La Justicia de la provincia de Córdoba investiga un presunto esquema de recetas médicas irregulares dentro de la obra social estatal, en una causa que en las últimas horas sumó detenciones de profesionales vinculados al sistema de salud.

Según surge del expediente, los investigadores intentan determinar si existió una estructura organizada para emitir prescripciones en volúmenes inusuales, lo que habría generado un desvío millonario de recursos públicos destinados a la cobertura de medicamentos.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos, secuestro de documentación y análisis de historiales de recetas, con el objetivo de reconstruir el circuito de prescripción y detectar posibles irregularidades.

El peso de las recetas en el gasto sanitario

El foco de la causa pone en evidencia un punto clave del sistema: la prescripción médica es uno de los principales motores del gasto en las obras sociales, especialmente en tratamientos de alto costo.

En distintas jurisdicciones del país ya se han detectado situaciones donde un grupo reducido de profesionales concentra un porcentaje significativo del consumo de medicamentos, lo que enciende alertas sobre la necesidad de controles más estrictos.

En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se registraron antecedentes de este tipo. Si bien no derivaron en causas penales, sí motivaron revisiones internas al detectar niveles elevados de prescripción concentrados en pocos médicos.

Un sistema bajo presión

El caso cordobés se inscribe en un contexto más amplio: el crecimiento sostenido del gasto en medicamentos en todo el país. Factores como la incorporación de nuevas terapias, la inflación y el aumento de la demanda sanitaria generan una presión constante sobre los presupuestos.

En ese escenario, la transparencia en la prescripción y la trazabilidad de los medicamentos se vuelven herramientas centrales para evitar abusos o desvíos.

Diferencias en los controles

A diferencia de lo que hoy investiga la Justicia en Córdoba, el sistema de la obra social santafesina incorporó en los últimos años mecanismos de control como la receta electrónica, el seguimiento digital de medicamentos y la portabilidad de las prescripciones por parte del paciente.

Estas herramientas permiten mejorar la supervisión del circuito y reducir los márgenes para posibles irregularidades.

Además, desde el punto de vista del gasto, se advierte una diferencia significativa entre modelos: Córdoba llega a destinar hasta tres veces más recursos en medicamentos que Santa Fe, un dato que reabre el debate sobre la eficiencia en la gestión del sistema de salud.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en una causa que podría tener impacto político, sanitario y económico en la provincia.

La crisis dentro del sindicato de Camioneros se profundiza. El malestar se extendió entre los trabajadores del gremio, de la mutual y la obra social, quienes comenzaron a cobrar sus sueldos en cuotas, en medio de un déficit financiero alarmante.

"Camioneros"Porque hubo una batalla campal entre facciones luego de un torneo de fútbol en Merlo y sería por la crisis interna del gremio que lidera Hugo Moyano pic.twitter.com/hXWQrG7qaq

En paralelo, carteles y panfletos en la sede del gremio y en el sanatorio de San Justo apuntaron contra Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, señalada por manejar áreas clave de la estructura sindical. La tensión llegó incluso a episodios de violencia interna, como el ocurrido el último domingo durante un torneo de fútbol de la rama Agua y Gaseosas, donde dos facciones enfrentadas —una alineada con Pablo Moyano y otra con Jerónimo Moyano y su padre— protagonizaron una pelea registrada en video.

Según testigos, entre los agresores se encontraban barras identificados con la Banda del Oeste de River y de Argentino de Merlo, lo que dio al conflicto un tono aún más delicado.

El conflicto político dentro del gremio escaló luego de que Hugo Moyano desplazara de sus cargos al secretario administrativo Claudio Balazic y al tesorero Paulo Villegas, ambos hombres de su confianza, en medio de la investigación judicial en Mar del Plata por presuntos sobreprecios en el hotel 15 de Diciembre.

En el entorno sindical admiten que la situación podría afectar al propio Moyano: “Era gente de su confianza. Él los eligió para esos cargos”, reconocieron fuentes internas.

Tras los desplazamientos, aparecieron panfletos anónimos frente a la sede de Camioneros, en Constitución, con acusaciones contra Marcelo Aparicio, actual secretario gremial del sindicato. “Marcelo Aparicio deja de robarle a Hugo M., vos también participaste”, decía uno de los volantes.

Aparicio, conocido como “Feúcho” o “El Feo”, es un dirigente con fuerte llegada a las bases, especialmente en la rama de Recolección, considerada la guardia pretoriana del gremio. Dentro de Camioneros, interpretaron los panfletos como un intento de debilitar su figura. Algunos incluso sospechan que detrás de la maniobra podría haber estado el propio Hugo Moyano, en un intento por marcar límites internos.

En este escenario, Pablo Moyano —formalmente número dos del sindicato, aunque distanciado de su padre— no asiste hace meses a la sede central, pero mantiene su influencia a través de Aparicio, a quien él mismo llevó a la secretaría gremial.

Durante los últimos días, pintadas en Lanús, Caseros y San Martín mostraron apoyo a ambos dirigentes, con consignas como “Pablo Moyano, los trabajadores te necesitan” y “Feúcho, Camioneros de Boca Juniors estamos con vos”.

Más allá de la pelea interna, el conflicto exhibe síntomas estructurales: atrasos salariales, prestaciones médicas suspendidas, y sospechas de negocios paralelos dentro del gremio. La obra social del sindicato, según fuentes internas, atraviesa un rojo financiero sin precedentes, lo que agrava el descontento entre los afiliados y empleados.

Mientras tanto, la cúpula camionera intenta contener las disputas internas en un contexto de debilitamiento institucional, con un escenario que combina problemas económicos, fracturas políticas y desgaste en el liderazgo histórico de los Moyano.

La historia de una maestra que es paciente oncológica y cuyo tratamiento se complicó luego de que clínicas y sanatorios definieran cortar el servicio a los afiliados.

Los afiliados a Iapos pasan momentos muy difíciles debido a la suspensión de servicios dispuesta por clínicas y sanatorios. Si bien el conflicto entre los prestadores de salud y el gobierno provincial estaría cerca de una solución, el problema se extiende en el tiempo -la interrupción del servicio se registra desde el 22 de abril- y cada son más las historias de personas cuya salud pende de un hilo.

Tal es el caso de Luz Ciz, una docente de nivel inicial que es paciente oncológica e inició su tratamiento hace tres meses. El procedimiento exige realizarse una tomografía para evaluar su situación inmunológica, debido a que la quimioterapia inmunodeprime a los pacientes. El problema es que, desde que clínicas y sanatorios, donde ella suele atenderse, cortaron la atención a afiliados de Iapos y esto hizo que se quedara sin determinadas prestaciones. En este marco, debe afrontar de su bolsillo pagos importantes y contrarreloj.

El periplo de la mujer no es nuevo: “Venimos desde febrero. Cada estadío del tratamiento nos lleva casi un mes”, contó Dante Bustos, docente y marido de Luz, quien apuntó: "La continuidad del tratamiento se truncó, porque he tenido que hacerme cargo de forma particular de algunos estudios. En esta oportunidad, uno de los estudios es la realización de una tomografía: para este proceso el sanatorio nos exigió un pago de $850 mil”.

Tras recibir la noticia de que centros médicos privados suspendieron el servicio a afilidos del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, la familia de Luz debió rondar por diferentes espacios: “Tuvimos un primer rechazo, pero al final conseguimos que realice el tratamiento en el sanatorio Parque. La atención siempre fue óptima, el problema es administrativo entre los prestadores y el gobierno”.

La realización de la tomografía “es clave para poder garantizar la realización de los próximos tres meses de tratamiento que faltan. La mayor gravedad en estos casos es que ella se pudiera desarrollar una infección”, explicó el educador. Así y todo, Bustos declaró en diálogo con “El primero de la mañana” al aire en LT8 que la otra mitad restante del tratamiento de su esposa no está asegurado: “En este momento está todo paralizado. Es más, estoy gestionando por todos los medios posibles, inclusive en hospitales públicos, siendo que tenemos una obra social, como es Iapos”.

Fin de la cédula azul en el auto: que pasará con la cédula verde

“En el mes anterior pudimos sacar adelante una medicación que le correspondía. Se la reconocieron pidiéndole estudios que no le habían pedido en la solicitud anterior, siendo que el cuadro no hay ninguna forma que se haya revertido”, se quejó el hombre, quien denunció que “están poniendo trabas para no darle una medicación que se le entrega por protocolo después de la quimioterapia para que levanten las defensas. Si le agarra un leve resfriado, la tienen que meter en una internación que ni siquiera va a estar cubierta por Iapos”.

"Hay una orfandad de los servicios de salud terrible"

Según los registros, los afiliados perjudicados por esta situación ascienden a más de 650 mil, todos ellos trabajadores públicos, desde policías e inspectores hasta docentes.

“Hay una orfandad de los servicios de salud terrible. Se habla más del premio al presentismo de los docentes que de que puedan tratarse cualquier problema de salud”, se lamentó Bustos y añadió: “Tendría que ser mucho más llamativo que no tenemos cobertura de salud que cualquier demanda de salario”.

En abril, debido al aumento de los costos en los insumos sanitarios y el presunto retraso en los aranceles de Iapos, diferentes efectores de salud privada reclamaron una actualización en éstos últimos. El panorama llegó a su punto más álgido el 22 de abril cuando la Asociación de Clínicas y Sanatorios reclamó un aumento de los aranceles y se anunció el corte de atención a los afiliados de Iapos hasta tanto no se resolviera la situación. Desde entonces, solo se cubren emergencias y se realizan cirugías programadas.

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares, sostuvo que los aumentos arancelarios, durante el 2023, se realizaron conforme al aumento de los salarios de los profesionales médicos.