La cadena de electrodomésticos Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino en medio de una profunda reestructuración interna y luego de haberse presentado en concurso preventivo de acreedores.

Los locales afectados se encuentran en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Si bien la empresa no brindó detalles oficiales sobre el impacto laboral, fuentes vinculadas al proceso señalaron que más de 100 trabajadores habrían perdido sus puestos de trabajo.

La medida se da en un escenario marcado por la caída del consumo, el crecimiento de las ventas online y las dificultades financieras que atraviesa la compañía.

La empresa propietaria de Musimundo, Carsa, había solicitado en julio la apertura del concurso preventivo ante la Justicia, con el objetivo de ordenar y reestructurar sus obligaciones.

Desde el entorno de la compañía explicaron que los cierres corresponden a locales considerados “duplicados”, es decir, establecimientos donde la marca contaba con más de un punto de venta en una misma localidad.

Además, indicaron que la intención de la firma es avanzar con la reorganización financiera para poder salir del proceso judicial. Los empleados afectados, en tanto, aguardan definiciones sobre el pago de salarios pendientes y las indemnizaciones correspondientes.

Uno de los casos que reflejó la situación fue el de empleados de una sucursal de Posadas, quienes aseguraron que hasta días antes del cierre esperaban continuar bajo una nueva administración.

Según relataron trabajadores afectados, inicialmente se les había informado que conservarían la antigüedad laboral ante una posible venta de la compañía, pero posteriormente recibieron la comunicación de que la operación no se concretaría y que los locales cerrarían.

Según registros del Banco Central, a fines de mayo de 2026 la empresa acumulaba pasivos bancarios por aproximadamente $3.060 millones.

Entre sus principales acreedores figura el Banco Nación, con una deuda cercana a los $1.549 millones, mientras que el Nuevo Banco del Chaco registra obligaciones por unos $300 millones.

En tanto, la deuda incluida en el concurso preventivo asciende a aproximadamente $63.500 millones.

La decisión de recurrir a esta herramienta judicial, según la empresa, apunta a ordenar el conjunto de sus pasivos y no estaría vinculada exclusivamente con un incumplimiento bancario inmediato.

La crisis de Musimundo ocurre en medio de una transformación del negocio de electrodomésticos y tecnología, donde las ventas digitales ganaron participación frente a los locales físicos.

En los meses previos al concurso, se había negociado una posible venta de la cadena a los propietarios de On City, pero finalmente no hubo acuerdo.

Actualmente, el mercado enfrenta un cambio en los hábitos de compra, con consumidores que recurren cada vez más a plataformas online y empresas que buscan reducir estructuras de costos.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026 las ventas online crecieron un 28% interanual, aunque ese incremento quedó por debajo de la inflación registrada en el período.

La situación plantea un desafío para cadenas tradicionales como Musimundo, que deben adaptarse a un escenario de menor consumo, mayores costos y una creciente competencia del comercio electrónico.

El proceso de concesión de las rutas nacionales impulsado por el Gobierno nacional tendrá un fuerte impacto en los trabajadores de los peajes. Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Concesiones Viales (Sutracovi) alertaron que alrededor de 500 puestos laborales están en riesgo por los cambios en el sistema de administración de los corredores.

Según explicó el secretario general del gremio, Leandro Bond, de los aproximadamente 600 trabajadores que actualmente se desempeñan en las estaciones de peaje, solo unos 100 continuarían en actividad hacia fin de año.

El dirigente sindical cuestionó que, por primera vez, los nuevos pliegos de concesión no incluyen una cláusula que garantice la continuidad de los empleados. “Por primera vez en la historia, los pliegos de concesión de las licitaciones no contemplan la continuidad laboral”, señaló.

Bond indicó que desde hace tiempo los trabajadores comenzaron a recibir propuestas de desvinculación por parte de Corredores Viales S.A..

La mayoría de los empleados, según explicó, está aceptando acuerdos que contemplan el pago de una indemnización más un porcentaje adicional, aunque bajo un esquema de cuotas.

“Es el pago de una indemnización más un 19%: un 9% por la obra social y un 10% por los preavisos. Son acuerdos en 12 cuotas y la mayoría de la gente está tomando ese mal llamado retiro voluntario”, detalló. El nivel de adhesión a estas propuestas, de acuerdo con Sutracovi, se ubica entre el 95% y el 98% de los trabajadores.

Quienes no acepten los acuerdos podrían ser desvinculados por la empresa y recibir la indemnización correspondiente según establece la legislación laboral.

El proceso de concesión alcanza distintos corredores que atraviesan la provincia de Santa Fe. Entre ellos se encuentran las rutas nacionales 11, 33, 8, 34 y 19, además de las autopistas Rosario-Córdoba y Rosario-Buenos Aires.

Bond explicó que los trabajadores que ya aceptaron las propuestas continuarán cumpliendo sus tareas hasta que las nuevas empresas concesionarias asuman formalmente la administración de los corredores.

Está previsto que algunas firmas comiencen a operar durante septiembre y otras en octubre, aunque los plazos podrían modificarse.

“Las desvinculaciones son a partir de que la nueva empresa venga”, aclaró el dirigente gremial.

Desde Sutracovi señalaron que vienen advirtiendo sobre esta situación desde hace más de un año y que realizaron reuniones informativas en cada estación de peaje para explicar a los trabajadores los alcances del nuevo esquema.

Bond remarcó que cada empleado tomó la decisión considerando su situación personal y familiar, aunque sostuvo que el resultado final será una importante reducción de puestos laborales. “Son muchos sentimientos encontrados y da mucha bronca”, expresó el secretario general del sindicato.

La empresa avícola Granja Tres Arroyos desvinculó a 250 trabajadores de su planta industrial ubicada en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, sobre una dotación total cercana a los 900 empleados.

Según explicó la compañía en los telegramas enviados al personal, la decisión responde a una grave disminución del nivel de actividad vinculada con las restricciones impuestas a las exportaciones de carne aviar, principalmente tras los brotes de influenza aviar registrados en el país.

La firma sostuvo que ese escenario provocó una reducción de las ventas externas, una sobreoferta de producción en el mercado interno, caída de precios y un aumento sostenido de los costos operativos.

En los documentos enviados a los trabajadores, Granja Tres Arroyos señaló que también atravesó contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron la producción y los niveles de faena.

La compañía aseguró haber adoptado diferentes medidas para preservar la continuidad de la actividad y sostener la mayor cantidad posible de puestos de trabajo, aunque afirmó que esas acciones no alcanzaron para revertir la situación económica y financiera.

Por ese motivo, justificó los despidos como parte de una reestructuración parcial de su organización y de una adecuación de la dotación de personal.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) repudió las desvinculaciones y calificó el accionar empresario como “artero e insensible”.

Desde el gremio sostuvieron que los despidos “no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis” y señalaron que entre los afectados también habría delegados de personal.

Además, aseguraron que los empleados acumulan más de cinco quincenas de salarios atrasados, una situación que, según remarcaron, profundizó la incertidumbre entre las familias.

“No queremos ser una variable de ajuste descartable”, expresaron desde la entidad sindical.

Por su parte, Julio Chamorro, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) en Concepción del Uruguay, cuestionó que la empresa encuadre la situación como fuerza mayor y consideró que los despidos son improcedentes.

Uno de los factores centrales señalados por la empresa es la crisis que generaron los sucesivos brotes de influenza aviar de alta patogenicidad sobre el comercio exterior argentino.

El sector había perdido temporalmente el acceso a mercados como China y la Unión Europea luego de la aparición de casos en establecimientos comerciales.

La situación volvió a complicarse con nuevos focos detectados durante 2025 y 2026, lo que afectó especialmente la comercialización de carne aviar fresca.

Según la información difundida, la Unión Europea dispuso recientemente la reapertura de su mercado para exportaciones argentinas desde el 17 de agosto de 2026, luego de reconocer nuevamente el estatus sanitario del país.

La situación financiera de Granja Tres Arroyos venía mostrando dificultades desde antes de los últimos despidos.

En diciembre de 2024, la compañía había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, aunque el trámite no llegó a formalizarse a nivel nacional.

Además, actualmente mantiene negociaciones con acreedores para reestructurar una deuda estimada en US$350,9 millones.

La propuesta analizada incluiría quitas de hasta el 75% del capital adeudado, plazos de pago de hasta siete años y la venta de activos considerados no estratégicos.

Mientras la empresa sostiene que la reducción de personal es necesaria para garantizar la continuidad de la actividad, los sindicatos anticiparon que continuarán cuestionando los despidos y reclamando una solución para los trabajadores afectados.

La empresa Tenaris SIAT, perteneciente al Grupo Techint, desvinculó a 150 trabajadores contratados de su planta ubicada en Valentín Alsina, partido bonaerense de Lanús.

La decisión comenzará a regir desde este miércoles 1° de julio y afecta a tres cuartas partes del personal que trabajaba bajo esa modalidad en el establecimiento.

Los empleados alcanzados por la medida no forman parte de la planta estable, sino que tenían contratos a plazo fijo, renovados periódicamente en función de los proyectos productivos que ingresaban a la fábrica.

La planta cuenta actualmente con unos 350 trabajadores, entre personal efectivo y contratado. Durante la construcción del Gasoducto Perito Moreno, ex Néstor Kirchner, había llegado a emplear a más de 550 operarios y funcionaba en tres turnos para abastecer la demanda de caños.

La situación comenzó a deteriorarse tras la finalización de obras energéticas de gran escala y la pérdida de nuevas licitaciones privadas vinculadas al proyecto de exportación de gas natural licuado impulsado por Southern Energy.

Uno de los antecedentes centrales fue la licitación para la provisión de caños del gasoducto entre Vaca Muerta y Río Negro, que finalmente quedó en manos de la empresa india Welspun. Tenaris había competido por ese contrato, considerado clave para sostener la actividad de la planta bonaerense.

A esa derrota se sumó la exclusión de la UTE Techint-Sacde de otra licitación del mismo proyecto, destinada a la construcción de un gasoducto de 471 kilómetros entre Neuquén y la costa rionegrina.

La falta de nuevos contratos profundizó la caída de actividad en el establecimiento, que desde fines de 2025 venía atravesando un esquema de suspensiones rotativas.

El proyecto de Southern Energy contempla inversiones millonarias para la exportación de GNL, con participación de compañías como Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

En ese contexto, la salida de Tenaris de las licitaciones impactó de lleno sobre la planta de Valentín Alsina, históricamente vinculada a la producción de tubos de gran diámetro para gasoductos y oleoductos.

Aunque la empresa no realizó declaraciones públicas sobre la medida, la desvinculación de los trabajadores contratados genera preocupación en el sector industrial y sindical, en medio de un escenario de menor actividad para la industria metalúrgica.

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional tuvo un giro en las últimas horas. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió levantar el paro total previsto para este jueves y reemplazarlo por una jornada de protesta con asambleas, lo que garantiza el normal funcionamiento de los vuelos en todo el país.

La medida se desarrollará sin cese de tareas, en una franja horaria comprendida entre las 5 y las 12, con actividades como ruidazos y reuniones internas. De este modo, se evita afectar un servicio clave para la aviación.

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) confirmaron que las operaciones aéreas se desarrollarán con normalidad, ya que el servicio meteorológico aeronáutico —esencial para la seguridad de los vuelos— no se verá interrumpido.

En un primer momento, el paro había generado preocupación en el sector, dado que la provisión de información climática es fundamental para la programación y ejecución de los vuelos.

El conflicto se originó por los recortes de personal en el organismo, que según fuentes sindicales podrían alcanzar a unos 240 trabajadores, de los cuales ya 140 recibieron preavisos de despido.

Desde ATE advierten que existe incertidumbre sobre nuevas cesantías y cuestionan la falta de definiciones oficiales. Además, denuncian que muchos empleados afectados no están en planta permanente, lo que complica el acceso a indemnizaciones.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, criticó con dureza la postura del Gobierno y sostuvo que los recortes “ponen en riesgo servicios vitales”.

Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger argumentó que el organismo está sobredimensionado en relación con los avances tecnológicos y planteó la necesidad de una modernización estructural.

Estas declaraciones fueron rechazadas por trabajadores y especialistas, quienes remarcaron la importancia del sistema de estaciones meteorológicas y alertaron sobre posibles consecuencias en áreas sensibles como la aviación, la producción agropecuaria y la gestión de emergencias.

En este contexto, la jornada de protesta buscará visibilizar el conflicto y exigir la apertura de una mesa de diálogo con el Gobierno para frenar los despidos y garantizar el funcionamiento del organismo.

Mientras tanto, el servicio continuará operativo, en medio de un escenario de tensión que aún no encuentra resolución.

Cierre de producción y reducción de personal

La empresa Frimetal, que produce para la multinacional sueca Electrolux, anunció que a partir de mayo se suspenderá la fabricación de heladeras en su planta ubicada en la zona sur de Rosario. Esta decisión formará parte de un proceso de ajuste productivo que comenzó en enero de este año, y que se concretará con el despido de aproximadamente 100 trabajadores.

La noticia ha generado preocupación en la comunidad y en el sector gremial, ya que el cierre de la línea de heladeras representa una disminución significativa en la actividad de la planta, que anteriormente empleaba a decenas de trabajadores en esa área.

Proceso de reducción productiva

Este ajuste forma parte de una reconfiguración más amplia de las operaciones industriales en la planta de Rosario. A principios de 2026, la empresa ya había cesado la fabricación de cocinas, marcando el inicio de un proceso de retracción en la producción. En marzo, se implementó un esquema de retiros voluntarios, al que aproximadamente 130 empleados decidieron adherir, lo que contribuyó a reducir el número de personal en la planta.

Ahora, con la suspensión de la producción de heladeras, la planta quedará exclusivamente enfocada en la fabricación de lavarropas y freezers. Sin embargo, la compañía destacó que esta fase también traerá una reducción en el volumen de producción y en la cantidad de horas laborales de los empleados restantes.

Impacto en la comunidad y el empleo

El impacto de este ajuste será significativo, tanto en términos de empleo como de impacto económico para la ciudad de Rosario. Los trabajadores afectados por los despidos deberán afrontar un difícil panorama laboral, mientras que la planta, aunque seguirá operativa, verá mermada su capacidad productiva.

La empresa se ha comprometido a sostener la continuidad operativa en las líneas de lavarropas y freezers, aunque con una disminución notable de la actividad. Esta medida ha sido vista con preocupación por los sindicatos, que temen que la planta continúe reduciendo su capacidad productiva en el futuro cercano.

Un nuevo conflicto se abre en el ámbito del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tras el anuncio de despidos y reestructuración del organismo, lo que derivó en la convocatoria a un paro por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para el próximo 24 de abril.

Desde el gremio señalaron que la reducción de personal y el cierre de estaciones meteorológicas podrían tener consecuencias directas sobre la seguridad aérea y el funcionamiento del sistema de monitoreo climático en el país.

Según explicaron, la medida de fuerza abarcará tanto las estaciones aeroportuarias como las áreas de pronóstico, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan los trabajadores del organismo. En ese sentido, advirtieron que el recorte afectaría tareas clave vinculadas a la prevención de riesgos y a la asistencia en operaciones aeronáuticas.

Uno de los puntos más críticos planteados por ATE es el posible cierre de unas 40 estaciones en todo el territorio nacional, lo que —según sostienen— incrementaría los riesgos, especialmente en servicios nocturnos vinculados a la aviación.

En paralelo, desde el Gobierno nacional se impulsa una reestructuración que contempla la desvinculación de aproximadamente 140 trabajadores y la modernización del sistema mediante la automatización de procesos. El objetivo oficial es reducir costos operativos y actualizar la red de observación meteorológica, considerada obsoleta en comparación con estándares internacionales.

Sin embargo, el sindicato advierte que la automatización no puede reemplazar completamente el trabajo técnico especializado, y sostiene que la reducción del personal podría afectar la calidad del servicio y la capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos adversos.

El conflicto también ya llegó al ámbito legislativo, donde representantes gremiales expusieron la situación y cuestionaron la falta de respuestas del Ejecutivo frente al reclamo.

Mientras tanto, crece la preocupación por el impacto que podría tener el paro en distintos servicios, en especial aquellos vinculados a la actividad aérea, en un contexto donde la información meteorológica resulta clave para la seguridad operativa.

Una decisión empresarial de alto impacto sacude al cordón industrial santafesino: la firma SNA Europe Argentina confirmó el cierre definitivo de la línea de producción de Bahco en su planta de Santo Tomé.

La medida fue comunicada oficialmente este lunes, aunque el proceso interno de notificación comenzó días atrás. A partir de ahora, la histórica fábrica dejará de producir herramientas y pasará a funcionar exclusivamente como un centro de logística, ventas y servicio técnico.

El cierre de la producción impactará de manera directa en 40 trabajadores del área industrial, quienes serán desvinculados en el marco de esta reestructuración.

Desde la empresa explicaron que la decisión responde a una estrategia global orientada a garantizar la “sustentabilidad del negocio” frente al contexto económico actual.

En este nuevo esquema, los productos que antes se fabricaban en Santo Tomé pasarán a elaborarse en plantas del grupo en el exterior, marcando el fin del sello “Industria Argentina” en la producción local de Bahco.

A pesar del cierre de la línea productiva, la compañía aseguró que la sede santafesina continuará operando con normalidad en sus nuevas funciones.

“Las operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad”, señalaron, garantizando el abastecimiento en todo el país.

Además, la firma indicó que cumplirá con todas las obligaciones legales e indemnizatorias correspondientes para los trabajadores afectados.

La decisión genera alarma en el sector industrial, ya que Bahco es una marca históricamente ligada a la producción metalúrgica en la región.

El paso de una planta productiva a un centro logístico representa un retroceso en el valor agregado local y reaviva el debate sobre la situación de la industria en Santa Fe, con preocupación tanto en cámaras empresariales como en gremios.

La ANSES otorga la Prestación por Desempleo, una asistencia económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo sin causa justificada.

El beneficio busca acompañar durante la búsqueda laboral y reducir el impacto económico de la pérdida de ingresos.

Para solicitar la prestación, es necesario cumplir con determinados requisitos:

Además, el despido debe haberse producido por:

El monto y la duración dependen de los aportes realizados y el salario previo.

ANSES deposita el dinero en una Cuenta de la Seguridad Social:

Además, este beneficio es compatible con otras asignaciones, como:

Para iniciar la solicitud, se necesita:

El trámite puede realizarse de dos formas:

La Prestación por Desempleo se consolida como una herramienta de contención social, orientada a acompañar a quienes atraviesan una situación de desocupación y buscan reinsertarse en el mercado laboral.

El Gobierno suspendió este miércoles por 15 días los despidos en la empresa Fate, luego de una mediación entre la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

El encuentro promovido por la Secretaría de Trabajo apuntó a la suspensión de los despidos. La resolución ordenó dejar sin efecto las cesantías, al mismo tiempo que obligó a retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

Esta medida se activó tras el sorpresivo anuncio del cierre definitivo de la planta en San Fernando, luego de 80 años de servicio, y el despido de 920 trabajadores que quedaron en la calle.

Hasta el momento, ambas partes deben abstenerse de tomar medidas de fuerza o acciones que alteren la relación laboral mientras dure el período de negociación.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano, del cual depende la Secretaría de Trabajo, expresó a través de un comunicado que, previo a la conciliación obligatoria, la cartera comandada por Julio Cordero “llevó adelante las instancias administrativas previstas por la normativa vigente con el objetivo de promover el diálogo” entre la empresa y el sindicato.

“Se tramitaron acuerdos de suspensión en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, uno de los cuales fue homologado y otro se encuentra pendiente de ratificación, debido a la negatividad sindical. El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, concluyó. 

AgenciaNA

La fabrica de neumáticos Fate confirmó el cierre definitivo de su planta en San Fernando y el despido de sus 920 empleados. La empresa, con más de 80 años de trayectoria, liquidará sus operaciones y abonará las indemnizaciones correspondientes. El complejo industrial dejará de producir tras décadas de actividad.

Según fuentes vinculadas a la firma, la decisión no responde a un proceso concursal sino a la finalización total del negocio. “Se paga todo y se baja la persiana”, indicaron allegados a la compañía, que atribuyen el desenlace a un prolongado deterioro económico agravado por la competencia de neumáticos importados, principalmente de origen chino.

Controlada por la familia Madanes Quintanilla, la empresa había advertido en reiteradas oportunidades sobre la pérdida de competitividad frente a la apertura comercial y el aumento de costos locales. En un breve comunicado, el directorio sostuvo que “los cambios en las condiciones de mercado obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, al tiempo que destacó su aporte histórico al desarrollo industrial argentino.

Detrás del grupo empresario se encuentra Javier Madanes Quintanilla, también titular de Aluar, uno de los empresarios más influyentes del país. Fuentes cercanas señalaron el impacto personal de la medida y describieron la jornada como “un día de luto” para el holding.

La compañía venía atravesando un escenario adverso desde hace años. Entre los factores señalados se mencionan la carga impositiva, restricciones para el acceso a divisas destinadas a insumos, costos laborales y conflictos gremiales. En 2024 ya había reducido personal por la caída de exportaciones.

En paralelo, el incremento de importaciones modificó el equilibrio del mercado local. El ingreso masivo de cubiertas redujo los precios y profundizó la brecha de competitividad denunciada por los fabricantes nacionales.

El establecimiento industrial, ubicado en el norte del conurbano bonaerense, cuenta con más de 157.000 metros cuadrados y una capacidad instalada superior a cinco millones de neumáticos por año. Con el cese de actividades, queda abierto el interrogante sobre el destino del predio y las consecuencias económicas en la región.

El cierre de Fate representa uno de los movimientos más significativos en la industria manufacturera reciente y reaviva el debate sobre el futuro de la producción nacional frente al escenario global.

La crisis que atraviesa la industria del calzado deportivo volvió a golpear con fuerza. El grupo brasileño Dass, fabricante de zapatillas para marcas como Nike y Adidas, despidió a 43 trabajadores en su planta de Eldorado, Misiones, en un contexto de fuerte caída del consumo interno y avance de las importaciones.

Con esta nueva tanda de desvinculaciones, la empresa ya acumula 907 despidos desde la asunción del presidente Javier Milei, además del cierre definitivo de la planta de Coronel Suárez, concretado en enero de 2025.

Según indicaron fuentes gremiales, los telegramas comenzaron a llegar entre el viernes y el sábado pasado. En julio del año pasado, la firma ya había despedido a 164 operarios en Misiones, luego de una caída sostenida en los pedidos.

Al inicio del actual gobierno, Dass contaba con 700 trabajadores en Coronel Suárez. Durante 2024 redujo la dotación a la mitad y, a comienzos de 2025, cerró la planta, dejando sin empleo a los 350 operarios que aún permanecían allí.

La planta de Eldorado comenzó a operar en 2008 y llegó a emplear a 1.500 trabajadores en 2015, en uno de los picos de la industria nacional. En 2019 estuvo cerca del cierre, con una fecha ya comunicada, aunque logró revertir la situación y continuar en actividad. Hoy, el panorama vuelve a ser crítico.

“Actualmente quedan apenas 220 trabajadores en Eldorado. En un año se fueron más de 200. Nos dijeron que hay pedidos hasta junio y queremos saber qué puede pasar después”, advirtió Gustavo Melgarejo, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTILCRA).

La empresa, que anteriormente fabricaba para varias marcas propias y bajo licencia —como Fila, Asics y Umbro—, actualmente importa la mayor parte del calzado desde su planta de Brasil, lo que profundizó la retracción de la producción local.

De acuerdo a datos gremiales, antes de los últimos despidos se producían 5.500 pares diarios, mientras que ahora la cifra caería a unos 4.500 pares por día. La merma se explica por la baja del consumo y la competencia desigual con el calzado importado, que se ofrece a precios imposibles de igualar para la industria nacional.

El escenario no es exclusivo de Dass. En los últimos meses, empresas como Bicontinentar, Atomik, Topper, Puma, Senda y Coopershoes también redujeron personal o cerraron plantas. Se estima que desde fines de 2023 se perdieron unos 10.000 puestos de trabajo en el sector del calzado deportivo.

En Eldorado, la preocupación crece. Los trabajadores aseguran que atraviesan el peor momento desde la apertura de la planta y temen que, una vez cumplidos los pedidos vigentes, el futuro de la fábrica quede seriamente comprometido.

El frigorífico pampeano creador de la emblemática hamburguesa Paty, una marca que trascendió su origen para convertirse en sinónimo genérico del producto en la mesa de los argentinos, suspendió a sus 450 trabajadores y quedó virtualmente paralizado, en medio de una profunda crisis financiera.

La empresa argumentó una fuerte caída de las ventas y una deuda acumulada que supera los $30.000 millones, según datos relevados por la agencia Noticias Argentinas. El escenario refleja con crudeza el impacto de un consumo interno estancado en mínimos históricos y de una merma sostenida de las exportaciones de carne, que golpea con mayor fuerza a los frigoríficos que abastecen tanto al mercado local como al externo.

El derrumbe de la actividad es elocuente: el frigorífico pasó de faenar cerca de 600 cabezas de ganado vacuno por día a apenas 50, una radiografía de la crisis que desembocó en la suspensión masiva del personal.

Durante 2025, las exportaciones argentinas de carne vacuna retrocedieron un 7,3%, con una contracción aún mayor en los envíos a China —principal destino del producto nacional— que cayeron un 12,3%. Para una empresa con fuerte dependencia del comercio exterior, la pérdida de ingresos resultó determinante para el deterioro de su estructura operativa.

En Trenel, localidad pampeana donde el frigorífico constituye uno de los principales motores económicos, la preocupación crece ante la posibilidad de un cierre definitivo. La paralización de la planta no solo afecta a los trabajadores directos, sino que genera un efecto dominó sobre comerciantes, transportistas, productores ganaderos y otros eslabones de la cadena cárnica regional.

El intendente de Trenel, Horacio Lorenzo, advirtió que la empresa mantiene deudas de varios meses con productores de la zona y de la vecina localidad de Eduardo Castex, lo que agrava el impacto sobre la economía local.

El conflicto se inscribe en un contexto más amplio de dificultades en la industria frigorífica argentina. Casos como el del frigorífico santafesino Euro —con su planta tomada desde hace más de dos meses por reclamos salariales— evidencian la profundidad de la crisis.

En las últimas semanas, distintos actores del negocio vacuno, aviar y porcino se sumaron a la lista de empresas en conflicto, entre ellas Granja Tres Arroyos y los frigoríficos Euro y Bernasconi. Días atrás, cerca de 300 trabajadores de la planta que Granja Tres Arroyos posee en Pilar realizaron paros intermitentes ante la falta de pago de salarios y parte del aguinaldo de diciembre.

Los gremios del sector advierten que el combo de costos crecientes, caída de la demanda y dificultades financieras compromete a buena parte de la industria frigorífica del país.

“¿Nos juntamos a comer unos patys?”: la frase atraviesa generaciones y da cuenta del lugar que la marca ocupa en la cultura alimentaria argentina desde la década del ’60. Las clásicas cuatro hamburguesas de 450 gramos se transformaron en un símbolo de la comida rápida y casera.

Paty fue pionera en el mercado argentino de hamburguesas industriales. Su nombre deriva del término inglés beef patty (medallón de carne) y fue introducida por la empresa Quickfood, fundada por Ernesto “Tito” Lowenstein, Luis Juan Bameule y José Moché, cuando aún no superaban los 30 años.

En 2007, ya con Tomás Bameule —nieto del fundador— trabajando en la empresa, Luis Miguel Bameule decidió vender Quickfood. La marca pasó entonces a manos de la brasileña Marfrig, que en 2012 la transfirió a BRF, otra multinacional del sector alimenticio con presencia en más de 117 países.

El frigorífico Pico, propiedad de la familia Lowenstein —también creadora del complejo turístico Las Leñas— funciona desde los albores de la década del ’60. Actualmente pertenece a Ernesto “Tito” Lowenstein y a su hijo Alan Lowenstein, representantes de la séptima generación familiar vinculada al negocio de la carne.

Tres generaciones desarrollaron la actividad en la Argentina, mientras que las anteriores lo hicieron en Europa. Sin embargo, en los últimos años la empresa transitó un proceso de deterioro sostenido. Hace aproximadamente un año inició un achique que afectó a cerca de un centenar de trabajadores, antecedente directo de la suspensión masiva dispuesta ahora.

El cuadro financiero es crítico. Trascendió que solo con el Banco de La Pampa el frigorífico mantiene una deuda cercana a los $9.000 millones. A ello se suma un dato alarmante informado por el Banco Central: la firma registra más de mil cheques rechazados, un indicador claro de problemas de liquidez y de dificultades para afrontar compromisos corrientes.

Pese a la gravedad de la situación, la empresa comunicó a sus trabajadores que abonará una suma de $500.000 correspondiente al mes en curso y entregará la carne semanal prevista, una medida destinada a aliviar parcialmente la situación de los empleados suspendidos.

Mientras tanto, el frigorífico Pico se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de la crisis que atraviesa la industria cárnica argentina, no solo por su peso económico, sino también por su profundo valor histórico y simbólico.

El fútbol argentino mantuvo su intensidad en el inicio de la segunda fecha del Torneo Apertura, que comenzó este lunes con el triunfo de Platense por 2 a 1 ante Instituto, en el Estadio Ciudad de Vicente López. Con este resultado, el equipo local se convirtió en líder de la Zona A con cuatro puntos.

Platense mostró mayor tenencia de balón en el inicio, aunque el conjunto cordobés logró equilibrar el trámite y generar situaciones de peligro. El primer aviso fue para el local, con un gol anulado a Guido Mainero por posición adelantada. Instituto respondió con una acción individual de Alex Luna, cuyo remate exigió una buena intervención del arquero Matías Borgogno.

A los 30 minutos, cuando Instituto atravesaba su mejor momento, dos errores defensivos fueron determinantes. Un pase fallido de Fernando Alarcón y una mala salida de Manuel Roffo fueron aprovechados por Franco Zapiola, que abrió el marcador para el Calamar.

En el complemento, el conjunto visitante salió decidido en busca del empate. Franco Jara tuvo una clara oportunidad tras una corrida por derecha, pero Borgogno volvió a responder, al igual que minutos después ante otro intento de Luna.

El empate llegó a los 73 minutos, cuando Alex Luna, el jugador más destacado de la Gloria, capitalizó una buena jugada por la derecha de Luca Rafaelli para marcar el 1-1. Sin embargo, la igualdad duró poco: apenas dos minutos más tarde, Juan Gauto desbordó por izquierda y envió un centro preciso que Tomás Nasif conectó de cabeza para sellar el 2-1 definitivo.

En el cierre, el propio Nasif estuvo cerca de liquidar el partido, pero Roffo evitó el tercer gol. En la jugada siguiente, Bautista Merlini probó desde afuera del área y la pelota pasó muy cerca del palo derecho.

Con esta victoria, Platense alcanzó los 4 puntos y lidera la Zona A, con una unidad de ventaja sobre Lanús, Talleres, Boca Juniors, Gimnasia y Esgrima La Plata y Vélez, que aún deben disputar sus respectivos encuentros.

En la próxima fecha, Platense visitará a Talleres el sábado desde las 22.00, mientras que Instituto recibirá a Lanús el martes 3 de febrero, a partir de las 21.15, en el cierre de la tercera jornada.

Tras el final del partido, Instituto hizo oficial la salida de Daniel Oldrá como director técnico. El entrenador, que había asumido en marzo de 2025 tras una extensa trayectoria en Godoy Cruz, dejó el cargo luego de dos derrotas consecutivas en el inicio de la temporada.

𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗢𝗹𝗱𝗿𝗮́ 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗿 𝗲𝗹 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico.El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera.… pic.twitter.com/qeYOXGqTol

“De común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico”, informó el club en un comunicado oficial, en el que también anunció que la Comisión Directiva ya se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Oldrá dirigió 22 partidos oficiales en Instituto, con un balance de 4 victorias, 8 empates y 10 derrotas. Si bien logró clasificar al equipo a los octavos de final del Torneo Apertura 2025, donde cayó ante Argentinos Juniors, el rendimiento decayó en el Clausura, donde finalizó 13° en la Zona B y 26° en la tabla anual.

 Una planta industrial dedicada a la producción de neumáticos cerró en forma repentina sus instalaciones y despidió a la totalidad de su personal, unos 40 operarios.

Se trata de la empresa Industrias del Fuego S.A. (IBF), dedicada a la fabricación de neumáticos, y está ubicada en la capital de la Docta.

Desde el sindicato advirtieron que la modalidad utilizada vulnera derechos laborales básicos.

Los operarios denunciaron que la empresa avanzó con el cierre sin abrir instancias de diálogo ni negociación con el gremio.

Además, señalaron que el procedimiento incluyó la presencia de seguridad privada y escribanos, lo que fue interpretado como una maniobra para imponer la decisión por la fuerza.

“Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales”, sostuvo Miguel Díaz, delegado sindical, quien calificó la decisión empresarial como “totalmente desmedida”.

El conflicto se agravó con un episodio judicial ocurrido durante la permanencia pacífica de los trabajadores dentro de la planta.

Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial.

“Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo”, explicó.

La planta de neumáticos IBF comenzó a operar en Córdoba como un emprendimiento industrial de escala media, orientado a la producción y recapado de neumáticos, con foco en el mercado interno. 

Durante sus primeros años mantuvo una dotación estable de trabajadores y una actividad productiva regular, vinculada principalmente al abastecimiento regional.

Con el correr del tiempo, la empresa atravesó distintos períodos de inestabilidad, que incluyeron interrupciones en la producción, dificultades financieras y conflictos recurrentes con su plantel de trabajadores. 

Según denuncias sindicales, en esos años comenzaron a registrarse atrasos en el pago de salarios y problemas en el cumplimiento de obligaciones laborales.

En etapas posteriores, IBF aplicó suspensiones, reducciones de turnos y cambios en las condiciones de trabajo, lo que derivó en reclamos gremiales y en la intervención del Ministerio de Trabajo en más de una oportunidad. 

Los delegados señalaron que nunca se presentó un plan de crisis formal ni se informó oficialmente un proceso de cierre o reconversión.

Durante el último período de funcionamiento, la planta operó de manera intermitente, con menor nivel de actividad y sin anuncios claros sobre su continuidad. 

Los trabajadores advirtieron sobre un proceso de vaciamiento progresivo, marcado por la falta de inversión y la incertidumbre permanente sobre el futuro de la fábrica.

El cierre repentino de la planta y el despido de los 40 operarios fue señalado por el sindicato como el desenlace de ese proceso, ejecutado sin cumplir los mecanismos legales previstos y sin instancias de negociación, lo que derivó en el conflicto laboral y judicial que actualmente permanece abierto.

Los despidos no se toman vacaciones en Argentina y muestran un diciembre que llega a las fiestas de fin de año con suspensiones, huelgas y cierre de fábricas y comercios en todo el país.

Casos como el de la industria del calzado registran en los últimos dos años más de 100 plantas productivas que bajaron sus persianas y cerca de 10.000 trabajadores perdieron su empleo, de acuerdo con datos del propio sector.

La apertura de las importaciones, el ingreso de mercadería por contrabando y el avance de plataformas digitales chinas como Shein y Temu aparecen entre los principales factores que explican el derrumbe de la actividad.

El inicio de 2025 ofreció una señal clara de la profundidad de la crisis. 

El 3 de enero, el Grupo Dass cerró su planta en Coronel Suárez, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, y despidió a 360 trabajadores. 

La empresa, de capitales brasileños, producía zapatillas para marcas reconocidas como Adidas, Asics, Umbro y Fila, y justificó la decisión en la caída de las ventas y el impacto de la creciente ola importadora.

El cierre de Dass tuvo un fuerte impacto en la economía local. Hasta ese momento, la firma era una de las principales empleadoras de la ciudad. 

“Esto implica una debacle total para nuestra economía”, expresó el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, al conocerse la noticia, reflejando la preocupación social que generan estas decisiones industriales.

Los números de la producción confirman la tendencia negativa. En 2023, la industria del calzado alcanzó los 120 millones de pares producidos, cifra que descendió a 100 millones en 2024.__IP__

Para el cierre de 2025, incluso las proyecciones más optimistas estiman una caída hasta los 80 millones de pares. 

Frente a este panorama, muchas empresas recurrieron a adelantos de vacaciones, suspensiones, despidos y, en última instancia, al cierre definitivo de sus plantas.

Noticias Argentinas 

La ciudad de Sastre, cabecera del departamento San Martín, vivió este martes una sacudida inesperada cuando se confirmó el despido de 35 empleados de la firma DBT SA–Cramaco, dedicada a la fabricación de generadores eléctricos. La noticia se expandió rápidamente en la ciudad donde la planta había sido, durante años, un sostén clave del empleo formal.

Fuentes gremiales y municipales ratificaron las desvinculaciones y detallaron que la empresa —asociada a la multinacional española Himoinsa y con presencia en Brasil y Singapur— decidió no renovar los contratos en medio de una combinación de caída de pedidos, dificultades financieras y un mercado cada vez más competitivo.

El anuncio llegó sin señales previas y generó un clima de incertidumbre entre los trabajadores, algunos con más de diez años de antigüedad. Los sindicatos solicitaron la intervención urgente del Ministerio de Trabajo provincial para abrir una instancia de conciliación obligatoria y evitar la pérdida de más puestos laborales.

El sector electroindustrial atraviesa meses complejos. La empresa habría sufrido una marcada retracción de la demanda interna, producto de la parálisis en obras públicas y privadas, mientras que el aumento sostenido de insumos importados —como cobre y componentes electrónicos— encareció los costos de producción. A esto se suma la competencia de equipos terminados provenientes del exterior, que desplazan a las líneas fabricadas localmente.

Desde el municipio expresaron preocupación por el impacto inmediato en la economía de Sastre. En una localidad de alrededor de 6.000 habitantes, la salida de 35 trabajadores repercute de manera directa sobre comercios, servicios y proveedores, profundizando una cadena de efectos que compromete a toda la ciudad.

Los empleados cesanteados realizaron una asamblea en la puerta de la planta, donde reclamaron medidas urgentes para proteger la continuidad productiva. “No queremos subsidios temporales, queremos trabajar y que la fábrica siga en pie”, expresó uno de ellos.

No es la primera vez que la empresa atraviesa una situación crítica. En septiembre de 2024 había despedido a 16 trabajadores, también por un desplome en las ventas y una producción prácticamente paralizada. DBT SA —que opera bajo la marca Cramaco desde 1947— fue históricamente un referente en la fabricación de generadores de corriente alterna, pero la combinación de costos crecientes y competencia extranjera dejó a la fábrica en una posición delicada.

La multinacional sueca SKF, especializada en rodamientos y soluciones de ingeniería industrial, anunció el cierre definitivo de su planta en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, como parte de un proceso de reestructuración global. La decisión implica la pérdida de 145 puestos de trabajo.

Según detalló la empresa en un comunicado oficial, la producción será trasladada a otras plantas dentro de su red internacional. Las actividades productivas cesan de inmediato, poniendo fin a más de un siglo de fabricación en Argentina, donde la firma opera desde 1917.

“Tras una evaluación exhaustiva de diversas soluciones alternativas, finalmente no pudimos identificar una opción viable para mantener las operaciones de la planta de Tortuguitas”, explicó Manish Bhatnagar, presidente de SKF Industrial Americas y Australia. Y agregó: “La decisión de cerrar la planta fue, sin duda, difícil, pero es necesaria para garantizar la competitividad global de SKF a largo plazo”.

Aunque abandona la producción local, la empresa confirmó que mantendrá su presencia comercial en el país, ofreciendo soporte técnico y soluciones industriales importadas.

Desde SKF señalaron que la medida se tomó tras un análisis que incluyó factores económicos, de mercado y de producción, y que responde a la necesidad de concentrar la fabricación en instalaciones más grandes y tecnológicamente avanzadas.

La empresa de galletitas Tía Maruca cerró de forma abrupta e intempestiva su planta en la ciudad bonaerense de Chascomús, dejando a 27 trabajadores en la calle. La decisión fue comunicada el pasado jueves, cuando el director de Recursos Humanos notificó al personal que la fábrica ubicada en Washington y Remedios de Escalada cerraría sus puertas de manera inmediata.

Según denunciaron los empleados, además de quedar cesanteados, se les informó que no percibirían la indemnización correspondiente, sino que la empresa iniciaría conversaciones para una “compensación económica”.

Tras el anuncio, dos camiones retiraron la totalidad de la materia prima e insumos de la planta, lo que generó mayor preocupación entre los trabajadores, quienes advirtieron sobre un vaciamiento de la fábrica. Aún no recibieron telegramas de despido formales, pero aseguran que fueron desafectados sin garantías legales ni respaldo.

El viernes se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense, originalmente convocada por el atraso en el pago del medio aguinaldo, pero que ahora tomó otro cariz con el cierre total de la planta como eje de discusión.

No es la primera vez que Tía Maruca toma decisiones drásticas: en agosto cerró su planta en San Juan, dejando también a decenas de familias sin trabajo.

Tía Maruca nació en 1998, fundada por Alejandro Ripani, quien aún conserva una participación minoritaria. La empresa creció rápidamente y alcanzó una cuota de mercado del 5% a nivel nacional, tras adquirir la planta Dilexis de San Juan en 2017, que pertenecía a la multinacional Pepsico.

Allí, produjo marcas como Dale, Argentitas y de forma temporal, también las galletitas Toddy. Sin embargo, a partir de 2019, comenzaron las dificultades financieras, con retrasos salariales y deudas millonarias que derivaron en un concurso preventivo.

En 2024, el grupo Argensun Foods —dueño de Pipas— adquirió el 50% del paquete accionario y asumió el control de la empresa. Pese a ello, los problemas continuaron y hoy la compañía cerró una de sus cinco fábricas, reduciendo su capacidad productiva, que alcanzaba 15 mil toneladas anuales.

Ante esta situación, la CGT Regional Chascomús emitió un comunicado en el que expresó su profunda preocupación y repudió categóricamente los 27 despidos.

“Expresamos nuestra total solidaridad con los trabajadores y sus familias, que de forma abrupta e injustificada quedan a la deriva, sumidos en la incertidumbre y la angustia”, manifestaron.

La central obrera advirtió además que este cierre es consecuencia directa de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei, señalando la caída del consumo, la paralización de la economía real y el impacto negativo sobre la producción y el empleo.

El Gobierno nacional dejó sin efecto el pase a disponibilidad de más de 340 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y otros organismos públicos. La decisión se formalizó este viernes mediante las resoluciones 1343 y 221, publicadas en el Boletín Oficial.

La resolución 1343 del Ministerio de Economía establece que “resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 dictadas en el marco de los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025”.

Con esta medida, se revierte la situación de disponibilidad en la que había quedado personal del Instituto Nacional de Semillas (INASE), el INTA y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Por su parte, la resolución 221 anuló los despidos dispuestos en la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.

El martes, la Justicia admitió una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Gobierno abstenerse de ejecutar cesantías, reubicaciones o supresión de estructuras vinculadas al INTA, INV e INASE.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró el retroceso oficial: “Presidente Javier Milei, ustedes se creían imbatibles, pero terminaron siendo muy torpes. Viven recalculando. En ATE nos estamos acostumbrando a ganar”.

En paralelo, el Ejecutivo restituyó la vigencia de normativas del INTA y otros organismos públicos que habían sido modificadas por decretos presidenciales, a través de los decretos 627 y 628.

La decisión se produjo luego de que el Congreso rechazara a fines de agosto cinco DNU impulsados por el Gobierno. Desde el Ejecutivo aclararon que el rechazo legislativo implica la derogación de los decretos, pero no restablece automáticamente las normas anteriores, por lo que fue necesario dictar nuevas resoluciones.

La planta de ensamblaje de motos del Grupo Simpa en Campana, provincia de Buenos Aires, cerró definitivamente sus puertas, dejando a 50 operarios sin trabajo. La empresa confirmó que los trabajadores recibirán la indemnización correspondiente y que a partir de ahora centralizará su producción en Pilar.

Según destacó el sitio motor1.com, la noticia se conoció por una denuncia de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) y si previo aviso por parte de la patronal, que luego confirmó el cierre con la difusión de un comunicado.

“Grupo Simpa comunica que centraliza su operación productiva en su planta ubicada en el partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, discontinuando su actividad de la planta Campana. De esta forma, la compañía asegura la continuidad de los procesos  productivos, la competitividad y atención a sus clientes para todas las marcas que  representa”, expresó el escrito de la empresa.

Según el 

 “esta medida se debe a la decisión de uno de los partners estratégicos internacionales de discontinuar la producción global de algunos de sus modelos que, a partir de la fecha, se producirán  exclusivamente en su terminal de origen”.

La UOM, por su parte ahondó en el tema: “La única justificación que dieron es que KTM quiere mandar las motos ya armadas, y con esa excusa se desprenden de 50 familias, dejando en la calle a 50 trabajadores de manera bochornosa”, explicó el gremio.

Cabe destacar que el Grupo Simpa es representante en Argentina de marcas de motos como KTM, Royal Enfield, CFMoto, Aprilia, CanAm, Harley-Davidson, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, MotoMorini, Super Soco, Segway, QJMoto, MV Agusta, Husqvarna, GasGas, Felt y Raymon, entre otras.