La compañía Se Ve S.A., propietaria de la reconocida marca de calzado Clara Barceló, ingresó formalmente en concurso preventivo. La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24 el pasado 25 de septiembre y oficializada este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial.

El expediente judicial, identificado con el número 18195/2026, se encuentra bajo la supervisión del juez Guillermo M. Pesaresi y la Secretaría N.º 48. El síndico designado para gestionar el proceso de verificación de créditos es Enrique Raúl Pelle, quien deberá recibir las presentaciones de los acreedores hasta el 18 de diciembre.

Es importante aclarar que este proceso no significa la quiebra de la firma. Se trata de una herramienta legal para que una empresa en cesación de pagos pueda negociar la reestructuración de sus pasivos bajo supervisión judicial. Los créditos originados antes del 4 de septiembre de 2026 son los que deben ser verificados en esta instancia.

Según los registros del Banco Central de la República Argentina a septiembre de 2026, la firma acumulaba una deuda financiera de 415,9 millones de pesos. El mayor compromiso corresponde al Banco Santander Argentina, con 290,7 millones, clasificado en situación 4, que representa un alto riesgo de insolvencia.

Asimismo, la empresa mantiene una deuda de 95,4 millones de pesos con Garantizar SGR, también en situación 4. En conjunto, ambas obligaciones representan cerca del 93% del pasivo financiero reportado. Por otro lado, la firma posee una deuda menor con el Banco Galicia por 29,8 millones, la cual se encuentra en situación 1, considerada normal.

La marca ha defendido recientemente su modelo de negocio basado en la confección artesanal y el uso de cuero genuino. En sus redes sociales, la empresa expresó: “Nos bajamos de este tren”, al cuestionar la dinámica de liquidaciones anticipadas y la presión por abaratar costos mediante la deslocalización de la producción.

La fundadora de la marca había advertido meses atrás sobre la compleja situación del sector. En junio, señaló que la caída del consumo, los elevados costos de producción y la necesidad de ofrecer financiación afectaban directamente la actividad. Ante este escenario, la firma optó por implementar preventas para ajustar la producción a la demanda real.

La compañía sostiene que competir por precio implicaría resignar la calidad de sus materiales y la mano de obra especializada. Según informaron, su objetivo es mantener la fabricación local, aunque esto suponga enfrentar desafíos financieros significativos. Actualmente, la marca opera con locales en Recoleta y San Isidro, además de su canal de venta online.

El cronograma judicial establece que los informes de la sindicatura se presentarán el 8 de marzo y el 22 de abril de 2027. La audiencia informativa está programada para el 18 de octubre de 2027, mientras que el periodo de exclusividad para alcanzar un acuerdo con los acreedores finalizará el 25 de octubre de dicho año.