Hasta el momento, la convocatoria tiene fecha y lugar: 29 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese día está previsto que el Jefe de Gabinete de ministros Manuel Adorni asista al Congreso Nacional para brindar su primer informe de gestión.

El ex vocero presidencial asumió en su nuevo cargo en noviembre de 2025 para reemplazar a Guillermo Francos. Se convirtió entonces en el tercer Jefe de Gabinete del presidente Javier Milei. El primero fue Nicolás Posse.

La convocatoria a la sesión especial no debería ser novedad. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno (…).

Marzo, el primer mes del período ordinario de sesiones, paso de largo y no hubo informe. Este llegará a fines de abril, tal cual confirmó en las últimas horas el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

“Compren pochoclo, va a ser picante”, anticipó el riojano.

Son alrededor de 4800 preguntas las que llegaron al despacho de Adorni a las que se sumarán todas las que surjan del propio auditorio compuesto por oficialistas (que avisaron que tendrán asistencia perfecta), aliados, oposición dura y dialoguistas.

Se descuenta que la reunión va a ser “picante” en ambos sentidos. Es conocido el estilo de Adorni para responder preguntas con ironía. Así fue durante sus años de vocero en los que se jactó de “domar” a periodistas acreditados en Casa Rosada aunque en la última conferencia de prensa, de hace casi tres semanas, la estrategia no le jugó a favor.

Sin embargo, la oposición lo espera para que explique la compra de viviendas, el viaje a Punta del Este con su familia en un avión privado, y la travesía a Nueva York junto a su esposa en la aeronave presidencial en el marco del Argentina Week que se realizó en marzo.

En la última sesión de Diputados el 9 de abril, cuando se aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, la principal oposición encarnada por Unión por la Patria motorizó un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, que no logró el respaldo necesario aunque obtuvo una mayoría de adhesiones (124 a 118).

Hacía falta una mayoría especial por tratarse de un asunto que estaba fuera del temario acordado para la sesión.

La insistencia para citar al funcionario de confianza de los hermanos Milei a una interpelación será llevada al recinto en una próxima sesión. La solicitud se hará en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional cuando indica que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Mientras tanto, Adorni sigue cosechando respaldos del oficialismo más ligado a la cúpula del gobierno nacional: estos llegan del propio Milei, de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia con quien se mostró este lunes el Jefe de Gabinete en un recorrido sin prensa por el Instituto Malbrán.

Y viajará el jueves a Vaca Muerta; del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo que lo bancó “a muerte”, y del propio Martín Menem, quien dijo poner “las manos en el fuego” por el funcionario.

Mientras todo esto ocurre, la Justicia avanza en varias líneas de investigación, incluidas citaciones a declarar de personas que intervinieron en sus operatorias inmobiliarias.

Adorni, de quien se espera una nueva convocatoria a la mesa política, se muestra en actividades resguardadas de la prensa y, al menos por ahora, evita volver al atril de vocero.

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la modificación de la normativa de protección de glaciares, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas y debates. El proyecto impulsado por el gobierno nacional obtuvo la mayoría necesaria y cumplió con el objetivo libertario.

Se modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue respaldada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

La iniciativa introduce cambios en el esquema de protección ambiental, al permitir que las provincias evalúen la “función hídrica efectiva” de los glaciares y ambientes periglaciares. Según sus impulsores, esto abre la puerta al desarrollo productivo, mientras que sectores opositores advierten sobre riesgos ambientales.

En este contexto, la representación santafesina mostró una marcada división. Por un lado, los legisladores vinculados a La Libertad Avanza mientras que el peronismo y otros espacios votaron mayoritariamente en contra. Como ocurrió en anteriores votaciones, dos bancas de Provincias Unidas acompañaron al oficialismo.

Entre los votos afirmativos se destacaron Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni, todos de La Libertad Avanza. También votaron a favor José Núñez y Gisela Scaglia, del espacio Provincias Unidas.

En contraste, el rechazo estuvo encabezado por diputados de Unión por la Patria, como Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Agustín Rossi y Caren Tepp. A ellos se sumaron Pablo Farías y Esteban Paulón, de Provincias Unidas, quienes también votaron en contra del proyecto.

La única ausencia dentro de la representación santafesina fue la de Rocío Bonacci, legisladora de La Libertad Avanza, quien no participó de la votación en el recinto.

El diputado Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que “las audiencias públicas se desarrollaron de forma impecable: la ley, para su tratamiento, requería de escuchar a la ciudadanía”.

“La ley viene del Senado con una claridad meridiana. El objeto es una modificación que busca aclarar conceptos, no altera el paradigma de la protección de los glaciares”, añadió Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. "En el texto que aprobamos el equilibrio se fortalece, aquí está el verdadero federalismo de concertación en acción”, dijo también.

“El presidente Milei tomó un compromiso con la sociedad y con los gobernadores en el Pacto de Mayo: cumple su palabra. Con este proyecto de ley estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”, argumentó Mayoraz.

En defensa del dictamen de minoría, la diputada Sabrina Selva (UxP), manifestó que “el debate propuesto respecto a la reforma de la ley de glaciares es tan deshonesto como el gobierno, tan mentiroso como su relato”. “Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, pronosticó.

En representación de Provincias Unidas, la diputada María Inés Zigarán advirtió que “no están protegiendo las autonomías provinciales”. “Están dejando a las provincias solas con todo el costo que significa decidir sobre si un glaciar o un ambiente periglacial se van a preservar o no”, dijo.

En tanto, el diputado Néstor Pitrola, en nombre de la bancada del Frente de Izquierda, sostuvo: “Venimos a defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Tras introducir cambios sustanciales respecto del texto original, la iniciativa regresó al Senado para su tratamiento definitivo.

La votación arrojó 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones. Entre los puntos centrales del debate se destacaron modificaciones en el cálculo de indemnizaciones, la creación de nuevos mecanismos para afrontar despidos y cambios en el régimen de contratación.

Uno de los ejes principales fue la modificación en la base de cálculo para despidos sin causa. A partir de la vigencia de la norma, se considerará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador. Quedaron excluidos conceptos no mensuales, como el aguinaldo y el proporcional de vacaciones.

La ley establece que la indemnización será la única reparación por la desvinculación y dispone un nuevo esquema de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas contribuirán con el 1% de las remuneraciones y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con el 2,5%, con posibilidad de aumento por decisión del Ejecutivo y aval legislativo.

Además, habilita la implementación de fondos de cese por convenio colectivo, similares al modelo de la construcción, donde el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual que el trabajador percibe al finalizar la relación laboral.

La reforma amplía el período de prueba a seis meses para la mayoría de los rubros y hasta ocho meses para empresas con hasta cinco empleados. Durante ese lapso, el vínculo podrá extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador deberá registrar la relación y realizar aportes desde el primer día.

Se suprimen las sanciones previstas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o deficientemente registrado. En su lugar, se establece un régimen de regularización que elimina multas pero obliga al pago de diferencias salariales y previsionales.

La norma incorpora la figura del banco de horas, que permite compensar horas extraordinarias mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador, respetando los descansos legales.

En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período tradicional entre octubre y abril, aunque se habilita pactar su goce fuera de ese rango y fraccionarlas en períodos mínimos de siete días consecutivos.

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), con reducción de contribuciones patronales: un punto porcentual para grandes empresas y 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación.

La ley permite que las empresas cancelen condenas laborales en cuotas: hasta seis pagos mensuales para grandes compañías y hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales.

Se establecen límites a los aportes patronales a cámaras empresarias (máximo 0,5%) y a asociaciones de trabajadores (hasta 2%). Desde 2028, los aportes patronales a cámaras serán voluntarios. Se eliminó el artículo que habilitaba la retención automática de cuotas sindicales sin consentimiento expreso del trabajador. El aporte del 6% a obras sociales no sufrió modificaciones.

El registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para cumplir con la normativa laboral. Los libros se digitalizan con validez legal y deberán conservarse por diez años. El pago de salarios continuará realizándose por vía bancaria, descartándose billeteras virtuales.

Durante el debate se eliminaron los artículos 44 y 208, que modificaban el régimen de licencias por enfermedad y contemplaban reducciones salariales en determinados casos. Con su exclusión, se mantiene el esquema tradicional de pago íntegro durante licencias médicas.

El Senado deberá ahora decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste con la redacción original.

La Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria a una sesión especial para este jueves a las 11, en la que se debatirán dos temas incluidos en el llamado a extraordinarias del Poder Ejecutivo: la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La sesión marcará el inicio del tratamiento en el recinto de una discusión que promete ser extensa y atravesada por fuertes diferencias políticas, especialmente en torno al régimen de imputabilidad de menores.

El proyecto de Ley Penal Juvenil cuenta con dictamen de comisiones desde mayo del año pasado, aunque la nueva composición de la Cámara reavivó el debate. El punto más sensible es la edad mínima para declarar imputable a una persona.

El oficialismo impulsa fijar el piso en 13 años, mientras que la posición mayoritaria en el Congreso se inclina por establecerlo en 14. A su vez, otros sectores sostienen que debe mantenerse el límite actual de 16 años.

En los últimos días, el Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto que luego fue retirado pocas horas después, con el objetivo de reconsiderar algunos puntos y alcanzar consensos con bloques dialoguistas. Se espera que en las próximas horas ingrese un texto reformulado.

La iniciativa oficial también contempla la asignación de recursos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para garantizar la implementación efectiva del nuevo régimen.

En total, son 15 los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil que figuran en el temario de la sesión, entre ellos el mensaje 46 del Ejecutivo presentado en julio de 2024.

El otro punto central del temario es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La aprobación del entendimiento enfrenta resistencias dentro del bloque europeo y genera posiciones divididas en el plano interno.

Ambos temas se tratarán en una jornada que se prevé extensa y con fuerte impacto político, en el marco de la primera sesión extraordinaria del año.

Los diputados de Juntos por el Cambio se reunieron con Carlos Melconian y expresaron que la medida de Massa "muestra desesperación electoral" y generará más inflación.

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio confirmó que votará en contra del proyecto de eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias porque no quiere "acompañar el camino a la hiperinflación" de Sergio Massa.

"No vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa", expresaron los integrantes del espacio opositor.

Según detalló el frente, "los jefes de bloque y referentes económicos de Juntos por el Cambio en el Congreso se reunieron con el equipo económico de Patricia Bullrich, que dirige Carlos Melconian, para analizar las medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa en las últimas horas".

En ese marco, coincidieron "en que Massa debe enviar este viernes el proyecto de Presupuesto 2024, tal como lo obliga la Ley de Administración Financiera y también la adenda al Presupuesto 2023, producto de que la inflación acumulada en el año ya superó la pauta del 60 por ciento votada en 2022".

"Esto hizo que se disparase la cláusula que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso una ley complementaria y que le prohíbe hacer readecuaciones presupuestarias", indicó el interbloque en un comunicado.

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"Si no hiciera alguna de las dos cosas estaría incumpliendo sus deberes de funcionario público", dijeron los legisladores.

Por otra parte, señalaron que el Gobierno "muestra su desesperación electoral impulsando una baja de impuestos para algunos sectores sin ninguna baja del gasto público lo que implica que será financiado íntegramente con emisión monetaria, es decir con más inflación".

"El día que se conoció que la inflación de agosto fue de 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, el ministro y candidato Sergio Massa propone un plan platita recargado. Nosotros no vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa, no vamos a ser cómplices de hacerle ese daño a los argentinos", expresaron los legisladores.

La discusión del proyecto que envió Massa comenzará a discutirse mañana a las 11 en la comisión de Presupuesto y Hacienda que lidera el oficialista Carlos Heller.

La idea de Unión por la Patria es sacar dictamen el próximo lunes y el martes convocar a una sesión especial para tratar el tema en el recinto.