Un nuevo capítulo se suma al escándalo por presunto amaño de partidos en el fútbol argentino. Los árbitros Fernando Espinoza y Emanuel Ejarque serán denunciados este lunes en el marco de una investigación judicial que ya involucra a varios protagonistas del ámbito arbitral.

Según trascendió, el impulsor de la presentación será el diputado Facundo Del Gaiso, quien sostiene que ambos jueces habrían recibido transferencias de dinero provenientes de una empresa vinculada a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino.

En la denuncia se menciona a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y estrecho colaborador de Claudio Tapia, como figura central en la operatoria. Los fondos habrían sido canalizados a través de la firma Malte SRL, señalada también por su rol en la implementación del VAR en el fútbol argentino y por operaciones inmobiliarias bajo investigación.

Hay que parar la Mafia de los árbitros.Mañana voy a seguir ampliando la denuncia contra esta Mafia.Voy a denunciar penalmente al árbitro Fernando Espinoza y a Emanuel Ejarque.Y a todos los que recibieron dinero de dirigentes de la AFA para arreglar los partidos .Partidos…

De acuerdo a la acusación, Malte SRL —vinculada a Juan Pablo Beacon, quien actualmente figura como arrepentido en la causa— habría realizado transferencias a Espinoza y Ejarque entre 2020 y 2022. Uno de los hechos detallados indica que Espinoza habría recibido 120.000 pesos en diciembre de 2020. Además, se mencionan supuestas comunicaciones telefónicas posteriores a un partido entre Racing y Arsenal en abril de 2021, donde se haría referencia a decisiones arbitrales y a un presunto nexo con la dirigencia.

En el caso de Ejarque, se investiga el cobro de al menos ocho transferencias entre mayo de 2021 y febrero de 2022, por un total cercano a 362.000 pesos de la época.

La causa ya había sumado en los últimos días a otros nombres del arbitraje, como Luis Lobo Medina —uno de los primeros denunciados—, además de Adrián Franklin, Jorge Sosa y Federico Beligoy.

Otro de los puntos bajo la lupa es el rol de la empresa Malte SRL, que según la denuncia habría recibido alrededor de 500.000 dólares para implementar el sistema de videoarbitraje en la Primera División, además de participar en la compra de una propiedad millonaria en Pilar vinculada a Toviggino.

La investigación continúa en desarrollo y podría escalar con nuevas imputaciones en los próximos días, en un caso que amenaza con impactar de lleno en la credibilidad del arbitraje argentino.

Este lunes, el Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Hospital J. B. Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, realizó una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación para solicitar la investigación de un faltante de 68 ampollas de fentanilo que se encontraban disponibles para uso en la Unidad de Terapia Intensiva del efector ubicado en el norte de la ciudad capital. La medicación faltante no corresponde a la marca involucrada en el reciente caso de contaminación que es de público conocimiento, ya que las mismas fueron retiradas de uso a comienzos de mayo.La denuncia, por la sustracción de estos insumos “podría encuadrarse dentro de los tipos que nuestro Código Penal prevé como Hurto art. 162 del CP y/o los que surjan del proceso aquí instado que tipifiquen conductas reprochables del denunciado”, como indica la presentación realizada en primeras horas de esta tarde. Además, se solicita al MPA “que investigue los hechos con el fin de determinar los responsables y recuperar los bienes de propiedad del Hospital J B Iturraspe, haciendo especial advertencia del peligro que su manipulación representa en la sociedad”.

Al mismo tiempo, las autoridades provinciales iniciaron una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido, teniendo en cuenta que la medicación es de estricto uso en el ámbito hospitalario, con indicación médica para tratamiento de pacientes críticos y cirugías. En este sentido, destacaron la decisión de “llegar hasta las últimas consecuencias, tomando todas las medidas administrativas con quien o quienes hayan sido responsables, y poniendo también todo a disposición de la Justicia para que pueda realizar su trabajo e identificar a los culpables”, se remarcó.

Se da tras denuncia de Lucila Cassiau por “daños, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”. Fue ordenada por el Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora.

El Juzgado de Familia N°6 de Lomas de Zamora dictó una orden de restricción perimetral contra Néstor Ortigoza hacia su ex pareja por una denuncia de violencia de género.

El actual vocal de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, denunció a su ex pareja Lucia Cassiau por violencia familiar en las últimas horas. A su vez, la mujer también lo denunció ante la UFI 3 de Ezeiza por “daños, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”, según le confirmó Dr. Roberto Vázquez .

Tras esto, la Justicia ordenó una restricción perimetral de 300 metros al exfutbolista para circular o permanecer con respecto al domicilio de Cassiau y su hijo Mateo. Además, le prohíben “cualquier tipo de hostigamiento sobre la persona de aquella y respecto de su grupo familiar primario sea en forma personal o por el empleo de los diversos medios de comunicación”. En caso de incumplimiento, intervendrá la justicia penal por “desobediencia”.

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Antecedentes de Ortigoza

Esta no fue la única vez que el ex futbolista paraguayo recibió una denuncia, ya que hace dos años atrás tuvo una condena de dos años y dos meses de prisión condicional por amenazas coactivas al ex empleado de San Lorenzo Mauricio Argañarás. Finalmente, la causa no avanzó porque la jueza Graciela Angriman consideró extinguida la acción penal.

El resultado del allanamiento

En la mañana del martes, la Justicia realizó un allanamiento en la casa de Cassiau, ubicada en un barrio cerrado en Canning, donde, luego de una denuncia realizada por el ex deportista por una presunta violencia hacia los hijos de 12 y 10 años de la pareja, se encontraron armas de fuego y municiones.

Las mismas eran una Pistola Glock 17 calibre 9mm y una pistola Bersa BP9CC color verde calibre 9mm. Además, se retuvieron 84 municiones del mismo calibre y documentación de las armas a nombre de la Sra. Cassiau.

La denuncia y el allanamiento pertinente estuvo a cargo de la UFI n°3 Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, que está a cargo del Comisario Mayor Alfredo Marcelo González.

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