Una decisión judicial inédita en la provincia de Santa Fe dispuso que la cuota alimentaria de un padre sea cobrada a través de la factura del servicio eléctrico. La medida fue ordenada por la jueza de Familia Andrea Brunetti, de los tribunales de Rosario.

El fallo establece que el monto de la cuota será incorporado como un ítem adicional en la boleta de la Empresa Provincial de la Energía, que actuará como agente de retención y depositará el dinero en una cuenta judicial.

La decisión se tomó luego de que el padre incumpliera durante más de dos años con sus obligaciones alimentarias. Durante ese tiempo, la Justicia aplicó distintas sanciones que no lograron revertir la situación.

Entre las medidas previas se incluyeron:

Pese a esas disposiciones, el hombre continuó sin cumplir con el pago correspondiente.

La magistrada sustentó su resolución en el Codigo Civil y Comercial de la Nacion, particularmente en el artículo 553, que habilita a los jueces a adoptar medidas razonables para garantizar el cumplimiento de las sentencias cuando se vulnera un derecho fundamental.

En este caso, la Justicia entendió que estaba en juego el derecho del menor a recibir alimentos, lo que motivó la adopción de una medida más coercitiva.

A partir del fallo, la empresa de energía incluirá el monto de la cuota alimentaria en la boleta del servicio eléctrico.

El esquema prevé que:

La jueza explicó que la eficacia del sistema radica en su carácter coercitivo, ya que el deudor probablemente priorice el pago para evitar el corte del suministro eléctrico.

El caso constituye el primer antecedente de este tipo en la provincia de Santa Fe. No obstante, existen resoluciones similares en otras jurisdicciones del país, como Chaco y Tucuman.

Según explicó la magistrada, se trata de “una respuesta necesaria ante un deudor que se mostró indiferente a otras privaciones”, lo que llevó a intervenir sobre un servicio esencial para garantizar el bienestar del niño.

Dichos correos, según ella, contradicen la versión de Redrado en la causa judicial por la cuota alimentaria de su hija.

La mediática Luciana Salazar hizo públicos en sus redes sociales correos electrónicos que, afirmó, le envió el economista Martín Redrado en 2020, cuando él ya estaba en pareja con su actual esposa, Lulú Sanguinetti. 

Los mensajes, que forman parte del expediente judicial, incluyen una invitación a un encuentro en Estados Unidos, con frases como:

“Hola Luli, ya está reservado el Trump. Me encantaría que comamos la noche de Reyes”. 

Salazar afirmó que estas pruebas contradicen la postura de Redrado, que había sido presentada en una audiencia por la cuota alimentaria de su hija Matilda, la cual terminó sin acuerdo. 

Desde su cuenta, Salazar escribió que los correos demuestran que Redrado le enviaba mensajes incluso mientras estaba en pareja con otra mujer, y cuestionó su postura en el conflicto legal actual. 

En un tuit de enojo, aseguró:

“Pruebas presentadas en el Juzgado Penal donde el supuesto señor extorsionado me mandaba mails cuando ya estábamos separados y él estaba en pareja, engañándola, para que pasemos noches juntos en USA… Todo una locura”. 

Además, Salazar sostuvo que Redrado continuó enviándole mensajes incluso mientras impulsaba denuncias judiciales en su contra, una acusación que describió como “inteligencia emocional” cuestionable. 

Por su parte, Redrado negó las afirmaciones y sostuvo que ha sido objeto de presiones. Según declaraciones que difundió en medios, aseguró que muchas de las cosas dichas en su contra “no son ciertas”. 

Entre otras afirmaciones, Redrado dijo que no es deudor alimentario ni tiene impedimentos para viajar al exterior, y calificó el intercambio con Salazar como un conflicto que debe resolverse en los tribunales, no en redes sociales. 

El economista también enfatizó que vivió “presiones económicas” durante la relación, y que los desacuerdos por dinero deben tratarse con abogados y en sede judicial.

Fuente: R3

La Justicia argentina dictó el embargo de la participación societaria de Mauro Icardi en la empresa Asociación Civil La Isla S.A. por una deuda de 110 mil dólares en concepto de cuota alimentaria. La medida fue solicitada por Wanda Nara, en el marco de un reclamo judicial por los derechos económicos de sus hijas Francesca e Isabella.

El fallo fue firmado el 19 de agosto de 2025 por el juez Adrián Hagopian, del Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires, en el expediente número 88891/2024.

Como consecuencia del embargo, Icardi fue inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, lo cual acarrea severas restricciones legales. Entre ellas, se encuentra la imposibilidad de salir de Turquía, país donde reside y juega actualmente para el Galatasaray.

La inscripción como deudor alimentario y las medidas cautelares impuestas por la Justicia argentina complican la logística familiar. Según especialistas en derecho internacional de familia, la restricción de movilidad del futbolista podría obstaculizar eventuales traslados de sus hijas a otros países. Será el juez quien determine si una eventual mudanza resulta favorable para las menores.

Desde el entorno legal de Wanda Nara destacan que el convenio alcanzado entre las partes está amparado por la Convención de La Haya sobre restitución internacional de menores. Por eso, cualquier incumplimiento puede acarrear consecuencias jurídicas directas, sin necesidad de trasladar la causa a otra jurisdicción.

Wanda Nara expuso la situación en sus redes sociales, expresando su malestar: “Mientras vos incumplís, yo pago todo con mi trabajo. Quizás cuando empieces a cumplir con los derechos de tus hijas, pueda trabajar menos”. La empresaria también habría manifestado que la deuda de Icardi se acumula desde hace meses.

Además del embargo sobre su participación en la empresa, se ordenó el embargo de una propiedad que Icardi posee en la provincia de Buenos Aires. El monto total adeudado asciende a 110 mil dólares, más otros 3.500 dólares en concepto de intereses y costas judiciales.

Fuentes cercanas al caso indican que si el futbolista regresara a la Argentina, no podría salir del país hasta regularizar su situación con la Justicia. Mientras tanto, desde Turquía, Icardi sigue sin emitir declaraciones oficiales.

La disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara no es solo legal sino también mediática. En los últimos meses, ambos protagonizaron cruces públicos a través de redes sociales y declaraciones televisivas que exponen la tensión en su vínculo personal.

La situación no solo afecta la imagen pública del futbolista, sino que también pone en el centro del debate el cumplimiento de las obligaciones parentales por parte de figuras públicas.

El Litoral

Elián Valenzuela, conocido popularmente como L‑Gante, anunció que alcanzó un acuerdo con Tamara Báez por la cuota alimentaria correspondiente a su hija Jamaica. La resolución se concretó sin intermediarios legales, lo que permitió una negociación directa entre las partes.

La madre de la niña aceptó una suma correspondiente al 30 % del monto que había sido solicitado inicialmente. Si bien no se difundió la cifra exacta, en declaraciones previas se había estimado un posible acuerdo en torno a los $6.750.000, aunque ese número no fue confirmado oficialmente por los protagonistas.

La firma del convenio se realizó de manera insólita: en horas de la noche, sobre el capot de un auto, en medio de un evento con presencia de allegados y testigos. El abogado encargado de llevar los papeles arribó al lugar en un vehículo de alta gama y, tras un breve intercambio, se rubricaron los documentos ante la mirada de los presentes.

Juan Pablo Merlo, exabogado de Tamara Báez, cuestionó la legitimidad del acuerdo, al considerar que la influencer habría cedido a la presión emocional ejercida por el cantante. Según su visión, la joven aceptó condiciones desfavorables debido al vínculo personal que aún mantiene con Valenzuela.

L‑Gante desestimó esas versiones y sostuvo que la resolución fue posible precisamente porque se evitó la intervención de personas con intereses ajenos al bienestar familiar. Además, explicó que su inclusión en el registro de deudores alimentarios fue consecuencia de una omisión administrativa y que el tema ya fue resuelto.

Con este entendimiento, se cerró un proceso que había derivado en restricciones legales para el artista, incluyendo la imposibilidad de salir del país. A partir de ahora, el foco parece desplazarse hacia una relación más armoniosa en beneficio de su hija Jamaica.

El enfrentamiento entre L‑Gante y Tamara Báez venía escalando desde hace meses, con acusaciones cruzadas y denuncias mediáticas. Durante el proceso judicial, el cantante fue incluido en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que le impidió viajar al exterior, afectando presentaciones y compromisos profesionales.

La presión mediática y las consecuencias legales aceleraron la necesidad de llegar a un acuerdo definitivo para destrabar la situación.

El conflicto entre L‑Gante y Tamara Báez no solo se resolvía en el ámbito judicial, sino también en los medios y redes sociales, donde ambos protagonizaron cruces, indirectas y declaraciones públicas.

La alta exposición mediática convirtió el caso en un tema de agenda durante semanas, alimentando especulaciones y versiones enfrentadas. Esta sobreexposición habría influido en la decisión de alcanzar una resolución rápida y alejada del escándalo.

El Litoral

En medio del éxito de su álbum Latinaje y su participación en La Voz Argentina, Cazzu decidió viajar a la Ciudad de México para presentar su reciente libro, Perreo, una revolución. A su llegada al aeropuerto, fue abordada por periodistas que le consultaron sobre su carrera, su publicación y la crianza de su hija, Inti, así como su vínculo con Christian Nodal.

Consultada sobre si recibía apoyo económico de Nodal, la artista respondió: “Se podría decir que sí, la verdad no tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”. Ante la pregunta sobre si buscaría resolver la situación legalmente, Cazzu aclaró: “Ahora mismo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar, y por eso puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal, con un sistema de leyes familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino, mientras yo pueda sostener a mi hija lo voy a hacer”.

El viaje de Cazzu también busca reforzar su presencia en el mercado mexicano y acercar a su público el contenido de su libro, consolidando su carrera no solo como cantante sino también como autora. Según el periodista Javier Ceriani, la artista fue recomendada por Belinda para sumarse a La Voz México, tras la negativa de la cantante a retomar el rol de coach.

Cazzu podría integrarse al programa como relevo de Belinda, sumando así experiencia internacional a su trayectoria. En paralelo, la cantante analiza su residencia en México, un trámite que enfrenta dificultades debido a cuestiones migratorias vinculadas a Nodal, quien no habría resuelto el acceso de su hija al pasaporte mexicano.

La trapera argentina continúa su expansión profesional, combinando su rol en realities musicales, presentaciones de su música y la promoción de su libro. Esta visita a México marca un nuevo capítulo en su carrera, reforzando su influencia en la escena de la música urbana latinoamericana y su posicionamiento como referente para jóvenes artistas y madres trabajadoras.

Yanina Varela había reclamado públicamente que el futbolista no paga lo que le corresponde por la cuota alimentaria de su hija.

La expareja de Nicolás Otamendi, Yanina Paola Varela, denunció al futbolista de la Selección Argentina por el presunto incumplimiento de la cuota alimentaria de Morena, la hija que tienen en común. Desde la defensa del campeón del mundo desmienten esta versión y exigieron en la Justicia que se le aplique un bozal legal para preservar la intimidad de la familia.

La discusión entre Otamendi y su expareja lleva años y nunca se llegó a buen puerto entre las partes, por lo que debe ser el polo judicial el que resuelva esta cuestión. La defensa del exfutbolista de Vélez está a cargo del equipo jurídico de Fernando Burlando, el mediático abogado y ahora potencial precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires y quien en el último tiempo representó a los padres de Fernando Báez Sosa, el joven que fue cruelmente asesinado en 2020 en un boliche de Villa Gesell.

Desde la defensa del jugador le aseguraronque Otamendi está al día con sus responsabilidades económicas como padre y que incluso, en algunos casos, se hace cargo de algunos gastos extra.

Un dato no menor es que en el partido que la Selección Argentina disputó en River, su hija entró con él al Monumental. Vale destacar que Otamendi no solo accionó contra la denuncia de su ex, también le aplicó un bozal legal para que "se abstenga de promulgar cualquier cuestión relacionada a la vida privada".

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En un principio, la abogada Érica Horbayczuk, quién representa a Yanina Varela, afirmó que la joven debería recibir un 30% de los ingresos del deportista pero que ahora recibe $440 mil al mes, lo que equivale al 0,16% de sus ingresos.

Según la letrada, esta situación constituye una forma de violencia económica y psicológica. Si Otamendi cumpliera finalmente con el 30% que indica la Ley, Varela debería recibir $82.500.000 por mes.

La causa judicial en proceso radica en el Juzgado de Familia N°5 del Departamento Judicial de San Isidro. Este mismo polo judicial hizo lugar al planteo de la defensa de Otamendi para aplicarle un bozal legal a su expareja.

“Corresponde hacer lugar a la medida autosatisfactiva interpuesta, ordenando a los Sres. Yanina Paola Varela y Nicolás Hernán Gonzalo Otamendi, sus apoderados/as, sus patrocinios letrados, se abstengan personalmente y/o por interpósita persona de difundir o divulgar en cualquier tipo de medio gráfico, radial y televisivo, así como en las redes sociales cualquier tipo de información vinculada con el trámite y diligencias de la causa en curso y las que en el futuro se inicien entre las partes en trámite ante este Juzgado de Familia nº 5 del Departamento Judicial de San Isidro”, dice el expediente al que accedió este medio.

A su vez, se estableció “fijar para el supuesto de incumplimiento una multa consistente en la suma de pesos equivalente a U$S 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) por cada incumplimiento al valor del tipo de cambio oficial del día anterior al depósito en la cuenta de autos, con carácter de multa procesal por incumplimiento a las órdenes judiciales, en beneficio de la niña”.(Doble Amarilla)