El Gobierno nacional llegó a un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires para cancelar una deuda de $800 mil millones en concepto de coparticipación acumulada durante 2025.

El convenio fue cerrado este lunes durante una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Según se informó desde la administración porteña, el pago se concretará mediante la transferencia de una cartera de bonos con vencimiento a siete meses.

“Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación, logramos avanzar en una solución concreta”, expresó Jorge Macri a través de sus redes sociales.

El acuerdo permitirá saldar la deuda generada durante el último año por la aplicación del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. En septiembre de 2024, la Ciudad y el Ministerio de Economía habían acordado un mecanismo de pago semanal para cumplir con el fallo de la Corte Suprema dictado en 2022.

Sin embargo, desde julio del año pasado las transferencias se habían ralentizado y comenzaron a acumularse pagos pendientes. Ese monto, estimado en $800 mil millones, es el que Nación se comprometió a cancelar con el nuevo convenio.

De la reunión también participaron el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y la subsecretaria de Coordinación Provincial, Valeria Sánchez.

El entendimiento no incluye la deuda acumulada durante la gestión de Alberto Fernández, que la Ciudad estima en unos 6 mil millones de dólares correspondientes al período 2020-2023.

El conflicto por la coparticipación comenzó en 2020, cuando el entonces Gobierno nacional redujo por decreto los fondos que recibía la Ciudad, al bajar el coeficiente del 3,5% al 2,32%, con el objetivo de transferir recursos a la provincia de Buenos Aires en medio del reclamo salarial de la Policía Bonaerense.

Luego, el Congreso aprobó una ley que llevó la participación porteña al 1,4% básico, más una suma fija destinada a Seguridad. Esa decisión derivó en una disputa judicial que llegó a la Corte Suprema de Justicia.

A fines de 2022, el máximo tribunal dictó una medida cautelar para recomponer el coeficiente al 2,95%, pero la administración del Frente de Todos no cumplió con esa resolución. Por eso, aunque el acuerdo anunciado este lunes permite cancelar la deuda más reciente, la Ciudad mantiene abierto el reclamo por los fondos pendientes de los años anteriores.

Entre deudas previsionales sujetas a revisión, rutas que sólo avanzarán si entran en el circuito de concesiones y servicios federales que siguen esperando definiciones de fondo, Santa Fe aparece en el Informe de Gestión N° 145 de la Jefatura de Gabinete atravesada por el nuevo paradigma fiscal del gobierno de Javier Milei.

El documento, con más de dos mil respuestas remitidas el último miércoles al Congreso, permite hacer una lectura del lugar que ocupa la provincia que gobierna Maximiliano Pullaro en la hoja de ruta de la Casa Rosada. Manuel Adorni defendió esa orientación en la Cámara de Diputados con un discurso que combinó ajuste, reforma del Estado y promesas de eficiencia.

Leídos en clave santafesina, el informe de 1.935 páginas y el discurso de hora y media, dejan una imagen del modelo de relación que la Nación propone a la provincia. Algunos datos: menos transferencias automáticas, más auditoría, menos obra pública directa y más espera de iniciativa privada, con un superávit nacional que también se explica por lo que deja de ejecutarse en el territorio local.

La política vial quedó expuesta bajo un criterio que el Gobierno repite desde hace meses: la Nación sólo terminará aquellas obras con alto grado de ejecución o con financiamiento externo asegurado. El resto queda en una zona gris, sujeta al traspaso al sector privado.

Para el norte provincial, Adorni precisó en la respuesta 639 que Vialidad Nacional priorizó el sistema modular de la RN 11 / RN A009, en el tramo Crespo-Avellaneda y Puerto Reconquista. La obra, a cargo de COINGSA S.A., registra un avance del 85,52% y tiene como fecha prevista de finalización junio de 2026. Pero el panorama cambia en el resto de la traza. Desde Nelson hasta el límite con Chaco, la Ruta 11 fue incluida en la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. En los hechos, eso implica que su mantenimiento quedará atado al cobro de peajes, una vez concretado el proceso licitatorio.

En el centro y sur santafesino, la lógica es la misma. En la respuesta 819, la Jefatura de Gabinete informó que la RN 34, en el tramo VI de la autopista Rosario-Sunchales, presenta un avance del 79,30%. La RN 1V09, entre el empalme con la A012 y Bell Ville, alcanza el 76,41%. Se trata de obras relevantes, pero todavía sujetas al piso de ejecución que la Nación fijó como condición de continuidad con fondos estatales.

En la respuesta 634, aparece una definición con un matiz más político: “Ahora, las obras de infraestructura se orientan a generar más productividad porque las hace el sector privado”. La frase resume el cambio de criterio. Tramos clave de las rutas 7, 8, 33 y 34 que recorren territorio santafesino pasarán al esquema de concesión sin subsidios públicos, bajo la premisa de que el modelo anterior era deficitario para el Estado.

En esa línea, la respuesta 636 confirmó que la Ruta 33, desde Rufino hasta la A012, integra el Tramo Portuario Norte, ya incorporado a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Para la conexión Rosario-Victoria, en tanto, el informe destaca que la operación ya fue adjudicada dentro de los Tramos Oriental y Conexión.

El otro dato que acompaña esa reconfiguración es el propio recorte estatal. Según el informe, Vialidad Nacional pasó de 5.703 agentes a comienzos de 2024 a 4.894 en la actualidad. Se evita, además, precisar partidas concretas para intervenciones urgentes en sectores críticos, dejando esa responsabilidad en el nuevo esquema concesionado.

El capítulo de seguridad ocupó un lugar central en la exposición de Adorni. Rosario volvió a aparecer como emblema del despliegue federal y como uno de los pocos puntos donde la Casa Rosada busca mostrar resultados concretos.

El jefe de Gabinete sostuvo que en 2023 la ciudad tenía una tasa de 22 homicidios cada 100 mil habitantes, cinco veces superior a la media nacional, y afirmó que hoy ese indicador cayó a 6,91. El Gobierno atribuye esa mejora al Plan Bandera y al refuerzo de los controles federales, incluidos los realizados sobre la Hidrovía a través del Plan Paraná.

Sin embargo, la política de seguridad no aparece exenta de zonas grises. En la respuesta 816, el Ejecutivo justificó la disolución del Grupo Especial Antinarcotráfico de Rosario (GEANRO) como parte de una “evolución hacia un modelo de seguridad consolidado”. Según esa explicación, el grupo cumplió su función de intervención rápida hasta que se afianzó el Comando Unificado.

En relación al despliegue de Gendarmería en la provincia, la respuesta 814 evitó dar una cifra consolidada de efectivos permanentes por razones de estrategia. Sólo se indicó que el esquema combina personal fijo con relevos rotativos, dejando abierta la pregunta sobre cuánto de este refuerzo federal es estructura estable.

En el plano judicial, el informe volvió a mostrar que una de las cuentas pendientes de la Nación con Santa Fe sigue siendo la cobertura de vacantes. En la respuesta 642 se informó que, en los últimos 45 días, fueron enviados al Senado 103 pliegos, entre ellos tres correspondientes a la provincia: Walter Alberto Rodríguez para el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe; Emilio Rosatti para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe; y Santiago Joaquín Saux para el Juzgado Federal de Rafaela.

Pero la situación de Rosario, clave para el trámite de causas ligadas al narcotráfico y al lavado, sigue sin resolverse. El concurso para la Cámara Federal de Apelaciones permanece “en análisis” en el Ministerio de Justicia. Es una demora de peso para una jurisdicción donde la discusión sobre seguridad tiene, necesariamente, su contracara judicial.

Cuando se preguntó por el déficit edilicio de la Justicia Federal santafesina, la respuesta oficial fue correrse del tema y derivarlo al Consejo de la Magistratura.

El informe expuso falencias sensibles en materia sanitaria que viene siendo parte de la agenda de reclamos durante las últimas semanas.

En la respuesta 628, el Ministerio de Salud reconoció que durante el primer cuatrimestre de 2026 hubo un desvío del 28% en la entrega de medicación inmunosupresora para pacientes trasplantados en Santa Fe. 

De 293.888 unidades solicitadas, sólo se enviaron 212.454. La explicación oficial fue un problema de stock del laboratorio Novartis, único proveedor de determinadas drogas críticas, que ofertó apenas el 20% de lo requerido en la última licitación.

En salud sexual, la caída fue todavía más marcada. En la respuesta 631, el Gobierno admitió una disminución del 64% en los envíos de anticonceptivos y preservativos a la provincia. La causa alegada fue que dos procesos de contratación previos resultaron fracasados. Para 2026, la Nación promete regularizar la provisión, aunque lo supedita al éxito de las nuevas licitaciones. En paralelo, la campaña antigripal muestra niveles de cumplimiento apenas por debajo del 50%, tanto en la provincia como en Rosario.

Si de deudas se trata, una de las de mayor peso es la previsional, que también ocupó la agenda pública durante las últimas semanas. El informe indicó en la respuesta 709 que durante 2025 la Nación transfirió a Santa Fe $38.018,41 millones por el déficit de su Caja de Jubilaciones no transferida. Pero cuando se pidió precisión sobre la deuda acumulada, el Ejecutivo evitó dar una cifra total y sostuvo que sólo será reconocida aquella que se determine fehacientemente tras las auditorías correspondientes de ANSES.

En materia de política habitacional, la respuesta 823 consignó que la deuda de la Nación para terminar obras del programa Casa Propia en Santa Fe asciende a 46.183.430,26 UVIS. Esas obras están hoy en proceso de traspaso a la provincia o de rescisión.

Además, respecto del Procrear, se confirmó que quedó sin efecto la subasta del predio Parque Federal en la ciudad de Santa Fe, aunque el informe no precisó qué destino tendrán finalmente esas tierras tras la disolución del fondo fiduciario.

En conectividad ferroviaria dejó datos duros. En la respuesta 1049, el Gobierno informó que el servicio Buenos Aires-Rosario perdió casi el 87% de sus pasajeros en lo que va de 2026 frente a 2023.

Adorni confirmó, además, que se detectaron 50 mil durmientes con fallas estructurales de fabricación en los ramales hacia Córdoba y Tucumán, pasando por Rosario y Rafaela. El plazo de remediación técnica estimado es de entre 10 y 12 meses.

Mauro Muñoz - Política - Economía El Litoral

La irregularidad en el pago de créditos al sector privado volvió a encender las alertas del sistema financiero tras cerrar el 2025 con un índice general de morosidad del 5,5%, confirmando una tendencia ascendente sostenida.

En base a los datos oficiales del Banco Central (BCRA), el deterioro es asimétrico y golpea con mayor crudeza a los hogares: mientras que el ratio de irregularidad en las empresas se ubicó en un moderado 2,5%, la mora en los préstamos a las personas físicas trepó al 9,3%.

El aumento de los problemas para afrontar los compromisos financieros está impulsado principalmente por el retraso en el pago de créditos personales y prendarios. A lo largo del año pasado, el financiamiento a las familias ganó un fuerte peso dentro del balance de los bancos, pero esa misma expansión elevó significativamente la exposición al riesgo.

Si bien los especialistas del BCRA señalan que el nivel de mora dentro de las entidades bancarias tradicionales todavía se ubica por debajo de los picos observados en grandes crisis anteriores, el panorama cambia drásticamente fuera del circuito formal.

En las entidades no bancarias (como cooperativas, mutuales o financieras de crédito para el consumo), la situación reviste una gravedad mayor: el índice de irregularidad en los pagos alcanza un alarmante 22,8%, afectando a los sectores más vulnerables de la población que no acceden al sistema bancarizado.

Esta suba en la morosidad se da en el marco de un profundo cambio de época para los balances de los bancos, impulsado por la gestión económica de Javier Milei.__IP__

Actualmente, el crédito a empresas y familias pasó a representar el 43,9% del activo total de las entidades financieras, desplazando al financiamiento al sector público (Leliqs, pases y bonos del Tesoro), que había sido la principal vía de rentabilidad del sistema durante el gobierno de Alberto Fernández.

El Gobierno ya cuenta con los fondos necesarios para hacer frente este viernes a vencimientos de deuda por unos USD 4.200 millones.

El Tesoro llegó a un acuerdo con un grupo de bancos para conseguir un préstamo directo hacia el Tesoro, informó Clarín citando a voceros oficiales.

Entre los dólares que adquirió el Tesoro por distintas vías y un crédito de tipo Repo con entidades financieras, se lograron reunir los fondos necesarios para hacer frente a los vencimientos.

Un grupo de bancos había ofrecido un total de financiamiento potencial por US$ 7.000 millones, de los cuales el Gobierno tomaría unos US$ 1.600 millones, para llegar a los pagos necesarios.

El Gobierno, el primer día hábil del año, envió a los tenedores de los bonos el aviso oficial de pago para todos los títulos en moneda extranjera, con vencimientos en 2030, 2035, 2036, 2038, 2041 y 2046, en dólares y en euros. 

Son los bonos emitidos en agosto de 2020 como resultado de la reestructuración de la deuda que hizo Martín Guzmán como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Del total de vencimientos previstos para esta semana, unos US$ 500 millones están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS o del Banco Central, por lo que eso moderaría el impacto en las reservas al tratarse de dólares que quedarán dentro del sector público.

Además, el equipo económico aguarda que parte de los fondos que reciban los tenedores de deuda se reinvertido en deuda argentina.

El último cálculo actualizado con información disponible del BCRA indicaba que el Tesoro arrancó el 2026 con US$ 1.970 millones. 

A esa cuenta le falta agregar el ingreso de US$ 706 millones por la venta de acciones de las hidroeléctricas del Comahue.

Son divisas que terminará de recibir el Tesoro esta smana.

 "Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas", aseguró el presidente Javier Milei, al ser consultado sobre los vencimientos del 2026.

Milei dijo que a la instrumentación de la financiación y de los pagos se encuentra abocado el ministro de Economía, Luis Caputo, quien días antes sostuvo que la voluntad de su cartera era reducir la recurrencia a Wall Street.

El mandatario formuló declaraciones radiales luego de que el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026 y la “Inocencia fiscal”, considerados claves por el Ejecutivo para avanzar en la estabilidad fiscal.

Además, este viernes el Banco Central hizo una fuerte compra a divisas, destinadas a fortalecer las reservas.

En 2026 vencen unos US$ 12.600 millones de deuda, de los cuales US$ 4.200 operan en enero.

Sobre el pago de la deuda, Milei dijo que “eso lo va a resolver el ministro Caputo, quien entiende como nadie el valor de pagar”.

Este viernes las reservas subieron en casi US$ 600 millones y cerraron la semana con un nuevo récord de acumulación durante la gestión Milei, de 43.610 millones de dólares.

Milei dijo que “pasaron las elecciones legislativas nacionales, se desplomó el 'riesgo kuka' y se empezó a recuperar la demanda de dinero. Algún mérito debemos tener por cumplir las metas... Otra de las cosas imposible que fuimos revirtiendo: somos el gobierno que más reservas compró en la historia, 30 mil millones de dólares”.

En tanto, Caputo dijo que “el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”.__IP__

 ¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”, escribió Caputo en su cuenta oficial de X, respondiendo a un usuario que había preguntado si iría a haber una emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026.

AgenciaNA

La provincia de Santa Fe avanza en la búsqueda de US$1.000 millones en los mercados internacionales, en el marco de una estrategia para sostener y ampliar el plan de obra pública impulsado por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro.

El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, viajó a Nueva York para encarar la etapa final de la negociación con bancos y fondos de inversión. La emisión se realiza mediante un road show encabezado por JPMorgan y Banco Santander, cuyos resultados podrían conocerse este jueves.

De acuerdo con fuentes oficiales, el monto final, el plazo del bono y la tasa de interés dependerán del interés de los inversores y de las condiciones que se logren cerrar en las próximas horas.

Con este movimiento, la provincia sigue los pasos de otras jurisdicciones que ya volvieron al financiamiento privado externo.En las últimas semanas:

El gobierno nacional acompañó este proceso: el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo hoy que una de las vías para acumular reservas es justamente la cuenta financiera, donde se anotan los ingresos por colocaciones de deuda.

El Ejecutivo santafesino adelantó que los fondos serán destinados exclusivamente al sostenimiento y continuidad de la obra pública, uno de los ejes prioritarios de la administración Pullaro. La provincia encara actualmente proyectos viales, infraestructura educativa, seguridad, salud y ampliación de sistemas de agua potable.

El equipo económico santafesino continúa con las presentaciones ante inversores y definirá este jueves si la demanda permite concretar la emisión prevista de US$1.000 millones o si se ajustará el monto de acuerdo con las condiciones del mercado.

Se espera que, una vez cerrada, la operación marque el regreso formal de Santa Fe a los mercados internacionales después de varios años sin colocaciones significativas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) lanzó una advertencia clave para miles de contribuyentes del régimen simplificado: acumular diez meses consecutivos de deuda implica la baja automática del Monotributo. La medida, ya vigente, busca depurar el padrón y exigir mayor cumplimiento fiscal.

Desde el organismo recalcan que mantener el Monotributo al día no es solo una obligación, sino la única forma de evitar quedar fuera del régimen, lo que podría traer costos administrativos y económicos adicionales.

Arca confirmó que dará de baja de oficio a los contribuyentes que:

• Acumulen 10 meses seguidos de deuda.Ante este escenario, se aplica directamente la baja del régimen simplificado, sin necesidad de notificación previa.

Pero la deuda no es el único riesgo. La exclusión también se aplica cuando se detectan inconsistencias graves, tales como:

Arca recordó que quienes se encuentren en riesgo aún pueden evitar la baja si cancelan la deuda acumulada a través de:

Una vez saldada la deuda, el contribuyente podrá reinscribirse al régimen simplificado sin impedimentos.

Desde el organismo pidieron especial atención a los vencimientos mensuales y a la correcta facturación, dos aspectos que suelen generar problemas recurrentes entre los monotributistas.

San Lorenzo atraviesa uno de los momentos institucionales más críticos de los últimos años. Este miércoles, el plantel profesional publicó un fuerte comunicado en el que expuso públicamente las graves dificultades que vive puertas adentro: sueldos impagos desde agosto para parte del equipo, falta de comida adecuada, carencias en los vestuarios y ausencia de respuestas por parte de la dirigencia.

En el texto, difundido de manera conjunta por los futbolistas en sus redes sociales, los jugadores aseguran que la situación se volvió “insostenible” y que afecta directamente a sus familias y a su desempeño profesional. Además, remarcan que, pese a los incumplimientos, continuaron entrenando y compitiendo “con compromiso y respeto”, priorizando al club y a su gente.

“El plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro quiere manifestar públicamente su profunda preocupación y malestar”, comienza el comunicado, que detalla deudas salariales desde agosto, problemas con la alimentación diaria y la falta de agua caliente en los vestuarios.

Los jugadores también señalan que la dirigencia no cumplió ninguna de las promesas realizadas en los últimos meses y que llegó el momento de “alzar la voz nuevamente”. Aseguran que el reclamo no es solo económico: se trata también de “respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece”.

El mensaje concluye con un llamado directo a las autoridades del club: “Esperamos que actúen con responsabilidad. No buscamos conflicto, sino una respuesta concreta y justa”.

El conflicto estalló en un contexto ya delicado. La semana pasada, tras una reunión entre Claudio Tapia y representantes de la vida política de San Lorenzo, la AFA emitió un comunicado oficial en el que anticipó que evaluará los pasos a seguir para normalizar el funcionamiento institucional del club.

Según informó la propia entidad, no hubo consenso entre los actores internos para conformar un proyecto común, por lo que la Casa Madre del fútbol argentino decidirá en los próximos días cómo actuar. Entre las opciones que se analizan figuran una Comisión Normalizadora o el nombramiento de veedores, como ocurre a nivel internacional en situaciones similares.

Además, AFA recordó que el presidente Marcelo Moretti debe ajustarse al Estatuto y cumplir con el fallo judicial que lo obliga a convocar a la Comisión Directiva. Si esto no sucede, o si no se alcanza un acuerdo interno para conformar una nueva conducción, la intervención parece cada vez más cercana.

Milett Figueroa habló sobre el vínculo entre Marcelo Tinelli y sus hijas. Luego de varios guiños en las redes expresando su apoyo, la modelo peruana, rompió el silencio en Intrusos (América) y aseguró que la familia intenta recomponer la relación.

“Felizmente todo se está solucionando. Están conversando con la familia”, expresó con tranquilidad.

La polémica comenzó la semana pasada, cuando Juana Tinelli denunció haber recibido amenazas telefónicas. A raíz de eso, la joven recibió un botón antipánico como medida de protección. Aunque Tinelli le mostró su apoyo, ella dejó entrever cierta distancia con él e incluso deslizó que los conflictos familiares podrían estar relacionados con las deudas de su padre.

Por su parte, Candelaria, hija del primer matrimonio del conductor con Soledad Aquino, también marcó distancia. En redes sociales, dio a entender que no volvió a tener contacto con su hermana desde que se desató el conflicto.

Mientras Marcelo y Soledad Aquino se mostraron unidos públicamente, Milett optó por la prudencia. “Es algo que prefiero no opinar mucho. No siento que sea un tema que deba tocar. Pero, como compañera y por el cariño que le tengo, es un tema muy sensible”, explicó.

Aun así, dejó en claro que el clima comenzó a mejorar: “Hay mucho amor. Todo se está arreglando y definitivamente están conversando. Es lo que pasa en todas las familias”.

La actriz reconoció además que la exposición mediática afectó a todos los involucrados: “Él está resolviendo temas laborales y familiares, como cualquiera. La diferencia es que, al ser públicos, todo se sabe”.

El apellido Tinelli volvió a ocupar los titulares, esta vez por una reacción pública de Mica Tinelli, quien decidió expresarse en medio del conflicto familiar que atraviesan. 

La empresaria subió una historia a su cuenta de Instagram con un mensaje breve pero contundente, que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Increíble lo sueltitos que están todos ahora. Ven a alguien en el piso y le siguen metiendo patadas sin parar. Son todos unos vivos bárbaros, eh. Qué bien”, escribió la hija mayor de Marcelo Tinelli, acompañando el texto con una selfie de gesto serio.

Aunque no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una indirecta ante las críticas y comentarios mediáticos que surgieron tras la denuncia que su hermana Juanita Tinelli hizo por amenazas.

El posteo apareció horas después de que la noticia generara un gran revuelo, y muchos usuarios lo leyeron como una muestra de respaldo hacia su familia en un momento especialmente sensible.

En las últimas semanas, el clan Tinelli ha estado bajo la mirada pública por distintos motivos: los conflictos judiciales y económicos del conductor, el distanciamiento con Juanita y las repercusiones de las declaraciones cruzadas que circularon en los medios.

Por su parte, Mica, que suele mantener un perfil más enfocado en sus proyectos de moda y redes sociales, eligió esta vez hacer una catarsis emocional y dejar clara su postura frente a lo que considera una sobreexposición innecesaria.

Mientras tanto, Marcelo Tinelli intenta recomponer el vínculo con su hija menor, luego de que trascendiera la charla privada en la que Juana se habría disculpado con él y le explicó que atravesó un ataque de pánico.

La situación económica y financiera de varios clubes argentinos volvió a quedar expuesta tras conocerse un nuevo informe de FIFA sobre inhibiciones y sanciones vigentes. El organismo internacional mantiene medidas activas contra más de diez instituciones del país por deudas impagas y conflictos contractuales.

El caso más resonante es el de San Lorenzo de Almagro, que acumula 11 inhibiciones, convirtiéndose en el segundo club más sancionado del continente —solo por detrás de Club San José de Bolivia (13). El “Ciclón” recibió cinco nuevas medidas el 24 de octubre, lo que le impide fichar jugadores por tiempo indefinido.

Las inhibiciones están relacionadas principalmente con derechos de formación y mecanismos de solidaridad, vinculados a los jugadores Diego Herazo y Rafa Pérez, entre otros reclamos.

Los clubes argentinos sancionados por FIFA

• 🟥 San Lorenzo (11 inhibiciones)

◦ Reclamos de Austin FC por Jhohan Romaña, CF Monterrey por Adam Bareiro, deudas con Cristian Zapata y Diego Rodríguez, más cargos administrativos y reclamos por Herazo y Pérez.

◦ Sanciones: del 14/03/25 al 24/10/25 (varias sin plazo de levantamiento y otras por tres mercados de pases).

• 🔴 Club Atlético Huracán (1 inhibición)

◦ Derechos de formación de Walter Mazzanti.

◦ Desde el 1/10/25.

• ⚪ Gimnasia y Esgrima La Plata (2 inhibiciones)

◦ Por reclamos de Defensor Sporting (Matías Abaldo) y Claudio Spinelli.

◦ Desde el 1/10/25 y 14/10/25.

• 🔵 Gimnasia y Esgrima de Jujuy (1 inhibición)

◦ Desde el 1/10/25.

• 🟣 Villa Dálmine (1 inhibición)

◦ Desde el 24/09/25.

• 🟢 Club Atlético Banfield (1 inhibición)

◦ Desde el 16/09/25.

• 🟠 Club Atlético Platense (1 inhibición)

◦ Deuda con Club Atlético Colón por el pase de Leonel Picco.

◦ Desde el 25/08/25 (3 mercados de pases).

• ⚫ Club Atlético Nueva Chicago (1 inhibición)

◦ Reclamo de Club Atlético Vélez Sarsfield por derechos de formación de Matías Rodrigo Bilbao García.

◦ Desde el 07/07/25.

• 🟡 Sol de Mayo (1 inhibición)

◦ Desde el 30/06/25 (3 mercados de pases).

• ⚪ Club Atlético Quilmes (1 inhibición)

◦ Deuda por el pase de Emanuel Herrera.

◦ Desde el 09/02/24.

La reiteración de sanciones por parte de FIFA refleja la delicada situación económica que atraviesan varios clubes del fútbol argentino. Estas medidas les impiden fichar jugadores hasta saldar los compromisos pendientes y afectan directamente sus proyectos deportivos.

La Algodonera Avellaneda S.A., ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, atraviesa un crítico escenario financiero. A partir del lunes 6 de octubre, la Empresa Provincial de la Energía (EPE) notificó formalmente a la firma textil sobre una deuda pendiente y le otorgó un plazo improrrogable de 72 horas hábiles para presentar un plan de pago.

De no cumplir con esta intimación, la EPE advirtió que aplicará una reducción o limitación técnica del suministro eléctrico a partir del jueves 9 de octubre a las 8:00.

La empresa atraviesa un proceso judicial de quiebra preventiva y cuenta con una resolución previa del juez del Concurso de Acreedores, Fabián Lorenzini, quien había prohibido el corte de luz. Sin embargo, la EPE presentó un documento ante el juzgado notificando que deslinda toda responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar la limitación del servicio, en caso de no obtener respuesta dentro del plazo otorgado.

La notificación fue firmada por el abogado Dr. Patricio Martín Ternavasio, representante legal de la EPE, y comunicada también al juzgado interviniente.

En paralelo, la empresa suspendió actividades en su planta industrial ubicada en los lotes 7 a 11 del Parque Industrial, según informó el Dr. Héctor Luis Vizcay, representante legal de la firma, ante la Delegación Reconquista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La suspensión se extenderá desde las 6:00 del lunes 6 hasta las 13:00 del sábado 11 de octubre, argumentando "graves circunstancias económicas" que afectan tanto a la empresa como al mercado textil. Solo continuará activo el personal de guardia, mientras que el resto quedará eximido de concurrir, aunque con abono de haberes garantizado.

La Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE) intimó formalmente a Algodonera Avellaneda S.A., la planta textil del Grupo Vicentin ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, por una deuda millonaria acumulada en concepto de suministro eléctrico. En caso de no presentar un plan de pagos en los próximos días, la distribuidora anunció que reducirá o limitará técnicamente la potencia eléctrica suministrada, sin garantía de restitución inmediata.

La notificación fue enviada el 17 de septiembre y establece un plazo máximo e improrrogable de cinco días hábiles para regularizar la situación. Según el detalle oficial, la deuda acumulada asciende a $1.914.749.164,26 al 19 de septiembre de 2025. La intimación lleva las firmas del gerente comercial de la EPE, José María Baldomir, y del jefe del área de Grandes Demandas, Andrés Pozzi.

El último informe presentado por la sindicatura en el concurso preventivo de la empresa en julio, describe una crítica situación económica y financiera, con paralización total de las operaciones y deudas crecientes. La hilandería y el área de desmote están completamente inactivas por exceso de stock y caída de la demanda.

En julio aún se habían producido algo más de 250 mil kilos de hilos y 99 mil kilos de telas, pero actualmente no hay actividad en la planta, detallaron los síndicos. La facturación en ese mes fue de $2.684 millones, aunque la tendencia es claramente decreciente desde abril.

El pasivo posconcursal de Algodonera Avellaneda crece de manera constante. Las deudas incluyen compromisos con proveedores, AFIP, seguridad social y la propia EPE. Según el informe, la empresa incluso descuenta unilateralmente un 25% de las facturas de energía, lo que agrava la situación con la distribuidora.

El impacto de la crisis también se traduce en reducción de personal. Entre junio y julio se produjeron 41 bajas (entre despidos, retiros voluntarios y finalización de pruebas), y la deuda en concepto de indemnizaciones asciende a $274 millones.

El pasado 22 de agosto, la firma solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis, que contempla suspensiones, reducción de jornadas y retiros voluntarios como mecanismos para reducir los costos laborales.

El sistema de salud pública de Santa Fe reclama a obras sociales y empresas de medicina prepaga una deuda de 6.102 millones de pesos. 

El monto corresponde a prestaciones brindadas en hospitales y centros de salud públicos a personas con cobertura, que no recibieron respuesta de sus financiadores primarios.El ministro de Economía, Pablo Olivares, subrayó que “debemos distinguir entre un Estado que actúa, se hace cargo y garantiza la atención sanitaria a todos los ciudadanos, y un Estado bobo, que no reclama el recupero de los costos a quienes debieron cubrir esas prestaciones con los aportes de afiliados y empleadores y no lo hicieron”.El PAMI concentra una quinta parte de la deuda, con 1.161 millones de pesos. Sumado a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores, la Obra Social del Personal de la Industria del Caucho, la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (Osecac) y la Obra Social del Personal de la Construcción (Ospecon), representan en conjunto la mitad del monto total: 3.048 millones. 

Por su parte, la secretaria de Hacienda de la Provincia, Belén Etchevarría, destacó la importancia de la recuperación de esos fondos: “Se trata de recursos que debió cubrir un privado y terminó afrontando el Estado provincial. Deben ser devueltos para que el sistema público pueda mejorar o ampliar los servicios que brinda”.

A partir de los datos personales solicitados a quienes se atienden en un hospital o centro de salud público, las áreas administrativas de cada efector identifican si el paciente posee obra social o prepaga. En caso afirmativo, son esas dependencias las que inician el reclamo correspondiente para que la cobertura devuelva al Estado provincial los costos de la atención brindada.

El Gobierno Provincial insistió en que este mecanismo no afecta la gratuidad de la atención sanitaria, ya que el ciudadano es atendido en todos los casos. El reclamo se dirige exclusivamente a las entidades financiadoras, que son las responsables legales de cubrir las prestaciones de sus afiliados. 

En 600 días de gobierno, el gobierno de Javier Milei tuvo que destinar $64,5 billones a afrontar vencimiento de deuda, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

El dato refleja el peso que están teniendo los intereses en los pagos que realiza el gobierno nacional para evitar a toda costa un defaul, oi cesacion de pagos. 

Además, el CELAG indicó que el gobierno destinó en ese período "más al pago de intereses (34.8 billones), que a las jubilaciones y pensiones ($25,5 billones).

El ministro de Economía, Luis Caputo, viene explicando que la estrategia de su plan financiero apunta a pagar los vencimientos de intereses y refinanciar el capital de los créditos solicitados por la Argentina durante los últimos gobiernos.

Incluso, Caputo fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, quien gobernó entre 2015 y 2019.

En ese período se logró casi inmediatamente salir del default y levantar el cepo cambiario, pero años después Macri y Caputo decidieron pedir un nuevo crédito al Fondo Monetario.

Macri se puso en contacto por primera vez con el FMI para iniciar la gestión de un préstamo el 8 de mayo de 2018. 

Un mes después, el 7 de junio, se anunciaba que el FMI había concedido a la Argentina un crédito stand by por 50.000 mil millones de dólares, el más grande en la historia. 

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, admitió este jueves que podría aceptar obra pública y hasta bienes del Estado de la Nación, como parte de pago de la deuda que Anses mantiene con la provincia.

A 24 horas de participar de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación para discutir con el organismo previsional nacional el monto que se le debe cancelar a Santa Fe, el mandatario concedió que si se demuestra voluntad de pago, la provincia podría aceptar distintas variables, excepto "papeles".

"Uno quiere siempre que nos den la plata; papeles no – aclaró Pullaro consultado por la prensa-. Pero entendemos el momento que vive la Argentina y no vamos nunca a empujar para que la Nación rompa el equilibrio fiscal porque eso genera problemas para todos. No cederemos ni un solo centavo, pero si nos dan bonos para capitalizarnos y hacer obras, o bienes que tiene el Estado nacional y que a la provincia o a las ciudades le pueden venir bien, estoy dispuesto a discutirlo. Y lo voy a discutir con la Legislatura también... Pero no cederemos ni un solo centavo. Vamos a ser flexibles en el modo de pago, si hay voluntad de pago", planteó.

Respecto de la indefinición del gobierno central respecto de una prórroga en la baja de las retenciones – el plazo de la disposición vigente vence el próximo 30 de junio-, Pullaro advirtió que sería "un error" no extender la medida.

"Sería un error; implicaría no mirar al interior productivo. Todo lo que genera el campo queda en las ciudades de este interior. Los gringos no se llevan la plata al exterior ni la invierten en criptomoneda; invierten todo lo que ganan en tecnología para poder producir más. Invierten en ladrillos en las ciudades… Por lo tanto, estoy convencido de que si esta política no cambia, la Nación se equivocará y cometerá un error grave".

"Necesitamos que se eliminen las retenciones pero, además, que tengamos una políticas donde cuidamos a la industria. La apertura de nuestro país tiene que ser inteligente y oportuna; es un error del gobierno nacional", sentenció.

Por último, el mandatario aludió a la inversión que está realizando la provincia en materia de obra pública. "El año pasado la provincia invirtió 500 millones de dólares en obra pública con presupuesto propio. Este año invertiremos también con recursos propios que surgen de achiques y de ser más eficientes con el mano de los fondos, otros 1.500 millones de dólares. La semana pasada, tuvimos la ley que nos permite un endeudamiento que también lo vamos a destinar a obra pública. Y si cobramos la deuda de 800 mil o 1 billón 200 mil millones de pesos que le reclamamos a Anses, lo vamos a poner en obra pública", aseveró.

El mandatario resaltó que "tenemos un retraso en la provincia en materia de infraestructura de 8 mil millones de dólares y pretendemos en cuatro años cubrir unos 5 mil millones de ese total para acercarnos a ese desafío de los 8 mil. Con ese monto, vamos a tener mejores rutas, mejor sistema energético,agilizaremos la logística y seremos más eficientes en la provincia para poder generar más trabajo y crecimiento", concluyó.

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, participó este miércoles de la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el reclamo de la deuda previsional que la Ansés mantiene con Santa Fe. Lo hizo acompañado por sus antecesores en el cargo, Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en una señal clara de respaldo institucional al reclamo de los fondos que corresponden a la Caja de Jubilaciones provincial.

El gobernador santafesino calificó como “buena” la reunión en la Corte Suprema por la deuda previsional que mantiene Nación con la Provincia. Destacó la institucionalidad del reclamo al estar acompañado por sus antecesores, Perotti y Bonfatti. 

“En un país con mucha confrontación, esto nos muestra diferentes”, subrayó. Destacó que la Provincia “hoy tiene equilibrio fiscal”, y entendió que “eso no puede jugarnos en contra, al contrario, debería ser a favor”. En 15 días se abrirá una instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo de deuda nacional con Santa Fe.

Tras el encuentro, Pullaro destacó: “La imagen que hoy dio la provincia de Santa Fe es de institucionalidad. Personas que no pertenecemos a los mismos espacios políticos, pero que ejercimos -o ejercemos- la responsabilidad de gobernar, estamos juntos defendiendo los intereses de la provincia. En un país donde hay mucho grito, mucha pelea y muchas diferencias, esto nos distingue y nos muestra completamente diferentes”.En cuanto al desarrollo de la audiencia, el mandatario la calificó como “buena” y remarcó que hubo sólidos argumentos tanto políticos como técnicos. “El Estado nacional reconoce que hay una deuda. El reclamo de Santa Fe se sostiene sobre dos ejes: por un lado, el stock de deuda acumulada, cuyo monto aún debe determinarse; y por otro, el flujo de fondos que Nación dejó de transferir de manera unilateral desde enero de 2024, incumpliendo el decreto 280 firmado el año pasado”, precisó.“El stock de deuda es un reclamo que comenzó en la gestión de Omar Perotti y que nosotros retomamos. Por supuesto, la Provincia tiene una mirada flexible entendiendo el contexto del país, pero no vamos a resignar ni un solo centavo de lo que le corresponde a Santa Fe”, sostuvo Pullaro.Respecto al corte del flujo, detalló que “la Provincia no recibe un solo peso más de Nación en concepto de financiamiento previsional. Eso es lo que vinimos a reclamar de manera urgente”.El gobernador fue claro al afirmar: “Percibo buena voluntad tanto del Poder Ejecutivo nacional como de la Anses para empezar a discutir la deuda. Es una obligación que surge de decisiones tomadas en los años 90, cuando Santa Fe optó por mantener su Caja de Jubilaciones dentro de la órbita provincial, mientras otras provincias la transfirieron a Nación. Ese fue un esfuerzo enorme que hoy debe ser reconocido”.

Pullaro adelantó que en los próximos 15 días se abrirá una instancia técnica para avanzar en un acuerdo sobre el flujo y, posteriormente, sobre el stock de la deuda. “Mientras tanto, seguimos sosteniendo una medida cautelar presentada ante la Corte, que exige la restitución inmediata del flujo que Nación interrumpió, sin perjuicio de que luego se discuta el monto total del stock adeudado”, explicó.

En otro tramo de su declaración, el gobernador remarcó que “Santa Fe hoy tiene equilibrio fiscal, porque todas las gestiones que nos antecedieron han sido responsables”.“Eso no puede jugarnos en contra -advirtió-. Al contrario, debería jugar a favor. Es lo que hoy venimos a exigir. Nunca vamos a resignar la deuda que Nación tiene con nosotros, porque esos recursos son fundamentales para obras y servicios que mejoran la vida de los santafesinos”.Pullaro graficó la magnitud de la deuda: “Estamos hablando de fondos que equivalen a 1.500 kilómetros de rutas nuevas o a la construcción de 170 escuelas. Por eso vamos a mantener este reclamo hasta que cada centavo que le corresponde a los santafesinos esté acordado y empiece a pagarse”.“Por supuesto que quisiéramos cobrar todo junto, porque tenemos un plan y sabemos perfectamente qué hacer con esos recursos. El Gobierno nacional puede fijar su política y nosotros la nuestra, pero lo que no vamos a dejar de hacer es reclamar lo que es de Santa Fe. Vamos a defender hasta el último centavo”, sentenció.

En la misma línea, el exgobernador Omar Perotti sostuvo: “Acompañamos institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”. A su turno, Antonio Bonfatti destacó: “Estamos dando un ejemplo de institucionalidad, oficialismo y oposición unidos, defendiendo los intereses de toda la provincia”.

“Acompañamos institucionalmente porque lo que está en juego son los recursos de todos los santafesinos. Y en un momento de tantas divisiones en el país, las regiones que van a sobresalir son las que logren acuerdos en temas trascendentales”. Omar Perotti 

Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe. Foto: Flavio Raina

Miércoles 28.5.2025

 6:00

Mario Cáffaro

El ministro de Economía, Pablo Olivares, y parte de su equipo de trabajo, se reunirán este jueves con la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que tiene bajo su análisis dos mensajes del Poder Ejecutivo sobre endeudamiento externo con bonos y con la CAF para obras de infraestructura.

Los dos mensajes fueron aprobados por unanimidad en el Senado el pasado jueves y girados en forma inmediata a la Cámara Joven que dio ingreso y los giró a comisiones.

Este jueves, ninguna de las dos cámaras ha convocado a sesiones del período Ordinario y en Diputados la actividad oficial se reducirá a dos comisiones y al reconocimiento a los jardines de infantes y a las maestras del sector.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda es presidida por la radical Jimena Senn y tiene como vicepresidente al justicialista Walter Agosto quien ingresó un pedido de informes sobre las razones y la oportunidad de la emisión de bonos externos. "Si esta Legislatura aprueba este proyecto, la provincia de Santa Fe triplicaría su deuda externa", señala el ex ministro de Economía.

Uno de los mensajes apunta a autorizar al Poder Ejecutivo a endeudarse con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) hasta la suma de US$ 150.000.000 para el financiamiento del programa integral de logística urbana y metropolitana del Gran Rosario.

El otro, apunta a autorizar al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta la suma de U$S 1.000.000.000 con el objeto de financiar parcial o totalmente la ejecución de gastos de capital de la administración provincial y/o cancelar, adquirir y/o recomprar títulos emitidos por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El Senado votó ambos temas con el apoyo de los 18 miembros presentes en la última reunión.

En Diputados, además de los dos mensajes, el cuerpo dio ingreso al pedido de informes que firma Agosto junto a varios integrantes de la interbancada justicialista como Omar Perotti, Marcos Corach, Celia Arena, Alejandra Rodenas, Verónica Baró Graf, Miguel Rabbia y Lucila De Ponti.

El pedido de informes tiene siete puntos y será uno de los ejes de la reunión del jueves ya con Olivares presente en la Comisión: Análisis realizado respecto a la conveniencia de colocar deuda en el mercado internacional, en función de la situación financiera de la provincia y el contexto global y el programa financiero diseñado.

El análisis realizado por el cual el Gobierno evalúa como conveniente la cancelación, adquisición y/o recompra de los títulos públicos emitidos oportunamente; detalle de las obras nuevas a ser financiadas por el proyecto de endeudamiento, tipo de obra, distribución geográfica, presupuesto oficial estimado y plazo de ejecución.

También el PJ reclama conocer las gestiones administrativas y/o judiciales realizadas por el Poder Ejecutivo ante el Gobierno Nacional, a fin de solicitar el mantenimiento y conservación de la infraestructura vial en la provincia y la culminación de obras que se encuentran paralizadas.

Los otros puntos apuntan a conocer las gestiones administrativas y/o judiciales realizadas por el Poder Ejecutivo a fin de solicitar el cumplimiento por parte del Gobierno Nacional de transferencias presupuestarias a la provincia, como ser deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Fondo compensador del transporte automotor; y la ejecución de la coparticipación federal y la recaudación provincial percibida por la provincia al 30 de abril de 2025 y su comparación en términos reales con lo percibido en igual periodo del año anterior.

Este jueves, también fue convocada la Comisión especial de Integración Regional Mercado Común del Sur y Seguimiento del Sistema de la Hidrovía Paraguay-Paraná que preside Ariel Bermúdez (Creo).

A la reunión fueron invitadas la subsecretaria de Región Centro, Claudia Giaccone asi como la secretaria y el subsecretario de Transporte, Mónica Alvarado y Jorge Henn, respectivamente.

Bermúdez señaló que Giaccone expondrá sobre la constitución de la Región Litoral donde se encuentra participando Santa Fe, área que abordará dos temas centrales: los nuevos términos de la licitación de la Vía Navegable Troncal y la reforma a la ley de cabotaje. Sobre este último tema, instrumentado a través de la DNU 340 expondrán los funcionarios de Transporte.

Mario Cáffaro - El Litoral

El periodista rosarino, Reinaldo Sietecase, anunció en su programa radial de Radio con Vos que el y su producción están realizando las gestiones pertinentes para que Luis Toto Caputo ingrese en el Libro Guines de los records.

Durante la emisión de su programa en radio, Sietecase explicó que la iniciativa no se trató de una broma ni de una puesta en escena, sino de una solicitud oficial que busca que el organismo internacional evalúe si la gestión de Caputo reúne los requisitos para establecer un récord.

“Creemos que lo que ha hecho Luis Toto Caputo encuadra en todas las características que pide Guinness: es medible, verificable, rompible y tiene interés internacional”, señaló el conductor.

En tono irónico pero con intención crítica, el equipo repasó las condiciones necesarias para que una hazaña sea considerada por Guinness, entre ellas, que pueda ser registrada con evidencia clara y que se trate de un hecho superlativo. “Esperamos que el que lo mejore no sea el propio Caputo”, deslizaron.

La propuesta se da en un contexto económico marcado por los fuertes niveles de endeudamiento público acumulado durante distintas gestiones en las que Caputo tuvo participación directa, tanto en la presidencia de Mauricio Macri como en la actual administración de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no pide una devaluación y aseguró que ya se pusieron de acuerdo en cómo continúa el programa económico.

Asimismo, reiteró que el programa se cerraría en este primer cuatrimestre debido al trámite legislativo que se necesita y a la burocracia del FMI.

El organismo aclaró hoy que el pedido de aprobación por parte del Congreso Nacional es una decisión del gobierno argentino por la legislación vigente.

“Va a haber un acuerdo en el primer cuatrimestre. Nos pusimos de acuerdo con el programa económico. El FMI nunca pidió una devaluación”, dijo Caputo al hablar este mediodía en un Foro de Inversiones y Negocios en la provincia de Mendoza.

Caputo reiteró que el programa incluirá fondos frescos para recapitalizar los acttivos del BCRA y que esto “no implica aumento de la deuda bruta”.

“Va al Tesoro y que después le recompra deuda que el BCRA tiene del Tesoro”, explicó.

El ministro hizo un repaso del discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa y puso énfasis en remarcar que el FMI no pide una devaluación.

“Es cierto que hay precios caros en dólares pero no es solución devaluar. La solución es que bajen y bajan con menos impuestos y más competencia. En esas industrias los precios van a bajar, tal como ya sucedió con los autos”, afirmó el ministro.