Este jueves 11 de marzo comienza el Año Judicial 2026 de la provincia de Santa Fe con el acto oficial desde el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia santafesina.

El mismo comenzó a las 11:30 horas y cuenta con transmisión del canal oficial de Youtube del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, deja inaugurado este jueves el año judicial 2026 en la provincia, con el tradicional discurso y la presencia de autoridades e invitados especiales. Entre ellos, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

No solamente será el último discurso de Gutiérrez como presidente y como miembro de la Corte, sino que también será la última oportunidad en que la Corte tendrá la actual integración.

Aunque la fecha exacta no está definida, tanto Gutiérrez como Roberto Falistocco anticiparon la idea de retirarse en el mes de noviembre. Antes de eso, en septiembre hará lo propio Eduardo Spuler.

Inusitadamente, sus reemplazantes ya están designados: Diego Maciel (que será el primero de los nuevos en asumir), Jorgelina Genghini y Aldo Alurralde, cuyos pliegos ya tienen el respaldo de la Asamblea Legislativa.

La renovación de la Corte fue un objetivo planteado desde el inicio de su gestión por Pullaro, con el argumento de la edad de los ministros.

La cuestión fue motivo de tensiones y hasta enfrentamientos, y tuvo una primera fase con la incorporación de Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, en reemplazo de María Angélica Gastaldi y Luis Netri, y en el séptimo lugar creado por ley.

EL

Febrero termina para la Casa Gris con el objetivo cumplido de asegurar una casi completa renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Todavía habrá que ver en qué fecha y en qué términos, pero ya es seguro que en 2026 solo quedará entre los ministros de la Corte apenas uno de sus integrantes de diciembre de 2023.

Daniél Erbetta es el último de los designados antes del actual proceso político, y fue propuesto por el peronista Obeid a una Legislatura con esa mayoría. Los gobernadores socialistas Binner, Bonfatti y Lifschitz, que siempre tuvieron al menos una Cámara con mayoría opositora (y hasta las dos) ni siquiera amagaron con impulsar un pliego para el máximo tribunal y solo pudieron esbozar reformas para la Corte (y para la Constitución) que siempre quedaron lejos de convertirse en leyes.

Se sabía, desde que asumió Maximiliano Pullaro, que ese era su norte institucional y así lo había dicho en la campaña electoral. Luego, y muy por sobre esa meta para los Poderes, se sumó la histórica reforma de la Constitución de la Provincia, asociada al proyecto político del oficialismo de poder competir por otro mandato. Así, en la segunda mitad de su gobierno, y pese a las lecciones que más de una vez le han dado las urnas, Pullaro mantiene la jefatura política de la provincia sin cuestionamientos, más allá de las pulseadas con los docentes y el desafío que representa para sus aspiraciones el crecimiento de la derecha en general y de La Libertad Avanza en particular.

Pullaro juró el 11 de diciembre y desde entonces hasta este jueves 26 de febrero se bajaron nombres y se produjeron cambios normativos más que relevantes, que contaron con una contraparte opositora que fue clave: la del peronismo mayoritariamente enrolado en el perottismo en Diputados y del bloque de senadores del PJ.

Los diputados que, con vaivenes, responden al ex gobernador encontraron cómo asegurar su porción de la renovación de la Corte en su momento y pesaron fuerte para la Convención. Ahora fueron duros críticos con “el apuro” con que se enviaron los pliegos en dos de los tres casos, al plantear que no había vacantes hasta que sean formales las renuncias. Se abstuvieron sin sumarse a los votos en contra.

En tanto, los liderados por Rubén Pirola, sobre todo cuidaron que la salida de los miembros a renovar fuera mejor de lo que ha sido. Que al menos lo sea en 2026.

En pocas líneas: desde 2024 la cabeza del Poder Judicial tiene 7 ministros y desde 2025 por la reforma constitucional los mandatos duran hasta los 75 años. El jueves se aprobaron tres pliegos para miembros del máximo tribunal provincial, que aún no han jurado. Y de los tres que se van en 2026 solo uno, el ministro Eduardo Spuler, ha firmado su renuncia para septiembre.

En cambio, los otros dos solo han comunicado a los medios su intención de salir a fin de año. Han dado su palabra y sin dudas sucederá. Pero habrá que ver cómo.

Se trata del retiro de dos de los más influyentes ministros de la Corte en las últimas tres décadas, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco, asociados al reutemannismo de los ’90 en el primer caso y al final del peronismo de los ’80 en el segundo. Ciertamente, como dijo sin rubores la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini, a viva voz “¡y vaya que la han pasado!” a la edad jubilatoria de los jueces de la Corte, de 75 años.

Hasta ahora, todo indica que habrá buenos modales para esa despedida. La opción que tomaron los senadores del peronismo permite esa lectura. Sin embargo, habla de lo contrario el gesto de pedir por nota formal desde el Ministerio de Gobierno a la Corte que se informen esas edades.

El consenso que obtuvieron los tres pliegos votados esta semana es comparable al número de votos que requiere una mayoría agravada de dos tercios. Todos con más de 50 apoyos por sobre 69 votos posibles.

Una de las Cámaras, el Senado, respaldó a los tres en su totalidad con sus 19 votos. Y en la otra, de los 50 diputados, con más abstenciones que rechazos entre los bloques de la oposición.

Es en definitiva un proceso político compartido entre el oficialismo y buena parte de la oposición. Entre quienes tienen hasta ahora el respaldo de la sociedad y que han gobernado y gobiernan a Santa Fe. Son partidos de gobierno, estén o no en el poder. Tienen visión de Estado.

Si de ese acuerdo depende, es posible suponer que no habrá decreto para apurar los tiempos, para dar por terminados dos mandatos en la Corte, más allá de las especulaciones por estos días.

Algo es seguro: el año judicial se abrirá el viernes 13 de marzo con diez ministros de la Corte, divididos en cuatro que seguirán ejerciendo esa función, otros tres que actualmente lo hacen pero están por dejarla y los tres flamantes designados por el Poder Legislativo, prontos a ingresar.

Para Santa Fe (y para unos y otros) y para que la invencible sea mejor que lo que sucede con la República a nivel nacional, es preferible la debida elegancia de “cortesanos y cortesanas”. Y también que con el paso de los años, los dirigentes políticos y quienes los observan (la prensa y los ciudadanos informados) dejen atrás ese nombre para referirse a los ministros de la Corte. Que lo nobiliario en todo caso corresponda a lo noble de sus fallos; no a la exclusividad de su poder, para que finalmente se verifique la renovación.

Por muy amplia mayoría de votos afirmativos que superaron los 50 apoyos en los tres casos y apenas un puñado de expresiones en contra (siempre fueron más las abstenciones que los rechazos), la Asamblea Legislativa aceptó los pliegos enviados por el gobernador Maximiliano Pullaro para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de Jorgelina Genghini, Aldo Alurralde y Diego Luis Maciel.

Sin sorpresas, los tres propuestos consiguieron los apoyos del oficialismo que domina las dos cámaras y, según el caso, también cosecharon respaldos de bloque opositores del Justicialismo y hasta de las bancadas celestes, más allá de que fuera de Unidos para Cambiar Santa Fe hubo consideraciones generales adversas sobre el proceso y las formas para el tratamiento de los pliegos.

Cabe subrayar que no hubo, en el debate legislativo de este jueves 26, ninguna objeción sobre las calidades democráticas e idoneidad de los propuestos y que, en cambio, se discutió y mucho si era o no el momento de que llegaran tres pliegos y por qué dos de ellos correspondieron a candidatos a ministros y no a ministras de la Corte para posibilitar la paridad entre los y las integrantes de la Corte.

Fue en pocas palabras, un debate sobre género y número, como en los accidentes gramaticales de los sustantivos y artículos en el Castellano. Sobre todo las diputadas opositoras se anotaron para lamentar la oportunidad perdida de darle a la cabeza del Poder Judicial al menos una ministra más, mientras que en la cuestión del número se discutió si correspondía o no votar a tres nuevos miembros

Entre los cuestionamientos a la ausencia de paridad y las renuncias a medias, se habló de ministras en minoría ante ministros de la Corte aún tras su renovación. Se repasaron edades y fechas para las dimisiones y se expusieron antecedentes recientes y lo que indica la doctrina. Esos condimentos marcaron las polémicas. En la mayoría de los casos casi sin referencias a las personas que jurarán a fin de año en la Corte y ya han sido designadas.

En definitiva, son miembros de la Corte aún sin asumir la abogada rosarina Genghini, que es radical e integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados y vocal del Consejo de la Magistratura; el juez del fuero federal Alurralde, que se ha destacado por su labor en casos sobre narcotráfico, en el norte de la provincia; y el actual secretario administrativo del Senado provincial, Maciel, un esperancino cercano al sector del ex vicegobernador Carlos Fascendini. La mayoría radical en esa cámara perderá a uno de sus hombres de mayor confianza en la gestión de la Cámara, pero ganará otro correligionario en el máximo tribunal. Es una fuerte señal del partido al que pertenecen los dos tercios de las 19 bancas.

Como se puede ver, se ha buscado llevar nombres del sur, el norte y el centro del mapa de la bota, con perfiles asociados al ámbito de los colegios profesionales, a la propia justicia y al partidario. En ese orden.

Cabe recordar que durante el proceso de impugnaciones abierto a la ciudadanía ninguno de los pliegos tuvo objeciones y que en medio de la Audiencia Pública del jueves 25 solo un ciudadano se expresó sobre su desagrado respecto de la actuación del juez federal Aldurralde por haber desestimado una denuncia sobre ocupaciones ilegales de un predio que pertenece al Estado nacional, en la ciudad de Santa Fe. En nombre de la Comisión de Padres Pro Edificio Escolar 211, Roberto Antonio Campos lamentó que se haya desechado la presentación de esa institución. Y también que el magistrado no haya aceptado dialogar con quienes rechazan a los ocupantes ilegales de terrenos donde alguna vez la Dirección Nacional de Vialidad iba a construir la fallida Circunvalación Norte.

Esa solo crítica hubo sobre las personas de los propuestos, en una jornada marcada por dos polémicas: cuando se renueve la Corte tendrá solo dos ministras y cinco ministros por lo que no habrá paridad de género; y lo mismo sobre si es procedente o no cubrir vacantes para cargos cuyas renuncias aún se han formalizado.

Las exposiciones más interesantes en ese sentido provinieron de Alejo Molina, presidente del Colegio de Abogados de Rosario y de dos ex convencionales reformadores de La Libertad Avanza: Froilán Ravena y Marcos Peyrano que consideran que no es procedente lo sucedido, que nunca el Poder Ejecutivo Provincial debió enviar tres pliegos, sino solo uno. Y así lo dejaron planteado en su recurso judicial.

Su punto de vista se apoya en que solo uno de los actuales ministros de la Corte ha firmado su dimisión (con la aceptación del Ejecutivo) y otros dos integrantes solo lo manifestado públicamente. En el caso del Dr. Eduardo Spuler, está documentada su salida para el 1ro de septiembre. Pero solo han hecho declaraciones periodísticas al respecto, los doctores Rafaél Gutiérrez y Roberto Falistocco. Ambos dijeron que renunciarán a fin de año.

En cambio, y aquí entran a tallar los números, para el gobierno provincial y el oficialismo en la Legislatura está claro que procede aprobar a sus sucesores porque los tres nombrados tienen más de 75 años.

El Artículo 124 de la Constitución de Santa Fe dice textualmente: “Los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el procurador general, los jueces y los demás procuradores son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y ética y el buen desempeño de sus funciones. Cesan de pleno derecho en sus cargos al cumplir setenta y cinco años de edad. No pueden ser ascendidos ni trasladados sin su consentimiento previo. Perciben por sus servicios una retribución que no puede ser suspendida ni disminuida sino por leyes de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes del Estado”.

Durante unos pocos minutos, pasadas las 13 la sesión de la Asamblea Legislativa obtuvo el quórum reglamentario para comenzar formalmente la reunión de ambas cámaras, con escaso margen.

Al recinto se demoraron en entrar una parte de los diputados y senadores del peronismo, en un juego con el número de los presentes, para ver qué sucedía con los 36 que como mínimo necesitaba Unidos para Cambiar Santa Fe.

Cuando esa cantidad se superó sin dificultades, se produjo un ingreso masivo de los diputados del justicialismo que luego optaron por la abstención. Quienes desde el peronismo votaron a favor de los pliegos ya habían ocupado sus lugares

Sobre 69 votos posibles de 50 diputados y 19 senadores, todos los propuestos cosecharon más de medio centenar de respaldos.

El pliego de Diego Maciel como ministro de la Corte recibió 52 votos a favor, 5 en contra del bloque de Amalia Granata y otras bancadas celestes unipersonales. Se produjeron 9 abstenciones de una parte del peronismo en Diputados y de la izquierda de esa cámara representada por el de Frente para la Soberanía. Este último sector optó por pedir la autorización para no pronunciarse en los tres casos.

Todos los senadores de cada una de las tres bancadas respaldaron la nominación de su secretario administrativo, al igual que en los otros dos casos.

La nominación de Jorgelina Genghini contó con 51 votos afirmativos, 5 votos negativos ya señalados y 10 abstenciones.

En cambio, el juez federal Aldo Aldurralde sumó 56 respaldos (también logró respaldos celestes) además de las bancadas radical, socialista y del Pro de Unidos, y de buena parte del justicialismo. Hubo solo un voto en contra de Natalia Armas Belavi, del bloque unipersonal Vida y Famila, y nueve abstenciones.

Luis Rodrigo  -  El Litoral 

La Comisión de Acuerdos de la Legislatura resolvió solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a dos asambleas legislativas para tratar los diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo y habilitados para el período de Extraordinarias. 

La primera será el jueves venidero para tratar siete de las propuestas y la segunda, el 26 de febrero, para someter a votación los tres nombres propuestos por el Poder Ejecutivo para renovar antes de fin de año la Corte Suprema de Justicia.Las decisiones con el cronograma de trabajo para ambas asambleas fueron resueltas en la reunión de la Comisión de Acuerdos que integran senadores y diputados y que fue el único grupo de trabajo convocado oficialmente en esta semana.

La presidenta de la comisión, la diputada socialista Lionella Cattalini dio detalles de los cronogramas de trabajo analizados por la comisión. En tanto, el Colegio de Magistrados de la provincia remitió a Legislatura una nota transmitiendo "inquietudes institucionales" por los pliegos de la Corte debido a que no existen, a la fecha, dos vacancias.

"Hemos acordado que el jueves próximo llevaremos a Asamblea Legislativa siete pliegos, a los candidatos haremos las entrevistas el día anterior y para los futuros ministros de la Corte hay un procedimiento más largo lo que hace que convoquemos a una audiencia pública el 25 de febrero para intentar hacer la Asamblea el 26 de febrero", explicó la socialista al retirarse de la reunión.

Cattalini resaltó la importancia de votar miembros para la Corte Suprema de Justicia, y por ende el reglamento de la comisión tiene un procedimiento especial. Entre esos pasos está la publicación en los medios gráficos de la provincia de los antecedentes y los postulantes para que la ciudadanía tenga información sobre los candidatos.La Comisión de Acuerdos convocará a una audiencia pública para el miércoles 25 de febrero que se hará en el recinto de la Legislatura para que los que se inscriban puedan opinar sobre Diego Maciel, Aldo Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini, los propuestos para el Ejecutivo para reemplazar a Eduardo Spuler el 1 de septiembre y a Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez desde noviembre.

De todos modos, en nota a la Comisión, el Colegio de Magistrados hizo saber que no existen dos vacancias debido a que ni Gutiérrez ni Falistocco han presentado oficialmente las renuncias y por ende, no fueron aceptadas por el Poder Ejecutivo.

Cattalini destacó que el tratamiento de los pliegos para la Corte exige un tratamiento especial, previsto por la propia Legislatura. Además de la publicación en los diarios de los antecedentes y la invitación abierta hasta el 24 de febrero para los interesados en inscribirse a la audiencia pública que se realizará al día siguiente. Es a los efectos de exponer posturas sobre los candidatos.

Luego de la audiencia pública, Acuerdos entrevistará a los tres postulantes a la Corte para luego emitir los dictámenes que deberán ser llevados al recinto el día 26 de febrero. La nueva Constitución establece un plazo de 45 días para el tratamiento de estos pliegos pero exige pronunciamiento y no aprobación ficta.

En caso de que la Asamblea no se reúna el 26, será convocada para el jueves siguiente. Así lo prevé el cronograma de trabajo distribuido a los integrantes de la comisión.

En la reunión de Acuerdos estuvo solo el senador Armando Traferri por la Cámara Alta. En cambio, hubo asistencia casi perfecta de los diputados. Además de Cattalini estuvieron los también socialistas Antonio Bonfatti y Gisel Mahmud, Silvana Di Stefano (UCR), Marcos Corach (PJ), Astrid Hummel (Pro) y Emiliano Peralta (Unite). En cambio, no estuvieron i Ariel Bermúdez (Creo) ni los senadores Raúl Gramajo, Orfilio Marcón y Felipe Michlig.

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial remitió el miércoles una nota a Acuerdos "a fin de transmitir inquietudes institucionales vinculadas con la reciente remisión de pliegos para cubrir cargos de magistrados en la Corte Suprema Justicia de la Provincia efectuada por el gobernador".

La nota es firmada por Iván D. Kvasina y Cristian O. Werlen, presidente y vicepresidente, respectivamente, donde pone de resalto "el hecho de que dos de los cargos para los que se remiten pliegos no se encuentran en situación jurídica de vacancia actual ni programada, atento a que, según hemos podido corroborar, a la fecha solo existe una única renuncia presentada por parte de un ministro de la Corte provincial".

El otro aspecto que piden es "evaluar detenidamente si, con las designaciones propuestas, se está cumpliendo debidamente, o no, con la directriz constitucional de procurar la paridad de género, contenida en el artículo 118 de la Carta Magna provincial".

La nota resalta que "el proceso de designación que motiva la presente hace a la conformación del máximo órgano jurisdiccional provincial, cabeza de uno de los poderes del Estado y, por tal motivo, debe estar rodeado de la mayor rigurosidad en cuanto al cumplimiento de los recaudos legales y constitucionales exigibles".

La primera Asamblea Legislativa será el jueves próximo para tratar siete pliegos, entre ellos tres fiscales subrogantes adjuntos para la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. Son los casos de Florencia Zarabia, Matías Eduardo Palud y Valeria Roxana Nittoli. Luego, las dos autoridades superiores del sistema penal para la Circunscripción Judicial N° 3 con cabecera en Venado Tuerto. En ese caso, el Poder Ejecutivo postula a Mauricio Adolfo Clavero como fiscal regional y la continuidad de Mariano Marcelo Mascioli como defensor regional.

Finalmente, Adriana Molina propuesta para el Tribunal de Cuentas y Hugo Marcucci para el Enress.

Los siete serán entrevistados el miércoles por la Comisión de Acuerdos.

El Litoral

El gobierno provincial y la Corte Suprema de Justicia santafesina coordinarán la cobertura de vacantes enel Poder Judicial, tomando en cuenta el orden de prioridades, en base a las estadísticas sobre el flujo de actividad en cada una de las jurisdicciones.

La cuestión se volvió acuciante a mediados del año pasado, cuando los cargos judiciales descubiertos llegaban al centenar, y a ello se sumaban más de 30 de fiscales y cerca de 20 de defensores. El tema fue planteado desde sectores profesionales y gremiales, y por la propia Corte, y se morigeró con la aprobación de 88 pliegos a fines de septiembre.

En rigor, la cuestión era parte de un tironeo entre el Poder Ejecutivo y la cabeza de la Justicia, que se remite a los momentos de mayor tensión entre ambos poderes.

El 8 de septiembre de 2024, en el inusual día y horario de un domingo a las 7.30, Pullaro recibió en Casa de Gobierno a los ministros, que reclamaban además por cuestiones presupuestarias y demoras en la firma de expedientes.

En ese contexto, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, aludió a que, a fines de la cobertura de vacantes, “apenas asumimos, desde el Ministerio de Justicia y Seguridad solicitamos información detallada sobre el funcionamiento de la Justicia fuero por fuero, información que aún no recibimos por lo que hoy los integrantes de la Corte se comprometieron a el día lunes brindárnosla”

No obstante, la respuesta formal remitida por la Corte al inicio de la semana hábil fue que esas planillas, requeridas en el mes de enero, habían sido enviadas a principios de febrero. Según el gobierno, esa información estaba incompleta.

"Era para poder hacer una planificación sobre los cargos que vamos a nombrar, que no son cargos baratos. ¿Cuál fue la la contestación del Poder Judicial? Mandarnos todos los cargos que estaban vacantes. Entendimos que no era lo correcto. Nos costó mucho construir esa información porque es información interna de otro poder", sostuvo unos días después el gobernador.

Desde la Corte, no obstante, insistieron en que ya en la contestación inicial se habían puesto a disposición para hacer todas las aclaraciones o ampliaciones que fueran requeridas, cosa que no ocurrió desde entonces hasta ahora.Sentados a la mesa

Pero las cosas cambiaron luego de esa tensa reunión, atravesada por la polémica generada por la intención del Ejecutivo de motorizar una renovación de la conformación del Alto Tribunal, y la resistencia de los ministros.

Con ese proceso ya en plena marcha y con fecha cierta, el expreso y explícito agradecimiento del mandatario a los miembros del tribunal que se jubilarán este año (el presidente Rafael Gutiérrez, Eduardo Spuler y Roberto Falistocco), y una cena de fin de año donde campeó la camaradería, los próximos meses serán la ocasión (finalmente) para una labor coordinada entre las cabezas de ambos poderes.

“Nosotros hoy tenemos un muy buen diálogo con la Corte Suprema”, planteó Pullaro en declaraciones formuladas este martes en Santa Fe. “El 20 de diciembre del año pasado tuvimos una cena y quedamos con los ministros en que nos íbamos a poner a trabajar juntos para terminar de cubrir todos los cargos que necesita la Justicia”, añadió.

Y dejó en claro que esa tarea será “en función de una planificación que tiene que ver con la cantidad de causas que tiene cada uno de los juzgados de distrito”.

Tras aludir a que el proceso de cobertura de cargos se inició el año pasado, el gobernador precisó que “la idea y lo que charlamos con la Corte es que juntos podamos planificar y llevar adelante la cobertura de las vacantes en el primer semestre del año 2026, para que la Justicia tenga la estructura que tiene que tener”.

“Para eso logramos ponernos de acuerdo en (conformar) una mesa de trabajo en donde, en función de datos y parámetros estadísticos, tengamos claramente indicada cuál es la carga de trabajo que tiene cada una de las instancias judiciales, y en función de eso reordenar e ir cubriendo los cargos, para tener también un modelo eficiente de administración de la Justicia”.

Al respecto, el secretario de Justicia Santiago Mascheroni (uno de los comensales de la cena de diciembre) ya comenzó a establecer los primeros contactos a efectos de la habilitación e integración de ese ámbito.

La otra cuestión pendiente, que formó parte de la agenda de aquél encuentro, es el funcionamiento del Consejo Asesor de la Magistratura, nuevo órgano creado por la Convención Constituyente para designar jueces, fiscales y defensores. Falta su reglamentación por ley, aunque prima la idea de que debe ser un dispositivo austero y ágil, lo opuesto al Consejo de la Magistratura a nivel nacional.

Otro tema en carpeta y sobre el que se explayaron más es la falta de jueces en los fueros laboral y de familia, que sobrecarga a los magistrados y alargan los tiempos de los procesos. En la Casa Gris señalan que en el interior de la provincia puede haber “situaciones puntuales” pero admiten que el mayor foco de conflicto está en los juzgados de Rosario y la ciudad de Santa Fe.

En diálogo con El Litoral, el entonces presidente de la Corte, Roberto Falistocco, planteó que las vacantes “habían llegado a un nivel de atraso alarmante por la acumulación de expedientes, y obligaba a que, en algunos fueros, los jueces tuviesen que dictar 170 fallos por año; una sentencia cada día y medio”.

Emilio Agretti - El Litoral

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó en forma digital los pliegos de los tres postulantes para la Corte Suprema de Justicia al haberse cumplido pasos previstos en el decreto 18/2007 con una reforma realizada por decreto 2889/24 y este jueves estarán en Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores para poner en marcha el mecanismo legislativo de votación.

Se trata de los pliegos de Diego Luis Maciel, Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini que reemplazarán en el transcurso del corriente año a Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco. El primero tiene su renuncia aceptada por el Poder Ejecutivo a partir del 1 de septiembre y los dos restantes informaron que dejarán el tribunal superior de justicia desde el 1 de noviembre.

Es más, en Casa Gris no se descarta que el Poder Ejecutivo incluya el tratamiento en Extraordinarias que se reanudarán en febrero. No obstante, el 15 de febrero se pondrá en marcha el nuevo período Ordinario con el mensaje del gobernador ante las cámaras legislativas. En los hechos a fines de febrero o bien en la primera quincena de marzo los pliegos serán considerados por la Asamblea Legislativa.

En principio, la bancada oficialista de Unidos tiene mayoría propia para avalar las tres designaciones. No obstante, el objetivo de la alianza de gobierno es lograr la mayor cantidad de adhesiones en la Asamblea. En el Senado, 14 de los 19 senadores pertenecen al interbloque de Unidos. De todos modos, en la mayoría de los temas institucionales, la Cámara Alta vota prácticamente en forma conjunta.

En Diputados, Unidos tiene 28 de los 50 integrantes del cuerpo más tres legisladores que habitualmente suman sus votos para los proyectos de la Casa Gris. Hay sectores del justicialismo que ya anticiparon el respaldo a los tres miembros que postula el Ejecutivo para la Corte.

El secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, tuvo a su cargo el trámite de recepción de avales individuales y colectivos para los tres propuestos como así también de objeciones de distintas entidades, especialmente por el tema paridad. Cuando concluya el proceso de designación, Santa Fe tendrá dos mujeres en la Corte de siete integrantes. Será la primera vez que haya dos mujeres en el cuerpo.

Alurralde fue quien más adhesiones cosechó especialmente de jueces federales, cámaras federales -entre ellas la de Rosario- funcionarios de la justicia federal, facultades de Derecho, colegios de abogados, de médicos y entidades empresariales de Rosario y de Reconquista donde se viene desempeñando como juez federal.

En el caso de Genghini también logró múltiples respaldos, especialmente desde el derecho colegiado y de varios Consejos de la Magistratura, entre ellos el Nacional donde se desempeñó como asesora. También tiene el aval de la Federación de Colegios de Abogados de Argentina -FACA- así como numerosos colegios de la abogacía y de médicos, entidades gremiales empresariales y sindicales y numerosos abogados. Entre ellos están las firmas de Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Cassagne, y María Mejías Saldaña.

Por su parte, Maciel sumó el aval de colegios de abogados, de médicos, de varias entidades de Esperanza, entre ellos el intendente Rodrigo Muller, facultad de Derecho de la UNR, DAIA y de numerosos abogados como Andrés Gil Domínguez, Miguel Piedecasas, Mariano Bar, y Mariana Faisal.

La nueva Constitución determinó nuevos plazos para tratamientos de pliegos para la justicia -ahora con 45 días, antes eran 30) pero también exige votación expresa para los ministros de la Corte así como las cabezas del Ministerio Público.

El artículo 89 de la Constitución determina las facultades del Poder Legislativo y el punto 5 dice textualmente: prestar el acuerdo requerido por esta Constitución o las leyes para la designación de magistrados, fiscales, defensores o funcionarios, el que se entiende prestado si no se expidiera dentro del término de cuarenta y cinco días de convocada al efecto la Asamblea. La convocatoria debe realizarse dentro del quinto día de recibido el pedido de acuerdo o, en caso de remitir la solicitud en el receso legislativo, de abierto el período ordinario de sesiones. En los casos de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general y el defensor general el acuerdo debe prestarse de manera expresa.

El artículo 118 de la Constitución santafesina comienza marcando que "la Corte Suprema de Justicia se compone de siete ministros. Su integración procura la paridad de género y la representación territorial".

La propuesta del Ejecutivo incluye a Maciel, oriundo y vecino de Esperanza; Alurralde, santafesino pero residiendo en Reconquista desde que se desempeña como juez federal y Genghini, rosarina. Jorge Baclini, Daniel Erbetta y Margarita Zabalza son rosarinos y Rubén Weder, nació en Humboldt aunque reside en Santa Fe. Los salientes, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez son santafesinos y Roberto Falistocco, de Rosario.

Diego Luis Maciel es egresado en 2003 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, con estudio jurídico en la ciudad de Esperanza con dedicación principal en el fuero Civil y Comercial, asesoramiento integral y representación de particulares, personas jurídicas y entidades civiles. Fue asesor legal y apoderado de la Asociación para el Desarrollo del Departamento Las Colonias y de distintos gobiernos comunales. Hoy se desempeña como Secretario Administrativo de la Cámara de Senadores y antes fue Secretario Parlamentario del cuerpo.

Aldo Mario Alurralde también se recibió como abogado de la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNL y doctorado en Derecho Tributario en la misma casa; master en Derecho Tributario de la Universidad Autónoma de Barcelona; y escribano y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe.

Hoy además de ser juez federal, tiene cátedras en la Católica de Santa Fe tanto en la sede central como en Reconquista y Posadas así como profesor titular en la carrera de Especialización en Derecho Tributario de la Universidad Nacional de Rosario.

Jorgelina Mabel Genghini es egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina de Rosario. Posee diplomaturas en Política, Derecho y Gestión Ambiental y cursos de actualización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

Hoy es jueza de Faltas en la Municipalidad de Rosario, socia de un estudio jurídico de Rosario, apoderada de compañía de seguros y ART e integra la comisión directiva de FACA. Desde diciembre 2022 se desempeña en representación de la abogacía organizada en el Consejo de la Magistratura de la Nación en las comisiones de Selección de Jueces, de Acusación, y de Reglamentación en las vocalías de Miguel Piedecasas y actualmente de Alberto Maques.

El Litoral

Por segundo martes consecutivo, la Corte Suprema de Justicia de la provincia no pudo lograr un acuerdo para designar el presidente 2026 y resolvió pasar el tema al próximo acuerdo, que en principio, será el martes venidero.

Un escueto comunicado entregado esta tarde informa que la elección del presidente 2026, luego de la deliberación de sus integrantes, pasó a un nuevo cuarto intermedio para la próxima reunión de Acuerdo, según el acta número 46.

Del encuentro participaron los siete ministros, encabezados por su presidente actual, Roberto Falistocco, más Eduardo Spuler, Rafael Gutiérrez, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.

La elección de presidente para el ejercicio siguiente, de acuerdo a la ley orgánica, debe realizarse en el último acuerdo del mes de noviembre.

Redacción El Litoral

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tendrá este martes su habitual reunión semanal de Acuerdo, e intentará definir quién ocupará la presidencia del Tribunal el año próximo, tomando el relevo de Roberto Falistocco.

Al respecto, según pudo establecer El Litoral, Rafael Gutiérrez podría volver a ocupar ese puesto, en lo que sería su mandato número 14. Esto en atención a que cuenta con respaldo suficiente entre los ministros, y en base al acuerdo de rotación establecido en 2001.

Aún así, la cuestión todavía no se definió, ya que las conversaciones están orientadas a lograr una votación unánime, y eso no estaba garantizado; al menos hasta la semana pasada. Entre otras cosas, porque los nuevos integrantes cuestionan ese criterio de rotación, suscripto en otra época, y por otra composición del cuerpo.

Con el sistema de rotación geográfica imperante desde principios de los 2000, al que se llegó luego de algunos procesos reñidos y tensos, la presidencia recayó sucesivamente en Santa Fe (los años pares) y Rosario (los impares).

Este mecanismo tuvo como efecto que, al ser solamente dos los ministros de la ciudad capital y solamente uno de ellos dispuesto a asumir el cargo (Eduardo Spuler nunca quiso hacerlo), año por medio la presidencia vino recayendo sin excepciones en Gutiérrez.

Con la renovación por ahora parcial del tribunal, esta pauta está en tela de juicio, y se propicia un sistema que habilite una renovación permanente de la presidencia; no solo geográfica, sino personal. Criterio que en su momento impulsó Daniel Erbetta.

Pero además, el planteo excede lo personal: a lo que se apunta es a la elaboración de un plan de trabajo anual por parte de quien ejerza la presidencia, apoyado también en una nueva distribución de funciones de gestión por áreas y a cargo de los distintos ministros.

Una redistribución que, por otra parte, es compatible con el anunciado alejamiento del actual secretario General Eduardo Bordas, sobre quien en mayor medida recaía esa responsabilidad, por delegación de los propios ministros de la Corte.

El tribunal se encuentra actualmente compuesto por los históricos Gutiérrez, Falistocco, Spuler (que se irá en septiembre del año próximo) y Erbetta, el único que no excede los 75 años y cuya renuncia no es reclamada por el Poder Ejecutivo; y por los nuevos integrantes Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder, que asumieron tras el retiro de María Angélica Gastaldi y Mario Netri, y a la ampliación a siete del número de miembros.

Emerio  Agretti . El Litoral

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti calificó como "inadmisible" el desarrollo del juicio de la causa Cuadernos, criticó al Consejo de la Magistratura porque "funciona mal", consideró que la composición del Alto Tribunal debe ser "más equilibrada" y sostuvo que una reforma laboral debe salir "por consenso" para ser sostenible en el tiempo.

"No puede ser o no es admisible un juicio de una mega causa en esos términos para toda la sociedad, no está bien. El punto es por qué sucede esto y qué hay que hacer", dijo Lorenzetti en diálogo con Radio Rivadavia.

"Cuando uno tiene una causa de esta magnitud tiene que acelerar, no se puede paralizar. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, porque es la imagen de la Justicia frente a la sociedad, no es un tema menor", añadió.

El integrante del máximo tribunal aclaró que al TOF 7 hay que "organizarle la sala para el juicio, asignarle el personal adecuado", y destacó que "la presencialidad, la transparencia y la organización de una mega causa son aspectos claves".

Y recordó que "cuando entré a la Corte hicimos un plan de políticas de Estado, y definimos varias cosas, entre ellas, las mega causas. Se estableció una política especial. Tiene que haber una estructura que respalde a esos jueces para que puedan ejercerla".

"El problema es la organización, no solo los jueces. Lo que falla es el abandono de la política de Estado", dijo Lorenzetti en el programa "Esta mañana", conducido por Ignacio Ortelli.

Lorenzetti explicó que en "los jueces están sobrepasados", porque "faltan cubrir muchas vacantes", pero aseveró que en una mega causa "hay que trabajar, y en el verano también, cuando uno tiene un caso de esta magnitud hay que acelerar y hacer un esfuerzo, porque es la imagen de la Justicia frente a la sociedad".

El magistrado rafaelino hizo estas declaraciones previo a la cumbre en la Cámara de Casación, de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña con los integrantes del TOF 7, Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, para definir un nuevo esquema de juicio y darle mayor celeridad al proceso de la Causa Cuadernos.

El ex titular de la Corte advirtió que "no es admisible un juicio de una megacausa" en los términos iniciales del juicio, con virtualidad y una audiencia semanal, lo que dijo que fue "una mala decisión".

Las estimaciones son que con este esquema el juicio podría durar más de tres años. Aunque la semana pasada el Tribunal dispuso que haya dos audiencias semanales y que las indagatorias se realicen de forma presencial, a partir del próximo 25 de noviembre.

En ese sentido, sostuvo que de cara a la gente "lo importante es la rapidez, pero también la imparcialidad y la transparencia", porque "no se puede condenar mediáticamente, no es eso lo que el derecho tiene que hacer, tiene que funcionar con equilibrio e imparcialidad".

En esa misma línea, durante su entrevista con Radio Rivadavia el juez señaló que "las instituciones no estamos dando respuesta, hay una desconexión con la sociedad". Y remarcó que "la novedad de este siglo" es "la gente contra las instituciones".

"La democracia siempre fue de argumentos y ahora en Occidente está ocurriendo una democracia de imputaciones, denuncias, descalificaciones, los argumentos no existen. El espectáculo que se ve es de una democracia vacía. A eso se le agrega la ineficacia, porque la gente entiende que la democracia no le da resultados", afirmó.

Ante una consulta, Lorenzetti dijo que la Justicia tiene como gran problema "la cobertura de los cargos", porque "el Poder Judicial está haciendo muchos esfuerzos personales, pero funciona hoy gracias al esfuerzo de jueces, juezas y empleados, porque hay muchos juzgados sin jueces".

"He pasado cinco presidentes y creo que no hay una política de Estado sobre el Poder Judicial. Tenemos que estar de acuerdo en que el Poder Judicial es independiente. Cuando uno ve como se nombran los jueces en la Nación y las provincias, pasan por un filtro político muy fuerte. Y la idea de partidización no es buena", aseveró.

Por otra parte, criticó también al Consejo de la Magistratura que "no funciona bien desde hace años", y remarcó que, si bien "los consejeros son personas correctas que trabajan", es una instancia "que está mal diseñada, ya que funciona como un sistema legislativo cuando es un órgano ejecutivo".

Insistió en que "los jueces deben ser nombrados por una carrera judicial", y agregó que "el Consejo de la Magistratura designa jueces de instancia y eso está regulado. El problema más serio es que están regulados los antecedentes, pero la designación demora seis años, muchísimo tiempo".

"Este es un debate que hay que dar y no ocultar las cosas, porque tenemos jueces que uno no sabe cómo llegaron" al cargo, añadió.

Por otra parte, Lorenzetti se refirió a la actual conformación de la Corte Suprema y consideró que actualmente "está desbalanceado".

"Es necesario un equilibrio. Los jueces que venimos de afuera del poder judicial tenemos otra visión, que es bueno, pero hoy está desbalanceado. Tiene que haber alguien del Poder Judicial. Y mujeres. Hoy somos tres varones", marcó.

Lorenzetti mencionó que el decreto 222/2003 dictado por el ex Presidente Néstor Kirchner "hablaba de este balance" entre designaciones políticas y de carrera, y destacó como ejemplos que "tanto Carmen Argibay como Elena Highton venían del Poder Judicial".

Consultado sobre la reforma laboral que el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso, el magistrado dijo que lo que sancione el Parlamento debe apuntar a "una política equilibrada y sostenible en el tiempo", porque eso es indispensable para que haya "seguridad jurídica".

"En la argentina hubo muchas reformas laborales y también muchos cambios en los poderes judiciales", sostuvo, y aseguró que "las reformas que se hacen sin consenso no se sostienen en el tiempo" ya que "si cambiamos a cada rato es un problema para la seguridad jurídica".

De cara a la reforma laboral puntualizó que "hay que corregir el sistema de las indexaciones que multiplican las indemnizaciones hasta cifras inadmisibles", y señaló que la Corte "ha revocado varias veces" este tipo de sentencias, pero sus fallos no tienen obligatoriedad.

"Las sentencias de la Corte no son obligatorias, necesitamos que tengan más obligatoriedad, porque en el tema laboral muchos tribunales siguen emitiendo fallos como si no existiera una jurisprudencia", advirtió.

Ingresó al Senado de la Provincia una nota de la Corte Suprema de Justicia que, con la firma de todos sus ministros, impulsa fuertes cambios en el mapa judicial de Santa Fe para "profundizar" la reforma dispuesta por dos leyes del año pasado.

El texto constituye una propuesta de numerosos cambios (de distrito, de circunscripciones y de categorías de juzgados) que según la cabeza de la Justicia santafesina "se enmarcan en el deseable anhelo de contar con órganos jurisdiccionales dotados de mayor competencia y conocimiento en el vasto territorio provincial; lo que provocará un mayor acercamiento de la justicia al justiciable, a la vez de una importante reconducción y disminución de la litigiosidad en materia civil, comercial y laboral desde los ejidos urbanos más densamente poblados, hacia los nuevos órganos aquí y considerados".

La iniciativa de los ministros de la Corte "no involucra la creación de nuevos Juzgados, sino una transformación de unidades ya existentes, a las cuales se les proveerá de mayor competencia material" e indica que para "asegurar la viabilidad de la presente reforma (...) se ha efectuado una profunda evaluación que contempla no solo las realidades funcionales de cada órgano jurisdiccional, sino también los adecuados índices de atención y respuesta que desde cada dependencia objeto de la presente reforma, se puede proveer a la ciudadanía toda".

El escrito que solicita modificaciones en la Ley 10.160 Orgánica del Poder Judicial pasó en la sesión del jueves 13 de noviembre a la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, bajo el expreso pedido de la acordada de solicitar "la pronta consideración, tratamiento y sanción del proyecto de ley que se remite".

Los fundamentos del proyecto reconocen que dos leyes de 2024, la 14.264 y su modificatoria 14.323, introdujeron "profundos cambios en el esquema organizacional y en el mapa judicial de este Poder Judicial, en tanto provocó la transformación de diferentes órganos jurisdiccionales con competencia en materia de Circuito en Cámaras de Apelación y Juzgados de Primera Instancia de Distrito".

Indica que, a la par de tales reestructuraciones, "la mentada reforma produjo la unipersonalización de los hasta entonces Tribunales Colegiados de Familia y Tribunales Colegiados de Responsabilidad Extractontractual" y subraya que "en dicho orden de ideas, desde este Máximo Tribunal provincial se llevaron a cabo todas y cada una de las transformaciones y adaptaciones previstas por la nueva normativa; las que involucraron reestructuraciones internas en los diversos estamentos que componen este Poder Judicial. Ahora bien, luego de esquematizar y ejecutar de manera escalonada y precisa el nuevo diseño organizacional que el legislador previó en la reforma legal, a través de las decisiones adoptadas", en cuatro Acuerdos, "se entiende oportuno profundizar el mismo en base al proyecto de ley que aquí se acompaña".

La iniciativa busca modificar los artículos 5, 6, 7, 77, 79, 109 Y 112 de la Ley N° 10.160 y sus modificatorias sobre los distritos, las circunscripciones y la planta judicial. Contiene disposiciones sobre jueces en lo Civil, Comercial y Laboral y de Primera Instancia de Circuito

Uno de los artículos propuestos por la Corte plantea que "los juicios en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, iniciados ante los juzgados de circuito aquí transformados, continuarán ante los juzgados de distrito respectivos, adaptándose en lo pertinente el procedimiento en las causas que así lo requieran". Y otro punto a considerar por los legisladores ordena: "Deléguese en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia la implementación progresiva de la presente ley, la cual no podrá exceder de un año a partir de su entrada en vigencia".

Luis Rodrigo - El Litoral

El Tribunal Oral Federal Nº 4 solicitó este martes que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido se presente el jueves próximo a las 10 para que se haga efectiva su detención tras confirmarse la condena por la Corte Suprema Suprema.

El máximo tribunal dejó firme la condena a cuatro años de prisión del ex funcionario al considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia ferroviaria de Once ocurrida el 22 de febrero de 2012, y que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

En el Poder Ejecutivo de Santa Fe se ultiman detalles para remitir -antes que finalice el mes- un paquete de pliegos con candidatos a cargos de jueces en distintos distritos judiciales de la provincia y de una decena de defensores del sistema público penal. La decisión fue analizada el pasado lunes por el gabinete en reunión que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro.

En estos días, en el Boletín Oficial se publicaron listas de aspirantes en varios concursos como también se difundieron decretos de rechazo a varios concursantes que habían objetado e impugnado decisiones del tribunal de selección constituido en el Consejo de la Magistratura.

El tema de las vacantes motivó un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia a principios de este mes. "Dirigirse al Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados a la más pronta cobertura de las vacantes actuales o que se produzcan en el futuro inmediato de este Poder Judicial", expresa la resolución firmada por Roberto Falistocco y los restantes seis ministros de la Corte, más el Procurador General, Jorge Barraguirre y el secretario de Gobierno, Eduardo Bordas.

En los considerandos, expone la Corte los pronunciamientos anteriores sobre el tema que datan de fines de 2018. "En lo que ahora resulta, interesa oportuno destacar que en la actualidad el Poder Judicial cuenta con 99 vacantes definitivas de magistrados".

Un ministro de la Corte le recordó a El Litoral que desde noviembre de 2022 no jura un nuevo juez para ocupar una vacante. En ese lapso de tiempo, la Corte sólo le tomó juramente a autoridades del Ministerio Público de la Acusación, del Servicio de la Defensa; a fiscales, a defensores y a la recientemente creada Cámara de Apelación de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria. Precisamente, los tres magistrados de ese tribunal fueron los únicos pliegos de jueces aprobados por la actual Legislatura. Por eso, el ministro vocero señaló que desde fines del 2022 no se cubren vacantes.

En tanto, el Consejo de la Magistratura terminó los varios concursos que tenía en marcha, y en los últimos días publicó los decretos de rechazo a impugnaciones que presentaron varios de los participantes en esas instancias selectivas. Se trata de concursantes para el fuero penal y también el civil y comercial donde se produce la mayor cantidad de vacantes actualmente.

El tema concursos y cobertura de vacantes ocupó parte de la reunión de gabinete del pasado lunes donde expusieron sobre el tema el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni. El informe precisó la marcha de los concursos y un mapa de las vacantes. También se informó sobre conversaciones con ministros de la Corte Suprema de Justicia quienes expusieron las prioridades dentro de las casi cien vacantes.

De la depuración entre la Corte y el Ejecutivo quedaron unos 43 lugares de inmediata necesidad de cobertura. El Ejecutivo estimó que serán 54 los pliegos a elevar en una primera etapa, varios de los cuales contemplará además defensores públicos que viene siendo reclamados por la titular del servicio, Estrella Moreno Robinson.

En tanto, desde el Poder Legislativo se advirtió sobre la posibilidad de coordinar el tratamiento una vez finalizada la Convención Reformadora el próximo 12 de septiembre. Es que son muchos los legisladores que son convencionales y que se aprestan a entrar en la discusión definitiva del texto constitucional. Por ejemplo, la presidenta y el vice de Acuerdos son Lionella Cattalini y Raúl Gramajo,  ambos convencionales.

El tratamiento de los pliegos, según la Constitución vigente, tiene 30 días en Legislatura y si no son considerados quedan aprobados en forma ficta. El objetivo es darle tratamiento y por ende si ingresan en la segunda quincena de agosto, podrían ser considerados en Asamblea Legislativa después de la Convención.

Uno de los a debate en la Convención es el futuro cuerpo que se encargará de seleccionar a los candidatos a jueces, defensores y fiscales. En la letra chica aún no hay acuerdo e incluso son varios los bloques que entienden que no se debería llamar Consejo de la Magistratura. La Corte, en tanto, mocionó que se integre un Consejo presidido por la propia cabeza del Poder Judicial y dependiendo del organismo.

Más allá de la definición de la Convención, todo parece indicar que el organismo a crear en la Carta Magna necesitará una ley complementaria a ser dictada por la Legislatura. Entonces, los concursos finalizados y en manos del Poder Ejecutivo permitirán cubrir la mayoría de las vacantes producidas y a producirse en el Poder Judicial.

La Corte Suprema de Justicia también se pronunció a principios de este mes sobre la demora del Poder Ejecutivo en la firma de decretos validando designaciones o ascensos de personal dentro del Poder Judicial, tema que tuvo una controversia el año pasado.

Ahora, la Corte exhortó al Poder Ejecutivo -por conducto del ministerio de Justicia y Seguridad- "para que disponga del modo más urgente posible, la materialización de los procedimientos orientados al dictado de los decretos que permitan dar continuidad a los expedientes oportunamente remitidos por este Poder Judicial".

En los considerandos, el tribunal supremo advierte que "se constata nuevamente una relentización en el dictado de los correspondientes decretos que debe dictar el Poder Ejecutivo para poder dar continuidad y así llegar a la conclusión de los trámites administrativos referenciados, convirtiéndose así en una situación análoga a la acontecida durante el año 2024 y que fuera puesta en conocimiento del ministerio de Justicia y Seguridad".

Aclara la Corte que, a la fecha, "implica la existencia de más de 155 expedientes que se encuentran en dicha situación de demora, que en algunos casos se remonta a más de diez meses, los que de una manera u otra afectan derechos en la carrera administrativa dentro de este Poder Judicial"

Un hecho insólito y preocupante se registró el viernes por la noche en la ciudad de Santa Fe, cuando el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, el Dr. Rafael Gutiérrez, fue víctima de un robo tipo arrebato.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 22, en la vereda de la tradicional heladería y confitería Necochea, ubicada en Bv. Gálvez al 1900, donde el prestigioso jurista se encontraba sentado.

En ese momento, un joven que caminaba por la vereda, en una maniobra rápida y sorpresiva, le arrebató el teléfono celular que el Dr. Gutiérrez tenía sobre la mesa, para luego salir corriendo.

Lejos de quedarse paralizado, el magistrado de 77 años, visiblemente sorprendido por la audacia del ladrón, se levantó de inmediato y comenzó a correr detrás del delincuente, según muestran las cámaras de seguridad del lugar, que captaron toda la secuencia.

Minutos después, personal policial acudió al lugar tras un llamado al Sistema de Emergencias 911. En el sitio, los efectivos entrevistaron a Gutiérrez, quien relató lo sucedido e informó que el teléfono robado era un Samsung con funda negra.

La policía realizó un patrullaje por las inmediaciones y detuvo a un joven con características similares al autor del hecho en la zona de calle Balcarce, pero la verificación arrojó resultado negativo.

El Dr. Gutiérrez, por su parte, manifestó su intención de radicar la denuncia por sus propios medios, lo que efectivamente hizo más tarde en la comisaría correspondiente. Hasta el momento, el ladrón no fue identificado y el caso quedó bajo investigación.

Notife

Los siete ministros de la Corte Suprema de Justicia   encabezados por Roberto Falistocco, se reunieron durante más de dos horas con la Comisión de Poder Judicial y otros Órganos Constitucionales de la Convención Reformadora y dejaron una serie de propuestas para la modificación de la Constitución en relación al capítulo Poder Judicial.

Entre las propuestas presentadas está la de integrar un Consejo de la Magistratura autónomo y con autarquía financiera, integrado al Poder Judicial y bajo la presidencia de la propia Corte. No obstante, Rafael Gutierrez,  luego aclaró que será para la selección jueces, defensores y fiscales pero no para la administración del Poder Judicial como ocurre a nivel nacional.

Consejo de la Magistratura, algunas competencias menos para la Corte, reforzar el foro Contencioso Administrativo más la autonomía funcional y la autarquía financiera para el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa, son parte de los ejes.

Falistocco fue quien presentó las líneas generales de la propuesta excediendo el plazo de cinco minutos que tenía cada uno para exponer. El presidente explicó que las seis reformas propuestas de otros tantos artículos habían sido consensuados con sus pares con disidencia parcial de Daniel Erbetta en el tema Consejo de la Magistratura. El rosarino propone hablar de método para dicho organismo.

A grandes rasgos, la Corte propone modificaciones a la forma de nombrar personal, establecer tribunales de revisión pluri o unipersonales dejando de lado cámaras de apelaciones o vocales de cámaras; un Consejo de la Magistratura autónomo y autárquico; inamovilidad en cargos de ministros, jueces y funcionarios hasta los 75 años; mantener el Juicio Político para los miembros de la Corte y el resto con un tribunal de enjuiciamiento.

En cuanto al MPA y la Defensa, proponen que una ley especial determine los alcances de la competencia y los principios que guiarán la actuación y la designación y remoción de los órganos de dirección. Algunos de los ministros, como Margarita Zabalza, habló de que ambos cuerpos deben tener autonomía, autarquía e independencia de otros poderes. En cambio, Falistocco dijo estar convencido que no pueden ser un cuarto poder.

En sus exposiciones, Gutiérrez reivindicó la necesidad de mantener la independencia del Poder Judicial y uno de los requisitos es la disposición de los recursos presupuestarios. Rubén Weder pidió que se excluya al presidente de la Corte de la presidencia del Tribunal Electoral aunque dijo no ser partidario de un fuero electoral y ensayó la posibilidad de que sea responsabilidad del fuero Contencioso Administrativo.

Erbetta profundizó el concepto que la estabilidad de los jueces es la mayor garantía de justicia que tienen los ciudadanos; Eduardo Spuler mencionó su experiencia en los primeros consejos de la magistratura que tuvo la provincia y Jorge Baclini se explayó sobre las atribuciones de la Corte y la necesidad de tener un MPA independencia.

Luego fueron varios los convencionales que fueron formulando preguntas a los jueces sobre determinados ítems y quedó el compromiso de nuevas charlas para cuando se avance en la discusión de artículos sobre el funcionamiento del Poder Judicial.

La nota, firmada por el corresponsal Daniel Politi, subraya que la resolución del máximo tribunal no solo consolida una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, sino que también bloquea el “planeado regreso político” de la ex mandataria, quien recientemente había anunciado su candidatura a la legislatura bonaerense.

El artículo explica que la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de Fernández de Kirchner, ratificando así la condena emitida en 2022 por corrupción en la obra pública durante sus gobiernos (2007-2015). Sin embargo, el NYT aclara que es improbable que la ex presidenta, de 72 años, cumpla pena efectiva en una prisión común, dado que la legislación argentina permite la prisión domiciliaria para mayores de 70 años.

El tribunal de primera instancia deberá determinar ahora si cumplirá su condena en su domicilio, aunque se advierte que podría pasar algunos días detenida en una comisaría hasta que se resuelva su situación.

El artículo también describe el clima de tensión que rodeó el fallo. Según el medio neoyorquino, simpatizantes de la ex presidenta bloquearon rutas en las afueras de Buenos Aires y algunos sindicatos amenazaron con huelgas nacionales en caso de que la condena quedara firme. La nota recuerda que Cristina Kirchner fue víctima de un intento de asesinato en 2022, lo que, según el diario, “agrava el nivel de polarización en la sociedad argentina”.

The New York Times traza un perfil de Cristina Kirchner como una figura central en la política argentina durante más de tres décadas. La describe como “una de las figuras más polarizantes del país”, admirada por sus políticas sociales pero también acusada de liderar esquemas de corrupción a gran escala. El artículo destaca su liderazgo actual del Partido Justicialista y su rol como principal referente opositora al gobierno de Javier Milei.

En ese contexto, el presidente libertario aparece mencionado como un crítico férreo del kirchnerismo. Según el artículo, Milei responsabiliza a los gobiernos de los Kirchner por la “corrupción sistémica” y la “mala administración económica” que llevaron al país a su crisis actual.

El artículo recoge también las palabras de Cristina Kirchner tras conocerse el fallo. Ante una multitud de militantes, la ex presidenta desafió: “Adelante, métanme presa... ¿De verdad creen que eso va a arreglar algo? Puede que yo esté tras las rejas, pero la gente va a estar cada día peor”. La frase, destacada en el texto, refleja el tono combativo con el que afrontó la confirmación de su condena.

Finalmente, el diario señala que Fernández de Kirchner enfrenta otras causas judiciales por presunto lavado de dinero, direccionamiento de contratos y el controvertido memorándum con Irán, vinculado al encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos. Además, recuerda que durante el juicio en su contra, en 2022, fue víctima de un intento de asesinato cuando un hombre le apuntó con un arma que no llegó a dispararse.

Con esta resolución de la Corte, el futuro político de Cristina Kirchner queda suspendido, y el país se enfrenta a un nuevo capítulo en su convulsionada vida institucional. Mientras tanto, sus seguidores y detractores se mantienen movilizados, y el escenario político nacional se reconfigura de cara a las próximas elecciones.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, convocó para este lunes a las 16 horas a sus colegas ministros del máximo tribunal a una reunión con el objetivo de definir la resolución del expediente conocido como “Vialidad”.

La citación a Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se realiza en uso de las atribuciones conferidas al titular del cuerpo por el artículo 84, segundo párrafo, del Reglamento para la Justicia Nacional, según el texto aprobado por acordada 36/2003.

El expediente en cuestión forma parte de las causas de mayor trascendencia institucional en estudio del Alto Tribunal y su tratamiento ha generado expectativa en los distintos sectores políticos y jurídicos del país.

La convocatoria se da en medio de un contexto de elevada sensibilidad política, considerando el peso simbólico y las eventuales derivaciones del fallo que el tribunal podría emitir.

Hasta el momento no trascendieron detalles del contenido de la deliberación ni de cuándo podría conocerse una resolución final sobre la causa, pero se da en pleno diseño la resolución que podría habilitar la detención de la ex presidenta junto con su inhabilitación electoral.

El Máximo Tribunal definirá la investigación sobre el presunto direccionamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, y deberá resolver el recurso de queja presentado por la exvicepresidenta a la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que ratificó su condena a 6 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Hasta el momento, los trascendidos vaticinan que la Corte confirmará lo decidido en las instancias inferiores, aunque desde el Máximo Tribunal aclaran que la reunión de esta tarde no debe traducirse en el anuncio de la resolución del fallo.

El llamamiento llega el día después de las definiciones de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, quien en un acto militante por el Día de la Resistencia peronista, aseguró que “estar presa es un certificado de dignidad” cuando “determinados personajes caminan libres por la calle”.

En varios tramos de su discurso, la titular del Partido Justicialista hizo referencia a la Corte Suprema, a la que tildó de “guardia pretoriana del poder económico”, y denunció que apuesta a desarticular a la oposición. "Bastó que lanzara una candidatura (a diputada por la Tercera Sección Electoral) para que se desataran los demonios”, precisó.

En paralelo a la reunión de la Corte, dirigentes de diversos gremios convocaron a un encuentro de urgencia ante la inminencia de la decisión judicial que se realizará a las 16 en la sede del SMATA ubicada en la Avenida Belgrano 665.

Hasta el momento, se confirmó la presencia de los dirigentes del SMATA, Ricardo Pignanelli (secretario general) y “Paco” Manrique; Sergio Palazzo (La Bancaria); Abel Furlán (UOM); “Etín” Ponce (ATILRA); Guillermo Moser (luz y fuerza); Carlos Ortega (Secasfpi); Vanesa Siley (SITRAJU); Víctor Santa María (Suther); Alejandra López y José Luis casares (SADOP).

También estarán Norberto Di Próspero (APL); Héctor “Gringo” Amichetti (Gráficos); Horacio Arreceygor (Satsaid); Daniel Catalano (ATE Capital); Fabián Cattanzaro y Graciela Aleña (Vialidad); Carlos Minucci (APSEE); Ana Rugiero y “Nacho” Bruno (FATUN); Daniel Ricci (Fedun); Hugo Yasky (CTA); Nahuel Chancel (Supeh); Juan Speroni (Navales); José Ramón Luque (FOEIPCYQ); Marcelo Parente (secretario general de las 62 organizaciones); Hernán Doval (CTM Municipales); y Aníbal Torreta (SUTECBA).

Noticias Argentinas

El Gobierno Provincial, a través de los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, presentó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco, la denuncia y pedido de Jury contra el juez penal Mauricio Martelossi, de la ciudad de Reconquista, quien liberó al asesino del remisero Juan Carlos Martínez, a pesar de su extenso historial delictivo.

La denuncia se realiza de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe y el artículo 7, inciso 1 y concordantes de la Ley Provincial Nº 7050, que establecen las causales y el procedimiento para la remoción de magistrados por mal desempeño en sus funciones.

La denuncia se presenta a raíz del homicidio, en la ciudad de Reconquista, de Juan Carlos Martínez, remisero de la localidad. Pocas horas después, el sospechoso fue detenido, por el rápido y eficiente accionar policial, y se le secuestró en su domicilio el arma homicida. El detenido, Joaquín Carrizo, resultó ser un delincuente conocido de la región, que registra 13 causas penales, y se encontraba en libertad por decisiones judiciales previas: “A pesar de que un análisis mínimamente riguroso de sus antecedentes permitía advertir con claridad el riesgo concreto de que su conducta violenta derivara en una tragedia”, precisa el escrito.

“La denuncia se presenta a raíz del homicidio, en la ciudad de Reconquista, de Juan Carlos Martínez, remisero de la localidad. Pocas horas después, el sospechoso fue detenido, por el rápido y eficiente accionar policial, y se le secuestró en su domicilio el arma homicida. El detenido, Joaquín Carrizo, resultó ser un delincuente conocido de la región, que registra 13 causas penales, y se encontraba en libertad por decisiones judiciales previas".

Uno de los episodios más recientes tuvo lugar el 28 de agosto de 2024, cuando protagonizó un asalto a mano armada en una vivienda de la ciudad de Avellaneda, lo que dio origen a una causa penal en la que el fiscal interviniente solicitó la prisión preventiva del imputado. La medida cautelar se mantuvo vigente hasta la realización de la audiencia preliminar el 6 de marzo de 2025, oportunidad en la que el juez penal Mauricio Daniel Martelossi, resolvió no hacer lugar al pedido de la Fiscalía y conceder la libertad del imputado, imponiéndole ciertas condiciones, que resulta evidente ninguna fue cumplida.

Esto pone de manifiesto la “ligereza e irresponsabilidad” con la que el magistrado actuó, omitiendo los antecedentes penales, y permitiendo la libertad de una persona ya condenada, con conductas delictivas reiteradas, y con problemas psicológicos o psiquiátricos reconocidos; y desestimando criterios procesales elementales del artículo 221 del Código Procesal Penal de la Provincia, sobre hipótesis que permiten valorar el riesgo procesal.

Por este motivo, la denuncia presentada sostiene que “el accionar del juez Martelossi, amparado en un garantismo mal entendido y desprovisto de responsabilidad institucional, pone en riesgo el funcionamiento y la credibilidad del sistema penal en su conjunto. En nuestra doble condición de ciudadanos y de funcionarios de un gobierno que ha demostrado un compromiso firme con la protección de derechos y garantías para toda la sociedad, consideramos no solo pertinente, sino necesario, reclamar su destitución, en resguardo de los principios fundamentales que deben regir la administración de justicia”.

El accionar del juez Martelossi, amparado en un garantismo mal entendido y desprovisto de responsabilidad institucional, pone en riesgo el funcionamiento y la credibilidad del sistema penal en su conjunto.

Al respecto, el ministro Bastia señaló “la gran responsabilidad es del juez que ordenó la liberación de esta persona. Es inadmisible. El juez Mauricio Martelossi va a tener que dar cuenta de su deficiente accionar e irresponsable decisión”; y destacó el accionar policial, que “en muchas oportunidades aprehendieron a este delincuente, por distintos hechos”.

Por último, la presentación adjunta elementos probatorios, como el prontuario policial de Joaquín Camilo Carrizo, copia del fallo en autos “Carrizo, Joaquín Camilo s/ Resistencia a la Autoridad”, y acta de la audiencia preliminar del 6 de marzo de 2025.

Tras el rechazo del Senado a su pliego, el juez designado por derecto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia renunció de forma indeclinable al cargo, según se desprende de una carta presentada este lunes y dirigida al propio mandatario, en la que expresa duras críticas al funcionamiento actual del máximo tribunal.

En la misiva —a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas— el magistrado, designado por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025, fundamentó su decisión en “la convicción de que la falta de integración de la Corte Suprema era un grave problema institucional que requería una solución urgente”.

El juez sostuvo que el tribunal viene funcionando desde diciembre con solo tres miembros, situación que consideró “sorprendente” y que agravó la parálisis judicial. “A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones”, expresó.

Además, el ahora exintegrante del tribunal advirtió sobre la “falsa creencia de que la Corte Suprema puede funcionar con solo tres jueces”, lo cual calificó como un “espejismo institucional que puede causar un daño incluso mayor que el que ya ha causado la demora en integrar el Tribunal”.

“El funcionamiento con conjueces dista de ser el ideal. Se resuelven casos, sí, pero no en la cantidad y el ritmo que exige la Corte”, señaló. Y advirtió que la lentitud “afecta en concreto la actividad del Tribunal y, fundamentalmente, la vida de nuestros conciudadanos, que ven demorada la resolución de las disputas que someten a su decisión”.

Fuente: NA

El reciente rechazo del Senado a los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, propuestos por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema, ha generado diversas reacciones en el ámbito político. 

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, sostuvo que la decisión del Senado carece de impacto práctico en el caso de García-Mansilla, dado que la Corte Suprema ya lo ha incorporado formalmente. Francos argumentó que la constitucionalidad de los actos es determinada por la propia Corte, que validó el nombramiento al tomarle juramento. ​

Controversia en torno a las designaciones "en comisión"

El presidente Milei había designado a García-Mansilla y Lijo mediante la figura de "en comisión", permitiéndoles asumir funciones de manera provisoria hasta obtener la aprobación del Senado. Este procedimiento fue cuestionado por diversos sectores políticos y jurídicos, considerándolo inconstitucional y una extralimitación del Poder Ejecutivo. El Senado rechazó ambas nominaciones con votaciones de 51 a 20 en el caso de García-Mansilla y de 43 a 27 para Lijo. 

Medidas judiciales y críticas adicionales

Tras el rechazo senatorial, el juez federal Alejo Ramos Padilla ordenó a García-Mansilla abstenerse de participar en decisiones de la Corte Suprema, bajo apercibimiento de sanciones. Francos desestimó esta medida, calificándola de "intencionalidad política". Además, respondió a críticas del juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, señalando que sus comentarios carecían de fundamento.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, señaló que "es respetable" la opinión del Senado que el jueves rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

"El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable", expresó.

"El Senado se pronunció contra el Decreto, no contra los Candidatos, su decisión era predecible. El Senado opinó y eso es respetable"

Ricardo Lorenzetti

Además, tras asegurar que el futuro de García-Mansilla, el juez que asumió “en comisión” por un decreto del presidente Javier Milei, dependerá de una decisión personal, indicó: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.

“Creo que más allá de las discusiones que puedan haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, dijo en diálogo con Radio Mitre.

Además, indicó: "La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

Noticia en desarrollo