El gobierno de Javier Milei prepara una serie de decretos para avanzar en una "refuncionalización” del Estado, en la que trabaja el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, y será anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en las próximas horas. 

El ministro involucrado anticipó en declaraciones a La Nación + que la serie de decretos recibirá el nombre de “El Digesto”, y reveló que apunta a dar a conocer en detalle el contenido de las leyes y decretos del país. Además, sostuvo que en la actualidad hay 42 mil leyes, 220 mil circulares o resoluciones y 700 mil decretos, de los cuales solo 70 mil están digitalizados y el resto, 630 mil deben revisarse de manera manual.

“El objetivo que tenemos para fin de año es hacer una limpieza muy fuerte, que los argentinos sepan cuáles son las reglas que tenemos. Dentro de ese proceso apuntamos a desregular”, anticipó Sturzenegger, y añadió: “En las próximas semanas vamos a hacer una refuncionalización importante del Gobierno”.

Asimismo, especificó que el anuncio estará a cargo de Manuel Adorni, también candidato a legislador porteño, pero anticipó que se trata de varios decretos autónomos y delegados que abarcan varias áreas del Estado. 

“Tenemos áreas con distintas organizaciones que tienen tareas duplicadas, sin sentido, otras en las que el kirchnerismo generó organismos descentralizados que tienen la capacidad de cobrar y a autofinanciarse, para eso inventaron trámites”, cuestionó, y sumó: “Queremos volver a centralizar las áreas. Esos organismos vienen con estructura, gente que liquida sueldos, y cuando los centralizas usas la estructura general de eso, lo que te permite liberar personas para gastar menos”. 

De esta forma, será el Adorni, en plena campaña electoral, quien volverá a las protagonizar sus habituales conferencias de prensa, suspendidas desde el 3 de abril, para revelar el detalle del anuncio. 

El propio Milei fue el primero en anticipar el paquete de modificaciones que busca eliminar los decretos y circulares que consideran obsoletas. “Se viene el shock regulatorio más grande de la historia humanidad que yo lo llamo ‘El digesto’. Federico Sturzenegger le pidió a cada ministro que haga un digesto de las leyes que usa”, sintetizó la semana pasada Milei en declaraciones a Radio Rivadavia. 

En la misma línea, amplió: “El plexo normativo en Argentina son 42.000 leyes, 700.000 decretos, donde 70.000 están digitalizados; y 220.000 resoluciones y circulares y normas menores. Se le pidió a cada ministro que de su área determine qué es lo que está usando. ¿Qué va a pasar cuando tengamos hecho el digesto de todas las cosas que usamos en todos los ministerios? Vuelta, todo afuera”.NA

A través de un trabajo articulado entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el Gobierno modernizó la Ley de Tránsito, una normativa con casi 30 años de antigüedad. Las medidas se oficializaron hoy a través del Decreto 196/2025 publicado en el Boletín Oficial.

De esta manera, se busca agilizar trámites administrativos y reducir costos para los conductores, tanto particulares como profesionales; simplificar los procesos de renovación del Sistema Nacional de Licencias de Conducir; implementar la licencia nacional digital; eliminar la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y permitir la incorporación de peajes sin barreras.

Una de las mejoras de la normativa es que la licencia nacional de conducir será digital y válida en todo el país. Para su renovación los conductores presentarán un certificado de aptitud psicofísica de manera online, cada 5 años si son menores de 65 años, cada 3 años en mayores de 65 y anualmente después de los 70 años. Para los casos en que la persona posea antecedentes por infracciones graves, la revalidación requerirá también la aprobación del examen teórico práctico.

A su vez, los conductores principiantes seguirán utilizando el cartel identificatorio de su condición durante los primeros 6 meses de expedida la licencia y, de incurrir en faltas graves durante los primeros 2 años, se les suspenderá la licencia.

Tanto los cursos teórico-prácticos como los exámenes de aptitud psicofísica, necesarios al momento de la obtención de la licencia, podrán realizarse en forma descentralizada por prestadores públicos y/o privados, con estándares y exigencias previamente definidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Los certificados podrán presentarse de manera online, agilizando y modernizando los procesos.

Se eliminó la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI). Las licencias nacionales de conducir de las clases C, D y/o E (profesionales) serán válidas para el transporte interjurisdiccional de cargas y pasajeros, siempre que sean emitidas por jurisdicciones autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Respecto de los plazos para la realización de las revisiones técnicas, en vehículos 0km de uso particular, se extiende a 5 años a partir de la fecha de patentamiento inicial. En el caso de los 0km de uso no particular, tendrán que hacer su primera revisión en el plazo que establezca la jurisdicción local, y que no podrá superar el año. En vehículos usados de uso particular con hasta 10 años de antigüedad la revisión técnica tendrá una vigencia de 2 años y en los de antigüedad mayor a 10 años la vigencia será anual.

Desregulación automotor: Se oficializaron los cambios en el decreto reglamentario de la Ley de Tránsito para agilizar trámites y eliminar procesos burocráticos

Otro cambio que moderniza el sistema es la implementación en todas las rutas nacionales del país de los peajes sin barreras, que no obstaculicen el tránsito vehicular. Para ello la Dirección Nacional de Vialidad deberá establecer un cronograma de implementación que prevea que, para junio de 2027, todas las rutas nacionales deberán contar exclusivamente con sistemas de cobro free Flow.

Finalmente, la normativa incluye el concepto de “vehículo autónomo”, estableciendo los requisitos obligatorios con diferentes niveles de automatización.

A partir de ahora, trailers y casas rodantes categoría O1 (acoplados, remolques y trailers para el traslado de equipaje, pequeñas embarcaciones deportivas o elementos de recreación familiar de hasta 750 kilos), podrán ser trasladados por cualquier vehículo y bastará con tramitar un solo Certificado de Seguridad Vehicular (CSV). Antes, había que realizar este trámite por cada vehículo para asociarlo al trailer. Esto impactará en menores costos, ahorro de tiempo para los usuarios y menor burocracia.

La reforma a la Ley Nacional de Tránsito habilitará a instalaciones privadas para realizar la Verificación Técnica Vehicular. Conocé los requisitos y la maquinaria necesaria.

Uno de los objetivos del Gobierno para el próximo año es desregular el control técnico vehicular argentino y permitir que lo que formalmente se denomina Revisación Técnica Obligatoria (RTO) y que en las jurisdicciones de CABA y Provincia de Buenos Aires tiene el nombre de Verificación Técnica Vehicular (VTV), se pueda realizar en establecimientos particulares como concesionarios oficiales y talleres autorizados.

Esto no es algo nuevo, ya que está escrito en la Ley Nacional de Tránsito que está vigente desde 1995, aunque nunca se llevó a la práctica, dando ámbito para que se creen únicamente las plantas actuales de VTV y RTO.

Por esa razón, en la Ley Bases enviada al Congreso en diciembre de 2023 y sancionada a finales de junio de 2024, se hace especial hincapié en formalizar esta situación de apertura, al menos generando el paraguas jurídico para permitirlo.

“Las provincias tienen que adherir a este cambio. Se pretende que la verificación técnica se pueda hacer en un concesionario, por eso lo vamos a incluir en la Ley de Tránsito. Pero las provincias tienen que adherir a la medida para que se pueda aplicar en cada jurisdicción”, dijo Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, hace algunos días en una entrevista televisiva.

Sin embargo, más allá de la decisión del Gobierno y la eventual adhesión de las provincias para que un concesionario oficial o un taller mecánico autorizado puedan hacer una VTV, deben cumplirse otras condiciones. Una es responsabilidad del Estado, pero quedan exclusivamente a cargo de los particulares.

La primera tiene que ver con crear un “ecosistema nacional” que genere el marco dentro del cual funcionen los puntos homologados para hacer estas revisaciones técnicas. Actualmente, las plantas de VTV y RTO sólo verifican los vehículos de su propia jurisdicción, y así como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen 7 plantas, en la provincia de Buenos Aires hay 30 dependencias. Sin existir una cifra oficial porque son dependencias provinciales o municipales, se estima que hay unas 400 plantas de verificación a nivel nacional.

La apertura a concesionarias oficiales y talleres particulares, implica una informatización, ya que además de contener mayores puntos de control vehicular, deberán estar conectados para poder realizarlo a vehículos de cualquier parte del país.

“La única posibilidad de hacerlo es con equipos conectados a una red, es decir, convirtiendo las plantas de verificación a la tecnología 4.0, con soluciones enfocadas en la interconectividad, la automatización y los datos en tiempo real. Hay que incorporar inteligencia artificial e Internet de las cosas (IOT) para poder lograr esa integración, no sólo por el funcionamiento en sí mismo, sino también para su control de gestión”, dijo Constantino Abella Roigt, presidente de CVA (Control Vehicular Argentino), la empresa certificada por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) que fabricó el 50% del equipamiento de las plantas actuales de VTV que funcionan en Argentina, y que es la proveedora de actualizaciones de software del 80% del mercado.

“En los países más avanzados del mundo, las plantas de VTV reemplazan su equipamiento cada 5 años por máquinas nuevas. Esos equipos que dejar suelen ser comprados por los talleres más chicos, con menos capacidad de inversiones, y lo que se hace es una actualización del software, que es mucho más accesible”, comentó Abella Roigt.

Por otro lado, si como se promueve desde fuentes del gobierno, la idea es reemplazar la oblea o sticker que habitualmente se coloca en el lateral derecho del parabrisas como prueba visual de vigencia de la verificación de cada vehículo, por una documentación digital que pueda exhibirse a través de una aplicación como Mi Argentina, esa red digital e informatizada pasa a ser una solución complementaria para el sistema nacional.

Las otras dos condiciones que se deben dar son el equipamiento y la capacitación de quienes lo operen. A diferencia de lo que puede imaginarse a simple vista, para que un taller pueda hacer una VTV para autos particulares no es necesario construir una planta muy compleja a nivel edilicio. De hecho, ni siquiera es necesario hace una fosa, aunque ese sería el método más adecuado para revisar los juegos de suspensión y dirección con el peso del auto en orden de marcha actuando sobre las cuatro ruedas.

Abella Roigt, como proveedor de equipamiento nacional que también se exporta a 27 países, estima que la inversión en el equipamiento técnico completo para que un taller tenga la capacidad técnica de hacer una VTV es de aproximadamente USD 100.000.

Lo que dice la Ley de Tránsito sobre la VTV

El artículo 34 establece entre otros considerandos que “las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad competente. Esta podrá delegar la verificación a las concesionarias oficiales de los fabricantes o importadores o a talleres habilitados a estos efectos manteniendo un estricto control”.

El artículo 35, por su parte, “Los talleres mecánicos privados u oficiales de reparación de vehículos, en aspectos que hacen a la seguridad y emisión de contaminantes, serán habilitados por la autoridad local, que llevará un registro de ellos y sus características”.

También especifica la capacitación y la responsabilidad de quienes efectúan las revisaciones técnicas al señalar que “cada taller debe tener: la idoneidad y demás características reglamentarias, un director técnico responsable civil y penalmente de las reparaciones, un libro rubricado con los datos de los vehículos y arreglos realizados, en el que se dejará constancia de los que sean retirados sin su terminación”.

Anunció que el presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto que busca eliminar alrededor de 70 leyes.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que el presidente Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca que busca eliminar alrededor de 70 leyes consideradas "inútiles, obsoletas o que restringen nuestras libertades".

El funcionario destacó en redes sociales que el proyecto apunta a desregular y simplificar el marco normativo vigente, indicando que el análisis realizado identificó la vigencia de normativas que datan de presidencias anteriores.

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Según un gráfico compartido, las leyes a derogar se distribuyen de la siguiente manera:

Isabel Perón (1974-1976): 5 leyes

Alejandro Agustín Lanusse (1971-1973): 5 leyes

Reynaldo Benito Bignone (1982-1983): 5 leyes

Héctor José Cámpora (1973): 3 leyes

Juan Carlos Onganía (1966-1970): 3 leyes

Carlos Menem (1989-1999): 3 leyes

Raúl Alberto Lastiri (1973): 3 leyes

Jorge Rafael Videla (1976-1981): 5 leyesArturo Frondizi (1958-1962): 3 leyes

Néstor Kirchner (2003-2007): 3 leyesEl ministro concluyó el mensaje con un adelanto de que próximamente se darán a conocer más detalles sobre el proyecto.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había anticipado que se trata de una iniciativa “muy profunda”. Los puntos principales y cuándo se puede oficializar.

El Gobierno publicará de forma inminente la reglamentación de la reforma laboral que se aprobó con la Ley Bases. La propuesta incluye una mayor flexibilización laboral, la extensión del período de prueba, -de tres a seis meses- y la habilitación de un nuevo régimen de despidos.

Este último ítem habilita a que las empresas y los sindicatos se pongan de acuerdo en un sistema como el de la UOCRA, donde cada trabajador aporta y cuando se termina la obra se lleva la indemnización. Se espera que su publicación en el Boletín Oficial sea esta noche, el martes o a más tardar el día miércoles.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó este viernes en el evento de la IAEF que se realizó en Mendoza que la reforma laboral “es muy profunda” y permite que se regule entre la patronal y el sindicato cómo será el sistema de despidos, por fuera de la ley de contrato de trabajo.

“No será obligatorio para las empresas. El empleador y los trabajadores pueden prescindir si no les conviene. Solo funcionará si es bueno para el trabajador y para el empresario”, aclaró el funcionario para referirse al artículo que se llama “sistema de cese” en la ley.

Mientras el Gobierno se prepara para publicar la reglamentación de la reforma, la Confederación General del Trabajo (CGT) negocia con bajo perfil las condiciones para limitar el alcance de medidas. Por otro lado, el sector empresarial presiona para que la letra chica les dé mayor libertad para la contratación y el despido de los trabajadores.

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Los puntos más destacados de la reforma laboral

Federico Sturzenegger, dijo este lunes que trabajan en conjunto con la diputada Patricia Vásquez para impulsar reformas estructurales sobre Registros del Automotor y renovación de licencias de conducir.

El tema comenzó a escucharse hace dos meses. Un estudio realizado por CECAITRA, la Cámara que nuclea a empresas productoras de software vial de la República Argentina, planteó a través de una encuesta telefónica a conductores de CABA y GBA, si “considerarían acertado que el registro pueda renovarse 100% de manera online, entregando certificado médico y declaración jurada”. En aquel momento, el 65,5% lo consideró una medida acertada, mientras que el 29,7% no estuvo de acuerdo con la idea.

El pasado 20 de julio, el tema volvió a aparecer en la agenda a través de una iniciativa de la diputada Patricia Vásquez (PRO), quién anunció un proyecto de ley para que las licencias de conducir no tengan vencimiento. “Las licencias no van a vencer más. El cambio es más libertad con más responsabilidad. Cada cinco años habrá que presentar un certificado médico y una declaración jurada, gratuitamente. No tenés que pagar más renovaciones de licencias”, dijo la legisladora en una publicación en la red social TikTok.

Ahora el tema deja de ser una iniciativa particular o de otra fuerza política y quién lo lanza es el propio gobierno. Federico Sturzenegger, el flamante Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, anticipó este lunes en una entrevista en Radio Mitre que “no puedo dar muchos detalles porque se va a anunciar con el Ministro de Economía en un par de semanas. Estamos trabajando con la diputada Patricia Vásquez en algo que va a ser muy cool”, lo que permite inferir que el proyecto de la legisladora es el que el gobierno impulsará, eventualmente con alguna corrección o ajuste.

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“Vos sacás un registro de conducir y ¿por qué lo tenés que renovar? En Estados Unidos sacás la licencia y no vas más. Simplemente tenés que mandar una declaración jurada que demuestre que tu condición física sigue siendo apta. No es un anuncio esto, es sólo un comentario. Manuel López Obrador puso la licencia de conducir vitalicia en México DF. Lo hizo porque tenía tanta corrupción en el mecanismo expendedor de licencias que lo solucionó de ese modo”, señaló.

La frase quedó enmarcada dentro de un tema mucho más amplio, como es el que involucra a los Registros del Automotor, su funcionamiento y el plan para crear un registro único digital como está escrito en el DNU 70/2023.

“El tema de la registración nacional de automóviles va a estar pronto, hay temas de implementación. Igual quiero decir algo que por ahí no es lo que la gente quiere escuchar. Lo que se paga en el Registro del Automotor a veces no esto todo costo del registro, sino que el 70% de lo que paga son impuestos, y como saben, muchos de esos impuestos son provinciales. Lo que vamos a hacer es reducir los sobrecostos que generan los registros en sí mismos generando un mecanismo alternativo. Estamos trabajando en cambiarle la experiencia al usuario, para que todo el trámite pueda hacerlo desde la casa. En dos meses me llaman y vamos a rendir cuentas respecto a las mejoras que podamos lograr respecto a los Registros del Automotor”, señaló.

En detalle, el proyecto de ley que impulsa Vásquez, dice que “las licencias de conducir en sus categorías no profesionales se otorgarán sin fecha de vencimiento, debiendo los conductores presentar cada cinco (5) años una declaración jurada e informar, vía plataforma electrónica, y su aptitud psicofísica para conducir mediante de un certificado emitido por médico acreditado por la autoridad de aplicación a estos efectos. A partir de los 75 años, esta exigencia deberá ser cumplimentada cada año en idéntica modalidad. La presentación de certificado médico y declaración jurada es de carácter digital y sin costo”.

También señala que “la autoridad de aplicación elaborará el protocolo de evaluación de aptitud psicofísica para el manejo de categorías no profesionales y dictará los cursos de formación específicos para los médicos que expidan los certificados correspondientes.

A tales efectos, la autoridad de aplicación deberá contar con un registro de los médicos que hayan aprobado dicho curso, el que deberá ser de acceso público.

El certificado de aptitud psicofísica deberá contar con la firma del médico, y demás requisitos técnicos y legales que establezca la autoridad de aplicación, garantizando la inalterabilidad del mismo”.

Se trata de la Tasa de Seguridad de Aviación, la cual sí se seguirá aplicando a vuelos comerciales regulares. Los detalles.

El Gobierno eliminó el pago de la Tasa de Seguridad de la Aviación para los pasajeros de vuelos no regulares, a través de la Resolución 696/2024 del Ministerio de Seguridad, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida dispuso eliminar la aplicación de la Tasa de Seguridad de la Aviación a los pasajeros que embarquen en aeronaves de transporte aéreo no regular, general, privado, afectadas a instrucción y entrenamiento, aeronaves de matrículas públicas nacionales o provinciales como las militares, policiales, aduaneras, aeronaves sanitarias y todo otra modalidad de transporte aéreo que no sea comercial regular.

De esta manera, la mencionada tasa se cobrará únicamente a “los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina, a bordo de aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular”.

La mencionada tasa se cobrará únicamente a “los pasajeros que embarquen en vuelos internacionales, regionales y/o de cabotaje de aeropuertos o aeródromos pertenecientes al Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina, a bordo de aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular”.

Al argumentar la decisión, el texto oficial expuso que “resulta indispensable profundizar las políticas de desregulación del mercado interno, teniendo por fin la simplificación, reducción de cargas y de costos, mejorando la vida al ciudadano y las empresas”.

En este sentido, indicó que “en observancia del principio de cielos abiertos, a fin de avanzar en la facilitación del trámite del transporte aeronáutico, resulta necesario limitar las actividades alcanzadas por el pago de Tasa de Seguridad de la Aviación, que pasará a ser aplicada sólo a los pasajeros que embarquen en aeronaves destinadas al servicio aéreo de transporte regular”.

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En tanto, precisó que “los pasajeros que embarquen en aeronaves que no estén destinadas a los denominados vuelos comerciales regulares, a futuro no se encontrarán alcanzados por la citada Tasa de Seguridad de la Aviación, ya que ello permite reducir una carga sobre actividades económicas y recreativas que por sus características, y en el marco de las nuevas políticas, no resulta ni motivado ni costo-eficiente imponerles la carga del pago de una Tasa”.

La decisión se conoce tras el aumento del 22,3% en la tasa de protección al vuelo en ruta y en la tasa de apoyo al aterrizaje, que afectan a los vuelos internacionales y no se actualizaban desde 2018.

El anuncio a los industriales fue realizado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. El objetivo del gobierno es dejar sin efecto la norma que permite fijar precios máximos y márgenes de utilidad, además de aplicar sanciones a empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios.

El secretario de Comercio, Pablo Lavigne, se reunió este jueves con autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA), a quienes les adelantó su decisión de derogar la Ley de Abastecimiento, que se enmarca en la vocación desregulatoria del sector expresada por el Gobierno, dijeron fuentes gubernamentales.

De acuerdo con información oficial, este jueves se realizó el encuentro en la Secretaría de Comercio del que también participó Juan Pazo, quien será designado secretario general de Coordinación.

En representación de la UIA estuvieron su presidente, Daniel Funes de Rioja; y el director ejecutivo y economista jefe de la entidad, Diego Coatz.

En la reunión, se transmitió a la entidad industrial la decisión de avanzar en la derogación de la Ley 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974 y modificada en 2014, que regula "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga -directamente o indirectamente- necesidades comunes o corrientes de la población".

La norma autoriza a la Secretaría de Comercio a "imponer sanciones (...) frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales”.

Además, el Estado tiene la potestad de fijar precios máximos, mínimos y de referencia, y márgenes de utilidad (es decir, lo que pueden ganar las empresas por cada producto o servicio).

También puede ordenar la continuidad de todo o parte del proceso económico: fabricación, comercialización y distribución de cuotas mínimas de algún producto o servicio.

La ley determina que también el Estado podrá sancionar -con multas, clausuras, etcétera- a las empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios, acaparen mercadería o materia prima, destruyan mercaderías o bienes que puedan generar escasez o restrinjan o nieguen de manera injustificada la venta, entre otras situaciones.

Este jueves, en el Boletín Oficial, Lavigne fue designado como secretario de Comercio por intermedio del Decreto 30/2023.