Durante los primeros seis meses de 2025, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ documentó 102 delitos motivados por orientación sexual, identidad o expresión de género, lo que representa un incremento del 70% respecto del mismo período de 2024, cuando se habían reportado 60 casos. El dato refleja un récord histórico de violencia hacia la comunidad LGBT+ en Argentina.

Del total de hechos, 17 personas murieron y otras 85 sufrieron lesiones físicas. El informe señala que las mujeres trans fueron las principales víctimas, representando el 70,6% de los ataques, seguidas por varones gay cis (16,7%), lesbianas (6,9%), varones trans (4,9%) y una persona no binarie (1%).

De los 17 casos que implicaron la pérdida del derecho a la vida, cuatro fueron asesinatos, diez muertes por violencia estructural (precariedad, exclusión, abandono estatal) y tres suicidios. Esta clasificación muestra que la violencia hacia la comunidad no es solo directa, sino también producto de un contexto de desigualdad sistémica.

El 52,9% de las muertes fueron de mujeres trans, el 35,3% de varones gay cis, y el resto se reparte entre lesbianas, varones trans y una persona no binarie. El informe subraya que muchas de estas muertes eran evitables y expone la responsabilidad del Estado por acción u omisión.

El dato más inquietante del informe es que el 64,7% de los crímenes fueron perpetrados por el Estado, principalmente por fuerzas de seguridad en ejercicio de funciones (54 casos). En 12 episodios, la responsabilidad recayó en otras dependencias estatales que no protegieron a las víctimas. Solo el 35,3% de los ataques fueron cometidos por particulares.

El 54,1% de los crímenes ocurrieron en comisarías o unidades penitenciarias, lo que refleja la violencia institucional hacia personas LGBT+ privadas de libertad, en especial mujeres trans. El 17,6% sucedió en viviendas particulares, y el 16,4% en la vía pública, mostrando que ni el hogar ni la calle son espacios seguros para muchas personas de la diversidad.

La franja etaria más golpeada es la de 20 a 29 años, que concentra casi la mitad de los casos (45,16%). Le siguen los grupos de 40 a 49 años (19,35%) y 30 a 39 años (16,13%). También se registraron agresiones a adolescentes y adultos mayores, lo que indica una violencia transversal, aunque con un foco especialmente dirigido a los sectores más jóvenes.

El Observatorio destaca que la persistencia de ataques en franjas menores a los 40 años confirma el bajo promedio de vida de las personas trans y el fracaso del Estado en garantizar condiciones de existencia dignas.

El 60,8% de los crímenes ocurrieron en la provincia de Buenos Aires y el 23,5% en CABA, sumando más del 84% de los casos entre ambas jurisdicciones. El resto se distribuye entre Córdoba, Chaco, Salta, Tierra del Fuego, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Santiago del Estero, aunque el informe advierte que en varias provincias hay subregistro por falta de denuncias y ausencia de organizaciones que documenten estos hechos.

Un crimen de odio es una agresión impulsada por prejuicio, basada en el rechazo a la identidad o pertenencia de una persona a un colectivo históricamente vulnerado. La ley argentina reconoce estos delitos: la Ley Antidiscriminatoria 23.592 y la Ley 26.791, que incorporó el agravante por odio al Código Penal, establecen penas de prisión perpetua para quienes maten motivados por odio a la orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las formas más frecuentes de agresión fueron los golpes (57,8%), seguidos por puñaladas, disparos, asfixia, calcinamiento y abuso sexual. En 8 casos, las víctimas se autolesionaron, lo que el informe describe como una manifestación extrema de violencia psicológica y simbólica.

El Observatorio denuncia que los crímenes de odio no son hechos aislados, sino que responden a un clima social hostil, alimentado por discursos estigmatizantes que se replican desde altos niveles del poder político.

“Cuando el discurso oficial demoniza a un grupo históricamente vulnerado, niega sus derechos y ataca las leyes que lo protegen, se habilita socialmente la violencia”, advierte el informe. Y agrega: “Los discursos de odio no son opiniones inocuas, son estrategias de disciplinamiento social que generan condiciones para la violencia física, institucional y simbólica”.

El conductor del Bailando se burló de un grupo de bailarines y los comparó con fetas de fiambre.

Marcelo Tinelli tuvo expresiones despectivas hacia un grupo de bailarines en el programa del martes pasado y recibió el repudio de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Tan fuerte fue la carta del sindicato, que la productora de Tinelli, La Flia, tuvo que pedirles disculpas.

El comunicado del sindicato contra Marcelo Tinelli

"Las lamentables expresiones al aire del conductor de Bailando 2023 en relación a los derechos laborales de bailarinas y bailarines que actúan en su programa; el trato peyorativo e irrespetuoso hacia la entidad que los representa y, sobre todo, el intento de vulnerar esos derechos laborales, motivó el reclamo de nuestro sindicato a la productora La Flia.

Lo vituperado airadamente por Tinelli en la noche del martes, al comparar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras con «100 ó 110 gramos de mortadela», es nada más y nada menos que nuestro convenio colectivo que protege a esos trabajadores y trabajadoras. Un convenio histórico, conseguido tras mucho tiempo de lucha y defendido por varias generaciones de actrices y actores.

Lo vituperado airadamente por Tinelli en la noche del martes, al comparar el trabajo de nuestros compañeros y compañeras con «100 ó 110 gramos de mortadela», es nada más y nada menos que nuestro convenio colectivo que protege a esos trabajadores y trabajadoras. Un convenio histórico, conseguido tras mucho tiempo de lucha y defendido por varias generaciones de actrices y actores.[Melina Màrsico]

Convenio que no puede desconocer, pues ha regido la actividad en todo el tiempo que él ha desarrollado su tarea como empleador.

No sabemos si es mera casualidad o hay una intencionalidad en la conducta del animador, pero corren peligrosos tiempos de amenazas flexibilizadoras y de desconocimiento de la dignidad de los trabajadores. No son un aporte a la tranquilidad ni a la paz social actitudes como las que denunciamos.

Finalmente, en diálogo con responsables de la productora, se nos aseguró que se respetará el convenio, y bailarinas y bailarines percibirán sus salarios de acuerdo a lo que por ley les corresponde, en relación a la tarea que realizan.

Además, dicha productora nos manifestó un pedido de disculpas por el incidente ocurrido"