Carlos Farías Demaldé, abogado querellante en el caso de Gonzalo Riatto, expresó su satisfacción con la condena de 23 años de prisión dictada contra Miguel Ángel Spahn por el homicidio del joven en la localidad de Lehmann.

En conversación con Radio Rafaela, Farías Demaldé detalló las complejidades del caso, que tras dos años de exhaustiva investigación y análisis de las pruebas, resultó en una condena por homicidio simple, dado que no se pudo probar un agravante en el hecho.

"Estoy muy satisfecho con la condena, aunque la pena es el resultado de un homicidio simple, ya que no logramos encuadrar el crimen en un tipo penal más grave", explicó Farías Demaldé.

La pena impuesta a Spahn, de 23 años, se encuentra dentro del rango de la pena máxima para homicidio simple, que va de 8 a 25 años de prisión. "El hecho de que Spahn no tuviera antecedentes condenatorios fue un atenuante en su favor, lo que también influyó en la pena", agregó el abogado.

Farías Demaldé también compartió la dificultad de encontrar una explicación coherente para el crimen. "El ataque fue sorpresivo, inesperado, y hasta el día de hoy no hemos encontrado una razón lógica que explique por qué Spahn tomó esta decisión", comentó.

A pesar de las numerosas entrevistas a vecinos y las pericias telefónicas, no se descubrió ningún antecedente de conflicto o motivo previo entre la víctima y el agresor. "Es un hecho inconcebible, matar a alguien sin justificación. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro", afirmó el abogado, haciendo énfasis en lo absurdo de la situación.

"La mamá de Gonzalo me dijo que ellos no habían hecho el duelo hasta hoy. Estaban esperando la sentencia para, en cierta forma, comenzar a hacer su duelo", relató el abogado, visibilizando el sufrimiento prolongado de la familia mientras aguardaban justicia.

"Durante estos dos años, ellos estaban obligados emocionalmente a esperar el veredicto. Hoy, finalmente, pueden comenzar a sanar, aunque nunca habrá consuelo completo para ellos", concluyó Farías Demaldé.

Finalmente, el abogado resaltó la importancia del trabajo conjunto realizado entre su parte, la Fiscalía, y el acompañamiento emocional de la familia de Gonzalo. "Gracias al trabajo incansable de la Fiscalía, liderada por el doctor Martín Castellano, y el apoyo de la familia, llegamos a un buen puerto con esta condena", concluyó, dejando claro que, aunque la justicia se ha hecho, el dolor de la pérdida de Gonzalo Riatto continuará siendo una carga emocional para sus seres queridos.

Una red de corrupción presuntamente encabezada por el jefe de la Alcaidía de Rafaela, Norberto Núñez, quedó al descubierto tras una denuncia anónima que llegó a Asuntos Internos el pasado 22 de marzo. La misma derivó en una investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), liderada por la fiscal Fabiana Bertero, que terminó con tres policías imputados por corrupción y connivencia con internos.

Según la acusación, los internos que abonaban una tarifa mensual de $100.000 accedían a teléfonos celulares, eran alertados antes de las requisas para ocultarlos y hasta podían obtener reposiciones si los perdían. También pagaban sumas de entre $500.000 y $2.000.000 para acceder a pabellones con mejores condiciones o evitar traslados a otras cárceles más estrictas del Servicio Penitenciario.

El “servicio completo” era administrado, siempre según la fiscalía, por Núñez junto a los policías Cristian Montiel y Alejandro Farías. En la audiencia del miércoles, el juez de Investigación Penal Gustavo Bumaguin dictó prisión preventiva sin plazo para Núñez y por 60 días para los otros dos imputados.

El hallazgo clave ocurrió el domingo 23 de marzo: en un armario metálico bajo llave en la oficina de Núñez, los investigadores encontraron 58 celulares (en la imputación eran 56). Estos equipos eran entregados a los internos, quienes podían usarlos para navegar por redes sociales, comunicarse con el exterior o incluso cometer nuevos delitos. La fiscal Bertero graficó la situación: “La Alcaidía funcionaba como un call center clandestino”.

Uno de los principales testigos es L.B., un interno con conocimientos en informática que estaba trabajando en un sistema de identificación de reclusos. Denunció que Núñez le encargó tareas como desbloquear teléfonos y borrar datos comprometedores. También afirmó que los policías le pidieron realizar inversiones en bitcoins.

La segunda testigo clave fue la subalcaldesa A.E.C., quien declaró que Núñez le mentía sobre el destino de los teléfonos incautados y observó conductas sospechosas como el paso constante de familiares por la oficina del jefe en días de visita. Bertero sugirió que estos ingresos ocultaban el pago de dádivas.

Durante los allanamientos, también se incautaron televisores, algunos de tipo smart conectados ilegalmente a la red WiFi de una estación de servicio YPF lindera. Si bien no está prohibido el uso de televisores en pabellones de buena conducta, la conexión a internet sí implica un serio riesgo de seguridad.

Además, se encontró cocaína en uno de los pabellones, aunque la fiscal no incluyó esta imputación al no haber pruebas de que los policías facilitaran el ingreso de la droga.

Amenazas desde la cárcel y pruebas destruidas

Un episodio que refuerza lo grave del caso fue narrado por la fiscal Bertero: una mujer víctima de violencia de género denunció haber recibido amenazas desde la Alcaidía. La fiscal Favia Burella ordenó secuestrar el celular con el que se enviaron los mensajes, pero el aparato nunca apareció. Según los testimonios, el teléfono —un LG azul— estaba en poder de Núñez, quien lo habría destruido a martillazos en la carpintería de la Jefatura para eliminar evidencias.

El abogado defensor de los policías, Carlos Farías Demaldé, cuestionó la credibilidad de los testigos. Señaló que L.B. está preso por presuntos abusos sexuales y tiene animosidad personal contra Núñez. Además, alegó que el jefe de Alcaidía no tenía poder para decidir traslados, ya que eso corresponde al Servicio Penitenciario.

Aun así, el juez consideró que hay pruebas suficientes de los hechos y que existe riesgo procesal si los imputados recuperan la libertad. El caso, sin embargo, promete seguir creciendo. Desde el MPA no descartan más imputaciones a medida que avance el análisis de los 58 celulares incautados.

Así lo afirmó en RADIO RAFAELA el abogado Dr. Carlos Farías Demalde, quien representó a la familia de la víctima en un caso de homicidio culposo en Rafaela.

El Dr. Carlos Farías Demalde, abogado querellante en el caso de un menor declarado culpable de homicidio culposo en un accidente de tránsito ocurrido en 2023 en barrio Villa Rosas, destacó la importancia de la figura de la querella en el proceso penal. "La Constitución de Querellantes es una figura que en los últimos años ha tomado mucha trascendencia porque se le da un papel muy preponderante a la víctima de un delito", afirmó, subrayando cómo esta figura permite a las víctimas participar activamente en el proceso judicial.

En el caso específico, el abogado explicó cómo, a pesar de las limitaciones impuestas por el Código Procesal de Menores de la provincia de Santa Fe, logró constituirse como querellante a través de una interpretación más amplia de la ley. "Se hizo una interpretación más genérica, teniendo en cuenta tratados internacionales y demás cuestiones plasmadas en la Constitución Nacional", agregó.

Condenaron a 20 años de prisión al autor del homicidio en la región

El juzgado de menores, a cargo de la Dra. Laura Lencioni, declaró al menor culpable de homicidio culposo agravado, de acuerdo con el artículo 84 bis del Código Penal. "Ahora queda evaluar la necesidad o no de la aplicación de una sanción penal, como podría ser la inhabilitación para conducir", señaló Farías Demalde, destacando la importancia de este proceso para asegurar que se haga justicia y se proteja a la sociedad.

La decisión del juzgado marca un precedente importante en la región, reforzando el papel de la querella en casos donde las víctimas buscan justicia y reparación.