El número de víctimas por los dos fuertes terremotos que sacudieron el norte de Venezuela continúa en aumento. Según el último informe oficial, ya son al menos 235 los muertos, más de 4.300 los heridos y 157 las personas desaparecidas, mientras continúan las tareas de rescate en distintas ciudades afectadas.

Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, ocurrieron con pocos segundos de diferencia y provocaron graves daños estructurales en Caracas, La Guaira y otras localidades del norte del país, donde se concentran los operativos de emergencia.

Las autoridades venezolanas informaron que la situación sigue siendo crítica, con equipos de rescate trabajando entre edificios colapsados en una carrera contrarreloj para localizar sobrevivientes. El estado de La Guaira fue uno de los más afectados y fue declarado zona de desastre debido a la magnitud de los daños.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, indicó que además de los fallecidos y heridos, alrededor de 200 personas permanecen atrapadas bajo los escombros. En ese contexto, advirtió que el número de víctimas podría seguir creciendo a medida que avancen las tareas de remoción.

Hasta el momento se registran más de 2.900 familias damnificadas y al menos 250 edificios destruidos o con daños severos, incluyendo viviendas, hospitales, escuelas y oficinas públicas.

A su vez, se contabilizaron más de 130 réplicas desde el evento principal, lo que complica las tareas de rescate y obliga en algunos casos a suspender intervenciones por riesgo de nuevos derrumbes.

La tragedia generó una rápida respuesta internacional. Estados Unidos anunció un paquete de ayuda humanitaria y el envío de brigadas especializadas en rescate, mientras que países como Francia y España también movilizaron equipos de emergencia.

El papa León XIV dispuso una asistencia económica inicial para colaborar con los afectados, en tanto que Naciones Unidas, la Unión Europea y el Banco Mundial activaron mecanismos de ayuda y evaluación de daños.

En paralelo, el Gobierno venezolano habilitó líneas de contacto para la búsqueda de personas desaparecidas y pidió a la población colaborar con los equipos de emergencia, mientras se intenta contener la crisis humanitaria en las zonas más afectadas.

Esta semana se llevó a cabo la destrucción de 100 escapes de motocicletas secuestradas en la ciudad de Casilda. Son aquellos dispositivos adulterados que generan detonaciones y perjudican a todos los vecinos.

“Es una parte del cumplimiento del deber, hay ordenanzas que son bastantes claras. Obligadamente tenemos que destruir los escapes que no son legales. Casilda no es una pista de carrera”, expresó el intendente Guillermo Franchella, en diálogo con este medio.

En esa línea, representantes del grupo Prohibido Olvidar, protectoras de animales y familias de personas con autismo, participaron de la aniquilación de los escapes defectuosos, quienes expresaron su apoyo y pidieron mayor respeto y conciencia hacia los más afectados.

Por su parte, Carina Galip es madre de un niño con autismo y señaló que “hay mucha gente que sufre con estos ruidos. Las personas con autismo tienden a golpearse y a llorar mucho. Hay que ponerse en el lugar de aquellos que tienen dificultades a raíz de todo esto”.

El ruido excesivo generado por estos dispositivos no sólo representa una molestia, sino que también tiene graves consecuencias para la salud. Estudios han demostrado que la exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede provocar estrés, alteraciones del sueño, problemas cardiovasculares y dificultades de concentración.

Además, impacta especialmente en personas con sensibilidad auditiva, niños con autismo, adultos mayores y animales, quienes pueden sufrir ansiedad, irritabilidad e incluso daños fisiológicos debido a la sobrecarga sensorial que produce el estruendo.

Las ciudades de Santa Fe y Firmat también ampliaron su regulación para sancionar a vehículos que generan ruidos fuertes y molestos, prohibiendo la circulación de motos o autos con caños de escape libre o sin silenciador, y aquellos que utilicen sistemas de parlantes que exceden los niveles permitidos.

Sur24.-

Fueron secuestradas en investigaciones penales realizadas en toda la provincia de Santa Fe. Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) colaboró en el traslado al Banco Nacional de Materiales Controlados, que se realizó esta mañana. En lo que va del año, ya se entregaron 4.617 armas de fuego y 40.500 cartuchos.

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El MPA entregó hoy 1.512 armas de fuego y 15.000 cartuchos de distintos calibres para su destrucción. Fue en el marco de la tercera entrega controlada en lo que va del año al Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMAC)

Las armas y los cartuchos entregadas esta mañana fueron secuestradas en investigaciones penales ya finalizadas, que tramitaron en las cinco fiscalías regionales del MPA. En todos los casos, cuentan con las correspondientes órdenes de destrucción emitidas, y en virtud de los protocolos establecidos, fueron peritadas, identificadas y registradas en el Sistema Nacional de Identificación Balística antes de ser enviadas para su destrucción.

Personal de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) de la policía de la provincia de Santa Fe colaboró en el operativo de traslado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene su sede el BANMAC.

Incremento

“En lo que va del año, el MPA entregó 4.617 armas de fuego y 40.500 cartuchos. Ese total surge de los tres procedimientos realizados: el de esta mañana, y otros similares en abril y en septiembre, respectivamente”, informó la Secretaria de Gestión de la Fiscalía General, Marina Pieretti.

La funcionaria remarcó que “en comparación con el año pasado, se registró un incremento interanual de 67,85% en la cantidad de armas entregadas para su destrucción, y del 6,58% en la cantidad de cartuchos”.

Institucional

Los procesos de entrega de armas se enmarcan en el Plan de Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA. En tal sentido, en abril de este año se firmó un convenio entre la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destinado a fortalecer las investigaciones sobre mercados ilegales de armas de fuego.

Por otra parte, el MPA también rubricó un acuerdo con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), el cual permitió avanzar en la gestión y trazabilidad de armas e información relacionada.

Certificación

La gestión de armas que realiza el MPA está certificada bajo normas ISO 9001, lo que garantiza la transparencia y calidad en cada etapa del proceso. Este logro posiciona al MPA como un referente en la administración y destrucción segura de materiales controlados, lo cual contribuye a la seguridad pública y a la lucha contra el crimen organizado.