A través del decreto provincial N° 3121/2025, el gobierno de la provincia de Santa Fe creó la figura del “policía de Inteligencia”. Técnicamente, se trata de un subescalafón dentro del Escalafón General del Personal Policial.

Se trata de un avance en lo que dispone la Ley n° 14.246, aprobada a fines de 2023 por la Legislatura provincial con el fin de regular un Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, como lo llamaron.

“Será integrado por personal policial destinado a las funciones de obtención, reunión, análisis y producción de información vinculada a la prevención del delito”, asegura el artículo 1° del decreto publicado este miércoles 10 de diciembre con firma de Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

Al mismo tiempo, se instruye al Instituto de Seguridad Pública (Isep) para que en articulación con la Subsecretaría de Inteligencia Criminal diseñe y “elabore un plan de formación integral y entrenamiento en esta materia, a fin de dotar a los recursos humanos que en el futuro integren el subescalafón creado por el presente, de la capacitación específica que la función así lo requiere”.

También se aclara: “Establécese que por el término de 5 años a partir del dictado del presente, podrán formar parte del Subescalafón Inteligencia quienes acrediten la formación específica en la materia lo cual será validado por el Ministerio de Justicia y Seguridad. Vencido dicho plazo, se deberá certificar para su ingreso las capacitaciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior”.

Junto con el decreto, el gobierno publicó en un anexo los detalles de la figura creada, incluyendo los requisitos para postulaciones, capacitación y otras cuestiones vinculadas al nuevo subescalafón.

Sobre los requisitos, el decreto plantea 8 incisos, dentro de lo que se destaca:

“Cursar y finalizar el Programa de Formación Inicial en Inteligencia Criminal o acreditar dictado o acreditar formación específica en la materia validado por la Subsecretaría de Inteligencia Criminal”, señala el texto oficial.

En el apartado “B”, se sostiene: “No registrar antecedentes por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos, según constancias de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia o del organismo que la sustituya en el futuro”.

“No estar condenado ni acusado formalmente en un proceso penal por delitos dolosos, debiendo acreditarse mediante informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Ministerio Público de la Acusación”, agrega el punto “C”.

Mientras que el inciso “E”, establece: “Presentar las declaraciones juradas patrimoniales previstas por la Ley N° 7089, en los plazos y formas que establezca la autoridad competente, debiendo garantizarse la reserva, confidencialidad y protección de la identidad del declarante, sin perjuicio del control institucional correspondiente”.

El quinto artículo del anexo se refiere a la dedicación exclusiva del oficial de Inteligencia. “Deberá cumplir funciones bajo régimen de dedicación exclusiva, en virtud de la sensibilidad, reserva y disponibilidad operativa que exige el cumplimiento de sus funciones”, sostiene.

Y agrega: “Queda inhabilitado para desempeñar otras actividades laborales, tanto en el ámbito público como privado, salvo aquellas expresamente autorizadas por el régimen de incompatibilidades vigente para el personal administrativo de la Provincia de Santa Fe, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 20695 y su modificatoria Nº 4973, o por la normativa que en el futuro la sustituya”.

Por último, el artículo 6 establece: “El personal deberá cumplir con programas de capacitación continua en análisis criminal, inteligencia estratégica, metodologías de producción de información, derechos humanos y tecnologías aplicadas. La falta de actualización podrá motivar la baja del subescalafón”.Gonzalo Zentner

Gonzalo Zetner - El Litoral

El último decreto provincial fue presentado durante el encuentro de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEYDA).

En la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEYDA), convocada por el Ministerio de Economía de la Nación, y en la que participó la provincia a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, se solicitó que se homologue el último decreto provincial Nº 627/23. Este decreto prorroga el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde 1 de junio de hasta el 30 de septiembre de 2023 por el evento de sequía para todas las explotaciones agropecuarias y en todo el territorio provincial.

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Al respecto la secretaría de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo ,quien participó de la Comisión Nacional, destacó:

La homologación a nivel nacional es un procedimiento que cada la provincia debe realizar cada vez que se emite un nuevo decreto de Emergencia. Le permite a los productores santafesinos sumar a los beneficios de carácter provincial, los beneficios fiscales nacionales en el marco de la ley de Emergencia Agropecuaria nacional. Estos alivios fiscales permiten al productor contar con otra ayuda para el reinicio del próximo ciclo productivo. Cabe destacar que en un plazo aproximado de 20 días se emitirá la nueva Resolución ministerial donde se homologará dicho decreto

“Por otra parte, -continuó- a la fecha, la cantidad de productores que han decidido solicitar los beneficios nacionales y provinciales es extraordinaria: más de 13.000 declaraciones juradas de daños a nivel provincial y más de 1.000 productores realizaron gestiones ante la AFIP para gozar de los beneficios”, detalló.

Prórroga de la emergencia agropecuaria

El Decreto N° 627/23, prorroga el estado de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1 de junio de 2023 y hasta el 30 de septiembre de 2023 para todas las producciones agropecuarias y extendió la fecha límite para la presentación de declaraciones juradas de daños hasta el 30 de junio de 2023.

Es importante destacar que este decreto establece que los productores agropecuarios que cuenten con Certificado de Emergencia Agropecuaria emitidos en el marco de los decretos 0020/22, 0080/22 -y que fueron prorrogados y mantuvieron su condición (Emergencia Agropecuaria)- en el decreto N° 2476/22, pasarán automáticamente su condición a desastre agropecuario sin necesidad de realizar ningún otro trámite administrativo y con esa condición accederán a la condonación del Impuesto Inmobiliario Rural.

Por otra parte, los productores agropecuarios que aún no hayan solicitado certificados de Emergencia o Desastre a la fecha, deberán iniciar el trámite respectivo a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA), completando un formulario a modo de declaración jurada por medio del cual detallarán las pérdidas sufridas a los fines de ser evaluados y, en caso de corresponder, se procederá a la emisión del certificado correspondiente. Para ello tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2023.

A quiénes comprendeProductores agropecuarios cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en distritos de los departamentos de la Provincia de Santa Fe, que se encuentren inscriptos en Registro Único de Producciones Primarias (RUPP).

BeneficiosLos productores que hayan visto afectada su producción entre el 50% y el 80%, serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y recibirán una prórroga del pago del Impuesto Inmobiliario Rural. Por otra parte, aquellos que hayan tenido entre el 80% y el 100% de daños, entrarán en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del Impuesto Rural.

Asimismo, el decreto dispone que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal en carácter de devolución, cuando los productores poseedores de certificados de desastre agropecuario hubieran abonado las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural o Urbano, que debieron estar condonadas.