El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, sostuvo este viernes que las estadísticas contra el crimen organizado y el narcotráfico han mejorado en la ciudad de Rosario, pero advirtió que existe un “entramado muy complejo” que no se agota con el delincuente que está en la cárcel, sino que hay que apuntar hacia quienes le brindaron protección.

En ese sentido, envió un claro mensaje a los integrantes de la Justicia que “honran” su cargo y afirmó que “los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo”.

“Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino”, afirmó.

Las palabras de Rosatti se escucharon en un auditorio colmado ante la Cámara Federal de Rosario, en el marco de la jura de un nuevo integrante, el juez federal Florentino Malaponte, quien llega para ocupar una silla que está vacante desde hace diez años.

Rosatti le aco

nsejó al flamante magistrado —a quien aclaró no conocer previamente— conservar dos premisas centrales en una jurisdicción atravesada por múltiples presiones: "Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la 'doble H': humildad y honestidad", porque "se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año".

Un rato antes, el presidente de la Cámara Federal, Aníbal Pineda, había subrayado el trabajo que se viene llevando adelante y el esfuerzo institucional, potenciado por la llegada del sistema acusatorio en Rosario.

Y destacó que, en medio de la gran cantidad de vacantes, además “hay dos jueces con prisión preventiva”, en alusión a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido; y a Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de fallos y cuyo jury comenzará el próximo 6 de octubre.

Sobre eso también se refirió el juez federal de Garantías Daniel Rodríguez Da Cruz, quien habló de la corrupción dentro de la propia justicia.

Cuando llegó el turno de Rosatti, el presidente de la Corte recordó el encuentro de la justicia que encabezó con el máximo tribunal en Rosario para enviar un claro mensaje en la lucha contra el narcotráfico, y señaló que esa tarea enfrenta “un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel”, porque ese sistema organizado “se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero y, como también se dijo muy bien aquí, con actitudes que probablemente no sean de colaboración, pero sí son de mirar para otro lado”.

“Esto no ha terminado ni mucho menos, ni mucho menos. Pero ha habido una reacción, la reacción que todos esperábamos, la reacción de la propia comunidad —afirmó—. Las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado. Pero yo creo que no falta mucho”.

“Yo estoy muy reconocido a los fiscales provinciales, a los jueces provinciales, a los fiscales federales y a los jueces federales de distinto grado que honraron el cargo. También a las autoridades políticas, a la corte local y al intendente, porque se percibió en ese momento que si no había una respuesta institucional conjunta era muy difícil revertir la situación”, agregó.

No obstante, Rosatti aseguró que “más allá de todo esto, también debemos ver el aspecto sombrío: porque en ese evento de hace cuatro años dijimos ‘vamos a poner el reflector’ y, cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro. Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso”.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacó la cantidad de vacantes que se cubrieron en el fuero con la gestión de Javier Milei y resaltó que “el crimen está organizado, pero ahora el Estado también está más organizado” para combatirlo. De la reunión también tomaron la palabra integrantes de la Corte Suprema de Santa Fe.

El Poder Judicial de Santa Fe advirtió este miércoles sobre una modalidad de fraude que utiliza el nombre de la institución para solicitar información a profesionales que integran las denominadas “Listas de Nombramientos de Oficio”.

Desde la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia aclararon que no realizan llamados telefónicos ni envían formularios o comunicaciones para requerir esos datos.

La advertencia fue difundida por la Oficina de Prensa del Poder Judicial a raíz de la detección de llamadas en las que se solicita información vinculada con la integración de esas listas. La recomendación oficial es no brindar datos ante este tipo de contactos y comunicarse de inmediato con la Justicia a través de sus canales digitales oficiales.

La modalidad advertida tiene como punto de partida un contacto telefónico en el que los autores se presentan, directa o indirectamente, como representantes del Poder Judicial y solicitan información relacionada con las listas de profesionales que pueden ser designados de oficio.

Ante esta situación, la Secretaría de Gobierno de la Corte Suprema remarcó que no realiza llamados telefónicos ni remite formularios o comunicaciones para solicitar información a los profesionales que integran las Listas de Nombramientos de Oficio.

El organismo también aclaró que el Poder Judicial no efectúa citaciones mediante WhatsApp. La advertencia alcanza a supuestas comunicaciones provenientes de unidades jurisdiccionales o de cualquier otra dependencia que integre el Poder Judicial de Santa Fe.

De esta manera, un mensaje recibido por esa aplicación que invoque a un juzgado, tribunal u otra dependencia judicial y convoque a una persona a presentarse debe ser considerado sospechoso y verificado por canales oficiales antes de brindar información, ingresar a enlaces o realizar cualquier otra acción que indique el remitente.

Desde el Poder Judicial solicitaron que quienes reciban llamadas o comunicaciones de estas características se comuniquen de inmediato a través de los medios oficiales disponibles.

Para realizar consultas, se encuentra habilitado el teléfono 0342-4572700, internos 2126, 2127, 2287 y 2288. También se puede utilizar el Chatbot Justina, disponible a través del sitio oficial del Poder Judicial de Santa Fe.

La recomendación apunta especialmente a evitar que información personal o profesional sea entregada a personas que utilizan la identificación de organismos públicos para generar confianza y avanzar con una eventual maniobra fraudulenta.

El Poder Ejecutivo de Santa Fe formalizó la designación de Diego Luis Maciel como ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial, cargo que ocupará a partir del 1.º de septiembre de 2026, cuando se produzca la vacante generada por la renuncia de Eduardo Spuler.

La decisión quedó establecida mediante el decreto N.º 1632, luego de que Maciel obtuviera el acuerdo de la Asamblea Legislativa el pasado 26 de febrero, junto con Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini.

Hasta el momento, el Ejecutivo no había avanzado con la formalización de los tres nombramientos debido a que todavía no se habían producido las respectivas vacantes dentro del máximo tribunal provincial.

La proximidad de la salida de Spuler motivó ahora el dictado del decreto correspondiente a Maciel, permitiendo que la propia Corte pueda avanzar con la organización de su acto de jura, previsto para la primera semana de septiembre.

Spuler había presentado su renuncia con vigencia desde el 1.º de septiembre, decisión que fue aceptada por el Poder Ejecutivo el pasado 3 de diciembre.

En los considerandos del decreto se indicó que, a instancias del secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, se desarrolló el procedimiento administrativo necesario para concretar la designación.

La medida también recordó que Maciel ya contaba con el acuerdo legislativo necesario y que correspondía formalizar su incorporación conforme a las disposiciones de la Constitución de la Provincia de Santa Fe.

De esta manera, su llegada marcará el inicio del proceso de renovación previsto dentro de la Corte santafesina.

Las designaciones de Alurralde y Genghini todavía no fueron formalizadas debido a que las vacantes que ocuparán aún no se produjeron.

Los actuales ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco anticiparon públicamente que presentarían sus renuncias durante noviembre. En ámbitos del Ejecutivo provincial señalaron que ambos magistrados ya dieron señales de avanzar en ese sentido.

Por este motivo, el resto de los cambios en la integración del máximo tribunal se concretaría hacia diciembre, una vez que se formalicen esas salidas.

Diego Luis Maciel nació en Esperanza en 1976 y se recibió de abogado en 2003 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Su especialización profesional está vinculada principalmente con el Derecho Civil y Comercial.

También tuvo actividad política dentro de la Unión Cívica Radical (UCR) en Esperanza y posteriormente ocupó distintos cargos técnicos en el Senado provincial, hasta desempeñarse como secretario Administrativo.

Ese mismo cargo ejerció durante la reciente Convención Reformadora de la Constitución santafesina.

Con el decreto firmado por el Ejecutivo, Maciel quedó formalmente habilitado para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe desde el 1.º de septiembre, en reemplazo de Eduardo Spuler.

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar la condena firme que recibió en la causa Vialidad y solicitar medidas mientras el organismo internacional analiza el planteo.

Los abogados Javier Borrego, Carlos Beraldi y Rafael Valim explicaron este miércoles que pidieron, entre otros puntos, la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una revisión de las condiciones bajo las cuales la expresidenta cumple su pena de prisión domiciliaria. También formularon cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Corte Suprema con tres integrantes.

Cristina Kirchner cumple una condena firme de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, según consta en actuaciones oficiales del Poder Judicial.

Los representantes legales aclararon que el planteo internacional no tendrá una resolución inmediata. Según explicaron, las solicitudes de medidas provisionales podrían recibir una respuesta en los próximos meses, mientras que el análisis de fondo podría extenderse durante años.

La próxima sesión del Comité de Derechos Humanos está prevista entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre de 2026, según el calendario oficial de Naciones Unidas. Esto no implica, sin embargo, que el expediente de Cristina Kirchner necesariamente sea resuelto durante ese período.

El Comité está integrado por 18 expertos independientes y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A través de su mecanismo de comunicaciones individuales puede examinar denuncias contra Estados que aceptaron ese procedimiento y, cuando considera que existe riesgo de un daño irreparable, solicitar medidas provisionales mientras estudia el caso. Naciones Unidas sostiene que los Estados parte deben cooperar de buena fe con esos requerimientos.

Desde la defensa de la exmandataria sostienen que durante el proceso judicial se vulneraron sus derechos y califican la inhabilitación como una forma de “proscripción”. La condena, mientras tanto, continúa vigente en la Argentina y el planteo ante la ONU abre ahora una nueva instancia internacional sobre el caso.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la actualización del decomiso en la causa Vialidad, que alcanza a Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El monto, que originalmente había sido fijado en torno a los $85.000 millones, fue actualizado a una cifra cercana a los $685.000 millones, de acuerdo con un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte.

La resolución del máximo tribunal rechazó los planteos de nulidad y los pedidos orientados a suspender las medidas vinculadas con la ejecución patrimonial.

Con esta decisión, quedó habilitado el avance de las actuaciones destinadas a cubrir el decomiso ordenado en la sentencia, que incluye la posible ejecución y remate de bienes.

La medida alcanza a un total de 111 bienes, mientras que el Tribunal Oral Federal N° 2 ya puso en marcha el proceso de tasación de algunas propiedades ubicadas en el sur del país.

La decisión fue firmada por los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El tribunal también resolvió en el mismo sentido el recurso presentado por Lázaro Báez, quien también fue condenado con sentencia firme a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

De esta manera, fue rechazado el último recurso presentado por la defensa de Cristina Kirchner sobre este punto específico de la ejecución de la condena.

El monto del decomiso había sido actualizado a partir de un informe técnico del Cuerpo de Peritos Contadores. Según esa actualización, la cifra quedó establecida en $684.990.350.139,86, monto que ahora quedó firme tras la decisión del máximo tribunal. Por ese decomiso deben responder de manera solidaria todos los condenados en la causa.

La investigación judicial analizó una presunta maniobra defraudatoria desarrollada entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, en el marco de 51 procesos licitatorios de obra pública vial ejecutados por la Dirección Nacional de Vialidad.

Según surge del expediente, esas obras fueron adjudicadas de manera sistemática al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, por miles de millones de pesos.

Los tribunales consideraron probado que existió un perjuicio económico para el Estado nacional y ordenaron el decomiso como parte de la condena.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2, que condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Guillermo Periotti y Francisco José López a seis años de prisión.

También quedaron condenados Juan Carlos Villafañe a cinco años; Raúl Gilberto Pavesi a cuatro años y seis meses; Mauricio Collareda y José Raúl Santibáñez a cuatro años; y Raúl Osvaldo Daruich a tres años y seis meses.

Todos fueron considerados responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez habían cuestionado la competencia del TOF 2 para llevar adelante la ejecución patrimonial derivada de la condena penal.

También sostuvieron que la medida excedía el marco del proceso penal y debía tramitarse en el fuero civil, además de objetar el alcance temporal fijado para el decomiso.

Sin embargo, Casación ya había rechazado esos argumentos y reafirmado la naturaleza penal del decomiso.

Con la nueva resolución de la Corte Suprema, quedaron firmes tanto la cifra actualizada como los rechazos a los planteos destinados a frenar la ejecución patrimonial.

El fiscal Juan Carlos Paulucci recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que revise y declare inadmisible la medida cautelar que ordenó a la ANSES restituir, de manera provisoria, la pensión que percibía Cristina Fernández de Kirchner como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

La presentación se realizó después de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara elevar el caso al máximo tribunal. De esa manera, quedó firme la orden de pago mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Paulucci, titular de la Fiscalía General N° 1 ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, busca que la Corte intervenga sobre la cautelar concedida en febrero por los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini, que obligó a reponer el beneficio previsional dado de baja por la ANSES en noviembre de 2024.

La baja del beneficio se produjo luego de la condena contra la exmandataria en la causa Vialidad, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Según el planteo de Paulucci, mientras esa condena esté vigente, corresponde la “suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar”, de acuerdo con la normativa aplicable.

En noviembre de 2024, último mes en que se abonó la pensión, el monto ascendía a casi 12,5 millones de pesos, luego de los descuentos correspondientes.

El recurso presentado ante la Corte es una queja, por lo que en principio no tiene efecto suspensivo. Esto significa que el pago ordenado por la Cámara debería cumplirse mientras el máximo tribunal define si acepta intervenir en el caso.

La discusión judicial, por ahora, no resuelve el fondo del reclamo, sino la validez de la medida provisoria que ordenó restituir la pensión mientras se tramita la causa principal.

El conflicto comenzó a fines de 2024, cuando la ANSES dispuso mediante la Resolución 1092 dar de baja dos prestaciones que percibía Cristina Kirchner: la pensión como viuda de Néstor Kirchner y la jubilación correspondiente a su desempeño como expresidenta.

La Cámara previsional intervino luego y sostuvo que la ANSES no podía dar de baja el beneficio de pensión, sino en todo caso suspenderlo. También cuestionó que el organismo hubiera eliminado ambas prestaciones por razones vinculadas al “honor”, tal como había sido argumentado administrativamente.

Sin embargo, el tribunal sí avaló la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta, al entender que la condena judicial habilitaba esa medida. De esta forma, distinguió entre ambos beneficios: la pensión por viudez debe restituirse provisoriamente, mientras que la jubilación presidencial continúa suspendida.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó este viernes en Rosario una reunión con camaristas en el marco del conflicto abierto con fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por causas vinculadas al microtráfico de drogas.

La controversia se originó a partir de resoluciones judiciales que ponen en duda la competencia de la justicia provincial para investigar este tipo de delitos, generando tensiones entre distintos sectores del sistema judicial.

Semanas atrás, el mandatario ya había mantenido encuentros con autoridades del MPA, entre ellas la fiscal general María Cecilia Vranicich, el fiscal regional Matías Merlo, el titular de la unidad de microtráfico Franco Carbone y la fiscal Carla Cerliani.

El tema incluso generó contactos a nivel nacional, con participación de actores del Poder Judicial de la Nación.

En paralelo, el Gobierno busca avanzar en la renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, un proceso que aún presenta incertidumbre.

Aunque la Asamblea Legislativa aprobó los pliegos de los futuros integrantes, las vacantes todavía no se efectivizaron plenamente, ya que algunos ministros anunciaron su retiro pero sin fechas definitivas.

Entre ellos se encuentran Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, mientras que Eduardo Spuler confirmó que dejará su cargo el 1 de septiembre de 2026 por límite de edad.

Desde el Ejecutivo esperan que la habilitación del nuevo edificio de Tribunales, prevista para abril, contribuya a definir los plazos de salida de los actuales magistrados.

El encuentro se da en un contexto de tensiones institucionales y cambios estructurales, donde el gobierno provincial busca ordenar competencias, fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y avanzar en la renovación del máximo tribunal.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, mantuvo su primera reunión oficial con la Corte Suprema, en un encuentro que dejó gestos de acercamiento institucional y definiciones clave sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

De la reunión participaron los jueces del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Desde la cartera de Justicia destacaron que el funcionario “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales”, uno de los principales problemas estructurales del sistema.

Uno de los ejes centrales fue el anuncio de que el Gobierno iniciará el envío al Senado de los pliegos para cubrir más de 300 cargos entre jueces, fiscales y defensores.

Según indicaron, se trata de una medida “clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”.

El propio Mahiques advirtió sobre la situación actual:

“Es un momento histórico. Nunca en el Poder Judicial hubo tanta vacancia (37%)”, señaló.

En ese sentido, remarcó que el problema impacta directamente en el funcionamiento de los tribunales:“Los jueces se subrogan entre sí porque no dan abasto”.

Además, indicó que la prioridad será cubrir juzgados de primera instancia y cámaras del interior del país, especialmente en los fueros con mayor cantidad de vacantes.

Durante el encuentro también se analizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración transitoria, como el sistema de conjueces.

El objetivo es garantizar el funcionamiento de los tribunales en casos de vacancias, licencias u otros impedimentos de los magistrados titulares.

Consultado sobre la integración del máximo tribunal, Mahiques fue claro:

“No es una prioridad completar sus dos vacantes. La Corte funciona bien, está dando respuestas”.

Actualmente, la Corte Suprema funciona con tres miembros tras la salida de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.

Desde el Gobierno y la Corte coincidieron en la necesidad de trabajar de manera coordinada, respetando las competencias de cada poder, con el objetivo de:

En paralelo, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura avanzó en procesos disciplinarios contra magistrados, con dictámenes acusatorios que podrían derivar en juicios políticos.

Estos procesos incluyen causas por expresiones antisemitas, violencia laboral y conductas incompatibles con la función judicial.

"Me invitaron a comer el lunes y voy a ir". Con esa expresión, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, revelaba el viernes último en medio de una entrevista periodística, que había sido convocado por los ministros que integran la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe.

Según pudo saber El Litoral, será "un encuentro de camaradería"; una cena que se servirá fuera del edificio de los Tribunales santafesinos, y en esta capital.

Será el primer encuentro fuera de los que se generaron en términos institucionales, desde que comenzó la administración del actual mandatario. Y será exactamente cuando promedia su gestión.

El cónclave de este lunes se celebrará a menos de una semana de que el Poder Ejecutivo (en cabeza de Pullaro) iniciara el proceso para enviar a la Legislatura en enero próximo los pliegos de quienes cubrirán las vacantes de los tres ministros que restaban retirarse por exceder el límite de edad (75 años) que impone la Constitución provincial recientemente reformada.

Con el anuncio de Eduardo Spuller, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez de retirarse de la Corte a fines del año que viene, el gobierno de Pullaro concluye un proceso de renovación del máximo tribunal que comenzó a promover prácticamente desde que inició su gestión.

La intención se generar dichos cambios derivó en una relación entre ambos poderes signada por la hostilidad y momentos de fuerte tensión. El punto más álgido, quizá, se evidenció cuando el mandatario respondió a un pedido de audiencia de la Corte, citando a los magistrados a las siete de la mañana de un domingo de principios de setiembre de 2024. Uno de los temas de la agenda era discutir la reforma jubilatoria que también promovía la Casa Gris y que sancionó la Legislatura tiempo después. La normativa implicó declarar a la provincia en emergencia previsional, pero además, incluyó cambios en el sistema como fijar nuevos topes para los haberes máximos que pagara la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

Durante la gestión, también alumbró un proyecto impulsado desde el oficialismo para modificar la ley del Poder Judicial. Con dicha reforma, se amplió a siete el número de miembros de la Corte, y se impuso el límite de edad de los 75 años para la permanencia en el máximo tribunal. El requisito fue luego incluido en el nuevo texto de la carta magna santafesina.

La discusión por la cobertura de vacantes y por la asignación de partidas presupuestarias también provocó fricciones. Aun así, el gobierno eligió interlocutores y abrió canales de diálogo para consensuar la salida de los ministros que debían dejar el Tribunal. Públicamente, Pullaro se mostró siempre partidario de lograr acuerdos que permitiesen una salida consensuada y amigable. Aunque cuando las posiciones se endurecieron, también advirtió que el recambio podía forzarse por decreto.

La situación no llegó a ese límite; la primera en anunciar su retiro fue María Angélica Gastaldi. Fue a sólo un par de semanas de aquel encuentro matutino a primera hora de un domingo de setiembre. Meses después hizo lo propio Mario Netri. Y hacia finales del corriente año, también anunciaron su dimisión Spuller, Falistocco y Gutiérrez. La renuncia del primero se hará operativa en setiembre de 2026 en tanto que las dos restantes, en noviembre de ese mismo año.

El encuentro de camaradería de este lunes se convierte así en una especie de cierre simbólico a un proceso profundo de recambio no sólo de miembros de la Corte, sino también de las normativas imperantes para dicho órgano y para el Poder Judicial. Finalmente, todos estarán sentadas a la misma mesa.

El Litoral

La Justicia de Santa Fe atraviesa una transformación histórica. Tras décadas de inamovilidad, la Corte Suprema de la provincia inicia una etapa de renovación casi total. En una entrevista telefónica con RADIO RAFAELA, el gobernador Maximiliano Pullaro fundamentó la necesidad de este cambio, no como una crítica personal a los ministros salientes, sino como una urgencia institucional.

"Indudablemente, uno no es el mismo después de treinta años en el mismo cargo, y menos en uno que tiene tanto poder", sentenció Pullaro. Para el mandatario, la permanencia prolongada en la cúpula judicial genera "puntos ciegos" que impiden ver el panorama completo de las demandas sociales.

"Con mucho esfuerzo y diálogo institucional, hemos logrado renovar casi por completo la Corte. Esta nueva conformación va a trabajar en un plan de eficiencia y ordenamiento de los recursos para que realmente lleguen a la gente", aseguró.

Pullaro detalló la composición de la nueva cabeza del Poder Judicial, destacando que por primera vez se buscó una representatividad que abarque toda la geografía y diversos sectores de la abogacía:

-El Norte y el Oeste: Representados por un exjuez federal y una especialista con trayectoria legislativa en Esperanza.

-Rosario y Santa Fe: Con nombres que vienen de la carrera judicial interna, como el Dr. Weder, y del derecho penal y el Ministerio Público de la Acusación, como el Dr. Baclini.

-Academia y Sector Privado: Con la incorporación de la Dra. Margarita Zabalza y Jorgelina Genghini (representante de los Colegios de Abogados), buscando una visión que combine la excelencia académica con la experiencia del ejercicio profesional liberal.

Para el gobernador, el éxito de esta reforma no se medirá en términos políticos, sino en la respuesta a los conflictos cotidianos. "Esto nos permite tener una mirada integral que va a acercar la justicia a la gente que tiene un problema de familia, laboral, civil o penal. Tendremos una justicia mucho más cercana", concluyó en el aire de RADIO RAFAELA.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe discutirá esta semana la elección de su presidente para 2026, en reemplazo del actual titular del cuerpo, Roberto Falistocco. Y también, seguramente, de un criterio que rigió durante las últimas décadas, sustentado por mayorías que hoy ya no existen. Y de cara a un verdadero cambio de época, paulatino, pero con fecha cierta.

La determinación de quien vaya a ponerse al frente del máximo organismo del Poder Judicial se lleva a cabo todos los años, en el último acuerdo de noviembre, según dispone la Carta Orgánica de Tribunales; aunque en esta oportunidad, como ocurrió en otras, la definición podría dilatarse unos días.

Con el sistema de rotación imperante desde principios de los 2000, para remediar y prevenir situaciones de tensión a veces asociadas a estos procesos, la presidencia recayó sucesivamente en Santa Fe (los años pares) y Rosario (los impares). No prosperó la idea blandida alguna vez por Daniel Erbetta de que la alternancia sea no solo de regiones, sino de personas.

Porque el mecanismo actual dejó como saldo la particularidad de que, al ser solamente dos los ministros de la ciudad capital y uno solo dispuesto a asumir el cargo (Eduardo Spuler nunca quiso hacerlo), año por medio la presidencia vino recayendo sin excepciones en Rafael Gutiérrez. Al punto que acumuló el récord de 13 mandatos, siempre con el acompañamiento de sus pares.

El santafesino, recién electo al frente de la delegación regional de la Junta Federal de Cortes, aspira a un catorceavo período en 2026, que corone su larga trayectoria en el organismo y su propia carrera en el Poder Judicial, con el broche de oro de la inauguración de la demorada nueva ala de los Tribunales capitalinos.

Según pudo establecer El Litoral, esta idea es acompañada por parte de los ministros, aunque no por todos. Lo que podría extender las deliberaciones hasta entrado diciembre, como ocurrió en otras oportunidades.

De darse, este último período presidencial podría ser la "puerta grande" que, con sus tiempos y sin someterse a la imposición de cronograma alguno, Gutiérrez atraviese el año que viene. Paso que ya dieron María Angélica Gastaldi y Mario Netri, y al que Spuler fijó fecha para septiembre.

No lo hicieron Gutiérrez, ni Falistocco. En ambos casos (como en los demás mencionados), superan la edad de 75 años que la actual Constitución Provincial pone como tope, y que la gestión Pullaro esgrime como argumento para propiciar la renovación.

La carta de la reforma remite a un conflicto jurídico-institucional (más o menos) dirimido en 1999, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la Carta Magna santafesina que fijaba en los 65 años la edad tope a la garantía de inamovilidad judicial, mientras que la nacional lo estableció en 75. Lo hizo en el fallo "Casiano Iribarren".

En los hechos, esto dejó un vacío legal, que distintos intereses llenaron de manera divergente: sea pretendiendo que se aplique en Santa Fe el tope de la Constitución Nacional, o bien arguyendo que, ante la inconstitucionalidad declarada y el federalismo imperante, en Santa Fe no había tope alguno. El vacío se subsanó con la reforma de este año, y así lo esgrimió el gobierno, ante los jueces que superaron esa edad.

Fuera de este universo se encuentra Erbetta, el último ministro designado antes del actual período de gobierno, y de las cuatro gestiones sucesivas (las tres socialistas y la última peronista) en las que se mantuvo exactamente la misma composición. Quien seguirá formando parte del tribunal, junto a los miembros ingresados este año: Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder; y los que vayan a reemplazar llegado el momento a Gutiérrez, Falistocco y Spuler.

En estos términos está planteada la reconfiguración del Tribunal, lo que incluye además la desvinculación del procurador general por efecto de la reforma constitucional. Y otro dato que sorprendió en la última semana, y que no es sólo un elemento más de esta renovación: también anunció su retiro el secretario general de la Corte, Eduardo Bordas.

El cimbronazo de este anuncio se vincula a que, por delegación de los ministros (en una acordada con voto mayoritario, pero no unánime), Bordas concentró en su momento las tareas de gestión, incluyendo contrataciones, manejo de recursos, y desarrollo de programas, como la informatización.

Por eso, los cambios que sucederán al alejamiento del funcionario van más allá de las improntas personales. El futuro secretario general tendrá menos atribuciones. Y puertas adentro de la Corte ya se trabaja en un rediseño de funciones, en un esquema de áreas diferenciadas, y roles más activos de los ministros.

Este trabajo de reformulación interno se compadece con la reorientación reclamada de manera algo estentórea por el actual gobernador desde su mismo discurso de asunción, cuando habló del costo y la ineficiencia de la Justicia.

La fuerza de este concepto, y su correlato en la pretensión del paso al costado de los ministros más veteranos, gestionados por integrantes de elenco gubernamental con modos y tonos de discurso a veces más funcionales al conflicto que a la diplomacia, generaron tensiones y cruces verbales públicos o privados donde no faltaron los pases de facturas recíprocas.

Pasado el trance constitucional y la faena de la campaña electoral, el gobernador insistió con su planteo original sin restarle fuerza, pero tampoco reconocimientos. Un acercamiento conceptual que ya se había dado en la inauguración del año judicial con el discurso de Falistocco, aunque más no sea como un modo civilizado de dirimir lo que ineludiblemente resulta conflictivo.

Lo concreto es que, atravesada la línea del medio término de la gestión, con el aval de la reforma constitucional, la tormenta con el personal por el traspaso al Ministerio Público, la puesta en marcha de la cobertura de vacantes y una serie de reformas del funcionamiento del Poder Judicial impulsadas por el Ejecutivo y por la propia Corte, los tiempos corren distinto.

La renovación de la Corte también se encuentra en su término medio, y no sería correcto ni justo suponer (como pretenden algunos críticos poco rigurosos) que se encamina a una composición funcional al gobierno de turno. El perfil y la trayectoria de los ministros, y los acuerdos por los que fueron propuestos y elegidos, no es congruente con una pretensión de esa naturaleza.

En cualquier caso, el curso de esa renovación es suficiente para alterar la dinámica de funcionamiento interno y la toma de decisiones de gestión. Todo lo cual permite tener en claro que se trata de un proceso de transición hacia una nueva época de la Corte.

Una transición tan obvia e inevitable, como difícilmente favorecida por apresuramientos o palabras altisonantes. Y que va mucho más allá de los nombres propios, y también de los ministros.

El Litoral

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó hoy la extradición de Federico Andrés Machado a los Estados Unidos para ser juzgado por delitos vinculados con una causa penal en ese país, al rechazar el recurso ordinario interpuesto por su defensa y ratificar la sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de Neuquén.

El máximo tribunal, con las firmas digitales de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que el fallo de primera instancia que había declarado procedente la extradición debía quedar firme para los cargos identificados como uno, dos, tres, cuatro y siete de la “Quinta Acusación de Reemplazo” del 5 de mayo de 2021.

La defensa del empresario, representada por los abogados Roberto Rallin y Norberto Francisco Oneto, había alegado violación del principio de igualdad de armas, recusación del juez y la inconstitucionalidad del artículo 30 de la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal, argumentos que fueron desestimados por la Corte.

Asimismo, el tribunal ordenó que el juez de origen informe a la autoridad extranjera el tiempo en que Machado estuvo privado de libertad en el marco del proceso de extradición, a fin de que se compute en su eventual detención en los Estados Unidos. NA

Los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia, encabezados por el presidente, Roberto Falistocco, dejaron ante la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales una serie de anteproyectos para la modificación de la Constitución en relación al capítulo del Poder Judicial. Los anteproyectos fueron expuestos por Falistocco y los otros ministros en una rica reunión con los 20 integrantes de la comisión más una docena de otros convencionales que se fueron sumando.

"Fuimos convocados para tratar temas para las que está llamada la Convención y que tocan el Poder Judicial, tocan en el buen sentido de la palabra. Son temas que a la Corte como cabeza del Poder Judicial le interesa y la comisión ha estado muy oportuna, muy bien en convocarnos, para escucharnos y escuchar nuestra opinión sobre esos temas", dijo Falistocco a El Litoral al retirarse de la Legislatura.

- Sostenemos la necesidad de un Consejo de la Magistratura, la actual Constitución no lo prevé. En la Constitución actual, el gobernador tiene la atribución de enviar el pliego de un candidato a juez y que lo apruebe o lo rechace la Legislatura.

En la etapa institucional de Víctor Reviglio, por decreto, ni siquiera por ley, se puso en funcionamiento el Consejo que fue sufriendo modificaciones. Ese Consejo de la Magistratura toma los concursos, evalúa y envía la propuesta al Poder Ejecutivo que después debe enviar el pliego respectivo a Legislatura. Para nosotros, esto tiene que tener rango constitucional. Expusimos una propuesta de cómo debería estar compuesto este Consejo de la Magistratura y algunos principios rectores en cuanto a cuál sería el vínculo entre el trabajo que hace el Consejo y el campo de lo político.

Para nosotros, la propuesta del Consejo que realice los concursos debe ser vinculante, o sea no puede quedar después sometido al arbitrio de otro actor.

- No, no estamos de acuerdo.

- En el Jury puede ser, pero el Consejo de la Magistratura sí.

El Jury hoy lo integramos los siete ministros y creo que sería el momento oportuno para dar otra participación y hacer participar otros estamentos en ese tribunal que podrían ser además de ministros de la Corte, representación de senadores, de diputados, del mundo académico y de los colegios de abogados.

- No es tanto la ubicación dentro de qué. No estoy de acuerdo en llamarlo un cuarto poder. Tenemos que volver a mamar los principios básicos de un sistema republicano. Clásicos en todo el mundo, con mayor o con menor respeto, pero son tres los poderes conocidos. No tenemos por qué crear un cuarto poder. Sí creo que hay que darle autonomía funcional, autarquía y con esos elementos creo suficiente para garantizar la independencia del Ministerio Público tanto fiscal como de la defensa.

- No, no necesariamente, eso es una discusión que queda el debate abierto, pero si necesariamente hay que darle autonomía funcional y autarquía financiera. Cuando se discutió en el arranque del sistema acusatorio este tema, salió en la Corte con voto dividido. Por mayoría dijimos que era constitucional esa autonomía que se le daba, porque en la Constitución actual está dentro del Poder Judicial.

Por mayoría dijimos que gozan de autonomía funcional y autonomía financiera y por lo tanto el sistema se pudo poner en marcha, sin contratiempos. No es tanto precisar el lugar, no cuarto poder, sí autonomía. Sí, autarquía.

El Litoral

El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó la condena de la Corte Suprema contra la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, y detectó irregularidades en la sentencia a seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos. 

“La condena de inhabilitación perpetua no es coincidente con la pena privativa de la libertad. Si analizas el caso (Marine) Le Pen o el propio caso de (Jair) Bolsonaro, la inhabilitación, que es una pena complementaria, no puede ser más alta que la propia pena privativa de la libertad”, planteó.

En la misma línea, amplió: “Estos son los debates que el mundo jurídico no analiza y nadie menciona. Está agotada la línea interna, puede haber algún camino hacia la Interamericana, pero lo que quiero decir es que el tema es político”.

“El tema es político y significa que el liderazgo más fuerte, más contundente, aún en declinación, que es el del peronismo, está preso. Es un dato que también empieza a tener repercusiones en el plano de la política argentina". remarcó.

Asimismo, se preguntó: “¿Cómo va a derivar esto? Bueno, no soy adivino, lo que digo es que no hay que dejar de mirarlo y analizarlo, porque esto también endurece los términos de la relación en el Congreso”. 

“Eso también ha aumentado el nivel de conflicto y de confrontación por parte de los diputados de Unión por la Patria. Es un dato que se agrega a también un marco de virulencia por parte del Presidente, no solamente dirigido hacia políticos opositores, economistas, sino también fuertemente al periodismo, y eso tampoco ayuda al sistema, a la democracia, a la paz social, me parece que no es bueno”, desarrolló el legislador. 

En otro pasaje, Pichetto cuestionó la política de ajuste del gobierno de Javier Milei al exponer que el orden fiscal “no puede ser la única bandera” del Poder Ejecutivo. Además, pidió que el mandatario convoque al diálogo nacional. 

“Nunca ha habido un buen relacionamiento y un buen trato hacia el Congreso por parte del Ejecutivo”, denunció al tiempo que pidió que la administración libertaria calcule el impacto de un nuevo aumento a jubilados y mejore los ingresos del sector.

Por su parte, expresó: “Está el tema de las universidades, que no ha habido todavía una respuesta adecuada, está el tema del Garrahan, que me parece que el Gobierno está metido en una disputa que no tiene ningún sentido”.

“Son temas que habría que abrir un poco el corazón y también analizarlos con un poquito más de inteligencia política para dar respuestas medianamente razonables y adecuadas para evitar también el nivel de conflictividad que puede traer aparejado el tratamiento de esos temas en el Congreso”, aseveró.

En otro pasaje de la entrevista, y ante el fallo de la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que le ordenó al país entregar el 51% del total de las acciones de “clase D” para saldar una indemnización por US$ 16,1 mil millones, Pichetto postuló que el problema radica en “no haber abordado la estatización del 25% del empresario nacional, que se presumía en el Congreso”.

Para el diputado, "la circunstancias históricas siempre hay que mirarlas en perspectiva y tampoco hay que construir el discurso del acreedor internacional”. 

“Estábamos convencidos de que se iba a incorporar al 51% del modelo del Estado con un empresario argentino, pero lamentablemente esto derivó en un juicio”, expuso, y concluyó: “Me parece que habría que ratificar desde el Congreso en un plano de unidad y de defensa del interés nacional, una posición uniforme de decir que este activo no puede ser la materia que venga a ejecutar la deuda. Nadie va a votar acá ni le va a dar los dos tercios para que las acciones puedan ser entregadas”. 

Noticias Argentinas

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, participó este miércoles de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el reclamo de la deuda previsional que la Ansés mantiene con Santa Fe. Lo hizo acompañado por sus antecesores en el cargo, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en una señal clara de respaldo institucional al reclamo de los fondos que corresponden a la Caja de Jubilaciones provincial.

El gobernador santafesino calificó como “buena” la reunión en la Corte Suprema por la deuda previsional que mantiene Nación con la Provincia. Destacó la institucionalidad del reclamo al estar acompañado por sus antecesores, Perotti y Bonfatti. 

“En un país con mucha confrontación, esto nos muestra diferentes”, subrayó. Destacó que la Provincia “hoy tiene equilibrio fiscal”, y entendió que “eso no puede jugarnos en contra, al contrario, debería ser a favor”. En 15 días se abrirá una instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo de deuda nacional con Santa Fe.

Tras el encuentro, Pullaro destacó: “La imagen que hoy dio la provincia de Santa Fe es de institucionalidad. Personas que no pertenecemos a los mismos espacios políticos, pero que ejercimos -o ejercemos- la responsabilidad de gobernar, estamos juntos defendiendo los intereses de la provincia. En un país donde hay mucho grito, mucha pelea y muchas diferencias, esto nos distingue y nos muestra completamente diferentes”.En cuanto al desarrollo de la audiencia, el mandatario la calificó como “buena” y remarcó que hubo sólidos argumentos tanto políticos como técnicos. “El Estado nacional reconoce que hay una deuda. El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado”, precisó.“El stock de deuda es un reclamo que comenzó en la gestión de Omar Perotti y que nosotros retomamos. Por supuesto, la Provincia tiene una mirada flexible entendiendo el contexto del país, pero no vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe”, sostuvo Pullaro.Respecto al corte del flujo, detalló que “la Provincia no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional. Eso es lo que vinimos a reclamar de manera urgente”.El gobernador fue claro al afirmar: “Percibo buena voluntad tanto del Poder Ejecutivo nacional como de la Anses para empezar a discutir la deuda. Es una obligación que surge de decisiones tomadas en los años 90, cuando Santa Fe optó por mantener su Caja de Jubilaciones dentro de la órbita provincial, mientras otras provincias la transfirieron a Nación. Ese fue un esfuerzo enorme que hoy debe ser reconocido”.

Pullaro adelantó que en los próximos 15 días se abrirá una instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo y, posteriormente, sobre el stock de la deuda. “Mientras tanto, seguimos sosteniendo una medida cautelar presentada ante la Corte, que exige la restitución inmediata del flujo que Nación interrumpió, sin perjuicio de que luego se discuta el monto total del stock adeudado”, explicó.

En otro tramo de su declaración, el gobernador remarcó que “Santa Fe hoy tiene equilibrio fiscal, porque todas las gestiones que nos antecedieron han sido responsables”.“Eso no puede jugarnos en contra -advirtió-. Al contrario, debería jugar a favor. Es lo que hoy venimos a exigir. Nunca vamos a resignar la deuda que Nación tiene con nosotros, porque esos recursos son fundamentales para obras y servicios que mejoran la vida de los santafesinos”.Pullaro graficó la magnitud de la deuda: “Estamos hablando de fondos que equivalen a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a la construcción de 170 escuelas. Por eso vamos a mantener este reclamo hasta que cada centavo que le corresponde a los santafesinos esté acordado y empiece a pagarse”.“Por supuesto que quisiéramos cobrar todo junto, porque tenemos un plan y sabemos perfectamente qué hacer con esos recursos. El Gobierno nacional puede fijar su política y nosotros la nuestra, pero lo que no vamos a dejar de hacer es reclamar lo que es de Santa Fe. Vamos a defender hasta el último centavo”, sentenció.

En la misma línea, el exgobernador Omar Perotti sostuvo: “Acompañamos institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”. A su turno, Antonio Bonfatti destacó: “Estamos dando un ejemplo de institucionalidad, oficialismo y oposición unidos, defendiendo los intereses de toda la provincia”.

“Acompañamos institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”. Omar Perotti 

Camila Mayan dejó sus estudios y oportunidades profesionales para acompañar al futbolista Alexis Mac Allister durante cinco años en Brighton, Inglaterra. Desde allí, la pareja vivió un vínculo que la influencer describe como un apoyo pleno a su carrera deportiva —una trayectoria que incluyó su consagración en la Premier League y la Copa del Mundo de Qatar 2022

Al separarse en 2022, Mayan perdió respaldo económico y laboral, y presentó una demanda en Argentina amparada en el artículo 525 del Código Civil y Comercial, que reconoce el derecho a una compensación tras una convivencia prolongada en la que uno de los integrantes queda en desventaja

Primera instancia: La jueza declaró falta de competencia judicial en Argentina, pero permitió avanzar en la producción de pruebas

Cámara de Apelaciones: Ratificó ese fallo por mayoría, aunque un juez consideró que debía tramitarse localmente al involucrar a ciudadanos argentinos

Con estos antecedentes, Mayan y su abogado, Ignacio Trimarco, presentarán un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. No solo buscan una resolución favorable, sino un fallo "ejemplar" que siente jurisprudencia para futuros casos de parejas no casadas que conviven en el exterior

En caso de ser rechazado, aún queda la vía de la queja —una instancia que requiere un depósito de 900.000 pesos, aunque podría eximírsele demostrando que convivió al menos dos años fuera del país

Lejos de dar marcha atrás, la influencer afirma con firmeza:

“Estoy peleando por lo que es mío… nunca pedí nada ni traté de asegurarme algo cuando podría haberlo hecho” 

También deja entrever que la decisión podría estar influenciada por contactos dentro del ámbito judicial, aunque admite no tener evidencia clara.

Este litigio trasciende a la pareja: pone en debate los derechos de ciudadanos argentinos que acompañan a sus parejas al externo y se despojan de su propio desarrollo a cambio de apoyo. Un fallo favorable podría abrir el camino a la aplicación del artículo 525 en contextos similares, estableciendo un antes y un después en la legislación argentina

La Cámara Nacional Electoral fijó el 17 de agosto como fecha clave para presentar candidatos a legisladores nacionales para participar de las elecciones generales del 26 de octubre, lo que presiona a la dos veces presidenta Cristina Kirchner, quien espera el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad que la involucra. 

La potencial condena por corrupción ingresó al Máximo Tribunal que solicitó la opinión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para determinar si corresponde revisar o aumentar la pena de seis años de prisión contra la ex vicepresidenta. 

La acción busca dar lugar al análisis de la queja que presentó el fiscal Mario Villar ante la Cámara Federal de Casación, en la que planteó que se incremente la condena contra Cristina Kirchner a doce años tras sumar seis años otorgados por asociación ilícita al de administración fraudulenta. 

La Cámara Federal de Casación rechazó la presentación del fiscal y condenó a la dirigente peronista solo a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Ante el fallo, el Villar presentó un recurso extraordinario para alcanzar la instancia de la Corte. En el recurso, definió de "arbitraria" la decisión de Casación y sostuvo que la sentencia absolutoria por asociación ilícita de la expresidenta y del condenado empresario Lázaro Báez fue una "decisión inválida".

Una vez que ingrese el dictamen, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti debatirán si dan lugar a la apertura de los recursos de queja directa. De confirmarse la condena, la titular del Partido Justicialista (PJ) quedaría imposibilitada de ser candidata para ocupar cargos públicos. 

Por su parte, la defensa de la exmandataria presentó su propia queja para revertir la doble condena en su contra, sancionada por el Tribunal Oral 2 y ratificada por la sala IV de la Cámara de Casación. A través de su abogado Carlos Alberto Beraldi, Cristina Kirchner presentó el último recurso para evitar que la sentencia quede firme. 

Si el Máximo Tribunal decide declinar el recurso, la condena quedará firme, y la expresidente, de 72 años de edad, podrá solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria aunque la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se activaría, afectando de manera directa el calendario electoral. 

La situación se enmarca en pleno debate interno del peronismo, que discute la conducción del espacio, en un escenario en el que la ex titular del Senado deslizó la posibilidad de presentarse como candidata a legisladora provincial en Buenos Aires. De ser electa, contará con fueros que le darán inmunidad.

Al respecto, el cortesano Juan Carlos Maqueda habló de la situación procesal de la dos veces mandataria, y anticipó: "La Corte no puede dedicarse a revisar una sentencia cuando se trata de cuestiones de hecho y prueba y de derecho común. Tiene que haber una cuestión constitucional para que intervenga”.

La reciente renuncia del juez Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia ha generado malestar en el Gobierno nacional, que atribuye la situación a maniobras políticas de la oposición y critica la actual conformación del máximo tribunal.

García Mansilla presentó su renuncia indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei. Su designación, realizada por decreto presidencial en febrero de 2025, fue posteriormente rechazada por el Senado, lo que precipitó su decisión de dimitir.

Desde la Casa Rosada, se expresó que la renuncia de García Mansilla representa "un reflejo más de lo que ha ocurrido en el año", señalando que la dirigencia política opositora busca "bloquear al Gobierno". 

Fuentes oficiales indicaron que, aunque tienen la facultad de enviar nuevos pliegos para cubrir las vacantes en la Corte, no lo consideran oportuno en el corto plazo, especialmente con las elecciones legislativas nacionales próximas.

Composición actual de la Corte Suprema

Tras la salida de García Mansilla, la Corte Suprema queda integrada por tres miembros: Horacio Rosatti (presidente), Carlos Fernando Rosenkrantz (vicepresidente) y Ricardo Lorenzetti (ministro). El Gobierno cuestiona esta composición, argumentando que el tribunal "está trabado" debido a la necesidad de contar con tres votos para decisiones clave, lo que podría dificultar su funcionamiento.

La medida, de cumplimiento obligatorio, fue adoptada a través de una resolución firmada este miércoles, en el marco de una presentación realizada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Ambos impugnaron la designación de García-Mansilla en el Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal N°2, por entender que vulnera la independencia judicial.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Ramos Padilla entendió que el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional impide que un juez designado en comisión ejerza funciones jurisdiccionales, en tanto no haya recibido acuerdo del Senado.

“La falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”, expresó el magistrado platense, y recordó que esa es una “condición esencial para la validez del nombramiento” y que, en su defecto, “no puede válidamente ejercer la función jurisdiccional”.

En su fallo, Ramos Padilla advirtió que la situación de García-Mansilla “compromete gravemente el cumplimiento de los estándares constitucionales e internacionales de independencia e imparcialidad judicial”.

García-Mansilla había sido designado como juez en comisión por el presidente Javier Milei el 22 de enero, en medio de una serie de nombramientos que también generaron cuestionamientos desde distintos sectores del ámbito judicial.

El presidente Javier Milei cuestionó la decisión del Senado de la Nación de rechazar los pliegos propuestos para cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la negativa se fundamenta en intereses políticos y no en la idoneidad de los candidatos.

A través de un tuit, Milei habló de "principio de revelación" y preguntó: "¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?", en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

PRINCIPIO DE REVELACIÓN¿Dónde están todos los que decían que yo tenía un pacto de impunidad con la ex Presidente doblemente condenada?¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos…

"¿Pedirán perdón todos los políticos y periodistas que afirmaron esa mentira ahora que dos sectores de la oposición PACTARON voltear los dos jueces y Ficha Limpia en la misma sesión?", continuó.

Y sentenció: "Parece que el pacto era de aquellos preocupados por sus causas penales", para luego solicitar: "Espero avance el proyecto de Ficha Limpia!!! VLLC!"