En un nuevo capítulo del conflicto universitario, se convocó a un nuevo paro nacional de 48 horas los días miércoles 11 y jueves 12 de junio. La medida fue adoptada por el plenario de secretarías generales de la la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) que sesionó el pasado viernes 6, y responde al deterioro del salario docente en el contexto del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

"Hoy, los salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza, con una pérdida de poder adquisitivo que supera el 100% respecto a la inflación Según indicaron, el poder adquisitivo cayó tan drásticamente que "venimos perdiendo el equivalente a casi un salario completo cada tres meses".

La Conadu Histórica -a la que adhiere el sindicato local Adul- también definió coordinar con las restantes federaciones universitarias la convocatoria a un nuevo paro nacional de 48 horas durante la semana del 23 de junio, cuyas fechas se definirán en función de la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria.

Desde la federación señalaron que "esta situación es parte de un plan sistemático del gobierno de Milei para desfinanciar la universidad pública" y denunciaron el virtual congelamiento de la paritaria docente universitaria, cuya última reunión data del 26 de septiembre de 2024. "La Subsecretaría de Políticas Universitarias desapareció del mapa. No hubo ni una sola nueva convocatoria a las organizaciones sindicales docentes con representación para iniciar un proceso de negociación", remarcaron.

Entre los principales reclamos se encuentran "la inmediata recomposición salarial, la reapertura de paritarias ya y el cese del ajuste contra la universidad pública". En Santa Fe, además de la medida de fuerza, habrá distintas acciones de visibilización.

Además, hicieron un llamado al Congreso de la Nación para que avance con la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. "Remarcamos la necesidad de seguir fortaleciendo la unidad del Frente Sindical de Universidades Nacionales -que nuclea a las federaciones docentes y no docente-, el sector estudiantil, el científico tecnológico y las autoridades del CIN", indicaron.

Cabe destacar que este proyecto se presentó en el Congreso el pasado 28 de mayo, y fue elaborado con el aporte de estudiantes, docentes, no docentes y autoridades de todo el país, con la voluntad de constituir un insumo que permita sancionar una ley que solucione estructuralmente al problema de financiamiento, asignando recursos básicos para el normal funcionamiento del sistema universitario y científico y resolviendo la situación salarial.

Ese mismo día, en la UNL se hizo una concentración en apoyo a lo que pasaba en Buenos Aires, mientras que el pasado lunes 2, rectores de las universidades públicas nacionales con sede en la provincia (UNL, UNR, UNRaf y UTN) presentaron el proyecto a diputados nacionales por Santa Fe, a quienes pidieron su apoyo para su aprobación.

Además, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se están juntando firmas -a través de un formulario de adhesión- a la propuesta de financiamiento universitario.

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El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, ratificó que irán a la Justicia para que determine cuál es el organismo que debe auditar a las universidades nacionales. La decisión surge como respuesta a la intención del Gobierno de que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sea la encargada de realizar el control.

"Como todos saben, mediante un comunicado, el Poder Ejecutivo informó que por disposición unilateral las universidades nacionales serán auditadas por la Sindicatura General de la Nación. Nosotros entendemos que no posee las competencias para auditar a las universidades por distintas razones jurídicas de peso, pero eso no significa de ningún modo que nos oponemos a las auditorías", introdujo Gelpi en un encuentro con periodistas organizado en la sede del Rectorado ubicado en la calle Viamonte.

"Esto es muy importante y lo voy a repetir: de ningún modo nos oponemos a las auditorías. Todo lo contrario. Queremos ser auditados todo lo que sea necesario dentro del marco de las leyes y las instituciones. Y es por esto que hemos decidido presentarnos ante la Justicia para que ella sea la que decida si el procedimiento que quiere llevar a cabo el gobierno nacional se encuentra dentro del marco legal vigente. Nosotros entendemos que no, pero acataremos de manera irrestricta lo que el Poder Judicial decida", aclaró.

Ante las consultas, Gelpi dijo que de ninguna manera temen una intervención.

SÍ a las auditorias, NO a la intervención del Poder Ejecutivo a las universidades públicas.

Por el derecho a la educación universitaria libre, gratuita y de excelencia.

Leé la solicitada ⬇️ pic.twitter.com/JP24DOgM46

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A la par, la UBA publicó en su página web un comunicado en el que señaló que es uno de los entes más controlados y auditados en el sector público a través de la Auditoría General de la Nación, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo (con informes mensuales de gastos a la Subsecretaría de Políticas Universitarias) y la Auditoría General de la Universidad. Además, puso a disposición los últimos trabajos de control realizados por estos organismos.

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Leonora Colombo, integrante del Claustro de Graduados del Consejo Superior, explicó el alcance de la presentación judicial que principalmente objeta la participación de la SIGEN en el proceso de control porque violaría la autonomía universitaria.

"Es una acción declarativa de certeza que fue iniciada el día viernes. ¿Cuál es el objetivo de la acción declarativa de certeza? Acá hay una discusión o un debate respecto a la interpretación del sistema jurídico vigente. La Universidad sostiene que la SIGEN no tiene competencias para auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. En nuestra República, el órgano constitucional que está llamado a resolver este tipo de conflictos es el Poder Judicial, con lo cual la Universidad ha elegido encausar institucionalmente este debate para lograr un pronunciamiento del único órgano que es el último intérprete de la Constitución y las leyes", especificó.

Y desarrolló: "La SIGEN puede ejercer sus actividades de control respecto a los entes y organismos que dependen del Poder Ejecutivo Nacional. No es una opinión de la UBA. Esa es la letra de la ley. En el año 1994, se modificó la Constitución y se incorporó en el artículo 75, inciso 19, de la autonomía universitaria. La Corte Suprema precisó en el año 2003, o sea hace 20 años que está saldada esta discusión, que la autonomía implica que las universidades no dependen del Poder Ejecutivo y que están exentas de cualquier tipo de interferencia o control del Ejecutivo sobre todas sus actividades, incluyendo las económico financieras".

La discusión técnica surge en medio de una fuerte polémica pública entre el gobierno nacional y las universidades públicas, que reclaman por un fuerte ajuste en el presupuesto educativo y ya han realizado importantes movilizaciones en todo el país con fuertes críticas a la gestión de Javier Milei. El Presidente dice, en cambio, que lo único que pretenden es auditar a las universidades y el financiamiento está garantizado.

Matías Ruiz, secretario de Hacienda de la UBA, precisó en la conferencia de prensa de este lunes que todos los decanos están trabajando para que el cuatrimestre termine de la mejor manera posible. Recordó que la discusión "operativa", que implica que la luz esté prendida, los baños limpios y las facultades en condiciones para abrir sus puertas, se saldó después de la primera marcha realizada el 23 de abril.

"Sí hay un escenario de público conocimiento de conflictividad vinculado a los salarios docentes que han perdido su capacidad de adquisitiva un 35% a la fecha y y estamos todo el tiempo trabajando para poder garantizar que se completen los calendarios académicos y que finalice un cuatrimestre, al mismo tiempo que trabajamos a los efectos de que se incorporen en el Presupuesto para lo que queda del año las partidas necesarias para la recomposición de salarios", agregó.

A la par, buscan que el Congreso pueda establecer en el Presupuesto 2025 las partidas necesarias para que la UBA funcione con normalidad.