La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) manifestó este miércoles su “preocupación” por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la ley de Inteligencia Nacional e instó al Congreso a “rechazarlo por violar la Constitución Nacional”.

El presidente de la entidad, Juan Pablo Zanetta, expresó que el DNU realiza cambios profundos al Sistema de Inteligencia “sin cumplir con el imprescindible debate parlamentario y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado en detrimento de las libertades individuales de la ciudadanía”.

X Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) 

Las Comisiones de Derecho Constitucional y de Política Criminal y Seguridad de la Asociación de Abogados “analizaron exhaustivamente la norma y es por esta razón que concluimos que el DNU 941/2025 excede el marco del art. 99.3 de la Constitución Nacional, lesiona derechos fundamentales y debilita las instituciones democráticas”, se indicó en un comunicado.

“La posibilidad de detener personas sin el debido control judicial atenta contra las libertades públicas y corroe el Estado de Derecho, este tipo de atribuciones desmedidas a organismos de Inteligencia son impropias de gobiernos liberales, insistió Zanetta.

AgenciaNA

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron una “acción de amparo” para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad” y “nulidad absoluta” del DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia y amplia las facultades de la SIDE.

“Junto a Monica Frade y Esteban Paulón presentamos una acción de amparo contra el DNU 941/2025 sobre la Ley de Inteligencia, solicitando que se declare su inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable”, publicó hoy Ferraro, presidente del bloque de la Coalición Cívica, en la red social X.

X Maximiliano Ferraro

Ferraro y Frade, de la bancada de la Coalición Cívica, y Paulón, de Provincias Unidas, sostienen que en el dictado del DNU publicado el 31 de diciembre último “no hubo ni hay necesidad ni urgencia”, que lo justifiquen.

“El Congreso -afirman los diputados- está en condiciones de sesionar y una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”, aseveran.

El DNU 941/2025 modifica de manera sustancial la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional sin la intervención del Congreso, y autoriza a los agentes de inteligencia de la SIDE a detener personas, algo que solo está en facultar de la policial por orden de la Justicia y que la normativa actual prohíbe.

Los legisladores argumentan ante la Justicia, asimismo, que no hay necesidad ni urgencia cuando “el Congreso está en condiciones de sesionar” y afirman que “una temática como esta requiere deliberación, equilibrio y control. Eludir este procedimiento debilita la legitimidad democrática de la norma”.

Ferraro, Frade y Paulón sostienen en su recurso de amparo que el DNU cuestionado resulta “violatorio de los artículos 99 inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina y del 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

“La disposición del Poder Ejecutivo que se cuestiona no cumple con los presupuestos para el dictado de los DNU, toda vez que en sus fundamentos no se invocaron razones de urgencia alguna", sostienen en su escrito ante la Justicia.

Además recalcan que se “vulneró la limitación de incluir materias penales o procesales penales, como la habilitación de aprehensiones por parte del personal de inteligencia, que fueron expresamente vedadas por la norma constitucional invocada”.

El Gobierno Nacional prepara una reforma para otorgar mayor poder a la SIDE para concentrar todo el sistema de inteligencia, donde se establecen que toda las tareas serán “encubiertas” y se habilitara aprehender personas con una orden judicial o cuando están en situación de “flagrancia”.

Esa reforma se efectuará a traves de un DNU que podría ser publicado mañana donde  le da mas poder a la SIDE-que conduce Cristian Auguadra, señalaron fuentes oficiales .

De acuerdo al texto, se establece en el articulo 2  que "todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”.

Otro de los artículos que ya despertaron críticas de la oposición es el 19 que fija que "los órganos del Sistema Nacional de Inteligencia proporcionarán su propia seguridad y protección de las instalaciones, bienes, personal, operaciones e información, encontrándose habilitados a repeler y/o hacer cesar las agresiones que los pongan en riesgo. Lo podrán hacer en toda instalación,durante el desplazamiento, o en los lugares donde se desarrollen las actividades de inteligencia, ya sea en forma permanente, transitoria o circunstancial"

“En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”, destaca

Uno de los cambios impulsados por el DNU es que la Agencia de Seguridad pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, la Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la a División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoria General de Inteligencia.

Fuentes oficiales señalaron  que la reforma “moderniza, ordena y legitima el Sistema de Inteligencia Nacional: lo integra al Estado, lo separa de funciones policiales, lo adapta a amenazas contemporáneas y lo somete a mayores controles, con el objetivo de mejorar la capacidad estratégica del Poder Ejecutivo”.

Establece que los titulares de los órganos desconcentrados serán designados por el Secretario de Inteligencia, reforzando la conducción jerárquica y el control interno del sistema.

Aclara que “el sistema no cumple tareas policiales ni judiciales, sino que produce inteligencia estratégica para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo” y "brinda respaldo legal al personal, definiendo con precisión qué está permitido y qué está prohibido.

Señala que los principales ejes de la reforma son la creación de  un ámbito de integración funcional permanente, bajo conducción de la SIDE, para “compartir inteligencia entre todos los organismos especializados del Estado”.

Otro aspecto central es la separación entre las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad que pasará a depender de la Jefatura de Gabinete.

El Centro Nacional de Ciberseguridad que funcionará en la Secretaria de Innovación dentro de la Jefatura de Gabinete se ocupará de la protección de redes, sistemas y activos, mientras que la ciberinteligencia  que estará en la orbita de la SIDE.

En el DNU se especifica que la Agencia de Seguridad Nacional “se reorienta exclusivamente a la contrainteligencia, evitando superposición con la Policía Federal y dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad”

En ese contexto se define a la contrainteligencia como la forma preventiva, a detectar y analizar: espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia extranjera" con el fin de adaptar el marco normativo a “las nuevas formas de amenaza tecnológica, política y cognitiva”.

La reforma por DNU habilita formalmente que la inteligencia pueda solicitar apoyo técnico o logístico de Fuerzas Armadas, fuerzas federales y policías, “sin confundir funciones, para optimizar recursos y capacidades”

También elimina la Dirección Nacional de Inteligencia de Estratégica Militar y se establece que la producción de inteligencia estratégica militar queda a cargo del Estado Mayor Conjunto.

Ese DNU deberá ser tratado en el Congreso por la Comisión Permanente de Tramite Legislativo  que tiene diez días hábiles para tratar ese decreto, luego que el Gobierno lo envíe al Parlamento.

El Gobierno debe comunicar el DNU en un plazo de 10 días hábiles, según lo establece la ley 26122.

En ese contexto, el diputado Esteban Paulon dijo a Noticias Argentinas que el “Congreso tiene la obligación moral y legal de rechazar este DNU. La inteligencia debe servir para proteger a la Nación de amenazas externas, no para vigilar a los ciudadanos de a pie. Defendamos la libertad, pero la de verdad”.__IP__

Destacó que luego de cumplirse los días para que sea tratado en comisión  “nosotros lo podríamos rechazar después del décimo día por votación mayoritaria en ambas cámaras”

AgenciaNA

La oposición no pudo convertir en ley el proyecto que regula el uso de los DNU debido a que una quincena de legisladores del PRO, de Desarrollo y Coherencia, Democracia para Siempre, de la UCR, de Encuentro Federal y la Coalición Cívica modificaron su voto en el articulo 3, con respecto a la votación en general.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre que impulsaron su debate habían logrado  por 140 votos, pero esa suma bajo a 127 en el articulo 3 con lo cual no tuvo la mayoría absoluta.

Uno de los datos centrales es que legisladores que responden a los gobernadores de Provincias Unidas Maximiliano Pullaro (Santa Fé), Ignacio Torres (Chubut) y de Corrientes Gustavo Valdes, cambiaron su voto entre la votación en general y el artículo 3.

El artículo 3 establece que si el Congreso Nacional no aprueba en 90 días ese DNU pierde su vigencia.

Los diputados que votaron a favor de la aprobación en general y luego lo hicieron en contra fueron: Eduardo Falcone y Oscar Zago el MID, Carlos D'Alessandro y Gerardo González de Coherencia, del PRO Álvaro González, Sofia Brambilla, y Héctor Baldassi.

Los tres diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López, Victoria Borrego y Marcela Campagnoli, habían votado a favor y luego se abstuvieron.

La misma postura adoptaron los  radicales Karina Banfi, y Fabio Quetlas, quienes votaron a favor y luego se abstuvieron en el artículo tres.

Los diputados que votaron a favor y luego se ausentaron en la votación fueron Facundo Manes de Democracia para Siempre y Tania Bertoli de Unión por la Patria.

La macrista Silvia Lospennato estuvo ausente en la votación en general pero luego votó en contra del artículo 3

Los diputados que se abstuvieron en general y luego votaron en contra del artículo 3 fueron: Ana Clara Romero (PRO), Jorge Avila (Encuentro Federal) Melina Giorgi (Democracia para Siempre), y Ricardo López Murphy.

En la votación en general los opositores habían logrado 140 votos que fueron aportados por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, cuatro de la UCR, tres del PRO, y seis del Desarrollo y Coherencia. 

En tanto, junto a La Libertad Avanza rechazaron el proyecto sancionado por el Senado, el grueso del PRO, Liga del Interior, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, y los radicales Pamela Verasay y Lisandro  Nieri que responden al gobernador Alfredo Cornejo NA

Tras conseguir un ajustado quórum, la oposición busca esta tarde convertir en ley el nuevo régimen de decretos de necesidad y urgencia, que apunta a poner en jaque la capacidad del presidente de gobernar a través de esa vía discrecional.

Si bien el temario es amplio e incluye interpelaciones y pedidos de informes verbales a altos funcionarios del Poder Ejecutivo, el asunto que más desvela a la Casa Rosada es la reforma de la ley 26.122 que regula los DNU, y que de promulgarse le permitirá a la oposición voltear los decretos con el rechazo de una sola cámara.

La normativa vigente sobre DNUs fue diseñada en su momento por la entonces senadora Cristina Kirchner para apuntalar la lógica de hiper presidencialismo en beneficio del entonces presidente Néstor Kirchner, lo cual hizo que fuera casi imposible para las oposiciones de turno la derogación de decretos del Poder Ejecutivo.

Con la modificación propuesta, los DNU tendrán una vigencia de apenas tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial, y el oficialismo tendrá ese plazo para conseguir su convalidación en los plenos de ambas cámaras de modo tal que los efectos jurídicos de esos decretos queden en pie una vez transcurrido ese período.

A la inversa, la oposición ya no necesitará mayorías en ambas cámaras para derribar los decretos y le bastará con rechazarla en una sola para derogarlos.

En caso de que los decretos sean derogados, el Poder Ejecutivo no podrá disponer un decreto que verse sobra la misma materia hasta el siguiente año parlamentario.

Además, con la reforma planteada -que viene con media sanción del Senado- quedaría prohibido que un mismo decreto verse sobre más de una materia, algo que sucedió, por ejemplo, con el polémico y resistido mega DNU 70/2023.

El presidente del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, aseguró que el proyecto para regular los DNUs “no es iniciativa contra el Presidente Javier Milei” sino que permitirá tener “una democracia de consenso”.

El veterano diputado recordó que le tocó defender la iniciativa aprobada en el 2006 y sostuvo que ahora “es imprescindible tener un nuevo instrumento que sea tratado con la seriedad y responsabilidad”.

Pichetto señaló que “la utilización desmedida del DNU, rozando materias que no son pertinentes, obligan a un debate”, agregó y destacó que “no es una iniciativa contra el Gobierno”"

Por su parte, el diputado de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz se expresó en contra de la reforma opositora y atribuyó la iniciativa a una maniobra para “desestabilizar al Gobierno” y “generar la mayor inseguridad jurídica que puedan”.

Sobre los DNU, el santafesino afirmó que “la urgencia es una valoración política” y “no una valoración jurídica”, agregó que “tienen naturaleza legislativa”. 

“En consecuencia, esta intención de querer consagrar la caducidad automática de los DNU va contra el sistema constitucional argentino”, sostuvo.

“Mas allá de las buenas intenciones que dicen tener y que yo me permito dudar, no pueden modificar el diseño constitucional”, agregó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

En ese sentido, Mayoraz manifestó que la reforma del régimen de DNU por parte de la oposición “va en contra de la Constitución”.

Por otro lado, explicó que no hay nada en la Constitución que exprese que un DNU tenga que limitarse a versar sobre una “materia única”.

“Me llama la atención que todos quieren cambiar la ley cuando no les toca gobernar”, concluyó el diputado libertario.

Lo que se pensó como excepción terminó volviéndose norma: entre 2011 y 2024, en la Argentina se dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia cada tres leyes sancionadas. Así lo revela un informe publicado en vísperas de la sesión que miércoles tendrá Diputados donde buscará discutir un proyecto con media sanción del Senado que limita el uso de esta herramienta mediante la modificación de su régimen legal.

Titulado "De la excepción a la regla. Un análisis de los decretos de necesidad y urgencia dictados desde 2011 hasta la actualidad”, el documento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con autoría de Patricio Méndez Montenegro, traza una recopilación del 344 DNUs emitidos durante las presidencias de Cristina Fernández en su segundo mandato, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei en su primer año al frente del Ejecutivo.

El informe da cuenta del desequilibrio en el recayó el sistema de contrapesos que buscó introducir la reforma constitucional de 1994, advirtiendo que si bien se buscó atenuar el presidencialismo, los sucesivos mandatos terminaron por sobredimensionar las atribuciones del Ejecutivo por sobre las del Legislativo.

"Las decisiones estatales pierden su componente deliberativo y participativo en la medida en que los DNU se dictan unilateralmente, sin ningún proceso de intercambio con las diversas fuerzas políticas y los distintos actores sociales", señala como extralimitaciones de uno de los tres poderes del Estado que, en principio, no tiene la potestad de legislar.

"Si a principios de los años ‘90 las extraordinarias facultades en cabeza del Poder Ejecutivo eran señaladas como responsables institucionales de la atrofia del sistema de frenos y contrapesos y de las crisis recurrentes de la democracia argentina, el abuso de esta herramienta sigue siendo una de las grandes deudas pendientes para la creación de una práctica constitucional virtuosa", indica el informe como conclusión del período reciente que analiza.

El informe analiza cómo los gobiernos se valieron de este instrumento, evidenciando que pese a tener distintos signos políticos se repitieron en "gobernar por decreto" dictando un total de 344 entre 2011 y 2024. Las cuatro presidencias analizadas comparten una serie de medidas vía DNU como las ampliaciones presupuestarias y la reforma a la Ley de Ministerios, aunque difieren en cantidades y alcances por impronta propia o contexto.

El primero en la serie es el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015). Fue el que menos DNU registró entre los analizados: 47 en total, enfocados principalmente en programas sociales como el Progresar y el Procrear, y para avanzar con estatizaciones como en los casos de YPF, Belgrano Cargas y Ciccone.

Por vía de decretos, la entonces presidenta también puso en marcha cinco fondos fiduciarios, un mecanismo criticado por su opacidad y por quitarle al Congreso el control sobre la asignación de recursos públicos. “Estos fondos invierten las jerarquías y las atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo”, advierte el documento, señalando que potencia la discrecionalidad y debilita los controles.

Mauricio Macri (2015-2019) elevó la vara en cantidad: fueron 70 los DNU durante su gestión. El informe remarca que puso mayores esfuerzos en la justificación de su uso, aunque superando de todos modos los estándares de la Corte Suprema.

El análisis indica que hubo decretos de "gran trascendencia legal" como el número 257, que aplazó la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, y el número 62 que creó el el Régimen de Extinción de Dominio, para avanzar sobre bienes del narcotráfico y la corrupción. A su vez, otros los encuadra en la "impopularidad" de las medidas, como la suspensión de beneficios previsionales para escuelas privadas (DNU 258/2017), y para crear un fondo fiduciario para financiar la Cobertura Universal de Salud (DNU 908/2016).

Signada por la pandemia de Covid-19, la gestión de Alberto Fernández (2019-2023) lidera el ranking de DNUs emitidos: fueron 177 en cuatro años, el número más alto de todo el período. La excepcionalidad del contexto explica buena parte de ellos: el DNU 260/2020 estableció la emergencia sanitaria y marcó el inicio de una cadena de medidas de alcance nacional que definieron la cuarentena, el aislamiento y luego el distanciamiento social.

Se marca que como los demás, Alberto Fernández usó los decretos para reorganización de ministerios y regulaciones menores. Pero el informe señala, además, una continuidad con el gobierno de CFK, mediante la creación de programas sociales y de diferentes fondos fiduciarios para la implementación de programas con gasto público previstos para provincias.

Por último, se aborda el primer año de Javier Milei. Entre 2023 y 2024, el libertario firmó 50 DNU y uno de ellos de gran repercusión institucional, que resuena hasta la fecha: se trata del llamado Mega DNU 70, que significó "una reforma legislativa masiva y sistémica del ordenamiento jurídico argentino", al derogar y modificó más de 300 normas en materia económica, laboral y social.

“Fue una novedad en la práctica institucional argentina, por la magnitud y la cantidad de regímenes afectados”, apunta el informe, recordando que hasta entonces los DNU eran de alcance determinado, regulando un solo asunto por texto, con excepciones puntuales como el DNU 95/2018 de Macri o el 260/2020 de Alberto Fernández.

Durante el breve período libertario, el análisis repara también sobre una serie de decretos destinados a la intervención, reorganizacion y financiación del sistema de inteligencia. En particular, en el relativo a la financiación, recalca que fue un DNU "rechazado por ambas Cámaras del Congreso, por primera vez en la historia".

El informe también se inmiscuye en las dinámicas de control posterior por parte del Poder Legislativo, tanto en lo relativo a la Comisión Bicameral Permanente como al plenario de las Cámaras.

En cuanto al rol de la Comisión en el control de los DNU destaca que dictaminó en muy pocos casos. "Desafortunadamente, no funciona como un ámbito de discusión y deliberación rigurosa sobre las condiciones de validez de los DNU", indica. Y completa: "Del análisis de sus pronunciamientos surge que no existe un estudio pormenorizado de los méritos de cada decreto, lo que dificulta su tratamiento informado y detallado".

"Independientemente del comportamiento adoptado por la Comisión, cabe destacar que del total de 344 decretos, 233 (67,7%) no fueron rechazados ni aprobados por el Congreso, 104 fueron aprobados por una sola Cámara (30,2%), 2 por ambas (0,6%), 4 lograron el rechazo del Senado (1,2%), y solo 1 fue rechazado por las dos Cámaras, dejando de producir efectos (0,3%). Salvo aquellos que fueron posteriormente derogados por otra norma, el resto se mantuvo vigente", resalta el informe.

Respecto al rol del pleno de las Cámaras menciona que solo en una oportunidad del período analizado rechazó un decreto, "incumpliendo sistemáticamente" la obligación de intervenir luego del dictamen de la Comisión Bicameral o ante su ausencia, que en la práctica implica una aprobación tácita frente al silencio legislativo.

Mauro L. Muñoz - El Litoral

El debate del Presupuesto 2026 y de la regulación de los DNU monopolizarán esta semana la agenda parlamentaria en la Cámara Diputados, en un escenario de fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

Si bien la oposición tenia aspiraciones de convocar para una sesión para el próximo miércoles, decidieron postergar una semana su objetivo de sesionar, porque aún existen diferencias sobre el temario.

Fuentes parlamentarias también señalaron que aún existen diferencias sobre las iniciativas que llevarán al recinto de sesiones, dado que la intención de Unión por la Patria, un sector de Democracia para Siempre y de  Encuentro Federal, quieren votar un emplazamiento para que las comisiones traten los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aprobar una moción de censura.

Hay diputados radicales y provinciales que no quieren impulsar el desplazamiento de Francos ya que sostienen que sería perder al funcionario mas dialoguistas del Gobierno Nacional, aunque critican el decreto donde se estableció no se aplicará la ley hasta que el Congreso Nacional diga cual serán las partidas que se reducirán para aplicar esa ley..

A eso se suma que aún no están los votos para insistir con la ley que establece la Coparticipación Federal de los ATN, ya que se rechazó el veto en el Senado, pero que en diputados se aprobó por 142 votos contra 90, con lo cual no alcanzó los dos tercios de los votos.

En este escenario, la oposición buscará centrarse en los debates de la ley de DNU que se debatirá el martes a las 14 y donde los bloques del peronismo, radicales, y provinciales tienen los votos para emitir dictamen favorable al proyecto sancionado por el Senado.

En ese contexto, los bloques opositores buscarán avanzar el martes en el dictamen sobre la ley que restringe el uso de los DNUs, ya que establece que si no se ratifican en un plazo de 90 días quedan derogados y si una cámara lo rechaza también pierden vigencia, pero no los efectos jurídicos.

Otro tema que concentrará la atención de los legisladores será la apertura de la ronda de consultas sobre el Presupuesto 2026-que preside José Luis Espert, ya que concurrirá el miércoles a las 13 el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Pero el tema clave que concentrará la atención de los diputados será la comisión de Presupuesto, donde la semana pasada no hubo acuerdo sobre los funcionarios que quiere convocar la oposición que reclaman la presencia de Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Biasuli..

La semana pasada la oposición advirtió que si La Libertad Avanza se resiste a invitar a la comisión de Caputo, y a Biasuli, buscarán aprobar un emplazamiento en la próxima sesión para establecer el cronograma de trabajo y la fecha del dictamen.

Otro punto que genera tensión es la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina que podría implementarse a través de un swap, que es un acuerdo entre bancos centrales, y que la oposición quiere que se debata en el Congreso pero el  Gobierno señala que no hace falta, ya que tampoco se hizo cuando se utilizó el mismo sistema con China.

Por lo pronto, en la primera reunión  Guberman se referirá a los datos macroeconómicos del Gobierno sobre inflación, dólar, recaudación, y gastos, que son rechazados por la oposición.

El oficialismo también buscará invitar a varios funcionarios para tratar de estirar las reuniones informativas hasta conocer los resultados de la elección de octubre con la esperanza de, tras el recambio, tener una mayor cantidad de legisladores para mejorar las tratativas con los bloques dialoguistas y gobernadores.

Pero en forma independiente del resultado de la elección donde podría mejorar la cantidad de legisladores que tenga su bloque desde el 10 de diciembre, LLA necesitará enhebrar acuerdos con los gobernadores dialoguistas para emitir el dictamen de mayoría y lograr su aprobación en el recinto de sesiones.

Si se trata previo a la elección como quieren los opositores, la LLA deberá enhebrar acuerdos con la mayoría de los bloques para tener dictamen de mayoría ya que tiene solo tiene 6 de los 49 miembros, y el peronismo con la izquierda suman 21 voluntades.

Legisladores peronistas,  provinciales y algunos radicales y del PRO  reunieron una amplia mayoría en el Senado para reformar la ley de regulación de los DNUs, lo cual permitirá que el Congreso pueda derogar esa norma con el voto de una sola de las cámaras del Parlamento Nacional.

El proyecto que ahora será girado a Diputados fue respaldado por 56 diputados a favor, 8 en contra y dos abstenciones de los senadores misioneros del Frente de la Concordia Social.

Los legisladores del radicalismo de Mendoza, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, de Chaco Víctor Zimermann, de Santa Fé Carolina Losada, estuvieron ausentes en la votación.

Se trata de los senadores de provincias que tienen acuerdos electorales con la Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Tampoco estuvo presente el legislador del PRO de Córdoba Luis Juez.

Los senadores que votaron en contra son los seis de la LLA el veto fueron Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagoto, Ivana Arrascaeta, Bruno Lucero y Vilma Bedia, Francisco Paoltroni (Trabajo, Libertad y Progreso) y del PRO, Carmen Alvarez Rivero.

La iniciativa fue respaldada por 33 legisladores del peronismo, 9 de la UCR, 5 del PRO, 2 de Unidad Federal, 2 de Por Santa Cruz, , 2 de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Rio Negro, Movimiento Popular Neuquino,  de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).

El Senado sesionará este jueves desde las 11 para votar el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad y un proyecto de ley para regular los Decretos de Necesidad de Urgencia.

De esta manera, el Gobierno Nacional sufrirá un duro golpe, ya que hace 22 años que el Parlamento no insiste con una ley aprobada por el Congreso, ya que el último veto rechazado fue en abril de 2003.

La Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de discapacidad el pasado 20 de agosto, votada por 172 contra 73 votos y tres abstenciones el pasado 20 de agosto y mañana hará lo propio el Senado, con lo cual quedará vigente la ley de emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.

La decisión de debatir el veto a la ley de emergencia en discapacidad y una reforma de la ley sobre DNU se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria, donde se discutió el temario de la sesión citada para mañana a las 11, informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.

Durante la sesión también habrá cinco cuestiones de privilegio donde se objetará la decisión del Gobierno de denunciado a periodistas y logrado conseguir que el magistrado Alejandro  Maraniello, que prohibió la difusión de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Las principales críticas están dirigidas a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió la denuncia contra los periodistas y pedir el allanamiento de  los estudios de Carnaval Streaming y de los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Toviggino, y Mauro Federico .

La ley de discapacidad aprobada por el Congreso declara la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2026, y  actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde el 2023 a la fecha.

La oficina de Presupuesto del Congreso estimo que esta ley que contempla un actualización de las presiones y asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad tiene un impacto que oscila entre el 0,22% al 0,42% del PBI, ya que depende de la cantidad de altas que se produzcan hasta diciembre del 2026.

Un punto clave de esta ley es que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio y las personas que cobran este beneficio podrán trabajar mientras que no supere los dos salarios mínimos.

 Otro punto clave es que se deberá saldar la deuda con los prestadores y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, de acuerdo a los índices de la inflación que informa el INDEC.

DNU

El Senado debatirá el dictamen del proyecto que regula los decretos confluyeron el kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales, que buscan limitar así la herramienta que utilizó Milei a lo largo de estos meses para saltear al Poder Legislativo.

La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y solo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

 Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

El presidente Javier Milei utilizó cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) entre marzo de 2024 y junio de 2025 para ampliar el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de distintas áreas del Estado, destinando fondos millonarios a la compra de productos farmacéuticos y medicinales.

Las ampliaciones para la ANDIS ascendieron a 2,25 billones de pesos, mientras que las partidas adicionales para la adquisición de insumos medicinales en ministerios y entes públicos alcanzaron los 176.407 millones de pesos.

Además de los refuerzos presupuestarios a las carteras de Defensa, Seguridad y Salud, el DNU 594/2024, publicado en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2024, asignó recursos por 35 millones de pesos a la Autoridad Regulatoria Nuclear y 6,5 millones de pesos al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Lo llamativo es que ninguno de esos dos organismos tenía partidas destinadas a productos farmacéuticos y medicinales en el último Presupuesto aprobado por el Congreso (el de 2023, sancionado en 2022). En consecuencia, las partidas fueron incorporadas de manera excepcional por el Gobierno de Milei en 2024, según un informe elaborado por el Instituto Consenso Federal del diputado Alejandro Rodríguez.

En total, el jefe de Estado aprobó por DNU ampliaciones que engrosaron las cuentas de la ANDIS y sumaron fondos extraordinarios para compras de medicamentos en organismos que no contaban con esas previsiones en sus presupuestos originales.

Distintos bloques de la oposición en el Senado se pusieron de acuerdo y avanzaron con un proyecto unificado de reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia, que apunta a limitar su utilización por parte del Poder Ejecutivo.

La letra del texto fue acordada en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales y se conoció después de la sesión que hubo el jueves 21 en la Cámara alta, donde el oficialismo se anotó una nueva seguidilla de derrotas parlamentarias.

El tema intentó tratarse el año pasado en la Cámara de Diputados, cuando se emplazó a comisiones para dictaminar, pero nunca logró llevarse al recinto. Incluso por esos días, en octubre de 2024, el presidente Javier Milei salió a rechazar la idea y no dudó en decir que si fuera ley la vetaría, porque pese a no tratarse de una norma con costo fiscal, la considera "un golpe de Estado".

Ahora, la iniciativa por reformar la ley de la que fuera impulsora -cuando fue senadora- la ex presidenta Cristina Kirchner, y que terminó estableciendo el "blindaje" con que cuentan actualmente los DNU, viene con chances en el Senado y pronto podría debatirse en el recinto.

La transversalidad para avanzar en una modificación de la Ley 26.122, con el objetivo de limitar el uso que hace el Poder Ejecutivo de la herramienta de los decretos, se vio plasmada en las firmas que recogió el dictamen: Alejandra Vigo y Juan Carlos Romero, de Provincias Unidas; la larretista Guadalupe Tagliaferri; los radicales Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco; la rionegrina Mónica Silva; y José Neder, Mariano Recalde, Florencia López, Silvia Sapag y Daniel Bensusán, todos de Unión por la Patria.

El dictamen concilia los seis proyectos presentados inicialmente por Pablo Blanco (UCR), Martín Lousteau (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Eduardo Vischi (UCR), Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y Mariano Recalde (Frente Nacional y Popular), y Fernando Salino (Convicción Federal).

En el inicio de la reunión, la presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, recordó que "los DNU son instrumentos de excepción, contravienen con la idea de separación de poderes y de funciones; y estos proyectos expresan la necesidad del ordenamiento en el manejo de este trámite".

Por su parte, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, sostuvo que la facultad que contiene un decreto no puede ser usada como "un abuso de poder por parte de los distintos Poderes Ejecutivos" y le pareció relevante poder abordar y debatir "una reglamentación que nos permita estar más ajustado a derecho a lo que la prerrogativa constitucional nos habilita".

En coincidencia con la importancia de este debate y el arribo a un único dictamen para poder tratarlo en el pleno de una sesión a la brevedad, la senadora Guadalupe Tagliaferri (Pro) también recordó que con la actual ley, "hecha en el kirchnerismo en su momento, hoy es más fácil tener un decreto que una ley". En sintonía con ello, Pablo Blanco acotó que actualmente "se está pisoteando lo que dice la Constitución Nacional".

"Creo que el espíritu de la Ley debe ser la no destrucción del instrumento ni actuar por conveniencia, ya que nació para favorecer la emisión de decretos, no para regularlos" sostuvo el senador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Luego, el senador libertario Juan Carlos Pagotto propuso que "al tratarse de un asunto de extrema delicadeza por la gran cantidad de DNU que hay de todos los signos políticos", se citase a cuatro constitucionalistas con fines consultivos.

De acuerdo al despacho, uno de los cambios incorpora el artículo 1 bis a la Ley 26.122, de modo de establecer que los decretos de necesidad y urgencia, los delegados y los de promulgación parcial de leyes "deberán versar sobre una única materia a fin de que sean tratados individualmente por el Congreso de la Nación".

"Si la situación invocada requiriera el dictado de normas en más de una materia, cada una de ellas deberá ser objeto de un decreto individual", agrega, con el fin de evitar los "mega" decretos, como fue el DNU 70/2023, con el cual Milei inauguró su gestión.

Otra de las reformas es la incorporación del artículo 21 bis, que indica que "ambas Cámaras podrán abocarse aún durante el período de receso parlamentario al expreso e inmediato tratamiento de los decretos".

Una de las cuestiones centrales es la modificación del artículo 22, el cual se refiere al aval de los decretos por parte del Congreso. Los mismos se considerarán aprobados "cuando así lo dispongan expresamente ambas Cámaras por la mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de noventa 90 días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial". Actualmente, con el voto a favor de una sola cámara basta para que un decreto se ratifique, mientras que para ser anulado debe ser rechazado en ambas.

El texto añade que una vez votado en una cámara, dentro de las 48 horas deberá comunicarse el pronunciamiento a la otra.

En cuanto al artículo 24, la nueva redacción indica que "el rechazo del decreto por una de las Cámaras del Congreso de la Nación, o el vencimiento del plazo previsto en el artículo 22°, implicará su derogación", esto "quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia".

Además, "rechazado un decreto de necesidad y urgencia, o de delegación legislativa, el Poder Ejecutivo no podrá dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

Cómo es el sistema actualQué es un DNU: 

Un Decreto de Necesidad y Urgencia es una herramienta legislativa que la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, puso en manos del Poder Ejecutivo en el artículo 99 inc. 3, para situaciones excepcionales. Se utiliza cuando el Presidente de la Nación considera que es preciso tomar medidas rápidas para tratar temas de urgencia, que no se pueden demorar y pasar por todo el proceso legislativo habitual.

Qué dice la Constitución: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.", explica el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.

Cómo es el trámite: Cuando el Presidente emite un DNU, el Jefe de Gabinete debe elevarlo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, compuesto por miembros de ambas cámaras, 8 diputados y 8 senadores. La Constitución Nacional explica que el Jefe de Gabinete elevará la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días.

Vigencia y rechazo: El DNU entra en vigencia al momento de emitirse y dura mientras no sea rechazado por el Congreso. Para ello necesita el voto mayoritario de ambas cámaras. Esto sucedió por primera y hasta ahora única vez en la historia en septiembre de 2024, cuando el Congreso de la Nación rechazó el DNU 656/24, que otorgaba a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) fondos con carácter reservado. En marzo de ese mismo año el Senado votó en contra del llamado "mega DNU" 70, de desregulación del Estado; pero ese rechazo nunca llegó a tener correlato en Diputados y siguió en vigencia. Esto es por que, conforme a la ley sancionada en 2006 (que ahora se busca modificar), con que solo una de las cámaras apruebe el DNU, queda vigente. Y lo mismo ocurre si alguna de las dos no lo trata.

Por sí o por no: El Congreso no tiene poder para hacer modificaciones. La única intervención que tiene es aceptarlo o rechazarlo. 

Emerio Agretti - El Litoral

El Gobierno nacional oficializó hoy, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la eliminación de la jornada no laborable correspondiente al “Día del Trabajador del Estado”, que cada 27 de junio regía para los empleados de la Administración Pública Nacional.

Mediante el Decreto 430/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo derogó el artículo 2° de la Ley 26.876, que establecía esa jornada como asimilable a un feriado nacional para el sector público, en la cual no se prestaban tareas.

La medida se argumenta en la necesidad de garantizar una gestión pública “transparente, ágil y eficiente”, en un contexto donde ya existen 19 feriados nacionales en el año, y frente a una situación económica y social que “aún atraviesa un gran sector de la ciudadanía argentina”.

El decreto sostiene que “no es adecuado que la administración pública nacional no preste tareas durante el día señalado, mientras el resto de la población lleva adelante su jornada laboral con normalidad”, y remarca que el trabajo productivo es “la principal herramienta de crecimiento”.

Pese a que se restituye la actividad laboral para este viernes 27 de junio, el Gobierno aclaró que, por esta vez y con el fin de no perjudicar el cómputo de plazos legales, esa jornada no será considerada como hábil administrativa.

El texto fue firmado por el presidente Javier Milei y todos los ministros del gabinete nacional. Además, se instruyó a comunicar la medida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su análisis, conforme a lo que establece la Ley 26.122 sobre los DNU.

Por medio del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 340/2025 el gobierno de Javier Milei limitó el derecho a huelga, debido a que amplió las actividades consideradas esenciales.

Se trata de las actividades que deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical.

"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", afirmó artículo 3 de la normativa publicada hoy en el Boletín Oficial.

Y agregó que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare". 

Mientras que "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%".

El nuevo decreto del Gobierno amplió el listado de servicios considerados esenciales que, hasta ahora, sólo reconocía como tal a los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo.

A diferencia de lo que regía hasta ahora, la normativa incorporó actividades clave en sectores estratégicos como la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones. 

Se incluyeron como servicios esenciales: 

También,

Uno de los primeros representantes del sector sindical que salió a repudiar la medida fue el titular de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, quien lamentó que el Gobierno "intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/23 que ya ha sido declarado inconstitucional en dos instancias por la cámara laboral".  

                                                           X Hugo "Cachorro" Godoy

"Esta nueva ofensiva autoritaria, llevada adelante mediante un DNU, representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir", agregó en su cuenta de X.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) propuesto por el presidente Javier Milei, permitiendo al Gobierno avanzar en la negociación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La votación culminó con 129 votos a favor, 108 en contra y 6 abstenciones.

Tras la aprobación, el presidente Milei expresó su satisfacción en redes sociales con su característico "¡Viva la libertad, carajo!", acompañado de una imagen del tablero de votación. 

El ministro de Economía, Luis Caputo, hizo lo propio y compartió una selfie junto al mandatario.  En tanto a secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, celebrando el resultado con un escueto "129-108 VLLC!!!!".

Al mismo tiempo un comunicado de la Oficina del Presidente, expresó el agradecimiento del mandatario "a los 129 diputados, pertenecientes a la gran mayoría de los bloques políticos, quienes comprendieron el mandato de las urnas y dieron un mensaje a nuestros acreedores que demuestra madurez y grandeza: la lucha contra la inflación es una política de Estado en nuestro país"

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó, con 129 votos a favor y 108 en contra, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el presidente Javier Milei, que autoriza al Gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta medida busca estabilizar los mercados y avanzar en la liberación del mercado de capitales.

Apoyo parlamentario y votación

El oficialismo logró la aprobación del DNU gracias al respaldo de sus aliados y de la mayoría de los gobernadores. Partidos como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC-ARI), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Innovación Federal y parte de Encuentro Federal sumaron sus votos para alcanzar la mayoría necesaria. Por su parte, Unión por la Patria rechazó la medida, aunque algunos de sus miembros, como los peronistas de Catamarca, se ausentaron al momento de la votación.

Contexto económico y social

La aprobación del DNU se produjo en medio de protestas de manifestantes fuera del Congreso, quienes expresaron su descontento con las políticas económicas del Gobierno. Estas movilizaciones reflejan la preocupación de diversos sectores de la sociedad ante las medidas de ajuste implementadas por la administración de Milei.

Reacciones en los mercados

Tras la aprobación del decreto, la bolsa argentina experimentó una notable mejora, con un incremento del 4,52% en el índice S&P Merval. Además, la deuda soberana subió ligeramente y el riesgo país disminuyó, lo que indica una respuesta positiva de los mercados financieros a la posibilidad de un nuevo acuerdo con el FMI.

Próximos pasos

Con la aprobación del DNU, el Gobierno de Javier Milei está facultado para avanzar en las negociaciones con el FMI, buscando obtener fondos adicionales que permitan estabilizar la economía y cumplir con los compromisos de deuda existentes. Se espera que este acuerdo contribuya a la recuperación económica y brinde mayor confianza a los inversores

Una semana después de un miércoles negro, el Congreso Nacional vuelve a ser centro de atención política por lo que pude ocurrir dentro y fuera del recinto. Apenas siete días atrás se produjo el violento enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad que derivó en detenciones, destrozos y una larga lista de heridos, entre ellos, el reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra en grave estado de salud luego de recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno en su cabeza.

Para esta jornada, en la que se prevé un mayor número de manifestantes, en defensa de los jubilados pero también como una reacción a la respuesta policial de una semana atrás, el gobierno redobló las medidas de seguridad.

Por otra parte, después de los episodios ocurridos el 12 de marzo, cuando dos diputados que responden al libertarismo se fueron a las manos y varias legisladoras del mismo espacio cruzaron insultos, reproches y hasta un vaso con agua, es imposible anticipar en qué clima transcurrirá la sesión especial pedida por el cordobés Gabriel Bornoroni y otras firmas.

EL 

El Gobierno logró hoy el dictamen para habilitar la discusión del DNU 179/25, que lo autoriza a cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y mañana espera blindarlo en la Cámara de Diputados con un panorama alentador para la Casa Rosada.

La administración del presidente Javier Milei giró la semana pasada el decreto y pretendía que sea revisado y aprobado de manera exprés por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo el jueves pasado. 

Sin embargo, no contaba con las 9 firmas de 16, en total, para resguardar el DNU. Las consiguió en el inicio de esta semana y destrabó este martes el dictamen. 

Quienes aportaron su rúbrica en favor del despacho fueron los libertarios Juan Carlos Pagotto y Lisandro Almirón; Diego Santilli y Luis Juez, del PRO; Víctor Zimmerman y Francisco Monti, de la UCR; Carlos Espínola, de Las Provincias Unidas; y Oscar Zago, del MID. Paoltroni presentó su propio dictamen en rechazo al DNU.

De esta forma, LLA logró reunir nueve firmas entre ambos despachos. El formoseño Paoltroni fue sin dudas el protagonista en la jornada de este martes ya que, en la previa, no solo era el apuntado para aportar la novena firma para el despacho, sino también para inclinar la balanza a la hora de la renovación de autoridades de la comisión. 

Siendo consciente de que la pelota estaba en su lado, y luego de tragar veneno a lo largo del 2024 por los embates oficialistas, Paoltroni obturó la renovación de Pagotto en la Presidencia de la comisión, pero luego propuso a Zago. Esto fue antes del inicio oficial del encuentro -que se retrasó más de una hora por esta cuestión.

La acción de Paoltroni dejó en una incómoda posición al libertario correntino Almirón que tuvo que apoyar sí o sí la moción en favor de Zago, con quien se trompeó hace menos de una semana en la Cámara de Diputados. "Voto por Zago, ¡viva la libertad, carajo!", gritó Almirón. 

Finalmente, Zago terminó como presidente de Trámite Legislativo y Zimmermann como vice, en otro duro cachetazo al kirchnerismo que, en la previa, estaba entusiasmado con que la conducción quedara en manos del diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, por la primera posición que tomó Paoltroni con Pagotto. 

Resuelto el dilema de las autoridades de la Comisión inició la exposición de los funcionarios, que se extendió hasta casi las 21 por los diversos idas y vueltas con senadores y diputados.

El primero y principal disertante que tuvo la larga jornada fue el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que fue acompañado por el director del Banco Central, Marcelo Griffi; el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, José Luis Daza; secretario de Legal y Técnico del Ministerio de Economía, José García Hamilton. 

Quirno inició su exposición resaltando que el futuro acuerdo con FMI es un paso más en el programa de estabilización que promovió el presidente Javier Milei: "Desde diciembre del '23, el Ejecutivo ha seguido un plan inédito en la Argentina que ha atacado las causas de la razón de nuestros problemas que es el déficit fiscal". 

Se detuvo luego en la operatoria que hicieron desde la Secretaría de Finanzas con los pasivos remunerados del Banco Central: "Fueron eliminados rápidamente. Ese excedente de pesos tuvimos que reducirlos a través de diferentes acciones. Se han reducido 76 por ciento. Todavía no es suficiente". 

Para Quirno, el acuerdo con el FMI es el primero en el que la Argentina "no solicita apoyo presupuestario" porque "las cuentas están equilibradas". 

"El producto de este préstamo se va a utilizar con dos fines: uno, es la compra de las letras intransferibles para fortalecer la calidad del activo del Banco Central. Esa compra que hace el Tesoro (de las letras) es un camino fundamental para el camino de reducción de inflación", relató.

Y continuó: "Estamos yendo a un sistema donde el peso sea la moneda fuerte y la consecuencia que nos lleva a tener superávit financiero. El segundo uso que tiene es poder refinanciar los vencimientos que tiene el Estado argentino al programa 2022".

A su vez, descartó que el DNU sea un cheque en blanco: "Esto no es un cheque en blanco. Es un programa que tiene un préstamo de 10 años de plazo, cuatro años y medio de gracia de pagos de capital. Tiene un costo que está determinado para este tipo de programa".

Además, resaltó que el futuro acuerdo no incrementa la deuda: "No vamos a aumentar la deuda con este préstamo. Va a ser un costo más bajo y estamos extendiendo los horizonte de los plazos de los vencimientos". 

Quirno negó una eventual devaluación: "La respuesta hacia una devolución planteada (en el acuerdo) es no. No existe tal condición en el acuerdo con el FMI porque los países cuando van al FMI van a través de una necesidad de cubrir un agujero. A cambio de ese apoyo, el FMI incluye condicionalidades. Todas condiciones ha excedido en su cumplimiento por propia voluntad".

NA

La Asociación del Fútbol Argentino comunica que ante el dictado por parte del poder ejecutivo de los DNU 70/23 (reglamentado luego por el Decreto 730/24), por medio de los cuales se pretende obligar a esta Casa a cambiar su estatuto a fin de permitir el ingreso de sociedades anónimas como miembros de la misma, la Gerencia de Legales a cargo del Dr. Andrés Paton Urich elevó a principio del mes de agosto una consulta jurídica a FIFA y CONMEBOL a fin de establecer si dicha norma no resultaba violatoria de sus estatutos en relación a la independencia de las federaciones que deben manejar sus asuntos internos sin la injerencia de terceros.

Con fecha 2 de septiembre de 2024, la FIFA a través de su Director Legal y de Cumplimiento, Dr. Emilio García Silvero ha emitido su dictamen manifestando en sus puntos más relevantes que, “En atención a lo considerado en los apartados cuarto y quinto, entendemos que las federaciones miembros de la FIFA – y en este caso la AFA – deben gozar de la autonomía suficiente para determinar de manera libre y democrática la naturaleza jurídica de los clubes que participen en sus competiciones nacionales. La AFA, y solo la AFA, resulta, a la vista del marco jurídico de la FIFA, la única entidad competente para decidir, a través de sus órganos legítimos de gobierno asociativo, los aspectos relativos a la naturaleza jurídica de los clubes afiliados a la misma.”

Asimismo, concluyó que, “Corresponde a la AFA, sin intervención estatal alguna, decidir democráticamente si sus clubes afiliados deben de retener la naturaleza jurídica de asociaciones civiles de manera obligatoria -como es el caso actual, cf. artículo 10 (2) Estatutos de la AFA-, transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas u optar por un modelo diferente. Cualquier otra decisión al respecto que no proceda de los órganos de gobierno de la AFA en uso de su autonomía entraría en conflicto con el artículo 19 (1) de los Estatutos de la FIFA, suponiendo igualmente un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 (1) (i) del mismo texto estatutario.”

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Por su parte, con fecha 21 de Agosto, la CONMEBOL a través de su Directora Jurídica Dra. Monserrat Jimenez, manifestó que, “a nuestro criterio establecer la obligación de incluir a los clubes que se transforman en SAD como miembros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) constituye una flagrante intromisión y una injerencia arbitraria por parte del Estado, ya que despoja a una asociación civil privada de la facultad de decidir con autonomía acerca de su régimen de gobernanza, su gestión y sus intereses.”

En idéntico sentido, concluyo que: “El destino de una Asociación depende de sus miembros y fueron ellos quienes en cumplimiento de los Estatutos optaron por la no inclusión de clubes bajo la estructura jurídica de las SAD. De esta forma, resulta totalmente inconstitucional, arbitrario y contrario a los DDHH que una ley exija a la AFA la inclusión de un miembro que no cumple con sus parámetros y fines. Es igualmente inconstitucional, arbitrario y contrario a los DDHH compelir a esta asociación civil privada a cambiar sus estatutos sociales. “

Por todo lo expuesto, a fin de evitar cualquier tipo de consecuencia o sanción por parte de FIFA (que abarca hasta una desafiliación) continuaremos defendiendo los derechos de la Asociación del Fútbol Argentino como hemos efectuado en el marco de las actuaciones caratuladas AFA C/Estado Nacional S/Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad” en la cual hace uno días el Juez interviniente ordenó la suspensión de los artículos 335 y 345 del DNU 70/23 y de los art 2 y 5 del Decreto Reglamentario.

Se acompañan al presente la solicitud efectuada por AFA y sus correspondientes respuestas por parte de FIFA y CONMEBOL.

AFA

El diputado nacional del Partido Socialista, que forma parte del bloque de Miguel Pichetto, aclaró que si hubiera una sesión, dará quórum, al igual que con la ley ómnibus.

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Esteban Paulón sostuvo este domingo que en esa bancada que lidera Miguel Pichetto “hay una posición mayoritaria para rechazar” el mega DNU 70 del Gobierno, mientras que en el caso de la ley ómnibus las posturas son más diversas.

El diputado socialista santafesino explicó que en el caso del DNU, que ya recibió el rechazo del Senado, el bloque se inclinaría mayoritariamente por darle la espalda.

“Con el DNU tenemos diferentes posturas en el bloque de Hacemos Coalición Federal. Entiendo que hay una posición mayoritaria para rechazarlo”, indicó Paulón.

Sobre la discusión que se reabrirá respecto de la ley Bases una vez que el Gobierno la envié al Congreso en los próximos días, el santafesino señaló que el voto en general de Hacemos Coalición Federal seguramente reproducirá la división que ya tuvo en febrero pasado, y anticipó una complejización en la votación en particular.

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En aquella oportunidad, los socialistas Mónica Fein y Paulón, la bonaerense Margarita Stolbizer y la cordobesa Natalia de la Sota rechazaron la iniciativa, mientras que la mayoría del bloque de Pichetto votó a favor.

“Con la ley Bases hay una primera parte de la votación que ya se ha producido. Lo que va a haber es un debate nuevamente sobre el contenido de cada artículo. No hemos recibido un texto definitivo”, precisó el socialista.

Sin embargo, anticipó que en el Partido Socialista “hay intención de rechazar” la ley ómnibus, más allá de que van a garantizar el quórum para habilitar la sesión.

“Estamos para dar quórum pero en el Partido Socialista hay intención de rechazarlo. La delegación de facultades y privatizaciones son cuestiones que por principios no podemos acompañar, aunque algunos integrantes del bloque sí se muestran a favor”, manifestó.

En otro orden, Paulón se refirió a la angustiante situación de jubilados y advirtió que con la propuesta del Gobierno se va a “cristalizar una pérdida de su capacidad adquisitiva de alrededor del 30%”.

“Si bien el ajuste mensual por índice de inflación es igual al que proponíamos desde nuestro bloque, la verdad que con el empalme y ese aumento extraordinario que da el Gobierno del 12,5% estamos hablando de que los jubilados van a cristalizar una pérdida de su capacidad adquisitiva de alrededor del 30%”, expresó.

En este sentido, el diputado opositor alertó que “hoy los jubilados y jubiladas no pueden pagar ni siquiera sus medicamentos”.

“Estamos en una epidemia de dengue. Un repelente vale a partir del 12 mil pesos. Es el 10% de una jubilación mínima. Debería darnos vergüenza que un jubilado o jubilada gane lo que equivale a diez potecitos de repelente y no se nos mueva el pelo ni se nos conmueva nada”, se quejó.

“Es un tema que hay que abordar urgentemente desde el financiamiento del sistema pero reparando rápidamente los ingresos de jubilados y jubiladas porque verdaderamente es un sector que no puede esperar más”, insistió.

El Presidente consideró que la situación económica "requiere de medidas que a la vista de un observador convencional parecen audaces pero el riesgo de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo".

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El presidente Javier Milei afirmó que llamaría a un plebiscito si el Congreso rechaza el DNU de desregulación de la economía y apuntó contra los legisladores que "buscan coimas" a cambio de votos, al destacar que el decreto "apunta contra los corruptos" que quieren "agarrar un negocio negociando alguna ley".

En ese sentido, pidió que quienes no quieren su aprobación expliquen "por qué el Congreso se opone a algo que beneficia a la gente" y criticó a quienes se manifiestan en contra de sus medidas porque "no pueden aceptar que perdieron" y que la "población eligió otra cosa".

"Si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito o consulta popular", manifestó Milei a la señal de cable La Nación+ y exhortó al Congreso a que explique por qué se "opone a algo que beneficia a la gente" y advirtió que "no tienen conciencia de la gravedad de la situación".

El Presidente, quien por primera vez da una entrevista desde Casa Rosada luego de una tanda de reportajes realizados en el Hotel Libertador donde estuvo residiendo hasta hace poco, destacó que con el decreto los legisladores "no pueden morder" y que es eso "lo que más le molesta" porque "buscan coimas" a partir de sus votaciones en el Congreso.

"Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley", insistió.

Las protestas

Sobre ese punto, retó a que los opositores a su gestión "intenten" desestabilizar su administración para ver "si la gente los deja", aunque aclaró que mientras las manifestaciones sean "dentro de la ley, no hay ningún problema" pero que "cuando violen la ley, el que las hace las paga".

Elogió entonces que por medio del protocolo anti piquetes "podés quejarte todo lo que quieras" si se respetan las leyes y valoró la campaña gubernamental para evitar que quienes son beneficiarios de planes sean "apretados" por intermediarios.

"Todo lo que se usó para el mal y sembrar el miedo" durante la campaña electoral "nosotros lo usamos para comunicar que nadie puede apretarlo y que si no iban a la marcha no iban a tener problema", señaló el jefe de Estado al referir a la consigna que lanzó el Gobierno la semana pasada "El que corta, no cobra".

Para Milei, en su gestión están "sacando la corrupción a capa y espada" para "limpiar los vicios del Estado" por los "dobles cobros" del Plan Potenciar Trabajo detectados, dijo, en un "trabajo conjunto" entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el fiscal Guillermo Marijuan.

Además, detalló que se recibieron "más de 11 mil denuncias de extorsión" de beneficiarios de planes contra dirigentes de organizaciones sociales y elogió el operativo de seguridad que permitió "trabajar de una manera mucho más ordenada para que sea una situación que se manejó con mucha destreza", en el marco de la marcha del miércoles 20 de diciembre pasado.

Sobre las reformas

"Los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo", dijo Milei en referencia a las medidas económicas de su Gobierno y explicó que el plan "no salió de un día para el otro" sino que recién se presentó "un tercio de las reformas" que se tienen previstas.

Y si bien afirmó que no habrá próximos anuncios para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, exhortó a esos sectores "a competir" en el mercado laboral.

Además, confirmó que "no habrá aumento" de salarios para los empleados públicos en el corto plazo.

"Hay que ir y dar pelea porque no sabés cuánta fuerza tenés. Los argentinos de bien están dispuestos a hacer este esfuerzo", aseguró e insistió que en La Libertad Avanza (LLA) quieren realizar estos cambios porque "creemos que estamos para dar un punto de giro en la República Argentina".

El mandatario consideró que las medidas anunciadas demuestran que han sido "consistentes con lo que decimos" y advirtió que como "no hay tiempo", se requiere de "un shock de libertad y anticasta" en la economía porque "la situación es realmente complicada".

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Para el Presidente, la situación económica requiere de medidas que "a la vista de un observador convencional parecen audaces pero los riesgos de no tomar el toro por las astas rápidamente, sería tremendo".

Consultado sobre un posible desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), Milei anticipó que es "factible" que a la Argentina le sea entregado un nuevo préstamo y consideró que el organismo internacional de crédito ve como "héroes" a los integrantes de su Gobierno por proponer llegar a "déficit financiero cero".

"El acuerdo técnicamente está caído porque el Gobierno anterior no lo cumplió", afirmó Milei y destacó que al FMI le "llamó la atención" que durante la campaña electoral su partido anunciara el "déficit cero" por lo que, dijo, "están fascinados" con su gestión.

Finalmente, en un mensaje a los argentinos en el cierre de su "última entrevista del año", el Presidente celebró: "Esta vez el esfuerzo vale la pena, esta vez estamos atacando el origen de todos los males. Les estamos devolviendo la libertad, esta vez vamos a salir en serio. Vamos a atravesar un trago amargo pero después de ese período Argentina se pondrá de pie para ser una potencia".

Fuente: Télam