La empresa Kopelco S.A., propietaria de la marca de preservativos Tulipán, concretó un fuerte ajuste en su estructura productiva y despidió a 220 trabajadores, en medio de un escenario de crisis que afecta al sector industrial.

La firma llegó a contar con 355 empleados directos, pero actualmente opera con apenas 135 trabajadores, lo que implica un recorte superior al 60% de su planta laboral.

El gerente general de la compañía, Felipe Kopelowicz, describió la situación como “un jaque total” para la empresa. Según explicó, si bien el negocio de los preservativos mantiene cierta estabilidad gracias a su posicionamiento en el mercado, la división textil sufrió un fuerte derrumbe en la demanda.

“Tenemos caídas de ventas de hasta el 50% en algunos rubros. Nunca viví una cosa así”, señaló el directivo en declaraciones radiales.

La empresa produce, además de preservativos, elásticos para ropa interior, globos y distintos productos elaborados con látex, principalmente en plantas ubicadas en San Martín y San Luis.

Desde la compañía señalaron que la crisis se explica por la caída del poder adquisitivo y la retracción del consumo interno, lo que impacta especialmente en productos industriales intensivos en mano de obra.

A esto se suma la competencia de importaciones, principalmente de productos textiles provenientes de China, que —según la empresa— dificulta la continuidad de la producción local.

Tulipán es una marca histórica del mercado argentino, con alrededor del 40% de participación en la venta de preservativos y también ha sido proveedor del Estado en campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Kopelowicz también cuestionó la relación con el Gobierno nacional y afirmó que no hubo diálogo con las cámaras del sector industrial. “Nunca nadie llamó a la cámara”, sostuvo el empresario.

Respecto a la reciente reforma laboral, consideró que la situación del sector no depende exclusivamente de cambios en las leyes de contratación, sino de una recuperación del consumo.

“Si la gente no se siente tranquila en su trabajo, no va a consumir. Hoy la gente tiene salarios, pero no llegan”, concluyó el directivo, reflejando la preocupación de parte del sector industrial frente al deterioro del mercado interno.

El juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Mercedes clausuró la firma Lácteos Conosur S.A. —que operaba bajo el nombre comercial La Suipachense— con más de 70 años de actividad en el mercado.  

Origen del conflicto

La fábrica, ubicada en la localidad bonaerense de Suipacha, atravesaba un escenario crítico: paralización de actividades, conflictos laborales y acumulación de cheques rechazados por miles de millones de pesos. En su resolución, el juzgado determinó que “la inhabilitación de la empresa fallida es definitiva”, ordenando además la inhibición general de bienes y la clausura del establecimiento.

La medida deja directamente sin empleo a unas 140 personas, quienes ya no contaban con producción activa y reclamaban sus salarios.La quiebra de La Suipachense se suma a la de otra empresa láctea del sector, Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), que había sido declarada en quiebra días antes.

Deudas y consecuencias jurídicas

La empresa acumulaba una deuda estimada en más de $8.450 millones, según datos judiciales; junto a ello, había más de un millón de pesos reclamados por el gremio lácteo.El fallo también incluyó la inhabilitación de su administrador, el empresario Jorge Luis Borges León, quien quedó sujeto a restricciones para salir del país. 

Qué sigue ahora

La etapa de liquidación comenzará de inmediato: la sindicatura interviniente deberá disponer el destino de los activos, mientras la planta permanece clausurada y la documentación estará bajo custodia judicial. El contexto obliga a monitorear los efectos en la cadena de producción lechera de la región y las medidas de asistencia que puedan implementarse para los trabajadores.La caída de La Suipachense representa no sólo el fin de una empresa emblemática de la industria láctea argentina, sino también el impacto inmediato sobre trabajadores, familias y la economía local. En un sector ya golpeado por la crisis, este nuevo capítulo añade urgencia al debate sobre sostenibilidad, regulación y protección laboral.

En la Embotelladora del Atlántico SA (Edesa) sobre la ruta 19 continúa el conflicto ahora en conciliación obligatoria. No obstante, un grupo de empleados fueron cesanteados.

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Unos 48 trabajadores de Coca Cola fueron cesanteados tras el conflicto que inició la semana pasada en la fábrica de la Embotelladora del Atlántico SA (Edasa), sobre la ruta 19, por el reclamo de un bono compensatorio de 425 mil pesos por Ganancias.

Para este martes, el conflicto se encuentra en conciliación obligatoria pero hay 48 trabajadores despedidos.

Gabriel Sánchez uno de los despedidos dijo a Cadena 3 que "el gremio los dejó regalados y sin nada". "Los delegados decían que iban a hacer ebullición con eso y si ingresábamos nos íbamos a pelear con nuestros compañeros y entonces no ingresó nadie hasta lograr lo que solicitaban. Ahora 48 trabajadores estamos sin nada, esperando ver si nos reincorporan o nos indemnizan", detalló.

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Hay trabajadores de 15 años de antigüedad en la empresa que han sido desvinculados.

Matías Abdenur, representante del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines (SUTIAGA), declaró la semana pasada a Cadena 3: "Estamos solicitando un bono compensatorio de $425 mil por Ganancias, ya que este impuesto afecta nuestro poder adquisitivo. Hemos presentado diversas propuestas de compensación a la empresa, pero hemos recibido un rechazo contundente en las negociaciones paritarias".

No obstante, desde Edasa indicaron que el reclamo de Sutiaga y el cuerpo de delegados, “no está sustentado en ningún incumplimiento de la empresa” y advirtieron sobre la paralización de la planta y las posibles consecuencias en la comercialización y abastecimiento de los productos de la compañía.

La Federación Argentina de Trabajadores de Aguas, Gaseosas y Afines (Fataga), la entidad gremial que los nuclea a nivel nacional y la que negoció las paritarias con las patronales, ha manifestado su preocupación por el conflicto generado únicamente en la planta de la ciudad de Córdoba.

Cabe destacar que se encuentran en proceso de revisión las paritarias, que alcanzaron un 40% en abril y un 132% de incremento interanual. Cadena 3.