La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) inició el diseño de una normativa sin antecedentes en el país con el objetivo de poner límites a determinadas maniobras en el fútbol juvenil. La propuesta apunta a que los futbolistas que se marchen del país o de sus clubes de origen utilizando la figura de la patria potestad dejen de ser convocados a las selecciones juveniles nacionales.

La iniciativa tomó fuerza luego del caso que involucró a River Plate, que perdió a una de sus principales promesas, Lucas Scarlato, a partir del accionar de su representante, Martín Guastadisegno. La conducta del agente fue calificada como abusiva por distintos sectores del fútbol argentino y encendió las alarmas dentro de la dirigencia, que resolvió avanzar hacia un marco reglamentario más claro para proteger tanto a los clubes como a los propios juveniles.

Según trascendió, la idea ya fue comunicada a las instituciones afiliadas —incluido el propio River— y cuenta con el respaldo del Comité Ejecutivo. En el ámbito dirigencial coinciden en que la medida tendrá un acompañamiento amplio, ya que existe consenso sobre la necesidad de ordenar el proceso formativo y evitar salidas prematuras que alteren el desarrollo deportivo de los jóvenes talentos.

De concretarse, la norma marcará un antes y un después en el fútbol juvenil argentino. La AFA reforzaría así su rol como ente regulador y enviaría una señal contundente sobre la defensa de los procesos de formación y el respeto por las inversiones realizadas por los clubes en divisiones inferiores.

La responsabilidad parental se transformó en una herramienta cada vez más utilizada por las familias para definir el futuro deportivo de menores de edad. Desde el punto de vista jurídico, los padres pueden decidir dónde entrenan y desarrollan su actividad sus hijos, siempre que no se vulneren derechos fundamentales del niño, aun cuando la institución intente sostener su permanencia mediante reglamentos internos.

La tensión surge cuando esta facultad legal colisiona con las normas deportivas. Los clubes sostienen que realizaron una inversión sostenida en formación, contención y desarrollo, y por eso se resisten a liberar a los jugadores. Ante ese escenario, muchas familias recurren a la Justicia civil mediante recursos de amparo, donde los fallos suelen priorizar el interés superior del menor.

No obstante, este camino no está exento de consecuencias. En el fútbol argentino persiste un acuerdo tácito entre instituciones para no incorporar futbolistas que se desvincularon bajo esta modalidad, lo que en algunos casos deja a los juveniles sin competencia oficial durante largos períodos. Por ese motivo, antes de judicializar los conflictos, suele apelarse a instancias de mediación y acuerdos económicos.

La norma que impulsa la AFA busca intervenir en ese punto de quiebre y redefinir el equilibrio entre derechos familiares, formación deportiva y regulaciones del sistema.

El Parlamento de Corea del Sur levantó la ley marcial declarada por el presidente Yoon Suk-yeol en un contexto de alta tensión política y acusaciones de autoritarismo.

El Parlamento de Corea del Sur aprobó este miércoles (hora local) un proyecto de ley para levantar la ley marcial de emergencia que había sido declarada por el presidente Yoon Suk-yeol el martes por la noche. La medida fue presentada como un intento de proteger el "orden constitucional", según afirmó el mandatario en un discurso transmitido en vivo. La noticia fue difundida por la agencia Xinhua y replicada por diversos medios internacionales.

¿Por qué se declaró la ley marcial?

En su declaración televisada, el presidente Yoon acusó al Partido Democrático (PD), principal bloque opositor, de ser una "fuerza pronorcoreana" y de llevar a cabo actividades que calificó como "antiestatales". En este contexto, justificó la medida extrema como necesaria para salvaguardar el sistema democrático del país frente a supuestas amenazas vinculadas a Corea del Norte.

"Para salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y para eliminar a los elementos antiestatales (...) declaro por la presente la ley marcial de emergencia", expresó Yoon durante su discurso.

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Conflicto político y contexto de la medidaLa decisión de Yoon ocurre en un momento de alta tensión política, luego de que el PD, con mayoría en la Asamblea Nacional, aprobara una serie de medidas controvertidas sin el respaldo del Partido del Poder Popular (PPP), al que pertenece el presidente. Entre las acciones del PD destacan:

La aprobación del presupuesto general para 2025 con múltiples recortes.Mociones para destituir al fiscal general y al titular de la Junta de Auditoría e Inspección, organismo clave para la supervisión financiera del gobierno.Estas decisiones fueron vistas por el oficialismo como un intento de debilitar la administración de Yoon, lo que desencadenó una respuesta radical por parte del presidente.

¿Qué implica la ley marcial?La ley marcial es una medida extrema que otorga poderes excepcionales al Ejecutivo, permitiendo la movilización militar para mantener el orden interno. También puede restringir derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y circulación. En el caso de Corea del Sur, Yoon buscaba utilizar esta herramienta para neutralizar lo que percibe como una amenaza política y garantizar la estabilidad del gobierno.

Reacción internacional y resolución parlamentariaLa declaración de la ley marcial generó preocupación tanto a nivel local como internacional, dado que Corea del Sur es conocida por su sistema democrático consolidado. En un movimiento sin precedentes, el Parlamento aprobó rápidamente un proyecto de ley para revertir la decisión presidencial, dejando sin efecto la medida.

Este episodio evidencia el complejo panorama político en Corea del Sur, donde las tensiones entre el oficialismo y la oposición alcanzan nuevos niveles, con acusaciones de autoritarismo y desafíos al equilibrio de poderes.