La Policía de Investigaciones (PDI) realizó dos allanamientos en la ciudad de Ceres en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la PDI Distrito Ceres, perteneciente a la División Microtráfico y Operativa, con colaboración de efectivos de la PDI Distrito San Cristóbal.

La causa cuenta con intervención del Ministerio Público Fiscal Región 510, a cargo del fiscal Emiliano Odriozzola.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 170 gramos de marihuana, entre sustancia vegetal disgregada y cogollos, además de una balanza digital, tres teléfonos celulares, una pistola de aire comprimido calibre 4,5 mm y $200.000 en efectivo.

Por disposición del fiscal interviniente, fue detenido S. B. B., de 24 años, quien fue trasladado a sede de la PDI y quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa bajo la carátula de presunta infracción a la Ley N.º 23.737.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina secuestraron más de 340 kilos de marihuana durante un operativo realizado a la altura del kilómetro 1865 del río Paraná, en la zona de Puerto Carolina, Puerto Iguazú, Misiones.

El procedimiento se inició a partir de tareas de inteligencia que alertaron sobre un posible traslado de estupefacientes hacia territorio argentino. Con esa información, la fuerza federal desplegó un operativo de vigilancia en el sector ribereño.

Durante la noche, los prefectos detectaron mediante equipos de observación una embarcación que se aproximó desde Paraguay a la costa argentina. Sus ocupantes comenzaron a descargar distintos bultos y, una vez finalizada la maniobra, regresaron hacia aguas paraguayas.

Tras advertir la operación, personal de Prefectura inició un rastrillaje por tierra y agua en las inmediaciones de Puerto Carolina.

Durante la recorrida localizaron 11 bolsas de grandes dimensiones ocultas entre la vegetación cercana a la costa, cubiertas con nailon negro y cinta de embalar.

Al inspeccionar su contenido, los agentes encontraron numerosos paquetes rectangulares con una sustancia vegetal. Las pruebas realizadas posteriormente determinaron que se trataba de marihuana.

El cargamento estaba compuesto por 452 paquetes, con un peso total superior a los 340 kilos. De acuerdo con la valuación oficial informada, la droga secuestrada supera los $1.300 millones.

La totalidad del material quedó decomisada y a disposición de la Justicia Federal. Hasta el momento, no se informaron personas detenidas vinculadas directamente con el procedimiento.

La investigación continuará para determinar el origen de la marihuana, identificar a quienes participaron del traslado y establecer quiénes debían recibir el cargamento una vez ingresado a territorio argentino.

Facundo Moyano volvió a referirse públicamente al episodio que protagonizó la semana pasada y que terminó con su detención, luego de que su pareja, Candela Arizaga, lo denunciara por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

El exdiputado nacional rechazó las acusaciones y dio su propia versión de lo ocurrido dentro del departamento que ambos compartían en un edificio ubicado sobre avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano.

En declaraciones televisivas, Moyano negó además haber consumido drogas y aseguró que durante el episodio fue Arizaga quien sufrió un paro cardíaco. Según relató, ante esa situación se comunicó con el encargado del edificio y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Moyano sostuvo que la primera comunicación con el 911 se produjo cuando ambos todavía se encontraban dentro del departamento y no después de que Arizaga abandonara el edificio, como se había interpretado inicialmente.

De acuerdo con su relato, el llamado se realizó a las 5.03 y se produjo después de que su pareja atravesara un episodio que, según afirmó, fue un paro cardíaco. El dirigente aseguró que posteriormente contactó al portero para solicitar asistencia y sostuvo que él mismo realizó maniobras de RCP.

Moyano también afirmó que Arizaga no recuerda lo sucedido durante ese momento porque, según su explicación, se encontraba inconsciente. En ese sentido, dijo contar con registros audiovisuales del interior del departamento que, de acuerdo con su versión, permitirían reconstruir lo ocurrido.

“Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”, manifestó durante una entrevista con Telefe Noticias.

El dirigente también se refirió a la intervención policial. Aseguró que llamó tanto a la Policía como al encargado del edificio y pidió que acudieran una ambulancia y efectivos de seguridad.

Su argumento fue utilizado para cuestionar la acusación en su contra. “¿Una persona que está cometiendo violencia contra su pareja llama a la Policía y le dice ‘vengan, por favor’?”, planteó.

Moyano sostuvo, además, que dispone de videos y grabaciones de lo sucedido dentro de su vivienda. Sin embargo, aclaró que no tomó la decisión de entregar esas imágenes a la investigación y que pretende mostrarlas a Arizaga y eventualmente a algunos periodistas.

Otro de los puntos sobre los que fue consultado fue el supuesto consumo de estupefacientes. Moyano negó de manera categórica haber consumido cocaína durante el episodio y también rechazó tener antecedentes de consumo problemático.

“No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”, afirmó.

El dirigente explicó que tampoco se sometió a análisis de sangre y orina. Según dijo, esa decisión fue tomada a partir de una recomendación de sus abogados.

Moyano también cuestionó las imágenes que circularon en las redes sociales y medios de comunicación, en particular aquellas en las que se observa a Arizaga corriendo por las calles de Belgrano. El exdiputado negó ser el hombre que aparece detrás de ella en una de las grabaciones.

Según explicó, Arizaga habría salido primero del edificio utilizando el ascensor. Él, en cambio, tuvo que esperar a que el elevador regresara, por lo que quedó algunos minutos detrás de ella. Afirmó que la persona que aparece corriendo detrás de la mujer en esas imágenes era un efectivo policial.

El exdiputado también apuntó contra la actuación de la Justicia y cuestionó los fundamentos de su detención. Según su interpretación, no existían elementos suficientes para justificar la medida y consideró que su condición de figura pública pudo haber influido.

“Yo soy consciente de que estuve detenido también porque soy Facundo Moyano”, sostuvo.

El episodio se encuentra atravesado por versiones contrapuestas: por un lado, la denuncia presentada por Arizaga, que derivó en la intervención judicial; por otro, el relato de Moyano, quien rechaza haber ejercido violencia y sostiene que cuenta con registros que respaldarían su reconstrucción de los hechos.

Por el momento, las declaraciones del dirigente constituyen su propia versión sobre lo sucedido. La existencia de registros, su eventual incorporación a la investigación y la valoración de las pruebas serán aspectos que deberán determinarse en el marco de la causa judicial.

El Litoral

Un hombre de 32 años identificado como Carlos Miguel Ramos fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por tener cocaína y marihuana destinadas a la venta al menudeo en Santo Tomé.

La sentencia fue impuesta por la jueza Susana Luna durante un juicio en el que se abreviaron los procedimientos, realizado en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La investigación estuvo a cargo del fiscal Roberto Apullán.

Ramos permanecía privado de su libertad desde el 13 de enero, cuando la Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos por microtráfico en Santo Tomé y Laguna Paiva. Uno de los procedimientos tuvo lugar en la zona de Tomás Lubary y Córdoba, donde la PDI secuestró estupefacientes y otros elementos vinculados con la investigación.

Según detalló Apullán, en poder del ahora condenado fueron encontrados 14 gramos de cocaína dentro de un envoltorio y 29 gramos de marihuana distribuidos en otros dos paquetes.

Para la Fiscalía, distintos elementos permitieron establecer que las sustancias no estaban destinadas al consumo personal. Además de encontrarse acondicionadas en envoltorios, los investigadores secuestraron una balanza digital de precisión con vestigios de cocaína y $186.300 en billetes de baja denominación.

También fue incautado un cuaderno con anotaciones de fechas y montos de dinero, junto con el DNI de otro hombre vinculado con la pesquisa. Antes del allanamiento, personal de la División Microtráfico de la PDI había realizado tareas de investigación de campo para reunir elementos sobre la presunta comercialización.

Ramos finalmente fue condenado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a un hombre acusado de comercializar estupefacientes en la localidad cordobesa de Porteña, en el marco de una investigación que se prolongó durante aproximadamente cuatro meses y que se inició a partir de denuncias anónimas recibidas a través de la línea 0800-888-8080.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada sobre calle San Luis al 400. Tras asegurar el perímetro, los investigadores realizaron un registro del inmueble que permitió el secuestro de 380 dosis de marihuana, 477.500 pesos en efectivo y otros elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo con la información oficial, las tareas investigativas permitieron establecer que el sospechoso comercializaba estupefacientes bajo la modalidad de delivery en distintos sectores de la localidad y, además, realizaba ventas directamente desde el domicilio allanado, que funcionaba como un punto de expendio de drogas.

La FPA destacó además que la vivienda intervenida se encontraba ubicada a escasos metros de un jardín de infantes y a media cuadra de un establecimiento educativo de nivel primario y secundario.

El operativo fue supervisado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que ordenó el traslado del detenido y el secuestro de todos los elementos incautados, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron dos allanamientos en la ciudad cordobesa de Morteros, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes que se desarrolla desde hace varios meses.

Los procedimientos se concretaron en inmuebles ubicados sobre calle Balcarce al 1100 y avenida 25 de Mayo al 800.

Luego de inspeccionar ambos domicilios, los agentes secuestraron documentación y distintos elementos considerados relevantes para continuar con las actuaciones judiciales.

Los allanamientos forman parte de una investigación relacionada directamente con otros tres procedimientos desarrollados durante marzo y abril en Morteros, Brinkmann y Miramar.

En aquellas intervenciones, la fuerza antinarcotráfico había secuestrado aproximadamente cuatro kilos de cocaína y marihuana.

También fueron incautados tres automóviles de alta gama, siete motocicletas, $8.075.100, 91 dólares y otros objetos incorporados posteriormente al expediente.

La investigación se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco.

Las autoridades judiciales ordenaron que toda la documentación y los elementos secuestrados en los nuevos allanamientos fueran trasladados a la sede correspondiente para su análisis.

Las actuaciones continuarán con el estudio del material reunido y la realización de las medidas necesarias para establecer posibles responsabilidades dentro de la causa.

Personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un hombre mayor de edad acusado de ejercer el narcomenudeo en la ciudad de San Francisco, luego de una investigación que se extendió durante aproximadamente dos meses.

El procedimiento, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre calle Profesor Masjoán Garay, en barrio Hipólito Bouchard, de la ciudad cabecera del departamento San Justo.

Según informaron, al advertir el ingreso de los efectivos, el investigado intentó escaparse por el patio, aunque fue rápidamente aprehendido por el personal interviniente.

Durante el allanamiento, y tras una extensa búsqueda realizada por investigadores de la FPA, se logró el secuestro de $1.152.500, un automóvil y distintos elementos aparentemente vinculados a la actividad ilegal.

Desde la fuerza destacaron que el detenido registraba antecedentes por venta de drogas y robo. Además, de acuerdo con la investigación, realizaba delivery de sustancias ilícitas en diversos barrios de San Francisco.

Finalmente, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico ordenaron la remisión de todo lo secuestrado y el traslado del detenido a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti, brindó detalles sobre la nueva disposición municipal que establece controles aleatorios de alcohol y sustancias dentro del ámbito del municipio. La medida alcanzará a trabajadores municipales, personal político y gabinete, y ya se encuentra vigente, aunque todavía se están organizando los equipos para su implementación.

Viotti explicó que la decisión busca reforzar el control interno y garantizar que quienes cumplen funciones públicas lo hagan en las condiciones adecuadas.

“El problema de las adicciones lamentablemente afecta a todos los sectores, y nosotros también tenemos que tener controles. Lo establecimos de esa manera: serán controles aleatorios y sorpresivos”, señaló.

El intendente aclaró que los controles no serán masivos ni estarán dirigidos a todas las personas al mismo tiempo, sino que se realizarán de manera aleatoria y podrán aplicarse en cualquier momento de la jornada laboral.

“No es a todas las personas siempre. Se van haciendo de manera aleatoria, pero tenemos que tener un control interno, porque necesitamos que todos vengan a trabajar en condiciones, y eso incluye también al personal político”, sostuvo.

Viotti remarcó que la medida apunta a cuidar la imagen institucional y la responsabilidad que tienen quienes trabajan para la comunidad.

“Todos los que cobramos nuestro sueldo de la gente tenemos que, como mínimo, venir a trabajar en las condiciones adecuadas”, afirmó.

En ese sentido, anticipó que también invitarán al Concejo Municipal a formar parte del sistema.

“Vamos a invitar al Concejo Municipal para que tanto los empleados como los propios concejales estén disponibles para hacerlo. La sociedad requiere que sea para todos por igual, no solo para el empleado, sino también para el personal político”, expresó.

Consultado por el costo de implementar estos controles en un contexto de reducción de gastos, Viotti defendió la decisión y la consideró una responsabilidad de gestión.

“No lo tomo como un gasto, sino como una inversión. Es una responsabilidad mía, de cara a la sociedad, asegurar que los agentes municipales vengan a trabajar en las condiciones que corresponden”, sostuvo.

El intendente reconoció que los controles de sustancias tienen un costo importante, pero insistió en que se trata de una herramienta necesaria.

“Sabemos que algunas empresas privadas lo hacen, pero en la parte pública no hay muchas experiencias al respecto. Somos, si se quiere, innovadores en este sentido”, planteó.

Viotti aclaró que, en caso de detectarse una situación vinculada a una adicción, el municipio deberá acompañar a la persona afectada, pero también actuar con exigencia respecto del cumplimiento laboral.

“Una adicción es un tema de salud. Vamos a acompañar a quien tengamos que acompañar, pero también vamos a ser exigentes: no pueden venir a trabajar drogados o alcoholizados”, remarcó.

El intendente sostuvo que el objetivo no es solamente sancionar, sino también intervenir cuando exista una problemática que requiera abordaje.

“Si necesitás ayuda, te la vamos a dar. Ahora, no voy a permitir que eso suceda en horario de trabajo”, afirmó.

Además, señaló que el área de Recursos Humanos tendrá a su cargo los procedimientos correspondientes ante posibles negativas o resultados positivos.

“El área de Recursos Humanos tiene sus procedimientos y aplicará las sanciones correspondientes. Luego, si es un tema de salud, uno pone a disposición todas las herramientas de acompañamiento”, explicó.

Viotti indicó que los equipos municipales vienen trabajando en la coordinación de la medida y que el sindicato también fue puesto al tanto, como representante de los trabajadores.

“El sindicato, como representante de los trabajadores, obviamente está en el tema. Entiendo que el propio sindicato también quiere que las personas que representa y defiende vengan a trabajar en las condiciones que corresponden”, señaló.

Para el intendente, el sistema también busca cuidar a la mayoría de los empleados que cumplen correctamente con su tarea diaria.

“Lo peor que nos puede pasar es que por culpa de una, dos, tres o cinco personas que hagan las cosas mal, después el resto de los empleados que hacen las cosas bien sean señalados de la misma manera”, expresó.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desmanteló dos organizaciones investigadas por comercialización de estupefacientes, luego de una pesquisa que se extendió durante cinco meses y derivó en operativos simultáneos en las provincias de Córdoba y Santa Fe.

En total, se realizaron 21 allanamientos, fueron detenidas nueve personas —ocho hombres y una mujer— y se secuestraron drogas, dinero, vehículos, un arma de fuego y elementos de interés para la causa.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, 19 procedimientos se llevaron a cabo en Cruz del Eje, en los barrios Presidente Perón, Parque Balnearia, Los Altos, Marechal, La Feria, Villa Elaine, Fátima, José Hernández y La Banda.

De manera simultánea, también se realizaron allanamientos en San Francisco y en Josefina, localidad del departamento Castellanos, en la provincia de Santa Fe.

Como resultado del operativo, la FPA desbarató 13 puntos de venta y seis lugares utilizados para el guardado de estupefacientes.

Durante los procedimientos, los investigadores trabajaron con el apoyo de canes detectores de narcóticos.

En ese marco, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana, semillas de cannabis sativa, dinero en efectivo, un arma de fuego, cuatro automóviles y dos motocicletas. También fueron incautados otros elementos considerados probatorios para la investigación judicial.

Uno de los procedimientos se realizó en una celda del Complejo Carcelario N° 2 “Adjutor Andrés Abregú”, donde los efectivos secuestraron varias dosis de marihuana y otros elementos vinculados a la causa.

De acuerdo con la investigación, dentro de las organizaciones había personas que cumplían distintos roles: proveedores, encargados del traslado de droga desde Santa Fe, receptores de encargos, distribuidores en distintos barrios y presuntos responsables del lavado del dinero obtenido por la venta de estupefacientes.

En paralelo a los allanamientos en viviendas y otros puntos investigados, la FPA realizó un procedimiento en un stud. En ese lugar se secuestró un caballo de carrera que, según la investigación, pertenecería a uno de los presuntos narcomenudistas detenidos.

La medida forma parte del avance patrimonial de la causa, orientado a establecer posibles bienes vinculados a la actividad ilícita.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, encabezada por el fiscal Martín Torés. Por disposición judicial, se ordenó la remisión de todo lo incautado y el traslado de los nueve aprehendidos a sede judicial.

Las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, mientras continúa la investigación para determinar el rol de cada una dentro de las organizaciones desbaratadas.

La Justicia santafesina condenó a Gabriel Omar Martínez (23 años) y Micaela Ayelén Roldán (21 años) por venta de drogas al menudeo y por tenencia ilegal de tres armas de fuego de guerra en la ciudad de Santa Fe. La resolución incluyó además el pago de una multa económica. La causa fue instruida por la Unidad Fiscal Especial en Microtráfico de la Fiscalía General y el juicio fue abreviado, con representación del MPA a cargo del fiscal Arturo Haidar. La sentencia fue dictada por el juez Martín Torres.

El 16 de mayo de 2026, efectivos de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron una vivienda ubicada en Cafferata al 8.800, donde se detuvo a los imputados. Durante el procedimiento se secuestraron:

El fiscal Haidar explicó que los condenados realizaban maniobras consistentes con la comercialización de estupefacientes bajo modalidad de menudeo desde la vivienda allanada.

Martínez y Roldán fueron condenados como coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra. Ambos admitieron su responsabilidad penal durante el juicio abreviado y, junto con sus defensores, aceptaron todos los términos del procedimiento.

Nicole Verón volvió a quedar en el centro de la escena pública luego de ser detenida tras un grave accidente ocurrido en la Autopista Riccheri, a la altura de Ezeiza. La mujer, que había sido expulsada de la Policía de la Ciudad meses atrás, viajaba como acompañante en uno de los vehículos involucrados en el siniestro.

El choque involucró a tres vehículos y dejó como saldo la muerte de Hugo Javier López, de 48 años, quien conducía una Ford Ecosport. Según las primeras pericias, la víctima salió despedida del vehículo producto del impacto y falleció en el lugar.

Durante el operativo, los investigadores advirtieron movimientos sospechosos por parte de Verón. De acuerdo con la pesquisa, la expolicía habría intentado ocultar un arma de fuego en un móvil policial que participaba del procedimiento.

Posteriormente, los efectivos encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con cargador y municiones, lo que motivó una ampliación de la investigación y derivó en nuevas acusaciones en su contra.

La situación judicial se complicó aún más cuando, durante la requisa del BMW en el que viajaba, se hallaron sustancias estupefacientes y elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento de drogas.

Ante este escenario, la Justicia ordenó su detención e inició actuaciones por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito, mientras continúan las pericias para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Verón había alcanzado notoriedad pública en noviembre de 2025 cuando se viralizaron videos de contenido erótico que grababa utilizando prendas y elementos identificatorios de la Policía de la Ciudad. Tras una investigación interna, fue suspendida y posteriormente expulsada de la fuerza.

Agentes del Comando Radioeléctrico de Esperanza (CRE), dependientes de la Unidad Regional XI, realizaron un procedimiento de control vehicular e identificación de personas en Sarmiento al 2100, en la cabecera departamental de Las Colonias, durante la madrugada del viernes.

Durante la intervención, los efectivos incautaron un automóvil en el que viajaban dos jóvenes de 18 años y dos menores de edad. Además, secuestraron una réplica de pistola, dispositivos celulares, elementos relacionados con narcomenudeo y envoltorios con cocaína y marihuana, cuya presencia fue confirmada por análisis de la DGPDI.

Tras el procedimiento, se notificó a los órganos judiciales competentes y los cuatro involucrados fueron trasladados preventivamente a dependencias policiales para continuar con las actuaciones procesales correspondientes.

Una mujer de 44 años fue detenida este domingo luego de intentar ingresar marihuana oculta dentro de papas a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Las Flores, ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se produjo cerca de las 11:50, durante una requisa de rutina realizada por personal penitenciario en el sector de ingreso de visitas y mercadería destinada a internos.

Según se informó, los agentes advirtieron irregularidades en algunas verduras que llevaba la visitante. La sospecha se concentró en varias papas que se encontraban adheridas entre sí. Al cortarlas, descubrieron en su interior tres envoltorios de nylon con una sustancia vegetal.

Tras el hallazgo, fue convocado personal de PDI Microtráfico, que realizó la prueba de campo correspondiente en presencia de testigos. El narcotest arrojó resultado positivo para marihuana.

La mujer fue identificada como M. P., de 44 años, domiciliada en barrio Barranquitas de la capital provincial.

A partir de la comunicación con el Ministerio Público de la Acusación, la fiscal de turno, Dra. Nuzzo, dispuso que la involucrada sea notificada por la causa de “tentativa de suministro de estupefacientes” y posteriormente ordenó su detención formal.

Los envoltorios quedaron secuestrados para ser sometidos a peritajes complementarios.

El episodio vuelve a poner en evidencia las distintas maniobras utilizadas para intentar ingresar drogas a establecimientos penitenciarios durante los días de visita.

En los últimos meses, en cárceles como Las Flores y Coronda se detectaron intentos de ocultamiento de estupefacientes en zapatillas, alimentos, prendas de vestir, prepizzas, fideos, productos panificados e incluso en cavidades corporales.

Desde el Servicio Penitenciario remarcan que los controles fueron intensificados tanto para visitantes como para internos y personal del sistema carcelario. Las requisas incluyen escáneres corporales, revisiones manuales y verificación de alimentos, ropa y elementos personales.

Las actuaciones continúan bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación.

Finalmente se estableció que el secuestro de 181 panes con material estupefaciente hallados en una carnicería de la localidad de Serodino asciende a más de 109 kilos de marihuana, según determinó la intervención de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI). 

La causa se había iniciado días atrás por una denuncia de abigeato vinculada con la presunta faena ilegal de vacunos, cuyo procedimiento estuvo a cargo de la Guardia Rural “Los Pumas”, dependiente de la Policía de Santa Fe. Un hombre de 32 años resultó detenido.Mientras efectivos de la Guardia Rural realizaban una inspección en el comercio investigado, detectaron dentro de un freezer numerosos paquetes rectangulares envueltos con cinta de embalar. Ante la sospecha de que se tratara de estupefacientes, solicitaron la intervención de personal especializado de la División Microtráfico del Distrito San Lorenzo de la PDI para realizar las pruebas orientativas correspondientes.Las tareas efectuadas por los investigadores permitieron confirmar que se trataba de marihuana.

En total se contabilizaron 181 panes, con un peso de 109,130 kilogramos. A partir del hallazgo tomó intervención la Justicia Federal, con conocimiento de los fiscales federales Matías Mené, Federico Reynares Solari y el auxiliar fiscal Rodrigo Romero, quienes dispusieron la detención de un hombre identificado como Adrián Gustavo G., de 32 años, además del secuestro del material estupefaciente y un teléfono celular.Posteriormente, personal de la PDI llevó adelante tres allanamientos ordenados por el Juzgado Federal interviniente en domicilios ubicados sobre calles Las Heras al 700 (parte trasera del lote), Perú al 200 y Florida al 400, todos en Serodino, departamento Iriondo.

Como resultado de esas medidas judiciales, los efectivos secuestraron otro ladrillo de marihuana con un peso de 560 gramos; cogollos por 123 gramos; plantas de cannabis en proceso de secado por 2,6 kilos; cocaína por 1,1 gramos; balanzas de precisión; una máquina contadora de billetes; dos cámaras de seguridad; cuatro teléfonos celulares; cuatro cartuchos calibre .22; dinero en efectivo por 66.640 pesos; y documentación considerada de interés para la investigación.

Un joven de 31 años se encuentra internado en estado grave en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) luego de precipitarse desde el cuarto piso de su vivienda ubicada en la intersección de Dorrego y Tucumán, en Rosario.

Según informaron fuentes policiales, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) acudió al lugar tras recibir un alerta sobre un hombre en situación de riesgo. La víctima sufrió fracturas y contusiones en cabeza y piernas, por lo que fue trasladado de urgencia al Heca, donde quedó internado bajo observación crítica.

La caída se produjo en el marco de una investigación por presunta violencia de género, luego de que un vecino denunciara que un hombre provocaba desorden, gritaba y agredía a una mujer en el domicilio. En el momento del incidente, la pareja de la víctima, una mujer de 33 años, se encontraba en el lugar.

La Brigada Motorizada de la Unidad Regional II intervino en el lugar y tomó declaraciones de los testigos. Según los primeros testimonios, el joven había golpeado un patrullero estacionado frente al edificio antes de la caída. La pareja fue entrevistada y su declaración quedó a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 2ª.

La fiscal Mariana Prunotto indicó que la investigación quedó a cargo de la unidad especializada en siniestros viales y delitos culposos. Hasta el momento, se baraja que la caída pudo estar vinculada a un problema de salud mental y consumo de estupefacientes. Los testimonios coinciden en que el joven se encontraba alterado, aunque no se registraron indicios de una discusión previa con su pareja que haya desencadenado el hecho.

Las autoridades continúan recabando información para esclarecer las circunstancias exactas de la caída y determinar responsabilidades en el hecho.

Un operativo federal en el norte de Santa Fe terminó con el secuestro de 442 kilos de cocaína y la detención de ocho personas, luego de que una avioneta aterrizara en un establecimiento rural ubicado en la zona de Vera.

La aeronave fue detectada en el campo Don Julio, en una maniobra que, según la investigación, formaría parte de una logística narco destinada a ingresar droga desde Bolivia y luego redistribuirla hacia distintos puntos del país, principalmente Rosario y Buenos Aires.

La causa es investigada por la PROCUNAR, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, con instrucción del fiscal Matías Scilabra, junto al área de Narcotráfico de la Policía Federal Argentina. La intervención judicial está bajo la órbita del juez Carlos Vera Barros.

La investigación se inició a partir de un dato aportado por la DEA de Estados Unidos, que permitió avanzar sobre una posible organización dedicada al tráfico aéreo de drogas en territorio santafesino.

Con esa información, los investigadores montaron una vigilancia durante varias semanas, a la espera de la llegada de la avioneta. Finalmente, el operativo permitió interceptar la maniobra y detener a ocho personas, entre ellas el piloto y el copiloto de la aeronave.

Los procedimientos continuaban en desarrollo, mientras se buscaba determinar el rol de cada uno de los involucrados y el alcance de la estructura investigada.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la organización tendría base operativa en la zona de Vera y utilizaba campos del norte santafesino para recibir la droga por vía aérea. Luego, el cargamento sería trasladado por tierra hacia centros urbanos y corredores estratégicos.

El volumen de cocaína incautado ubica al procedimiento entre los golpes más importantes al narcotráfico registrados recientemente en la región.

Uno de los ejes de la investigación apunta al piloto boliviano José Pedro Rojas Velasco, alias “Pepa”, señalado en documentos oficiales como una persona vinculada a la organización del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Según la causa, un dato ingresado a la Justicia argentina en septiembre de 2025 incluyó un número telefónico argentino que habría sido contactado por Rojas Velasco. Ese teléfono tenía característica de la localidad santafesina de Videla, y otros abonados de la provincia también fueron vinculados a la misma línea investigativa.

Rojas Velasco ya había sido mencionado en otras tramas narco en Argentina. La PROCUNAR sospecha que habría actuado como enlace entre estructuras criminales de Bolivia y bandas con llegada al territorio argentino.

Los investigadores detectaron comunicaciones y movimientos que reforzaron la hipótesis de una pista clandestina. En abril, dos de los sospechosos hablaron sobre las condiciones climáticas en el campo Don Julio, que se encontraba complicado por las lluvias.

Días después, se habrían registrado maniobras compatibles con el acondicionamiento de una pista de aterrizaje clandestina, incluyendo movimientos de camionetas y registros fílmicos del lugar.

El martes, con la investigación avanzada y la Policía Federal siguiendo los movimientos, se produjo la llegada de la aeronave y la posterior intervención de las fuerzas federales.

La causa continúa bajo investigación federal para reconstruir la ruta completa del cargamento, identificar a los responsables del financiamiento y determinar si existen más ramificaciones de la organización en Santa Fe u otras provincias.

Por el momento, los ocho detenidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras se analizan teléfonos, vehículos, comunicaciones y elementos secuestrados durante los procedimientos.

La investigación por una presunta red de prostitución y consumo de drogas en ambientes exclusivos de Italia sumó un nuevo capítulo con la declaración de los principales acusados. Se trata de los empresarios Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, responsables de la firma MADE Luxury Concierge, quienes rechazaron las imputaciones en sede judicial.

La indagatoria se llevó a cabo ante la jueza Chiara Valori en Milán. Allí, ambos sostuvieron que su actividad empresarial se limitaba a la organización de eventos y experiencias exclusivas para clientes de alto poder adquisitivo. Su abogado, Marco Martini, aseguró que sus defendidos brindaron explicaciones “precisas y técnicas” y denunció que fueron víctimas de una “campaña mediática destructiva”.

El modelo de negocio bajo la lupaSegún la Fiscalía de Milán, la empresa ofrecía paquetes premium que incluían organización integral de fiestas privadas, presencia de modelos y servicios personalizados. Los costos variaban según el nivel de exclusividad: una mesa para cinco personas podía alcanzar los 10.000 euros.

De acuerdo a la investigación, parte de esos ingresos quedaba en manos de los organizadores, mientras que el resto se distribuía entre las mujeres que participaban en los eventos. Los pagos, según consta en el expediente, oscilaban entre 70 y 100 euros por noche.

Sin embargo, la defensa negó la existencia de una estructura de prostitución organizada. “El personal era contratado y pagado por terceros”, sostuvo Martini, quien además remarcó que sus clientes desarrollaron un negocio legítimo dentro del segmento del lujo. “Para ese tipo de clientes, gastar miles de euros en una noche es tan normal como ir al mercado”, afirmó.

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Vínculos con deportistas y figuras públicasUno de los aspectos más sensibles del caso es la presunta participación de deportistas de alto nivel como clientes habituales. En la investigación aparecen mencionados nombres de futbolistas europeos e incluso un piloto de Fórmula 1, aunque la Justicia mantiene bajo reserva sus identidades y no confirmó responsabilidades.

El expediente también detalla un sistema de captación de jóvenes, muchas de ellas estudiantes, que eran seleccionadas mediante catálogos con fotos, perfiles en redes sociales y tarifas. Algunas declaraciones incluidas en la causa apuntan a situaciones de abuso y pagos irregulares, lo que agrava el cuadro judicial.

Medidas judiciales y próximos pasosEn el marco de la causa, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de los acusados y el secuestro preventivo de aproximadamente 1,2 millones de euros, dinero que se investiga por su posible origen ilícito.

La defensa anunció que apelará estas medidas y cuestionó la falta de pruebas sobre la existencia de fondos no declarados en el exterior. Mientras tanto, otros implicados en la causa optaron por no declarar.

El caso continúa en etapa de investigación y promete nuevos avances en las próximas semanas, en un expediente que expone el funcionamiento de los circuitos de lujo en la noche milanesa y su posible conexión con actividades ilegales.

El profesor brasileño Danilo Neves Pereira, de 35 años, que se encontraba desaparecido desde el martes 14 de abril en el barrio porteño de Monserrat, fue encontrado muerto en la madrugada del 15 de abril.

Fuentes policiales informaron que Pereira fue trasladado al Hospital Ramos Mejía tras sufrir un cuadro de descompensación psicotrópica, y allí fue registrado como NN. Su deceso fue confirmado por el personal médico del hospital.

La desaparición y el seguimiento de la investigación

El hombre había desaparecido después de acudir a una cita en un departamento de Avenida de Mayo 748, en el que se encontraba con una persona que conoció a través de una aplicación. Un amigo de Pereira, al perder contacto con él, radicó la denuncia por “averiguación de paradero” ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17.

Causa de la muerte

La investigación, que fue coordinada por la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad y el Consulado de Brasil, determinó que Pereira sufrió un desmayo producto de un posible consumo de cocaína, lo que llevó a su hospitalización y posterior fallecimiento.

Perfil de Danilo Neves Pereira

Pereira, quien fue docente durante 12 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Federal de Goiás, vivía en Río de Janeiro antes de mudarse a Argentina. En Brasil, estaba cursando un doctorado en lingüística aplicada y debía defender su tesis en las próximas semanas.

Un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional 168, a la altura de Colastiné, terminó con cinco personas aprehendidas por transportar distintas drogas sintéticas.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Sección Seguridad Vial “Colastiné” del Escuadrón Núcleo “Santa Fe Norte”, que detuvo la marcha de una camioneta Volkswagen Amarok en la que viajaban cuatro hombres y una mujer. Durante la requisa, los efectivos detectaron la presencia de varias sustancias ilegales entre las pertenencias de los ocupantes.

Secuestro de drogas y dinero

Según informaron fuentes oficiales, se incautaron:

Además, se secuestraron dólares estadounidenses y el vehículo en el que se trasladaban. Las pruebas de campo fueron realizadas con intervención de la Policía de Investigaciones (PDI) Microtráfico, que confirmó la naturaleza de las sustancias.

Intervención judicial

Ante el hallazgo, el fiscal en turno dispuso la aprehensión de los cinco ocupantes por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 y a la normativa provincial de desfederalización del microtráfico. Los detenidos, junto con los elementos secuestrados, fueron trasladados a la Comisaría 28 de Colastiné Norte, donde se continúan las actuaciones.

Qué es el “tusi”

La sustancia conocida como “tusi” o cocaína rosa es una droga sintética que suele combinar componentes como ketamina, éxtasis y otros alucinógenos, lo que genera efectos impredecibles y riesgos elevados para la salud.

Un procedimiento de control vehicular terminó con el secuestro de una importante cantidad de droga sobre la Ruta Nacional 34, en la provincia de Santiago del Estero.

El operativo se llevó a cabo este lunes al mediodía, a la altura de Colonia Dora, en el departamento Avellaneda, donde efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detuvieron la marcha de un Volkswagen Fox que se dirigía desde Jujuy hacia Arroyo Seco, en Santa Fe.

Durante la inspección inicial, un perro entrenado para la detección de narcóticos marcó la posible presencia de estupefacientes dentro del vehículo.

Ante esa señal, los agentes utilizaron un escáner móvil que permitió identificar elementos extraños ocultos en distintas partes del auto, lo que motivó una requisa más profunda.

En el procedimiento, los uniformados encontraron diez paquetes rectangulares escondidos en:

En presencia de testigos, se realizó la prueba de campo Narcotest, que confirmó que se trataba de cocaína, con un peso total de 11 kilos con 964 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, el conductor del vehículo quedó detenido.

Además, se procedió al secuestro de la droga, el automóvil y otros elementos de interés para la investigación.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal, que avanzará en la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.