El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que elabora la Universidad Di Tella bajó un 5,7% en abril y suma tres meses consecutivos en baja.

En la comparación respecto al mismo mes del año pasado, el índice muestra una disminución del 10,12%. Desde el punto máximo alcanzado en enero de 2025, el indicador acumula un retroceso total del 16,33%.

Los datos surgen del último informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El relevamiento se realizó entre el 6 y el 17 de abril de 2026 mediante encuestas telefónicas en diversos centros urbanos del país. "Por regiones, el ICC registró caídas en todas las áreas", indica el reporte técnico.

La disminución más fuerte se dio en el Interior, con una baja del 10,57%, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un 6,69% y el Gran Buenos Aires (GBA) con un 1,53%.

En cuanto al nivel de ingresos, "la disminución fue más pronunciada entre los hogares de ingresos bajos (-12,60%)", mientras que en los hogares de ingresos altos la contracción fue del 1,80%.

Respecto a los subíndices que componen la medición, todos mostraron resultados negativos en el mes. "La caída más marcada se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%)", seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%)-

Finalmente, el informe detalla que tanto las condiciones del presente como las expectativas a futuro sufrieron retrocesos. Las Condiciones Presentes bajaron un 9,03%, mientras que las Expectativas Futuras lo hicieron en un 3,30%.

 El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, advirtió que la actividad manufacturera atraviesa un momento delicado y describió el escenario como “muy crítico”, en medio de la caída del consumo y el aumento de costos.

En diálogo con Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, el dirigente planteó un panorama preocupante para el sector.

Rosato sostuvo que el principal problema es la falta de mercado interno. “Si el trabajador no tiene dinero para gastar, no consume, y eso se traduce en falta de producción y ventas”, explicó, al tiempo que remarcó que la retracción del consumo impacta directamente en la actividad de las pymes.

Además, cuestionó las condiciones económicas para producir en el país y señaló que “es inviable competir” con otras economías en este contexto. En ese sentido, apuntó contra las altas tasas de interés, que rondan entre el 40% y el 50%, muy por encima de los niveles internacionales, y contra el encarecimiento de insumos y costos energéticos.

El titular de Industriales Pymes también criticó el enfoque de la política económica actual. “El Gobierno ha concentrado su artillería en el agro y la energía y no tiene en cuenta a la industria manufacturera”, afirmó, al advertir sobre una pérdida de competitividad frente a productos importados

Por último, Rosato adelantó que el sector impulsará un proyecto de ley de emergencia productiva en el Congreso. “Buscamos evitar que unas 1.200 empresas desaparezcan de acá a junio”, alertó, y subrayó la urgencia de medidas para sostener la actividad industrial en el país.

La crisis en la empresa Lácteos Verónica sumó en las últimas horas nuevos capítulos y encendió la alarma en toda la región. Trabajadores denunciaron que llevan más de 90 días sin cobrar salarios, mientras que las plantas se encuentran completamente paralizadas y sin actividad productiva.

El conflicto impacta de lleno en la cuenca lechera santafesina y ya afecta a más de 700 familias, en un escenario que combina incertidumbre laboral, reclamos judiciales y creciente tensión social.

Desde la planta de Lehmann, una de las más importantes de la firma, describieron un panorama crítico. “Hace 90 días que no se cobra. Los últimos depósitos fueron en enero y no llegaron a 50 mil pesos”, señalaron desde el entorno de los trabajadores.

La situación productiva es igual de grave: “Hoy en Verónica no hay ni un litro de leche, la fábrica está parada al 100%”, advirtieron, remarcando que incluso se detuvieron los trabajos a fasones por falta de pago.

Los trabajadores apuntan directamente contra la gestión empresaria. Sostienen que el conflicto no responde al contexto económico general, sino a decisiones internas y un manejo deficiente.

Además, denunciaron irregularidades como reducción de la jornada laboral, sueldos liquidados sin depósito efectivo y falta de conducción en las plantas. “Los empleados cumplen horario pero no hay actividad”, describieron.

También remarcaron la ausencia de los dueños en instancias clave: “No se presentan a las audiencias ni explican qué va a pasar”, señalaron, reflejando la incertidumbre que atraviesan los trabajadores.

Ante la gravedad del conflicto, se realizó una reunión en la Legislatura de Santa Fe con participación de trabajadores, autoridades provinciales, intendentes y representantes gremiales.

Del encuentro surgió el compromiso de avanzar en una estrategia integral que combine diálogo y acciones judiciales, además de convocar a los propietarios de la empresa para exigir respuestas.

Desde el ámbito legislativo advirtieron que, si no hay soluciones, podrían derivarse consecuencias judiciales de gravedad.

El conflicto ya genera un fuerte impacto en toda la región. Se estiman pérdidas superiores a 60 millones de dólares para productores lecheros y más de 14 mil millones de pesos para proveedores, además del efecto directo sobre el consumo en las localidades afectadas.

“Cuando el trabajador no cobra, no consume, y la rueda económica se detiene”, señalaron durante la reunión.

Mientras tanto, crece la presión para encontrar una salida urgente que permita garantizar los puestos de trabajo y reactivar la producción, en un escenario cada vez más delicado.

La cooperativa láctea SanCor, con sede en Sunchales y concursada desde febrero de 2025, decidió pedir ayer su propia quiebra en la Justicia. La presentación, formulada ante el magistrado Marcelo Gelcich, que lleva su caso en Rafaela, se formuló sobre la tarde, dijeron fuentes al tanto, con lo cual aún no se hizo visible en el expediente de la causa. La empresa aún no brindó una comunicación pública ni respondió consultas de este medio.

Según pudo saber LA NACION, la empresa justificó que decidió avanzar hacia la quiebra porque el concurso preventivo dejó de ser una herramienta viable para salir de la crisis. Consideró que no logró recomponer su operación ni generar ingresos suficientes, enfrentó fuertes limitaciones para acceder al crédito y falta de capital de trabajo, mantuvo una estructura de costos difícil de sostener y acumuló más deudas, incluidas obligaciones salariales, fiscales y comerciales. A eso se sumó la presión de acreedores y la imposibilidad de presentar una propuesta de pago cumplible.

Como había informado este medio, según la Justicia, que verificó las deudas de 1519 acreedores sobre un total de 2702 denunciados, la cooperativa láctea enfrenta una deuda en torno a los US$120 millones (US$90 millones y superior a $40.000 millones).

Desde 2017, la firma vino en un proceso donde, lejos de enderezar su situación, terminó perdiendo participación en el mercado. Pasó de procesar unos 4 millones de litros diarios de leche a menos de 500.000 en su disminución productiva. Se desprendió de marcas emblemáticas de postres y yogures y redujo en media docena sus establecimientos de elaboración. Hace dos años, un conflicto de ocho meses con trabajadores enrolados en la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) profundizó la crisis. La láctea tiene unos 850 empleados.

La situación de SanCor no estuvo al margen de las ambiciones políticas. En 2006, cuando tenía cerrada una asociación con Adecoagro, Néstor Kirchner intervino para frenar la operación argumentando que detrás de ese grupo, en ese momento, estaba el magnate George Soros. A cambio de desistir del negocio Kirchner consiguió que la Venezuela de Hugo Chávez le otorgara a la cooperativa un crédito por US$80 millones que la firma pagó con exportaciones de leche en polvo. Hace unos años, SanCor le vendió plantas y marcas como Las Tres Niñas a Adecoagro, hoy controlado por el gigante cripto Tether.

En diciembre pasado, Gelcich, como se mencionó a cargo del concurso de la firma, se hizo eco de objeciones de la Sindicatura sobre cómo se venía desempeñando la administración y designó a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora con amplias facultades.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, señaló anoche en una comunicación Atilra, firmada por Héctor Ponce, secretario general del sindicato, apenas comenzó a circular la novedad sobre la láctea.

Como se dijo, hasta el momento, en la web del concurso de SanCor no se subió la presentación referida al pedido de la empresa, ya que se canalizó a última hora, pero fuentes consultadas lo consideraron inminente. Trascendió, además, una convocatoria a asamblea a los tamberos para que se ratifique lo actuado.

“En términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad, pretendiendo construir un falso relato enfermizo a través de voceros funcionales perfectamente identificados, ahora totalmente descolocados ante los categóricos informes coincidentes de los cuerpos orgánicos actuantes en la causa y el reconocimiento de la propia concursada”, apuntó Atilra.

El gremio lechero, vale recordar, había solicitado en su momento la quiebra con continuidad de explotación. En tanto, en 2021/2022 había existido una propuesta de un grupo de empresarios para intentar un salvataje de la cooperativa que nunca se puso en marcha.

Según lo señalado por el secretario general de Atilra, hoy la firma “se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”.

Para el sindicato, si la Justicia dicta la quiebra esto “no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”.

LN

 Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 0,6% interanual en marzo y acumulan una caída del 3,6% en el primer trimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 5,6% de febrero, 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes, arrojó que los comercios registraron una merma en el consumo del 0,4% en el tercer mes del año respecto de febrero.

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “el inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron el volumen general”.

Al mismo tiempo, agregaron que “la dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa”.

En relación con la expectativa futura, el reporte reflejó que “el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso”.

Asimismo, respecto a la inversión, arrojó que “el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. Asimismo, el 27,7% de la muestra no manifiesta una definición concreta al respecto”.__IP__

El relevamiento por rubros validó la tendencia contractiva del período, con cinco de los siete rubros relevados en terreno negativo. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.

La estrategia del gobierno para correr del centro los movimientos en la causa Adorni

Alimentos y bebidas: las ventas bajaron un 0,9% en la comparación interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 5,1% en lo que va del año. En la comparación intermensual desestacionalizada, se registró una mejora del 1%.

Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: las ventas bajaron 8,3% interanual en marzo, y suman un retroceso del 13,3% en lo que va del año. En el contraste intermensual desestacionalizado, se observó una disminución del 7,0%.

Calzado y marroquinería: las ventas descendieron un 0,1% interanual, y acumulan una caída del 1,4% en el arranque del 2026. En el intermensual, se mantuvieron sin cambios.

Farmacia: las ventas subieron un 1,1% interanual y acumulan un alza del 1,9% en lo que va del año. En tanto, en la comparación intermensual, siempre desestacionalizada, se registró un avance del 4,1%.

Perfumería: las ventas cayeron un 9,8% interanual, y sumaron un declive del 7,4% en el primer trimestre. En la comparación intermensual, hubo una baja del 2,7%.

Ferretería, materiales eléctricos y materiales de la construcción: las ventas tuvieron un alza del 2,0% interanual y acumulan un crecimiento del 2,3% en el inicio de 2026. Por su parte, en el intermensual retrocedieron 1,6%

Textil e indumentaria: las ventas cayeron un 0,4% interanual, a precios constantes, y acumulan un descenso del 6,3%. En la comparación intermensual desestacionalizada, se observó una caída del 0,8%. NA

Un dramático episodio se vivió en el barrio porteño de Villa Urquiza, donde un joven fue rescatado por Bomberos de la Ciudad tras amenazar con tirarse desde la cornisa de un edificio de 13 pisos.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes en un inmueble ubicado sobre Nahuel Huapi al 5000, donde el joven se encontraba sentado en la cornisa de la terraza en medio de una crisis emocional.

Un operativo de alta tensión

Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el procedimiento requirió máxima precisión y coordinación para evitar un desenlace trágico.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos junto a personal del Cuerpo de Psicólogos de la Policía de la Ciudad y del SAME, quienes mantuvieron un diálogo constante con el joven para intentar persuadirlo.

El momento clave del rescate

Mientras los especialistas buscaban contenerlo, uno de los bomberos aprovechó un instante de distracción para sujetarlo por la cintura y retirarlo de la cornisa.

La maniobra fue rápida y efectiva, permitiendo poner al joven a salvo sin que resultara herido.

Tras el rescate, se escuchó al personal decirle: “Tranquilo, estamos para ayudarte”, en un intento de brindarle contención luego del momento crítico.

Asistencia y contención

Una vez finalizado el operativo, el joven quedó bajo asistencia médica y psicológica, en el marco del protocolo de intervención para este tipo de situaciones.

El episodio generó preocupación entre vecinos y volvió a poner en foco la importancia de la intervención profesional en crisis de salud mental.

Lanús tuvo una noche perfecta. Ganó, gustó y goleó en el estadio Néstor Díaz Pérez, donde superó con autoridad a Newell’s por 5 a 0 en el marco de la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

El equipo de Mauricio Pellegrino fue contundente de principio a fin y construyó una victoria sin fisuras, ante un rival que nunca encontró respuestas y que profundiza un presente cada vez más preocupante.

El Granate marcó diferencias desde temprano. A los 15 minutos, Walter Bou abrió el marcador de penal, tras una mano en el área, y a partir de ahí el partido comenzó a inclinarse definitivamente hacia el local.

La figura de la noche fue Dylan Aquino, quien firmó un triplete con dos goles en el cierre del primer tiempo y otro en el inicio del complemento. Primero aprovechó un pase largo para definir cruzado, luego repitió la fórmula tras una gran asistencia de taco de Ramiro Carrera, y en el segundo tiempo volvió a aparecer con una definición precisa al ángulo.

Entre medio, Eduardo Salvio también se sumó al festival ofensivo, empujando un centro rasante para sellar el quinto gol en apenas nueve minutos del complemento.

Lanús no solo fue efectivo, sino que dominó el desarrollo con autoridad, manejó los tiempos y golpeó en los momentos justos para desarmar completamente a su rival.

Con este triunfo, Lanús alcanzó los 15 puntos y el cuarto lugar de la Zona A, con un partido menos, y se posiciona como uno de los equipos a seguir en el tramo decisivo del campeonato.

En la próxima fecha, el Granate visitará a Vélez, mientras que Newell’s intentará cambiar la cara cuando reciba a Gimnasia de Mendoza en Rosario.

El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que Roberto Sensini ha dejado de ser el director deportivo de la institución tras presentar su renuncia. pic.twitter.com/FfDiqEEvDa

Del otro lado, la Lepra mostró una imagen preocupante. Sin reacción, sin juego y con serias dificultades defensivas, apenas generó una situación clara en todo el partido: un remate de Marcelo Esponda que fue controlado sin problemas por Nahuel Losada.

Los números reflejan el momento: el equipo rosarino sigue último con apenas tres puntos, sin triunfos en el torneo y acumulando una racha negativa que no encuentra freno.

La dura derrota en La Fortaleza fue el golpe deportivo que terminó de sacudir la estructura institucional. En las horas posteriores, Roberto Sensini renunció a su cargo como Director Deportivo, en medio de un contexto que ya venía cargado de cuestionamientos.

El balance es alarmante: Newell’s perdió 13 de sus últimos 20 partidos y no logra levantar desde aquel triunfo clave que le permitió mantener la categoría meses atrás.

Martes 17 de marzo

El conflicto en la empresa Lácteos Verónica se profundiza en un contexto de paralización de la producción en sus plantas ubicadas en Suardi, Lehmann y Clason, generando preocupación tanto en el ámbito político como en el sector productivo.

La situación pone en riesgo más de 700 puestos de trabajo y afecta directamente a productores y familias que dependen de la actividad lechera en la región.

El secretario general de ATILRA, Domingo Possetto, expresó la gravedad del escenario en diálogo con Radio Rafaela.

“El drama lo tienen las familias que dependen de Verónica”, afirmó, al tiempo que remarcó que los trabajadores son quienes están sufriendo las consecuencias de la crisis.

En esa línea, sostuvo: “Vamos a exigirle a la empresa que cumpla con pagar los salarios que está debiendo y que ponga en marcha nuevamente la actividad”.

Desde el gremio plantean como prioridad que la firma retome la compra de materia prima y reactive la producción en sus plantas.

Además, Possetto cuestionó la falta de diálogo directo con la conducción empresaria: “Nunca hemos podido hablar con los dueños de la empresa, solamente con representantes”.

A pesar del conflicto, aseguró que el personal está en condiciones de retomar tareas: “Los trabajadores están en condiciones de trabajar si llega la materia prima”.

El conflicto sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando debía realizarse una audiencia urgente entre la empresa y el gremio ATILRA, convocada por la Secretaría de Trabajo y Capital Humano de la Nación.

Sin embargo, el encuentro no se llevó a cabo debido a la ausencia de la empresa.

Según informaron desde el sector sindical, minutos antes del inicio —previsto para las 14:00— la patronal presentó un escrito notificando que no iba a comparecer, argumentando que se encontraba abocada a la búsqueda de una solución y solicitando la reprogramación.

Desde el gremio calificaron la decisión como “una falta de respeto hacia los trabajadores” y solicitaron la aplicación de sanciones por parte de la autoridad laboral.

Ante este escenario, la Secretaría de Trabajo fijó una nueva audiencia para el jueves 19 de marzo a las 12:00, con el objetivo de avanzar en una posible salida al conflicto.

La crisis en Lácteos Verónica se extiende desde hace más de un año y está vinculada a problemas internos en la conducción de la empresa.

Durante este período, se intentó implementar un procedimiento preventivo de crisis que incluía el despido de unos 200 trabajadores, iniciativa que fue rechazada tanto por el Gobierno nacional como por la provincia, al considerar que la firma cuenta con una estructura productiva viable.

El gobierno nacional anunció que sancionará a la fabricante de neumáticos por no pagar la segunda quincena de febrero durante la conciliación obligatoria.

Así lo informó este martes mediante un comunicado el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello informó que inició un sumario contra Fate por el incumplimiento del pago de los salarios de la segunda quincena de febrero, en plena conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

Según el texto, la infracción se encuadra en el régimen general de sanciones por infracciones laborales (Ley 25.212): la multa prevista va del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado, y su graduación dependerá del momento en que se verificó el incumplimiento.

En paralelo a la apertura del sumario, el Gobierno prorrogó por cinco días la conciliación obligatoria que vencía el 11 de marzo, con el argumento de “preservar el diálogo” y evitar que el conflicto escale.

La disputa enfrenta a la empresa con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) desde que Fate anunció el cierre definitivo y la desvinculación de más de 900 trabajadores.

En ese marco, el gremio además acercó a la Legislatura bonaerense una propuesta para declarar de “utilidad pública” la producción y habilitar una ocupación temporal que asegure continuidad productiva.

El anuncio de la sanción llegó con el telón de fondo bien caliente: en la apertura de la Argentina Week en Nueva York, Javier Milei volvió a cargar contra Javier Madanes Quintanilla (dueño de Fate), a quien llamó “empresario prebendario” y acusó de actuar “en connivencia con políticos ladrones”.

En particular, Milei dijo que Madanes “apretó y extorsionó” al Gobierno con la amenaza de “dejar a 920 empleados en la calle” en la previa del debate de la reforma laboral y remató: “nos dijo que lo iba a hacer y lo hizo”.

Del lado de la empresa, argumentaron que a los empleados que aún no acordaron su salida no se les abonó porque “el salario se paga contra la realización de un trabajo” y sostuvieron que la planta está tomada por el gremio; añadieron que ofrecieron un adelanto que no fue aceptado. También señalaron que, de los 920 trabajadores, unos 380 todavía no cerraron su desvinculación, mientras la firma sostiene negociaciones individuales.

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Trabajadores de Lácteos Verónica y sus familias comenzaron un acampe frente a la planta ubicada en Lehmann ante el temor de un posible cierre de las instalaciones. La misma situación se replica en la planta de Clason, en medio de un creciente conflicto laboral.

La medida se tomó luego de que el pasado viernes los empleados recibieran telegramas de la empresa notificando una reducción de la jornada laboral a cuatro horas diarias, lo que también implica una disminución proporcional del salario.

Desde el entorno de los trabajadores señalaron que la preocupación se profundizó este lunes cuando empleados de los depósitos que la firma posee en Boulogne y Mar del Plata se presentaron a trabajar y encontraron las instalaciones cerradas.

Según expresaron los trabajadores a través de un comunicado, la empresa no cuenta con un proceso preventivo de crisis aprobado, situación que genera aún más incertidumbre sobre el futuro de las plantas y las fuentes laborales.

El conflicto se da en un contexto complejo para la compañía. Los empleados recordaron que más de 700 familias santafesinas llevan tres meses sin percibir sus salarios.

Además, señalaron que la firma mantiene una importante deuda con productores lecheros, estimada en alrededor de 60 millones de dólares por leche entregada, y que también existen numerosos cheques rechazados a proveedores.

Los trabajadores describieron la situación como crítica y advirtieron que el impacto social y económico podría ser significativo para la cuenca lechera de la región.

Mientras continúa el acampe frente a las plantas, los empleados sostienen que esperan una respuesta que permita encauzar el conflicto y garantice la continuidad de los puestos de trabajo.

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados internacionales este lunes. El precio del petróleo registró un fuerte salto y llegó a rozar los 120 dólares por barril, mientras el dólar estadounidense se fortaleció frente a otras monedas en un contexto de incertidumbre financiera y geopolítica.

El aumento del valor del crudo se vincula con el temor a interrupciones en el suministro energético global debido a la guerra que involucra a Irán y a una coalición liderada por Estados Unidos e Israel. La situación generó volatilidad en los mercados financieros y llevó a los inversores a buscar activos considerados más seguros, entre ellos el dólar.

Los precios del petróleo habían comenzado a subir durante la semana pasada, pero la intensificación del conflicto aceleró el movimiento. El barril de referencia internacional Brent llegó a escalar hasta unos 119,50 dólares, su nivel más alto desde 2022, antes de retroceder levemente en las operaciones posteriores.

El mercado energético fue uno de los primeros en reaccionar al agravamiento del conflicto. Analistas señalan que las tensiones en Medio Oriente generan preocupación porque la región concentra una parte clave de la producción y el transporte mundial de hidrocarburos.

Una de las principales inquietudes está vinculada con el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula una gran proporción del petróleo global. Cualquier interrupción en esa vía marítima puede alterar de forma inmediata el abastecimiento energético internacional.

El aumento de los precios fue abrupto. En algunos momentos de la jornada el crudo llegó a subir más de un 20% en relación con los valores previos, impulsado por el temor a que el conflicto afecte la producción o el transporte de petróleo desde los países del Golfo.

Este escenario también repercutió en los mercados bursátiles. En Europa y Asia se registraron caídas en varios índices, mientras aumentó la volatilidad financiera. La suba de la energía genera inquietud porque podría trasladarse a los costos de producción y al precio de los combustibles, con impacto directo en la inflación global.

Los analistas advierten que, si el conflicto se prolonga, el encarecimiento del petróleo podría afectar el crecimiento económico mundial. La energía es un insumo central para la industria, el transporte y la producción de alimentos, por lo que un aumento prolongado suele repercutir en el costo de vida.

En medio de la turbulencia, el dólar volvió a posicionarse como uno de los principales refugios para los inversores. La moneda estadounidense registró una suba frente a otras divisas importantes, como el euro y la libra esterlina, impulsada por la búsqueda de activos considerados más seguros.

Este comportamiento es habitual en contextos de incertidumbre global. Cuando se intensifican las tensiones geopolíticas o financieras, muchos inversores optan por liquidar posiciones en mercados más riesgosos y trasladar sus fondos hacia activos vinculados a la economía estadounidense.

El fortalecimiento del dólar también está relacionado con la estructura energética de Estados Unidos. A diferencia de otras economías, el país es uno de los principales productores de petróleo y gas, lo que le permite amortiguar parcialmente el impacto de una suba en los precios internacionales de la energía.

Mientras tanto, el encarecimiento del petróleo genera presión adicional sobre los bancos centrales. Si el conflicto provoca una suba sostenida del costo de la energía, podría impulsar nuevas tensiones inflacionarias y alterar las previsiones sobre tasas de interés en distintas economías.

En ese contexto, algunos gobiernos y organismos internacionales analizan medidas para estabilizar el mercado energético, entre ellas la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo. Sin embargo, los analistas advierten que la evolución de los precios dependerá principalmente de cómo evolucione la situación en Medio Oriente.

Por ahora, los mercados financieros siguen de cerca el desarrollo del conflicto. La incertidumbre sobre el suministro de energía y el impacto económico global mantiene en alerta a inversores, gobiernos y empresas en todo el mundo.

El Litoral

La histórica curtiembre Sadesa, fundada hace más de ocho décadas en la ciudad de Esperanza por el abuelo de Marcos Galperín, atraviesa una compleja situación económica que mantiene en alerta a sus trabajadores y genera preocupación en el sector industrial.

La empresa, que supo posicionarse como una de las curtiembres más importantes del mundo y proveedora de marcas internacionales como Adidas y Nike, atraviesa desde el año pasado un proceso preventivo de crisis mientras intenta reacomodar su estructura productiva y financiera.

En las últimas horas trascendió que la firma comunicó a la Federación de Industriales de Santa Fe (FISFE) su decisión de solicitar la baja de la afiliación institucional a partir del 1 de abril de 2026, argumentando la necesidad de readecuar compromisos económicos ante el contexto que atraviesa la compañía. Según se conoció, la contribución mensual que abonaba a la entidad rondaba los 360 mil pesos.

La empresa inició en marzo de 2025 un proceso preventivo de crisis autorizado por el Ministerio de Capital Humano. Desde entonces implementó distintas medidas de ajuste en su estructura laboral.

De acuerdo con datos del sector gremial, la planta de trabajadores se redujo considerablemente en el último tiempo. Mientras que en años anteriores la firma contaba con alrededor de 2000 empleados, actualmente la plantilla ronda los 400 trabajadores.

El secretario general del gremio del cuero, José Fernández, explicó que desde hace varios meses se vienen aplicando mecanismos de reducción salarial vinculados al programa preventivo de crisis, lo que generó creciente preocupación entre los empleados de la planta de Esperanza.

En ese contexto, los trabajadores realizaron asambleas y manifestaron su negativa a continuar bajo el mismo esquema de ajuste, mientras se mantienen las negociaciones en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

Sadesa fue fundada en 1941 con el objetivo de exportar cuero crudo a Europa y con el paso del tiempo logró convertirse en un proveedor global para la industria del calzado y la moda.

La empresa posee operaciones en distintas regiones del mundo y abastece a reconocidas marcas internacionales. Sin embargo, el escenario actual del sector, sumado a cambios en las condiciones del negocio y a la caída de la demanda, impactó de lleno en su actividad en el país.

En medio de este contexto, el futuro de la histórica curtiembre permanece bajo análisis mientras continúan las gestiones empresariales y gremiales para intentar sostener la actividad. 

La crisis del sector lácteo sumó un nuevo capítulo con la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa que producía yogures y postres bajo licencia de SanCor Cooperativas Unidas Ltda. La resolución judicial implicó el cierre de sus plantas en Córdoba y Buenos Aires y dejó sin trabajo a cerca de 400 empleados.

El fallo fue firmado por el juez Federico Güerri, a cargo del Juzgado Comercial N.º 29, luego del fracaso del concurso preventivo iniciado en abril de 2024. La medida dispuso la liquidación total de la compañía, la inhibición de bienes y el embargo de fondos.

ARSA operaba con un establecimiento en Arenaza, partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, donde trabajaban alrededor de 180 personas, y otro en Monte Cristo, Córdoba, con casi 200 empleados. Ambas plantas arrastraban actividad intermitente, atrasos salariales y suspensiones desde 2023.

La acumulación de deudas con proveedores, transportistas y personal, sumada a cortes de energía por falta de pago y reiteradas paralizaciones productivas, terminó por hacer inviable la continuidad operativa.

Con el cierre desaparecen de las góndolas marcas históricas como los yogures Yogs y Primeros Sabores y postres como Shimmy, Sancorito, Sublime y Vida, todos elaborados bajo licencia de SanCor.

La empresa había sido creada en 2016 para adquirir la división de productos refrigerados de SanCor en una operación cercana a los 100 millones de dólares, encabezada por un holding vinculado al Grupo Vicentin.

En 2019, inversores ligados a Vicentin y al fondo BAF Capital asumieron el control con la promesa de modernizar y expandir la producción. Sin embargo, el plan no se concretó. Hace dos años y medio, la gestión pasó a manos de la firma venezolana Maralac S.A., vinculada a los hermanos Fernández, también asociados a La Suipachense. Lejos de revertirse, la crisis financiera se profundizó.

Desde la compañía atribuyeron el desenlace al contexto económico general, con caída del consumo, inflación, aumento del costo de la leche cruda, subas salariales y devaluaciones, además del impacto de programas de control de precios aplicados en 2023. No obstante, referentes del sector señalaron que también hubo problemas de gestión y que el concurso preventivo no logró ordenar las cuentas ni atraer inversores que garantizaran un rescate.

Una tradicional industria láctea argentina puso fin a más de siete décadas de trayectoria luego de que la Justicia decretara su quiebra en noviembre de 2025. Se trata de La Suipachense, firma reconocida en la zona norte bonaerense, que llegó a emplear a más de 140 trabajadores y elaboraba productos bajo su propia marca y para terceros.

El fallo judicial marcó el cierre definitivo de la planta, que permanecía paralizada desde hacía más de tres meses. Durante ese período, los empleados mantuvieron un acampe frente al establecimiento en reclamo de salarios adeudados y respuestas sobre su situación laboral.

La quiebra fue decretada por el Juzgado en lo Civil y Comercial de Mercedes, tras constatarse el incumplimiento del acuerdo preventivo que la empresa había firmado con sus acreedores. Según la resolución, la firma acumulaba deudas millonarias.

El juez señaló además que la paralización total de la planta agravó la situación financiera y consolidó el cuadro de insolvencia. En el marco del fallo, se dispuso la clausura del establecimiento, el bloqueo de cuentas bancarias y activos a nombre de la compañía y la intervención de la Sindicatura.

Fundada hace 70 años, La Suipachense se convirtió en un emblema para Suipacha y localidades cercanas como Chivilcoy. Su producción incluía leche y derivados, tanto bajo marca propia como para otras firmas.

El conflicto se inició a mediados de 2025, cuando la empresa despidió a nueve empleados administrativos y advirtió sobre posibles recortes adicionales. Desde entonces, los sindicatos denunciaron atrasos salariales y falta de aportes, mientras la actividad productiva se detenía por completo.

El cierre de la histórica láctea se da en un contexto complejo para el sector, atravesado por sobreendeudamiento, retrasos en los pagos a productores, incremento de costos energéticos y tasas financieras elevadas.

El economista Federico Poli advirtió sobre un peligroso proceso de desindustrialización en Argentina, impulsado por políticas que combinan un marcado atraso cambiario con tasas de interés elevadas que asfixian la rentabilidad empresaria. 

Dijo que uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria actúa, en los hechos, como un subsidio a las importaciones y un impuesto encubierto a la producción local. "El atraso cambiario actúa como un impuesto sobre las exportaciones y un subsidio a las importaciones", afirmó Poli, señalando que este escenario ya se refleja en el achicamiento y cierre de empresas líderes en sectores como la siderurgia y el textil.

Para revertir este escenario de desocupación creciente, Poli propone corregir los precios relativos y aplicar medidas de resguardo comercial, como cuotas o derechos antidumping, especialmente frente a la competencia de China. 

El especialista argumentó que, ante un capitalismo de Estado como el asiático, no basta con competir por precios, sino que el Estado debe intervenir para proteger el mercado interno. "Con China, yo lo que creo es que no hay otro modo que cuotificar el mercado", sostuvo, mencionando que la Organización Mundial del Comercio permite el uso de salvaguardias cuando el daño a la industria local es inminente.

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El  análisis también destaca la falta de un esquema de crédito productivo que permita una transición genuina hacia la competitividad. Poli criticó la visión oficial de que la desaparición de empresas dará lugar automáticamente a nuevos emprendimientos, señalando que la destrucción de capital humano y productivo es difícil de recuperar. 

"No hay crédito en Argentina; nosotros naturalizamos que el capitalismo funciona sin crédito", cuestionó el economista, enfatizando que sin políticas de Estado que acompañen al sector privado, cualquier intento de reconversión será fallido.

Finalmente, el economista alertó que el actual camino hacia la "inflación cero" puede derivar en una crisis social de magnitud histórica debido al desplome del consumo y la actividad. Poli trazó un paralelismo con planes económicos del pasado que terminaron en explosiones del sector externo y devaluaciones bruscas. __IP__

"Prefiero tener un poquito más de inflación pero que el proceso sea consistente", concluyó, advirtiendo que, de profundizarse el modelo, el impacto sobre el empleo transformará a la Argentina en una sociedad inviable.

La crisis que atraviesa la industria del calzado deportivo volvió a golpear con fuerza. El grupo brasileño Dass, fabricante de zapatillas para marcas como Nike y Adidas, despidió a 43 trabajadores en su planta de Eldorado, Misiones, en un contexto de fuerte caída del consumo interno y avance de las importaciones.

Con esta nueva tanda de desvinculaciones, la empresa ya acumula 907 despidos desde la asunción del presidente Javier Milei, además del cierre definitivo de la planta de Coronel Suárez, concretado en enero de 2025.

Según indicaron fuentes gremiales, los telegramas comenzaron a llegar entre el viernes y el sábado pasado. En julio del año pasado, la firma ya había despedido a 164 operarios en Misiones, luego de una caída sostenida en los pedidos.

Al inicio del actual gobierno, Dass contaba con 700 trabajadores en Coronel Suárez. Durante 2024 redujo la dotación a la mitad y, a comienzos de 2025, cerró la planta, dejando sin empleo a los 350 operarios que aún permanecían allí.

La planta de Eldorado comenzó a operar en 2008 y llegó a emplear a 1.500 trabajadores en 2015, en uno de los picos de la industria nacional. En 2019 estuvo cerca del cierre, con una fecha ya comunicada, aunque logró revertir la situación y continuar en actividad. Hoy, el panorama vuelve a ser crítico.

“Actualmente quedan apenas 220 trabajadores en Eldorado. En un año se fueron más de 200. Nos dijeron que hay pedidos hasta junio y queremos saber qué puede pasar después”, advirtió Gustavo Melgarejo, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTILCRA).

La empresa, que anteriormente fabricaba para varias marcas propias y bajo licencia —como Fila, Asics y Umbro—, actualmente importa la mayor parte del calzado desde su planta de Brasil, lo que profundizó la retracción de la producción local.

De acuerdo a datos gremiales, antes de los últimos despidos se producían 5.500 pares diarios, mientras que ahora la cifra caería a unos 4.500 pares por día. La merma se explica por la baja del consumo y la competencia desigual con el calzado importado, que se ofrece a precios imposibles de igualar para la industria nacional.

El escenario no es exclusivo de Dass. En los últimos meses, empresas como Bicontinentar, Atomik, Topper, Puma, Senda y Coopershoes también redujeron personal o cerraron plantas. Se estima que desde fines de 2023 se perdieron unos 10.000 puestos de trabajo en el sector del calzado deportivo.

En Eldorado, la preocupación crece. Los trabajadores aseguran que atraviesan el peor momento desde la apertura de la planta y temen que, una vez cumplidos los pedidos vigentes, el futuro de la fábrica quede seriamente comprometido.

 La industria textil argentina atraviesa un escenario crítico que sus referentes definen como una “tormenta perfecta”, producto de la contracción del consumo interno, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la creciente competencia de productos importados, especialmente a través de plataformas de venta directa.

Así lo señaló Gustavo Ludmer, asesor económico de la Cámara Argentina de la Indumentaria, quien explicó que la caída de las ventas no se limita al rubro textil, sino que se replica en otros sectores de la economía, como muebles, automóviles y electrodomésticos.

“Los salarios vienen ajustando sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que provoca una pérdida de poder adquisitivo mes a mes”, sostuvo el dirigente, al analizar el impacto de la situación macroeconómica sobre el consumo de indumentaria.

En ese contexto, Ludmer remarcó que se observa un cambio en los hábitos de consumo, con un crecimiento sostenido de las compras a través del sistema “puerta a puerta”, impulsado por megaplataformas de origen chino.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el asesor explicó que se trata de un fenómeno de alcance global, asociado a la innovación tecnológica y al abaratamiento del transporte marítimo, pero advirtió que en el caso argentino genera asimetrías para la producción local.

“La queja del sector es que esto implica una competencia desleal: cuando un consumidor importa una prenda directamente no paga impuestos, mientras que un productor nacional que importa tela para fabricar sí debe afrontarlos”, señaló.

Por último, Ludmer cuestionó la falta de respuesta del Ejecutivo nacional frente a la situación del sector. “No hay ningún tipo de recepción por parte del Gobierno”, afirmó, aunque aclaró que el tema comenzó a ser abordado en el ámbito legislativo, con iniciativas impulsadas por fuerzas políticas transversales y el acompañamiento de algunos gobernadores.

Desde la Cámara advirtieron que, de no revertirse el escenario, la crisis podría profundizarse y afectar el nivel de empleo y la sustentabilidad de la industria textil nacional.#AgenciaNA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó en negociaciones con la OTAN y Dinamarca para garantizar intereses estratégicos en Groenlandia, un territorio clave por su ubicación, sus recursos naturales y su valor militar en el Ártico. Aunque el mandatario estadounidense dejó de lado, por ahora, la idea de usar la fuerza, presiona para lograr un acuerdo que le permita acceder a activos sensibles sin provocar una ruptura diplomática.

Las conversaciones se intensificaron tras la cumbre entre Trump y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En un mensaje publicado en Truth Social, el presidente aseguró que se estableció “el marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia y la región ártica, y afirmó que Estados Unidos obtuvo “todo lo que quería”. Sin embargo, tanto la OTAN como Dinamarca y el propio gobierno groenlandés descartaron cualquier cesión de soberanía.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, explicó que las negociaciones se organizan en dos ejes. El primero se centra en el fortalecimiento de la presencia militar de la OTAN en el Ártico, un punto en el que existe consenso entre los países miembros. Allí aparece uno de los principales objetivos de Washington: el despliegue del sistema de defensa antimisiles conocido como “Cúpula Dorada”, pensado para interceptar eventuales amenazas provenientes de Rusia o China.

Estados Unidos ya mantiene una fuerte presencia militar en la isla a través de la base de Pituffik, clave para la vigilancia espacial y la alerta temprana de misiles. En este marco, se analiza una actualización del acuerdo de defensa de 1951, que habilita a Washington a desplegar tropas y equipamiento en el territorio.

El segundo eje de las negociaciones involucra los intereses económicos y comerciales. Groenlandia posee importantes reservas de minerales raros, fundamentales para la industria tecnológica y militar, y el deshielo provocado por el cambio climático abrió nuevas rutas marítimas estratégicas hacia el Atlántico Norte.

Analistas internacionales advierten que estas vías podrían ser utilizadas por potencias rivales de Estados Unidos, lo que refuerza el interés de la Casa Blanca en controlar, al menos de manera indirecta, el acceso a la región. Para Trump, asegurar estos recursos y rutas es tan importante como el despliegue militar.

Entre las alternativas que se barajan en el ámbito de la OTAN aparecen antecedentes históricos. Uno es el modelo de la Base de Guantánamo, en Cuba, cedida a Estados Unidos a comienzos del siglo XX bajo un acuerdo de larga duración. Otro es el caso de Chipre, donde el Reino Unido mantiene bases militares bajo soberanía británica desde la década del 60.

Fuentes diplomáticas, sin embargo, señalaron que no se discutió formalmente la cesión de soberanía de bases groenlandesas a Estados Unidos, sino un refuerzo del esquema actual dentro de acuerdos multilaterales.

Groenlandia, que no forma parte de la Unión Europea pero cuyos habitantes sí tienen ciudadanía europea, ocupa una posición jurídica y política singular. A esto se suma una preocupación de fondo para Washington: la posibilidad de que, a largo plazo, el territorio impulse una independencia total de Dinamarca, lo que podría abrir la puerta a una mayor influencia de China o Rusia en el Ártico.

En ese contexto, la estrategia de Trump apunta a presionar al máximo para obtener concesiones clave —militares, económicas y logísticas— sin llegar a un conflicto abierto con sus aliados. Un juego de equilibrio en el que Estados Unidos busca ganar influencia sin romper formalmente el tablero geopolítico.

El presidente de Ford Argentina, Martín Galdeano, advirtió que la falta de competitividad que enfrenta la industria automotriz nacional, producto de la elevada presión impositiva, podría derivar en el cierre de alguna terminal instalada en el país.

En declaraciones periodísticas, el directivo señaló que hoy existen dos grandes condicionantes para el sector: el marco tributario y la forma en que Argentina se integra al mundo. Si bien valoró algunos avances recientes en materia de acuerdos internacionales, remarcó que el esquema impositivo sigue siendo el principal obstáculo.

“Las limitantes hoy para nosotros son dos: una es el marco impositivo y la otra es cómo la Argentina se integra al mundo, que ahí venimos progresando bien. Hay anuncios que son positivos, como los acuerdos con la Unión Europea o con Estados Unidos, aunque todavía resta ver su impacto concreto en la industria automotriz. Pero el gran problema sigue siendo el marco impositivo”, sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que alguna fábrica cierre, Galdeano fue contundente: “No me sorprendería que sea un camino donde sea cada vez más difícil justificar proyectos de inversión. Competimos en un mercado global contra productores que no tienen este tipo de mochilas impositivas y que, además, cuentan con políticas de Estado que incentivan la producción y exportación de autos. No me sorprendería que cierren fábricas de autos en la Argentina”.

El titular de Ford explicó que la industria local no solo compite con otras terminales del mundo, sino también con plantas del mismo grupo radicadas en distintos países. “Competimos contra todas las terminales, pero también contra nuestras propias fábricas en otros mercados para exportar a determinados destinos”, afirmó.

En ese sentido, detalló el peso de los impuestos sobre la operación de la planta de Pacheco. “Hoy tenés entre doce y quince puntos de impuestos para exportar. Hay entre tres y cinco puntos de impuestos nacionales, como el impuesto al cheque y otros tributos, además de las retenciones a las exportaciones que todavía están vigentes”, indicó.

A eso se suman los impuestos provinciales y municipales. “Ingresos Brutos es lo más distorsivo y nocivo que hay: representa entre seis y siete puntos y no solo afecta la capacidad de exportar, sino que además impide desarrollar autopartes y una mayor cadena de proveedores nacionales. Cuanto más cadena productiva tengo, peor es. A nivel municipal, hay otros dos o tres puntos adicionales”, precisó.

Las declaraciones del presidente de Ford vuelven a poner en foco el debate sobre la competitividad de la industria automotriz argentina y el impacto del sistema tributario en las decisiones de inversión y permanencia de las empresas en el país.

El juez Marcelo Germán Gelcich, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela, a cargo del proceso concursal de SanCor CUL, ordenó designar un coadministrador con facultades de administración, representación y auditoría.

El magistrado fundamenta la medida en “tres problemas graves informados por la Sindicatura y el Comité de Control”:

- Reticencia Informativa: La empresa no entregó documentación clara sobre cómo están funcionando sus plantas (Sunchales, Gálvez, Devoto, etc.) ni sobre sus contratos con otras empresas, cuánto produce, cómo comercializa, qué cobra y qué hace con lo que cobra.

- Crisis Laboral y Previsional: El Comité Provisorio de Control informó que SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y el aguinaldo completo de este año. Además, se denunció el uso de recibos de sueldo con datos presuntamente falsos para evadir aportes de seguridad social.

- Falta de acreditación de pagos de créditos prontopagables: la Sindicatura viene reclamando la falta de acreditación del pago debido que, según la concursada, debería ser cumplido por un fideicomiso vinculado a ella, que habría sido notificado el 17 de diciembre de 2025.

Según estableció el juez, el coadministrador ejercerá el cargo en forma conjunta con los órganos naturales de la concursada, y sin su actuación será nulo todo acto con efecto patrimonial o contable. Está facultado a designar hasta seis auxiliares y su desempeño será por un plazo prorrogable de 60 días.

El magistrado dispuso además que la coadministración de la concursada sea ejercida por un profesional con aptitud certificada en Sindicatura Concursal, el que será elegido entre los que integran la lista obrante en el Juzgado. La Sindicatura producirá, a tal fin, una terna formada por dichos profesionales, con sumaria información de antecedentes.

Finalmente, resolvió autorizar al coadministrador a ingresar a todos los inmuebles donde funcione la empresa concursada o aquellos donde se produzcan productos o presten servicios destinados a los procesos de producción de la concursada, con facultades de requerir el auxilio de la fuerza pública, pudiendo incluso solicitar habilitación de feria, intimar la entrega de información y documentación a la concursada, dependientes y terceros, y requerir información o instrucciones a la Sindicatura para el mejor desempeño de sus cometidos

El juez Gelcich dedicó un segmento de las diez páginas de su resolución a explicar la situación en “lenguaje claro”. Allí establece en primer lugar que “se dispone la intervención de la concursada mediante la designación de un coadministrador judicial”.

Luego explica el alcance de la coadministración, indicando que “a diferencia de una intervención total, SanCor no pierde el control y dirección, pero sus administradores ya no pueden decidir solos”. Y que, partir de ahora, cualquier acto que tenga efectos económicos o contables requiere la firma conjunta del coadministrador; y que sin ella los actos de la empresa serán considerados nulos.

La medida tiene un plazo inicial de 60 días, con posibilidad de prórroga.

El coadministrador será un profesional experto en sindicatura concursal, dado su conocimiento y experiencia en este tipo de procesos judiciales de empresas en crisis. Tendrá a su disposición hasta seis auxiliares (técnicos en lechería, informáticos, abogados y contadores) para auditar la empresa "en tiempo real".

La resolución no busca reemplazar a la Administración propia de la empresa, sino disponer un control real y efectivo. La ley prevé el uso de este proceso judicial para que la empresa en crisis logre superarla. El juez debe asegurar a los acreedores y a la sociedad que la actividad de la empresa se dirige a superar la crisis.

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