La Justicia de la provincia de Córdoba investiga un presunto esquema de recetas médicas irregulares dentro de la obra social estatal, en una causa que en las últimas horas sumó detenciones de profesionales vinculados al sistema de salud.

Según surge del expediente, los investigadores intentan determinar si existió una estructura organizada para emitir prescripciones en volúmenes inusuales, lo que habría generado un desvío millonario de recursos públicos destinados a la cobertura de medicamentos.

En el marco de la investigación, se realizaron allanamientos, secuestro de documentación y análisis de historiales de recetas, con el objetivo de reconstruir el circuito de prescripción y detectar posibles irregularidades.

El peso de las recetas en el gasto sanitario

El foco de la causa pone en evidencia un punto clave del sistema: la prescripción médica es uno de los principales motores del gasto en las obras sociales, especialmente en tratamientos de alto costo.

En distintas jurisdicciones del país ya se han detectado situaciones donde un grupo reducido de profesionales concentra un porcentaje significativo del consumo de medicamentos, lo que enciende alertas sobre la necesidad de controles más estrictos.

En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, se registraron antecedentes de este tipo. Si bien no derivaron en causas penales, sí motivaron revisiones internas al detectar niveles elevados de prescripción concentrados en pocos médicos.

Un sistema bajo presión

El caso cordobés se inscribe en un contexto más amplio: el crecimiento sostenido del gasto en medicamentos en todo el país. Factores como la incorporación de nuevas terapias, la inflación y el aumento de la demanda sanitaria generan una presión constante sobre los presupuestos.

En ese escenario, la transparencia en la prescripción y la trazabilidad de los medicamentos se vuelven herramientas centrales para evitar abusos o desvíos.

Diferencias en los controles

A diferencia de lo que hoy investiga la Justicia en Córdoba, el sistema de la obra social santafesina incorporó en los últimos años mecanismos de control como la receta electrónica, el seguimiento digital de medicamentos y la portabilidad de las prescripciones por parte del paciente.

Estas herramientas permiten mejorar la supervisión del circuito y reducir los márgenes para posibles irregularidades.

Además, desde el punto de vista del gasto, se advierte una diferencia significativa entre modelos: Córdoba llega a destinar hasta tres veces más recursos en medicamentos que Santa Fe, un dato que reabre el debate sobre la eficiencia en la gestión del sistema de salud.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas judiciales en una causa que podría tener impacto político, sanitario y económico en la provincia.

Un alto jefe policial de la provincia de Santa Fe fue detenido este lunes por una causa que investiga una presunta defraudación con fondos públicos destinados a la carga de combustible de patrulleros, en un hecho que replica, en menor escala, la maniobra descubierta meses atrás en la ciudad de Rosario.

Se trata de un comisario de la Guardia Rural Los Pumas, identificado con las iniciales P. M., quien se desempeñaba como responsable de la fuerza en el departamento Belgrano, con asiento en la ciudad de Las Rosas. La detención fue concretada por personal de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe, por orden de la Fiscalía de Cañada de Gómez, a cargo del fiscal Franco Miatello.

El arresto se produjo durante la mañana en el domicilio particular del funcionario, ubicado sobre calle Sáenz Peña, en la localidad de San Genaro Norte. En el marco del operativo, los investigadores secuestraron dos tarjetas Visa Flota destinadas a la carga de combustible oficial, además de teléfonos celulares y documentación, que quedaron bajo análisis pericial.

De manera paralela, Asuntos Internos realizó procedimientos en dos estaciones de servicio de la ciudad de Las Rosas, situadas en Sarmiento al 800 y Francisco Diez al 500, donde se incautó documentación vinculada a la operatoria de carga de combustible para los móviles policiales.

La investigación se inició a partir de inconsistencias detectadas en los registros contables vinculados al consumo de combustible de la fuerza. A partir de esos indicios, la Fiscalía solicitó la detención del comisario, quien ahora enfrenta acusaciones por los delitos de peculado de caudales públicos, defraudación agravada en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica, todos en concurso real.

El funcionario quedó a disposición de la Justicia y deberá comparecer este martes en una audiencia imputativa en los Tribunales de Cañada de Gómez, donde el Ministerio Público de la Acusación expondrá formalmente los cargos.

La maniobra investigada guarda similitudes con el escándalo de corrupción detectado en la Unidad Regional II de Rosario, donde se comprobó el desvío millonario de fondos provinciales destinados al combustible de patrulleros. Por ese expediente, que involucra una operatoria conjunta con una estación de servicio del sudoeste rosarino, ya fueron imputadas y detenidas 14 personas, entre ellas ex altos mandos policiales.

En aquella causa, el fiscal provincial José Luis Caterina explicó que se utilizaban dos mecanismos principales: sobrefacturación del combustible efectivamente cargado y “cargas fantasmas”, que figuraban en los registros pero nunca se realizaban. Según la investigación, el perjuicio para el Estado provincial alcanzaba al menos 45 millones de pesos mensuales.

La Fiscalía continúa analizando las pruebas recolectadas en el caso de Las Rosas y no descarta que surjan nuevas imputaciones si se detecta la participación de otros actores en el circuito de desvío de fondos públicos.

Este miércoles, Walter Adán Sola, ex presidente comunal de Villa Saralegui, y su hijo Nicolás Sola Capriotti, quedaron en libertad tras ser imputados por los delitos de administración fraudulenta, defraudación a la administración pública y malversación de caudales públicos, en perjuicio de la comuna del departamento San Cristóbal.

La causa es llevada adelante por la fiscal Bárbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien estima que el desfalco supera los 126 millones de pesos entre 2020 y abril de 2024. Según la investigación, se libraron más de 100 cheques sin respaldo ni justificación, muchos de ellos al portador, lo que impide identificar a los beneficiarios y favoreció un presunto lucro indebido.

La audiencia imputativa se desarrolló en los Tribunales de Santa Fe con la presencia de los imputados, sus defensores Agustín Márquez y Romeo Díaz Duarte, y la jueza Cecilia Labanca, quien resolvió conceder la excarcelación bajo medidas alternativas. Entre las restricciones impuestas, los Sola deberán:

Durante la audiencia, el actual presidente comunal Jorge Daniel Piriz, que asumió tras la intervención de la comuna el 3 de abril de 2024, declaró como víctima. Aseguró que se encontró con “una comuna desatendida y con cuentas vacías”, lo que impedía dar respuestas básicas a la comunidad.

Piriz estuvo acompañado por el abogado Néstor Oroño, quien actúa como querellante en la causa.

Según explicó la fiscal Ilera, el perjuicio incluye:

La fiscal también advirtió que se abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, en base a propiedades y boletos de compra-venta detectados en San Justo y Saladero Cabal.

La causa se tramita ante la Justicia Federal, ya que involucra delitos contra la administración pública. Los allanamientos realizados la semana pasada, ordenados por el MPA, permitieron secuestrar celulares y un cuaderno con anotaciones, que serán peritados como posibles pruebas claves en el proceso.

Una grave situación sacudió a la Comuna de Bella Italia esta semana: fueron hackeadas varias cuentas bancarias de la administración local, desde las cuales se realizaron transferencias millonarias sin autorización. Según explicó el presidente comunal Héctor Perotti, el monto sustraído ronda los 120 millones de pesos.

“El día martes a última hora, el personal se encontraba empezando una transferencia de muy poca plata. En cierto momento, momento se tildó la computadora, la pusieron a reiniciar y, minutos más tarde, nos notificaron del banco que teníamos bloqueado todas las claves, todo el sistema de la comuna, porque nos habían hackeado las cuentas y nos habían hecho algunas transferencias”, contó Perotti en diálogo con RADIO RAFAELA.

En ese primer momento, pensaron que se trataba de un error, pero al avanzar las horas descubrieron la magnitud del ataque. “Nos dimos cuenta que nos habían vaciado de tres a cuatro cuentas corrientes. Fueron cinco transferencias de 20 millones y después algunas transferencias más chicas”, detalló.

Perotti indicó que actualmente se encuentra trabajando el área de sistemas del banco y la Policía de Investigaciones (PDI), y que ya entregaron los reportes correspondientes a la comisaría local. Inicialmente se habló de movimientos hacia billeteras virtuales, pero los datos indicarían que las transferencias se realizaron dentro de la misma entidad bancaria.

“La institución bancaria está trabajando, aunque no tenemos la respuesta que nosotros consideramos que deberíamos tener. Nosotros sostenemos que hoy la plata debería estar en las cuentas tal cual estaba y el banco llevar adelante todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer eso”, sostuvo el presidente comunal. 

También reclamó la falta de alertas a tiempo por parte de la entidad. “Lo que más enoja es que las alarmas se dieron después de que se vaciaron todas las cuentas. Una comuna nunca puede estar haciendo transferencias de semejantes cantidades sin habilitarlas, sin autorizarlas”, explicó. Sin embargo, no recibieron ningún aviso. 

Si bien los sueldos del personal ya habían sido abonados, la situación golpea directamente la operatividad diaria. “Nosotros seguimos haciendo veredas, seguimos haciendo pavimento y los viernes hay que pagar. Hoy lamentablemente nadie va a cobrar”, lamentó Perotti.

Finalmente, aseguró que hicieron público el caso por respeto a la comunidad. “Tomamos la decisión de hacerlo público porque la estafa fue a la comuna, pero en realidad es a toda la comunidad”.

La Comuna de Bella Italia fue víctima de una grave defraudación económica luego de que sus cuentas bancarias oficiales fueran hackeadas. Según informó oficialmente la institución, el hecho derivó en el robo de una suma cercana a los 120 millones de pesos, lo que generó un fuerte impacto institucional y administrativo.

Tras detectar la maniobra, se realizaron de forma inmediata las denuncias correspondientes, tanto ante las autoridades policiales como ante la entidad bancaria involucrada, que ya se encuentran trabajando para esclarecer el hecho, identificar a los responsables y recuperar el dinero sustraído.

Desde la Comuna se indicó que se está colaborando plenamente con la investigación, aportando toda la información disponible para facilitar el avance del proceso judicial.

En un breve comunicado difundido en las últimas horas, la gestión comunal aseguró que cualquier novedad relevante será comunicada de manera oficial, a través de los canales institucionales. Por el momento, no trascendieron más detalles sobre la modalidad del ataque ni sobre posibles responsables.

Una mujer fue detenida en Santiago del Estero acusada de utilizar la tarjeta de crédito de su tía fallecida y gastar $7.000.000 en cosas personales.

El insólito caso sucedió en el barrio 2 de Abril cuando los familiares de la mujer fallecida observaron que en el resumen bancario seguían llegando gastos y transacciones de la tarjeta.

Frente a este escenario, presentaron una denuncia y la jueza de Control y Garantías de la Jurisdicción Banda, Roxana Menini, intervino y solicitó una orden de allanamiento.

En la vivienda se secuestraron dos celulares y una moto. Se cree que el rodado y los teléfonos fueron obtenidos con el plástico de su tía.

Acerca de la acusada, fue detenida y quedó imputada por el delito de defraudación.

En el operativo trabajaron en conjunto la División Delitos Económicos y el Ministerio Público Fiscal.

Ahora la investigación se centra en saber qué gastos realizó y si hay terceros involucrados en el accionar.

Fue imputada junto a tres familiares y a su pareja. Éste último era el jefe de reventas de la empresa.

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La tesorera de la concesionaria Coinauto, cuya gerencial general está a cargo de Pablo Macua, quedó en prisión preventiva este jueves, luego de que la empresa denunciara la defraudación de más de 130 millones de pesos.

Paula Belén Charles Bassi (33) fue imputada este jueves por la fiscal María Laura Martí, quien le atribuyó haber sido jefa de una asociación ilícita que funcionó entre agosto y octubre de este año. Juan Pablo Frabotta (40), pareja de la tesorera y jefe de reventas de Coinauto, también fue señalado como jefe.

La pareja también fue imputada como coautora del delito de “hurto” reiterado en 66 oportunidades, por la sustracción de dinero de la caja de la firma, a la cual Bassi Charles tenía acceso.

En tanto, a Graciela Charles, Miguel Ángel Troncoso y Matías Gastón Troncoso -madre, padrastro y hermano de la tesorera- se les endilgó haber participado de la banda criminal.

El caso salió a la luz la semana pasada cuando desde la gerencia de la empresa denunciaron la faltante de 137 millones de pesos. La policía se apersonó en la concesionaria ubicada en avenida López y Planes e Iturraspe y aprehendió a la tesorera, tras haber secuestrado más de 3 millones de pesos en efectivo de su cartera y su automóvil.

Modus operandi

La audiencia realizada este jueves estuvo a cargo del juez penal José Luis García Troiano y se extendió hasta el mediodía. Primero habló Pablo Macua, Gerente General de la firma, quien declaró a puertas cerradas.

Luego, durante casi una hora, la fiscal Martí describió el modus operandi de la banda y las evidencias recolectadas que apoyan dicha teoría. Tambien señaló que creen que más personas participaron de los ilícitos, pero aún no han sido identificadas.

Según la atribución delictiva, Bassi Charles se hizo con 137 millones de pesos en efectivo, los cuales sustrajo de la caja recaudadora de Coinauto. El dinero fue destinado a adquirir bienes de lujo, materiales de construcción, insumos para el hogar y vehículos de costo alto y regular.

Frabotta, en su rol de Jefe de reventas de la firma, se encargaba de consignar a concesionarias más chicas diversos vehículos para la venta. Por esto “conocía con exactitud las maniobras” que debían realizar para adquirir vehículos con el dinero que hurtaba su pareja.

Charles y los Troncoso -padre e hijo- se beneficiaron con la adquisición o uso de vehículos. La mujer y el joven fueron detenidos durante una allanamiento en la casa de Bassi Charles, en Pedro Ferré al 3300, cuando los encontraron “sustrayendo documental de relevancia, con el fin de obstaculizar la actividad jurisdiccional”.

Presos

La tesorera y su madre fueron representadas por los abogados Mauricio Frois y Pablo Lombardi, los Troncoso contaron con la asistencia de los Dres. Alberto Crucci y Jairo Santillán, y Frabotta fue defendido por el penalista Ignacio Alfonso Garrone.

Por acuerdo de partes, tanto Bassi Charles como Matías Troncoso aceptaron quedar tras las rejas mientras la investigación avanza. Charles y Troncoso padre recuperaron su libertad bajo una caución de 20 millones de pesos, y deberán cumplir una serie de medidas cautelares.

La fiscal solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva de Frabotta, la cual será discutida por el defensor Alfonso Garrone. La audiencia se realizará el viernes en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

Posibles involucrados

Dos personas vinculadas a los detenidos se acercaron a tribunales para presenciar la audiencia, y fueron aprehendidas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI). Fueron trasladadas hasta una dependencia policial e identificadas en el marco de la investigación.

Fuente: El Litoral