"Los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes", planteó la Cancillería.

Argentina exhortó al fiscal de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares el dictado de órdenes de detención contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros "cabecillas" del régimen de ese país.

Así lo hizo la Cancillería, que consideró que "la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención".

Orden de detención contra Maduro y otros cabecillas del régimen venezolano: exhortación al Fiscal de la Corte Penal Internacional

Ante el agravamiento de la situación en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 28 de julio pasado y la comisión de nuevos hechos que… pic.twitter.com/UbVnUgCbda

La acción del Gobierno argentino se da luego de pedir semanas atrás, y en comunión con países de la región, Centroamérica, África y Europa, el cese de la represión a la ciudadanos venezolanos que se desató luego de que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara a Maduro la victoria con poco más del 51,2% frente al 44,2% de su principal rival, Edmundo González Urrutia, por quien pesa una orden de captura desde el lunes pasado.

Contrariamente al resultado, las actas de fiscales de la oposición daban parciales de 70 a 30 a favor de González Urrutia, por lo que apenas se conoció el resultado del CNE se inició una movilización y una campaña de denuncia masiva en Venezuela y en amplios sectores de la comunidad internacional.

Archivo: REUTERS / Amanda Perobelli. Imagen: 2/2

El ministerio de Relaciones Exteriores argentino, que conduce Diana Mondino, también repudió la orden de detención que dictó el chavismo contra González Urrutia, en clara sintonía con la oposición de ese país que lidera la dirigente María Corina Machado.

"La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas", remarca el texto.

Una treintena de exlíderes iberoamericanos piden la “detención inmediata” de Maduro

La orden de aprehensión contra ex presidencialista venezolano es por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas.

La Cámara Federal de Casación Penal, además, determinó que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad. También rebajó la condena al ex juez Galeano.

La Cámara Federal de Casación Penal afirmó que los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel y la AMIA fueron responsabilidad de la organización fundamentalista islámica Hezbollah, patrocinada por el gobierno de Irán.

El fallo declaró, además, que ambos episodios deben ser considerados como delitos de lesa humanidad, lo que implica que las investigaciones no prescriben pese al paso del tiempo y la carencia de resultados judiciales.

La decisión del máximo tribunal penal causó irritación entre los familiares de las víctimas, no ya por su contenido sino porque se enteraron por los medios de comunicación, ya que aún no fueron notificados en el expediente digital.

Los jueces Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Diego Barroetaveña determinaron que ambos atentados fueron planificados desde Irán y ejecutados por Hezbollah, organización a la que definieron como un virtual brazo armado para acciones terroristas.

Los jueces ratificaron el carácter de lesa humanidad, que en el caso de la AMIA ya había sido declarado por el juez Rodolfo Canicoba Corral hace casi dos décadas.

Milei viaja a Miami a recibir una condecoración de la comunidad judía

El tribunal rebajó, por otra parte, la condena contra el ex juez Juan José Galeano, quien pasó de seis a cuatro años de cárcel por el presunto pago ilegal al desarmador de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente a policías bonaerenses en el atentado contra la mutual judía.

A los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia les mantuvo los dos años de prisión, y a Telleldín lo absolvió al no poder certificar que hubiera tenido participación directa o indirecta en el ataque.

También fue absuelta Ana María Boragni, ex mujer de Telleldín, quien durante una audiencia reciente dijo al tribunal que cuando se pactó un pago ilegal de 400 mil dólares a su ex pareja estaba presente el entonces ministro del Interior, Carlos Corach.

Entre los absueltos también aparece el ex titular de la DAIA Rubén Beraja.

Además, desvinculó al ex juez Galeano del encubrimiento de la denominada “pista siria” y por extensión hizo llegar el alcance de esa decisión al difunto ex presidente Carlos Menem.

La resolución exhorta al Estado argentino a formular un reclamo formal en tribunales internacionales contra la República Islámica de Irán.

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo le pidió a la Corte Suprema que convoque a audiencias públicas, tal como suele hacerlo en temas de alto impacto social, para definir sobre la continuidad o no de las causas por las torturas a los soldados que combatieron en la guerra de las Islas Malvinas.

“Presentamos un pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para requerir la convocatoria a audiencias públicas en la causa que investiga las torturas que sufrieron los ex combatientes”, explicó Abuelas mediante un comunicado.

En ese contexto, la organización se presentó como “Amicus Curiae” (amigos del tribunal, terceros que no son parte pero que pueden aportar elementos para un fallo) “para poder expresar” su opinión sobre el debate en torno a los hechos.

Lo hicieron fundamentando el pedido en “la experiencia recolectada a lo largo del proceso de juzgamiento de los crímenes de la dictadura”.

“A 41 años de comenzado y finalizado el conflicto bélico del Atlántico Sur, más de un centenar de víctimas, exsoldados conscriptos combatientes de Malvinas aguardan una respuesta efectiva por parte del Poder Judicial de la Nación, respecto de la práctica de torturas a las que han sido sometidos merced al obrar de las Fuerzas Armadas Argentinas”.[Ingrese autor (opcional)]

“Siendo Abuelas una asociación compuesta por víctimas y familiares creemos ser idóneos para aportar lineamientos que echen luz sobre determinados aspectos del caso judicial”, añade el texto.

La Corte debe pronunciarse sobre si las torturas que sufrieron ex combatientes por parte de sus jefes militares durante la guerra son o no delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, si resultan imprescriptibles o por el paso del tiempo ya se extinguió la acción penal.

LEÉ: Emotiva vigila por el 2 de abril en el centro de Ex Combatientes de Malvinas

La Justicia de primera instancia y la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia habían considerado que las torturas aplicadas por los mandos militares a los soldados debían ser consideradas delitos de lesa humanidad y, por consiguiente, imprescriptibles.

Pero la Cámara Federal de Casación Penal revirtió ese criterio y cerró la causa, lo que fue apelado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El procurador general interino Eduardo Casal recomendó a la Corte dejar sin efecto el fallo de Casación que, sobre la base de un fallo de 2009, consideró que las torturas no fueron delitos de lesa humanidad “sin expedirse sobre todos los planteos que resultaban conducentes para la solución del caso”.

Abuelas recordó que en el expediente hay 95 militares denunciados que han conseguido hasta ahora eludir la acción de la Justicia.

Abuelas recordó que en el expediente hay 95 militares denunciados que han conseguido hasta ahora eludir la acción de la Justicia.[Ingrese autor (opcional)]

“Esta causa detenta un importante valor en términos del derecho a la verdad, tanto para las víctimas como para el pueblo argentino”, resumió la organización.