El Jurado de Enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires destituyó este martes a la jueza Julieta Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, por su participación en el documental que provocó la nulidad del juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona. La decisión fue adoptada por unanimidad y se conoció durante la audiencia realizada en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense.

Makintach, de 48 años, también quedó inhabilitada de por vida para ejercer cargos judiciales. La sentencia, de 115 páginas, sostiene que la magistrada “utilizó recursos del Estado para un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”, según expusieron tanto la fiscalía como el Colegio de Abogados de San Isidro.

La jueza no asistió a la audiencia de esta mañana en La Plata. Su apartamiento definitivo pone fin a un proceso disciplinario iniciado tras revelarse que había colaborado en la producción de un documental vinculado al caso Maradona, lo que llevó a la anulación del juicio oral por vulneración de garantías básicas del proceso.

La situación generó un fuerte impacto institucional, especialmente porque el debate por la muerte del exjugador estaba próximo a desarrollarse. El escándalo derivó en cuestionamientos de familiares del astro y en reclamos para que se garantice la continuidad del proceso.

A la llegada al juzgado, Verónica Ojeda, expareja de Maradona, se expresó brevemente ante la prensa. Lo hizo acompañada por su hijo Diego Fernando y su abogado.

“Gracias por venir, por el apoyo. Dieguito quiso venir para apoyarnos, para apoyar a su padre y para hacer justicia por su papá”, dijo. También afirmó que la familia del Diez atravesó “cinco años de mucha lucha” y que la destitución de la magistrada representa un paso importante: “Me parece que hoy estamos todos para que esta jueza pague lo que tenga que pagar”.

Ojeda agregó que esperan que el juicio por la muerte de Maradona pueda finalmente realizarse el 17 de marzo, fecha prevista tras la anulación del proceso anterior. Diego Fernando evitó hablar ante los medios y entró rápidamente al edificio.

La destitución de Makintach cierra uno de los capítulos más controversiales en torno al expediente, mientras la causa avanza hacia un nuevo juicio oral que deberá esclarecer si hubo responsabilidades penales en la atención médica del astro argentino.

Diputados nacionales de Encuentro Federal encabezados por Oscar Agost Carreño presentaron hoy una moción de censura para remover de su cargo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por incumplir con la aplicación de una ley vigente como la emergencia en Discapacidad, luego de que la oposición volteara el veto del presidente Javier Milei.

De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional.

Para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en la red social X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.

X Oscar Agost Carreño

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

Acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, sino también por “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y "violar la división de poderes del Estado.

“La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, expresó Agost Carreño.

Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad pero en el mismo decreto 681/25 avisó que suspendía los efectos de la ley por falta de financiamiento y supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta” ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite”. 

“No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, añadió. 

X Maxi Ferraro

“La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, cerró Ferraro en X.

El Tribunal Constitucional de Tailandia destituyó este viernes a la primera ministra, Paetongtarn Shinawatra, después de determinar que su conversación telefónica con Camboya sobre la cuestión fronteriza violó la Constitución.

La decisión se da a semanas de que se establezca un alto el fuego entre ambos países por intercambios bélicos en la frontera, la cuál sostiene reclamos por capturados, desplazados y supuestas nuevas incursiones.

La primera ministra tailandesa, suspendida en funciones desde el 1 de julio, está acusada de vulnerar el código ético, luego de la publicación de una conversación telefónica donde la política calificó de "oponente" a un teniente general tailandés, que estaba al mando de un regimiento apostado en la conflictiva frontera con Camboya. El interlocutor de Shinawatra al otro lado del teléfono era el exlíder camboyano Hun Sen.

El audio fue filtrado por el propio político camboyano, quien gobernó ese país entre 1985 y 2023. Hun Sen publicó en su perfil de Facebook el contenido de la llamada, ocurrida el 18 de junio, en un momento de tensión entre los países vecinos tras la muerte en marzo de un soldado camboyano en un combate en la frontera entre los Ejércitos.

Paetongtarn admitió que era su voz real y pidió disculpas al argumentar que su intención era calmar la situación en la frontera y tratar de evitar un enfrentamiento mayor, que finalmente estalló el 24 de julio y en el que murieron al menos 44 personas durante cinco días de combates.Un panel de nueve magistrados del Tribunal Constitucional de Tailandia determinó que la primera ministra había vulnerado el código ético y que sus críticas "demostraron falta de unidad entre el Ejército y el Gobierno", por lo que la corte ordenó su destitución. La decisión del Tribunal supone además que todos los miembros del Gabinete de ministro deben abandonar sus puestos.

La noticia más cercana de relevancia tiene que ver con un informe camboyano de este martes 26 de agosto en el cual las autoridades han informado de que han logrado repeler un intento de incursión por parte de tropas tailandesas que buscaban erigir una nueva valla con alambre de espino en una zona fronteriza situada en la provincia de Banteay Meanchey, en el noroeste del país.

La portavoz del Ministerio de Defensa camboyana, Maly Socheata, ha indicado en una rueda de prensa que estas acciones tuvieron lugar el lunes por la tarde y que fueron "repelidas" gracias a la ayuda de residentes y autoridades de la localidad de Chok Chey, que resistieron ante las acciones del Ejército tailandés en el distrito camboyano de Jok Sung.

En simultáneo, las autoridades de Camboya han exigido este lunes al Gobierno de Tailandia entregar cuanto antes a los 18 militares que fueron hechos prisioneros por las fuerzas tailandesas hace ya 26 días, en unas acciones que tuvieron lugar después de que entrara en vigor el alto el fuego acordado por las partes para poner fin al último conflicto desatado en la frontera.

En el caso de que sea destituido, podría asumir Stefanía Cora, integrante de La Cámpora, y segunda en la lista del Frente de Todos en 2019 por la que ingresó el dirigente entrerriano.

El bloque de senadores de Unión por la Patria le solicitó esta tarde a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, una sesión especial para tratar la remoción de Edgardo Kueider, el senador entrerriano detenido en Paraguay con 200 mil dólares sin declarar.

La iniciativa, que lleva la firma de los senadores Mariano Recalce, Antonio Rodas, Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio, propone que la expulsión de Kueider se trate el próximo jueves a las 11:00.

El texto coincide con la línea argumentativa del difundido días atrás por el interbloque que tiene terminales en la ex presidenta Cristina Kirchner. "La función legislativa requiere no solo capacidad técnica, sino también integridad moral", dice la nota.

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"Cualquier maniobra dilatoria que busque postergar el tratamiento de ese tema solo podrá ser entendida de una manera: complicidad", resalta el documento que busca ponerle presión al oficialismo y sus bloques aliados en la Cámara alta.

En lo técnico, el kirchnerismo se ampara en que el Senado puede habilitar el tratamiento de este tema por afuera del período ordinario, que finalizó el viernes pasado, y cita a Eduardo Menem -agasajado por el Gobierno esta semana- y su obra sobre Derecho Procesal Parlamentario.

????• Desde el interbloque Unión por la Patria solicitamos a la presidenta del @SenadoArgentina @VickyVillarruel convocar a una sesión especial el día 12 de diciembre para tratar la remoción del senador Edgardo Kueider por inhabilidad moral ???? pic.twitter.com/oPxGQFuyZc

La acción motorizada por Unión por la Patria responde a que, en el caso de que Kueider sea destituido de su función pública, podría asumir Stefanía Cora, integrante de La Cámpora, y segunda en la lista del Frente de Todos en 2019 por la que ingresó el dirigente entrerriano.

Durante 40 años, Irán no permitió la asistencia de mujeres a los estadios, un tabú que se rompió en 2019 en un Irán-Camboya al que acudieron 3.500 mujeres.

La liga de fútbol iraní ha destituido este miércoles a la que iba a convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de fútbol masculino en el país persa y finalmente todos los árbitros del derbi de Teherán fueron hombres.

"Fue una decisión que tomó el Comité del Arbitraje, con lo cual se eliminan todas las posibles polémicas", afirmó el presidente del la Organización de la Liga del fútbol iraní, Soheil Mahdi, según informó la agencia estatal IRNA. Mahdi no indicó a que se refería con las "posibles polémicas".

Mahsa Ghorbani iba a ser la primera mujer en formar parte de un equipo de arbitraje en un partido de fútbol masculino en Irán, aunque su rol iba a estar limitado al VAR, lo que había suscitado esperanzas de que las mujeres jueguen un papel más importante en el fútbol masculino en Irán.

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Ghorbani fue reemplazada por Saadolah Golmoradi en la sala del VAR del encuentro que en Teherán empataron sin goles el Esteghlal y el Persépolis, el mayor derbi del fútbol iraní y de toda Asia, que enfrenta a dos rivales históricos divididos por motivos históricos, deportivos y sociales.

Durante 40 años, la República Islámica de Irán no permitió la asistencia de mujeres a los estadios, un tabú que se rompió en 2019 en un Irán-Camboya al que acudieron 3.500 mujeres, ante las presiones de la FIFA.

En enero de 2022, por segunda vez en cuatro décadas, se permitió la asistencia en Teherán de unas 2.000 aficionadas al encuentro de Irán contra Irak.

Desde entonces, las autoridades iraníes permiten la asistencia de un número limitado de mujeres en algunos partidos de fútbol en el país. (Página 12)

Kaili está detenida y es sospechosa de haber recibido dinero del país árabe para defender los intereses del emirato, que actualmente organiza el Mundial de fútbol.

El pleno del Parlamento Europeo (PE) aprobó despojar del cargo de vicepresidenta a la socialista griega Eva Kaili, detenida en Bélgica por su presunta implicación en una trama de corrupción que implica el pago de sobornos por parte de Qatar para ganar influencia en la toma de decisiones políticas y económicas en la institución europea.

La medida adoptada en el pleno del PE en su sede de Estrasburgo, Francia, fue respaldada por una amplísima mayoría de los eurodiputados, con 625 votos a favor de la destitución de Kaili, un solo en contra y dos abstenciones.

Kaili, de 44 años y una de los 14 vicepresidentes de la Eurocámara, fue detenida el viernes pasado en Bruselas, la capital de Bélgica, luego de que la Policía belga realizara una veintena de registros de la sede del PE en esa ciudad y en el domicilio de varios eurodiputados.

Según medios europeos, en la vivienda de Kaili, las autoridades se incautaron de unos 600.000 euros en efectivo, y además hallaron "varios cientos de miles de euros" en la maleta del padre de la socialista griega en un hotel de la capital europea y otros 150.000 euros en el alojamiento de una tercera persona.

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Otras tres personas, entre ellas su pareja, han sido detenidas en el marco de la investigación, mientras que su padre, detenido el viernes, fue puesto en libertad.

Al respecto, el abogado de Kaili dijo este martes que Kaili se considera inocente.

"Ni confirmo ni desmiento, hay confidencialidad. No tengo ni idea de si se encontró dinero o cuánto se encontró" en los allanamientos en su casa, dijo.

"Su posición es que es inocente. No tiene nada que ver con los sobornos de Qatar", declaró el letrado Michalis Dimitrakopoulos a la cadena privada griega Open TV.

Kaili es sospechosa de haber recibido dinero del país árabe para defender los intereses del emirato, que actualmente organiza el Mundial de fútbol.

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Tras confirmarse que Kaili era una de las investigadas en el marco de la operación contra la corrupción, el blanqueo de dinero y organización criminal abierta por las autoridades belgas, su partido en Grecia, el Pasok, anunció su expulsión, por lo que desde este lunes ocupa un escaño como eurodiputada "No Inscripta".

Una vez destituida le corresponde igualmente al pleno decidir sobre quién tomará el relevo en una segunda votación cuya fecha está aún por determinar, aunque se da por hecho que será también un eurodiputado de la familia socialdemócrata para respetar el equilibrio negociado cuando se nombraron las 14 vicepresidencias.

De acuerdo a las reglas del Parlamento Europeo, la destitución de cualquiera de sus catorce vicepresidentes debe realizarse siguiendo un proceso en dos fases y que recoge el artículo 21 del reglamento de funcionamiento de la institución.

El primer paso ya lo cumplieron al acordar "por unanimidad" en una reunión extraordinaria de la Conferencia de Presidentes solicitar a la Cámara la destitución de la vicepresidenta socialista griega.

La destitución requería después contar con el apoyo mayoritario de dos tercios de los votos expresados en la sesión plenaria.

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La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya decidió durante el fin de semana suspender con carácter inmediato todos los poderes, deberes y funciones de representación como presidenta, reportó la agencia de noticias AFP.

Con todo, esta decisión no impide que Kaili siga ocupando su escaño como eurodiputada a pesar de estar detenida, a la espera de comparecer este miércoles ante el tribunal que sigue su caso.

Dina Boluarte se convirtió el miércoles en la primera mujer presidenta de Perú, al prestar juramento en el Congreso luego de que los legisladores votaron por la destitución del ahora exmandatario Pedro Castillo ante una escalada de la crisis política en el país andino.

Boluarte, de 60 años, se desempeñaba como vicepresidenta en el gobierno de Castillo y hasta hace poco ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Castillo fue removido en la votación de un juicio político más temprano el miércoles, horas después de anunciar que ordenaría por decreto la disolución del Congreso, una decisión que provocó dimisiones de ministros clave del gobierno y denuncias de un "golpe de Estado" por parte de miembros del Congreso.

Castillo había sido convocado al Congreso para que responda a acusaciones de "permanente incapacidad moral" para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción. El Congreso apuró la decisión y destituyó a Castillo con 101 votos a favor -con el apoyo e legisladores de derecha e izquierda-, seis en contra y 10 abstenciones.

Estados Unidos había rechazado cualquier acto inconstitucional de Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato, dijo el miércoles el embajador estadounidense en el país andino, Lisa Kenna, en Twitter.

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Castillo, un líder de izquierda que asumió al poder en julio del 2021, había anunciado un gobierno de "excepción", al tiempo que convocaría en el más breve plazo a elecciones legislativas, con facultades constituyentes, para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses.

Hace tres décadas, el exmandatario Alberto Fujimori, actualmente preso por abusos a los derechos humanos y corrupción, ordenó también la disolución del Congreso, con similares medidas en torno al sistema judicial.

"En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia", sostuvo Castillo en un discurso por la mañana.

Varios legisladores de oposición consideraron la decisión de Castillo como un "golpe de Estado" e hicieron llamados a las fuerzas armadas para "restablecer el orden constitucional".

Además, todas autoridades del sistema judicial condenaron la decisión del exgobernante. "Es un golpe de Estado, un quebrantamiento del orden constitucional", dijo en conferencia de prensa el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales.

Boluarte llega al poder para completar el actual periodo hasta el 2026. Es la primera mujer en ocupar la presidencia en Perú. La abogada de profesión estaba siendo investigada por el Congreso por una supuesta infracción constitucional, pero el Legislativo la absolvió esta semana de todos los cargos.

Castillo, en una prefectura policial

Imágenes de televisión local mostraron a un compungido Castillo sentado, junto a uno de sus funcionarios clave, en una habitación de la prefectura policial de Lima, hasta donde llegó luego la fiscal general, Patricia Benavides.

Los gobiernos de México, Argentina, Chile y Colombia expresaron en forma separada su preocupación por la situación en Perú e hicieron un llamado al diálogo para superar la crisis.

Las Fuerzas Armadas y la Policía nacional emitieron un comunicado conjunto en que afirmaron que Castillo está facultado a disolver el Congreso si es que el parlamento censura dos gabinetes de ministros; y que cualquier acto contrario a ello "constituye una infracción a la Constitución".

La semana pasada el Congreso había negado por primera moción de confianza a un gabinete de Castillo, aunque sin proceder a una votación, alegando que no se cumplía con los requisitos legales.

Tras la decisión de Castillo, los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores anunciaron su renuncia por Twitter.

"En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso (...) violando la Constitución", dijo el ahora excanciller César Landa.

En medio de la crisis, la moneda peruana, el sol,, se apreció al cierre un 0,31%, a 3,8200/3,8250 unidades por dólar, luego de que el Banco Central anunció la venta de 10 millones de dólares casi al final de la sesión. La bolsa recortaba pérdidas.

Perú ha vivido desde hace años en una constante turbulencia política por una fuerte pugna entre el Congreso y el Gobierno. Desde el 2016 el país ha tenido cinco presidentes, incluyendo a Castillo. En el 2018, Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de una votación de destitución, mientras que Martín Vizcarra fue defenestrado en el 2020 por el Parlamento.