La fiscal general María Cecilia Vranicich comenzó su exposición ante la Legislatura con una enumeración que fue más allá de lo sucedido en San Cristóbal, que tuvieron amplia difusión y sin embargo no son puestos como una unidad en la agenda del debate público. Fue una lista de “horrores” que ella comparó con los de su primer informe en el cargo, en mayo de 2024, a propósito de la violencia de entonces asociada al narcotráfico y otros delitos.

La titular del MPA mencionó las torturas por dos años y el asesinato grabado sufrido por Jeremías Monzón a manos de un menor y un mayor; habló del rostro desfigurado con una navaja a Delfina, también en San Cristóbal; mencionó un parricidio de un adolescente sobre su madre “de un tiro en la nuca”; de un femicidio y su presunto autor; y del caso del menor apodado “Pirañita” que estaba inmerso en un grupo de delincuentes.

Más allá de las particularidades de cada caso invitó a reflexionar sobre los problemas que hoy cruzan a los adolescentes y los jóvenes. Recordó que aún no está vigente la última reforma a la ley penal que baja la edad de imputación, y que en el asesinato de Ian, el sancristobalence de apenas 13 años, no habrá posibilidades punitivas para el asesino. No obstante, dijo que fue una decisión del MPA que el joven de 15 años que disparó este “presente físicamente” en el proceso. Consideró que ese paso es imprescindible en ese caso, “que vea a la cara a quienes hoy sufren tanto dolor”, comentó en diálogo con los periodistas al terminar su exposición como antes lo había hecho ante los legisladores.

De los casos en los que siempre cuesta entender los porqué pasó a una observación de lo que sucede en el primer mundo, donde dos tendencias se imponen ante el problema de los niños y los adolescentes expuestos a las redes sociales. Habló de las prohibiciones que están lideradas por Australia y algunos países del este europeo y de las regulaciones que procura la Europa central con Francia, España y Portugal para restringir las pantallas ante los rostros angelicales que bien pueden ser demoníacos y aún tienen acné.

Luego de los aplausos a la fiscal, se diría que por labor y por la claridad de su informe anual, y antes del turno de las preguntas, habló el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig. Dijo que en el departamento que representa, San Cristóbal, “no volveremos a ser los mismos”. Como la jefa de los fiscales marcó una línea en un antes y un después del 30 de marzo.

Vranicich dio más detalles sobre la investigación en curso, sobre los aportes que el Ministerio Público Fiscal dio de inmediato ante el crimen en la escuela y brindó unas explicaciones claras respecto de cómo se ha trabajado “en equipo” para la reciente detención de otro joven y la identificación de una verdadera cultura de la muerte que exalta a quienes arremeten armados contra sus compañeros en las escuelas. Otra vez, los motivos fuera de la razón hasta ahora conocida.

Vranicich pidió a los legisladores poner en agenda el tema y aunque obviamente las potenciales restricciones o regulaciones a redes o contenidos de riesgo deberán partir del Congreso de la Nación solicitó que Santa Fe tenga posiciones para que quienes promocionan el odio y la violencia no puedan expandir sus mensajes tan fácilmente.

Por primera vez, el MPA publicó el número de suicidios en la Provincia de Santa Fe en su informe anual a la Legislatura. Vranicich explicó que se da a conocer la cifra luego de una profunda revisión de lo que era hasta ahora la conducta elegida: no mostrar su peso en el número total de muertes violentas por temor a que su difusión cause algún tipo de imitación.

La fiscal general dijo que en su informe anterior, el diputado Carlos del Frade le reclamó sin éxito saber esa cifra y tras explicar que hoy la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud recomiendan su difusión, puso los casos de quienes terminan con sus vidas en una misma gráfica que quienes la pierden también violentamente en crímenes o en homicidios.

El legislador opositor que como los demás felicitó al MPA pidió más precisiones respecto de las edades y advirtió que la presencia de tantos suicidios de personas con menos de 25 años completa el cuadro de situación planteado antes.

En síntesis, si para los años anteriores los crímenes vinculados al narcotráfico y la situación de Rosario ocupaban el lugar central de las preocupaciones en la persecución penal, hoy es la violencia inexplicable en jóvenes y adolescentes (contra terceros o contra sus vidas) lo que llama la atención.

Se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que tiene por objetivo definir el marco legal para el desarrollo y el uso de la Inteligencia Artificial en el país con el fin de "preservar la protección de los derechos humanos, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos y asegurar la democracia y el estado de derecho" y evitar sus peores consecuencias como la discriminación, la cancelación y la invasión de la privacidad de las personas.

Se trata de una iniciativa del santafesino Diego Giuliano, que se suma a otras presentadas en la Cámara Baja que abordan el tema desde distintas perspectivas. En este caso, está inspirada en la legislación que la Unión Europa tiene vigente sobre el tema, establece un Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial, define a los actores y los distintos niveles de riesgo del sistema en bajo, medio y alto en función del uso, la transparencia frente al usuarios, la gestión de los datos personales y la protección de los Derechos Humanos y garantías individuales.

La iniciativa, por otro lado, establece que, sin excepciones, las evaluaciones de impacto, los manuales de uso las fuentes de información y datos utilizados para su entrenamiento y la revisión de la autoridad de aplicación se consideran información pública y de libre acceso a cualquier ciudadano; y prohíbe sistemas que, entre otras cosas, desplieguen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas: exploten vulnerabilidades; incluyan sistemas de categorización biométricas; realicen puntuación social basándose en comportamientos sociales o rasgos personales y evalúen el riesgo de un individuo únicamente en perfiles o rasgos de personalidad, entre otras causas.

"El proyecto está más cerca de la legislación europea que del dejar hacer, dejar pasar. Lo que hice fue un profundo análisis respecto de cuáles son las hipótesis problemáticas, donde podemos incluir lo que pasó en la escuela de San Cristóbal, ahí tenemos una lección que debemos aprender", dice el legislador santafesino.

Y, lejos de pensar que se trata de un tema difícil de regular pone como ejemplo de que si se puede las asistencias de Mark Zuckerberg al senado de los Estados Unidos, que tienen una visión más liberal del tema, "donde le piden explicaciones a una de las personas más ricas del mundo hasta hacerlo transpirar, lo hacen pedir disculpas. El Estado tiene que estar presente, no es un tema que podemos dejar en manos de la libertad del mercado pura porque también existe la deep internet, la maldad humana funciona por ese lado".

"No hay que detener la evolución de la Inteligencia Artificial y además va a suceder independientemente de lo que quieran los estados. El tema es cómo se categorizan los sectores de riesgo. Entonces, creo que lo que hay que hacer es detectar las situaciones de sensibilidad, de conflictividad o de daño que hay. Creo que hoy uno de los desafíos más grandes hoy de los Estados es resguardar la igualdad y la privacidad que son los valores, los derechos más vulnerables de este tiempo. El derecho no puede contra esto. Invadieron la privacidad de una manera increíble y también invadieron otros sectores", dice el legislador santafesino.

"Hay situaciones de daño social mucho más grande que los que se pretenden resolver. En la matanza de Myanmar, que fue una limpieza étnica, según relata Yuval Harari, el algoritmo de facebook tuvo una participación decisiva porque trabaja con la implicación del usuario, como las redes son gratuitas, lo que busca el sistema es que vos estés implicado, que estés más tiempo allí porque eso les aumenta sus posibilidades de publicidad, sus ganancias. El odio racial, los discursos de odio en general, la violencia, se está probando que ha dado más implicación del usuario que otros temas. Por lo tanto necesitamos regularlo".

"La inteligencia artificial y en general todo lo que está conectado con ella, utilizada de manera negativa, atenta contra los valores de la libertad y la privacidad. Nuestra Constitución desde 1853 habla de las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público, ni la moral, ni perjudican a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de los magistrados.

"Y si no crees en Dios, ni Dios se mete ahí. Hoy, cuando tus datos están robotizados, hay un entrecruzamiento que terminan en perfilamientos exactos de las personas, modos de consumo, te conocen más que tu madre. Y eso es un avance sobre la privacidad", dice Giuliano.

El Litoral

La previa del Mundial 2026 volvió a quedar bajo la lupa por un doble frente de conflicto en Estados Unidos. Por un lado, trabajadores del SoFi Stadium, una de las sedes del torneo, amenazaron con iniciar una huelga si la FIFA no toma posición frente al rol que podría tener el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE. Por otro, un informe internacional encendió señales de alerta sobre el escenario de seguridad y derechos humanos de cara al campeonato.

El foco inmediato está puesto en Los Ángeles. Allí, el sindicato Unite Here Local 11, que representa a alrededor de 2.000 trabajadores de servicios de comida del SoFi Stadium, exigió que la FIFA deje afuera al ICE de cualquier función vinculada al Mundial en esa ciudad. Además, reclamó protección para los empleos sindicalizados, mejores condiciones laborales y respaldo para iniciativas de vivienda asequible. Según Reuters, los empleados siguen sin contrato laboral a poco más de dos meses del comienzo del torneo y advirtieron que podrían ir a la huelga si no reciben respuestas.

Entre los puntos planteados por el gremio también aparece el rechazo al uso de inteligencia artificial y automatización si eso implica la eliminación de puestos de trabajo. El sindicato sostuvo además que intentó reunirse en reiteradas oportunidades con la FIFA, pero que no obtuvo respuesta. Reuters consignó que tanto FIFA como los responsables del estadio evitaron hacer comentarios sobre el conflicto.

La tensión creció todavía más a partir de declaraciones oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En febrero, ese organismo afirmó que la oficina de coordinación del Mundial dentro del DHS cumple un rol central en la seguridad del evento, mientras que reportes periodísticos señalaron que ICE, especialmente a través de Homeland Security Investigations, sería una pieza clave del operativo general. Esa perspectiva es justamente la que el sindicato considera una amenaza para trabajadores y asistentes.

En ese contexto, un informe de Amnistía Internacional agregó un nuevo factor de preocupación. El documento sostuvo que Estados Unidos atraviesa una “emergencia de derechos humanos” marcada por políticas migratorias discriminatorias, detenciones masivas y arrestos arbitrarios, y advirtió que ese escenario podría afectar no solo a los aficionados que viajen al Mundial, sino también a trabajadores, periodistas y comunidades locales.

El reporte también alertó sobre posibles restricciones a la libertad de expresión y a la protesta durante el torneo. Según Amnistía, la combinación entre deportaciones, detenciones y debilitamiento de garantías legales podría derivar en represalias frente a manifestaciones pacíficas en el marco de un evento de alcance global.

Así, a semanas del arranque de la Copa del Mundo, la organización enfrenta un escenario incómodo: conflictos laborales en una sede clave, preocupación por el rol de las agencias migratorias y cuestionamientos de organismos internacionales sobre las condiciones en las que se desarrollará el evento más importante del fútbol.

A poco más de dos meses del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, un informe de Amnistía Internacional encendió señales de alerta sobre las condiciones de seguridad y el respeto a los derechos humanos en los países organizadores: Estados Unidos, México y Canadá.

El documento pone especial énfasis en el escenario estadounidense, donde se disputará la mayor parte de los partidos. Según el análisis, el país atraviesa una situación calificada como “emergencia de derechos humanos”, vinculada principalmente a sus políticas migratorias.

El informe advierte sobre la existencia de detenciones masivas y procedimientos considerados arbitrarios por parte de agencias federales, lo que podría generar un clima de incertidumbre entre hinchas, trabajadores y periodistas que viajen al evento.

En esa línea, Steve Cockburn sostuvo que durante 2025 se registraron más de 500.000 deportaciones, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno y que podría tener impacto directo durante el Mundial.

Riesgos para la protesta y la libertad de expresión

Otro de los puntos destacados del reporte es la posible restricción de derechos fundamentales. Desde la organización alertaron que el contexto actual podría derivar en limitaciones a la libre expresión y a la protesta, especialmente en un evento de alcance global donde suelen darse manifestaciones sociales.

Según el informe, el endurecimiento de controles y la acumulación de medidas restrictivas podrían traducirse en respuestas más severas frente a protestas pacíficas vinculadas al torneo.

México y Canadá, también en observación

Aunque la mayor preocupación se concentra en Estados Unidos, el informe también analiza la situación en los otros países sede.

En México, se advierte sobre el fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en un contexto de violencia, así como la posibilidad de protestas sociales durante eventos clave como el partido inaugural en el Estadio Azteca.

Por su parte, en Canadá se encendieron alarmas por el posible impacto social del evento en sectores vulnerables, especialmente en personas en situación de calle. El informe menciona antecedentes en otros eventos internacionales donde se produjeron desplazamientos forzados y cierre de refugios.

Llamado a medidas urgentes

Frente a este escenario, Amnistía Internacional instó a los gobiernos organizadores a adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad y el respeto de los derechos humanos durante el Mundial.

El informe advierte que, de no tomarse acciones concretas, la Copa del Mundo 2026 podría quedar marcada por conflictos fuera del campo de juego, en un contexto donde la celebración deportiva corre el riesgo de verse opacada por tensiones sociales y políticas.

"Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo...está desaparecido". Jorge Rafael Videla, 1979.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, pensar en las artes plásticas es también hacer referencia a conceptos como memoria, denuncia y resistencia. En efecto, entre finales de los 60 y el regreso de la democracia, el arte local fue un lenguaje cifrado: metáforas, símbolos, escenas cotidianas que escondían críticas a la represión, la censura y la desaparición forzada de personas.

Durante los años de violencia política, represión, censura y exilio, la producción artística se convirtió en un "agente de denuncia y resistencia". La metáfora visual permitió decir lo que no podía decirse de manera directa.

Muchos artistas debieron irse, otros fueron censurados, perseguidos o silenciados. Sin embargo, las obras producidas muestran cómo los artistas experimentaron con la materialidad, los símbolos y las formas para testimoniar una época dura.

A continuación, cinco piezas que permiten reconstruir esa memoria colectiva. La fuente principal es un material desarrollado por el mencionado Museo, que se titula "Violencia Arte y Memoria. Artes visuales en la Argentina" (1966-1983).

Para el pintor Héctor Giuffré, la pintura permite acceder a una realidad que subyace a la percepción sensible. En "Figura sentada", presenta una escena aparentemente cotidiana: un hombre lee el diario rodeado de objetos comunes.

Pero la obra transmite una atmósfera opresiva. El teléfono no tiene disco para marcar, símbolo de incomunicación y encierro. En el diario se lee una frase incompleta: "retorno […] ofrenda de paz", en alusión a la frustrada esperanza tras el regreso de Perón en 1973 y la violencia política que siguió.

El retratado era un abogado defensor de presos políticos. Giuffré mantuvo su identidad en secreto para protegerlo y recién la reveló con la vuelta de la democracia. La escena cotidiana escondía, en realidad, una fuerte carga política.

Como explicó la historiadora María José Herrera, se trataba de "una escena cotidiana, sin acción, en la que el artista codificó una serie de informaciones que al momento de presentarse la obra en 1976 lo hubieran vuelto sospechoso de apoyar actividades subversivas".

En 1976, Carlos Alonso tenía prevista la muestra "Imagen del hombre actual", pero el golpe militar impidió su inauguración y lo empujó al exilio. La instalación recién pudo reconstruirse en 2019 siguiendo sus indicaciones originales.

La obra sumerge al espectador en una imagen del horror, con figuras humanas mezcladas con reses colgadas, equiparando el cuerpo humano con la carne animal, símbolo de la vulnerabilidad frente al poder y la violencia.

Un busto que da la espalda y una figura sentada en un sillón sugieren la indiferencia de quienes ejercían el poder frente a la muerte y la desaparición de personas. La obra no muestra la violencia de forma directa, pero la hace sentir de manera física.

Mientras Argentina celebraba el Mundial de Fútbol de 1978 y la televisión mostraba un país festivo, la artista Diana Dowek pintaba alambrados, encierros y prohibiciones.

Su tríptico "Argentina '78" es una metáfora del encierro y la represión. Utiliza alambre real sobre el lienzo y combina pintura que imita la parte posterior de la tela, generando un juego visual que engaña al espectador.

La obra denuncia la violencia institucionalizada y la desaparición de personas en un momento en que el país intentaba mostrar una imagen de normalidad ante el mundo. El tercer panel, con el alambre abierto, sugiere una esperanza.

Hacia 1980, Antonio Berni recurrió a la iconografía cristiana para eludir la censura. En "Magdalena", el artista traslada el mito bíblico a un departamento urbano oscuro y marginal.

Una mujer llora frente a una cruz bañada en sangre. En el suelo, la ropa del caído es el único testimonio de la violencia que hubo antes. No hay cuerpo por el cual llorar, está la ausencia.

Esa ausencia es la metáfora más poderosa de la dictadura: el desaparecido como figura sin cuerpo, sin tumba y sin despedida. Berni logra representar, desde el arte, uno de los conceptos más terribles de la historia argentina.

En 1981, el fotógrafo Eduardo Longoni tomó una imagen que en su momento no pudo ser publicada porque no tenía los elementos informativos básicos: no se veía el orador ni el lugar del acto.

Sin embargo, la fotografía muestra a un centenar de militares mirando hacia un superior, formando una marea humana uniforme. Con el tiempo, la imagen se convirtió en un símbolo visual de la dictadura.

La crítica Verónica Tell señaló que la fotografía fue exhibida en 1983 en la Muestra de Periodismo Gráfico Argentino y desde entonces se transformó en un símbolo contra la dictadura, reproducido cientos de veces.

La fotografía demuestra que el fotoperiodismo también fue una herramienta de documentación y denuncia, incluso cuando la censura impedía la publicación inmediata.

A medio siglo del golpe de Estado de 1976, estas obras siguen funcionando como soportes simbólicos de un tiempo en el que el Estado de derecho fue vulnerado y la violencia se volvió sistemática. En el Día de la Memoria, sirven para recordar.

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba informó este martes que se logró la identificación de 12 personas detenidas-desaparecidas a partir de estudios antropológicos y genéticos realizados sobre restos óseos recuperados durante excavaciones de 2025.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja señaló que se trata de un resultado parcial y que las identidades no se harán públicas hasta completar la notificación a los familiares directos, con su consentimiento.

Las autoridades judiciales intervinientes notificarán a las familias los hallazgos. Una vez finalizadas las notificaciones, el tribunal brindará mayor información sobre la identidad de aquellas personas identificadas en esta instancia, contando para ello con el consentimiento de las familias involucradas.

Los hallazgos se produjeron en el sector conocido como “Loma del Torito”, dentro de la Guarnición Militar La Calera, en las inmediaciones del ex centro clandestino La Perla.

Allí se recuperaron fragmentos óseos (entre ellos, un fémur y partes de cráneos) en un área que había sido marcada como de alta probabilidad por testimonios, imágenes históricas y relevamientos.

La búsqueda se desplegó durante semanas sobre una superficie del orden de 10 hectáreas, con remoción de suelo y trabajo técnico sostenido, hasta poder extraer y preservar el material para su posterior análisis.

La identificación fue posible por el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

El propio EAAF precisó que en 2025 recuperó restos “aislados y mezclados” en dos áreas de esa zona y que en 2026 está previsto retomar la prospección y excavación hasta completar el área.

La Perla funcionó como uno de los principales engranajes del terrorismo de Estado en Córdoba y el país. Este avance vuelve a empujar una causa que combina ciencia, memoria y un objetivo simple de decir y difícil de cumplir: identificar y devolver.

El Litoral

La actual gestión nacional continúa avanzando con definiciones políticas en áreas sensibles del Estado. En ese marco, el Gobierno nacional designó al rafaelino Bryan J. Mayer como nuevo jefe de gabinete de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, uno de los organismos centrales en la materia a nivel estatal.

La designación se inscribe en el giro conceptual que la administración del presidente Javier Milei viene impulsando desde la campaña electoral y que, ya en funciones, se expresó en cambios discursivos, posicionamientos ante organismos internacionales y nombramientos clave dentro del área de Derechos Humanos.

Mayer ya se desempeñaba como director de Asuntos Institucionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, un organismo con proyección internacional que actúa en coordinación con entes multilaterales y programas de la UNESCO. Desde allí integró, entre otras tareas, la delegación argentina ante el organismo en París para la protección de bienes culturales en contextos de conflicto armado.

En su nuevo rol, el jefe de gabinete tendrá como función principal coordinar el trabajo entre las distintas direcciones nacionales y áreas internas de la Subsecretaría, además de operativizar las definiciones políticas que emanan del Poder Ejecutivo.

El arribo de Mayer al cargo también se explica por su recorrido dentro del Estado nacional. Fue asesor directo del ministro de Defensa Luis Petri, con quien trabajó en la articulación institucional de políticas estratégicas. Además, mantiene vínculos con funcionarios que hoy ocupan posiciones clave en la estructura nacional, varios de ellos con pasado en el ámbito judicial federal.

En el plano político-electoral, Mayer fue candidato a convencional constituyente, elección en la que logró posicionarse en segundo lugar en su distrito en su primera experiencia en las urnas, con una campaña de tono disruptivo que se destacó dentro del escenario provincial.

Antes de su etapa en la función pública, el rafaelino desarrolló una extensa trayectoria periodística. Fue corresponsal de guerra de El Litoral en conflictos internacionales como Ucrania e Israel, y en ese período también cubrió de manera habitual la actividad de la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, entrevistando a presidentes y funcionarios de primera línea.

Según las primeras evaluaciones internas, esa agenda construida tanto en el periodismo como en la política será utilizada para reforzar el reposicionamiento internacional y el enfoque que el Gobierno nacional busca imprimirle al área de Derechos Humanos.

La llegada al Gobierno nacional de la actual gestión marcó un cambio de paradigma en varios factores del desarrollo cotidiano del país, sus instituciones y actores en general. La materia de Derechos Humanos no es la excepción.

La administración nacional apeló desde épocas de campaña a buscar “la historia completa” y, durante la gestión, publicó videos y contenidos que rompen la inercia discursiva histórica. La designación de funcionarios en el área va en la misma dirección.

Según trascendió en medios de comunicación nacionales, Bryan J. Mayer es el nuevo jefe de gabinete de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. Se trata del máximo organismo estatal que atiende estos asuntos.

La noticia no es extraña cuando se analiza rápidamente que el flamante subsecretario, un ex funcionario judicial de Comodoro Py que intervino en causas contra Cristina Kirchner, trabajó tiempo atrás con Mayer en el ministerio de Defensa. Por otra parte, las oficinas del puesto anterior y actual del rafaelino están en el mismo predio.

La puesta en funciones de ellos se suma a las de casos como Ana Mármora en el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, una referente pro-vida que rompió la inercia de su área y a las posturas oficiales ante organismos internacionales de los representantes del gobierno nacional.

Sobre el futuro del rafaelino, la función del jefe de gabinete es coordinar el trabajo entre las direcciones nacionales y todas las áreas del organismo y operativizar las orientaciones políticas que llegan desde el máximo nivel.

Mayer ya tiene sobrada experiencia y roce político. Fue asesor directo del ministro de Defensa, Luis Petri y director de asuntos institucionales del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

También fue candidato a convencional constituyente donde logró posicionarse en segundo lugar en su distrito tras su primera elección, con una estrategia disruptiva que ameritó uno de los mejores resultados de la provincia de aquella jornada.

Antes, había sido corresponsal de guerra en Ucrania e Israel de El Litoral, época en la que recorría los pasillos de la Casa Rosada y el Congreso de la Nación mientras entrevistaba presidentes y funcionarios de primer nivel.

Las primeras informaciones al respecto dejan entrever que la agenda construida por Mayer en su pasado periodístico y sus últimos años en la política será utilizada para potenciar el reposicionamiento que el presidente Milei viene impulsando desde su llegada al poder.

El Litoral

Durante los primeros seis meses de 2025, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ documentó 102 delitos motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que representa un incremento del 70% respecto del mismo período de 2024, cuando se habían reportado 60 casos. El dato refleja un récord histórico de violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina.

Del total de hechos, 17 personas murieron y otras 85 sufrieron lesiones físicas. El informe señala que las mujeres trans fueron las principales víctimas, representando el 70,6% de los ataques, seguidas por varones gay cis (16,7%), lesbianas (6,9%), varones trans (4,9%) y una persona no binarie (1%).

De los 17 casos que implicaron la pérdida del derecho a la vida, cuatro fueron asesinatos, diez muertes por violencia estructural (precariedad, exclusión, abandono estatal) y tres suicidios. Esta clasificación muestra que la violencia hacia la comunidad no es solo directa, sino también producto de un contexto de desigualdad sistémica.

El 52,9% de las muertes fueron de mujeres trans, el 35,3% de varones gay cis, y el resto se reparte entre lesbianas, varones trans y una persona no binarie. El informe subraya que muchas de estas muertes eran evitables y expone la responsabilidad del Estado por acción u omisión.

El dato más inquietante del informe es que el 64,7% de los crímenes fueron perpetrados por el Estado, principalmente por fuerzas de seguridad en ejercicio de funciones (54 casos). En 12 episodios, la responsabilidad recayó en otras dependencias estatales que no protegieron a las víctimas. Solo el 35,3% de los ataques fueron cometidos por particulares.

El 54,1% de los crímenes ocurrieron en comisarías o unidades penitenciarias, lo que refleja la violencia institucional hacia personas LGBT+ privadas de libertad, en especial mujeres trans. El 17,6% sucedió en viviendas particulares, y el 16,4% en la vía pública, mostrando que ni el hogar ni la calle son espacios seguros para muchas personas de la diversidad.

La franja etaria más golpeada es la de 20 a 29 años, que concentra casi la mitad de los casos (45,16%). Le siguen los grupos de 40 a 49 años (19,35%) y 30 a 39 años (16,13%). También se registraron agresiones a adolescentes y adultos mayores, lo que indica una violencia transversal, aunque con un foco especialmente dirigido a los sectores más jóvenes.

El Observatorio destaca que la persistencia de ataques en franjas menores a los 40 años confirma el bajo promedio de vida de las personas trans y el fracaso del Estado en garantizar condiciones de existencia dignas.

El 60,8% de los crímenes ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y el 23,5% en CABA, sumando más del 84% de los casos entre ambas jurisdicciones. El resto se distribuye entre Córdoba, Chaco, Salta, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero, aunque el informe advierte que en varias provincias hay subregistro por falta de denuncias y ausencia de organizaciones que documenten estos hechos.

Un crimen de odio es una agresión impulsada por prejuicio, basada en el rechazo a la identidad o pertenencia de una persona a un colectivo históricamente vulnerado. La ley argentina reconoce estos delitos: la Ley Antidiscriminatoria 23.592 y la Ley 26.791, que incorporó el agravante por odio al Código Penal, establecen penas de prisión perpetua para quienes maten motivados por odio a la orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las formas más frecuentes de agresión fueron los golpes (57,8%), seguidos por puñaladas, disparos, asfixia, calcinamiento y abuso sexual. En 8 casos, las víctimas se autolesionaron, lo que el informe describe como una manifestación extrema de violencia psicológica y simbólica.

El Observatorio denuncia que los crímenes de odio no son hechos aislados, sino que responden a un clima social hostil, alimentado por discursos estigmatizantes que se replican desde altos niveles del poder político.

“Cuando el discurso oficial demoniza a un grupo históricamente vulnerado, niega sus derechos y ataca las leyes que lo protegen, se habilita socialmente la violencia”, advierte el informe. Y agrega: “Los discursos de odio no son opiniones inocuas, son estrategias de disciplinamiento social que generan condiciones para la violencia física, institucional y simbólica”.

Dos importantes organizaciones israelíes de derechos humanos, B'Tselem y Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI, por sus siglas en inglés), publicaron hoy lunes informes separados en los que afirman por primera ocasión que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

El informe de B´Tselem afirma que la embestida militar israelí contra Gaza, iniciada hace más de 21 meses, ha incluido asesinatos masivos, tanto de manera directa como a través de generar condiciones hostiles para la vida.

X B´Tselem

Esto se ve agravado por los arrestos masivos y el abuso a los palestinos en prisiones israelíes, las cuales se han convertido efectivamente en centros de tortura, señaló el informe. También acusó a Israel de destrozar el tejido social de Gaza, incluyendo la destrucción de instituciones educativas y culturales palestinas.

El informe agregó que llegó a la conclusión de que Israel está cometiendo genocidio en contra de los palestinos en la Franja de Gaza.

El segundo informe, de PHRI, señala que existe "un desmantelamiento deliberado y acumulativo del sistema de atención médica de Gaza y, con él, de la capacidad de la población para sobrevivir". El informe señala que esto equivale a genocidio.

X PHRI

El informe señala que desde octubre de 2023, Israel ha atacado 33 de 36 hospitales y clínicas de Gaza y los ha privado de combustible y agua.

De acuerdo con el informe, decenas de personas mueren a diario de desnutrición. Según informes, al menos 85 niños han muerto de hambre y 92 por ciento de los bebés de entre seis meses y dos años no tienen suficiente para comer.

Además, indicó que Israel ha desplazado a nueve de cada 10 gazatíes, destruido el 92 por ciento de las viviendas y dejado a más de medio millón de niños sin escuelas y sin estabilidad.

Ambas organizaciones hicieron un llamado a la comunidad internacional para que pongan fin a la ofensiva de Israel para evitar más pérdida de vidas en Gaza.

Davd Mencer, vocero del Gobierno israelí, rechazó este lunes las acusaciones de genocidio y dijo que no tiene sentido, pues Israel ha enviado 1,9 millones de toneladas de ayuda a Gaza, en su mayoría alimentos.

Mencer señaló que se trata de un intento por deslegitimar el derecho de Israel a defenderse de Hamas.

Xinhua

A 15 años del hallazgo de la fosa clandestina en Campo San Pedro, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe realizó una jornada conmemorativa para honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. La actividad tuvo lugar en el predio ubicado en el distrito de Campo Andino, donde estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; Hugo Kofman, del Foro Contra la Impunidad y por la Justicia, y familiares de personas desaparecidas.

Campo San Pedro, de 2.100 hectáreas -800 de ellas de tierra firme-, fue expropiado por el Estado nacional en 1942 y cedido al Ejército Argentino. Entre 1976 y 1983, durante la última dictadura cívico-militar, se convirtió en un centro de exterminio y enterramientos clandestinos, formando parte del circuito represivo del terrorismo de Estado. Desde la denuncia judicial presentada en 2007, el Gobierno de Santa Fe ha tenido un rol activo en las investigaciones y en el señalamiento del sitio como espacio de memoria. “Con estas acciones articuladas con los organismos de Derechos Humanos, desde la Provincia reivindicamos nuestro compromiso con la Memoria por la Verdad y la Justicia”, enfatizó Jatón para luego indicar que “en este espacio realizamos tareas permanentes para su mantenimiento. Además, trabajamos en su señalización, acondicionamiento y ahora también estamos incorporando nueva tecnología para profundizar las búsquedas”.

Al respecto, el funcionario explicó que el Gobierno provincial lleva adelante tareas de exploración con georadares en el predio, con el objetivo de detectar irregularidades en el subsuelo. “Hace tres meses comenzamos un trabajo técnico-científico, utilizando tecnología de punta para analizar qué ocurrió bajo tierra. En pocos días tendremos resultados sobre la casona del predio y, a partir de allí, evaluaremos extender el trabajo al resto del campo”, explicó Jatón para luego jerarquizar “el trabajo que se realiza en coordinación con los organismos de Derechos Humanos”.

Cabe señalar que estas tareas se desarrollan con recursos técnicos, humanos y económicos aportados por el Estado provincial, que sostiene el objetivo de consolidar a Campo San Pedro como sitio de memoria y de profundizar las investigaciones en busca de quienes aún están desaparecidos. “Valoramos la decisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de continuar con una política firme. Trabajamos con voluntarios, muchos de ellos jóvenes de Laguna Paiva, y eso nos llena de esperanza”, expresó Hugo Kofman.

La búsqueda comenzó en 2006 con una investigación impulsada por organismos de derechos humanos. En 2007 se presentó una denuncia judicial y, en junio de 2010, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) localizó una fosa clandestina en la zona. Allí fueron hallados los restos de ocho personas desaparecidas en Rosario durante 1977.

Las autopsias revelaron que siete de los cuerpos presentaban impactos de bala, algunos con proyectiles de pistola 9 mm alojados en los cráneos. Estaban desnudos, arrojados en la fosa y cubiertos con cal. Hasta el momento, se han identificado los restos de María Esther Ravelo, Gustavo Pon, Carlos Bosso, María Isabel Salinas, Oscar Winkelman y Miguel Ángel D’Andrea. Dos cuerpos aún no pudieron ser identificados por falta de registros genéticos.

Durante la conmemoración, Liliana Salinas, hermana de María Isabel, subrayó el valor de las acciones que se llevan adelante para “recordar y mantener viva la memoria de mi hermana, que desapareció en 1977. Mi madre murió sin saber nada, siempre la esperó. Recuperar su cuerpo y su memoria me reconfortó profundamente”. Luego, emocionada, dijo que “Mari era sencilla, muy inteligente. Éramos pobres, y fue la primera de la familia en ir a la facultad. Trabajó en los barrios, en San Lorenzo, haciendo apoyo escolar, luchando por quienes menos tenían. Eso era mi hermana”.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe ratifica su decisión de no abandonar la memoria, de continuar buscando a quienes aún faltan y de acompañar a las familias en su demanda de justicia. A 15 años del hallazgo, Campo San Pedro sigue siendo un espacio de verdad, de lucha y de profunda humanidad.

El Comité del Patrimonio Mundial examinó 50 nominaciones. De esta manera, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio pasa a integrar la lista que contempla lugares con un valor universal excepcional que pertenecen al patrimonio común de la humanidad.

En el año 2023 el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró al Museo de la Memoria ESMA como Patrimonio Mundial.

45ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial

Durante la mañana del martes 19 de septiembre, el Comité sesionó en su 45 Convención en la ciudad de Riad, Arabia Saudita. En ese marco se examinaron un total de 50 nuevas nominaciones, de las cuales 34 son de orden cultural, nueve naturales, dos mixtas y cinco son modificaciones significativas en los límites.

El Comité que aprobó la incorporación del Museo está conformado por 21 representaciones rotativas de los 194 países más 12 Estados asociados que integran la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En la actualidad, los miembros del Comité son Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Brasil, Catar, Egipto, Etiopía, Grecia, India, Italia, Japón, Malí, Nigeria, Omán, Ruanda, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, Tailandia y Zambia.

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El Museo Sitio alcanza ahora una dimensión mundial en la difusión de los valores que testimonia y representa: el terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas y la capacidad de la sociedad argentina de reparar lo sucedido a través del juicio a todas las personas involucradas en la represión ilegal.

El Museo Sitio comparte, desde ahora, un lugar en la lista del Patrimonio Mundial con el Campo de Concentración Nazi Auschwitz-Birkenau en Polonia; el Memorial de la Paz de Hiroshima en Japón; la Isla Robben de Sudáfrica; el Muelle de Valongo en Brasil; la Isla de Gorée en Senegal; y el Puente Viejo de Mostar en Bosnia y Herzegovina, todos símbolos de la memoria y la defensa de los Derechos Humanos.

La Lista del Patrimonio Mundial incluye en la actualidad un total de 1.121 sitios (869 culturales, 213 naturales y 39 mixtos) en 167 países. Argentina cuenta, desde hoy, con 12 bienes reconocidos como Patrimonio Mundial.

Concluye de esta forma un largo y profundo recorrido que viene haciendo la Argentina desde 2015, cuando el Estado argentino inició las gestiones ante la Unesco, que siguió en 2017 con la noticia de que el Museo ESMA había sido inscripto en la lista tentativa del Centro de Patrimonio Mundial, y que este año tuvo el apoyo del MERCOSUR durante la LIV Reunión de ministros de Cultura en la que se aprobó por unanimidad el ingreso del Museo Sitio de Memoria ESMA como patrimonio cultural del MERCOSUR. De esta manera, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio se convertía en el primer sitio de memoria en integrar la Lista de Bienes Culturales de la región. Durante la última dictadura cívico-militar, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio por el que pasaron unas cinco mil personas detenidas-desaparecidas.

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El camino hacia la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCOEn 2019, tras las gestiones comenzadas por parte del Estado argentino en octubre de 2015, el equipo de trabajo del Museo Sitio ejecutó un Plan de Trabajo con el propósito de completar los requisitos técnicos, sociales, diplomáticos y políticos que solicita el organismo internacional.

En diciembre de 2021, en un acto público en el Museo Sitio de Memoria ESMA, se firmó el Expediente de Nominación tras la aprobación del Comité Argentino del Patrimonio Mundial.

En marzo de 2023, un experto del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), órgano evaluador de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, visitó el Museo Sitio de Memoria para hacer su informe. Tomó en cuenta las condiciones de integridad y autenticidad del Museo Sitio, su estado de conservación y los sistemas existentes para su protección y gestión, así como las estrategias relativas a visitas y educación, entre otros factores.

En el aniversario de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país, el Museo Sitio de Memoria ESMA ingresó a Lista del Patrimonio Mundial que contribuye a concientizar, educar, recordar, y promover que los horrores vividos no se repitan Nunca Más, ni en Argentina ni en ninguna otra parte del mundo.

En los últimos días se produjeron despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria que funcionan allí.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió hoy que el gobierno de Javier Milei "quiere cerrar la ex ESMA", donde en los últimos días se produjeron despidos en el Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria que funcionan allí.

"Es terrible lo que está pasando, habría que denunciarlo, estamos en eso los organismos de derechos humanos. Están despidiendo gente, quieren cerrar la ex ESMA", se quejó Carlotto en declaraciones a Radio Splendid.

Y agregó: "Dicen que es para limpiarla, dicen que es para ordenarla, pero para mí que es para destruir todo aquello que no quieren que exista y que se hable de la verdadera historia argentina", en referencia a lo ocurrido en la última dictadura militar.

Trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti denunciaron en los últimos días que el Gobierno cerrará la entidad, a raíz de una "reestructuración interna". El gremio de ATE denunció que empleados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación están recibiendo telegramas de despidos.

La decisión fue informada a través de una serie de mensajes, en los que se indicaba que cerrarían el establecimiento que funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que se creó en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

"El Secretario de Derechos Humanos hace saber a todo el personal del Centro Cultural Haroldo Conti que se procede al cierre del mismo a partir del día 2 de enero de 2025", comunicó la Secretaría a través de un canal de difusión de WhatsApp.

Este jueves, en el Centro Recreativo Metropolitano “La Estación”, se llevó a cabo la firma de convenios entre el Gobierno de la provincia de Santa Fe y distintas localidades de los departamentos Castellanos, 9 de Julio y San Cristóbal, para el fortalecimiento territorial de las áreas de Género y Diversidad.

El acto estuvo encabezado por la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, Alicia Tate, y el intendente, Leonardo Viotti.

"El gobernador Maximiliano Pullaro nos ha encomendado recorrer el territorio, viajar por la provincia, recoger las necesidades de cada lugar, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. El convenio que firmamos no se trata solo de dinero, sino de un compromiso de este gobierno en favor de los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres”, anunció Tate.

En función de este compromiso, enfatizó: “Estamos aquí para proporcionar fondos, sabiendo que siempre serán insuficientes, pero son una muestra de nuestra voluntad de apoyar y combatir la violencia. Reconocemos que la lucha, no es responsabilidad ni decisión de una sola persona, ni de un gobierno entero. Requiere el compromiso de cada uno de ustedes”.

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“Aprovecho para felicitar al intendente Viotti por liderar un equipo de excelencia, y esperamos que todas las comunas e intendencias trabajen con el mismo compromiso y esfuerzo, aun cuando los resultados no sean inmediatos, teniendo en cuenta la escasez de recursos”, agregó la funcionaria provincial.

Al tomar la palabra, Leonardo Viotti valoró: “Es muy bueno que vengan al territorio, se acerquen. Si hay una característica específica del Gobierno provincial es esto, la territorialidad y venir constantemente a recorrer la región. Es una forma de trabajo muy importante para quienes somos del interior, por eso lo celebramos”.

“Es muy importante para el municipio de Rafaela contar con este apoyo de la Provincia para fortalecer nuestros equipos de diversidad y género en todos los programas que llevamos adelante, con un equipo técnico que viene trabajando hace muchos años”, observó el mandatario local.

“Tenemos un equipo pero es importante contar con los recursos necesarios para fortalecer este trabajo. Así que agradecemos al Gobierno de la provincia por brindarnos estas herramientas”, finalizó el Intendente de Rafaela.

La referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora tendrá una despedida que se espera multitudinaria en el predio de la ex-Mansión Seré, en el partido bonaerense de Morón.

Los restos de la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas, fallecida este jueves a los 94 años, serán velados mañana en una Casa de la Memoria y la Vida que funciona en el predio de un ex centro clandestino de detención y tortura de la última dictadura militar.

El lugar elegido para darle el último adiós a la destacada defensora de los derechos humanos es la ex-Mansión Seré, ubicada en Santa María de Oro y Blas Parera, en la localidad bonaerense de Castelar.

Según informó la Municipalidad de Morón, partido en el que residía Cortiñas, el velorio será este viernes a partir de las 9 y hasta las 19.

La referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora falleció este jueves a los 94 años tras una internación de varios días en una sala de Terapia Intensiva del Hospital de Morón.

"Norita había sido intervenida quirúrgicamente el pasado 17 de mayo en el Hospital de Morón por una hernia que se sumó a otras patologías que agravaron el cuadro", aseguró su familia a través de un comunicado en el que informaron su deceso.

Cortiñas empezó su camino como destacada referente en la lucha por los derechos humanos cuando se unió a Madres de Plaza de Mayo a raíz del secuestro de su hijo Gustavo Cortiñas, ocurrido el 15 de abril de 1977.

"Su especial sensibilidad y su ideario indiscutido en defensa los que menos tienen hizo que se ganara el respeto y cariño incondicional de los pueblos", expresaron sus familiares en el parte de prensa que hicieron público este jueves.

En este sentido, manifestaron: "Queremos transmitirles que Nora estuvo acompañada y sostenida por el amor de su familia hasta el último momento y agradecemos todas las expresiones de reconocimiento y afecto que ella recibió a lo largo de su vida, y que a nosotros nos abrazaron amorosamente en estos días tan difíciles"

El Comunicado de las Madres de Plaza de Mayo

“Con profundo dolor, despedimos a nuestra hermana de lucha Nora Cortiñas, referente indiscutida del movimiento de derechos humanos en la Argentina”, indica la declaración.

Este jueves falleció Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y de la lucha por los derechos humanos tanto en nuestro país como en el mundo.

Al conocerse la triste noticia, Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado en el que manifiestan: “Con profundo dolor, despedimos a nuestra hermana de lucha Nora Cortiñas, referente indiscutida del movimiento de derechos humanos en la Argentina”.

????Con profundo dolor, despedimos a nuestra hermana de lucha Nora Cortiñas, referente indiscutida del movimiento de derechos humanos en la Argentina.

¡Hasta la victoria siempre, querida Norita!

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“Como parte de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, ‘Norita’ siempre mantuvo en alto el reclamo de juicio y castigo para los genocidas de la última dictadura y la bandera de los 30 mil desaparecidos”, prosigue la declaración.

Y explica: “Su hijo, Gustavo Cortiñas, militante peronista y trabajador del Estado, fue secuestrado el 15 de abril de 1977 en Castelar, zona oeste del Gran Buenos Aires. Desde entonces, ella recorrió numerosas dependencias –como hicieron tantos familiares– hasta reunirse con otras mujeres en su misma situación y convertirse en Madre de Plaza de Mayo”.

“Solidaria con todas las luchas del país y del mundo, supo conectar con las jóvenes generaciones, que la reconocen como un ejemplo de coherencia y militancia”, sigue la declaración.

“En este momento de pesar, abrazamos a sus compañeras, familiares, amigos y a todas las personas que hoy, en su ausencia, sienten –al igual que nosotras– que se ha ido una mujer necesaria e indispensable. ¡Hasta la victoria siempre, querida Nora!”, concluye Abuelas.

Lo hizo a través de un comunicado en el que se expresó el representante en América del Sur, Jan Jarab.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU Alto Comisionado de la ONU manifestó su preocupación por "la vulneración de derechos y acciones violentas" por las protestas que se originaron en San Salvador de Jujuy a raíz de la aprobación de la reforma de la Constitución provincial.

"Hacemos un llamado urgente al diálogo constructivo e intercultural en Jujuy, que garantice la participación efectiva de los pueblos indígenas y de todas partes interesadas, para superar la crisis mediante vías democráticas e institucionales", expresó el representante en América del Sur, Jan Jarab.

Según indica el comunicado, la Oficina recibió "denuncias de uso indebido de la fuerza por parte de agentes policiales, resultando en decenas de personas heridas, incluido un adolescente con trauma ocular severo y otra persona con lesiones graves en la cabeza".

"También recabó antecedentes sobre detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes indígenas, de una legisladora provincial y de periodistas, así como sobre obstrucción de la labor de personas defensoras de derechos humanos", sigue el texto.

En esa línea, también incluye la vandalización de la Legislatura de Jujuy: "Según reportes, además, particulares han desarrollado acciones violentas e irrumpieron en instalaciones de la legislatura provincial".

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Jarab instó a las "las autoridades, provinciales y nacionales" a investigar "con premura todo indicio de violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra la reforma constitucional en Jujuy".

Y agregó: "Pero también deben redoblar sus esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso en términos de derechos humanos".

Para el representante de la ONU, la reforma "presenta incongruencias con las normas internacionales de derechos humanos, abriendo espacio a retrocesos en materia de reunión pacífica".

A su vez, advirtió que la ONU Derechos Humanos recibió "información de que el proceso de reforma constitucional en Jujuy careció de una participación significativa y suficiente de todas las partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas".

Al respecto, el Representante recordó que "el ejercicio efectivo del derecho a la participación es central para la democracia, en particular para dar legitimidad a un cuerpo legal tan trascendente como una Constitución provincial".

Para finalizar, Jarab afirma en el documento que "la situación en Jujuy se vincula con dos temas centrales que han sido objeto de seguimiento por parte de su Oficina en esta y otras provincias del país, como son la violencia institucional y la protección de los derechos de los pueblos indígenas".

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, concluyó ayer con los pasos formales para la puesta en vigencia de la reformada Constitución provincial y realizó el juramento, en medio de las protestas contra las modificaciones de la carta magna.

Human Right Watch y Aministía Internacional también se manifestaron

Ayer, la directora de la División de las Américas de Human Right Watch, Juanita Goebertus, publicó en su cuenta de Twitter: "Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de DDHH".

Por su parte, Amnistía Internacional pidió la "suspensión de la reforma constitucional aprobada y la habilitación de un proceso de diálogo que permita establecer un mecanismo participativo para la sanción de la reforma parcial de la Constitución".

El papa Francisco pidió este domingo el fin de la violencia en Perú, donde casi 50 personas han muerto en las últimas semanas durante bloqueos de rutas, piquetes y graves choques con la policía en la peor ola de disturbios que vive el país andino en dos décadas.

"Me uno a los obispos peruanos al decir No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", dijo el Papa en español en su sermón semanal ante miles de personas en la Plaza de San Pedro, desviándose brevemente del resto de los comentarios del Angelus, que fueron en italiano.

Las protestas estallaron en Perú después de que el expresidente Pedro Castillo fue destituido en diciembre tras intentar disolver ilegalmente el Congreso para evitar una votación de juicio político por un escándalo de corrupción.

"La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas", sostuvo el pontífice argentino.

"Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de derechos humanos y del Estado de Derecho".

Decenas de personas resultaron heridas en la más reciente ola de disturbios en Perú el viernes, cuando las fuerzas de seguridad en la capital, Lima, utilizaron gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes que arrojaban botellas de vidrio y piedras.

Los disturbios, que hasta esta semana se habían concentrado en el sur de Perú, llevaron al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a extender el estado de emergencia a seis regiones, restringiendo algunos derechos civiles.

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Francisco también pidió paz y perdón mutuo en Myanmar, donde al menos siete civiles murieron esta semana cuando las fuerzas armadas lanzaron ataques aéreos contra una aldea en la región central de Sagaing.

Myanmar se ha visto golpeada por los combates desde que el Ejército derrocó a un Gobierno electo en febrero de 2021. Han surgido movimientos de resistencia, algunos armados, en todo el país, que los militares tratan de sofocar usando una fuerza letal.

(Reporte de Federico Maccioni. Editado en español por Marion Giraldom, Reuters-Noticias Argentinas)

Una de las críticas que ha recibido Qatar como anfitrión de la Copa Mundo ha sido la violación de derechos humanos a trabajadores migrantes durante la preparación del torneo, problemática que incluso abarca muertes inexplicables de unos de ellos, según Human Rights Watch, razón por la que una pregunta frecuente de los reporteros a los futbolistas es ¿cuál es su posición frente a este asunto?

Moisés Caicedo, referente de la selección de Ecuador en el certamen mundialista, fue abordado en conferencia de prensa este 19 de noviembre sobre su opinión acerca de la violación de derechos humanos en Qatar, y, como era de esperarse, no supo cómo reaccionar. Por fortuna contó con el DT Gustavo Alfaro a su lado para ayudarlo a salir de aprietos.

Una vez el mediocampista del Brighton & Hove Albion fue preguntado por un periodista, observó al entrenador de la tri, quien, además de sonreírle, le puso un brazo en el hombro con un gesto amistoso y respondió.

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“No lo metan en problemas. Estamos a favor de todos los derechos humanos en todo el mundo y a la igualdad. Velamos por eso. Ellos son jugadores de fútbol, tienen su talento, tienen sus sueños e ilusiones. Merecen ser respetados por eso”, comentó Alfaro para disminuir la tensión de la escena.

Lo que nadie tenía previsto fue la reacción de quienes asistieron a la rueda de prensa, que aplaudieron la reflexión de "Lechuga".