La Asociación del Fútbol Argentino atraviesa un momento delicado en el plano institucional a raíz de distintas causas judiciales que avanzan sobre el manejo de fondos vinculados a la Selección campeona del mundo.

Las investigaciones incluyen operaciones relacionadas con la firma Sur Finanzas y el destino de aproximadamente 40 millones de dólares correspondientes a premios obtenidos en la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Allanamientos y delitos bajo análisis

La Justicia ordenó el martes más de treinta allanamientos tanto en la sede central de la AFA como en distintos clubes del país. Las actuaciones se enmarcan en indagatorias por presunto lavado de dinero, evasión impositiva y administración fraudulenta.

En ese contexto, también se registraron detenciones vinculadas a la operatoria de Sur Finanzas. Los investigadores buscan reconstruir el circuito completo del dinero generado por la actividad comercial de la Selección argentina y establecer si existieron irregularidades en intermediaciones financieras, retenciones fiscales o en la distribución de los premios.

Más allá del impacto deportivo del título en Qatar, el proceso judicial tiene derivaciones políticas e institucionales. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, quedó en el centro de la escena pública mientras la entidad intenta sostener su funcionamiento habitual en medio de las causas abiertas.

Las líneas de investigación abarcan también el análisis de retenciones previsionales y tributarias, así como contratos comerciales con patrocinadores. El volumen económico involucrado y la proyección internacional del seleccionado argentino incrementaron el nivel de exposición judicial del organismo.

Desde Viamonte, la conducción respondió con comunicados oficiales y presentaciones judiciales. La AFA negó cualquier tipo de evasión o desvío de fondos y defendió la legalidad en la administración de los recursos provenientes de premios y acuerdos comerciales, al tiempo que cuestionó la motivación de las denuncias.

Mientras la Justicia continúa con la recolección de pruebas y el análisis contable, el frente judicial se consolidó como el principal foco de tensión política y administrativa para la dirigencia del fútbol argentino.

El avance de las causas mantiene bajo observación el funcionamiento económico de la AFA y abre un período de fuerte incertidumbre institucional en uno de los organismos más influyentes del deporte nacional.

Los allanamientos realizados este martes en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino permitieron a la Justicia hallar una prueba clave: el contrato original que vinculaba a la entidad con la empresa TourProdEnter LLC, ligada al productor teatral Javier Faroni. El documento establece la exclusividad de la firma para administrar los cobros y pagos en dólares en el exterior a cambio de una comisión del 30%.

El hallazgo se produjo en las oficinas de la calle Viamonte, en el marco de los procedimientos ordenados por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y con la intervención de la PROCELAC. Según fuentes judiciales, el contrato se convirtió en la pieza central del expediente, ya que respalda la hipótesis de que la sociedad radicada en Miami —sin estructura operativa comprobable— fue designada como “agente exclusivo” para canalizar divisas de la AFA fuera del país, en un contexto de fuertes restricciones cambiarias.

Levantamiento del secreto y seguimiento del dinero

De manera paralela a los allanamientos realizados en Viamonte, en el predio de Ezeiza y en el domicilio de Faroni en el barrio Yacht de Nordelta, el magistrado dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil del empresario, de su esposa Erica Gillette y de todas las sociedades vinculadas. La medida busca reconstruir la ruta del dinero y determinar el destino final de los fondos transferidos al exterior.

La investigación, que inicialmente se había centrado en la financiera Sur Finanzas, se amplió para abarcar este esquema. Los investigadores sospechan que la AFA habría actuado como “deudor cedido” en operaciones vinculadas a derechos televisivos, lo que habría permitido desviar fondos hacia cuentas en Estados Unidos y luego distribuirlos entre sociedades radicadas en Florida, presuntamente administradas por prestanombres con escasa capacidad económica.

Restricción de salida del país

En este contexto, Faroni fue interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba abordar un vuelo privado con destino a Uruguay. El empresario se encontró con la prohibición de salida del país dispuesta por el juez Armella, medida adoptada para evitar riesgos de fuga mientras se analizan la documentación contable y los dispositivos electrónicos secuestrados durante los operativos.

Pese al avance de la causa y a la incorporación de nuevas pruebas, desde la conducción encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia la AFA difundió un comunicado en el que defendió la legalidad del vínculo con TourProdEnter LLC, al sostener que el acuerdo había sido previamente analizado por tribunales argentinos y estadounidenses sin observaciones formales.

La causa que investiga el manejo de fondos internacionales vinculados al fútbol argentino sumó este martes un nuevo y contundente avance judicial. Por orden del juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicada en la calle Viamonte 1366, en el predio de entrenamiento que la entidad posee en Ezeiza y en el domicilio del empresario Javier Faroni, en el barrio Yacht de Nordelta.

Los procedimientos fueron ejecutados por agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina, en el marco de una pesquisa que busca esclarecer un presunto circuito financiero paralelo relacionado con la recaudación y administración de ingresos en el exterior. La investigación apunta a la empresa TourProdEnter LLC, señalada como agente comercial exclusivo de la AFA fuera del país.

Según la causa, entre 2021 y 2025 la firma habría administrado más de 260 millones de dólares a través de cuentas bancarias en Estados Unidos —en entidades como Bank of America, Citibank, Synovus y JP Morgan— provenientes de sponsors internacionales, derechos de transmisión, plataformas digitales como AFA Play y la organización de partidos amistosos de la Selección Argentina en Asia, Medio Oriente, África y Norteamérica.

Uno de los focos centrales de la investigación está puesto en el destino de esos fondos. Los investigadores detectaron que al menos USD 42 millones habrían sido transferidos a cuatro sociedades radicadas en Florida —Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC— que no registran empleados, actividad comercial real ni infraestructura, y que presentan características típicas de “sociedades fantasma”. Además, se analizan operaciones por cerca de USD 110 millones canalizadas a través de Adcap Uruguay Agente de Valores, con triangulaciones financieras entre distintas jurisdicciones.

En paralelo a los allanamientos, la Justicia dispuso la prohibición de salida del país para Faroni. La medida se hizo efectiva en la madrugada del martes cuando el empresario intentó viajar a Uruguay desde el Aeroparque Jorge Newbery. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria le impidió abordar el vuelo y secuestró un chip telefónico que quedó bajo control judicial para su análisis, luego de que el empresario asegurara no portar su celular.

Desde la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia, emitieron un comunicado oficial en el que rechazaron las acusaciones y defendieron la legalidad del vínculo contractual con TourProdEnter. La entidad sostuvo que el acuerdo fue analizado tanto por tribunales argentinos como estadounidenses, sin que se hayan detectado irregularidades, y recordó que una denuncia presentada en Florida contra la empresa fue archivada recientemente.

No obstante, para los fiscales que intervienen en la causa —la Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)— existen inconsistencias contables, falta de trazabilidad en parte de los fondos y una escasa visibilidad del rol de TourProdEnter en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia. Recién en 2024 la empresa aparece mencionada como deudora, sin detalles sobre su función clave en la estructura internacional de cobros y pagos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada en Estados Unidos en septiembre de 2024, que alertó sobre presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos vinculados a contratos de la Selección Argentina. Con los allanamientos en marcha y la prohibición de salida del país ya vigente, la causa entra ahora en una etapa decisiva, que podría escalar y poner bajo la lupa a la conducción del fútbol argentino en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años.

La Justicia federal allanó este martes la vivienda de Javier Faroni, empresario con vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de una investigación por el presunto desvío de millones de dólares al exterior a través de contratos comerciales vinculados al fútbol argentino.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, por orden del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella. Durante el operativo, los investigadores buscaron documentación, contratos, computadoras y dispositivos electrónicos que podrían resultar clave para el avance de la causa.

De manera previa al allanamiento, la Justicia había dispuesto la prohibición de salida del país para Faroni, como parte de las medidas cautelares adoptadas en el expediente.

La causa se originó a partir de una investigación judicial en Estados Unidos que analiza el manejo de fondos relacionados con contratos internacionales de la AFA, presidida por Claudio Chiqui Tapia. En ese contexto, Faroni aparece vinculado a la empresa TourProdEnter, que habría administrado en el exterior cerca de 260 millones de dólares pertenecientes a la entidad.

Según la pesquisa, al menos 42 millones de dólares habrían sido desviados hacia un entramado de sociedades que, de acuerdo con los investigadores, serían presuntamente ficticias y utilizadas para canalizar los fondos fuera del control institucional.

TourProdEnter fue inscripta en la ciudad de Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni. La firma habría tenido a su cargo la administración de contratos internacionales vinculados a la Selección argentina, un aspecto central que es analizado tanto por la Justicia estadounidense como por tribunales argentinos.

Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, mantiene además vínculos políticos con el Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa.

En paralelo, tres jueces federales de Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculadas a contratos millonarios de la AFA, lo que permitió reconstruir un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de 300 millones de dólares fuera del control formal de la entidad. La investigación incluso generó alertas en el sistema financiero norteamericano y podría derivar en la intervención del Departamento del Tesoro.

El empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras, anticipó que presentará una nueva denuncia ante la Justicia argentina para ampliar la investigación sobre la presunta sustracción y desvío de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la Selección Nacional.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y no se informaron imputaciones formales. Las medidas ordenadas buscan reunir elementos probatorios que permitan determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del presunto desvío de fondos.

En la propia AFA rechazaron las acusaciones y negaron la existencia de desvíos millonarios, al sostener que la relación con su agente comercial en el exterior fue analizada por distintos tribunales “sin que se haya detectado irregularidad alguna”. No obstante, se esperan nuevas definiciones judiciales en los próximos días, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

Nuevas denuncias por las gestiones de Tinelli, Lammens y Arreceygor.

Los socios del Club Atlético San Lorenzo de Almagro volvieron a la carga con el eterno reclamo por transparencia y las reiteradas denuncias por irregularidades en la administración de la institución de Boedo: ahora revelaron que la derrota de un juicio millonario podría traer un nuevo perjuicio, tras la exigencia de un grupo de abogadas por el cobro de honorarios por 500 mil dólares.

La denuncia de los socios apunta a dos abogadas que exigen el pago de 500 mil dólares de honorarios tras perder el juicio que inició el exjugador de San Lorenzo Lucas Menossi.

La Justicia condenó a San Lorenzo a pagar la exorbitante cifra de 5 millones de dólares y según los socios, el reclamo de las letradas está directamente vinculado con un expresidente del club, Horacio Arreceygor.

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“Las doctoras Marcela Beatriz Leiva y Alejandra Noelia Nicoloni pertenecen al Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), el Sindicato de Horacio Arreceygor, el expresidente de San Lorenzo. Es quien las designó en el expediente”, revelaron los socios. “Entonces, las abogadas que responden al ex presidente del Club y trabajan en el sindicato del ex presidente del Club son las que le exigen al Club la suma de 500 mil dólares de honorarios”, recalcaron.

Además, indicaron que la situación reavivó el malestar dentro de la institución y que “todos quieren saber a dónde va a parar esa plata”. Además, dijeron que esperan que el actual presidente, Marcelo Moretti, ponga en marcha la auditoría legal y contable, para saber qué ocurrió con los fondos que han desaparecido de la gestión de Matías Lammens y Marcelo Tinelli. Dijeron que el club está “vaciado” y que debe más de 45 millones de dólares y que “atraviesa una profunda crisis”.

“Los socios quieren que Marcelo Tinelli, Matias Lammens y Horacio Arreceygor rindan cuentas de sus gestiones. De manera urgente. Y que haya justicia”, dijeron.(Página 12)