El femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, volvió a generar conmoción en todo el país y reactivó una discusión que suele aparecer cada vez que ocurre un crimen de estas características: ¿es lo mismo hablar de femicidio que de feminicidio?

Mientras la investigación avanza y la Justicia analiza nuevas medidas sobre el único detenido por el caso Claudio Barrelier, organizaciones feministas, especialistas en derecho y referentes de derechos humanos volvieron a plantear la diferencia conceptual entre ambos términos.

En Argentina, el concepto de femicidio es el que tiene reconocimiento legal dentro del Código Penal. Se utiliza para describir el asesinato de una mujer cometido por razones de género, es decir, cuando la violencia contra la víctima está vinculada a una relación de poder, dominación, discriminación o violencia machista.                                                 

La figura fue incorporada en 2012 mediante una reforma del Código Penal que estableció la prisión perpetua para los homicidios agravados por violencia de género. Desde entonces, la Justicia argentina emplea esa denominación para investigar y juzgar este tipo de crímenes.

Sin embargo, en ámbitos académicos, organismos internacionales y movimientos feministas también se utiliza el término feminicidio, que presenta una diferencia importante.

Mientras el femicidio pone el foco en el autor material del crimen y en la violencia ejercida contra la víctima, el feminicidio amplía la mirada e incorpora la posible responsabilidad del Estado cuando existieron fallas institucionales, falta de prevención, ausencia de protección o situaciones de impunidad que facilitaron el desenlace. Es un concepto político y sociológico que fue creado por la investigadora mexicana Marcela Lagarde para incorporar la responsabilidad del Estado: señala que estos asesinatos ocurren debido a la inacción, negligencia o complicidad de las instituciones estatales, lo que genera impunidad.

Desde esta perspectiva, el feminicidio no solo analiza quién cometió el asesinato, sino también qué respuestas brindaron —o dejaron de brindar— los organismos encargados de proteger a las mujeres frente a situaciones de riesgo.

 En la práctica judicial argentina, la distinción no modifica la pena prevista para el responsable del crimen. Tanto en los casos que socialmente se denominan femicidios como en aquellos que algunos sectores identifican como feminicidios, la sanción contemplada por la legislación es la prisión perpetua cuando se acredita el agravante de violencia de género.                                              

No obstante, el uso de uno u otro término continúa marcando diferencias en el debate público. Mientras algunos especialistas consideran que femicidio resulta suficiente para describir el delito, otros sostienen que feminicidio permite visibilizar con mayor claridad las responsabilidades institucionales que pueden existir detrás de determinados casos.                               

 En el plano internacional, las Naciones Unidas suele utilizar los términos femicidio y feminicidio de manera indistinta para referirse al asesinato intencional de mujeres y niñas por razones de género, considerado la expresión más extrema de la violencia machista y una grave violación a los derechos humanos. Sin embargo, distintos ámbitos académicos y organizaciones especializadas mantienen una diferenciación conceptual: mientras el femicidio se enfoca en el crimen cometido contra una mujer por motivos de género, el feminicidio incorpora además la posible responsabilidad del Estado cuando existen fallas en la prevención, protección o acceso a la justicia que favorecen escenarios de impunidad.

La preocupación mundial por este tipo de violencia continúa en aumento. De acuerdo con datos difundidos por Naciones Unidas, una mujer o niña es asesinada cada 10 minutos en el mundo por una pareja, expareja o integrante de su entorno familiar, una cifra que refleja la dimensión global del problema y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección.                         

En definitiva, ambos conceptos parten de una misma realidad: el asesinato de mujeres por motivos de género. La diferencia radica en el alcance del análisis. El femicidio se concentra en el crimen y su autor; el feminicidio incorpora además la mirada sobre las posibles fallas estructurales, sociales e institucionales que pudieron contribuir a que ese hecho ocurriera. 

El debate sobre los conceptos de femicidio y feminicidio trasciende las definiciones jurídicas y académicas. Detrás de cada término hay historias truncadas, familias atravesadas por el dolor y una sociedad que sigue reclamando respuestas.                     

A pocos días de un nuevo 3 de junio, fecha en la que se conmemora el movimiento Ni Una Menos y donde marcharan miles de mujeres,el caso de Agostina Vega vuelve a recordar que la lucha contra la violencia de género sigue siendo una deuda pendiente. La memoria de quienes ya no están y el reclamo de justicia por cada víctima renuevan el compromiso colectivo de construir una sociedad donde ninguna mujer vea vulnerado su derecho a vivir libre y segura. 

El Gobierno explicó mediante un comunicado, por qué echó a Florencia Misrahi de ARCA, señalando que "la solución al déficit fiscal no es buscar nuevas formas de recaudación", en tanto que aseguraron que no van “a perseguir a los negocios digitales”.

Agregaron que hubo diferencias en el rumbo de la gestión y reafirmaron su “compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado”.

“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier Milei ha tomado la decisión de desvincular a la titular de ARCA, Florencia Misrahi, y a otros dos funcionarios bajo su órbita, por diferencias en el rumbo de la gestión”, señalaron a través de la red social X.

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X Oficina del Presidente @OPRArgentina

Aclararon que “la decisión de modificar el régimen tributario de streamers e influencers digitales fue tomada de manera inconsulta, y será revertida de manera inmediata tras su salida”.

Además, destacaron a su reemplazo, Juan Pazo, quien “estuvo desde inicios del gobierno a cargo de la Secretaría de Coordinación de Producción y había pasado recientemente a la Cancillería para asumir la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales”.

Desde la Casa Rosada hicieron hincapié en que “este Gobierno no va a perseguir a las nuevas formas de negocios digitales y reafirma su compromiso para trabajar en un régimen tributario simplificado. La solución al persistente déficit fiscal que sufrió por décadas la República Argentina no es buscar nuevas formas de recaudación sino bajar el gasto público.”

LEE: El Gobierno echó a la titular de la ARCA, ex AFIP, Florencia Mizrahi

Misrahi fue desplazada por impulsar la resolución 5607/24, que incluye servicios digitales al Clasificador de Actividades Económicas (CLAE) para que comiencen a pagar impuestos. Se trata de las actividades relacionadas con la transmisión en vivo de programas a través de plataformas de streaming, la gestión de criptoactivos y la publicidad con contenido audiovisual.

Los rumores sobre su salida comenzaron desde octubre, cuando la AFIP se transformó en ARCA. En ese momento, el Gobierno anunció que reduciría los sueldos de los cargos jerárquicos del organismo recaudador para emparejarlos con los de los ministros del Gabinete, algo que finalmente no ocurrió.

La Casa Rosada asegura además que eliminará la Cuenta de Jerarquización de las autoridades superiores, pero mantendrá el esquema para los empleados de planta. Se trata del porcentaje de la recaudación que se distribuye entre el personal, que complementa su remuneración. Fue establecido en un 0,75% en 2001 y el oficialismo lo redujo en junio al 0,65% a través de una resolución. NA

La tensión entre el Presidente y su vice es el corolario de dos meses de desconexiones. Legisladores quedan en medio del conflicto y miran preocupados el devenir de los debates.

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Si uno revisa el inicio de las sesiones del corriente año en el Senado y se aprestase ahora a poner una lupa de cara a la semana próxima, cuando finalice el período ordinario -30 de noviembre-, confluirá en que el Gobierno decidió arrancar y terminar con un juego que la Casa Rosada entiende casi a la perfección y ejecuta de manera milimétrica y estudiada: el caos. Bajo dicho escenario se mueven, con mucha cautela, un importante paquete de legisladores que quedaron en medio del conflicto y miran con preocupación el devenir de la agenda de los próximos días, según confiaron a Infobae.

A través de la lógica del caos se puede comprender, con suerte, el nuevo -y para nada insólito- foco de tensión entre Javier Milei y la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. El primer mandatario esperó nada menos que la previa de una semana delicada para el oficialismo en el Congreso para la devolución del “jamoncito”.

“Metiste tres goles a lo Maradona con la brecha cambiaria, la inflación y el riesgo país. Te visitan en la Casa Rosada -la premier de Italia- Giorgia Meloni y -el presidente de Francia- Emmanuel Macron. Venís de ver a -el mandatario electo en los Estados Unidos- Donald Trump. ¿Y vas a verduguear a Villarruel antes de la última semana de sesiones ordinarias, con un DNU sobre la deuda que está finito? A esta altura está más que comprobado que juegan a otra cosa y viene durando. El problema es el resto, que lo analiza con un manual que no existe más”, reflexionó ante este medio un histórico asesor peronista.

Veamos el inicio de sesiones ordinarias, más allá del objetivo que tiene el Ejecutivo de dinamitar a los fundadores de La Libertad Avanza, entre ellos, Villarruel. Es la orden del “jefe”, Karina Milei. En marzo pasado, el Senado rechazó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70, que desregula la economía. Para el Gobierno, la culpa fue de la Vicepresidenta, que ganó tiempo y estiró durante semanas el futuro de una votación que estaba cantada desde hacía tiempo.

Para nada curiosa es la mecánica que adoptó la Casa Rosada en cuanto al Senado: todas las derrotas fueron por culpa de Villarruel; las victorias, de Milei o su Gabinete. En ese entramado también puso lo suyo la titular de la Cámara alta, ya que, ante algunos inevitables traspiés, dejó en el recinto al presidente provisional, el puntano Bartolomé Abdala. Con distinta suerte corre el jefe de Diputados, Martín Menem, quien cuenta con una más que generosa ayuda desde el Ejecutivo y todos los “fierros” a la hora de apagar embates opositores.

Según confirmaron distintos sectores de La Libertad Avanza, lo poco que quedaba de diálogo entre Milei y Villarruel pasó a ser casi nulo desde septiembre. Desde esa época que el Senado no sesiona. Ahora, cuando el DNU que cambia las condiciones para negociar deuda -revienta un artículo de la ley de administración financiera- aparece como el único insumo para que la oposición recupere cierta dignidad, el caos retoma vigor.

En estos 60 días también quedó al descubierto una decisión de Villarruel, que pasó de giras por el interior del país -más espaciadas en la actualidad- a visitas en el exterior que incluyeron un abrazo con la ex presidenta Isabel Perón. Cuando se conoció eso, desde el justicialismo observaron con mucho asombro cómo la Vicepresidenta levantó a una persona que no sólo cuenta con un historial frondoso y oscuro, sino que durante décadas fue escondida con vergüenza por el peronismo por una simple razón: quien la eligió para ir como su candidata a vicepresidenta, para las elecciones del 23 de septiembre de 2023, fue nada menos que Juan Domingo Perón.

La líder de la Cámara alta tiene un cargo casi siempre conflictivo para la política argentina. Por ello la desconfianza del Ejecutivo ante sus movimientos. El problema está, como observa un experimentado operador del Congreso, en haber “aguantado los cascotazos de la oposición y del Gobierno” durante meses para luego “levantar cabeza” con “iniciativas erradas”, como algunos actos realizados en el Senado.

“No se puede abusar de las jornadas y eventos en el Congreso. Eso ya lo tenés. El Senado está para que los legisladores se junten. ¡No se juntan! Y competís con el Presidente con las giras internacionales. No se le pueden tocar los bigotes al tigre”, opinaron desde un encumbrado despacho.

En medio de la trifulca aparecen los senadores, con un sector dialoguista hastiado de la desgastante estrategia oficialista que, en el fondo, lima a potenciales y usuales aliados. Ni hablar de los libertarios: su jefe, Ezequiel Atauche, de diálogo más que fluido con los principales mandamases de la Casa Rosada, quedó una vez más como uno de los pocos encargados de amortiguar el denso clima entre Villarruel y Milei. Todo un desafío.

Lo que queda claro es que el Ejecutivo trata a los díscolos de la misma forma que a los opositores: la guerra política, discursiva y en redes es contra todos y por todo. Quien no lo entienda, nunca será un rival digno para Milei y sus apóstoles. Además, una cosa muy importante: la rendición debe ser incondicional. En alusión al “brazo armado” del Presidente y las reminiscencias de Roma: no paga a traidores. Por eso es que las varas se modifican con asiduidad. La mesura desapareció del Congreso hace mucho tiempo.

Fuente:infobae

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de los apuntados a través de un listado de 418 páginas.

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El Gobierno formalizó la suspensión del pago del programa Potenciar Trabajo a más de 4.500 personas por supuestas incompatibilidades. La decisión había sido anticipada días atrás por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, luego de que avanzara una investigación llevada a cabo por el fiscal Guillermo Marijuan.

Los trabajos judiciales arrojaron que "luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan".

Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se informó en un comunicado.

A través de la Resolución 17/2023, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de todas las personas apuntas: se trata de un listado de 418 páginas. El fiscal Marijuan había solicitado en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad, a fin de cruzarlas con el padrón del plan social.

El Gobierno autorizó a exportar los 7 “cortes populares” de carne prohibidos hace años

Según la investigación, "la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública". El fiscal apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que "sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público".

Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000 y el Gobierno del presidente Javier Milei ya aclaró que ese monto se congelará, por lo que no habrá aumentos en los próximos meses. El objetivo del plan es "contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica".

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