítico. Con la guerra aún en curso, y con la reconstrucción del país como horizonte, el mensaje es claro: la corrupción no tendrá cabida en la Ucrania que viene. La comunidad internacional y el pueblo ucraniano esperan que esta no sea una medida aislada, sino el inicio de una verdadera depuración institucional.

El Poder Judicial ordenó este lunes el "cese inmediato" de la difusión de los audios grabados ¿en la Casa de Gobierno? y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una "violación grave a la privacidad institucional".

Un juez nacional dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web".

Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia "reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión".

X Manuel Adorni

La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir "unidad" en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.

El vocero presidencial Manuel Adorni se pronunció hoy sobre la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y advirtió que, de confirmarse su autenticidad, se trataría de un hecho sin precedentes en la historia argentina: la grabación de un funcionario dentro de la Casa Rosada.

En mensajes publicados en su cuenta de X, Adorni sostuvo que la circulación de esos registros a menos de diez días de la elección en la provincia de Buenos Aires demuestra que “es una operación orquestada” destinada a “desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, escribió el legislador porteño electo.

Y agregó: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Fin”.

Los audios emergen en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A diferencia de las filtraciones previas atribuidas a Diego Spagnuolo, esta vez los registros son señalados como pertenecientes a Karina Milei, quien en los fragmentos se refiere a la interna libertaria.

En uno de los audios, de apenas ocho segundos, se la escucha decir: “No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”. En otro pasaje se la oye quejarse: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, en un tono que suena a reproche hacia su interlocutor.

La circulación de estos audios reactiva la polémica sobre filtraciones y seguridad dentro del entorno presidencial y plantea preguntas sobre la veracidad de las grabaciones y su origen. Hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre la autenticidad de los audios ni precisiones sobre una investigación que determine quién los difundió y con qué propósito.

El caso suma tensión a la agenda política en la semana previa a una elección clave en la provincia de Buenos Aires y promete seguir en el centro del debate público en las próximas horas.

La Fiscalía que investiga si hubo pago de sobornos por parte de laboratorios para adjudicarse la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) recibió medio centenar de audios atribuidos a su ex titular Diego Spagnuolo, quien ayer designó dos abogados para que lo defiendan en la causa. 

Los audios se entregaron en un pendrive y fueron aportados por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal federal Franco Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y difundió el primero de ellos varios días después, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.

La declaración del periodista se produjo poco antes de que Spagnuolo designara de manera formal dos abogados para defenderlo en el caso, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz. 

Picardi comenzará así a analizar esos audios que se habrían grabado entre agosto y octubre de 2024 y en los que se escucha supuestamente a Spagnuolo hablando de presuntos delitos como porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios para, a su vez, pagarlos a funcionarios del Gobierno nacional. 

En esos meses tramitaba en Comodoro Py otra denuncia presentada por supuestas irregularidades en Andis con la compra de medicación, pero que fue archivada por falta de evidencia. 

Ahora, en la causa a cargo de Picardi y del juez federal Sebastián Casanello se avanza de manera principal en el análisis de todo lo secuestrado en allanamientos a dos sedes de Andis y vinculado a expedientes de compra de medicación y órdenes de pago para establecer si hubo sobreprecios que pudieran encubrir el pago de sobornos. 

En el caso de Spagnuolo, el fiscal tiene que ordenar el inicio del análisis de la información extraída de uno de sus celulares secuestrado en la causa, mientras que continúan los peritajes sobre los teléfonos de otros involucrados, entre ellos los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, accionistas de la Suizo Argentina.

Federico Sturzenegger, “el titán” de Javier Milei, está en la mira de varios diputados nacionales que entienden que sus acciones desreguladoras son piezas fundamentales para crear las condiciones necesarias de la crisis por presuntas coimas en la administración libertaria.

Su afán desregulador y desmaterializador de varias oficinas del Estado es compartido por funcionarios del ministerio de Economía de Luis Caputo como el titular de ARCA, Juan Pazo, que insiste en aumentar los salarios de sus trabajadores por debajo de la inflación mensual real. O sea, la que se siente en el bolsillo de los trabajadores no la que tabula el INDEC.

El caso de la agencia nacional de discapacidad (Andis) es el más notorio donde el achique del Estado pensado desde las oficinas del ministro de Transformación estatal, Federico Sturzenegger, generó un desmantelamiento de las auditorías internas que podrían haber allanado el camino hacia el presunto hecho de cohecho que investiga el juez federal Sebastián Casanello.

La realidad indica que el ex titular de la agencia de discapacidad, Diego Spagnuolo, entendía poco y nada de su materia, pero, como buen abogado, sabía que había que cubrirse de alguna manera las espaldas ante lo que entendía como hechos de corrupción que se producían sin que pudiera hacer mucho.

Las averiguaciones realizadas en ese sentido en cafés públicos o en oficinas con terceras personas, llevaron a que fuera fácilmente grabado por expertos en pseudo espionaje, en un hecho que explotó a pocas semanas de una elección nacional.

El año pasado Spagnuolo, de habitual diálogo con Javier Milei en la Residencia de Olivos, analizó que en el área del plan de alto gasto y baja incidencia conocido por sus siglas como Pacbi, es el corazón de su oficina por el presupuesto que administra.

En el Pacbi, las licitaciones parecen no haberse llevado a cabo, a lo sumo se produjo algún tipo de compulsa de precios, pero, según trascendió por ex directivos de la agencia, se hacían compras directas a droguerías con las que se venía trabajando previamente.

Esta probable irregularidad se potenció con la decisión del ministro Sturzenegger de pasar la motosierra por la agencia utilizándola especialmente en la unidad de auditoría interna que de 16 profesionales pasó a 4 o 5 por lo que los controles se relajaron notablemente.

Algo similar parece haber sucedido en el IOSFA, la obra social de los militares, que tiene varios contratos por compulsa de precios con la droguería Suizo Argentina, involucrada en los audios, y con otras droguerías más.

Por ese organismo que depende del ministro de Defensa, Luis Petri, pasaron tres titulares y la más nueva es Betina Surballe que señaló que el vínculo comercial con la droguería Suizo Argentina es “previo a la actual gestión”.

Resta saber si habla de la gestión presidencial de Milei o de la suya que fue precedida en la obra social por Roberto Fiochi. El comunicado no lo explica, pero Fioschi realizó declaraciones al diario Los Andes y entiende que la relación comercial de la empresa del sector farmacéutico con el IOSFA viene de hace muchos años.

“En mi etapa solamente adjudiqué una licitación por 30.000 millones de pesos, que se dividió entre seis droguerías, entre ellas Suizo Argentina. A esta se le compró una parte muy pequeña de los medicamentos”, afirmó.

Actualmente, IOSFA mantiene registros de compra con 56 droguerías, en un esquema en el que participan más de 85 laboratorios y proveedores. Según el organismo, hoy están vigentes ocho licitaciones y dos próximas a adjudicarse, sin participación de Suizo Argentina.

La crisis de la obra social IOSFA, por la que muchos analistas militares no dudan en afirmar que la gestión de Luis Petri es una de las peores en mucho tiempo, acumula una deuda superior a los 160.000 millones de pesos.

Mientras que en la actualidad el pasivo volvió a subir por el ascensor, al cierre del año 2023 el balance de IOSFA indicaba que el total de los pasivos fue cercano a los 66 millones de pesos y “experimentaron una disminución de −35.777.978.074,60 comparados en moneda homogénea con el ejercicio anterior, al pasar de 102.468.014.766,63 al cierre de 2022 a 66.690.036.692,03 al cierre del ejercicio 2023”.

En la Aduana, el maltrato a sus trabajadores es similar al que sufren varios de los integrantes de los inspectores impositivos.

Numerosos profesionales de ARCA prefirieron solicitar el retiro ante el desincentivo para investigar que supone cobrar salarios que en el sector privado pueden remunerarse hasta cinco veces más.

“Hablamos de profesionales muy valiosos, aquellos que investigan grandes causas de evasión impositiva o investigadores de operaciones financieras en la nube que, en la actualidad, mientras se desenvuelve la cuarta revolución industrial que implica nuevos servicios financieros en línea, se hacen cada vez más difícil de perseguir favoreciendo a los inescrupulosos y a los que sacan ventaja de un Estado al que comienzan a pasar por arriba”, señaló Julio Estévez (h) de la Asociación de Empleados Fiscales (AEFIP).

Junto al gremio aduanero Supara viene de denunciar lo que consideran un atropello a las convenciones colectivas de trabajo por los magros aumentos que perciben los trabajadores.

A pesar de sus funciones, los aduaneros y los recaudadores no escapan a las generales de la ley de recibir aumentos que apenas superan el 1% mensual en áreas del estado.

“AEFIP cumple 10 años de vida y nunca vivimos esta situación de desinterés por el trabajador impositivo y aduanero. Además, el otro gremio AEFIP no hace demasiado por revertir esta situación que desfinancia a las familias aduaneras e impositivas y genera que los chorros de este país se froten las manos por la desidia del gobierno por incrementar los controles”, afirmó Estévez (h).

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando Jonathan Simón Kovalivker, empresario y copropietario de la droguería Suizo Argentina, se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar ante la Justicia.

La citación forma parte de la investigación que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello, iniciada a partir de los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se aludía a una presunta trama de retornos vinculada a la compra de medicamentos.

La droguería Suizo Argentina es una de las principales proveedoras del Estado en materia de insumos médicos. Su nombre aparece mencionado en la causa, lo que llevó a los investigadores a citar a sus representantes para esclarecer posibles vínculos con el circuito de sobornos denunciado. 

Tras la declaración de Kovalivker, la Justicia analiza documentación y testimonios que podrían derivar en nuevas citaciones. Por el momento, Spagnuolo sigue siendo una de las piezas centrales de la pesquisa, mientras el Gobierno nacional dispuso la intervención de la ANDIS para garantizar el funcionamiento del organismo.

La investigación busca determinar si existió un esquema sistemático de coimas en la adquisición de medicamentos y quiénes fueron los beneficiarios.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, afirmó esta mañana que las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno son “una monumental operación”, que se instala “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses, y enfatizó: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)”.

En relación con las denuncias sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el diputado dijo que en las próximas elecciones “probablemente jubilemos a una parte de la política y eso genera muchísimas tensiones y una monumental operación que quieren instalar”.

"No tienen cómo atacarnos, porque en la gestión han sido un mamarracho en los últimos 20 años, y entonces tratan de llevarte al barro. Es con lo que vamos a tener que convivir y todavía faltan dos semanas", para las elecciones, aseguró.

En medio del escándalo político por los audios de presuntas coimas que derivó en la destitución de Diego Spagnuolo, el empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, intervino en el debate público al repostear un mensaje que califica la denuncia como una "opereta absurda para voltear a Milei".

Originalmente publicado por el usuario Fran Casaretto, compara la situación actual con la crisis de 2019 y advierte a los lectores: "¿Vas a volver a ser el mismo pelotudo? Usá la cabecita".

El tuit que compartió Galperin, uno de los empresarios más influyentes del país, busca instalar la idea de que el escándalo de corrupción no es genuino, sino una maniobra de desestabilización política orquestada por la oposición. El mensaje sostiene que en 2019 "te inflaron el dólar para voltear a Macri" y que la gente "les creyó". Luego, traza un paralelismo y advierte que hoy se busca repetir la maniobra con una "opereta absurda para voltear a Milei".

Al repostearlo, el empresario avala la teoría de que el escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad no es un caso de corrupción real, sino una conspiración política. La intervención de Galperin se produce mientras la causa judicial avanza con allanamientos y secuestros de dinero, y en un momento en que el Gobierno mantiene un cauto silencio sobre las graves acusaciones que pesan sobre el entorno presidencial.

Tras los 14 allanamientos realizados en la madrugada en distintos domicilios vinculados a Diego Spagnuolo, el ex funcionario no había sido encontrado. Sin embargo, este mediodía la Policía de la Ciudad lo localizó en un country de Pilar y, por orden del juez federal Sebastián Casanello, le secuestró el teléfono celular. También se incautaron una computadora y documentación.

El procedimiento se enmarca en la investigación judicial por el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que aparece mencionada la droguería Suizo Argentina.

En total, la Justicia dispuso 15 operativos. Ayer por la noche fueron requisadas las sedes de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina, donde efectivos de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen secuestraron computadoras y documentación relacionada con licitaciones de medicamentos.

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió en Nordelta, en la casa de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando la Policía llegó, el empresario intentaba salir en su auto. En el asiento trasero le encontraron sobres con 266 mil dólares y siete millones de pesos, además de anotaciones. También le secuestraron el celular y el pasaporte.

El caso se inició tras la difusión de audios en el programa Data Clave del canal de streaming “Carnaval”. En esas grabaciones, Spagnuolo admitía que “defalcaban la agencia” mediante pedidos de coimas en la compra de medicamentos, y señalaba directamente a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem —asesor de la Secretaría General de la Presidencia— y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Incluso, el propio ex funcionario relató que informó al presidente Javier Milei sobre la situación: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

El fiscal federal Franco Picardi impulsa la investigación por los delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la ley de ética pública y posible asociación ilícita.

El Gobierno nacional, por su parte, se limitó a desplazar a Spagnuolo de su cargo, sin desmentir los audios ni dar explicaciones sobre las acusaciones.

Por el momento, Spagnuolo seguirá en libertad, pero la causa continúa avanzando con peritajes sobre los celulares, computadoras y documentación incautada en los allanamientos.

La ex presidenta Cristina Kirchner lanzó este viernes una dura acusación contra el presidente Javier Milei, al denunciar a través de un extenso posteo en su cuenta de X un presunto esquema de cobro de coimas en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad, en el que involucró directamente a la hermana del mandatario, Karina Milei, y al funcionario Hernán “Lule” Menem.

En un mensaje titulado irónicamente “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, la ex mandataria recordó el argumento judicial utilizado para condenarla en la causa por la obra pública, y señaló que, de aplicarse el mismo criterio, el actual presidente debería afrontar responsabilidades penales por estar al tanto del esquema de retornos por la provisión de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió Fernández de Kirchner en la red social.

La denuncia pública se produce tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y hasta hace poco titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, afirmaba haber informado personalmente al Presidente sobre los hechos de corrupción que involucraban a su entorno más cercano. “Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, acusó la ex jefa de Estado.

Según el posteo, una de las droguerías implicadas en el circuito de retornos es “La Suizo Argentino S.A.”, cuyo directivo Jonathan Kovalivker fue vinculado por Cristina Kirchner con el ex presidente Mauricio Macri, a quien mencionó como “su amigo personal”.

“Todo tiene que ver con todo”, remarcó la ex presidenta, que también aludió a un presunto vínculo del dispositivo de corrupción con antiguos funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, mencionado en los audios como parte de la operatoria.

Por último, Fernández de Kirchner apuntó contra el Poder Judicial, al que acusó de actuar como “instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros”. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, concluyó su mensaje.