La Municipalidad de Rafaela lanzó "Denunciá", una campaña de concientización ciudadana que tiene como objetivo promover la realización de denuncias y visibilizar la cifra real de delitos en la ciudad. La iniciativa busca que más vecinos se animen a reportar situaciones, permitiendo contar con información más precisa para planificar y optimizar las políticas de seguridad.

En ese marco, se habilitó una plataforma digital que permite realizar denuncias de manera simple y rápida desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El sistema se encuentra disponible en https://denuncia.rafaela.gob.ar/Inicio, donde los ciudadanos pueden completar un formulario con los datos del hecho que desean informar.

Desde el municipio destacaron que la herramienta apunta a fortalecer la participación ciudadana y mejorar la calidad de la información disponible, ya que muchas situaciones no llegan a registrarse formalmente. Contar con datos más completos permite analizar mejor la realidad de la ciudad y gestionar de manera más eficiente los recursos destinados a la prevención y la seguridad.

La campaña busca instalar la importancia de denunciar como un acto de compromiso con la comunidad, entendiendo que cada información aportada contribuye a construir un diagnóstico más claro de lo que ocurre en Rafaela y a diseñar respuestas más efectivas por parte del Estado.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe actualizó los montos de las sanciones por delitos contra la fauna, que ahora alcanzan valores significativamente más altos. A través de la Resolución 36/2026 del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la multa máxima pasó de apenas $15.000 en 2013 a casi $3.500.000 en la actualidad.

La medida busca reforzar el control frente a un fenómeno que no cede: el tráfico ilegal de animales y las infracciones vinculadas a la caza.

Según los datos oficiales, los montos permanecieron sin actualización durante más de una década por cuestiones administrativas. Recién en 2024 comenzaron a ajustarse, y en 2026 alcanzaron nuevos valores.

En ese marco, la multa mínima pasó de $188 en 2023 a más de $41.000, mientras que la máxima escaló hasta los $3.456.434,8.

Además, el sistema de actualización cambió: ya no depende de decretos del Ejecutivo, sino de resoluciones ministeriales basadas en indicadores del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC).

El endurecimiento de las sanciones se da en paralelo a un incremento en los delitos contra la fauna. En lo que va de 2026, ya se incautaron 552 animales provenientes del tráfico ilegal, una cifra cercana a los 677 decomisados durante todo 2025.

Entre las especies más afectadas se destacan los loros habladores y las tortugas, frecuentemente trasladados en condiciones precarias, donde solo un 10% logra sobrevivir.

Desde el Ministerio de Ambiente indicaron que las faltas más comunes incluyen:

No obstante, las sanciones más severas corresponden al tráfico ilegal de fauna, que puede derivar también en causas penales.

Los animales decomisados son trasladados al Centro de Rescate La Esmeralda, donde atraviesan procesos de evaluación sanitaria y de comportamiento antes de ser reinsertados en su hábitat natural, cuando es posible.

Las autoridades destacaron que las multas también cumplen una función clave: financiar estos procesos de recuperación y conservación.

El director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, brindó una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de un operativo que incluyó una decena de allanamientos realizados este miércoles en domicilios los barrios Transporte y Los Ángeles de la ciudad de Santa Fe, en los que se detuvo a cuatro personas y se secuestraron armas de fuego y estupefacientes.

Durante la rueda de prensa, realizada en la sede ministerial y acompañado por la jefa de Distrito de la Policía de Investigaciones (PDI), Lilia Britos, el funcionario explicó que la investigación está vinculada a delitos contra la seguridad pública, tenencia ilegítima de armas de fuego de uso civil y robos calificados reiterados ocurridos en distintas localidades de la provincia, y que todas estas causas están relacionadas.

“El resultado de los allanamientos es altamente positivo, con el secuestro de material que va a servir para la continuidad de la investigación”, aseguró Galfrascoli, quien mencionó que se trata de “una investigación compleja” en la que vieron involucradas las “las unidades fiscales de Rosario, Esperanza y Santa Fe (del Ministerio Público de la Acusación -MPA-), y cuatro equipos de la Policía de Investigaciones” (PDI).

En ese sentido, indicó que “las causas están relacionadas con hechos ocurridos en Laguna Paiva, Esperanza, Santa Fe y Rosario”, y recordó que días atrás hubo otros procedimientos que, a su vez, “dieron lugar a estos allanamientos que tienen que ver con una investigación realizada de antemano por nuestra policía, y que se fue concatenando con otras investigaciones que las unidades policiales de PDI de distintos lugares estaban llevando adelante”. Asimismo, hizo mención a que los allanamientos realizados en Santa Fe “implican presuntivamente que el eje territorial de esta organización ilícita” se encuentra en la capital provincial.

Finalmente, Galfrascoli destacó que con estos procedimientos “hemos sacado de circulación de la ciudad de Santa Fe una cantidad importante de armas de fuego, material estupefaciente, y también lo relacionado con el juego ilegal ligado a los animales de riña, que genera un importante movimiento clandestino de dinero y violencia”, en tanto que hay cuatro personas detenidas “que ya están a disposición de la Justicia”.

Armas y drogas

La investigación dio inicio el 21 de enero pasado cuando, a partir de una iniciativa de oficio de la PDI, se detectó a una persona que se exhibía en redes sociales portando distintas armas de fuego y grandes sumas de dinero. Se lo identificó, se obtuvieron registros de las publicaciones en redes sociales, y se pudo conocer que esta persona junto a otros estaba involucrado en reiterados hechos de robo en Rosario y Esperanza, por lo que la investigación se fue concatenando con otras que ya estaban en marcha.

Estas tareas permitieron ubicar el domicilio del imputado así como su dinámica de desplazamiento y otros lugares de permanencia y ocultamiento de los elementos de interés para investigación.

Durante los allanamientos se secuestró vestimenta utilizada en los robos cometidos en Esperanza; varios gallos de riña; 152 gramos de cocaína; una caja fuerte; una balanza electrónica con vestigios de cocaína; varios teléfonos celulares; un revólver calibre 22; seis cartuchos del mismo calibre; dos escopetas calibre 12/70; y varios cartuchos calibre 12/70 y AT.

También se halló documentación en formato papel, motocicletas, elementos de uso en motociclismo y prendas de vestir; en tanto que en uno de los allanamientos, efectuado en una propiedad ubicada en calle Europa al 8300, se encontraron dos granadas (lo que motivó la presencia de la Brigada de Explosivos), un pistola 9 mm, una carabina, y varios cartuchos de diferentes calibres.

Cuatro ciudadanos chilenos fueron deportados este viernes tras haber recibido condenas a prisión por cometer múltiples delitos en el territorio argentino. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los implicados integraban una organización criminal dedicada a asaltos a mano armada y robos calificados y agravados por haberse cometido en poblado y en banda.

Los condenados se encontraban alojados en distintas alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ello, personal de la Policía Federal Argentina, a través de la Comisión de Asuntos Migratorios y con apoyo de la DFI, llevó adelante los traslados correspondientes.

En el marco del procedimiento, los detenidos fueron derivados al Consulado de Chile para completar los trámites administrativos y, posteriormente, trasladados al Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí, partieron en un vuelo con destino a la ciudad de Santiago de Chile bajo estricta custodia policial.

En la causa intervinieron el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 y la Dirección Nacional de Migraciones, que dispusieron las medidas necesarias para concretar la expulsión del país de los condenados.

La provincia de Santa Fe se prepara para realizar la mayor subasta de bienes decomisados al delito desde la creación de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD). El evento se realizará el próximo 18 de septiembre en la Estación Belgrano de Santa Fe capital, con la particularidad de que se subastarán 159 lotes en un solo acto, superando ampliamente los 180 rematados en las tres subastas anteriores combinadas.

“Es la más grande de la historia desde que creamos la APRAD”, aseguró Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales.

Entre los bienes disponibles hay electrodomésticos nuevos, celulares en caja, lavarropas, hornos, joyas de oro, vehículos y hasta propiedades, incluyendo una casa ubicada en Funes valuada en 50 millones de pesos.

“Los lotes van desde los 25 mil pesos hasta propiedades. Todos los bienes fueron secuestrados en causas judiciales, incluso algunos vinculados a bandas criminales”, precisó el funcionario.

La inscripción para participar ya está abierta y se extenderá hasta el 9 de septiembre. Los interesados deben registrarse previamente en el sitio oficial: santafe.gob.ar/subasta, donde también pueden consultar el catálogo completo con los precios base.

“Cruzamos datos de los inscriptos para garantizar que nadie vinculado a organizaciones criminales participe del remate”, aclaró Figueroa Escauriza.

Uno de los aspectos clave de esta política es brindar seguridad a quienes adquieran los bienes. En el caso de los vehículos, se les asigna un nuevo dominio y chapa patente, lo que los desvincula totalmente del historial delictivo.

“En términos registrales es como si nacieran de cero”, explicó.

En cuanto a las propiedades, se genera una nueva matrícula registral en el Registro de la Propiedad Inmueble que solo incluye al comprador, bloqueando la información sobre los antiguos dueños.

La estrategia de la APRAD se basa en tres pilares fundamentales:

1.  Autofinanciamiento del sistema:

“Todo lo que hacemos, desde las subastas hasta la logística de retiros y alquiler de galpones, se financia con el dinero obtenido de los bienes incautados”, detalló Figueroa Escauriza.

2. Resarcimiento a las víctimas:

“La semana pasada, en una causa por estafa en Rosario, logramos resarcir a 84 víctimas con lo que recaudamos de los bienes incautados”, celebró.

3. Políticas sociales:Los recursos también se destinan a donaciones a escuelas y programas sociales, como entrega de kits escolares, guardapolvos, ventiladores, pizarrones y elementos deportivos.

“Antes todo esto lo pagaba la provincia; hoy lo pagan los delincuentes con lo que les quitamos”, concluyó.

El Fiscal Regional Carlos María Vottero recibió el miércoles por la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Fiscalía Regional 5 a la Directora de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, Eva Cainelli, quien estuvo acompañada por el Jefe de la Unidad Operativa Región 2, Javier Cecotti.

En el encuentro participaron también el Secretario Regional Mario Miretti; la Jefa y Subjefa de la PDI de Tostado, Mariel Navarro y Gisel Páez; el Jefe de Microtráfico, Juan Cejas, y el numerario Gustavo Moreno.

Vottero destacó que la reunión permitió afianzar y articular procesos de trabajo entre la PDI y los fiscales del MPA, con un enfoque en hechos de microtráfico, robos y hurtos de vehículos, delitos contra la propiedad y hechos de violencia cometidos con armas.

“Fue una reunión de trabajo muy positiva en la que realizamos un exhaustivo análisis de los casos de microtráfico en el departamento, donde venimos llevando adelante numerosos operativos para combatirlos”, señaló el Fiscal Regional.

En los últimos días se registraron estos sucesos delictivos que tienen preocupada a la población local.

El primero de ellos trata de un hombre que fue violentamente agredido, en su domicilio de la calle Carlos Gardel al 500, cuando dos individuos ingresaron forzando una abertura mientras la víctima dormía. 

Los atacantes le propinaron golpes en el rostro y sustrajeron varios efectos personales, incluyendo su teléfono celular y una considerable suma de dinero en efectivo.

En otro incidente, un joven robó 3.250 dólares a un comercio ubicado en calle Gaboto al 400, en el barrio Central Córdoba, donde opera una compra y venta de vehículos usados.

Ambos hechos fueron denunciados ante las autoridades, pero la comunidad manifiesta preocupación por la falta de respuestas efectivas en la prevención y esclarecimiento de estos delitos.

El diputado nacional por Santa Fe presentó un proyecto para penar con mayor severidad los delitos ambientales en el Código Penal, a fin de brindarle al Poder Judicial y al Ministerio Público más herramientas para luchar contra las quemas en el Delta. “La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”, argumentó.

El diputado nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó un proyecto para modificar el Código Penal, en su artículo 186 bis, e incorporar penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen incendios en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente, con el objetivo de fortalecer la lucha contra los incendios en el Delta del Paraná y, también, brindar más herramientas al Poder Judicial.

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“Sin dudas, la tipificación de este tipo de delitos es una asignatura pendiente en materia penal. Hasta hace no mucho tiempo atrás, la relación con el medio ambiente o la naturaleza se veía desde la perspectiva del derecho de la propiedad. Pero, en el marco de delitos contra la seguridad pública, debemos modernizar la normativa”, remarcó el legislador.

“Las quemas en las islas del delta del Paraná están provocando una situación acuciante en todas las localidades aledañas. La provocación de incendios en ambientes cada vez más secos implican riesgos que ni la población ni la fauna deben soportar”, señaló Mirabella. “Los humedales son un bien jurídico que debemos proteger tanto por las leyes ambientales como por leyes penales”, .[Roberto Mirabella]

Hasta el momento, el Código sólo contemplaba sanciones por incendios, y en el proyecto del rafaelino se incorporan penas explícitas de hasta seis años de prisión para quienes generen quemas en bosques nativos o pastizales naturales que causen daño al medio ambiente. Asimismo, el artículo 186 ter también propone sanciones a quienes dañen, drenen o rellenen humedales, lagunas, esteros, cenagales o pantanos; o modifiquen, alteren o eliminen cursos o espejos hídricos, entre otros.

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“Como sabemos, el disfrute y el ejercicio de gran cantidad de derechos humanos básicos, como el derecho a la salud, están profundamente vinculados a la protección del medio ambiente. Por eso, el acceso a un medio ambiente saludable es considerado un derecho humano autónomo por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó el diputado.