La media sanción de la Cámara de Diputados a la nueva ley sobre protección social de la Discapacidad fue calificada como un paso importante por el Foro Permanente de Discapacidad. Sin embargo, desde la entidad advirtieron que persisten demandas críticas como la falta de inversión y el pago atrasado a prestadores.

Pablo Morelo, presidente del Foro Permanente de Discapacidad, señaló que la emergencia no se reduce a una ley, sino a la realidad cotidiana de las personas. "Este Gobierno no desarrolló ninguna política positiva para las personas con discapacidad", afirmó el dirigente.

El proyecto, que cuenta con media sanción, busca dar fortaleza a la temática tras la Ley de Emergencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Se espera que la iniciativa sea tratada en el Senado la próxima semana, donde se aguarda un amplio respaldo legislativo.

Uno de los puntos de mayor preocupación es el Presupuesto nacional. Pablo Morelo destacó la importancia de que se eliminen artículos que afectan al sector y se aseguren las partidas necesarias para cubrir las prestaciones básicas.

La situación de las obras sociales también es alarmante. Los sindicatos advierten que los recursos del Fondo Solidario de Redistribución resultan insuficientes, lo que pone en riesgo la cobertura de salud para miles de personas con discapacidad.

En cuanto a las prestaciones, el dirigente denunció un atraso del 30% en los aranceles desde enero de 2025. Además, persiste una grave crisis en la entrega de medicamentos y pañales, agravada por la intervención judicial en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Finalmente, el Foro Permanente de Discapacidad instó a las provincias a asumir su responsabilidad. "No es cuestión de sacarse las responsabilidades, hay que sentarse como país federal y abordar las necesidades de la gente", concluyó Pablo Morelo.

Carlos Guberman volvió a exponer en Diputados de la Nación para defender el Presupuesto 2027, pero durante casi seis horas de exposición y preguntas el eje pasó por cuánto resisten esas proyecciones tras la revisión del escenario 2026.

“Cuando se arma el presupuesto, el último escenario, el último conjunto de variables macroeconómicas que se usan para cerrar los números se toma el primero de agosto”, explicó el secretario de Hacienda. Para ese momento, dijo, el Gobierno preveía 3% de crecimiento este año y 4% el próximo, frente a 2,7% y 3% que entonces mostraba el REM.

Fue Julia Strada (UxP) quien llevó la discusión al antecedente inmediato: el Presupuesto 2026 había sido construido con 5% de crecimiento y 10,1% de inflación, mientras el proyecto actual revisó esas variables a 3% y 29%. “¿Hicieron alguna reflexión, alguna revisión de lo que pasó con lo que dijeron que iba a ocurrir?”, preguntó.

Guberman respondió: “Son supuestos que se usan, se toman en consideración en un momento, después la realidad va para otro lado. A veces sí, a veces no”. Y separó esas estimaciones de las partidas indexadas: “Si la inflación es mayor a la que nosotros preveíamos, el gasto va a ser mayor. Si la inflación es menor, va a ser menor el gasto”.

Strada insistió sobre la actividad. Le preguntó si esperaba una nueva contracción durante el tercer trimestre y el funcionario respondió que no. Después fue al escenario 2027: “Te pido que aclares cuáles son tus supuestos para explicar una actividad de 4% para el año que viene”. La Oficina de Presupuesto del Congreso también puso el foco allí: el proyecto prevé 3% de crecimiento en 2026 y 4% desde 2027.

La inversión fue otro punto de tensión. El proyecto espera que pase de una caída de 2,1% este año a una expansión de 9,2% en 2027. Eduardo Falcone (MID) preguntó: “¿Este número de inversión tiene vinculación con los proyectos de RIGI?”, y recordó que se aprobaron 22 iniciativas por unos US$47.000 millones.

Guberman explicó que son proyectos “muy complejos” y que su aprobación “no necesariamente” implica inversión inmediata: “Son proyectos que tienen demoras en ese proceso de varios años”.

En los recursos fue más concreto. Espera “una mejor cosecha todavía que la que tuvimos este año”, mayores importaciones que eleven la recaudación de IVA y más Ganancias, particularmente desde petróleo y gas. También sostuvo que la caída de recursos de la Seguridad Social por el Fondo de Asistencia Laboral será parcialmente compensada por “crecimiento y generación de empleo y salarios reales creciendo”.

El jefe de bloque de UxP, Germán Martínez, volvió sobre el interrogante central: “¿Cómo van a hacer para que se recupere la economía? Ni siquiera le pido números, le pido un concepto”. Y añadió: “¿Desde qué lugar, con qué política activa vamos a recuperar los puestos de trabajo que se han perdido?”.

La respuesta final de Guberman volvió al ancla del programa: “Para este Gobierno la mejor política fiscal que se puede hacer es el equilibrio presupuestario”. Según sostuvo, esa estabilidad permitirá “continuar bajando la inflación, que la economía crezca, que haya más inversión”.

Sobre las partidas previstas para el área de discapacidad, Guberman afirmó que “está previsto el financiamiento en el 100% de la partida que se demande” y que habría fondos para cubrir nuevas pensiones si quienes las solicitan cumplen los requisitos.

Victoria Tolosa Paz (UxP) llevó el debate al articulado: “¿Con cuál nos quedamos?”, preguntó al contraponer los artículos 36 a 41 enviados por el Ejecutivo con el dictamen legislativo que modifica ese régimen.

Guberman no anunció el retiro de esos artículos. “En los números está el financiamiento para la ley vigente. Nosotros desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa. El bloque y otros bloques del Congreso tienen una posición distinta”, contestó. “Será una cuestión de que decida el Congreso qué quiere hacer”.

La discusión también llegó a la Prestación Alimentar. Tolosa Paz citó el informe de la OPC, que calcula una caída real de 10,5% para 2027. Guberman replicó: “La política alimentaria aumenta 22,1%, que es un poco por arriba de la inflación”. La diferencia quedó sin conciliar: la OPC habló en términos reales y Hacienda respondió en términos nominales.

En universidades sostuvo que “está contemplado el ajuste salarial como manda la ley” y también el acuerdo por gastos de funcionamiento y hospitales universitarios. “Se está dando cumplimiento a la ley”, afirmó. Martínez había reclamado al inicio reformular el proyecto para garantizar plenamente ese financiamiento sin alterar el resultado financiero.

La discusión sobre infraestructura mostró la filosofía presupuestaria con una definición directa: “Toda iniciativa que pueda llevar adelante el sector privado, queremos que la haga el sector privado y no el sector público”.

Guberman recordó que, de 2.339 obras relevadas, 1.683 contratos o convenios fueron dados de baja, 457 obras fueron transferidas a provincias y municipios y 199 quedaron bajo gestión nacional.

Tolosa Paz cuestionó la acumulación de recursos del fondo vial y la baja ejecución. Guberman respondió: “El presupuesto solo dice techos presupuestarios. Dice: usted puede gastar hasta tanto, no es que tiene que gastar tanto. Que gaste menos no es un problema. El problema sería que gaste de más”.

También defendió los saldos no ejecutados de los fondos fiduciarios: “Si hay proyectos que no agotan los recursos, no vamos a inventar cosas para gastarlos. Lo vamos a ahorrar, lo vamos a guardar”.

Martínez llevó ese criterio al federalismo fiscal: “¿Cómo creen que puede realmente una Argentina entera desarrollarse con semejante proceso de ajuste en las provincias?”.

Guberman mantuvo el rictus durante toda la exposición: “Así como el año pasado en un año electoral no hubo cambio en esa política, para el año que viene tampoco”. Y agregó: “Vamos a seguir con las mismas prioridades de gasto” y “vamos a seguir bajando impuestos”.

La Cámara informó que el proyecto continuará en reuniones informativas durante octubre, con la intención de dictaminar el 28 y llevarlo al recinto el 18 de noviembre.

El plenario de las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, busca establecer un régimen integral para proteger los derechos soberanos de la Argentina.

El texto impulsado por el presidente Javier Milei sostiene que el proyecto constituye un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, además de representar un avance legal sin precedentes en la historia del país.

La jornada estuvo atravesada por momentos de alta tensión. El diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, increpó a los gritos a los legisladores de La Libertad Avanza en defensa de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

Tienen la Corte Suprema comprada

, lanzó Grabois, quien además afirmó que

tienen todo comprado

. Ante la respuesta de los legisladores oficialistas, el personal de seguridad de la Cámara debió intervenir, lo que derivó en el posterior levantamiento de la sesión.

La polémica también se trasladó a las redes sociales. Grabois utilizó la red social X para cuestionar al oficialismo, mientras que el presidente Javier Milei respondió a través de la misma plataforma. Asimismo, la Oficina de Respuesta del Gobierno desmintió a la diputada Romina del Plá, quien se refirió a las islas como Falklands durante su intervención.

En cuanto a los detalles técnicos, Paula Tadei, en representación de la Secretaría Legal y Técnica, explicó que el proyecto busca dotar al país de un marco normativo permanente y eficiente. Por su parte, Juan Ignacio Stampalija, secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía de la Nación, detalló que la nueva ley amplía el ámbito de aplicación a actividades como la pesca y minería no autorizada. Además, se informó que las multas podrán alcanzar valores cercanos a los 45 millones de dólares, calculadas en barriles de petróleo.

Finalmente, el general Jorge Puebla, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, defendió la propuesta como una oportunidad para actualizar la ley de Defensa y proyectar el rol de las Fuerzas Armadas para los próximos 40 años.

El proyecto de Súper RIGI obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y quedó a la espera de su tratamiento en el Senado. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca atraer megainversiones en sectores considerados estratégicos, con beneficios fiscales, cambiarios, aduaneros y regulatorios por un plazo de 30 años.

El régimen establece un piso mínimo de inversión de USD 1.000 millones por proyecto y exige comprometer al menos el 20 % del desembolso durante los primeros dos años.

El esquema deberá canalizarse a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), estructuras societarias creadas exclusivamente para cada emprendimiento. También podrán acceder sociedades constituidas en el exterior.

Entre los principales beneficios previstos se incluye una alícuota del 15 % en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen reducido del 3,5 % sobre dividendos y utilidades, eliminación de derechos de exportación, exención para importaciones vinculadas al proyecto y libre disponibilidad progresiva de divisas hasta alcanzar el 100 % en el tercer año.

También se contempla una contribución patronal reducida al 10 % para nuevas relaciones laborales y estabilidad normativa por tres décadas en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social.

Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales ante controversias con el Estado, una cláusula que despertó objeciones en sectores opositores y entre especialistas que advierten sobre posibles condicionamientos futuros para la política pública.

Desde el oficialismo sostienen que el Súper RIGI apunta a actividades que aún no existen en el país o se encuentran en etapas iniciales, como centros de datos para inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica y otras industrias de alto valor agregado.

La promesa del Gobierno es que el nuevo marco permitirá acelerar exportaciones, generar empleo y crear cadenas de valor vinculadas a sectores tecnológicos considerados claves para el futuro productivo.

Sin embargo, el diseño del régimen también expone una fuerte controversia: el piso de inversión requerido deja afuera a la mayoría de las empresas argentinas, incluso a compañías de peso que no operan en la escala de desembolsos exigida.

Además, el texto excluye iniciativas de ampliación, modernización o reconversión de instalaciones ya existentes, por lo que buena parte del entramado productivo local no podría acceder a los beneficios.

Ese punto concentra las principales críticas del empresariado nacional y de la oposición, que advierten que el esquema prioriza la llegada de grandes capitales globales, pero ofrece pocos incentivos concretos para fortalecer capacidades productivas ya instaladas en el país.

La discusión también alcanza a las provincias. Para adherir al régimen, deberán aceptar compromisos de estabilidad fiscal y límites a la carga tributaria local. Entre otros puntos, el proyecto establece que Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50 % para los emprendimientos alcanzados.

Con la media sanción conseguida en Diputados, el debate se trasladará ahora al Senado, donde el oficialismo buscará convertir en ley una de sus principales apuestas económicas para atraer inversiones de gran escala.

La sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles, que incluyó en su temario la media sanción del Super RIGI, un acuerdo con fondos buitre y acuerdos internacionales, arrancó con la asunción de un nuevo integrante.

Se trata de Martín Matzkin, hasta ahora subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, quien ocupará la banca que deja Adrián Ravier, flamante vocero presidencial.

Con trayectoria en el PRO, Matzkin sumará un escaño a La Libertad Avanza, luego de que su antecesor fuera designado en el nuevo cargo en reemplazo de Manuel Adorni que, de momento, sigue al frente de la Jefatura de Gabinete de ministros.

El pampeano, que llegó al Ejecutivo de la mano de la ex ministra de Seguridad y actual jefa de bancada de LLA en el Senado Patricia Bullrich, completará el mandato correspondiente a la representación por su provincia hasta diciembre de 2029.

Matzkin tiene 52 años y es abogado. Es sobrino de Jorge Rubén Matzkin, histórico jefe de los diputados menemistas en años de privatizaciones y reforma del Estado.

Entre 2015 y 2017 fue juez de Faltas en Catriló, en La Pampa. Además, durante la presidencia de Mauricio Macri fue representante del gobierno nacional en el Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra. En 2020 fue síndico de Pampetrol, la empresa energética provincial donde lo designaron en representación de la oposición.

Sin mayores cambios en las fechas, durante la semana se confirmó el calendario de jornadas clave en el Congreso de la Nación Argentina mirando al futuro de Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

El miércoles en comisiones, el oficialismo y aliados del Senado de la Nación lograron posponer la sesión inicialmente planificada para el pasado jueves en el que el oficialismo y algunos de los “menos dialoguistas” buscaban interpelar al ex vocero.

No se establecieron notorias modificaciones en el proceso. Este jueves 25 de junio se aprobaría dicho mecanismo para convocar al funcionario de cara al 2 de julio, donde primero deberá complementar la exposición realizada en la Cámara baja y arriesgarse a la posible moción de censura.

De cara al jueves 25, lo que aún no quedaba visible era la forma de habilitar la discusión de la interpelación para el 2/7. Al no contar con un dictamen, es un paso clave y necesitaría dos tercios.

Tras lo pactado en Labor Parlamentaria, esto no representaría un problema ni habrá jugadas por atrás para salvar a Adorni: se haría una interpretación operativa del artículo 101 de la Constitución y se aprobaría una moción por mayoría absoluta, sin paso previo.

A diferencia de los países europeos con sistemas parlamentarios, Argentina tiene un sistema presidencialista. Sin embargo, la Reforma Constitucional de 1994 introdujo un matiz híbrido al crear la figura del Jefe de Gabinete de Ministros.

La moción de censura es la herramienta constitucional que tiene el Poder Legislativo para remover políticamente a este funcionario si considera que su gestión o su conducta no son adecuadas.

La moción de censura sólo se aplica al Jefe de Gabinete. No se puede usar contra el Presidente de la Nación ni contra el resto de los ministros. Para remover a un mandatario, el único camino constitucional es el juicio político.

El proceso está regulado por el artículo 101 de la Constitución Nacional y se divide en dos etapas que exigen consensos muy altos. En primer lugar, cualquiera de las dos cámaras puede citar al Jefe de Gabinete para interpelarlo con el objetivo de tratar una moción de censura. Se requiere el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la cámara que promueve la citación.

Luego, para que el Jefe de Gabinete sea efectivamente destituido de su cargo, ambas cámaras deben aprobar la remoción por separado. Se necesita la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras.

Si la Cámara de Diputados vota a favor de la destitución pero el Senado no logra llegar al número (o viceversa), la moción se cae y el Jefe de Gabinete permanece en su cargo.

Si ambas cámaras consiguen las mayorías, el funcionario es removido y cesa en sus funciones en el acto. No existen plazos de gracia.

La Constitución no prohíbe explícitamente que el Presidente vuelva a firmar el decreto de designación de la misma persona que el Congreso acaba de echar.

Esta herramienta nunca se ha aplicado con éxito en la historia argentina. Desde 1994 hasta hoy, ningún Jefe de Gabinete llegó a ser removido por esta vía; históricamente, cuando la presión legislativa se vuelve insostenible, los presidentes optan por pedirle la renuncia al funcionario antes de pagar el costo político de que el Congreso se los eche por la fuerza.

El jefe del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling Lara, afirmó este miércoles que la permanencia de Manuel Adorni en el cargo de jefe de Gabinete “no da para más” y dijo que su bloque acompañaría “un pedido de censura o remoción” si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia.

“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el ex presidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión” aseveró el parlamentario del PRO.

Goerling explicó que cuando el jefe de Gabinete dio su informe de gestión en Diputados “claramente le mintió al Congreso y a toda la Argentina” y aseguró que la continuidad del funcionario es “un capricho” y “una decisión personalísima del presidente (Javier Milei) y de su hermana para mantenerlo a toda costa en el cargo”.

El diputado nacional Fernando de Andreis (PRO) afirmó también que la presencia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete le hace “un daño infinito” al presidente Javier Milei y es perjudicial “para el cambio en la Argentina”.

“Claramente Adorni no tenía las cualidades para ser jefe de Gabinete” señaló De Andreis, secretario general del PRO y uno de los dirigentes más cercanos al ex presidente mauricio Macri, en diálogo con Radio Rivadavia.

El legislador lo expresó en referencia a la situación de Adorni, investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en una causa que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

El ex secretario general de la Presidencia durante el Gobierno de Macri, sostuvo que “lo ideal es que Adorni se vaya, no debería pasar un día más en el cargo”, y adelantó que su partido “no descarta” avanzar con una interpelación en la Cámara de Diputados.

El Litoral

El Congreso atraviesa horas de expectativa y negociaciones en torno al futuro político del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras el Senado ya definió que dentro de una semana podría votar un llamado a interpelación y una eventual moción de censura, en Diputados la oposición busca avanzar con una sesión especial prevista para el martes 23 de junio.

En la Cámara Baja, el planteo inicial apuntaba a emplazar a las comisiones que deberían tratar los pedidos de interpelación. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a discutirse si el cuerpo puede votar directamente la fecha de la interpelación sin pasar por el trámite ordinario de comisiones.

La discusión se da en medio de un escenario de tensión entre el oficialismo, la oposición y los bloques dialoguistas, especialmente el PRO y la UCR, que por ahora observan los movimientos del Senado antes de fijar una posición definitiva.

A diferencia de lo que ocurre en la Cámara Alta, en Diputados los bloques dialoguistas todavía no tomaron una decisión cerrada. Según trascendió, varios legisladores prefieren esperar qué postura adoptan sus pares en el Senado antes de definir si acompañarán o no el tratamiento en el recinto.

Desde sectores del PRO reconocen malestar por la falta de claridad de La Libertad Avanza. Una fuente del bloque amarillo señaló que no hay una línea concreta sobre la estrategia oficialista y cuestionó las idas y vueltas respecto de la posibilidad de convocar otra sesión.

En la oposición, en cambio, aseguran que el clima es favorable para avanzar. El argumento es que si algunos bloques acompañan el tratamiento en el Senado, luego deberán explicar por qué no habilitan el debate en Diputados.

Mientras tanto, La Libertad Avanza espera una definición de la mesa política del Gobierno. El oficialismo analiza si convocará a una sesión propia para tratar otros temas de interés, entre ellos el acuerdo con los holdouts y el proyecto conocido como Super RIGI.

Sin embargo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que es poco probable que haya una definición inmediata y que la estrategia legislativa podría terminar de resolverse recién la próxima semana.

Ese escenario mantiene en suspenso a los aliados parlamentarios, que observan tanto la posición del Gobierno como el nivel de presión que pueda tomar la discusión pública alrededor de Adorni.

Uno de los puntos centrales de la discusión pasa por el procedimiento parlamentario. Hasta ahora, en Diputados se evaluaba emplazar a las comisiones para que traten los proyectos, emitan dictamen y luego lleven el tema al recinto.

Pero algunos legisladores consultaron a especialistas en derecho constitucional, quienes plantearon que la interpelación y la moción de censura forman parte de una facultad constitucional propia de las cámaras, por lo que no necesariamente deberían seguir el trámite habitual de una ley.

En esa línea, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la interpelación para evaluar una moción de censura no pertenece al trámite parlamentario ordinario, sino que es una atribución vinculada al control político. Bajo esa interpretación, si se reúne el quórum necesario, el recinto podría votar directamente el llamado al jefe de Gabinete.

La oposición pretende confirmar en las próximas horas cuál será el camino elegido: si avanzar con el esquema de comisiones o intentar aplicar directamente el artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la responsabilidad política del jefe de Gabinete ante el Congreso.

De prosperar esta última vía, el procedimiento sería más breve y podría acelerar la convocatoria de Adorni al recinto.

El Senado, por su parte, ya definió que en su próxima sesión se habilitará el pedido impulsado por el peronismo para votar el llamado a interpelación y, eventualmente, una moción de censura si la Cámara lo considera necesario.

Por ahora, el oficialismo no mueve sus piezas, los aliados miran de reojo al Senado y la oposición intenta reunir los votos necesarios para abrir el debate en Diputados.

La situación de Manuel Adorni vuelve así a quedar en el centro de la agenda parlamentaria, en una semana clave para medir el volumen político de la oposición y el margen de maniobra del Gobierno dentro del Congreso.

No sin polémicas en el recinto, la Cámara de Diputados sancionó la ley que valida el convenio firmado el pasado 7 de abril entre el gobierno de Santa Fe y ANSES y por el cual el organismo previsional transferirá durante doce meses, a partir de mayo, $10.000.000.000 en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo del sistema previsional resultante de la auditoría del ejercicio 2026.

El interbloque justicialista de Juntos Avancemos fue el único sector político que votó en rechazo del acuerdo con votos fundamentos tanto por el ex gobernador Omar Perotti como por los ex ministros de su gestión, Walter Agosto y Marcos Corach.

En cambio, el oficialismo de Unidos sumó el voto de los aliados habituales (Omar Paredes, Juan José Piedrabuena y Edgardo Porfiri) más los legisladores de izquierdista Frente Amplio por la Soberanía más los bloques celestes, ubicados a la derecha del oficialismo. Estos bloques (Somos Vida, Inspirar y Vida y Familia) están más cercanos al gobierno nacional.

Un día antes del tratamiento del tema en el recinto, tres funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a la Cámara de Diputados a presentar el entendimiento y responder preguntas sobre dudas de legisladores. El ministro de Economía, Pablo OIivares; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero y la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero, estuvieron apenas 40 minutos con legisladores y no hubo demasiados interrogantes.

En la mañana del jueves, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen favorable y en el recinto hubo acuerdo para votarlo sobre tables.

El convenio validado contiene siete puntos: la transferencia de $120.000.000.000 en 12 cuotas iguales; las partes se ponen como objetivo calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025; los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorías por parte de Anses; y los números que surjan podrán ser incorporados al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

El acuerdo, además, suspende los plazos procesales que se encuentran corriendo en la causa donde Santa Fe demandó al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia reclamando deudas previsionales. Esta suspensión de plazos es por 180 días con posibilidad de prórroga similar.

"El convenio es en defensa de la Caja de Jubilaciones" afirmó el radical José Corral para abrir la fundamentación sobre el acuerdo y recordó los acuerdos tejidos en la Convención Constituyente que se expusieron en el artículo 24 de la Carta Magna. "Fue una muy buena negociación que permitirá achicar en un 40 0 50% el déficit de la Caja", agregó. Más adelante aseguró que no concedió nada relevante en la negociación".

Le siguió Fabián Palo Oliver (FAS) para admitir que es buen acuerdo "por los malos antecedentes que tiene Anses como pagador" y cuestionó aspectos de la vigente reforma previsional vigente en Santa Fe. También expuso el aval Ximena Sola (Pro) y mencionó a los negociadores de las partes.

Luego fue el turno del justicialista Corach quien no dudó en señalar que fue un mal acuerdo y perjudicial para los santafesinos. Respaldó lo actuado por la gestión de Perotti para recibir en bonos la deuda de la Nación para con Santa Fe. "Se busca un visto bueno expres, pero cuando éramos gobierno nos demoraron ocho meses el acuerdo" se quejó. Se sumó Agosto para desmenuzar el acuerdo y exponer fuertes diferentes.

Tras marcar que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno nacional perjudicó a Santa Fe en 715 mil millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei al no transferir fondos asignados a salud, vivienda, educación, obras, etc.

Para Agosto, el convenio incorporó cuestiones impropios como la posibilidad de que Santa Fe se sume al REOR o suspender la demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Comparó las decisiones de Santa Fe con las adoptadas por Córdoba y cuestionó el porcentaje de déficit que cubrirán los fondos comprometidos por Anses.

Por último, fue Perotti quien sumó dudas sobre el acuerdo. "El juicio estaba ganado y no veo la ventaja del entendimiento", destacó para señalar luego que la decisión altera las líneas seguidas por los gobiernos santafesinos. Entonces fue el socialista Joaquín Blanco quien salió al cruce de los cuestionamientos de los integrantes del anterior gobierno y cuestionó el entendimiento de Perotti con Alberto Fernández.

Perotti pidió responder y se sumó a la discusión Emiliano Peralta (Somos Vida) para afirmar que "no es ni tan malo, ni tan bueno. Es lo posible". Agosto quiso responder a Blanco, la presidenta Clara García no le abrió la posibilidad y se pasó a votar: 36 a 8, marcó el tablero. Hoy la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo.la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay para fijar la postura de la Provincia en relación con la Vía Navegable Troncal.

Puccini ratificó que "la Provincia no improvisó: planificó, invirtió, gestionó y sostuvo con resultados concretos lo que otros solo plantearon como diagnóstico".

El ministro hizo hincapié en que la posición de Santa Fe no es meramente declarativa, sino el resultado de una participación activa y presencial en los centros de decisión. Puccini destacó la participación del Gobierno santafesino en las mesas nacionales en Buenos Aires, donde mantuvo reuniones clave con el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, para garantizar que la mirada de Santa Fe sea el eje de la nueva licitación.

"Estas intervenciones no fueron protocolares sino instancias donde fijamos posiciones y planteamos condiciones para que la Hidrovía deje de ser una obra aislada y pase a ser un sistema federal y eficiente. Este trabajo se complementa con una articulación con las provincias del Litoral y la Región Centro, consolidando un bloque regional que defiende la competitividad de sus puertos", afirmó el titular de la cartera productiva.

Luego de más de once horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

La votación se concretó cerca de las 2.30, tras una jornada atravesada por tensiones políticas, cuestionamientos reglamentarios y un fuerte debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.

La sesión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió el desenlace desde uno de los balcones del recinto. El oficialismo logró avanzar con el proyecto gracias al respaldo de bloques aliados, en un escenario donde no cuenta con mayoría propia.

El resultado de la votación reflejó una coalición amplia en respaldo de la iniciativa impulsada por el espacio del presidente Javier Milei. Además de La Libertad Avanza, acompañaron el PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales, junto con legisladores de distintos espacios que aportaron votos individuales.

Incluso, el oficialismo logró sumar apoyos provenientes de sectores de la oposición, como dos diputados de Unión por la Patria. En tanto, las abstenciones correspondieron a representantes del MID y de fuerzas provinciales.

En contra de la reforma se expresó la mayoría de Unión por la Patria, junto con legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunos integrantes de bloques federales. También hubo rechazos individuales dentro de espacios no alineados plenamente con el oficialismo.

Durante la jornada, el tratamiento legislativo estuvo precedido por varios intentos de la oposición de introducir otros temas en el debate mediante mociones de apartamiento de reglamento.

Entre ellos, se incluyeron propuestas vinculadas a pedidos de informes, interpelaciones a funcionarios y posicionamientos sobre política exterior, que no lograron reunir los votos necesarios para su incorporación.

El eje central de la discusión giró en torno a los cambios introducidos en la normativa vigente desde 2010. La reforma redefine los alcances de protección de los glaciares y de las zonas periglaciales, y habilita condiciones más flexibles para el desarrollo de actividades productivas, especialmente en regiones cordilleranas.

Desde el oficialismo, los miembros informantes defendieron el proyecto al sostener que busca “clarificar conceptos” y armonizar la legislación nacional con las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. En esa línea, remarcaron que la iniciativa no implica un retroceso en la protección ambiental, sino una actualización del marco regulatorio.

También destacaron que la modificación permite a las provincias avanzar en estudios más detallados sobre sus territorios, en casos donde organismos técnicos nacionales no han completado relevamientos específicos.

Por el contrario, legisladores opositores cuestionaron la iniciativa al advertir que podría debilitar los controles sobre áreas sensibles. Señalaron que la ley podría habilitar la exclusión de ciertos cuerpos del inventario oficial de glaciares, lo que implicaría riesgos para reservas estratégicas de agua dulce.

Durante el debate, se plantearon críticas sobre la base técnica del proyecto y sobre el proceso de discusión previo en comisiones. Algunos diputados anticiparon que la norma podría ser judicializada, al considerar que vulnera principios ambientales establecidos en la legislación vigente.

En paralelo, también se expusieron posturas intermedias. Algunos legisladores que acompañaron en general la iniciativa señalaron reparos puntuales, especialmente en relación con la posibilidad de modificar el inventario de glaciares o ampliar la intervención provincial en la evaluación de áreas protegidas.

El cierre del debate estuvo marcado por posicionamientos contrapuestos sobre el rol del Estado nacional y de las provincias en la gestión de los recursos naturales. Mientras el oficialismo defendió una mayor autonomía provincial para definir políticas de desarrollo, la oposición insistió en la necesidad de mantener criterios uniformes de protección ambiental a nivel nacional.

Con la sanción de la reforma, el Gobierno logró avanzar en uno de los proyectos incluidos en su agenda legislativa. No obstante, el tema seguirá generando debate en distintos ámbitos, tanto por su impacto en la actividad económica como por sus implicancias en la preservación de los recursos naturales.

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La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.

El debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios se puso en marcha. La primera audiencia pública se desarrolló este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas en la ciudad de Santa Fe. “Es una de las leyes más importantes de la nueva Constitución y buscamos, a través del debate junto a distintos referentes y especialistas, modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia y hacer más transparentes las gestiones locales”, explicó el autor de la iniciativa, el diputado Joaquín Blanco.

Entre los más de 50 oradores que aportaron sus ideas hubo intendentes, presidentes de comuna, concejales y legisladores, especialistas de la UNL, colegios de profesionales, organizaciones ambientales, sociales, culturales, de pueblos originarios, de la diversidad, de mujeres y de infancias. Asimismo, la audiencia contó con más de 150 oyentes.

“La audiencia pública tiene un profundo valor democrático, porque pudimos sentarnos a dialogar y a expresar nuestras opiniones entre distintos actores que componen la sociedad, de distintas ideologías pero con un objetivo común que es traducir el mandato constitucional en un régimen moderno, equitativo y eficaz que logre mejorar los gobiernos locales”, señaló Blanco.

En la misma línea, el diputado provincial resaltó la importancia que generó el debate de la nueva normativa en la sociedad: “La mayoría de las instituciones democráticas quisieron estar presentes, viniendo a debatir o acercándonos sus ideas y objetivos por escrito. Además, entre la audiencia de este miércoles y la que haremos en Rosario tenemos más de 300 inscriptos, lo que marca un interés real en la temática”.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, destacó la importancia del proceso. “La provincia se debía este debate de fondo, en este caso, que involucra a los gobiernos locales, con temas como la autonomía, la transformación de las comunas, dando jerarquía a todos los gobiernos locales y a las áreas metropolitanas. Ha sido una jornada riquísima por la calidad y diversidad de los aportes, que nos dan un gran material para la nueva ley”, evaluó.

“Celebramos este encuentro porque es muy importante trabajar en consensos para tener la mejor Ley Orgánica de Municipios. Queremos que sea la más abarcativa y que sea clara sobre las funcionalidades de provincia y de los municipios. Tenemos el desafío de poder escuchar y avanzar en una ley que sea de largo plazo y que tenga al vecino como prioridad pero también a la eficiencia y transparencia”, expresó en la audiencia el intendente, Juan Pablo Poletti.

“En Santa Fe logramos una mejor Constitución escuchando nuevas voces y trabajando en consensos. Y eso es lo que tenemos que hacer con esta ley, que es la de mayor cercanía con la gente. Estamos proyectando la provincia de Santa Fe para las próximas décadas y generaciones”, agregó el senador, Paco Garibaldi.

“Avanzar en esta Ley es un hecho histórico porque la última vez que se discutió una normativa para municipios fue en 1939. Y lo más importante es que no va a surgir de un iluminado ni de un despacho de un funcionario, sino que la vamos a armar con el consenso de la ciudadanía, en un proceso similar al de la Reforma de la Constitución donde la participación elevó el nivel de discusión”, remarcó Blanco.

Conjuntamente, subrayó que “la nueva Ley será fundamental para la vida cotidiana de las personas” y especificó que “de su diseño dependerá la calidad de los servicios públicos, la gestión del medio ambiente, la planificación urbana, la transparencia en el uso de los recursos, las oportunidades de participación ciudadana y la posibilidad de construir comunidades más inclusivas, seguras y sostenibles”.

En ese marco, señaló que los municipios de más de 10.000 habitantes podrán optar por redactar sus propias cartas orgánicas y aclaró: “La nueva Ley será supletoria para aquellos que no avancen en ese proceso, porque puede pasar que una Carta Orgánica no aborde todos los temas, entonces, esta normativa busca completarla y no sustituirla”.

Entre los oradores, estuvieron: el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el intendente electo de Las Toscas, Iván Sánchez; el ex intendente de Rafaela, Luis Castellano; las y los diputados provinciales, Celia Arena, Marcos Corach y Lucila De Ponti; los concejales de Santa Fe, Lucas Simoniello, Titi Barletta y Carlos Pereira; el presidente del Concejo de San Carlos Centro, Gabriel Otazo; la presidenta comunal de Zenón Pereyra, Verónica Gallo; entre otros. Además, estuvo presente el ex gobernador, Omar Perotti; el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla; como también las y los legisladores: Carlos Del Frade, Juan Domingo Argañaraz, Silvana Di Stefano, Gisel Mahmud, Lionella Cattalini, Mariano Cuvertino, Rosana Bellatti, Sergio Rojas, Sofia Masutti, Varinia Drisun, Leo Calaianov, Charo Mancini y Jimena Senn.

El legislador detalló que las audiencias se enmarcan en tres grandes ejes temáticos: “Las funciones del Estado Municipal -tanto las individuales como colectivas-, el funcionamiento institucional y los mecanismos de participación y transparencia junto a una planificación que trascienda gestiones”.

“Necesitamos que quede todo bien establecido, cada competencia municipal, regional o provincial, para que nadie pueda mirar para otro lado”, afirmó.

De acuerdo a la disposición transitoria vigésimo quinta de la nueva Constitución, existe un plazo límite de un año para sancionar la nueva Ley de Orgánica de Municipios que adecúe la legislación vigente a los nuevos principios constitucionales.

La segunda audiencia tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, a las 8, en la ciudad de Rosario y habrá más de 90 oradores.

En paralelo se realizarán mesas temáticas con distintos especialistas. “Además, el poder ejecutivo va a mandar su mensaje con una propuesta concreta, al igual que partidos de la oposición, lo cual enriquecerá la discusión y vamos a tener una gran Ley”, finalizó Blanco.

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados y Diputadas recibió a representantes de los trabajadores de Algodonera Avellaneda que están en conflicto laboral por falta de pago. “Hay una situación de incertidumbre respecto al futuro de la fábrica. La crisis del sector textil y la falta de confianza en el grupo Vicentín agravan la situación. Debemos ser serios y, entre todas las partes, encontrar soluciones que permitan no perder los puestos de trabajo”, expresó Joaquín Blanco, diputado provincial y presidente de la comisión.

Desde agosto 2024, Algodonera Avellaneda venía trabajando a un 30% de su capacidad pero en octubre paralizó la fábrica y cortó la cadena de pagos afectando a más de 250 familias. “Con este modelo nacional, las crisis en el sector industrial son cada vez más recurrentes. La apertura importadora no debe desmantelar la capacidad de agregar valor a las provincias algodoneras”, dijo el legislador socialista.

“Algodonera Avellaneda, además, forma parte del Grupo Vicentín por lo que también está atravesada por esa crisis de conducción, lo que genera falta de confianza en los proveedores y no les dan la materia prima que se necesita”, explicó. “En estos momentos se está discutiendo sobre el futuro de Vicentín a través de un proceso de cramdown y sería muy importante agregar la continuidad de la Algodonera Avellaneda dentro de ese proceso”, manifestó Blanco.

“Hay muchas empresas a nivel nacional que están trabajando con reducción de horarios. El sector está quebrado. La apertura de las importaciones hizo mucho daño”, contó Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles de Reconquista. “Nosotros cobramos por quincena y en octubre no nos dieron nada. Estuvimos reunidos con la empresa y no hay expectativas, no tienen materia prima y con esa firma no tenemos garantías de seguir trabajando”, aseveró.

“La situación es compleja. Nos reunimos para analizar el conflicto y posibles caminos a seguir con los trabajadores y el Gobierno de Santa Fe que está comprometido a encontrar una solución. Debemos entender que hay 250 familias del norte sufriendo”, finalizó Blanco.

De la reunión, participaron los diputados y diputadas: Carlos Del Frade (Frente Amplio); Mariano Cuvertino, Sergio Rojas y María del Rosario Mancini (PS - Unidos); Silvana Di Stefano, Martín Rosúa y Dionisio Scarpin (UCR - Unidos); Astrid Hummel (PRO - Unidos); Celia Arena (Hacemos Santa Fe - PJ); Lucila De Ponti (PJ); Beatriz Brouwer (Somos Vida); Nicolás Argañaráz (Inspirar).

La diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) calificó al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, como “un planero” porque “cobra para no laburar”, ya que “no convoca" a deliberar a ese órgano legislativo por el que pasan la mayoría de los proyectos.

“Es un planero, cobra para no laburar”, dijo Carignano tras afirmar que “todos los expedientes mueren en la Comisión de Presupuesto porque él no la convoca”, y el resultado es que “no se puede trabajar en el Congreso, porque casi todas las leyes implican una erogación presupuestaria y pasan por esa comisión”.

Tras señalar que la Cámara no lo puede remover del cargo hasta la renovación de autoridades de diciembre, explicó que en las atribuciones del cuerpo está “emplazarlo con una votación en el recinto y decirle tienen que tratar estos temas”.

“Ayer se votó en mayoría que tienen que tratar en la Comisión sí o sí el tema del Garrahan y el financiamiento universitario”, indicó Carignano.

Florencia Carignano:“Espert es un cagón que usa las Fuerzas porque le tiraron estiércol en su casa"

Carignano fue una de las diputadas que increpó e insultó ayer a Espert al finalizar la sesión en Diputados, y explicó que “lo que hicimos es ir a decirle que básicamente es un cagón” porque pidió que se impida la liberación de las personas que tiraron estiércol y pusieron un pasacalle frente a su casa.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando Espert burlonamente, dice cárcel o bala, dice (a Florencia Kirchner) hija de una gran puta, nos dice asesinos en el Congreso, y mete presas a las compañeras, porque él apeló a través de su abogado para que no las liberen por una simple contravención”, dijo.

Expresó que “nunca por una contravención te meten en un penal de máxima seguridad y te incomunican”, y advirtió que “vamos a hacer lo que tengamos que hacer para lograr la libertad de las compañeras”.

Sostuvo que “no es que le destruyeron la casa, titaron estiércol y pusieron un pasacalle, pero con todas las cosas que dijo este esperpento, bastante suaves estuvieron porque dijo cosas increíbles y pasó todos los límites”.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), quien se encuentra varado en Israel a raíz de los bombardeos de drones y misiles iraníes sobre la capital de ese país, señaló que se encuentra bien en un hotel que desde el sábado pasado abrió sus puertas para alojar evacuados cuyas casas fueron afectadas por los ataques.

“En tres ocasiones percibimos la caída cercana de los misiles de Irán y se siente el estruendo”, dijo el diputado argentino, quien puntualizó que “al segundo día de iniciados los bombardeos “empezamos a recibir refugiados y hoy convivimos quienes estábamos alojados en el hotel con evacuados de edificios cercanos”.

En declaraciones periodísticas, Ferraro explió que “en estos cuatro días que estoy en Tel Aviv atravesé todos los estados de ánimo que se puedan imaginar”, y dijo que quienes están en esa situación tratan “de mantener la tranquilidad y siguen las indicaciones de Defensa Civil cuando se dan las alertas”.

“Lo primero que sucede es un sonido de alarma en tu propio teléfono celular, con un mensaje, ahí tenés unos 10 minutos para bajar a los refugios y luego se indica también por teléfono que ya se puede salir, cuando pasó la alarma”, indicó, y detallo que “en estos cuatro días ya tuvimos 12 alertas en distintos horarios”.

Ferraro, quien viajó junto al también diputado Damián Arabia (PRO) a Tel Aviv el jueves, invitado por la embajada de Israel en la Argentina, relató que ambos viven estos días con “preocupación y angustia, pero hay que mantener la tranquilidad, porque están haciendo todo lo posible para retornarnos a la Argentina.

Entre las posibles salidas del país en conflicto con Irán, explicó que “se habla de distintos lugares, pero sin confirmar, como por ejemplo vía terrestre hacia Jordania o El Cairo (Egipto), o por barco hacia Chipre”, aunque indicó que aún no tienen precisiones.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó la posibilidad de que su país se involucrara en el actual conflicto entre Israel e Irán, aunque aclaró que, hasta el momento, no había participación directa de la nación norteamericana en las hostilidades. La declaración del mandatario se produjo en un contexto de escalada de tensiones en Medio Oriente.

Trump expresó que "es posible que nos involucremos", durante una entrevista con ABC News este domingo. Sin embargo, enfatizó que Estados Unidos "no está involucrado en este momento" en las acciones que se estaban llevando a cabo en la región.

Actualmente, Estados Unidos mantenía una significativa presencia militar en las cercanías de los países en conflicto, incluyendo cazas, buques y sistemas de defensa aérea terrestres.

Estos recursos estaban posicionados con el objetivo de contrarrestar cualquier ataque iraní que pudiera dirigirse contra activos o ciudadanos estadounidenses. Si bien no había asistido abiertamente a Israel en sus ofensivas, sí había brindado apoyo para la defensa del país.

En una publicación realizada en su plataforma Truth Social, Trump sostuvo que se estaban desarrollando numerosas conversaciones y anticipó que "¡pronto tendremos PAZ entre Israel e Irán!". Esta afirmación sugería una expectativa de resolución diplomática por parte del presidente.

En relación a una comunicación telefónica que mantuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, el sábado, Trump indicó a ABC que estaría "abierto" a la mediación de Putin en el conflicto. "Él está listo. Me llamó por eso. Tuvimos una larga conversación al respecto", detalló Trump.

Cabe recordar que Rusia mantenía una alianza estratégica con Irán, y ambos países habían coordinado acciones contra Estados Unidos en conflictos previos en Siria e Irak.

El Litoral

La Cámara de Diputados aprobó en general por una amplia mayoría los proyectos impulsados por la oposición de incrementos de los haberes jubilatorios en un 7.2%, y el aumento del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos y la extensión de la moratoria por dos años.

Las iniciativas fueron rechazadas por el oficialismo y un sector de los aliados, en tanto que el Gobierno ya adelantó que utilizará el veto presidencial al considerar que afectan el orden fiscal.

El aumento a las jubilaciones fue aprobado 142 votos contra 67 rechazos y 19 abstenciones (UCR y PRO).

Los votos positivos fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia par Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, algunos radicales, Transformación (Lourdes Arrieta) y Por Santa Cruz.

En tanto votaron en contra la Libertad Avanza, los diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich, los radicales “peluca” de la Liga del Interior y otros legisladores que son firmes aliados de la LLA, como Somos Fueguinos y Creo.

La votación de la moratoria estuvo mas ajustada ya se aprobó por 111 contra 100 y 15 abstenciones.

La extensión de la moratoria fue respaldada por UP, la izquierda, dos diputados de Encuentro Federal, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz y fue rechazada por el PRO, la UCR, la Libertad Avanza, y el grueso de diputados de Encuentro Federal.

La sanción de estos proyectos no solo fue avalado por los bloques que ejercen una oposición dura contra el Gobierno sino por otros aliados tradicionales del Gobierno,  como  el Movimiento Popular Neuquino, dos legisladores de Innovación, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los tucumanos de Osvaldo Jaldo .

Desde el Gobierno anticiparon el veto a los proyectos jubilatorios y de Emergencia en Discapacidad porque sostienen que genera un impacto fiscal de 12 mil millones de dólares, es decir, 1,8 del PBI.

El dictamen de mayoría establecido otorgarse de emergencia por la administración equivalente al 7,2 oor ciento que se incorporará al haber mensual y servirá de bases para futuros aumentos.

Además fija que se aumenta de 70 mil a 110 mil a los trabajadores del haber mínimo, que  se actualizará de acuerdo a inflación como en el resto de las prestaciones jubilatorias

Además el proyecto aprobado ratificó el decreto 274/2024 presidencial que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionaria.

A propuesta del diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot,  se incorporaron artículos para financiar el aumento de las jubilaciones y del bono.

En ese sentido se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas,  de  ganancias  a las sociedades de garantías reciprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

También propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año.

El debate fue abierto por la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz, quien destacó que el 7,2 por ciento busca compensar la inflación de enero de 2024 y por eso se intenta “recomponer el primer gran ajuste se hizo cuando se devaluó el peso argentino de manera arbitraria en 118%”.

En su discurso, la diputada rechazó el DNU 274 que estableció que desde abril de 2024 las jubilaciones se actualizaban por la inflación pero sin compensar la totalidad de la inflación de enero del 2024, por lo que la oposición buscó aprobar un aumento del 8,1 por ciento el año pasado y ahora del 7,2 por ciento.

En tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (UxP), dijo que "nos dicen que estamos proponiendo parches, pero los parches son una solución cuando se pincha una goma, porque el parche nos permite enfrentar el problema y evitar que se agrave".

"Nosotros no somos hinchas del déficit pero si somos enemigos del ajuste para resolver el problema, pero todas los países mencionados por el Gobierno tienen déficit fiscal"

Desde la Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez, aseveró que estos proyectos jubilatorios "los quiere vender como una justicia social pero es  una estafa a los jubilados" y dijo que "no falta decir hasta el hartazgo que hay que aumentar a los jubilados, porque hay que decir de donde saldrán los recursos".

Agregó que “nosotros proponemos una reforma integral que no usen a los jubilados que no los use como botín político, que se termine con la desigualdad  y con los regímenes de privilegio”.

A su vez, el diputado radical Lisandro Nieri  sostuvo hoy que en un "país normal" se discute el Presupuesto y "no el gasto por partes", y señaló que su propuesta es que el Poder Ejecutivo disponga de una actualización de los haberes de los jubilados con recursos del superávit y con una reducción del gasto tributario.

 Al defender su dictamen de minoría que pide al Gobierno hacer una redistribución de los ingresos que tiene el Poder Ejecutivo, Nieri señaló que "la jubilación no puede tener un 20 por ciento volátil.  ¿Quién podría vivir con esa incertidumbre respecto de sus ingresos mensuales?", se preguntó.  Y agregó que "es un monto fijo que mes a mes se achica por efecto inflacionario".

A su vez, el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo hoy que desde esa fuerza política no votarán una moratoria previsional y defendió la necesidad de aumentar las jubilaciones porque ante la "imposibilidad de diálogo se volverá a probar con una media sanción, que probablemente sea ley y sea vetada". 

 Al hablar en el debate de los proyectos jubilatorios, López dijo que "no es que uno le quiera marcar la cancha al Gobierno, no queremos que la crueldad se apodere del programa de estabilización económica. Es cierto que hay que ser prudentes, y es cierto que hay que salir de una inflación de décadas, pero no se puede hacer de cualquier manera".

NA

12:49

El diputado Paulón se presentó en el recinto vestido como “El Eternauta”

El diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón dio hoy la nota al aparecer en el recinto vestido como “El Eternauta”, con la máscara que utilizó el actor Ricardo Darín para dar vida al personaje “Juan Salvo” en una serie televisiva.

Además de la máscara, el socialista santafesino se vistió con un delantal blanco y sostuvo en alto por varios minutos un cartel con una consigna que es un juego de palabras alusivas a la historia de “El Eternauta” y a los temas que serán tratados en la sesión.

"Juan, la ciencia, las universidades, el Garrahan y los feminismos funcionan", señalaba la pancarta enarbolada por Paulón.

 El conflicto del Hospital Garrahan, que se encuentra en plan de lucha por salarios y condiciones laborales dignas, será parte de la discusión en el recinto.

Afuera del Palacio Legislativo, se desarrollaba una movilización que aglutinaba a trabajadores del hospital, el colectivo de científicos que sufre recortes por parte del Gobierno, el movimiento de mujeres y disidencias que se expresa en el marco del “Ni una Menos”, además de agrupaciones de jubilados y de la comunidad vinculada a personas discapacitadas.

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La oposición alcanzó este mediodía su primer objetivo al reunir quórum en el recinto de la Cámara de Diputados y empezó la sesión especial para debatir los proyectos sobre mejoras previsionales y emergencia en Discapacidad.

A las 12:20, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó la asistencia de 131 legisladores sentados en las bancas y habilitó la sesión, que también incluye en el temario la declaración de la emergencia y zona de desastre por 180 días en los municipios bonaerenses afectados por las inundaciones.

En tanto, los bloques de la oposición plantearán una moción de emplazamiento para tratar con urgencia en comisiones la declaración de la emergencia de la salud pediátrica, con foco en la crisis del Hospital Garrahan, y también buscarán colar la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra.

NA 

Diputados y diputadas recibieron en la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina al Ministro de Trabajo, Roald Báscolo, para analizar la situación del empleo y de las condiciones laborales en todo el territorio provincial. “Hicimos un repaso de todas las situaciones de conflictividad laboral y pusimos en común una agenda para estar al lado de los trabajadores y mejorar las legislaciones que los acompañan”, expuso el diputado, Joaquín Blanco, presidente de la Comisión. “El sector más golpeado en 2024 fue el de la construcción por la quita de la obra pública nacional y tenemos las alarmas encendidas por lo que pueda pasar en el sector industrial por la apertura de las importaciones”, destacó Báscolo.

“En un contexto nacional laboral muy complicado, destacamos la labor que viene realizando el Ministerio de Trabajo de la provincia que no esquiva el bulto y se pone al frente de los conflictos para siempre encontrar una salida privilegiando la defensa de los trabajadores y el diálogo entre empresarios y sindicatos para buscar una síntesis”, expresó el socialista. “En la reunión hablamos sobre los conflictos de Vicentin, General Motors, Acindar, sobre el Sancor y de La Verónica, de todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola y los riesgos de la apertura importadora”, enumeró.

“En la comisión estuvieron representadas todas las fuerzas políticas de izquierda y de derecha. Establecimos una agenda en común para estar del lado de los trabajadores y hacer mejoras legislativas junto con el Ejecutivo porque hay terreno para desarrollar”, agregó Blanco.

El Ministro de Trabajo reconoció que el sector que más afectado es el de la construcción “por la quita de la obra pública nacional” aunque destacó la tarea que viene realizando el Gobierno de Santa Fe para resistir el golpe. Santa Fe fue la tercera provincia con mejor performance solamente por debajo de Neuquén o las inversiones de Vaca Muerta y de Salta por el litio”, contó Báscolo. 

“También tenemos luces amarillas encendidas en el sector industrial, no solamente por la caída de actividad producto del consumo interno, sino también por el alerta que generó la apertura de importaciones y la posibilidad de perder puestos de trabajo y de producción nacional”, anticipó el funcionario. “En ninguno de los casos de conflictos laborales que mencionamos en el encuentro vamos a dejar solos a los trabajadores”, finalizó.

En la reunión, además, estuvieron presentes los legisladores: Carlos Del Frade (bloque Frente Amplio por la Soberanía); Mariano Cuvertino y Sergio Rojas (bloque Socialista); Silvana Di Stefano y Martín Rosúa (bloque UCR); Celia Arena (bloque Hacemos Santa Fe); Lucila De Ponti (bloque Justicialista); Astrid Hummel (bloque PRO); Beatriz Brouwer (bloque Hacemos Vida); y Nicolás Argañaráz (bloque Inspirar).

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados  votó una declaración expresando "preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto Nº273/25,   el llamado Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), dejando sin efecto controles esenciales sobre trazabilidad, seguridad y condiciones de uso de bienes importados".

La Cámara unificó los textos ingresados por Mariano Cuvertino (PS) y Sonia Martorano  (PJ) y obtuvo el respaldo de casi todos los integrantes de Unidos, de los diferentes interbloques justicialistas y del Frente Amplio por la Soberanía.

En cambio, Somos Vida votó en rechazo al igual que Ximena Sola (Pro) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia). En cambio, Juan Argañaraz (Inspirar) y Beatriz Brower (escindida de Somos Vida) se abstuvieron de votar.

Silvia Malfesi (Somos Vida) se encargó de exponer el voto en rechazo al proyecto y de defender los alcances del decreto mientras que Cuvertino, Omar Perotti (PJ) y Dionisio Scarpin (UCR) encendieron luces amarillas por el impacto que la medida puede tener en el sector de la maquinaria agrícola santafesina que da vida a cientos de pueblos santafesinos.

"Solo dos departamentos no tienen ninguna fábrica de maquinaria agrícola" precisó el ex gobernador. Los tres hicieron hincapié en las dificultades en que trabaja el sector con falta de financiamiento, monopolio en la provisión de chapa y por ende fijación de precios, juicios laborales e incluso en determinados momentos impedimentos de permisos de ingreso de robots para agilizar la fabricación.

Malfesi recomendó a sus pares leer bien los alcances del decreto por entender que el objetivo es eliminar el certificado que hacía muy lenta la importación.

"El objetivo es agilizar el trámite de importación", afirmó para subrayar que favorecerá la libre competencia e incluso abaratará costos para productores. Se detuvo en marcar diferencias porcentuales de precios entre nuestro país y otros en cosechadores, tractores o sembradoras.

Además planteó los impuestos que tiene la Argentina donde en muchas ocasiones se superponen nación con provincias y cuestionó Ingresos Brutos y Sellos.

Cuvertino destacó la preocupación que genera en Santa Fe y en las provincias de la Región Centro el decreto. Santa Fe produce el 45% de la maquinaria agrícola del país y entre las provincias de la Región Centro el 75% de la torta total. El socialista mencionó el atraso cambiario que "pone a la Argentina entre los países más caros del mundo".

El socialista pidió "no poner en riesgo la excelente producción santafesina, discutamos competitividad pero no destruyamos trabajo".

Perotti, en cambio, advirtió que "no llegaremos a ningún lado sin un diálogo serio entre los actores para darle competitividad al sector. Es malo que el decreto se haya dictado sin diálogo con las provincias y con este sector productivo".

El justicialista marcó como dificultades del sector la falta de financiamiento, la carga impositiva y el valor de la materia prima cuestionando que un solo proveedor fija el precio de la chapa, insumo esencial para esa producción. "Esto debe ser todo parte de la discusión pero con diálogo entre los actores", insistió.

Pero también alertó que el ingreso de maquinaria usada solo será por parte de la red de concesionarias que tienen empresas internacionales en el país. Además llamó a diferenciar entre la máquina que se produce acá y la que no se produce y que puede ayudar al productor a mejorar sus costos.

El ex gobernador mencionó la intención de una firma radicada en Armstrong de desarrollar una cosechadora propia para ganar mercados internacionales y ponderó la presencia de plantas en gran parte de la provincia e incluso la incorporación permanente de tecnología con técnicos y científicos formados en las propias universidades argentinas.

Scarpin, por último, insistió con el planteo presentado ya en febrero cuando se mencionaba la posibilidad de bajar las condiciones de acceso de maquinaria.

"No es que nuestros fabricantes no quieran competir, quieren hacerlo en igualdad de condiciones y para ello se necesitan decisiones tanto del gobierno nacional como del provincial que tiene algunas estrategias como financiar parte de tasas de interés o salir al mercado internacional con varias de las firmas locales".

El CIBU fue establecido mediante la Resolución Nº 909/1994 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y regulaba la importación definitiva para consumo de bienes usados comprendidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), incluyendo maquinaria agrícola, herramientas industriales y equipos electrónicos.

La emisión del CIBU estaba sujeta a una evaluación técnica por parte de la autoridad competente, que debía expedirse sobre la efectiva capacidad de provisión local de los bienes involucrados, considerando la afectación del mercado local con motivo de la importación planteada.

Ahora la eliminación de este certificado implica la liberalización de la importación de maquinaria usada sin la necesidad de evaluar la capacidad de la industria nacional para abastecer el mercado interno.

"Esto no solo perjudica a los fabricantes, sino que impacta en toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad.

Además de los riesgos económicos, el ingreso de maquinaria usada sin control genera riesgos ambientales, a partir de la posible propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores", señala Cuvertino en los fundamentos del texto votado.

La Cámara de Diputados dio por concluidas las actuaciones administrativas y validó la cesantía del agente Héctor Rodolfo Puchetta por inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General dictaminó el asunto el 27 de febrero de 2025, conforme al reglamento interno de la Cámara de Diputados. En el último plenario de la Cámara se votó la baja definitiva, por cesantía, del mencionado agente que se desempeñaba como administrativo en la planta permanente con categoría 19.

El diputado Walter Agosto presentó un pedido de informes para conocer las causas por los cuales ha suspendido la publicación del informe "La Caja en números", correspondiendo la última información publicada al mes de diciembre de 2023.

Dicho informe estaba en la página web de la propia Caja de Jubilaciones y contenía detalles sobre ingresos y aportes al sistema; remuneraciones promedio por sector y otros informes de interés.

"Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo garantice el acceso a esta información, dando estricto cumplimiento a la publicación de la misma tal como se hacía hasta el mes de diciembre de 2023, respetando la política de transparencia fiscal que la provincia ha desplegado en los últimos años", señala en los fundamentos el autor.

Mario Caffaro - El Litoral

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para instaurar un nuevo feriado nacional cada 21 de abril, en homenaje al fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el pasado lunes.

La iniciativa, impulsada por legisladores de Unión por la Patria como Carlos Cisneros, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, propone establecer la fecha en el calendario oficial como jornada de conmemoración para quien consideran “el argentino más importante de la historia”.

Además del feriado, el proyecto contempla que el Poder Ejecutivo promueva actividades alusivas en todo el país cada 21 de abril.

En los fundamentos, los autores destacan la figura de Francisco no solo como líder espiritual de la Iglesia Católica, sino también como referente mundial en la defensa de los sectores más vulnerables. Mencionan especialmente su compromiso con los pobres, los migrantes, las mujeres, las diversidades y el cuidado del medio ambiente.

También se subrayan sus encíclicas Laudato Sí (2015), donde llamó a cuidar “la casa común”, y Fratelli Tutti (2020), en la que propuso una sociedad más justa, fraterna e inclusiva.

Para los impulsores del proyecto, los mensajes de Francisco representan valores profundamente arraigados en la identidad argentina, como la solidaridad y el compromiso social. NA

El 23 de marzo pasado venció el plazo para acogerse a la moratoria previsional, por la cual personas que no habían alcanzado la cantidad de años suficientes para acceder a la jubilación podían acogerse a ese beneficio.

No es el único tema que preocupa y ocupa al sector pasivo: también lo es el monto que cobra cada mes y el valor inamovible del bono de 70 mil pesos que perciben como complemento de los haberes mínimos; una suma extra que se mantiene congelada desde marzo de 2024.

En la Cámara de Diputados el tema se va a poner en debate el próximo 9 de abril, desde las 10, cuando se reúna la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la cordobesa Gabriela Brouwer De Koning (UCR).

Será un miércoles, día de la habitual marcha de jubilados que en las últimas semanas, con la suma de hinchadas de equipos de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, cobró un nuevo protagonismo puertas afuera del Congreso y derivó en episodios de violencia, incluida la agresión al fotorreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

Además, si se mantiene el día de reunión, será en la previa al paro nacional convocado por la CGT.

"El sistema previsional argentino refleja profundas desigualdades e injusticias, que impactan directamente en la calidad de vida de millones de jubilados y pensionados. Mientras algunos sectores acceden a haberes previsionales privilegiados, otros reciben ingresos que no garantizan una cobertura digna, lo que evidencia la necesidad de rediseñar las reglas del sistema para hacerlo más sostenible y equitativo", publicó la legisladora al momento de hacer la convocatoria a la reunión de abril.

Esta tiene el objetivo de "empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo".

Son 29 proyectos los que se pondrán a consideración en la oportunidad, aunque no todos tienen que ver con la necesidad de actualizar los haberes mínimos.

Prácticamente, hay propuestas de todo el arco político y van desde eliminar el goce de haberes vitalicios a empleados o funcionarios que durante el tiempo de servicio hubieren cometido delitos, hasta derogar jubilaciones y pensiones de privilegio, pasando por modificar leyes sobre beneficios económicos y previsionales no contributivos a favor de determinados miembros del clero católico;

Varios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional.

En agosto del año pasado, el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto previamente aprobado por Diputados que, entre otras cosas, estipulaba un aumento en las jubilaciones, nuevas herramientas de cálculo y la cancelación de deudas tanto con cajas provinciales como con beneficiarios que tengan fallos favorables.

El proyecto estableció una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la inflación, que publica a mitad de cada mes el Indec. En ese punto coincidía, y le otorgaba rango legal, con la pauta que definió el DNU 274/2024, que comenzó a aplicarse en abril.

Pero añadió una compensación extra del 8, 1 % para todos los jubilados para que los haberes recuperen lo perdido en ese momento, cuando se otorgó un 12,5% de recomposición, por debajo del 20,6% de inflación de enero de 2024, mes que el gobierno dejó fuera para la actualización de su fórmula.

Police officers stand guard behind a security fence at the National Congress, as Argentine workers, and social movements join the weekly protest of retirees against Argentinian President Javier Milei's adjustment policies, in Buenos Aires, Argentina March 19, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianVarios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Credito: REUTERS/Agustin Marcarian

La ley establecía también que el haber mínimo sea el equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto equivalente del Indec, y añadía una base de cálculo para mejorar las remuneraciones por encima de la inflación si se registraba crecimiento económico.

La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, y la oposición, dividida, no logró los dos tercios para rechazar el veto en la Cámara de Diputados y sostener la ley; en una sesión que tuvo como marco una fuerte movilización en las afueras del Congreso, en una medida de protesta que desde entonces se reeditó todos los miércoles, y que a principios de marzo de este año derivó en cruentos enfrentamientos y represión policial.Nancy Balza - El Litoral

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó, con 129 votos a favor y 108 en contra, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei, que autoriza al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta medida busca estabilizar los mercados y avanzar en la liberación del mercado de capitales.

Apoyo parlamentario y votación

El oficialismo logró la aprobación del DNU gracias al respaldo de sus aliados y de la mayoría de los gobernadores. Partidos como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC-ARI), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y parte de Encuentro Federal sumaron sus votos para alcanzar la mayoría necesaria. Por su parte, Unión por la Patria rechazó la medida, aunque algunos de sus miembros, como los peronistas de Catamarca, se ausentaron al momento de la votación.

Contexto económico y social

La aprobación del DNU se produjo en medio de protestas de manifestantes fuera del Congreso, quienes expresaron su descontento con las políticas económicas del Gobierno. Estas movilizaciones reflejan la preocupación de diversos sectores de la sociedad ante las medidas de ajuste implementadas por la administración de Milei.

Reacciones en los mercados

Tras la aprobación del decreto, la bolsa argentina experimentó una notable mejora, con un incremento del 4,52% en el índice S&P Merval. Además, la deuda soberana subió ligeramente y el riesgo país disminuyó, lo que indica una respuesta positiva de los mercados financieros a la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI.

Próximos pasos

Con la aprobación del DNU, el Gobierno de Javier Milei está facultado para avanzar en las negociaciones con el FMI, buscando obtener fondos adicionales que permitan estabilizar la economía y cumplir con los compromisos de deuda existentes. Se espera que este acuerdo contribuya a la recuperación económica y brinde mayor confianza a los inversores