A poco más de dos meses del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, un informe de Amnistía Internacional encendió señales de alerta sobre las condiciones de seguridad y el respeto a los derechos humanos en los países organizadores: Estados Unidos, México y Canadá.

El documento pone especial énfasis en el escenario estadounidense, donde se disputará la mayor parte de los partidos. Según el análisis, el país atraviesa una situación calificada como “emergencia de derechos humanos”, vinculada principalmente a sus políticas migratorias.

El informe advierte sobre la existencia de detenciones masivas y procedimientos considerados arbitrarios por parte de agencias federales, lo que podría generar un clima de incertidumbre entre hinchas, trabajadores y periodistas que viajen al evento.

En esa línea, Steve Cockburn sostuvo que durante 2025 se registraron más de 500.000 deportaciones, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno y que podría tener impacto directo durante el Mundial.

Riesgos para la protesta y la libertad de expresión

Otro de los puntos destacados del reporte es la posible restricción de derechos fundamentales. Desde la organización alertaron que el contexto actual podría derivar en limitaciones a la libre expresión y a la protesta, especialmente en un evento de alcance global donde suelen darse manifestaciones sociales.

Según el informe, el endurecimiento de controles y la acumulación de medidas restrictivas podrían traducirse en respuestas más severas frente a protestas pacíficas vinculadas al torneo.

México y Canadá, también en observación

Aunque la mayor preocupación se concentra en Estados Unidos, el informe también analiza la situación en los otros países sede.

En México, se advierte sobre el fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en un contexto de violencia, así como la posibilidad de protestas sociales durante eventos clave como el partido inaugural en el Estadio Azteca.

Por su parte, en Canadá se encendieron alarmas por el posible impacto social del evento en sectores vulnerables, especialmente en personas en situación de calle. El informe menciona antecedentes en otros eventos internacionales donde se produjeron desplazamientos forzados y cierre de refugios.

Llamado a medidas urgentes

Frente a este escenario, Amnistía Internacional instó a los gobiernos organizadores a adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad y el respeto de los derechos humanos durante el Mundial.

El informe advierte que, de no tomarse acciones concretas, la Copa del Mundo 2026 podría quedar marcada por conflictos fuera del campo de juego, en un contexto donde la celebración deportiva corre el riesgo de verse opacada por tensiones sociales y políticas.

Cuatro ciudadanos chilenos fueron deportados este viernes tras haber recibido condenas a prisión por cometer múltiples delitos en el territorio argentino. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los implicados integraban una organización criminal dedicada a asaltos a mano armada y robos calificados y agravados por haberse cometido en poblado y en banda.

Los condenados se encontraban alojados en distintas alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ello, personal de la Policía Federal Argentina, a través de la Comisión de Asuntos Migratorios y con apoyo de la DFI, llevó adelante los traslados correspondientes.

En el marco del procedimiento, los detenidos fueron derivados al Consulado de Chile para completar los trámites administrativos y, posteriormente, trasladados al Aeroparque Jorge Newbery. Desde allí, partieron en un vuelo con destino a la ciudad de Santiago de Chile bajo estricta custodia policial.

En la causa intervinieron el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 y la Dirección Nacional de Migraciones, que dispusieron las medidas necesarias para concretar la expulsión del país de los condenados.

Los diez argentinos que fueron  deportados desde Estados Unidos arribaron esta madrugada al país en un avión contratado por el gobierno norteamericano, ingresaron por la terminal privada del Aeropuerto de Ezeiza y luego se reencontraron con sus familias.

El avión de la empresa Omni Air International, un Boeing 767-300 con capacidad para 247 pasajeros, llegó a las 3:17 de este jueves tras haber salido el miércoles desde el aeropuerto Perot Field Fort Worth Alliance, Texas con destino a Luisiana y, previo a llegar a Argentina realizó una parada en la ciudad colombiana de Bogotá.

Después de casi tres horas y media, el vuelo se dirigió al aeropuerto Confins, en Belo Horizonte, donde dejó a un grupo de deportados brasileños, antes de partir hacia Argentina y aterrizar en esta madrugada en Ezeiza.

En tanto, según indicó Infobae, los diez argentinos que regresarán en este operativo son: Daniel Rodrigo Céspedes; Maximiliano García; Luciana Lorena Lopresti; Sandra Márquez; Ernesto Núñez; Marcos Ontivero; Pablo Ridolfo; Mario Robles; Julián Francisco Rojas y Rodolfo Valor.

Un número indeterminado de deportados argentinos, algunos acusados por violaciones, llegará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en las próximas horas desde los Estados Unidos, por decisión de la Administración Trump.

Así lo informa en Buenos Aires un matutino, según el cual el gobierno de Javier Milei y su embajador ante los Estados Unidos, Alec Oxenford, buscaron infructuosamente mantener el operativo en secreto.

De acuerdo con la versión de Clarín, la Argentina no protestará  como lo hicieron otros gobernantes, pero lo cierto es que el país fue colocado en el mismo lugar que Brasil y Venezuela por la administración republicana de los Estados Unidos.

Los deportados llegarán en un Boeing 767-300 de la empresa Omni  Air International.

Todos están acusados de importantes infracciones a la ley federal de los Estados Unidos, tales como delitos migratorios, robos y violaciones.

El vuelo hará escalas en Bogotá y en Belho Horizonte (Brasil), con destino final Ezeiza, de acuerdo con una investigación que firma la periodista Natasha Niebieskikwiat.

La cantidad de deportados argentinos estaría en el número de 16, según pudo establecer el diario argentino.

Hasta el momento, fueron deportados más de 300 argentinos de los Estados Unidos, pero todo se mantuvo en secreto, agrega el informe.

Lo acusan por la deportación y el traslado ilegal de niños desde Ucrania a Rusia. Los detalles, en la nota.

Este viernes, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por deportar niños en terrenos ucranianos ocupados por Rusia.

Los delitos se cometieron presuntamente el 24 de febrero de 2022 y el pedido de arresto se realizó por considerarlo responsable de crímenes de guerra. Mietras tanto, días atrás, el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov le advirtió a periosditas de Moscú que ellos no reconocen la jurisdicción ni el tribunal que los acusa.

Por su parte, la CPI agregó que "hay motivos razonables para creer que el Sr. Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos".

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"La Sala de Cuestiones Preliminares II consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos", profundizó el comunicado.

La CPI también emitió una orden de detención por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.