Un trágico suceso conmociona a la localidad de Joaquín V. González, en la provincia de Salta. Una mujer identificada como Delicia Bollada perdió la vida tras sufrir una brutal agresión física en su propio domicilio durante la madrugada del lunes 20 de octubre de 2026.

El hecho ocurrió apenas una hora después de la finalización del Día de la Madre. Según las primeras investigaciones, el hijo de la víctima, un joven de 21 años, llegó a la vivienda cerca de la 1 de la madrugada en un estado de alteración y presunta ebriedad.

De acuerdo con la información difundida por Informate Salta, el conflicto se habría originado por un pedido de dinero. El agresor le solicitó 1.000 pesos a su madre y, ante la negativa de la mujer, comenzó a golpearla salvajemente. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un episodio de violencia extrema dentro del hogar familiar.

En un intento desesperado por frenar la agresión, otra hija de Delicia Bollada y su pareja intervinieron en la pelea, aunque no lograron detener el ataque del joven. Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos de la zona, quienes dieron aviso inmediato al servicio de emergencias 911 para solicitar asistencia policial urgente.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron a la mujer gravemente herida. Fue trasladada de urgencia a un centro de salud local, pero lamentablemente falleció a la 1:45, a causa de la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque. El personal médico no pudo hacer nada para salvar su vida tras el violento episodio.

La autopsia realizada al cuerpo confirmó que la causa del deceso fue un traumatismo encéfalo craneano grave. Los investigadores judiciales trabajan bajo la hipótesis de que el golpe mortal fue provocado mediante el uso de un elemento contundente, lo cual agrava la situación procesal del sospechoso detenido tras el hecho.

Actualmente, el joven de 21 años permanece bajo custodia policial mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer los detalles del crimen. Los fiscales a cargo del caso analizan si el asesinato debe ser caratulado como un femicidio, considerando el vínculo familiar y la mecánica del ataque perpetrado contra la mujer.

El caso ha generado una profunda consternación en la comunidad salteña. Mientras tanto, las autoridades continúan recolectando testimonios y pruebas para determinar con exactitud cómo se desarrollaron los hechos. El pedido de dinero y la conducta del agresor son los ejes centrales de la investigación que busca hacer justicia por la muerte de Delicia Bollada.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este viernes la apertura de la sexta subasta de bienes incautados al delito, organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El evento, realizado en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, marcó un hito con 8.796 personas inscriptas de todas las provincias, quienes buscaron adquirir 224 lotes, incluyendo vehículos, lanchas, un inmueble en Rosario y máquinas arcade.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó la relevancia de esta política pública. “En la invencible provincia de Santa Fe la impunidad se acabó. Esta es una política pública ejemplo en el orden nacional de la lucha contra la impunidad”, afirmó Maximiliano Pullaro ante los presentes. El gobernador enfatizó que el Estado no solo investiga y encarcela a los delincuentes, sino que también avanza sobre sus activos económicos.

“Vamos por lo más preciado, su plata y sus bienes, y los ponemos a disposición en estas subastas”, sostuvo el gobernador. Según explicó, esta edición es la más grande realizada hasta la fecha en cuanto a cantidad de participantes, lo que refleja la confianza ciudadana en el proceso. Los fondos recaudados serán destinados a resarcir a víctimas de delitos y a fortalecer el trabajo de diversas organizaciones sociales en todo el territorio provincial.

El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, subrayó que esta iniciativa es la única de su tipo en la Argentina. “La presencia de cada uno de ustedes nos demuestra que la subasta pública que hacemos en Santa Fe les genera la tranquilidad para venir a hacer negocios”, señaló el funcionario, quien además agradeció la colaboración de alumnos de escuelas técnicas en la puesta a punto de los vehículos.

Figueroa Escauriza detalló que los lotes provienen de actividades ilícitas como el narcotráfico, el juego clandestino y el accionar de motochorros. “Se los vendemos para demostrar que al delito no hay que darle un centímetro”, agregó. Cabe destacar que en las cinco subastas anteriores se recaudaron más de 5.051 millones de pesos, recursos que permitieron asistir a más de 60 instituciones y sostener el funcionamiento operativo de la Aprad.

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Para garantizar la transparencia y seguridad, el proceso exigió una inscripción online obligatoria. Los datos de los interesados fueron cruzados con el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía de Investigaciones para descartar vínculos con organizaciones criminales. Asimismo, la provincia garantiza el bloqueo de dominio de los vehículos, asignando una nueva patente para eliminar cualquier conexión con el titular anterior y brindar seguridad jurídica a los nuevos compradores.

Este jueves se conocerá la resolución del juicio por el crimen de Aralí Vivas, la niña de 8 años que fue hallada muerta en noviembre de 2024 en la localidad cordobesa de Brinkmann.

El proceso se desarrolla en la Cámara del Crimen de San Francisco, con participación de jurados populares. En el banquillo se encuentran la madre de la víctima, Rocío Milagros Rauch, de 28 años; su pareja, Ezequiel Matías Simeone, de 33; y Cristian Hernán Varela, de 40 años.

Los tres están acusados de abuso sexual agravado por la edad de la víctima y por la participación de más de una persona, además de homicidio criminis causa. A Simeone también se le atribuye el delito de incendio. En caso de ser encontrados culpables por los delitos imputados, podrían recibir penas de prisión perpetua.

En la previa de la audiencia final, Natalia, tía de Aralí, volvió a reclamar que se investigue el funcionamiento de los organismos que debían intervenir en la protección de la niña y de sus hermanos.

“Nadie hizo nada, nadie ha cuidado a los chicos. Lo único que se protegió fue tapar la adicción de ella —por la madre—, no hicieron nada y así pasó lo que pasó. Nadie jamás nos escuchó”, expresó.

También sostuvo que, a su entender, hubo otras personas que deberían ser investigadas por lo ocurrido. “Hay mucha otra gente que debería estar en el banquillo, tanto de los organismos como gente particular que entraba a esa casa”, manifestó.

El cuerpo de Aralí fue encontrado luego de un incendio ocurrido el 1° de noviembre de 2024 en la vivienda donde residía. Según la investigación, la niña ya había fallecido cuando comenzó el fuego. 

Durante la instrucción, el fiscal Oscar Gieco señaló que presentaba lesiones compatibles con abuso sexual y que había sufrido una “muerte traumática”.  La acusación sostiene además que el incendio habría sido provocado por Simeone con la intención de borrar evidencias.

A lo largo del debate declararon más de diez testigos, entre familiares de los acusados, médicos y profesionales que participaron como peritos.

De los tres imputados, Varela fue el único que decidió declarar y responder preguntas. Según su versión, concurría al domicilio de Rauch y Simeone para comprar droga y negó haber participado tanto del crimen como de los abusos investigados. El tribunal está integrado por los jueces Guillermo Rabino, Alejandro Acuña y Claudio Requena.

Por su parte, el jurado popular, compuesto por ocho ciudadanos, deberá resolver sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados. El padre de la niña, Ricardo Vivas, interviene en el proceso como querellante particular.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de $16 millones para quienes aporten información que permita avanzar en el esclarecimiento del homicidio de Silvia Ciarrocchi, ocurrido hace más de 12 años en Wheelwright, departamento General López.

La medida se enmarca en la investigación penal que dirige la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ana Belén Stampella, y tiene como objetivo conseguir datos útiles, relevantes y decisivos para individualizar al autor o los autores del crimen.

Silvia Ciarrocchi fue asesinada durante la noche del miércoles 19 de febrero de 2014. Según informó el MPA, la muerte violenta se produjo en el interior de un comercio que funcionaba en su propia vivienda, ubicada en la intersección de avenida Rivadavia y Juan B. Justo, en Wheelwright.

Desde entonces, la investigación busca determinar quién o quiénes fueron responsables del homicidio. Ahora, con el propósito de obtener nuevos elementos que permitan avanzar en la causa, la Provincia estableció una recompensa de $16 millones para las personas que puedan aportar información relevante.

Quienes cuenten con datos relacionados con el homicidio de Silvia Ciarrocchi pueden comunicarlos a través del correo electrónico recompensas@mpa.santafe.gov.ar.

Desde el Ministerio Público de la Acusación remarcaron que la identidad de las personas que proporcionen información será mantenida en secreto.

La misma reserva alcanzará a quienes eventualmente resulten adjudicatarios de la recompensa y se mantendrá antes, durante y después de finalizada la investigación o el proceso judicial.

La causa continúa bajo la dirección de la fiscal Ana Belén Stampella, mientras se intenta obtener información que permita individualizar al autor o los autores del homicidio ocurrido en Wheelwright en 2014.

Claudio Barrelier, detenido por el femicidio de Agostina Vega, amplió este lunes su declaración indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón y volvió a plantear una versión vinculada a una supuesta deuda narco. Además, pidió un careo con otro de los acusados en la investigación.

La declaración se extendió durante aproximadamente tres horas y ocurrió luego de que el imputado cambiara de abogado defensor y designara al penalista Carlos Argüello para encabezar su estrategia judicial.

Según trascendió, Barrelier habría transmitido a su nueva defensa una frase que resumiría su postura: “Solo no me voy”.

Durante la audiencia, el acusado volvió a referirse a una presunta deuda vinculada al narcotráfico y aseguró que habría entregado a Agostina por una deuda con Melisa Heredia, madre de la adolescente.

Además, solicitó un careo con Osvaldo Fassetta, otro de los imputados que permanece detenido en la causa por el crimen.

Tras la declaración, el fiscal Raúl Garzón aseguró que los dichos del acusado no modifican la situación procesal en la investigación.

“Podrá decir lo que quiera Barrelier, las pruebas lo incriminan y lo comprometen”, afirmó el funcionario judicial.

En ese sentido, agregó: “No es factible, no existe ninguna chance de que quede libre de culpa y cargo. En absoluto”.

Ahora, la Fiscalía analizará los dichos realizados por Barrelier para determinar si la información aportada puede ser corroborada y qué impacto puede tener dentro del expediente.

La nueva declaración del principal acusado incorporó referencias a otras personas y vínculos que, según su versión, habrían tenido participación o conocimiento de la situación previa al crimen.

Barrelier permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje acusado por el femicidio de Agostina Vega, una adolescente cuyo caso continúa bajo investigación judicial.

La Justicia busca determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados y avanzar en la reconstrucción de los hechos que derivaron en el asesinato

México quedó conmocionado por un brutal crimen ocurrido en las afueras de la Ciudad de México. El músico Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado junto a su esposa embarazada, su hija pequeña y una empleada doméstica dentro de su domicilio.

Los cuerpos fueron encontrados durante la madrugada del martes en un departamento ubicado en un exclusivo complejo residencial de la Zona Esmeralda, mientras que un niño de 6 años, hijo del matrimonio, fue hallado con vida y sin lesiones aparentes. Es el único sobreviviente de la familia.

Las víctimas fueron identificadas como Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años y embarazada de cuatro meses; su hija Sofía, de 3 años; y Aleyda Romero, de 21 años, quien trabajaba como empleada doméstica en la vivienda. Además, el perro de la familia también fue asesinado.

De acuerdo con la información que trascendió, el músico presentaba signos de haber sido maniatado y atado con cinta adhesiva, además de haber recibido un disparo en la cabeza. Su esposa y su hija también habrían sido asesinadas de la misma manera, mientras que la empleada doméstica fue encontrada con un disparo en la espalda.

Las autoridades mexicanas trabajan para reconstruir lo ocurrido y determinar la responsabilidad de los involucrados. La principal hipótesis apunta a un posible robo, aunque la investigación continúa abierta. Según los primeros datos, los hechos habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 del martes dentro del domicilio familiar.

La investigación apunta a la posible participación de dos hombres identificados como Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quienes fueron detenidos.

Uno de los sospechosos sería socio del músico y, según la hipótesis de los investigadores, habría tenido acceso a la vivienda debido a la cercanía que mantenía con la familia.

La Justicia mexicana busca establecer el grado de participación de cada detenido y avanzar en el esclarecimiento de un crimen que generó una fuerte conmoción por la cantidad de víctimas y las características del ataque.

La investigación por la muerte de Cecilia Lazcano, de 16 años, sumó un elemento que abrió nuevos interrogantes en Corrientes. En uno de los teléfonos analizados por los investigadores apareció un mensaje atribuido al adolescente detenido por el caso: “Con esta ya son 13 las que maté”.

La frase fue enviada a su novia después del crimen y quedó incorporada al expediente. Ahora, la Justicia intenta establecer qué quiso decir el joven y si se trató de una mentira destinada a impresionar, una provocación o una referencia concreta a otros posibles hechos.

Por el momento, según la información difundida, no existen registros en Alvear de otros 12 homicidios que puedan vincularse con el adolescente, por lo que esa hipótesis no tiene respaldo confirmado hasta ahora.

Cecilia fue atacada durante la madrugada del 15 de julio en un terreno baldío ubicado cerca de la vieja estación de trenes de Alvear, Corrientes. La adolescente sufrió una profunda herida en el cuello que le afectó la tráquea, pero aun así consiguió salir del lugar e intentar pedir ayuda.

Sin poder hablar y mientras perdía sangre, llegó hasta distintas viviendas de la zona. En uno de esos intentos dejó un anillo debajo de una puerta para intentar llamar la atención de una vecina. Finalmente fue encontrada y trasladada a un hospital, donde murió horas más tarde a raíz de las lesiones.

En un primer momento, la pesquisa se orientó hacia la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, las pericias forenses concluyeron posteriormente que las heridas mortales no habían sido autoinfligidas, lo que modificó el rumbo de la investigación.

A partir de ese giro, el fiscal Facundo Cabral ordenó profundizar el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes mostraron a Cecilia caminando junto al adolescente actualmente detenido en los minutos previos al ataque.

Según la reconstrucción difundida, el joven llevaba una pala mientras caminaba junto a la víctima. Poco después, las cámaras lo habrían registrado regresando solo, sin esa herramienta y con el buzo en la mano.

Ese recorrido pasó a ser uno de los elementos centrales utilizados por los investigadores para reconstruir lo sucedido durante aquella madrugada.

El análisis de los teléfonos del acusado y de su novia permitió recuperar conversaciones consideradas relevantes para la causa. Entre ellas apareció la frase “Con esta ya son 13 las que maté”, que ahora es examinada para determinar su verdadero alcance.

Los investigadores también analizan mensajes que podrían aportar información sobre un conflicto previo entre Cecilia y la novia del adolescente, así como el grado de conocimiento que esta última habría tenido sobre lo ocurrido.

A la investigación se sumaron además evaluaciones psicológicas y psiquiátricas realizadas al adolescente. Según la información publicada, esos informes mencionaron rasgos vinculados con falta de empatía y capacidad para mentir, elementos que deberán ser valorados judicialmente dentro del contexto general del expediente y no constituyen por sí solos una conclusión sobre su responsabilidad penal.

El joven permanece alojado en el Centro de Contención Juvenil de la capital correntina, mientras la Justicia continúa reconstruyendo los hechos y procura establecer tanto su eventual participación en la muerte de Cecilia como el significado del mensaje hallado en su teléfono.

Un ingeniero argentino fue asesinado de 13 puñaladas dentro de su departamento en Madrid, en un crimen que causó conmoción tanto en España como en la Argentina. La víctima fue identificada como Facundo Leonel Rico Castro, de 37 años y oriundo de la provincia de San Juan.

El homicidio ocurrió el pasado 14 de julio en una vivienda situada en la zona residencial de Las Tablas, dentro del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. El principal sospechoso era un hombre español de 65 años que se quitó la vida al día siguiente del ataque.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, el presunto agresor se presentó en el domicilio de Rico y habría utilizado gas pimienta para reducir su capacidad de defensa antes de atacarlo con un arma blanca.

La víctima recibió heridas en la espalda, el abdomen y la zona del omóplato. Los servicios de emergencia realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos, pero no consiguieron salvarle la vida.

Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia después de escuchar gritos y percibir un fuerte olor químico proveniente del departamento. El encargado del edificio también aportó información relevante al indicar que había visto entrar y salir al sospechoso.

Además, las cámaras de seguridad del complejo residencial habrían registrado sus movimientos, lo que permitió a los investigadores ubicarlo en el lugar y en el horario del crimen.

La principal hipótesis indica que el hombre estaba convencido de que su esposa mantenía una relación sentimental con el ingeniero argentino.

Sin embargo, la supuesta relación nunca fue comprobada. La investigación solamente pudo establecer que Rico y la mujer concurrían al mismo gimnasio, ubicado cerca del domicilio de la víctima.

La mujer habría manifestado su intención de separarse, situación que habría provocado una creciente obsesión en su esposo. Los investigadores consideran que esa sospecha pudo haber desencadenado el ataque, aunque la causa no llegará a juicio debido al fallecimiento del acusado.

Después del homicidio, el presunto responsable se trasladó hasta la localidad de La Adrada, en la provincia española de Ávila.

Al día siguiente fue encontrado muerto después de arrojarse desde una zona natural conocida como Charco de la Olla. Tras reunir los registros de las cámaras, las declaraciones de testigos y otros elementos, la Policía Nacional española dio por esclarecido el crimen.

El fallecimiento del sospechoso impidió que pudiera ser detenido, interrogado y sometido a un proceso judicial por el homicidio.

Facundo Rico era ingeniero electrónico especializado en energías renovables y llevaba más de diez años radicado en España.

Había obtenido su título en San Juan en 2014 y contaba con experiencia profesional en proyectos vinculados con la energía solar y eólica. También se desempeñó como auxiliar docente en las materias Telecomunicaciones I y II de la Universidad Nacional de San Juan.

Un mes antes de su asesinato había comenzado a trabajar en un nuevo puesto como ingeniero de proyectos. Su trayectoria profesional incluía tareas de evaluación, diagnóstico y análisis de sistemas eólicos y fotovoltaicos.

La Policía Nacional de España consideró esclarecido el caso luego de atribuir el ataque al hombre de 65 años y confirmar su muerte.

No obstante, al no existir la posibilidad de avanzar con una acusación y un juicio, la reconstrucción policial será la principal respuesta sobre lo ocurrido dentro del departamento madrileño.

El caso generó conmoción por la violencia del ataque y porque la hipótesis central se habría originado en una sospecha personal que, hasta el momento, no encontró respaldo en la investigación.

La investigación judicial en torno a la causa bautizada públicamente como “Propofest” sumó una resolución determinante.

La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó de forma mayoritaria el procesamiento de los médicos anestesistas Delfina "Fini" Lanusse y Hernán Boveri, imputados por el robo eutilización ilegal de medicamentos de uso estrictamente profesional. Con esta medida, ambos profesionales de la salud continuarán formalmente procesados mientras el expediente penal sigue su curso.

El dictamen llevó las firmas de los camaristas Ignacio Rodríguez Varela y Mariano Scotto, junto con la disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich.

El documento emitido por la Cámara sostuvo que los testimonios y los elementos probatorios reunidos hasta el momento en la causa “permiten tener por acreditado el vínculo amoroso de los imputados y su consumo de propofol”, echando por tierra los planteos iniciales de las defensas.

El entramado delictivo quedó al descubierto luego de una serie de auditorías y denuncias cruzadas.

Si bien el juez Pociello Argerich argumentó en su disidencia que los testimonios no lograban probar de forma directa que todos los lotes de medicamentos sustraídos provinieran de las estanterías del Hospital Italiano, los demás magistrados ponderaron como un elemento clave la declaración testimonial de una colega de Lanusse.

Esta testigo expuso detalladamente ante los investigadores las circunstancias bajo las cuales un grupo de amigas y colegas médicas de la imputada decidieron romper el silencio y poner los hechos en conocimiento de las máximas autoridades de la institución de salud.

Los integrantes del tribunal recordaron que la comercialización y venta al público general de sustancias anestésicas como el “propofol” se encuentra estrictamente prohibida por las regulaciones sanitarias vigentes.

Al desempeñarse como médicos residentes y anestesistas dentro del Hospital Italiano, tanto Lanusse como Boveri poseían una posición de privilegio: tenían acceso diario y directo al fármaco, gozaban de la facultad de solicitarlo en la farmacia interna de la institución y podían disponer de él sin levantar sospechas iniciales.

El fallo acreditó de forma fehaciente que, en simultáneo con el consumo personal que realizaban, los procesados “tuvieron oportunidad cierta de manipularla en ocasión de su trabajo pues les era dispensada y confiada para realizar su labor”.

La alarmante causa judicial cobró estado público tras el trágico fallecimiento del anestesiólogo Alejandro Salazar, quien se desempeñaba en el Hospital Rivadavia y fue hallado sin vida en el interior de su departamento particular a raíz de una sobredosis de sustancias.

Fue en ese marco de investigación derivado que las miradas de los pesquisas se posaron sobre las actividades de Lanusse y Boveri, quienes terminaron imputados por robo de fentanilo y propofol y fueron formalmente citados a prestar declaración indagatoria.

Durante la instancia de las indagatorias ante los magistrados, los profesionales médicos adoptaron estrategias procesales bien diferenciadas:

Hernán Boveri: El anestesista optó por ampararse en sus derechos constitucionales y se negó a prestar declaración ante el tribunal.

Delfina "Fini" Lanusse: La médica residente decidió realizar un descargo de manera verbal —que luego lo ratificaría por escrito— en el cual hizo alusión a complejas cuestiones de índole personal e intentó posicionarse bajo el rol de víctima. El tribunal evaluó que dicho descargo careció de elementos sustanciales o evidencias que modificaran el eje central de las acusaciones del expediente.

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, atraviesa una etapa clave. La Justicia aguarda los resultados de las pericias forenses para determinar cómo murió, cuándo ocurrió el fallecimiento y si hubo más personas involucradas además del único detenido, Claudio Gabriel Barrelier.

Durante el fin de semana, familiares de la víctima mantuvieron un encuentro con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a quien le pidieron que la causa avance hasta identificar a todos los posibles responsables. Ese reclamo coincide con una de las líneas que la fiscalía mantiene abierta: la posible participación de cómplices o encubridores.

Uno de los puntos centrales será el resultado de los estudios forenses complementarios. Las pericias buscarán establecer la causa exacta de la muerte, el momento aproximado del fallecimiento y otros datos que podrían resultar determinantes para el expediente.

El fiscal Raúl Garzón sostuvo que la muerte habría ocurrido durante la noche en que Agostina desapareció o en las horas inmediatamente posteriores. Sin embargo, la confirmación científica dependerá de los análisis que todavía están en marcha.

En paralelo, los investigadores continúan examinando rastros hallados en una vivienda de barrio Cofico, lugar al que, según la principal hipótesis, la adolescente habría ingresado antes de desaparecer. Para la fiscalía, allí podrían existir evidencias relevantes para reconstruir lo ocurrido.

También siguen los rastrillajes en Ampliación Ferreyra, el sector donde fueron encontrados los restos de la menor, con el objetivo de hallar nuevos elementos que permitan completar el recorrido de sus últimas horas.

Claudio Barrelier permanece detenido e imputado por homicidio, aunque la acusación podría agravarse en las próximas horas. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que el fiscal Garzón evalúa modificar la calificación legal tras el hallazgo de los restos de Agostina.

En ese escenario, el acusado podría enfrentar una imputación por femicidio, delito que prevé la pena de prisión perpetua.

Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para consolidar la acusación y definir con precisión el alcance de las responsabilidades penales.

Aunque Barrelier es hasta el momento el único detenido, en los últimos días tomó fuerza la posibilidad de que no haya actuado solo.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, sostuvo tras reunirse con la familia que el fiscal no descarta nuevas responsabilidades. En la misma línea se expresó Gabriel Vega, padre de Agostina, quien afirmó públicamente que cree que el acusado no actuó solo.

Durante el encuentro con el gobernador, los abuelos de la adolescente insistieron en que la investigación debe llegar “hasta la última persona” que haya tenido algún grado de participación en el crimen.

Por su parte, el abogado de la familia, Carlos Nayi, indicó que el Gobierno provincial se comprometió a seguir aportando recursos técnicos y humanos para profundizar la pesquisa.

Entre las pruebas que concentran la atención aparece un Ford Ka negro vinculado al entorno de Barrelier. El análisis de cámaras de seguridad permitió reconstruir movimientos entre barrio Cofico y Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron encontrados los restos.

Además, la fiscalía analiza un audio enviado por Agostina a un grupo de amigas antes de desaparecer. En ese mensaje, la adolescente contaba que iba a reunirse con el novio de su madre para buscar una supuesta sorpresa.

Mientras avanzan las pericias, la investigación intenta responder los interrogantes centrales del caso: cómo murió Agostina, qué ocurrió en las horas previas a su desaparición, cuál fue el móvil del crimen y si hubo más personas involucradas además del único acusado.

Confirmaron en segunda instancia la prisión preventiva impuesta a Héctor Argentino “El Patrón” Gallardo (de 54 años), que es investigado como instigador del homicidio de Carlos Miguel Cabrera cometido en Frontera (departamento Castellanos).

Así lo ordenó el camarista Sergio Alvira, luego de una audiencia de apelación que se desarrolló en los tribunales de Rafaela.

El fiscal de la Sección Homicidios de la Fiscalía Regional 5, Martín Castellano, está a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia de segunda instancia.

Castellano indicó que “el camarista coincidió con el juez de primera instancia en que la atribución delictiva está acreditada con el grado de probabilidad que requiere esta etapa procesal, en que la pena en expectativa es de cumplimiento efectivo y en que los peligros de fuga y de entorpecimiento probatorio estaban latentes”.

Al respecto, el fiscal explicó que “cualquier medida alternativa a la prisión preventiva era insuficiente para mitigar esos riesgos”.

En tanto, el funcionario del MPA recordó que “hasta diciembre del año pasado, el imputado integró el listado de prófugos más buscados de la provincia”, y destacó que “actualmente está alojado en un establecimiento penitenciario, bajo el régimen de alto perfil”.

Castellano afirmó que “el homicidio de Cabrera fue precedido por amenazas de muerte que el hombre investigado le había hecho entre 2021 y principios de 2022, tanto de forma directa como por intermedio de otras personas”.

El fiscal indicó que “las intimidaciones tenían como objetivo que la víctima le pagara al imputado una supuesta deuda y abandonara su lugar de residencia en Frontera”. No obstante, subrayó que “a pesar de los amedrentamientos, Cabrera nunca se mudó”.

“El sábado 23 de abril de 2022, dos personas que aún no fueron identificadas le quitaron la vida a la víctima por orden del hombre de iniciales HAG, quien les dio instrucciones precisas”, sostuvo Castellano. “Entre las 21:45 y las 22:00, los autores materiales fueron en moto hasta un complejo de departamentos en el que vivía Cabrera, ubicado en calle 74 al 300”, especificó.

“Una de las personas enviadas por el imputado entró al domicilio de la víctima y le disparó con un arma de fuego en el rostro”, remarcó el funcionario del MPA. “Como consecuencia, el hombre agredido falleció momentos más tarde en el hospital de la localidad cordobesa de San Francisco, vecina de Frontera”, puntualizó.

El imputado es investigado como instigador de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego) y como autor de amenazas coactivas calificadas (por haber tenido como propósito compeler a una persona a abandonar su lugar de residencia habitual).

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La investigación por el homicidio ocurrido en barrio 2 de Abril tuvo un rápido avance durante las primeras horas de este martes. Efectivos de la Unidad Regional V lograron identificar y aprehender al principal sospechoso del crimen, además de secuestrar el arma blanca que habría sido utilizada en el ataque.

Según informó la Policía de forma oficial, el procedimiento se inició durante la madrugada cuando personal de Agrupación Cuerpos fue convocado a la intersección de Francisco Ramírez y Gandhi por una gresca.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre tendido en la vía pública. Poco después, personal de salud constató el fallecimiento de la víctima.

Tras diversas diligencias investigativas y un rápido accionar policial, efectivos de la Unidad Regional V lograron identificar al presunto involucrado en el hecho y concretaron su aprehensión. Además, secuestraron un arma blanca vinculada a la causa.

Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Policía de Investigaciones (PDI), que sigue adelante con las tareas investigativas para esclarecer completamente las circunstancias del homicidio. 

A casi dos décadas del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006 en el barrio Villa Golf de Río Cuarto, la causa sigue atravesada por hipótesis fallidas, acusaciones descartadas y decisiones judiciales que marcaron uno de los expedientes más resonantes del país. En ese escenario, el nombre de Roberto Bárzola quedó nuevamente en el centro de la investigación.

Bárzola tenía 27 años al momento del asesinato y trabajaba como colocador de pisos. Días antes del crimen, había ingresado a la vivienda de la familia Macarrón para realizar tareas de pulido de parquet en el living. Actualmente tiene 46 años, vive en el sur de Córdoba, trabaja como camionero en el transporte de granos y formó una familia, aunque continúa condicionado por las medidas judiciales vinculadas al expediente.

Si bien permanece en libertad, Bárzola debe cumplir una serie de obligaciones impuestas por la Justicia. Entre ellas, fijar y mantener domicilio, estar a disposición del juzgado, concurrir a cada citación y evitar cualquier conducta que pueda entorpecer la investigación.

Además, por su actividad como transportista, acordó con la fiscalía informar cada viaje que realiza. Debe detallar el destino, el vehículo utilizado y la duración del recorrido, ya sea personalmente o a través de su abogado.

El 13 de octubre de 2025, la Cámara Segunda del Crimen de Río Cuarto dictó el sobreseimiento de Bárzola por prescripción. Los jueces consideraron que no hubo otro delito que interrumpiera el plazo legal y que la causa estaba agotada.

Sin embargo, los abogados de Marcelo, Facundo y Valentina Macarrón presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Hasta que ese planteo sea resuelto, el expediente continúa en el Juzgado de Control de Río Cuarto.

En sus declaraciones, Bárzola sostuvo que trabajó durante “dos días y medio” o “tres” en la casa de los Macarrón, realizando tareas de pulido del parquet. Su patrón, Walter González, también declaró como testigo.

En su primera presentación ante la Justicia, realizada el 27 de noviembre de 2006, un día después del hallazgo del cuerpo de Dalmasso, contó que había comenzado a trabajar en la vivienda el martes 21 de noviembre y que el viernes 24 se retiró cerca de las 12:30 para dirigirse a otra obra.

También declaró que el sábado volvió a la casa bajo la lluvia para continuar con las tareas, pero nadie respondió cuando tocó timbre. Según su relato, esperó algunos minutos y luego se fue.

En febrero de 2007 amplió su declaración y afirmó que la única vez que tuvo “contacto verbal” con Nora fue el viernes 24 por la mañana, cuando hablaron por el polvillo que la máquina había dejado en la cocina. También sostuvo que quienes trabajaban en la vivienda sabían que Marcelo Macarrón estaba de viaje, ya que veían a Nora sola.

Durante el jury que terminó con la destitución de los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, la fiscal general adjunta Bettina Croppi señaló que Bárzola fue el único que se ubicó en el domicilio dentro del rango horario de la muerte de Nora.

También se mencionó el testimonio de María Delia Grassi, madre de la víctima, quien había hablado de una discusión de su hija con un carpintero, aunque los investigadores creen que pudo haberse referido al colocador de pisos.

En diciembre de 2025, el fiscal Pablo Jávega pidió la elevación a juicio con Bárzola como principal imputado. Entre los elementos señalados aparece una presunta compatibilidad genética entre vestigios biológicos hallados en el cinto de la bata, considerado el arma homicida, y el ADN mitocondrial detectado en un pelo secuestrado en el pubis de la víctima.

“Existen diversos indicadores, ninguno concluyente por sí mismos, pero analizados en conjunto excluyen otra opción o hipótesis”, sostuvo el fiscal al fundamentar la acusación.

Por ahora, el futuro procesal de Bárzola depende de la decisión del Tribunal Superior de Justicia, que deberá resolver si confirma el sobreseimiento por prescripción o habilita un nuevo tramo judicial en una causa que lleva casi veinte años sin una sentencia definitiva.

Un hombre de 37 años fue asesinado de un disparo en el cráneo cerca de la medianoche del miércoles 22 de abril en la zona noroeste de Rosario. Por el crimen fue detenida una persona de 50 años. Es el sexto homicidio que se comete en el mes de abril y el número 29 en lo que va del año en el departamento Rosario.

Fuentes judiciales y policiales indicaron a este diario que el homicidio se produjo en una precaria vivienda ubicada en inmediaciones de Cullen al 1200 bis, de barrio Empalme Graneros. Hasta ese lugar fue personal policial luego de recibir al menos un llamado al 911 en el que se informaba que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego en la zona. Cuando llegaron, hallaron en el interior de una casa, que tenía la puerta abierta, el cuerpo de Matías Gabriel Diep Asep, con un disparo en el cráneo, sin vida.

En base a datos aportados por vecinos, comenzaron a buscar a un hombre que habían visto salir de la casa corriendo y se había subido a una moto de color roja. Poco después de la 1 AM del jueves, una persona con características similares a la buscada, fue vista a las pocas cuadras, en cercanías de Génova y Cullen, donde fue detenida. Fue identificado como Pablo Marcelo B., de 50 años. Además, se dispuso el secuestro de la moto.

Durante la madrugada, también fue demorado otro hombre de 50 años, identificado con las iniciales M. R. A., quien luego recuperó la libertad.

El fiscal Ignacio Hueso de la Unidad Fiscal de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2, pidió que el cuerpo de Diep Asep sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia. Se solicitó que personal del gabinete criminalístico y de la división homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) realice una inspección y relevamiento de la zona del hecho, levantamiento de rastros y toma de testimonios a vecinos del lugar.

Además, en el lugar donde fue hallada la víctima, personal policial halló una vaina servida calibre 22 largo y en la vereda opuesta, un cartucho intacto calibre 22 largo, otro levemente percutido y una punta de bala ahuecada, calibre a determinar. El material balístico fue enviado a peritar.

Sobre el crimen, en base a los primeros testimonios recogidos en la zona, se presume que se produjo luego de una discusión.

Fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad mencionaron además que la víctima tenía antecedentes penales por aprehensión con arma de fuego, problemas de consumo problemáticos, entorno vinculado a comercialización de estupefacientes y grupo familiar con antecedentes por robo y robo calificado.

La audiencia imputativa a Pablo Marcelo B., se realizará en los próximos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario. Voceros indicaron que el principal sospechoso posee una condena previa, ya cumplida, por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma, por un hecho registrado en diciembre de 2014 en la zona noroeste de Rosario (había sido condenado, en juicio oral, a 9 años de prisión).

Es el sexto homicidio que se comete en el departamento Rosario en los primeros 22 días del mes de abril (5 de ellos en su ciudad cabecera y el restante en Funes). En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 29 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento Rosario.

Un impactante hallazgo sacudió este domingo a la ciudad de Colón, donde el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado oculto dentro de la pared de una obra en construcción.

El caso es investigado por la Justicia provincial, que intenta determinar las circunstancias de la muerte y si hubo participación de terceros.

El hecho se registró en una edificación ubicada en la zona de la Costanera Quirós y calle Moreno. Según las primeras reconstrucciones, la situación salió a la luz cuando trabajadores y responsables del lugar detectaron manchas de sangre en uno de los sectores de la obra, lo que generó sospechas y motivó la intervención de la Policía.

A partir de esa alerta, se desplegó un operativo en el lugar con participación de efectivos de la Policía Departamental, Bomberos Voluntarios y personal de Criminalística. Las autoridades ordenaron inspeccionar la estructura y avanzar con la demolición parcial de una pared para verificar el origen de los rastros.

Durante ese procedimiento, los equipos encontraron un cuerpo oculto dentro del muro, lo que confirmó la gravedad del hecho. La extracción demandó tareas específicas debido a la forma en que el cadáver había sido colocado en el interior de la estructura.

De acuerdo con fuentes del caso, el cuerpo habría estado escondido en un espacio interno del edificio, incluso detrás de una pared que no formaba parte de los planos originales, lo que refuerza la hipótesis de un intento deliberado de ocultamiento.

Si bien la identidad aún no fue confirmada oficialmente, las primeras informaciones indican que la víctima sería un hombre de nacionalidad paraguaya que trabajaba en la obra y que llevaba aproximadamente 15 días desaparecido.

La causa quedó en manos de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes supervisaron las primeras diligencias en el lugar. El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia, un paso clave para determinar la causa de la muerte y establecer si se trató de un homicidio.

En paralelo, los investigadores avanzan en la recolección de pruebas y testimonios que permitan reconstruir lo ocurrido. Entre las líneas de análisis, se evalúa la posible participación de otra persona en el hecho.

Versiones preliminares señalan que existirían elementos que podrían conducir a la identificación de un sospechoso, presuntamente vinculado a la provincia de Buenos Aires, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales sobre detenciones.

El predio donde se produjo el hallazgo permanece bajo custodia policial y con acceso restringido, mientras continúan las pericias técnicas. En ese marco, los especialistas trabajan sobre la escena para relevar indicios que permitan establecer cómo y cuándo fue ocultado el cuerpo.

EL

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio Dupuy, el niño asesinado en La Pampa en 2021, se mostró profundamente conmovido por la muerte de Ángel, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia. En diálogo con LN+, Ramón comparó ambos casos y expresó que la muerte de Ángel le recordó la tragedia vivida con su nieto, asegurando que “a mi nieto lo mataron igual”.

El hombre criticó fuertemente a la Justicia y a los organismos de Niñez por la negligencia en ambos casos, señalando que los niños deben ser escuchados cuando manifiestan miedo o rechazo. “Lucio no tuvo la oportunidad de decir que no quería ir”, dijo, haciendo referencia a cómo su nieto fue desatendido en su momento, al igual que Ángel, quien expresó en un video que no quería estar con su madre.

Dupuy resaltó que muchas veces los niños no mienten y que es fundamental interpretar correctamente las señales que ellos dan. En este caso, Ángel había manifestado su rechazo a ir con su madre, pero no se actuó a tiempo. “Hay que poner el oído”, subrayó, criticando la falta de reacción ante estas situaciones.

El abuelo también cuestionó cómo se llevan a cabo las revinculaciones familiares en casos donde ya existen antecedentes o sospechas de maltrato, exigiendo que estos procesos sean siempre asistidos y con seguimiento permanente. En su opinión, los controles actuales no reflejan la realidad, y advirtió que las autoridades no deben avisar con anticipación, sino presentarse sin previo aviso para ver en qué condiciones vive la criatura.

El fiscal Cristian Olazábal, quien subroga temporalmente a Facundo Oribones, confirmó que la lesión cerebral que sufrió Ángel antes de su muerte fue un hecho clave en la investigación. En declaraciones a TN, el fiscal indicó que la madre de Ángel y su pareja son los principales sospechosos en el caso, y que ambos ya han sido imputados por la Fiscalía. Sin embargo, no fueron aún citados por un juez penal.

El padre de Ángel, Luis López, se presentó ante la Justicia el lunes para denunciar lo ocurrido. Según explicó, el niño había sido revinculado con su madre un mes antes de la tragedia. Olazábal también destacó que no se encontraron signos de violencia ni lesiones traumáticas en el cuerpo del menor, aunque la investigación sigue su curso.

A más de dos décadas del crimen que conmocionó al país, la situación judicial de Nicolás Pachelo parece haber quedado sellada. La Sala II de la Cámara de Casación Bonaerense ratificó este martes la condena a prisión perpetua para el exvecino de María Marta García Belsunce, desestimando los planteos de nulidad presentados por sus abogados defensores.

El fallo, firmado por los magistrados que revisaron la sentencia dictada anteriormente, confirma que Pachelo fue el responsable de asesinar a la socióloga el 27 de octubre de 2002.

Según la resolución, el móvil del crimen fue el robo: el condenado habría ingresado a la vivienda del matrimonio Carrascosa para sustraer pertenencias y, al verse sorprendido por María Marta, decidió terminar con su vida.

Cabe recordar que Pachelo había sido inicialmente absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de San Isidro en un primer debate. Sin embargo, tras las apelaciones del Ministerio Público Fiscal, la Casación revirtió ese veredicto a principios de este año, dictando la pena máxima por homicidio triplemente agravado.

Con esta nueva ratificación, la Justicia refuerza la hipótesis de que Pachelo no solo conocía los movimientos de la familia, sino que su perfil criminal y los testimonios recabados lo sitúan como el único autor material del hecho. "Se ha hecho justicia después de tantos años de desvíos y encubrimientos", señalaron fuentes cercanas a la querella tras conocer la noticia.

A pesar de este revés, la defensa de Pachelo aún cuenta con una última instancia: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

No obstante, mientras se tramitan eventuales recursos extraordinarios, el condenado permanecerá alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, donde cumple además otras penas por robos bajo la modalidad de "escruche" en diversos barrios privados.

La confirmación de la perpetua cierra, al menos en esta instancia, uno de los capítulos más largos y complejos de la historia criminal argentina, otorgando una respuesta definitiva sobre quién apretó el gatillo en el country Carmel hace 24 años.

La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva de Nadia Juárez, la única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón, el joven de 16 años asesinado el 18 de diciembre de 2025 en Santo Tomé.

La resolución fue tomada por el juez Alejandro Tizón, quien respaldó el fallo de primera instancia y consideró que existen elementos de convicción suficientes para sostener una probable participación secundaria de la imputada en el homicidio.

Según la investigación, Juárez habría tenido un papel clave posterior al crimen. El magistrado valoró especialmente un video captado por cámaras de seguridad, registrado aproximadamente una hora después del hecho.

En las imágenes, se observa un encuentro entre la imputada y los menores involucrados que, de acuerdo al análisis judicial, no habría sido casual. El juez señaló que existió una actitud que sugiere coordinación y que Juárez habría guiado a los adolescentes hacia el Parque Sur con el objetivo de descartar elementos vinculados al hecho.

En la causa también está imputada la hija de Juárez, de 16 años, quien permanece detenida. En tanto, otros dos menores de 14 años al momento del crimen quedaron sujetos a medidas judiciales confidenciales, ya que no son punibles por su edad.

Durante la audiencia, el defensor público cuestionó la resolución inicial al considerar que la acusación se basa en interpretaciones y deducciones sin respaldo suficiente.

Sostuvo que el encuentro registrado en el video fue circunstancial y que no existen pruebas concretas de una planificación previa.

Por su parte, el fiscal del caso, Francisco Cecchini, defendió la hipótesis acusatoria y afirmó que el análisis de las imágenes responde a una interpretación directa de los hechos registrados, no a conjeturas.

Además, planteó que la imputada habría tenido conocimiento previo del crimen y acompañó a su hija en una declaración donde se habría intentado desviar la investigación.

Tras conocerse la resolución, la madre de la víctima expresó su alivio por la decisión judicial, aunque manifestó su angustia por lo ocurrido y denunció hostigamientos en redes sociales hacia su familia.

También cuestionó duramente la actitud de los involucrados, señalando la gravedad de los hechos y el impacto que continúan teniendo.

La causa sigue en etapa de investigación y no se descarta que se profundicen las imputaciones. La Fiscalía analiza incluso la posibilidad de que Juárez haya tenido un rol de instigadora en el hecho.

Mientras tanto, la Justicia considera que la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar el desarrollo del proceso y evitar posibles entorpecimientos.

La Policía de Santa Fe detuvo este lunes al hermano de uno de los adolescentes imputados por el homicidio de Jeremías Monzón. El joven está acusado de haber amenazado de muerte a un chico de 21 años que había publicado mensajes pidiendo justicia por el crimen.

La denuncia fue radicada el viernes en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Según relató la víctima, luego de subir una historia en Instagram en reclamo de justicia por Jeremías, comenzó a recibir una serie de mensajes intimidatorios a través de redes sociales.

Entre las amenazas denunciadas se encuentran frases como: “¿Querés que te rompa la cabeza?”, “dejá de subir giladas porque ya te busco”, “te re c… a balazos”, “quiero hablar una cosita con vos” y “nos vemos en un ratito”. El joven aseguró que los mensajes provenían del hermano del adolescente de 14 años imputado por el homicidio.

El fiscal Eric Fernández había solicitado la detención del acusado días atrás. Al no ser hallado en su domicilio, se libró un pedido de captura. Finalmente, este lunes el sospechoso se presentó de manera voluntaria junto a un abogado particular y quedó a disposición de la fiscal de turno, Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, no trascendieron datos personales del detenido, quien fue imputado por el delito de amenazas.

El asesinato de Jeremías Monzón provocó una fuerte conmoción en la provincia de Santa Fe. El adolescente había desaparecido el 18 de diciembre en Santo Tomé y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En un inicio, la investigación se orientó a una posible desaparición voluntaria, pero el avance de las pericias permitió determinar que el joven fue citado mediante engaños y atacado de manera brutal.

La autopsia confirmó que recibió más de 20 puñaladas y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

Por el homicidio hay tres menores identificados. Una adolescente de 16 años permanece detenida y, en los últimos días, también fue arrestada su madre, investigada por una presunta participación necesaria en el hecho. La Justicia analiza si la mujer instigó, incentivó o avaló la conducta de su hija.

El cruento crimen de Jeremías Monzón llegó a los medios nacionales por estas horas por la viralización del supuesto video filmado mientras era asesinado. Las imágenes, se filtraron y la familia pide que cesen de compartirlas al tiempo que busca saber cómo se hizo público.

Mientras tanto, las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido en la ciudad de Santa Fe previo a Navidad. Cientos de posteos de usuarios conmocionado por el calibre de lo que en teoría muestran las imágenes.

Tal es el estado de perplejidad que lo ocurrido también copó la agenda de legisladores nacionales. Como el caso de Patricia Bullrich, quien además viene como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El caso volvió a poner arriba de la mesa de las discusiones nacionales el Código Penal aplicado a los jóvenes. En concreto, la edad de imputabilidad.

A través de su perfil en X, la ahora senadora nacional Bullrich posteó: “Jeremías tenía 15 años. Fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres. La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara”.

Y siguió: “El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”.

Expresiones parecidas tuvo el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuando este miércoles se le preguntó en rueda de prensa sobre este hecho.

“Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, insistió el mandatario, y remarcó que la criminalidad cambió y exige respuestas legales acordes.

“El delito debe pagarse como si lo cometiera un mayor”, sintetizó Pullaro al argumentar su postura. Para el gobernador, no se trata de una discusión ideológica sino de una respuesta institucional frente a nuevas formas de criminalidad que ya no encajan en marcos legales diseñados décadas atrás.

“La ley penal debe juzgar el delito y no la edad de quien lo comete”, concluyó Pullaro en diálogo con la prensa.

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