El proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada que el oficialismo busca aprobar en el Senado incorpora cambios importantes sobre el régimen de tierras en Argentina, especialmente en relación con la compra de campos por parte de extranjeros.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la eliminación de las restricciones vigentes que limitan la cantidad de tierras rurales que pueden estar en manos de ciudadanos o empresas extranjeras. De esta manera, dejarían de existir los topes de superficie y los porcentajes máximos establecidos por la normativa actual.

Sin embargo, el proyecto contempla un esquema especial de controles para determinados casos, principalmente en zonas de frontera y cuando intervengan Estados extranjeros o empresas con participación estatal.

La reforma propone derogar las restricciones actuales sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Si la ley avanza, ciudadanos y compañías extranjeras podrán comprar campos sin límites de extensión ni restricciones porcentuales.

No obstante, quedará prohibida la compra de inmuebles rurales por parte de Estados extranjeros o empresas estatales extranjeras, salvo que exista una autorización expresa del gobierno provincial correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto también reafirma que las provincias mantienen la potestad sobre sus territorios, por lo que tendrán participación en las operaciones que involucren compradores extranjeros.

Para los terrenos ubicados en áreas fronterizas, la iniciativa establece un mecanismo más estricto. En esos casos será necesario contar con la aprobación conjunta de la provincia donde se encuentra el inmueble y del Gobierno nacional antes de concretar la operación.

Además, incorpora el denominado principio de silencio administrativo: si pasan 180 días sin una objeción formal de ninguna de las jurisdicciones involucradas, la autorización se considerará otorgada.

Otro eje importante del proyecto está vinculado al procedimiento para recuperar inmuebles ocupados. La propuesta habilita un mecanismo de desalojo exprés en casos de usurpación u ocupación precaria, siempre que el propietario pueda acreditar de manera suficiente la titularidad del inmueble.

El juez podrá ordenar la restitución del bien cuando considere verosímil el derecho del dueño y exista documentación que respalde el reclamo. Además, se establece la posibilidad de intimar al ocupante a devolver el inmueble en un plazo de 72 horas desde la solicitud judicial.

El proyecto también modifica algunos aspectos vinculados a los contratos de alquiler. Ante una deuda, el propietario deberá enviar una intimación previa mediante carta documento o medios electrónicos y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación.

Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar una acción judicial de desalojo. La iniciativa también establece que el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves, aunque podrá dejar asentadas las deudas pendientes para reclamarlas posteriormente.

El texto incorpora modificaciones al régimen de expropiaciones y establece que las declaraciones de utilidad pública deberán tener una interpretación restrictiva. El Estado deberá fundamentar de manera expresa los motivos de una expropiación y justificar la necesidad de la medida.

En cuanto a las indemnizaciones, se incorpora un límite del 30% para el reconocimiento del lucro cesante y se fija un esquema de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más la tasa del Banco Nación para depósitos a 30 días.

La iniciativa también propone cambios en la normativa sobre incendios rurales. Uno de los puntos principales es la eliminación de la prohibición que impedía durante 30 años cambiar el uso de terrenos agropecuarios afectados por incendios. La modificación alcanzaría a superficies rurales, pastizales, praderas, matorrales y áreas periurbanas.

En cambio, se mantienen las restricciones para bosques nativos y humedales, donde continuará vigente la prohibición de modificar el uso del suelo durante 60 años después de un incendio. El proyecto forma parte de la agenda de reformas impulsadas por el Gobierno nacional y será analizado por el Senado junto con otros temas legislativos.

Este viernes 27 de marzo se llevó adelante el desalojo de los departamentos ubicados sobre avenida Mitre, en la ciudad de Rafaela, que permanecían ocupados de manera irregular desde hacía aproximadamente 13 años.

El procedimiento permitió retirar a las últimas personas que habitaban el lugar. Según se informó, el inmueble había sido foco de diversas problemáticas que afectaban directamente a vecinos y comerciantes del sector.

Durante más de una década, el lugar fue señalado por vecinos como un punto crítico en materia de convivencia y seguridad. Entre las principales situaciones denunciadas se encontraban la presunta venta de estupefacientes, la acumulación de residuos, malos olores y condiciones de higiene deficientes.

Además, se había advertido la presencia de un perro considerado peligroso, que en distintas oportunidades habría atacado a transeúntes, generando preocupación entre quienes circulaban por la zona.

El contexto derivó en un clima de tensión constante en el sector. Comerciantes de la zona habían optado en reiteradas ocasiones por cerrar sus locales antes de lo habitual ante el temor de disturbios o hechos de inseguridad.

Con el desalojo concretado, la propiedad fue restituida a sus dueños, quienes deberán definir ahora el destino del inmueble.

Un operativo conjunto se llevó a cabo en una vivienda ubicada en J. J. Paso, en barrio Amancay, luego de que el propietario del inmueble denunciara la presencia de personas en el interior de la casa.

Durante la madrugada, personal de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR) y efectivos de la Unidad Regional V (URV) se hicieron presentes en el lugar para constatar la situación. Al arribar, encontraron a seis individuos dentro de la vivienda.

Según se informó, la mayoría de las personas huyó al advertir la presencia de las autoridades. No obstante, se logró identificar a los seis involucrados, quienes contarían con antecedentes delictivos.

Dos de ellos permanecieron en el lugar y, de acuerdo con lo consignado, se acusaban mutuamente por el presunto robo de una motocicleta, situación que es materia de investigación.

Tras el procedimiento, se realizó un operativo de limpieza en el inmueble. La Policía continúa con las actuaciones correspondientes y la toma de declaraciones para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires realizó un operativo sorpresivo este domingo a las 2 de la madrugada para desalojar a los militantes que acampaban en las inmediaciones del departamento de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la calle San José al 1111, en el barrio porteño de Constitución. 

“No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, aseguraron voceros policiales, quienes destacaron que el procedimiento se desarrolló sin incidentes ni represión.

El operativo incluyó el retiro de carpas, banderas y estructuras instaladas sobre la vía pública. No se reportaron enfrentamientos ni detenciones. 

Pasadas las 3 de la mañana, ya no quedaban efectivos en el lugar y la circulación vehicular había sido restablecida. 

Según las autoridades, el despliegue fue motivado por la necesidad de liberar el espacio público y se realizó de forma sorpresiva para evitar disturbios.

Este desalojo se produjo en un contexto en el que la expresidenta solicitó al Tribunal Oral Federal 2 cumplir la pena de seis años de prisión impuesta en la causa Vialidad bajo la modalidad de prisión domiciliaria. La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó que “el contexto de seguridad personal y su rol institucional como exmandataria impiden una detención en una unidad penitenciaria común”.

El escrito remitido al tribunal destacó el intento de homicidio sufrido por Kirchner en septiembre de 2022 como principal antecedente para requerir medidas especiales de custodia. Además, la defensa sostuvo que, por su condición de expresidenta y exvicepresidenta, corresponde un régimen de reclusión aislado del resto de la población carcelaria. 

La solicitud incluyó, de manera explícita, el pedido de no utilizar tobillera electrónica, bajo el argumento de que la exmandataria cuenta con seguridad oficial permanente durante las 24 horas.

La dirección propuesta para cumplir la detención es la vivienda ubicada en la calle San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, donde actualmente reside con su hija Florencia Kirchner. 

El lugar fue inspeccionado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, cuyos peritos concluyeron que “reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento del arresto domiciliario”. El informe incluyó un análisis del entorno, la circulación en la zona, la configuración de las viviendas colindantes y otros elementos de interés para la evaluación judicial.

Pepe Ochoa aseguró que la hija del periodista Jorge Rial debe una gran suma de alquiler y que el dueño del edificio le pidió que se retire.

Morena Rial estuvo en el ojo de la tormenta tras protagonizar una pelea junto a su expareja, el boxeador Matías Ogas. Ahora, el periodista Pepe Ochoa aseguró que la hija de Rial enfrenta un problema económico y no puede pagar el alquiler de su departamento, lo que llevó a que el dueño le pida que ‘pague o se retire’.

“More Rial recibió un pedido de desalojo. Vieron que yo conté lo de la denuncia de violencia de género, pero también lo que sucedió es que su exnovio le sacó plata, los pasaportes y los documentos”, informó Pepe Ochoa en LAM (Ámerica).

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La mediática está embarazada de 7 meses. La semana pasada brindó declaraciones en el mismo medio sobre la pelea que tuvo con el padre del hijo que está esperando, quien fue denunciado por violencia de género.

“Y lo que sucedió con esto es que ella no está pudiendo pagar el alquiler y hoy le dieron un ultimátum para que pueda pagar lo que debe o mañana la sacan del departamento”, continuó el periodista.

“A raíz de todo el conflicto en el edificio (por la pelea que protagonizo), al dueño, que se llama Arturo, no le gustó nada. Entonces le dijo a More ‘pagame lo que me debes o, por favor, retirate’”, cerró.