En días más perderá vigencia la llamada Ley de Emergencia en Seguridad Pública y el Poder Ejecutivo no insistirá en nueva prórroga integral. Así lo informó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni quien recibió a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados que encabeza la radical Ximena García.

Al ministro le interesa prorrogar las facultades especiales en el tema personal para continuar con la reincorporación de personal retirado. En lo que hace a compras, contrataciones y construcciones, la cartera entiende que ya se puede trabajar en forma planificada.

García explicó que con el equipo de Seguridad, los diputados profundizaron la articulación del Ejecutivo con el Poder legislativo. "La articulación fue permanente" señaló y recordó el paquete de leyes en materia de seguridad aprobadas al inicio de la gestión.

"Son las herramientas normativas fundamentales para que después el Ministerio de Seguridad pueda combatir el delito y el crimen organizado. Queríamos saber cómo esas herramientas habían impactado en las políticas públicas concretas y en los indicadores de seguridad pública", le dijo a El Litoral.

La ley de Emergencia en Seguridad fue sancionada en diciembre de 2023, prorrogada por un año y vencerá el mes próximo.

Este estado de emergencia otorga al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y un marco de agilización administrativa y presupuestaria para abordar la crisis de seguridad, la violencia y el delito organizado en el territorio provincial.

Alcanza a todos los órganos del sector público provincial que cumplen funciones relacionadas con la seguridad pública provincial y el objeto es lograr y garantizar la protección integral de la vida y los bienes de las personas.

El Litoral

El gobernador Maximiliano Pullaro firmó el decreto adjudicando a la firma Bersa SA la licitación para la compra de 300 pistolas semiautomáticas calibre 9 mm y 150 escopetas de repetición calibre 12/70 que fueron requeridas y serán destinadas al Servicio Penitenciario.

El importe de la operación es de $328.500.000, IVA incluido de acuerdo al decreto 2104 que además del gobernador lleva las firmas de los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y de Economía, Pablo Olivares.

La de la firma Bersa, radicada en provincia de Buenos Aires, fue la única que quedó en la compulsa de precios ya que fue desestimada la presentación de la firma Punto de Impacto SA por no cumplir "con los requisitos fijados en la normativa y en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en las especificaciones técnicas", señala el decreto.

"Es una inversión importante para renovar armamentos en el Servicio Penitenciario" le dijo Cococcioni a El Litoral, fuerza que utiliza armas especialmente escopetas en los principales penales de la provincia.

"La pistola es una muy buena arma y la escopeta es muy apta para la guardia de infantería antitumultos" explicó, a este diario, un experto en armas que además ponderó la calidad de la firma proveedora que, entre sus clientes, tiene fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

En los considerandos de la adjudicación, se destaca que el Servicio Penitenciario solicitó la adquisición de 150 escopetas de repetición y 300 pistolas semiautomáticas, "fundándose en la necesidad de contar y disponer de dichos bienes para lograr un óptimo desempeño en las funciones asignadas al personal".

La operación se realizó en el marco de la vigente Ley N° 14.237 que dispuso el estado de emergencia en seguridad pública.

La subdirección General de Compras y Gestión de Bienes del Ministerio de Justicia y Seguridad instrumentó la convocatoria a la contratación directa habilitada por la emergencia. A la invitación a proveedores a realizar presupuestos se presentaron Bersa y Punto de Impacto. Una comisión técnica evaluadora se encargó de analizar las ofertas, certificó las pruebas de calidad realizadas a los elementos de seguridad solicitados así como a condiciones técnicas y razonabilidad de precios brindados por los oferentes.

Esa comisión es la que recomendó adjudicar a Bersa la licitación por el importe total de $328.500.000, IVA incluido, "por única oferta que continúa en la compulsa y resultar conveniente, ajustarse técnicamente a lo requerido en la solicitud de presupuesto y anexos, resultando su precio o su precio razonable según lo informado en el acta".

También en los considerandos se desestima la alternativa de Punto de Impacto SA por no cumplir "con los requisitos fijados en la normativa y en el pliego".

Por otra parte, Seguridad compró también a Bersa cien armas de baja letalidad como parte de una prueba piloto. Además de las Taser ya entregadas, adquirió lanzadoras Byrna, como parte de una prueba piloto. El objetivo es proporcionar a los agentes una opción intermedia entre el arma de fuego y la contención física.

Son 100 lanzadoras Byrna, (50 pistolas, 30 rifles y 20 rifles con tolva) que en días más le serán entregadas a la fuerza por el ministerio de Justicia y Seguridad.

El Litoral

El presidente volvió a hablar de "narcosocialismo", al tiempo que criticó las gestiones provinciales de Hermes Binner y Antonio Bonfatti

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El Partido Socialista de Santa Fe repudió este miércoles las “agresiones y calumnias” del presidente Javier Milei hacia esa fuerza política y sus referentes. Y no descartó iniciar acciones legales contra el jefe del Estado.

Más temprano, Milei había vuelto a hablar de “narcosocialismo”, al tiempo que criticó las gestiones provinciales de Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

“Son falaces, no tienen ningún asidero y, peor aún, llegan en un momento donde no hay lugar para la especulación ni la disputa política. Como gobierno de la provincia de Santa Fe y en la Municipalidad de Rosario, en el socialismo hemos combatido denodadamente la narcocriminalidad. Fue durante las gestiones del Frente Progresista que los principales líderes de esas bandas fueron encarcelados y enjuiciados por delitos comunes en la Justicia provincial. Y lo hicimos prácticamente en soledad”, destaca el texto partidario.

Al respecto, el PS Santa Fe añadió: “En ese tiempo, implementamos la reforma penal y el régimen acusatorio para hacer más eficiente, transparente y accesible el trabajo de la Justicia. Ninguno de nuestros militantes ni dirigentes tienen una sola denuncia y hemos sufrido el atentado a un gobernador en funciones (Antonio Bonfatti) en su propio domicilio, producto de la persecución del crimen organizado”.

“Sin dudas quedó mucho por hacer, pero jamás pactamos ni protegimos a los delincuentes. El presidente debe comprender que la campaña electoral ya terminó. La ciudadanía de todo el país, de la provincia Santa Fe y, en particular, de Rosario, lo eligió para que le brinde una solución a los problemas. Es momento de gestionar”, destacó la dirigencia socialista.

En ese sentido, el comunicado sentenció: “La violencia y el narcotráfico son los enemigos comunes a enfrentar y se requiere unidad para derrotarlos. Rosario necesita al presidente trabajando junto a los gobiernos provincial y municipal, de los que somos parte. En el Partido Socialista solicitamos que cese en sus agresiones y falsas acusaciones para ponerse a trabajar en pos de recuperar la paz en la ciudad. De lo contrario, iniciaremos las acciones legales correspondientes”.

FUENTE: LA CAPITAL