El operativo se realizó en la zona de la Rambla, junto a Playa Popular, donde funcionaba la feria conocida como “La Saladita de la Bristol”. La intervención fue ordenada por la Justicia Federal en una causa vinculada a una presunta violación de la Ley de Marcas, que protege nombres, logos y otros signos distintivos de productos y servicios.

Durante la primera etapa del procedimiento, los efectivos recorrieron los puestos, retiraron mercadería presuntamente en infracción, la embolsaron para su secuestro y labraron actas. Según las primeras crónicas, el allanamiento alcanzó a unos 70 puestos, mientras que los abogados de los feriantes señalaron que detrás de esa actividad había al menos 200 familias afectadas.

Con el correr de las horas, el procedimiento escaló. Ya durante la madrugada, topadoras y personal municipal avanzaron sobre la estructura de la feria y desmontaron el predio. Medios locales reportaron que la remoción terminó alcanzando más de 170 estructuras, en un despliegue coordinado con camiones y maquinaria pesada.

El operativo combinó fuerzas y áreas de distintos niveles del Estado. Punto Noticias informó que participaron más de 100 efectivos de Prefectura Naval, más de 150 policías bonaerenses y casi 100 agentes municipales de Seguridad, EMSUR, EMVIAL, Inspección General y SAME.

En paralelo, la investigación también incluyó allanamientos en la casa de un representante gremial y en la sede de un sindicato, según reportaron TN y 0223. Desde la representación legal de los feriantes denunciaron posibles vulneraciones durante el procedimiento y anticiparon presentaciones judiciales para reclamar por la mercadería secuestrada.

En el plano político, el exintendente y senador Guillermo Montenegro celebró el avance del operativo y afirmó que la denuncia penal había sido impulsada por su gestión. Desde el municipio, Agustín Neme sostuvo que la medida permitió “recuperar” un espacio público ocupado de manera ilegal desde hacía años y lo presentó como el cierre de una “deuda histórica” en la zona costera.

Del otro lado quedaron los puesteros, que reclamaron la devolución de sus elementos de trabajo y defendieron el origen legal de la mercadería. Tras el desalojo y la demolición, la postal de la Rambla cambió por completo: donde hasta hace horas había puestos, pasillos y compradores, quedaron escombros, limpieza y un espacio vacío sobre la costa marplatense.

La muerte del papa Francisco detuvo el avance del proyecto de demolición del estadio Luna Park impulsado por la productora DF Entertainment, y provocó la apertura de una investigación interna en el Vaticano sobre las decisiones del Arzobispado de Buenos Aires respecto a la concesión del icónico “Palacio de los Deportes”.

La iniciativa de demolición fue aprobada el 6 de enero por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, a pesar de que el Luna Park está declarado como Monumento Histórico Nacional y se encuentra dentro de un Área de Protección Histórica. El proyecto busca construir un nuevo estadio con mayor capacidad y altura, pero requiere la aprobación final de la Santa Sede, ya que los actuales propietarios del predio son el Arzobispado de Buenos Aires y la Institución Salesiana.

“Sin la autorización del Vaticano no se puede firmar el contrato ni iniciar ningún proyecto. Es normativa vaticana”, indicaron fuentes del Arzobispado al diario La Nación, en referencia a la empresa DF Entertainment, propiedad del empresario Diego Finkelstein.

Tras el fallecimiento del Sumo Pontífice, el funcionamiento de los dicasterios del Vaticano —organismos encargados de diversas áreas de gestión eclesiástica— quedó en suspenso, y con ello, la aprobación del proyecto quedó en pausa. “Cada dicasterio está dirigido por un prefecto y todos ellos también renunciaron a la espera de un nuevo Papa. Por lo tanto, todo está parado”, confirmaron desde el Arzobispado.

Además, se supo que antes del deceso del pontífice, la Santa Sede ya había iniciado una auditoría legal a través de un estudio jurídico de Roma para investigar por qué el Arzobispado eligió una propuesta que, según fuentes eclesiásticas, infringe artículos de la Constitución de la Ciudad, la Ley 1777 y el Código de Edificación, los cuales resguardan el patrimonio cultural porteño.

El expediente para la demolición se encuentra actualmente bajo análisis del Gobierno de la Ciudad y en stand by, a la espera de un nuevo Papa, la reorganización interna del Vaticano y la conclusión de la investigación en curso.

El acuerdo de concesión del Luna Park fue aprobado en octubre pasado por Stadium Luna Park S.A., empresa compuesta en partes iguales por el Arzobispado y los Salesianos, que decidió ceder la explotación del estadio por 20 años —prorrogables por otros 20— a DF Entertainment, que opera en alianza con la multinacional Live Nation. La inversión inicial para la obra se estima en USD 34 millones.

A pesar del carácter patrimonial del estadio, el trámite de aprobación por parte de la Comisión Nacional de Monumentos se resolvió en forma exprés y durante el receso estival. El voto favorable incluyó la participación del representante Juan Vacas, alineado políticamente con el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri.

El Luna Park fue sede de casi 100 espectáculos durante 2023 y en lo que va de 2024, lo que plantea dudas sobre la justificación del proyecto de demolición bajo el argumento de la falta de viabilidad del actual estadio.

La alcaldía de la localidad llevó a cabo la demolición con el objetivo de ponerle fin a los famosos "narcotours".

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Unos 50 funcionarios de la secretaría de Seguridad y Convivencia, Gestión y Control Territorial y la Policía Metropolitana llegaron a la vivienda, ubicada en la Loma del Indio, en El Poblado de Medellín.

"Después de años de litigios y varias sanciones urbanísticas, se verificó la demolición de la construcción irregular que se encontraba en el predio, reconocido como sitio de afluencia turística de los mal llamados narcotours", refirió el subsecretario operativo de la Secretaría de Seguridad, el coronel Omar Rodríguez.

"Cuando llegamos al lugar encontramos que el dueño del predio ya había adelantado estas acciones. Desde el Distrito rechazamos el uso del territorio para aquellas actividades que promuevan el narcoturismo", añadió.

La orden de demolición fue impuesta por la Inspección de Policía 9B debido a que el inmueble tenía una construcción de dos plantas que no contaba con los permisos necesarios para su funcionamiento, edificación y apertura al público.

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La vivienda era propiedad de Roberto Escobar Gaviria, alias “El Osito”, hermano del difunto líder del Cártel de Medellín, apodado "el zar de la cocaína", quien murió en un enfrentamiento policial en un tejado de los bajos fondos de Medellín el 2 de diciembre de 1993, a los 44 años.

El dueño interpuso varias acciones de tutela para evitar la demolición, pero fueron negadas por un juez que le notificó la orden para cumplirla en los términos legales hasta el 30 de junio.

Finalmente, se ejecutó este lunes.

Fuente: EL