El futbolista chileno Carlos Palacios, actualmente en Boca Juniors, debió presentarse ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile en el marco de una investigación por tráfico de drogas que involucra a una camioneta registrada a su nombre.

El mediocampista permaneció cerca de dos horas en las dependencias policiales, acompañado por su abogado, Felipe Moraga. La investigación busca determinar las circunstancias en las que una Mercedes-Benz de su propiedad habría sido utilizada para trasladar pasta base de cocaína.

El expediente también contempla importantes decomisos de sustancias ilícitas, que superarían los 1.400 kilos. En la causa se encuentra detenido con prisión preventiva el suegro del futbolista, señalado como la persona que habría utilizado el vehículo.

Palacios llegó al lugar con el rostro cubierto y manifestó su malestar ante la presencia de los periodistas que aguardaban su llegada. "Sácame el micrófono de la cara", les reclamó a los cronistas. Cuando le consultaron por los motivos de su presentación, respondió irónicamente que había concurrido "porque vine a ver el partido de ayer", en referencia al encuentro entre Ñublense y Colo-Colo.

Una vez finalizada su declaración, se retiró sin brindar mayores explicaciones.

Después de la presentación, su defensor buscó aclarar el alcance de la participación del futbolista en el expediente y remarcó que no fue formalizado judicialmente ni cuenta con medidas cautelares.

Según explicó Moraga, la convocatoria tuvo como objetivo que Palacios aportara documentación relacionada con la compra del vehículo y explicara su situación registral, para avanzar también en la posibilidad de recuperar la camioneta.

El abogado sostuvo que su cliente adquirió el automóvil de manera legal, mediante un crédito y la entrega de otro vehículo como parte de pago.

Además, explicó que, después de trasladarse a la Argentina durante 2025 para incorporarse a Boca, Palacios dejó la camioneta en una propiedad familiar de Santiago de Chile.

Respecto del presunto uso del rodado para transportar estupefacientes, el defensor aseguró que el jugador no tenía conocimiento de esas actividades y responsabilizó a su suegro por haber utilizado el vehículo sin autorización.

"Sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido", afirmó.

La presencia de Palacios en su país se produjo después de los festejos por la consagración de Boca Juniors. El mediocampista había viajado para visitar a sus hijos y asistir al partido entre Colo-Colo y Ñublense, disputado en la ciudad de Chillán.

Su aparición durante la transmisión televisiva habría contribuido a acelerar su convocatoria por parte de la Fiscalía, lo que modificó sus planes de regreso a Buenos Aires.

La situación también generó repercusiones en el ámbito deportivo e institucional. Según su abogado, el episodio provocó inconvenientes para el futbolista en su actividad profesional, incluso después del reciente título conseguido con el Xeneize.

"Le generó muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación", concluyó Moraga.

Por el momento, la investigación continúa en Chile y la situación procesal de Palacios deberá diferenciarse de la responsabilidad que pueda determinarse respecto de quienes presuntamente utilizaron el vehículo para actividades vinculadas al narcotráfico.

La presión política sobre Manuel Adorni volvió a crecer tras la presentación de su declaración jurada patrimonial y las explicaciones que brindó sobre el origen de sus fondos.

El exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti se sumó a los reclamos opositores y pidió que el jefe de Gabinete deje su cargo, al considerar que sus explicaciones resultan incompatibles con la responsabilidad institucional que ocupa.

“Manuel Adorni no puede seguir siendo jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más”, expresó Schiaretti en redes sociales.

El dirigente cordobés sostuvo además que Adorni ocupa “uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional” y lo acusó de haberle mentido “al pueblo argentino y al Congreso de la Nación”.

El cuestionamiento de Schiaretti se suma a los planteos realizados por dirigentes del PRO, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y referentes del peronismo, que reclamaron explicaciones políticas y judiciales por las inconsistencias patrimoniales del funcionario.

Desde la UCR calificaron la situación como de “extrema gravedad” y recordaron que Adorni había afirmado ante el Congreso que en sus declaraciones juradas no había existido ocultación alguna. Para el radicalismo, el reconocimiento posterior de bienes o fondos no declarados contradice aquella exposición.

El PRO también difundió un comunicado crítico en el que consideró que el caso representa “una falta grave”. El partido señaló que un funcionario no puede afirmar ante los argentinos y ante el Congreso que no ocultó nada y luego admitir lo contrario.

En la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro sostuvo que Adorni “vino a la Cámara de Diputados a mentirle en la cara a 47 millones de argentinos y a 257 diputados nacionales”. Además, distintos bloques impulsan una sesión especial para el 23 de junio, con el objetivo de exigir la aplicación del artículo 101 de la Constitución Nacional.

También hubo críticas desde el peronismo. El exgobernador de San Juan Sergio Uñac cuestionó las explicaciones del jefe de Gabinete y reclamó su renuncia.

La polémica se profundizó luego de que Adorni presentara una reconstrucción de su evolución patrimonial familiar, en la que incorporó activos que no habían sido incluidos en declaraciones anteriores.

Según la versión del funcionario, una parte importante de esos fondos proviene de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018. De acuerdo con esa explicación, el capital inicial rondó los 200.000 dólares y, tras operaciones de compra y venta a través de billeteras virtuales, habría generado una ganancia cercana a los 300.000 dólares.

Las rectificaciones presentadas ante los organismos de control modificaron de manera sustancial el perfil patrimonial informado hasta ahora por el jefe de Gabinete.

Adorni también reconoció que había tenido ahorros no declarados, una frase que generó fuerte repercusión política y abrió nuevas críticas sobre su conducta pública.

El caso no solo provocó cuestionamientos desde la oposición. También generó diferencias dentro del oficialismo.

La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como una “vergüenza” el accionar del funcionario y sus explicaciones públicas. A través de redes sociales, también realizó comentarios irónicos vinculados con la polémica por los supuestos registros de operaciones con criptomonedas.

Por su parte, Patricia Bullrich, senadora nacional y referente de La Libertad Avanza, también marcó distancia al afirmar que lo ocurrido era “más que un error” y lo definió como una “omisión ética”.

Pese a las críticas internas y externas, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete y por el momento no evalúa desplazarlo del cargo.

La controversia por el patrimonio de Adorni continúa bajo análisis judicial y político. La causa por presunto enriquecimiento ilícito sigue su curso, mientras la oposición busca instalar el tema en el Congreso.

El punto central de los cuestionamientos es la contradicción entre las afirmaciones previas del funcionario —cuando aseguró que no había ocultado bienes— y las rectificaciones posteriores, en las que incorporó fondos y activos no declarados anteriormente.

En ese escenario, la oposición aumenta la presión sobre el Gobierno, mientras la Casa Rosada intenta sostener a Adorni y cerrar una crisis que ya impactó de lleno en la agenda política nacional.

El ex crack brasileño no compareció ante una Comisión Parlamentaria que lo investiga como parte de una estafa con criptomonedas. Su hermano y agente, Roberto de Assis Moreira, lo desvinculó de la causa y dijo que en realidad el astro brasileño es una “víctima”.

Cada vez más lejos del mundo fútbol, Ronaldinho vuelve a ser protagonista de las noticias tras desacatar dos veces el llamado de la justicia.

La CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) tiene al astro brasileño apuntado como sospechoso de haber participado en una estafa que se le atribuye a la empresa “18kRonaldinho”, que ofrecía falsas ganancias superiores del 2 % diario a quienes invirtieran un mínimo de 30 dólares en monedas virtuales.

La comisión citó dos veces al ex futbolista del PSG, Barcelona y AC Milan para dar explicaciones, la última este jueves. Sin embargo, Dinho justificó su ausencia por problemas con los vuelos para viajar hasta la capital brasileña, motivo no aceptado por los congresistas.

“El martes no compareció, retrasamos la fecha bajo la advertencia de que una nueva ausencia provocaría una petición de conducción coercitiva y es lo que la presidencia de esta CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) está determinando en la mañana de este jueves”, afirmó el diputado Ricardo Silva, integrante de dicho órgano.

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El caso fue destapado por los clientes de la empresa en investigación, que en una acción civil colectiva han demandado una indemnización de 300 millones de reales (hoy unos 62 millones de dólares o 57 millones de euros) por daños morales y materiales. El hermano del ex futbolista sí reconoció su vinculación con otra empresa, ‘18K Watches Corporation’, con sede en Estados Unidos y que comercializaba relojes, aunque matizó que se apartaron de la misma al poco tiempo.

A mediados de 2020, Ronaldinho estuvo cinco meses detenido en Paraguay acusado junto a su hermano de parte de la fiscalía que indicaba que el crack brasileño estaba en posesión de un pasaporte y una cédula con datos que señalaban que era paraguayo. (Doble Amarilla)