Lo que se pensó como excepción terminó volviéndose norma: entre 2011 y 2024, en la Argentina se dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia cada tres leyes sancionadas. Así lo revela un informe publicado en vísperas de la sesión que miércoles tendrá Diputados donde buscará discutir un proyecto con media sanción del Senado que limita el uso de esta herramienta mediante la modificación de su régimen legal.

Titulado "De la excepción a la regla. Un análisis de los decretos de necesidad y urgencia dictados desde 2011 hasta la actualidad”, el documento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con autoría de Patricio Méndez Montenegro, traza una recopilación del 344 DNUs emitidos durante las presidencias de Cristina Fernández en su segundo mandato, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei en su primer año al frente del Ejecutivo.

El informe da cuenta del desequilibrio en el recayó el sistema de contrapesos que buscó introducir la reforma constitucional de 1994, advirtiendo que si bien se buscó atenuar el presidencialismo, los sucesivos mandatos terminaron por sobredimensionar las atribuciones del Ejecutivo por sobre las del Legislativo.

"Las decisiones estatales pierden su componente deliberativo y participativo en la medida en que los DNU se dictan unilateralmente, sin ningún proceso de intercambio con las diversas fuerzas políticas y los distintos actores sociales", señala como extralimitaciones de uno de los tres poderes del Estado que, en principio, no tiene la potestad de legislar.

"Si a principios de los años ‘90 las extraordinarias facultades en cabeza del Poder Ejecutivo eran señaladas como responsables institucionales de la atrofia del sistema de frenos y contrapesos y de las crisis recurrentes de la democracia argentina, el abuso de esta herramienta sigue siendo una de las grandes deudas pendientes para la creación de una práctica constitucional virtuosa", indica el informe como conclusión del período reciente que analiza.

El informe analiza cómo los gobiernos se valieron de este instrumento, evidenciando que pese a tener distintos signos políticos se repitieron en "gobernar por decreto" dictando un total de 344 entre 2011 y 2024. Las cuatro presidencias analizadas comparten una serie de medidas vía DNU como las ampliaciones presupuestarias y la reforma a la Ley de Ministerios, aunque difieren en cantidades y alcances por impronta propia o contexto.

El primero en la serie es el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Fue el que menos DNU registró entre los analizados: 47 en total, enfocados principalmente en programas sociales como el Progresar y el Procrear, y para avanzar con estatizaciones como en los casos de YPF, Belgrano Cargas y Ciccone.

Por vía de decretos, la entonces presidenta también puso en marcha cinco fondos fiduciarios, un mecanismo criticado por su opacidad y por quitarle al Congreso el control sobre la asignación de recursos públicos. “Estos fondos invierten las jerarquías y las atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo”, advierte el documento, señalando que potencia la discrecionalidad y debilita los controles.

Mauricio Macri (2015-2019) elevó la vara en cantidad: fueron 70 los DNU durante su gestión. El informe remarca que puso mayores esfuerzos en la justificación de su uso, aunque superando de todos modos los estándares de la Corte Suprema.

El análisis indica que hubo decretos de "gran trascendencia legal" como el número 257, que aplazó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, y el número 62 que creó el el Régimen de Extinción de Dominio, para avanzar sobre bienes del narcotráfico y la corrupción. A su vez, otros los encuadra en la "impopularidad" de las medidas, como la suspensión de beneficios previsionales para escuelas privadas (DNU 258/2017), y para crear un fondo fiduciario para financiar la Cobertura Universal de Salud (DNU 908/2016).

Signada por la pandemia de Covid-19, la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) lidera el ranking de DNUs emitidos: fueron 177 en cuatro años, el número más alto de todo el período. La excepcionalidad del contexto explica buena parte de ellos: el DNU 260/2020 estableció la emergencia sanitaria y marcó el inicio de una cadena de medidas de alcance nacional que definieron la cuarentena, el aislamiento y luego el distanciamiento social.

Se marca que como los demás, Alberto Fernández usó los decretos para reorganización de ministerios y regulaciones menores. Pero el informe señala, además, una continuidad con el gobierno de CFK, mediante la creación de programas sociales y de diferentes fondos fiduciarios para la implementación de programas con gasto público previstos para provincias.

Por último, se aborda el primer año de Javier Milei. Entre 2023 y 2024, el libertario firmó 50 DNU y uno de ellos de gran repercusión institucional, que resuena hasta la fecha: se trata del llamado Mega DNU 70, que significó "una reforma legislativa masiva y sistémica del ordenamiento jurídico argentino", al derogar y modificó más de 300 normas en materia económica, laboral y social.

“Fue una novedad en la práctica institucional argentina, por la magnitud y la cantidad de regímenes afectados”, apunta el informe, recordando que hasta entonces los DNU eran de alcance determinado, regulando un solo asunto por texto, con excepciones puntuales como el DNU 95/2018 de Macri o el 260/2020 de Alberto Fernández.

Durante el breve período libertario, el análisis repara también sobre una serie de decretos destinados a la intervención, reorganizacion y financiación del sistema de inteligencia. En particular, en el relativo a la financiación, recalca que fue un DNU "rechazado por ambas Cámaras del Congreso, por primera vez en la historia".

El informe también se inmiscuye en las dinámicas de control posterior por parte del Poder Legislativo, tanto en lo relativo a la Comisión Bicameral Permanente como al plenario de las Cámaras.

En cuanto al rol de la Comisión en el control de los DNU destaca que dictaminó en muy pocos casos. "Desafortunadamente, no funciona como un ámbito de discusión y deliberación rigurosa sobre las condiciones de validez de los DNU", indica. Y completa: "Del análisis de sus pronunciamientos surge que no existe un estudio pormenorizado de los méritos de cada decreto, lo que dificulta su tratamiento informado y detallado".

"Independientemente del comportamiento adoptado por la Comisión, cabe destacar que del total de 344 decretos, 233 (67,7%) no fueron rechazados ni aprobados por el Congreso, 104 fueron aprobados por una sola Cámara (30,2%), 2 por ambas (0,6%), 4 lograron el rechazo del Senado (1,2%), y solo 1 fue rechazado por las dos Cámaras, dejando de producir efectos (0,3%). Salvo aquellos que fueron posteriormente derogados por otra norma, el resto se mantuvo vigente", resalta el informe.

Respecto al rol del pleno de las Cámaras menciona que solo en una oportunidad del período analizado rechazó un decreto, "incumpliendo sistemáticamente" la obligación de intervenir luego del dictamen de la Comisión Bicameral o ante su ausencia, que en la práctica implica una aprobación tácita frente al silencio legislativo.

Mauro L. Muñoz - El Litoral

Dos decretos del Poder Ejecutivo fortalecieron presupuestariamente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para atender todo lo referido a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal Juvenil y para profundizar políticas de enfrentar al microtráfico de drogas y violencias altamente lesivas.

Con fecha del último viernes 9 de mayo, el decreto 0890 amplía en $ 800 millones el presupuesto del MPA mientras que por el decreto 0897, son otros $ 320 millones los habilitados.

Ambos instrumentos son firmados por el gobernador Maximiliano Pullaro  y los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares. El primero está destinado a lo penal juvenil y el segundo para atender investigaciones sobre violencias lesivas.

Las partidas habían sido solicitadas oportunamente por la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, especialmente la vinculada a la entrada en vigencia, el próximo 21 de junio, de la Ley N.º 14228 que regula el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo.

A partir de esta modificación, serán fiscales los que llevarán adelante la investigación como ocurre con el resto del sistema procesal penal santafesino. También la Defensa Pública actuará a partir del 21 del mes próximo.

Personal e infraestructura serán los destinos de la partida presupuestaria. La nueva justicia penal juvenil seguirá funcionando en los nueve lugares donde lo vienen haciendo con juzgados de Menores que perderán tal categoría. Santa Fe, Rosario, Reconquista, Villa Constitución, San Lorenzo, Tostado, Venado Tuerto, Casilda y Rafaela son lugares donde habrá fiscales y jueces que controlen la legalidad de los procedimientos. En el MPA se indicó que en seis de esos nueve lugares están en marcha las licitaciones para alquilar inmuebles para el funcionamiento a lo que hay que añadir todos los costos de asentamiento: muebles, conexiones a internet, computadores, impresoras, etc.

El otro aspecto es el de personal que pasa desde el Poder Judicial al MPA. Son funcionarios que vienen cumpliendo tareas en los juzgados de Menores y que la ley dispone el pase al Ministerio. Son 96 cargos, se indicó al El Litoral de los cuales 14 están vacantes.

Además, el Poder Ejecutivo deberá elevar a Legislatura una serie de pliegos de futuros fiscales para menores, nombres que la Corte Suprema de Justicia validó en una acordada que venía siendo conversada con autoridades del MPA y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El proceso penal juvenil tiene como objetivos fundamentales "la reintegración social de la persona menor de edad, la restauración de la paz social y la reparación del daño ocasionado por el delito. Se procurará la plena participación voluntaria de la víctima, del agresor y de cualquier otra persona o miembro de la comunidad que haya sido afectado por la comisión del delito, recurriendo a instancias de diálogo, reflexión, mediación, conciliación que favorezcan la responsabilización de la persona menor de edad y el consenso de soluciones al conflicto, siempre recurriendo a lenguaje comprensible", dice el artículo 3 del Código.

Agrega que "la desjudicialización, la promoción de medidas no punitivas de abordaje del conflicto y de soluciones alternativas a la pena, se priorizarán frente a la promoción o prosecución del proceso penal cuando tuviere sólo como perspectiva la aplicación de una pena, resguardando siempre los derechos de las víctimas del delito consagradas en el ordenamiento jurídico".

La Ley N° 14228 fue dictada en noviembre de 2023, sobre el final de la gestión de Omar Perotti y en diciembre, el actual gobernador, Maximiliano Pullaro, vetó un artículo con un texto alternativo prorrogando la entrada en vigencia de la norma que tenía fecha de diciembre de 2024. Los 180 días de prórroga se cumplirán el 21 de junio.

El Poder Ejecutivo, a través de los ministerios de Justicia y Seguridad así como Igualdad y Desarrollo Humano; la Corte Suprema de Justicia y el MPA vienen manteniendo reuniones periódicas para ajustar la entrada en funcionamiento del sistema.

La ley dispone que el Poder Ejecutivo deberá garantizar los espacios de alojamiento para el cumplimiento de las medidas cautelares y a cargo de personal especialmente capacitado y con enfoque interdisciplinar.

El artículo 65 de la ley habla sobre la disolución de órganos y traspaso de recursos. "Los juzgados de Primera Instancia de Distrito de Menores y todos los órganos que cumplan funciones en relación a la justicia penal de menores quedarán disueltos a partir de la entrada en vigencia de la presente ley. Todos los cargos cubiertos y/o subrogantes y/o vacantes de funcionarios y empleados que integran estas estructuras judiciales, las Asesorías de Menores dependientes del Ministerio Público Fiscal y el personal administrativo, de mantenimiento y producción y de servicios generales dependientes de los mismos, serán traspasados de pleno derecho y de manera inmediata conjuntamente con sus respectivos cargos, aún cuando no se encuentren cubiertos y/o se estén subrogando y/o estén vacantes y las partidas presupuestarias asignadas, a las estructuras judiciales correspondientes".

La acordada de la Corte Suprema de Justicia propuso los legajos de actuales funcionarios de la justicia de Menores para cargos de fiscales especializados. El Ejecutivo deberá enviarlos a Legislatura para su convalidación.

* Romina Ayelen Cocomazzi, actual secretaria del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la Primera Nominación de Rosario

* Mariana Caratozzolo, actual asesora de Menores del Distrito Judicial Nro. 2

* Carlos Gabriel Álvarez, actual secretario del Juzgado de Primera Instancia de Distrito de Menores de la Segunda Nominación de Rosario

* Brenda Carolina Coassolo, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de la Tercera Nominación de Rosario

* Juan José Cabanellas Fraire, actual secretario de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de San Lorenzo

* Ana Clara Grabowski, actual asesora de Menores del Distrito Judicial de San Lorenzo

* Marianela Montemarani Mena, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de Venado Tuerto

* Leandro Carozzo, actual asesor de menores del distrito Venado Tuerto

* María Mercedes del Sastre, actual asesora de Menores del Distrito Reconquista

* María Cecilia Doro, actual secretaria de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de la Primera Nominación de Rafaela

* Carina Andrea Gerbaldo, actual asesora de Menores del Distrito Rafaela

* Heriberto Ramón Ferrero, actual secretario de Primera Instancia de Distrito del Juzgado de Menores de Tostado

* Susana Guillermina Vega, actual asesora de Menores del Distrito Tostado.

EL Litoral

El Gobierno nacional limitará por decreto que la incorporación de beneficiarios de programas sociales como el "Potenciar Trabajo", con el objetivo de que no se amplíen el número de titulares.

Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes oficiales, que detallaron que el decreto será publicado "en las próximas horas", luego de un trabajo conjunto entre los ministerios de Economía, Desarrollo y Trabajo.

"Se van a limitar las incorporaciones. No se va a poder ampliar el número de titulares de los programas como el 'Potenciar trabajo'", detallaron.

En ese marco, aclararon que "la prioridad del Gobierno es promover el trabajo" y explicaron que la normativa se lleva adelante debido a que se trata de una decisión que involucra a tres ministerios.

El presidente Alberto Fernández esta reunido esta tarde en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social), Raquel "kelly" Olmos (Trabajo) y Sergio Massa (Economía) para avanzar con el decreto que limitará la incorporación de beneficiarios a programas sociales.

Así lo confirmaron a NA fuentes oficiales, que precisaron que el encuentro se desarrolla desde las 18 en el despacho presidencial del primer piso de la Casa de Gobierno