No sin polémicas en el recinto, la Cámara de Diputados sancionó la ley que valida el convenio firmado el pasado 7 de abril entre el gobierno de Santa Fe y ANSES y por el cual el organismo previsional transferirá durante doce meses, a partir de mayo, $10.000.000.000 en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo del sistema previsional resultante de la auditoría del ejercicio 2026.

El interbloque justicialista de Juntos Avancemos fue el único sector político que votó en rechazo del acuerdo con votos fundamentos tanto por el ex gobernador Omar Perotti como por los ex ministros de su gestión, Walter Agosto y Marcos Corach.

En cambio, el oficialismo de Unidos sumó el voto de los aliados habituales (Omar Paredes, Juan José Piedrabuena y Edgardo Porfiri) más los legisladores de izquierdista Frente Amplio por la Soberanía más los bloques celestes, ubicados a la derecha del oficialismo. Estos bloques (Somos Vida, Inspirar y Vida y Familia) están más cercanos al gobierno nacional.

Un día antes del tratamiento del tema en el recinto, tres funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a la Cámara de Diputados a presentar el entendimiento y responder preguntas sobre dudas de legisladores. El ministro de Economía, Pablo OIivares; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero y la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero, estuvieron apenas 40 minutos con legisladores y no hubo demasiados interrogantes.

En la mañana del jueves, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen favorable y en el recinto hubo acuerdo para votarlo sobre tables.

El convenio validado contiene siete puntos: la transferencia de $120.000.000.000 en 12 cuotas iguales; las partes se ponen como objetivo calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025; los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorías por parte de Anses; y los números que surjan podrán ser incorporados al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

El acuerdo, además, suspende los plazos procesales que se encuentran corriendo en la causa donde Santa Fe demandó al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia reclamando deudas previsionales. Esta suspensión de plazos es por 180 días con posibilidad de prórroga similar.

"El convenio es en defensa de la Caja de Jubilaciones" afirmó el radical José Corral para abrir la fundamentación sobre el acuerdo y recordó los acuerdos tejidos en la Convención Constituyente que se expusieron en el artículo 24 de la Carta Magna. "Fue una muy buena negociación que permitirá achicar en un 40 0 50% el déficit de la Caja", agregó. Más adelante aseguró que no concedió nada relevante en la negociación".

Le siguió Fabián Palo Oliver (FAS) para admitir que es buen acuerdo "por los malos antecedentes que tiene Anses como pagador" y cuestionó aspectos de la vigente reforma previsional vigente en Santa Fe. También expuso el aval Ximena Sola (Pro) y mencionó a los negociadores de las partes.

Luego fue el turno del justicialista Corach quien no dudó en señalar que fue un mal acuerdo y perjudicial para los santafesinos. Respaldó lo actuado por la gestión de Perotti para recibir en bonos la deuda de la Nación para con Santa Fe. "Se busca un visto bueno expres, pero cuando éramos gobierno nos demoraron ocho meses el acuerdo" se quejó. Se sumó Agosto para desmenuzar el acuerdo y exponer fuertes diferentes.

Tras marcar que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno nacional perjudicó a Santa Fe en 715 mil millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei al no transferir fondos asignados a salud, vivienda, educación, obras, etc.

Para Agosto, el convenio incorporó cuestiones impropios como la posibilidad de que Santa Fe se sume al REOR o suspender la demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Comparó las decisiones de Santa Fe con las adoptadas por Córdoba y cuestionó el porcentaje de déficit que cubrirán los fondos comprometidos por Anses.

Por último, fue Perotti quien sumó dudas sobre el acuerdo. "El juicio estaba ganado y no veo la ventaja del entendimiento", destacó para señalar luego que la decisión altera las líneas seguidas por los gobiernos santafesinos. Entonces fue el socialista Joaquín Blanco quien salió al cruce de los cuestionamientos de los integrantes del anterior gobierno y cuestionó el entendimiento de Perotti con Alberto Fernández.

Perotti pidió responder y se sumó a la discusión Emiliano Peralta (Somos Vida) para afirmar que "no es ni tan malo, ni tan bueno. Es lo posible". Agosto quiso responder a Blanco, la presidenta Clara García no le abrió la posibilidad y se pasó a votar: 36 a 8, marcó el tablero. Hoy la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo.la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay para fijar la postura de la Provincia en relación con la Vía Navegable Troncal.

Puccini ratificó que "la Provincia no improvisó: planificó, invirtió, gestionó y sostuvo con resultados concretos lo que otros solo plantearon como diagnóstico".

El ministro hizo hincapié en que la posición de Santa Fe no es meramente declarativa, sino el resultado de una participación activa y presencial en los centros de decisión. Puccini destacó la participación del Gobierno santafesino en las mesas nacionales en Buenos Aires, donde mantuvo reuniones clave con el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, para garantizar que la mirada de Santa Fe sea el eje de la nueva licitación.

"Estas intervenciones no fueron protocolares sino instancias donde fijamos posiciones y planteamos condiciones para que la Hidrovía deje de ser una obra aislada y pase a ser un sistema federal y eficiente. Este trabajo se complementa con una articulación con las provincias del Litoral y la Región Centro, consolidando un bloque regional que defiende la competitividad de sus puertos", afirmó el titular de la cartera productiva.

Luego de más de once horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

La votación se concretó cerca de las 2.30, tras una jornada atravesada por tensiones políticas, cuestionamientos reglamentarios y un fuerte debate sobre el equilibrio entre desarrollo productivo y protección ambiental.

La sesión contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien siguió el desenlace desde uno de los balcones del recinto. El oficialismo logró avanzar con el proyecto gracias al respaldo de bloques aliados, en un escenario donde no cuenta con mayoría propia.

El resultado de la votación reflejó una coalición amplia en respaldo de la iniciativa impulsada por el espacio del presidente Javier Milei. Además de La Libertad Avanza, acompañaron el PRO, la UCR, Innovación Federal y bloques provinciales, junto con legisladores de distintos espacios que aportaron votos individuales.

Incluso, el oficialismo logró sumar apoyos provenientes de sectores de la oposición, como dos diputados de Unión por la Patria. En tanto, las abstenciones correspondieron a representantes del MID y de fuerzas provinciales.

En contra de la reforma se expresó la mayoría de Unión por la Patria, junto con legisladores de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y algunos integrantes de bloques federales. También hubo rechazos individuales dentro de espacios no alineados plenamente con el oficialismo.

Durante la jornada, el tratamiento legislativo estuvo precedido por varios intentos de la oposición de introducir otros temas en el debate mediante mociones de apartamiento de reglamento.

Entre ellos, se incluyeron propuestas vinculadas a pedidos de informes, interpelaciones a funcionarios y posicionamientos sobre política exterior, que no lograron reunir los votos necesarios para su incorporación.

El eje central de la discusión giró en torno a los cambios introducidos en la normativa vigente desde 2010. La reforma redefine los alcances de protección de los glaciares y de las zonas periglaciales, y habilita condiciones más flexibles para el desarrollo de actividades productivas, especialmente en regiones cordilleranas.

Desde el oficialismo, los miembros informantes defendieron el proyecto al sostener que busca “clarificar conceptos” y armonizar la legislación nacional con las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. En esa línea, remarcaron que la iniciativa no implica un retroceso en la protección ambiental, sino una actualización del marco regulatorio.

También destacaron que la modificación permite a las provincias avanzar en estudios más detallados sobre sus territorios, en casos donde organismos técnicos nacionales no han completado relevamientos específicos.

Por el contrario, legisladores opositores cuestionaron la iniciativa al advertir que podría debilitar los controles sobre áreas sensibles. Señalaron que la ley podría habilitar la exclusión de ciertos cuerpos del inventario oficial de glaciares, lo que implicaría riesgos para reservas estratégicas de agua dulce.

Durante el debate, se plantearon críticas sobre la base técnica del proyecto y sobre el proceso de discusión previo en comisiones. Algunos diputados anticiparon que la norma podría ser judicializada, al considerar que vulnera principios ambientales establecidos en la legislación vigente.

En paralelo, también se expusieron posturas intermedias. Algunos legisladores que acompañaron en general la iniciativa señalaron reparos puntuales, especialmente en relación con la posibilidad de modificar el inventario de glaciares o ampliar la intervención provincial en la evaluación de áreas protegidas.

El cierre del debate estuvo marcado por posicionamientos contrapuestos sobre el rol del Estado nacional y de las provincias en la gestión de los recursos naturales. Mientras el oficialismo defendió una mayor autonomía provincial para definir políticas de desarrollo, la oposición insistió en la necesidad de mantener criterios uniformes de protección ambiental a nivel nacional.

Con la sanción de la reforma, el Gobierno logró avanzar en uno de los proyectos incluidos en su agenda legislativa. No obstante, el tema seguirá generando debate en distintos ámbitos, tanto por su impacto en la actividad económica como por sus implicancias en la preservación de los recursos naturales.

EL

La primera audiencia pública se realizó este miércoles en la Cámara de Diputados en la ciudad capital. Contó con la presencia del intendente, Juan Pablo Poletti, y el secretario de Municipios y Comunas del gobierno provincial, Horacio Ciancio. “Comenzamos a discutir una de las leyes más importantes de la nueva Constitución. El objetivo es modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia”, detalló el legislador Joaquín Blanco, autor de la iniciativa.

El debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios se puso en marcha. La primera audiencia pública se desarrolló este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados y Diputadas en la ciudad de Santa Fe. “Es una de las leyes más importantes de la nueva Constitución y buscamos, a través del debate junto a distintos referentes y especialistas, modernizar el funcionamiento de cada localidad de la provincia y hacer más transparentes las gestiones locales”, explicó el autor de la iniciativa, el diputado Joaquín Blanco.

Entre los más de 50 oradores que aportaron sus ideas hubo intendentes, presidentes de comuna, concejales y legisladores, especialistas de la UNL, colegios de profesionales, organizaciones ambientales, sociales, culturales, de pueblos originarios, de la diversidad, de mujeres y de infancias. Asimismo, la audiencia contó con más de 150 oyentes.

“La audiencia pública tiene un profundo valor democrático, porque pudimos sentarnos a dialogar y a expresar nuestras opiniones entre distintos actores que componen la sociedad, de distintas ideologías pero con un objetivo común que es traducir el mandato constitucional en un régimen moderno, equitativo y eficaz que logre mejorar los gobiernos locales”, señaló Blanco.

En la misma línea, el diputado provincial resaltó la importancia que generó el debate de la nueva normativa en la sociedad: “La mayoría de las instituciones democráticas quisieron estar presentes, viniendo a debatir o acercándonos sus ideas y objetivos por escrito. Además, entre la audiencia de este miércoles y la que haremos en Rosario tenemos más de 300 inscriptos, lo que marca un interés real en la temática”.

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, destacó la importancia del proceso. “La provincia se debía este debate de fondo, en este caso, que involucra a los gobiernos locales, con temas como la autonomía, la transformación de las comunas, dando jerarquía a todos los gobiernos locales y a las áreas metropolitanas. Ha sido una jornada riquísima por la calidad y diversidad de los aportes, que nos dan un gran material para la nueva ley”, evaluó.

“Celebramos este encuentro porque es muy importante trabajar en consensos para tener la mejor Ley Orgánica de Municipios. Queremos que sea la más abarcativa y que sea clara sobre las funcionalidades de provincia y de los municipios. Tenemos el desafío de poder escuchar y avanzar en una ley que sea de largo plazo y que tenga al vecino como prioridad pero también a la eficiencia y transparencia”, expresó en la audiencia el intendente, Juan Pablo Poletti.

“En Santa Fe logramos una mejor Constitución escuchando nuevas voces y trabajando en consensos. Y eso es lo que tenemos que hacer con esta ley, que es la de mayor cercanía con la gente. Estamos proyectando la provincia de Santa Fe para las próximas décadas y generaciones”, agregó el senador, Paco Garibaldi.

“Avanzar en esta Ley es un hecho histórico porque la última vez que se discutió una normativa para municipios fue en 1939. Y lo más importante es que no va a surgir de un iluminado ni de un despacho de un funcionario, sino que la vamos a armar con el consenso de la ciudadanía, en un proceso similar al de la Reforma de la Constitución donde la participación elevó el nivel de discusión”, remarcó Blanco.

Conjuntamente, subrayó que “la nueva Ley será fundamental para la vida cotidiana de las personas” y especificó que “de su diseño dependerá la calidad de los servicios públicos, la gestión del medio ambiente, la planificación urbana, la transparencia en el uso de los recursos, las oportunidades de participación ciudadana y la posibilidad de construir comunidades más inclusivas, seguras y sostenibles”.

En ese marco, señaló que los municipios de más de 10.000 habitantes podrán optar por redactar sus propias cartas orgánicas y aclaró: “La nueva Ley será supletoria para aquellos que no avancen en ese proceso, porque puede pasar que una Carta Orgánica no aborde todos los temas, entonces, esta normativa busca completarla y no sustituirla”.

Entre los oradores, estuvieron: el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García; el senador por el departamento La Capital, Paco Garibaldi; el intendente electo de Las Toscas, Iván Sánchez; el ex intendente de Rafaela, Luis Castellano; las y los diputados provinciales, Celia Arena, Marcos Corach y Lucila De Ponti; los concejales de Santa Fe, Lucas Simoniello, Titi Barletta y Carlos Pereira; el presidente del Concejo de San Carlos Centro, Gabriel Otazo; la presidenta comunal de Zenón Pereyra, Verónica Gallo; entre otros. Además, estuvo presente el ex gobernador, Omar Perotti; el senador por el departamento San Justo, Rodrigo Borla; como también las y los legisladores: Carlos Del Frade, Juan Domingo Argañaraz, Silvana Di Stefano, Gisel Mahmud, Lionella Cattalini, Mariano Cuvertino, Rosana Bellatti, Sergio Rojas, Sofia Masutti, Varinia Drisun, Leo Calaianov, Charo Mancini y Jimena Senn.

El legislador detalló que las audiencias se enmarcan en tres grandes ejes temáticos: “Las funciones del Estado Municipal -tanto las individuales como colectivas-, el funcionamiento institucional y los mecanismos de participación y transparencia junto a una planificación que trascienda gestiones”.

“Necesitamos que quede todo bien establecido, cada competencia municipal, regional o provincial, para que nadie pueda mirar para otro lado”, afirmó.

De acuerdo a la disposición transitoria vigésimo quinta de la nueva Constitución, existe un plazo límite de un año para sancionar la nueva Ley de Orgánica de Municipios que adecúe la legislación vigente a los nuevos principios constitucionales.

La segunda audiencia tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre, a las 8, en la ciudad de Rosario y habrá más de 90 oradores.

En paralelo se realizarán mesas temáticas con distintos especialistas. “Además, el poder ejecutivo va a mandar su mensaje con una propuesta concreta, al igual que partidos de la oposición, lo cual enriquecerá la discusión y vamos a tener una gran Ley”, finalizó Blanco.

La Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados y Diputadas recibió a representantes de los trabajadores de Algodonera Avellaneda que están en conflicto laboral por falta de pago. “Hay una situación de incertidumbre respecto al futuro de la fábrica. La crisis del sector textil y la falta de confianza en el grupo Vicentín agravan la situación. Debemos ser serios y, entre todas las partes, encontrar soluciones que permitan no perder los puestos de trabajo”, expresó Joaquín Blanco, diputado provincial y presidente de la comisión.

Desde agosto 2024, Algodonera Avellaneda venía trabajando a un 30% de su capacidad pero en octubre paralizó la fábrica y cortó la cadena de pagos afectando a más de 250 familias. “Con este modelo nacional, las crisis en el sector industrial son cada vez más recurrentes. La apertura importadora no debe desmantelar la capacidad de agregar valor a las provincias algodoneras”, dijo el legislador socialista.

“Algodonera Avellaneda, además, forma parte del Grupo Vicentín por lo que también está atravesada por esa crisis de conducción, lo que genera falta de confianza en los proveedores y no les dan la materia prima que se necesita”, explicó. “En estos momentos se está discutiendo sobre el futuro de Vicentín a través de un proceso de cramdown y sería muy importante agregar la continuidad de la Algodonera Avellaneda dentro de ese proceso”, manifestó Blanco.

“Hay muchas empresas a nivel nacional que están trabajando con reducción de horarios. El sector está quebrado. La apertura de las importaciones hizo mucho daño”, contó Juan Carlos Bandeo, delegado del Sindicato de Textiles de Reconquista. “Nosotros cobramos por quincena y en octubre no nos dieron nada. Estuvimos reunidos con la empresa y no hay expectativas, no tienen materia prima y con esa firma no tenemos garantías de seguir trabajando”, aseveró.

“La situación es compleja. Nos reunimos para analizar el conflicto y posibles caminos a seguir con los trabajadores y el Gobierno de Santa Fe que está comprometido a encontrar una solución. Debemos entender que hay 250 familias del norte sufriendo”, finalizó Blanco.

De la reunión, participaron los diputados y diputadas: Carlos Del Frade (Frente Amplio); Mariano Cuvertino, Sergio Rojas y María del Rosario Mancini (PS - Unidos); Silvana Di Stefano, Martín Rosúa y Dionisio Scarpin (UCR - Unidos); Astrid Hummel (PRO - Unidos); Celia Arena (Hacemos Santa Fe - PJ); Lucila De Ponti (PJ); Beatriz Brouwer (Somos Vida); Nicolás Argañaráz (Inspirar).

La diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) calificó al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, José Luis Espert, como “un planero” porque “cobra para no laburar”, ya que “no convoca" a deliberar a ese órgano legislativo por el que pasan la mayoría de los proyectos.

“Es un planero, cobra para no laburar”, dijo Carignano tras afirmar que “todos los expedientes mueren en la Comisión de Presupuesto porque él no la convoca”, y el resultado es que “no se puede trabajar en el Congreso, porque casi todas las leyes implican una erogación presupuestaria y pasan por esa comisión”.

Tras señalar que la Cámara no lo puede remover del cargo hasta la renovación de autoridades de diciembre, explicó que en las atribuciones del cuerpo está “emplazarlo con una votación en el recinto y decirle tienen que tratar estos temas”.

“Ayer se votó en mayoría que tienen que tratar en la Comisión sí o sí el tema del Garrahan y el financiamiento universitario”, indicó Carignano.

Florencia Carignano:“Espert es un cagón que usa las Fuerzas porque le tiraron estiércol en su casa"

Carignano fue una de las diputadas que increpó e insultó ayer a Espert al finalizar la sesión en Diputados, y explicó que “lo que hicimos es ir a decirle que básicamente es un cagón” porque pidió que se impida la liberación de las personas que tiraron estiércol y pusieron un pasacalle frente a su casa.

“No vamos a quedarnos de brazos cruzados cuando Espert burlonamente, dice cárcel o bala, dice (a Florencia Kirchner) hija de una gran puta, nos dice asesinos en el Congreso, y mete presas a las compañeras, porque él apeló a través de su abogado para que no las liberen por una simple contravención”, dijo.

Expresó que “nunca por una contravención te meten en un penal de máxima seguridad y te incomunican”, y advirtió que “vamos a hacer lo que tengamos que hacer para lograr la libertad de las compañeras”.

Sostuvo que “no es que le destruyeron la casa, titaron estiércol y pusieron un pasacalle, pero con todas las cosas que dijo este esperpento, bastante suaves estuvieron porque dijo cosas increíbles y pasó todos los límites”.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), quien se encuentra varado en Israel a raíz de los bombardeos de drones y misiles iraníes sobre la capital de ese país, señaló que se encuentra bien en un hotel que desde el sábado pasado abrió sus puertas para alojar evacuados cuyas casas fueron afectadas por los ataques.

“En tres ocasiones percibimos la caída cercana de los misiles de Irán y se siente el estruendo”, dijo el diputado argentino, quien puntualizó que “al segundo día de iniciados los bombardeos “empezamos a recibir refugiados y hoy convivimos quienes estábamos alojados en el hotel con evacuados de edificios cercanos”.

En declaraciones periodísticas, Ferraro explió que “en estos cuatro días que estoy en Tel Aviv atravesé todos los estados de ánimo que se puedan imaginar”, y dijo que quienes están en esa situación tratan “de mantener la tranquilidad y siguen las indicaciones de Defensa Civil cuando se dan las alertas”.

“Lo primero que sucede es un sonido de alarma en tu propio teléfono celular, con un mensaje, ahí tenés unos 10 minutos para bajar a los refugios y luego se indica también por teléfono que ya se puede salir, cuando pasó la alarma”, indicó, y detallo que “en estos cuatro días ya tuvimos 12 alertas en distintos horarios”.

Ferraro, quien viajó junto al también diputado Damián Arabia (PRO) a Tel Aviv el jueves, invitado por la embajada de Israel en la Argentina, relató que ambos viven estos días con “preocupación y angustia, pero hay que mantener la tranquilidad, porque están haciendo todo lo posible para retornarnos a la Argentina.

Entre las posibles salidas del país en conflicto con Irán, explicó que “se habla de distintos lugares, pero sin confirmar, como por ejemplo vía terrestre hacia Jordania o El Cairo (Egipto), o por barco hacia Chipre”, aunque indicó que aún no tienen precisiones.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó la posibilidad de que su país se involucrara en el actual conflicto entre Israel e Irán, aunque aclaró que, hasta el momento, no había participación directa de la nación norteamericana en las hostilidades. La declaración del mandatario se produjo en un contexto de escalada de tensiones en Medio Oriente.

Trump expresó que "es posible que nos involucremos", durante una entrevista con ABC News este domingo. Sin embargo, enfatizó que Estados Unidos "no está involucrado en este momento" en las acciones que se estaban llevando a cabo en la región.

Actualmente, Estados Unidos mantenía una significativa presencia militar en las cercanías de los países en conflicto, incluyendo cazas, buques y sistemas de defensa aérea terrestres.

Estos recursos estaban posicionados con el objetivo de contrarrestar cualquier ataque iraní que pudiera dirigirse contra activos o ciudadanos estadounidenses. Si bien no había asistido abiertamente a Israel en sus ofensivas, sí había brindado apoyo para la defensa del país.

En una publicación realizada en su plataforma Truth Social, Trump sostuvo que se estaban desarrollando numerosas conversaciones y anticipó que "¡pronto tendremos PAZ entre Israel e Irán!". Esta afirmación sugería una expectativa de resolución diplomática por parte del presidente.

En relación a una comunicación telefónica que mantuvo con el presidente ruso, Vladimir Putin, el sábado, Trump indicó a ABC que estaría "abierto" a la mediación de Putin en el conflicto. "Él está listo. Me llamó por eso. Tuvimos una larga conversación al respecto", detalló Trump.

Cabe recordar que Rusia mantenía una alianza estratégica con Irán, y ambos países habían coordinado acciones contra Estados Unidos en conflictos previos en Siria e Irak.

El Litoral

La Cámara de Diputados aprobó en general por una amplia mayoría los proyectos impulsados por la oposición de incrementos de los haberes jubilatorios en un 7.2%, y el aumento del bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos y la extensión de la moratoria por dos años.

Las iniciativas fueron rechazadas por el oficialismo y un sector de los aliados, en tanto que el Gobierno ya adelantó que utilizará el veto presidencial al considerar que afectan el orden fiscal.

El aumento a las jubilaciones fue aprobado 142 votos contra 67 rechazos y 19 abstenciones (UCR y PRO).

Los votos positivos fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia par Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, algunos radicales, Transformación (Lourdes Arrieta) y Por Santa Cruz.

En tanto votaron en contra la Libertad Avanza, los diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich, los radicales “peluca” de la Liga del Interior y otros legisladores que son firmes aliados de la LLA, como Somos Fueguinos y Creo.

La votación de la moratoria estuvo mas ajustada ya se aprobó por 111 contra 100 y 15 abstenciones.

La extensión de la moratoria fue respaldada por UP, la izquierda, dos diputados de Encuentro Federal, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz y fue rechazada por el PRO, la UCR, la Libertad Avanza, y el grueso de diputados de Encuentro Federal.

La sanción de estos proyectos no solo fue avalado por los bloques que ejercen una oposición dura contra el Gobierno sino por otros aliados tradicionales del Gobierno,  como  el Movimiento Popular Neuquino, dos legisladores de Innovación, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los tucumanos de Osvaldo Jaldo .

Desde el Gobierno anticiparon el veto a los proyectos jubilatorios y de Emergencia en Discapacidad porque sostienen que genera un impacto fiscal de 12 mil millones de dólares, es decir, 1,8 del PBI.

El dictamen de mayoría establecido otorgarse de emergencia por la administración equivalente al 7,2 oor ciento que se incorporará al haber mensual y servirá de bases para futuros aumentos.

Además fija que se aumenta de 70 mil a 110 mil a los trabajadores del haber mínimo, que  se actualizará de acuerdo a inflación como en el resto de las prestaciones jubilatorias

Además el proyecto aprobado ratificó el decreto 274/2024 presidencial que establece que las jubilaciones y pensiones se actualizarán de acuerdo al índice inflacionaria.

A propuesta del diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot,  se incorporaron artículos para financiar el aumento de las jubilaciones y del bono.

En ese sentido se propone incorporar un artículo para establecer la derogación de la exención del impuesto del IVA a los directores de empresas,  de  ganancias  a las sociedades de garantías reciprocas, y establece que se deben readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

También propone usar el ahorro de la baja de tasa del FMI y la nacionalización de los recursos que se recaudan por los registros del automotor.

Otro punto del proyecto se refiere a las cajas jubilatorias y en ese sentido dispone que la Anses transferirá antes del 20 de cada mes a las Provincias que no cedieron sus cajas previsionales a la Nación un anticipo mensual equivalente a una doceava parte del último año.

El debate fue abierto por la diputada de UP, Victoria Tolosa Paz, quien destacó que el 7,2 por ciento busca compensar la inflación de enero de 2024 y por eso se intenta “recomponer el primer gran ajuste se hizo cuando se devaluó el peso argentino de manera arbitraria en 118%”.

En su discurso, la diputada rechazó el DNU 274 que estableció que desde abril de 2024 las jubilaciones se actualizaban por la inflación pero sin compensar la totalidad de la inflación de enero del 2024, por lo que la oposición buscó aprobar un aumento del 8,1 por ciento el año pasado y ahora del 7,2 por ciento.

En tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (UxP), dijo que "nos dicen que estamos proponiendo parches, pero los parches son una solución cuando se pincha una goma, porque el parche nos permite enfrentar el problema y evitar que se agrave".

"Nosotros no somos hinchas del déficit pero si somos enemigos del ajuste para resolver el problema, pero todas los países mencionados por el Gobierno tienen déficit fiscal"

Desde la Libertad Avanza, el diputado Álvaro Martínez, aseveró que estos proyectos jubilatorios "los quiere vender como una justicia social pero es  una estafa a los jubilados" y dijo que "no falta decir hasta el hartazgo que hay que aumentar a los jubilados, porque hay que decir de donde saldrán los recursos".

Agregó que “nosotros proponemos una reforma integral que no usen a los jubilados que no los use como botín político, que se termine con la desigualdad  y con los regímenes de privilegio”.

A su vez, el diputado radical Lisandro Nieri  sostuvo hoy que en un "país normal" se discute el Presupuesto y "no el gasto por partes", y señaló que su propuesta es que el Poder Ejecutivo disponga de una actualización de los haberes de los jubilados con recursos del superávit y con una reducción del gasto tributario.

 Al defender su dictamen de minoría que pide al Gobierno hacer una redistribución de los ingresos que tiene el Poder Ejecutivo, Nieri señaló que "la jubilación no puede tener un 20 por ciento volátil.  ¿Quién podría vivir con esa incertidumbre respecto de sus ingresos mensuales?", se preguntó.  Y agregó que "es un monto fijo que mes a mes se achica por efecto inflacionario".

A su vez, el presidente de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, sostuvo hoy que desde esa fuerza política no votarán una moratoria previsional y defendió la necesidad de aumentar las jubilaciones porque ante la "imposibilidad de diálogo se volverá a probar con una media sanción, que probablemente sea ley y sea vetada". 

 Al hablar en el debate de los proyectos jubilatorios, López dijo que "no es que uno le quiera marcar la cancha al Gobierno, no queremos que la crueldad se apodere del programa de estabilización económica. Es cierto que hay que ser prudentes, y es cierto que hay que salir de una inflación de décadas, pero no se puede hacer de cualquier manera".

NA

12:49

El diputado Paulón se presentó en el recinto vestido como “El Eternauta”

El diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón dio hoy la nota al aparecer en el recinto vestido como “El Eternauta”, con la máscara que utilizó el actor Ricardo Darín para dar vida al personaje “Juan Salvo” en una serie televisiva.

Además de la máscara, el socialista santafesino se vistió con un delantal blanco y sostuvo en alto por varios minutos un cartel con una consigna que es un juego de palabras alusivas a la historia de “El Eternauta” y a los temas que serán tratados en la sesión.

"Juan, la ciencia, las universidades, el Garrahan y los feminismos funcionan", señalaba la pancarta enarbolada por Paulón.

 El conflicto del Hospital Garrahan, que se encuentra en plan de lucha por salarios y condiciones laborales dignas, será parte de la discusión en el recinto.

Afuera del Palacio Legislativo, se desarrollaba una movilización que aglutinaba a trabajadores del hospital, el colectivo de científicos que sufre recortes por parte del Gobierno, el movimiento de mujeres y disidencias que se expresa en el marco del “Ni una Menos”, además de agrupaciones de jubilados y de la comunidad vinculada a personas discapacitadas.

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La oposición alcanzó este mediodía su primer objetivo al reunir quórum en el recinto de la Cámara de Diputados y empezó la sesión especial para debatir los proyectos sobre mejoras previsionales y emergencia en Discapacidad.

A las 12:20, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, confirmó la asistencia de 131 legisladores sentados en las bancas y habilitó la sesión, que también incluye en el temario la declaración de la emergencia y zona de desastre por 180 días en los municipios bonaerenses afectados por las inundaciones.

En tanto, los bloques de la oposición plantearán una moción de emplazamiento para tratar con urgencia en comisiones la declaración de la emergencia de la salud pediátrica, con foco en la crisis del Hospital Garrahan, y también buscarán colar la designación de autoridades de la comisión investigadora Libra.

NA 

Diputados y diputadas recibieron en la Comisión de Asuntos Laborales de la Legislatura santafesina al Ministro de Trabajo, Roald Báscolo, para analizar la situación del empleo y de las condiciones laborales en todo el territorio provincial. “Hicimos un repaso de todas las situaciones de conflictividad laboral y pusimos en común una agenda para estar al lado de los trabajadores y mejorar las legislaciones que los acompañan”, expuso el diputado, Joaquín Blanco, presidente de la Comisión. “El sector más golpeado en 2024 fue el de la construcción por la quita de la obra pública nacional y tenemos las alarmas encendidas por lo que pueda pasar en el sector industrial por la apertura de las importaciones”, destacó Báscolo.

“En un contexto nacional laboral muy complicado, destacamos la labor que viene realizando el Ministerio de Trabajo de la provincia que no esquiva el bulto y se pone al frente de los conflictos para siempre encontrar una salida privilegiando la defensa de los trabajadores y el diálogo entre empresarios y sindicatos para buscar una síntesis”, expresó el socialista. “En la reunión hablamos sobre los conflictos de Vicentin, General Motors, Acindar, sobre el Sancor y de La Verónica, de todo lo que tiene que ver con la maquinaria agrícola y los riesgos de la apertura importadora”, enumeró.

“En la comisión estuvieron representadas todas las fuerzas políticas de izquierda y de derecha. Establecimos una agenda en común para estar del lado de los trabajadores y hacer mejoras legislativas junto con el Ejecutivo porque hay terreno para desarrollar”, agregó Blanco.

El Ministro de Trabajo reconoció que el sector que más afectado es el de la construcción “por la quita de la obra pública nacional” aunque destacó la tarea que viene realizando el Gobierno de Santa Fe para resistir el golpe. Santa Fe fue la tercera provincia con mejor performance solamente por debajo de Neuquén o las inversiones de Vaca Muerta y de Salta por el litio”, contó Báscolo. 

“También tenemos luces amarillas encendidas en el sector industrial, no solamente por la caída de actividad producto del consumo interno, sino también por el alerta que generó la apertura de importaciones y la posibilidad de perder puestos de trabajo y de producción nacional”, anticipó el funcionario. “En ninguno de los casos de conflictos laborales que mencionamos en el encuentro vamos a dejar solos a los trabajadores”, finalizó.

En la reunión, además, estuvieron presentes los legisladores: Carlos Del Frade (bloque Frente Amplio por la Soberanía); Mariano Cuvertino y Sergio Rojas (bloque Socialista); Silvana Di Stefano y Martín Rosúa (bloque UCR); Celia Arena (bloque Hacemos Santa Fe); Lucila De Ponti (bloque Justicialista); Astrid Hummel (bloque PRO); Beatriz Brouwer (bloque Hacemos Vida); y Nicolás Argañaráz (bloque Inspirar).

Por amplia mayoría, la Cámara de Diputados  votó una declaración expresando "preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar, mediante el Decreto Nº273/25,   el llamado Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), dejando sin efecto controles esenciales sobre trazabilidad, seguridad y condiciones de uso de bienes importados".

La Cámara unificó los textos ingresados por Mariano Cuvertino (PS) y Sonia Martorano  (PJ) y obtuvo el respaldo de casi todos los integrantes de Unidos, de los diferentes interbloques justicialistas y del Frente Amplio por la Soberanía.

En cambio, Somos Vida votó en rechazo al igual que Ximena Sola (Pro) y Natalia Armas Belavi (Vida y Familia). En cambio, Juan Argañaraz (Inspirar) y Beatriz Brower (escindida de Somos Vida) se abstuvieron de votar.

Silvia Malfesi (Somos Vida) se encargó de exponer el voto en rechazo al proyecto y de defender los alcances del decreto mientras que Cuvertino, Omar Perotti (PJ) y Dionisio Scarpin (UCR) encendieron luces amarillas por el impacto que la medida puede tener en el sector de la maquinaria agrícola santafesina que da vida a cientos de pueblos santafesinos.

"Solo dos departamentos no tienen ninguna fábrica de maquinaria agrícola" precisó el ex gobernador. Los tres hicieron hincapié en las dificultades en que trabaja el sector con falta de financiamiento, monopolio en la provisión de chapa y por ende fijación de precios, juicios laborales e incluso en determinados momentos impedimentos de permisos de ingreso de robots para agilizar la fabricación.

Malfesi recomendó a sus pares leer bien los alcances del decreto por entender que el objetivo es eliminar el certificado que hacía muy lenta la importación.

"El objetivo es agilizar el trámite de importación", afirmó para subrayar que favorecerá la libre competencia e incluso abaratará costos para productores. Se detuvo en marcar diferencias porcentuales de precios entre nuestro país y otros en cosechadores, tractores o sembradoras.

Además planteó los impuestos que tiene la Argentina donde en muchas ocasiones se superponen nación con provincias y cuestionó Ingresos Brutos y Sellos.

Cuvertino destacó la preocupación que genera en Santa Fe y en las provincias de la Región Centro el decreto. Santa Fe produce el 45% de la maquinaria agrícola del país y entre las provincias de la Región Centro el 75% de la torta total. El socialista mencionó el atraso cambiario que "pone a la Argentina entre los países más caros del mundo".

El socialista pidió "no poner en riesgo la excelente producción santafesina, discutamos competitividad pero no destruyamos trabajo".

Perotti, en cambio, advirtió que "no llegaremos a ningún lado sin un diálogo serio entre los actores para darle competitividad al sector. Es malo que el decreto se haya dictado sin diálogo con las provincias y con este sector productivo".

El justicialista marcó como dificultades del sector la falta de financiamiento, la carga impositiva y el valor de la materia prima cuestionando que un solo proveedor fija el precio de la chapa, insumo esencial para esa producción. "Esto debe ser todo parte de la discusión pero con diálogo entre los actores", insistió.

Pero también alertó que el ingreso de maquinaria usada solo será por parte de la red de concesionarias que tienen empresas internacionales en el país. Además llamó a diferenciar entre la máquina que se produce acá y la que no se produce y que puede ayudar al productor a mejorar sus costos.

El ex gobernador mencionó la intención de una firma radicada en Armstrong de desarrollar una cosechadora propia para ganar mercados internacionales y ponderó la presencia de plantas en gran parte de la provincia e incluso la incorporación permanente de tecnología con técnicos y científicos formados en las propias universidades argentinas.

Scarpin, por último, insistió con el planteo presentado ya en febrero cuando se mencionaba la posibilidad de bajar las condiciones de acceso de maquinaria.

"No es que nuestros fabricantes no quieran competir, quieren hacerlo en igualdad de condiciones y para ello se necesitan decisiones tanto del gobierno nacional como del provincial que tiene algunas estrategias como financiar parte de tasas de interés o salir al mercado internacional con varias de las firmas locales".

El CIBU fue establecido mediante la Resolución Nº 909/1994 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, y regulaba la importación definitiva para consumo de bienes usados comprendidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), incluyendo maquinaria agrícola, herramientas industriales y equipos electrónicos.

La emisión del CIBU estaba sujeta a una evaluación técnica por parte de la autoridad competente, que debía expedirse sobre la efectiva capacidad de provisión local de los bienes involucrados, considerando la afectación del mercado local con motivo de la importación planteada.

Ahora la eliminación de este certificado implica la liberalización de la importación de maquinaria usada sin la necesidad de evaluar la capacidad de la industria nacional para abastecer el mercado interno.

"Esto no solo perjudica a los fabricantes, sino que impacta en toda la cadena productiva, desarticulando esquemas como la toma de usados en la compra de maquinaria nueva y frenando la renovación tecnológica de un parque agrícola donde el 70% de las cosechadoras y el 80% de los tractores superan los 10 años de antigüedad.

Además de los riesgos económicos, el ingreso de maquinaria usada sin control genera riesgos ambientales, a partir de la posible propagación de plagas que afectan la producción agrícola, como ya ha ocurrido en oportunidades anteriores", señala Cuvertino en los fundamentos del texto votado.

La Cámara de Diputados dio por concluidas las actuaciones administrativas y validó la cesantía del agente Héctor Rodolfo Puchetta por inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General dictaminó el asunto el 27 de febrero de 2025, conforme al reglamento interno de la Cámara de Diputados. En el último plenario de la Cámara se votó la baja definitiva, por cesantía, del mencionado agente que se desempeñaba como administrativo en la planta permanente con categoría 19.

El diputado Walter Agosto presentó un pedido de informes para conocer las causas por los cuales ha suspendido la publicación del informe "La Caja en números", correspondiendo la última información publicada al mes de diciembre de 2023.

Dicho informe estaba en la página web de la propia Caja de Jubilaciones y contenía detalles sobre ingresos y aportes al sistema; remuneraciones promedio por sector y otros informes de interés.

"Resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo garantice el acceso a esta información, dando estricto cumplimiento a la publicación de la misma tal como se hacía hasta el mes de diciembre de 2023, respetando la política de transparencia fiscal que la provincia ha desplegado en los últimos años", señala en los fundamentos el autor.

Mario Caffaro - El Litoral

Un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para instaurar un nuevo feriado nacional cada 21 de abril, en homenaje al fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el pasado lunes.

La iniciativa, impulsada por legisladores de Unión por la Patria como Carlos Cisneros, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés, Victoria Tolosa Paz y Santiago Cafiero, propone establecer la fecha en el calendario oficial como jornada de conmemoración para quien consideran “el argentino más importante de la historia”.

Además del feriado, el proyecto contempla que el Poder Ejecutivo promueva actividades alusivas en todo el país cada 21 de abril.

En los fundamentos, los autores destacan la figura de Francisco no solo como líder espiritual de la Iglesia Católica, sino también como referente mundial en la defensa de los sectores más vulnerables. Mencionan especialmente su compromiso con los pobres, los migrantes, las mujeres, las diversidades y el cuidado del medio ambiente.

También se subrayan sus encíclicas Laudato Sí (2015), donde llamó a cuidar “la casa común”, y Fratelli Tutti (2020), en la que propuso una sociedad más justa, fraterna e inclusiva.

Para los impulsores del proyecto, los mensajes de Francisco representan valores profundamente arraigados en la identidad argentina, como la solidaridad y el compromiso social. NA

El 23 de marzo pasado venció el plazo para acogerse a la moratoria previsional, por la cual personas que no habían alcanzado la cantidad de años suficientes para acceder a la jubilación podían acogerse a ese beneficio.

No es el único tema que preocupa y ocupa al sector pasivo: también lo es el monto que cobra cada mes y el valor inamovible del bono de 70 mil pesos que perciben como complemento de los haberes mínimos; una suma extra que se mantiene congelada desde marzo de 2024.

En la Cámara de Diputados el tema se va a poner en debate el próximo 9 de abril, desde las 10, cuando se reúna la comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la cordobesa Gabriela Brouwer De Koning (UCR).

Será un miércoles, día de la habitual marcha de jubilados que en las últimas semanas, con la suma de hinchadas de equipos de fútbol, sindicatos y organizaciones sociales, cobró un nuevo protagonismo puertas afuera del Congreso y derivó en episodios de violencia, incluida la agresión al fotorreportero Pablo Grillo, herido de gravedad por el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno.

Además, si se mantiene el día de reunión, será en la previa al paro nacional convocado por la CGT.

"El sistema previsional argentino refleja profundas desigualdades e injusticias, que impactan directamente en la calidad de vida de millones de jubilados y pensionados. Mientras algunos sectores acceden a haberes previsionales privilegiados, otros reciben ingresos que no garantizan una cobertura digna, lo que evidencia la necesidad de rediseñar las reglas del sistema para hacerlo más sostenible y equitativo", publicó la legisladora al momento de hacer la convocatoria a la reunión de abril.

Esta tiene el objetivo de "empezar con el debate que atañe a los desafíos y desigualdades que enfrenta nuestro sistema previsional y avanzar en las reformas necesarias para construir un esquema más justo y equitativo".

Son 29 proyectos los que se pondrán a consideración en la oportunidad, aunque no todos tienen que ver con la necesidad de actualizar los haberes mínimos.

Prácticamente, hay propuestas de todo el arco político y van desde eliminar el goce de haberes vitalicios a empleados o funcionarios que durante el tiempo de servicio hubieren cometido delitos, hasta derogar jubilaciones y pensiones de privilegio, pasando por modificar leyes sobre beneficios económicos y previsionales no contributivos a favor de determinados miembros del clero católico;

Varios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional.

En agosto del año pasado, el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto previamente aprobado por Diputados que, entre otras cosas, estipulaba un aumento en las jubilaciones, nuevas herramientas de cálculo y la cancelación de deudas tanto con cajas provinciales como con beneficiarios que tengan fallos favorables.

El proyecto estableció una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la inflación, que publica a mitad de cada mes el Indec. En ese punto coincidía, y le otorgaba rango legal, con la pauta que definió el DNU 274/2024, que comenzó a aplicarse en abril.

Pero añadió una compensación extra del 8, 1 % para todos los jubilados para que los haberes recuperen lo perdido en ese momento, cuando se otorgó un 12,5% de recomposición, por debajo del 20,6% de inflación de enero de 2024, mes que el gobierno dejó fuera para la actualización de su fórmula.

Police officers stand guard behind a security fence at the National Congress, as Argentine workers, and social movements join the weekly protest of retirees against Argentinian President Javier Milei's adjustment policies, in Buenos Aires, Argentina March 19, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianVarios de los proyectos que se pondrán en debate en la comisión proponen la prórroga por dos años de la moratoria previsional. Credito: REUTERS/Agustin Marcarian

La ley establecía también que el haber mínimo sea el equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto equivalente del Indec, y añadía una base de cálculo para mejorar las remuneraciones por encima de la inflación si se registraba crecimiento económico.

La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, y la oposición, dividida, no logró los dos tercios para rechazar el veto en la Cámara de Diputados y sostener la ley; en una sesión que tuvo como marco una fuerte movilización en las afueras del Congreso, en una medida de protesta que desde entonces se reeditó todos los miércoles, y que a principios de marzo de este año derivó en cruentos enfrentamientos y represión policial.Nancy Balza - El Litoral

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó, con 129 votos a favor y 108 en contra, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei, que autoriza al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta medida busca estabilizar los mercados y avanzar en la liberación del mercado de capitales.

Apoyo parlamentario y votación

El oficialismo logró la aprobación del DNU gracias al respaldo de sus aliados y de la mayoría de los gobernadores. Partidos como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC-ARI), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y parte de Encuentro Federal sumaron sus votos para alcanzar la mayoría necesaria. Por su parte, Unión por la Patria rechazó la medida, aunque algunos de sus miembros, como los peronistas de Catamarca, se ausentaron al momento de la votación.

Contexto económico y social

La aprobación del DNU se produjo en medio de protestas de manifestantes fuera del Congreso, quienes expresaron su descontento con las políticas económicas del Gobierno. Estas movilizaciones reflejan la preocupación de diversos sectores de la sociedad ante las medidas de ajuste implementadas por la administración de Milei.

Reacciones en los mercados

Tras la aprobación del decreto, la bolsa argentina experimentó una notable mejora, con un incremento del 4,52% en el índice S&P Merval. Además, la deuda soberana subió ligeramente y el riesgo país disminuyó, lo que indica una respuesta positiva de los mercados financieros a la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI.

Próximos pasos

Con la aprobación del DNU, el Gobierno de Javier Milei está facultado para avanzar en las negociaciones con el FMI, buscando obtener fondos adicionales que permitan estabilizar la economía y cumplir con los compromisos de deuda existentes. Se espera que este acuerdo contribuya a la recuperación económica y brinde mayor confianza a los inversores

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá este martes por la tarde a jefes de bloques aliados de la Cámara de Diputados para destrabar las extraordinarias, mientras prepara un encuentro con representantes del Senado para la próxima semana.

El objetivo es establecer los primeros contactos con los socios legislativos para concretar el plan del Poder Ejecutivo que le permita garantizar la sanción de los proyectos enviados al Congreso en el período que inició este lunes y que tiene como fecha límite el 21 de febrero.

Francos recibirá a las 15 a los jefes de bloques de Diputados, Cristián Ritondo (PRO) y Rodrigo De Loredo (UCR) para dar inicio al debate.

Por los pasillos de Balcarce 50 aseguran que la convocatoria fue extensiva también a Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), en desacuerdo con la sede, ya que considera que el debate debe darse en el Congreso, y a Oscar Zago (MID), pero señalan que ambos prefirieron declinar el ofrecimiento.

Fuentes del Movimiento de Integración y Desarrollo desmintieron ante la agencia Noticias Argentinas haber sido invitados al convite.

"Para participar primero nos tendrían que invitar. Hay muchas fuentes de LLA que dan por descontado que nos van a invitar, pero hasta ahora no hubo invitación formal", afirmaron.

Con algunos días para su preparación, y aún sin fecha precisa, se espera que para la próxima semana los convocados a Casa Rosada sean los senadores Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal), Alejandro Vischi (UCR), Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), y podrían alcanzar también a Lucila Crexell (Movimiento Neuquino).

En representación del PRO, la relación con el Ejecutivo continúa a cargo de Luis Juez, pese a sus públicas intenciones de pasarse a las filas de La Libertad Avanza, por lo menos hasta que concrete su reunión con el expresidente Mauricio Macri y se reordene el bloque.

Al respecto, desde el entorno de la titular del Senado, Victoria Villarruel, revelaron a esta agencia que no fue convocada por el jefe de Gabinete para participar del encuentro y que tampoco recibió instrucciones para emprender la negociación.

La Cámara Alta tratará los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para sumar integrantes a la Corte Suprema y el proyecto de Ley Antimafias.

NA

Así lo destacó la actual presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe, en diálogo con RADIO RAFAELA.

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La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe cerró el período legislativo 2023-2024 con la aprobación de 157 leyes, en su mayoría por unanimidad o amplias mayorías, y coronó la última sesión con la sanción de la Ley de Necesidad de la Reforma Constitucional, después de 62 años.

Y en este sentido, ante los micrófonos de Radio Rafaela, Clara García, diputada socialista y presidente de la cámara de diputados santafesinos, realizó un balance extenso de su primer año al frente del cuerpo legislativo provincial.

En su análisis, destacó tanto los logros alcanzados como los desafíos enfrentados en un período marcado por un contexto económico y político complejo. "Hemos superado las 150 leyes, muchas de ellas fueron parte del gran paquete que vino con mensajes desde el Poder Ejecutivo, como las emergencias en seguridad e injusticia social y los temas productivos", expresó, subrayando también el aporte del Senado y las iniciativas de los 50 diputados que componen la Cámara.

Calidad por encima de la cantidad

Sin embargo, Clara insistió en que la cantidad no era lo más relevante, sino la calidad del trabajo legislativo y, sobre todo, los consensos alcanzados. "Nosotros, como Unidos (para cambiar Santa Fe), tenemos mayoría con 28 votos sobre 50. Podríamos simplemente levantar la mano y hacer que las leyes salgan, pero nos hemos preocupado por ir más allá”, sostuvo.

“Hemos tenido una tarea totalmente consciente de buscar acuerdos mayores, escuchar a las minorías y valorar las propuestas de otros bloques", afirmó. Como resultado de este enfoque, "el 75% de esas leyes han sido votadas por unanimidad".

En este sentido, destacó el clima de diálogo que prima en la Cámara de Diputados de Santa Fe en comparación con el escenario nacional. "En un país donde hay tanta crispación, donde el adversario político parece ser un enemigo, donde hay hasta violencia verbal, creo que aquí en Santa Fe el modelo es otro. A mí, como presidenta de la Cámara, eso me llena de orgullo. Es fruto de algo muy sencillo: que el otro te importe, que la opinión del adversario también te parezca valiosa", reflexionó al respecto.

La “moneda pendiente” entre Nación y Provincia

La diputada también hizo hincapié en el impacto del gobierno nacional en las finanzas provinciales. "El presidente se ufana de tener un presupuesto equilibrado, pero lo ha hecho a costa de las provincias. Es como si en casa cobraras el sueldo y decidís no pagarle al almacenero; claro, te queda plata, pero le estás debiendo", criticó.

Según García, el gobierno nacional dejó de enviar subsidios esenciales, como los destinados al transporte interurbano, al Fondo de Incentivos Docentes para los salarios de los educadores y a obras públicas.

Clara García, sobre el tramo Rafaela-Sunchales: "Lamentamos que desde un escritorio porteño se decidan cosas tan perjudiciales para Santa Fe"

"Ustedes tienen ahí la Ruta 34, en su nexo Ataliva-Sunchales, inconclusa. Lo mismo ocurrió con los fondos para las jubilaciones de empleados públicos", enumeró.

A pesar de estas dificultades, Clara aseguró que "Santa Fe es hoy una provincia enormemente activa, con obra pública de norte a sur". Aunque reconoció las complicaciones económicas del país, sostuvo que la provincia ha logrado mantener un alto nivel de actividad. "Por supuesto que enfrentamos problemas, porque vivimos en un país que los tiene, pero la diferencia es que aquí se está trabajando con una gran responsabilidad y compromiso".

El gran debate: la reforma constitucional

Otro de los temas centrales en la entrevista fue el proyecto de reforma constitucional, al que García calificó como "un momento muy importante de la vida política y democrática de nuestra provincia".

En charla con Radio Rafaela explicó que la actual Constitución, redactada en 1962, fue creada bajo un golpe militar y con el partido justicialista proscripto, y recordó un dato significativo: "Solo una mujer levantó la mano en esa constituyente, y era una jurista y abogada de Rafaela. Eso muestra lo necesario que es actualizar nuestra Constitución para reflejar una sociedad más inclusiva y moderna".

Según la legisladora, la nueva Constitución será "un puente hacia el futuro" y abordará cuestiones clave como la reducción de privilegios en la política, una justicia más transparente y eficiente, y mejoras en seguridad. "Queremos una Constitución que no solo contemple los desafíos actuales, sino que prepare a Santa Fe para las próximas décadas", expresó con convicción.

Día histórico: Senado sancionó la ley para Reformar la Constitución de Santa Fe

Mirá la nota completa:

El oficialismo logró hoy emitir dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la iniciativa que presentó el gobierno del presidente Javier Milei para avanzar en modificaciones en áreas económicas, financieras, laborales y sociales.

Pasadas las 15.30, La Libertad Avanza había cosechado 61 firmas, entre los diputados de La Libertad Avanza, el PRO y un sector mayoritario de la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF). Ahora los cañones apuntan a lograr la media sanción en la sesión programada para el lunes 29 y martes 30 de abril.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo, y dentro de HCF los cinco diputados de la Coalición Cívica firmaron su propio dictamen de minoría, al igual que los dos socialistas santafesinos (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Margarita Stolbizer.

La reunión de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja comenzó pasadas las 12.40.

El flamante presidente de la comisión de Legislación General (cabecera del debate), Santiago Santurio, expresó el optimismo del oficialismo: “Después de mucho trabajo y esfuerzo estamos llegando a los acuerdos necesarios para seguir avanzando con esta legislación”.

A continuación, el diputado de La Libertad Avanza Marcelo Llanos calificó la Ley Bases como “sumamente importante para el futuro de la Argentina”, y destacó el diálogo “fructífero” que se logró entre el oficialismo y algunos bloques de la oposición para arribar a consensos.

A su turno, el radical Lisandro Nieri resaltó “la importancia de darle a un gobierno que comienza las herramientas necesarias” para gobernar, aunque marcó algunos “diferencias y observaciones”.

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El diputado del PRO Damián Arabia coincidió en que resulta “necesario y relevante que este Congreso le otorgue al Poder Ejecutivo herramientas específicas para que este proceso sea logrado”.

“Sobretodo quiero destacar la incorporación de una reforma laboral que a todas luces es estrictamente necesaria. No es solamente un deseo, sino una necesidad”, consideró.

La primera polémica de la jornada se suscitó cuando el legislador del Frente de Izquierda Christian Castillo tomó la palabra y denunció que el oficialismo no había compartido con una “inmensa cantidad de diputados" el texto del dictamen que se estaba debatiendo.

“Quiero manifestar la perplejidad que tenemos varios de los diputados que estamos acá presentes porque se está haciendo una discusión sobre no sabemos qué texto. Esto es algo inédito, insólito, irregular e ilegal porque acá hubo diputados que hablaron al principio que dan cuenta de un texto que se va a debatir, pero sobre el que una inmensa cantidad de diputados y diputados que no tenemos la menor idea de cuál es”, recriminó.

También cuestionó que temas de la ley ómnibus como la reforma laboral y la eliminación de la moratoria previsional no hayan tenido el debate en las comisiones correspondientes (Legislación del Trabajo y Previsión Social, respectivamente).

En ese sentido, el diputado trotskista expresó una moción para ir a un cuarto intermedio hasta que todos los diputados del plenario tuvieran en sus manos el texto del proyecto del oficialismo.

La réplica llegó de parte de la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien le endilgó a Castillo desconocimiento del reglamento, ya que éste no permite pedir mociones en reuniones de comisión.

“Los que vamos a firmar el dictamen -que esperamos que sea de mayoría- conocemos el dictamen que vamos a firmar”, contestó, y dijo que está “muy tranquila con la legalidad de todo este proceso”.

Esta intervención generó la desaprobación de los diputados kirchneristas y de izquierda, quien expresaron su descontento haciendo sonar la mesa con sus palmas como si fuera un tambor.

“Lo que no ganen por los votos no lo van a ganar por la violencia que hagan en esta comisión”, lanzó Lospennato, desafiante.

Y al retomar el planteo de Castillo, agregó: “Nosotros tampoco conocemos el dictamen de la izquierda ni en el Unión por la Patria. Y esperamos no conocerlos, no nos interesa conocerlos”, insistió.

A su turno, Juan Manuel López (Hacemos Coalición Federal) reveló que la Coalición Cívica presentará su propio dictamen, aunque aclaró que comparte muchos aspectos de la ley ómnibus del Gobierno.

“Tenemos que terminar con una ley que empezó el 27 de diciembre que el oficialismo decidió mandar a comisión el 5 de febrero. Ya pasaron cuatro meses y medio y todavía el Congreso no sacó una sola ley. Este Congreso está en deuda”, se quejó.

“Espero que algún producto decente saquemos lo antes posible”, y señaló que es necesario para que Milei ya “no tenga excusas”.

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, invitó a los diputados de la oposición a firmar el dictamen del oficialismo.

“Es una ley que le da va a dar más libertad a los argentinos. Es una ley que le va a dar más herramientas al presidente Milei para cumplir con el mandato que le dieron los argentinos”, enfatizó el cordobés.

“Vamos a realizar una reforma profunda del Estado y se van a eliminar trabas y regulaciones que hoy están asfixiando a los argentinos. Se va a terminar con entes y organismos que no cumplen con las funciones que necesitan los argentinos y sólo generan gastos", mencionó

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, calificó el estado de debate actual de la ley ómnibus como un “déjà vu” del proceso de discusión en los meses de enero y febrero cuando se cayó el tratamiento del primer dictamen en el recinto de la Cámara baja.

El santafesino opinó que ese dictamen había sido negociado “la mitad en el hotel Savoy y la otra mitad en un departamento de Recoleta con empresarios”.

A los diputados de la oposición que van a firmar el dictamen del oficialismo, Martínez les dijo que “digan la verdad” y admitan que el proyecto “es igual de dañino para la democracia argentina que el que teníamos en el mes de febrero”.

“Las reformas administrativas son igual de dañinas y perversas que el dictamen anterior”, añadió Martínez, que también criticó el capítulo que habilita la intervención y disolución de organismos públicos, el de privatizaciones y la reforma laboral.

El Diputado Nacional por Santa Fe, Roberto Mirabella, en conjunto al Diputado Nacional por Buenos Aires, Ramiro Gutiérrez presentaron proyecto de Ley que busca penalizar a quienes introduzcan aparatos tecnológicos y armas en las cárceles

Acompañé a @ramir_gutierrez en el Proyecto de Ley "Violación de Seguridad en Carceles" que busca tipificar en el Código Penal el delito de introducir elementos prohibos en las cárceles.

Mirabella resaltó “Resulta imperativo abordar de manera integral y urgente la problemática relacionada con la introducción de objetos, dispositivos, armas y sustancias peligrosas en los establecimientos penitenciarios” “Hasta ahora la introducción o tenencia de artículos no permitidos o prohibidos dentro de las cárceles constituye una simple falta administrativa para los funcionarios y una pérdida de beneficios a los que pueden acceder los privados de libertad” añadió el Diputado Nacional.

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El proyecto tiene como objetivo tipificar en el Código Penal el delito de introducir elementos prohibidos en las cárceles, como ser teléfonos celulares, tarjetas SIM, o cualquier otro artefacto tecnológico, así como también cualquier elemento, sustancia tóxica, explosivo, arma o todo instrumento capaz de atentar contra la seguridad y la vida.

Mirabella detalló “La pena será de 1 a 3 años para quien ingrese o intente ingresar al establecimiento penitenciario cualquier elemento sin autorización y se elevará hasta 4 años, con inhabilitación por el doble de tiempo, si la conducta es ejercida por un abogado, procurador o funcionario público”. Además, agregó “La tenencia y uso no autorizado de cualquiera de dichos elementos por el interno o detenido será reprimida con prisión de 2 a 5 años”.

Adjunto Proyecto Completo: https://t.co/Gq1OZNt6hL

Por último, el Diputado santafesino concluyó: “Como legisladores, debemos actuar con determinación y firmeza para abordar esta situación, promulgando una reforma que establezca sanciones duras para los responsables de este tipo de delitos y fortalezca los mecanismos de prevención y control en el sistema penitenciario.” “Solo de esta manera podremos garantizar la seguridad y la justicia en nuestra sociedad” finalizó.

Los legisladores dialogaron durante 11 horas hasta que se aprobó el cuarto intermedio. Hubo incidentes en las manifestaciones afuera del Congreso.

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La Cámara de Diputados inició este miércoles el debate por la ley de Bases, popularmente conocida como ley ómnibus, y su media sanción se encamina tras una intensa jornada de discursos e idas y vueltas entre los legisladores.

Pasadas las 21, y a pedido del jefe de bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, el recinto votó mayoritariamente en favor de un cuarto intermedio para congelar las disertaciones individuales hasta el jueves.

De esta manera, los representantes volverán este a las 12 al Congreso de la Nación para reiniciar la discusión del megaproyecto impulsado por el presidente Javier Milei.

La actividad comenzó pasadas las 10 y se extendió hasta poco antes de las 22. La idea de flexibilizar la sesión merodeó durante todo el día en los pasillos del Palacio Legislativo, pero su confirmación llegó recién minutos antes de la propuesta en el recinto.

Esta decisión del oficialismo vuelve a sembrar incertidumbre con respecto al quórum, ya que deberá contabilizar otra vez uno por uno a sus aliados para que la sesión no se caiga, aunque descartaron sorpresas y se mostraron confiados.

La misma confianza mantienen en que el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos consiga luz verde. Sin embargo, la intriga se traslada a cómo quedará el articulado luego de las correcciones que se le apliquen en la votación en particular. Cuando se vote artículo por artículo, el oficialismo podría sufrir algunas derrotas.

En este punto, ya existen divergencias internas dentro de los propios espacios. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical plasmó sus diferencias entre sus dos referentes en el recinto: Rodrigo de Loredo y Facundo Manes.

De Loredo, presidente del bloque de la UCR, sostuvo que se le deben otorgar las facultades "por solo un año" a Milei porque "es lo que corresponde" y es "lo que han tenido otros presidentes". A su vez, indicó que el kirchnerismo también tuvo "superpoderes" y criticó que ahora utilicen una vara distinta a la hora de retacear la delegación de facultades al líder libertario.

Con palabras altisonantes y a los gritos, el cordobés cuestionó a quienes no le quieren ofrecer "facultades delegadas a un presidente que lleva 45 días".

Por otro lado, Manes afirmó que no acompañará la delegación de facultades propuesta en la ley ómnibus y se despegó de su par: "No cuenten con nosotros para facultades extraordinarias. Que nadie se confunda. Queremos un país moderno, próspero, integrado al mundo".

"Defendemos la economía de mercado, la iniciativa privada y se lo digo como médico, docente, científico y emprendedor, que da trabajo todos los meses", agregó Manes.

Y finalizó: “Queremos leyes modernas, queremos ser más eficientes y competitivos en la economía, queremos un Estado más eficiente, honesto, con menos regulaciones y que funcione, sobre todo que esté al servicio de la gente. La libertad que proclaman es una falsa libertad”.

Mientras tanto, el kirchnerismo y la Izquierda basaron sus discursos en que la ley de Bases es "contraria al interés de los argentinos" y que pretende beneficiar a los grandes empresarios. De hecho, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó la vuelta a comisiones del proyecto, pero en la votación nominal la moción fue rechazada.

Recibió solo 103 votos afirmativos y 149 rechazos, por lo que no prosperó la iniciativa impulsada por el kirchnerismo, que acompañaba también el Frente de Izquierda.

Por parte de LLA, una de las defensas más férreas a la ley la esbozó el miembro informante del oficialismo, Gabriel Bornoroni, que calificó como un "shock de libertad para los argentinos". El presidente de la comisión de Legislación General, que fue cabecera del plenario de comisiones, destacó que pasaron por allí doce altos funcionarios nacionales y 200 representantes de distintos sectores de la sociedad civil, de todas las provincias.

"Este paquete tuvo modificaciones y eso es volver a las bases de 1853 y a los principios de la libertad de los argentinos".

"Estamos convencidos que será aprobada", concluyó el diputado de La Libertad Avanza. Por lo tanto, de no haber mayores divergencias, La Libertad Avanza se encamina a conseguir la aprobación general mañana.

El Gobierno anunció cambios en políticas alimentarias: aumentos en Tarjeta Alimentar y nueva tarjeta para comedores

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Los cambios que introdujo el Senado al proyecto de Ley de Alquileres fueron tratados hoy en comisión en Diputados donde obtuvo dictamen, pero existen dudas sobre si se incluirá en la próxima sesión, en medio de una fuerte tensión entre los bloques oficialista y de Juntos por el Cambio debido a la cercanía de las elecciones presidenciales de este mes.

Esto último se hizo palpable sobre el final de la reunión de la comisión de Legislación General, cuando las diputadas Karina Banfi (JxC) y Paula Penacca (Frente de Todos) se cruzaron fuerte y se acusaron mutuamente de "chorra".

Si bien el oficialismo convalidó con su mayoría las modificaciones que incorporó el Senado la semana pasada y despachó este miércoles el dictamen de comisión, no tiene asegurada la mayoría para imponerlo en el recinto. Juntos por el Cambio se encuentra con en el mismo problema, ya que tampoco tiene garantizados los votos para ratificar y convertir en ley el texto que aprobó la Cámara baja.

Diputados tiene dos alternativas, que son reivindicar el texto original que aprobó en agosto pasado o bien aceptar los cambios propuestos por el Senado.

El bloque de JxC propone volver al plazo de dos años para la vigencia de los contratos de alquiler con actualizaciones cada cuatro meses y libertad para elegir el índice entre las partes, pudiendo optar por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), o bien una combinación de todos ellos.

El Senado modificó tres aspectos de este tema, ya que por un lado mantiene la vigencia de los contratos en tres años (como la ley actual); propone ajustes semestrales y la aplicación del llamado "Indice Casa Propia" para la actualización de los valores del alquiler, que considera el menor índice entre la variación salarial y la inflación del último año.

Actualmente, se utiliza el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central. Asimismo, establece que los contratos deben celebrarse en moneda nacional.

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En ese marco, los dos bloques mayoritarios no se atreven a anticipar si este tema sensible que afecta a unos ocho millones de inquilinos formará parte del temario de la sesión que se celebrará la semana próxima, a pocos días de las elecciones.

La tensión política quedó en evidencia durante todo el encuentro en la Cámara baja, cuando el diputado Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, metió presión a sus colegas de La Libertad Avanza (Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo) para que se plieguen a la postura de JxC. Ante eso, el titular de la bancada del FdT, Germán Martínez, le reprochó que "es una vergüenza apretar a colegas públicamente".

Previamente, el diputado oficialista Eduardo Toniolli se refirió a JxC como "oposición pedorra", a lo que integrantes del espacio opositor le respondieron: "Andá a defender a (Martín) Insaurralde", quien está en el centro de la escena tras sus escandalosas vacaciones en un yate en Marbella junto a la modelo Sofía Clerici.

Por último, el clima volvió a caldearse cuando Banfi le gritó "chorros" a los oficialistas y Penacca le contestó: "Vos sos chorra".

El diputado nacional y candidato presidencial expresó su posicionamiento favorable al proyecto asegurando que “voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político”.

El diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, anticipó que acompañará el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias impulsado por el oficialismo y anunciado la semana pasada por el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

El líder libertario adelantó su voto favorable a la iniciativa esta mañana durante un encuentro con empresarios del sector energético pertenecientes al Club del Petróleo, asegurando que “voy a votar siempre que se bajen impuestos, no me importa ningún cálculo político”.

De esta manera, Milei se diferencia del rechazo que manifestaron previamente desde el bloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC) en un comunicado difundido la semana pasada, donde expresaron que no acompañarán "el camino a la hiperinflación de Massa".

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La reforma de Ganancias obtuvo dictamen de mayoría en la jornada de ayer luego de su debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, liderada por Carlos Heller, y se tratará en sesión especial de la Cámara Baja este martes desde las 13 por iniciativa del bloque de diputados oficialistas.

El debate en el recinto será acompañado por una movilización en las inmediaciones del Congreso de las organizaciones sindicales, encabezadas por la CGT y la CTA, que respaldan el proyecto del Gobierno.

Con la confirmación del voto de Milei en la exposición ante los principales empresarios de la industria petrolera, se despeja la duda sobre cuál será su posicionamiento y el de su compañera de fórmula y de bancada Victoria Villarruel.

El acompañamiento liberal alimenta las chances del oficialismo que confía en obtener los votos para darle la primera sanción al proyecto y girarlo al Senado para su aprobación definitiva.

La reforma impulsada por Massa busca eximir del pago del Impuesto a las Ganancias al grueso de los trabajadores, elevando el mínimo no imponible para los ingresos que superen los $1.770.000 brutos, lo que equivale a 15 sueldos mínimos mensuales. De esta manera, sólo estarían alcanzados por Ganancias 88.000 contribuyentes.