El diputado provincial Mariano Cuvertino (Unidos-PS) presentó este jueves un proyecto de comunicación para solicitar que el Gobierno de Santa Fe realice gestiones ante la Nación con el objetivo de incorporar al sector de biocombustibles al directorio de YPF y avanzar en una elevación de las tasas de corte.

La iniciativa fue ingresada durante la sesión de la Cámara de Diputados y apunta a fortalecer la participación de una actividad considerada estratégica para la matriz energética nacional, especialmente en un contexto internacional marcado por la volatilidad del precio del petróleo.

Cuvertino sostuvo que Argentina cuenta con una ventaja comparativa relevante, ya que no solo produce combustibles fósiles, sino también biocombustibles, un sector en el que Santa Fe ocupa un rol central.

El legislador remarcó que la provincia produce cerca del 80% del biodiesel del país, lo que la convierte en un actor clave dentro de la cadena energética argentina.

En ese sentido, planteó que el sector debe tener mayor incidencia en las decisiones estratégicas vinculadas a la política energética nacional y, particularmente, en una empresa como YPF.

“Argentina tiene una ventaja estratégica porque produce combustibles fósiles, pero también biocombustibles. En esto último Santa Fe es protagonista”, señaló Cuvertino al fundamentar la propuesta.

El diputado advirtió que, en escenarios como el actual, donde los conflictos internacionales impactan directamente sobre el precio del petróleo, resulta fundamental contar con una cadena energética integral, capaz de combinar distintas fuentes de abastecimiento y reducir vulnerabilidades externas.

Además de la incorporación del sector al directorio de YPF, el proyecto solicita que la Provincia impulse ante el Gobierno nacional una actualización de las tasas de corte, una medida que permitiría aumentar la participación de los biocombustibles en las mezclas obligatorias con combustibles tradicionales.

Para Cuvertino, avanzar en esa dirección no solo permitiría fortalecer la seguridad energética, sino también potenciar una industria con fuerte presencia santafesina, generación de empleo y capacidad instalada.

La propuesta busca instalar nuevamente el debate sobre el rol de los biocombustibles en la política energética nacional y defender el peso productivo de Santa Fe dentro de una cadena clave para el país.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de subsidios al gas en zonas frías, una iniciativa que reduce el alcance del beneficio y limita la asistencia a regiones consideradas de frío extremo. La propuesta obtuvo media sanción tras una extensa sesión que se prolongó durante más de 11 horas.

El proyecto recibió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, por lo que ahora deberá ser debatido en el Senado. La iniciativa busca retrotraer el esquema de subsidios vigente antes de la ampliación aprobada en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández.

La reforma impulsada por el oficialismo restringe el beneficio únicamente a hogares ubicados en la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. De esta manera, millones de usuarios dejarán de acceder a descuentos en las tarifas de gas.

Según explicó la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderán el subsidio, mientras que otros 1,8 millones lo conservarán a través del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El nuevo esquema mantendrá asistencia para sectores vulnerables, incluyendo familias con ingresos de hasta tres canastas básicas, hogares con personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.

Además, el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la factura y pasará a cubrir únicamente el consumo de gas natural medido en metros cúbicos.

La jornada estuvo marcada por fuertes discusiones reglamentarias entre oficialismo y oposición debido a la superposición de dos convocatorias a sesión. El oficialismo consiguió el quórum justo y logró dejar sin efecto otra sesión impulsada por bloques opositores, que pretendían debatir sobre las denuncias judiciales que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El debate demoró más de una hora y media antes de comenzar con el tratamiento de los proyectos previstos para la jornada.

Ante la ajustada diferencia de votos, el Gobierno negoció en las horas previas con seis provincias aliadas. Como parte del acuerdo, prometió implementar un esquema de subsidios para zonas cálidas vinculado al consumo de energía eléctrica. NA

La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley Hojarasca, la iniciativa impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que lidera Federico Sturzenegger para depurar el digesto jurídico con la derogación de más de 70 normas que quedaron obsoletas.

La iniciativa recibió 138 votos positivos, 96 negativos y nueve abstenciones, y fue girado al Senado donde el Gobierno espera que obtenga la sanción definitiva.

En la misma sesión se votará más tarde el proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por "zona fría", además de la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para "hacerle la vida imposible" al ciudadano argentino "de bien".

En tanto, la presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, advirtió que "hay que ser muy termo para votar una ley como ésta". 

"No van a haber más de dos o tres diputados que van a levantar la mano para votar esta ley que tengan alguna idea de que se trata", reprochó, y cuestionó la idea de que se trate de una ley "inocua". NA

La Cámara de Diputados sesionaba este mediodía con un temario que tiene como plato fuerte el proyecto de ley del Gobierno para reducir el alcance geográfico del régimen de zona fría para el consumo de gas.

La sesión se inició luego de que el oficialismo consiguiera ajustadamente el quórum en la Cámara de Diputados, y luego el debate del temario se trabó durante una hora y media por una polémica reglamentaria.

El temario de la sesión, abarca también la ley Hojarasca, una depuración del digesto jurídico con la eliminación de más de 70 normas que quedaron obsoletas; además de la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.

El Gobierno llegaba a esta sesión con los votos justos para aprobar el esquema reducido de subsidios para usuarios de gas.

En ese marco, selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas para que voten a favor de la iniciativa a cambio de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

La sesión en Diputados comenzó poco después de las 10 y estuvo marcada por un fuerte cruce entre oficialismo y oposición por la superposición de convocatorias: una impulsada por La Libertad Avanza y otra prevista para las 11 por sectores opositores para tratar pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

El titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de montar “una trampa” y pidió un cuarto intermedio para permitir el quórum de la sesión opositora. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, rechazó la moción al sostener que no existe antecedente parlamentario de interrupción entre sesiones.

Tras nuevas críticas opositoras, se votó una moción para levantar la sesión, que fue rechazada por 131 votos contra 111. Ahora, la oposición evalúa esperar el final del debate oficialista para intentar reunir quórum o postergar la convocatoria para otro día.

De esta manera, el oficialismo logró pisar la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición, que pretendía seguir agitando en el Congreso en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch (LLA), destacó el proyecto de Ley Hojarasca para derogar normas obsoletas o inútiles y lo contrapuso con la pulsión que le atribuye a la política tradicional de acumular regulaciones sin límites para "hacerle la vida imposible" al ciudadano argentino "de bien".

"Creen que estamos para guiar, para controlar, para auditar, para monitorear, para intervenir, y para agravar cada paso del ciudadano haciéndole la vida absolutamente imposible y no se dan cuenta que en un país civilizado la regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones, que vienen a tapar aspectos grises y de interpretación de la Constitución", consideró.

Para el miembro informante del oficialismo, "esto se debe en buena medida a que buena parte de nuestros pares desconocen que el derecho y el gobierno es anterior a la ley".

El deporte argentino encendió una señal de alarma en el Congreso de la Nación. Representantes del Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), la Confederación Argentina de Deportes (CAD), atletas olímpicos y paralímpicos y dirigentes de distintas federaciones participaron de una reunión informativa convocada por la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, donde denunciaron un crítico escenario de desfinanciamiento y reclamaron políticas urgentes para garantizar la continuidad del sistema deportivo nacional.

Durante la exposición, el presidente del COA y titular del ENARD, Mario Moccia, describió un panorama “sumamente difícil y preocupante” y aseguró que el deporte argentino atraviesa un retroceso estructural que compromete tanto el alto rendimiento como el desarrollo social vinculado a la actividad deportiva.

“El deporte excede al alto rendimiento. Es una herramienta estratégica que educa en valores, trabaja junto a la salud y la educación, fortalece la identidad nacional y además genera inversión y legado”, sostuvo Moccia ante diputados, dirigentes y atletas presentes.

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Uno de los puntos más sensibles de la jornada estuvo relacionado con el financiamiento del ENARD. Moccia explicó que desde diciembre de 2017 el organismo dejó de recibir de manera directa el 1% de la recaudación de telefonía móvil, mecanismo previsto originalmente por ley para sostener el desarrollo deportivo.

Según detalló, el esquema alternativo de actualización presupuestaria nunca se aplicó correctamente y eso generó un fuerte deterioro económico. “Si se cumpliera la ley vigente, estaríamos triplicando el presupuesto actual sin necesidad de pedir recursos extra”, afirmó.

El dirigente también expuso cifras que reflejan el deterioro presupuestario: mientras la inflación de 2023 rondó el 200%, la actualización para 2024 fue apenas del 20%. En consecuencia, explicó que el sistema deportivo hoy funciona con alrededor de 18.400 millones de pesos, una cifra que consideró insuficiente para sostener becas, viajes, salarios de entrenadores y procesos de preparación internacional.

“La situación es crítica y no vemos soluciones. Tenemos atletas clasificados que no saben si van a poder competir”, alertó.

Desde el Comité Paralímpico Argentino también expresaron una fuerte preocupación por el escenario actual. Gustavo Borro, presidente del COPAR, aseguró que sin un financiamiento sólido “es inviable desarrollar deporte de alto rendimiento en Argentina”.

“Sin ENARD y sin una Secretaría de Deportes con recursos es imposible sostener proyectos. El problema no es solamente llegar a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, sino cómo se llega y en qué condiciones”, señaló.

Borro remarcó además el impacto humano de la crisis: “Se rompen proyectos, se rompen sueños y se rompen vidas”.

La nadadora paralímpica Nadia Báez aportó uno de los testimonios más emotivos de la jornada. La deportista recordó que hace pocos meses les comunicaron a varios atletas, apenas 30 horas antes de viajar a una competencia, que no podrían hacerlo por falta de dinero. “En veinte años de carrera nunca me había pasado algo así”, afirmó.

Además, defendió el rol social del deporte como herramienta de inclusión, rehabilitación y contención para niños y jóvenes. “No peleo solamente por mí, sino por lo que les quede a las futuras generaciones”, sostuvo.

Las intervenciones de los deportistas olímpicos tuvieron un fuerte peso durante la reunión. Paula Pareto destacó el impacto social del deporte y aseguró que invertir en actividad física y formación deportiva representa también una política de prevención social.

“Si un chico está haciendo deporte, hay alguien que lo está cuidando y transmitiéndole valores para toda la vida”, afirmó la campeona olímpica y actual vicepresidenta segunda del COA.

En la misma línea, Cecilia Carranza Saroli advirtió que muchos procesos deportivos hoy tienen “fecha de vencimiento” por la falta de apoyo económico. La campeona olímpica recordó que el ENARD fue clave en su carrera y pidió que las autoridades “escuchen y actúen”.

El exfutbolista paralímpico Silvio Velo también recordó las dificultades que atravesó antes de la creación del ENARD. “Fui campeón del mundo y tenía que vender lapiceras en el tren para mantener a mi familia”, relató.

Por su parte, el medallista olímpico Walter Pérez expresó su preocupación por la imposibilidad de planificar competencias y procesos de entrenamiento. “La incertidumbre es enorme y hoy hay atletas clasificados que quizás no puedan viajar”, aseguró.

El cierre de la reunión estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Deportes, Jorge Chica, quien destacó la importancia social del deporte y se comprometió a trabajar en propuestas legislativas para fortalecer el sistema.

“El deporte es una herramienta fundamental frente a problemas como las adicciones, la salud mental y la falta de contención social”, sostuvo.

Además, remarcó que clubes, escuelas y organizaciones barriales cumplen un rol clave en la formación de jóvenes y en la construcción de valores comunitarios.

“A partir de todo lo que escuchamos hoy vamos a trabajar para generar un diagnóstico serio y avanzar en acciones concretas que permitan que el deporte vuelva a ocupar un lugar estratégico dentro de las políticas públicas”, concluyó.

Hasta el momento, la convocatoria tiene fecha y lugar: 29 de abril en la Cámara de Diputados de la Nación. Ese día está previsto que el Jefe de Gabinete de ministros Manuel Adorni asista al Congreso Nacional para brindar su primer informe de gestión.

El ex vocero presidencial asumió en su nuevo cargo en noviembre de 2025 para reemplazar a Guillermo Francos. Se convirtió entonces en el tercer Jefe de Gabinete del presidente Javier Milei. El primero fue Nicolás Posse.

La convocatoria a la sesión especial no debería ser novedad. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno (…).

Marzo, el primer mes del período ordinario de sesiones, paso de largo y no hubo informe. Este llegará a fines de abril, tal cual confirmó en las últimas horas el Presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

“Compren pochoclo, va a ser picante”, anticipó el riojano.

Son alrededor de 4800 preguntas las que llegaron al despacho de Adorni a las que se sumarán todas las que surjan del propio auditorio compuesto por oficialistas (que avisaron que tendrán asistencia perfecta), aliados, oposición dura y dialoguistas.

Se descuenta que la reunión va a ser “picante” en ambos sentidos. Es conocido el estilo de Adorni para responder preguntas con ironía. Así fue durante sus años de vocero en los que se jactó de “domar” a periodistas acreditados en Casa Rosada aunque en la última conferencia de prensa, de hace casi tres semanas, la estrategia no le jugó a favor.

Sin embargo, la oposición lo espera para que explique la compra de viviendas, el viaje a Punta del Este con su familia en un avión privado, y la travesía a Nueva York junto a su esposa en la aeronave presidencial en el marco del Argentina Week que se realizó en marzo.

En la última sesión de Diputados el 9 de abril, cuando se aprobó la reforma a la Ley de Glaciares, la principal oposición encarnada por Unión por la Patria motorizó un pedido de interpelación al Jefe de Gabinete, que no logró el respaldo necesario aunque obtuvo una mayoría de adhesiones (124 a 118).

Hacía falta una mayoría especial por tratarse de un asunto que estaba fuera del temario acordado para la sesión.

La insistencia para citar al funcionario de confianza de los hermanos Milei a una interpelación será llevada al recinto en una próxima sesión. La solicitud se hará en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional cuando indica que “cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo para recibir las explicaciones e informes que estime convenientes”.

Mientras tanto, Adorni sigue cosechando respaldos del oficialismo más ligado a la cúpula del gobierno nacional: estos llegan del propio Milei, de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia con quien se mostró este lunes el Jefe de Gabinete en un recorrido sin prensa por el Instituto Malbrán.

Y viajará el jueves a Vaca Muerta; del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo que lo bancó “a muerte”, y del propio Martín Menem, quien dijo poner “las manos en el fuego” por el funcionario.

Mientras todo esto ocurre, la Justicia avanza en varias líneas de investigación, incluidas citaciones a declarar de personas que intervinieron en sus operatorias inmobiliarias.

Adorni, de quien se espera una nueva convocatoria a la mesa política, se muestra en actividades resguardadas de la prensa y, al menos por ahora, evita volver al atril de vocero.

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la modificación de la normativa de protección de glaciares, en una sesión atravesada por fuertes tensiones políticas y debates. El proyecto impulsado por el gobierno nacional obtuvo la mayoría necesaria y cumplió con el objetivo libertario.

Se modifica la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Fue respaldada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.

La iniciativa introduce cambios en el esquema de protección ambiental, al permitir que las provincias evalúen la “función hídrica efectiva” de los glaciares y ambientes periglaciares. Según sus impulsores, esto abre la puerta al desarrollo productivo, mientras que sectores opositores advierten sobre riesgos ambientales.

En este contexto, la representación santafesina mostró una marcada división. Por un lado, los legisladores vinculados a La Libertad Avanza mientras que el peronismo y otros espacios votaron mayoritariamente en contra. Como ocurrió en anteriores votaciones, dos bancas de Provincias Unidas acompañaron al oficialismo.

Entre los votos afirmativos se destacaron Alejandro Bongiovanni, Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Juan Pablo Montenegro, Agustín Pellegrini, Valentina Ravera, Verónica Razzini y Yamile Tomassoni, todos de La Libertad Avanza. También votaron a favor José Núñez y Gisela Scaglia, del espacio Provincias Unidas.

En contraste, el rechazo estuvo encabezado por diputados de Unión por la Patria, como Alejandrina Borgatta, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Germán Martínez, Agustín Rossi y Caren Tepp. A ellos se sumaron Pablo Farías y Esteban Paulón, de Provincias Unidas, quienes también votaron en contra del proyecto.

La única ausencia dentro de la representación santafesina fue la de Rocío Bonacci, legisladora de La Libertad Avanza, quien no participó de la votación en el recinto.

El diputado Nicolás Mayoraz (LLA) explicó que “las audiencias públicas se desarrollaron de forma impecable: la ley, para su tratamiento, requería de escuchar a la ciudadanía”.

“La ley viene del Senado con una claridad meridiana. El objeto es una modificación que busca aclarar conceptos, no altera el paradigma de la protección de los glaciares”, añadió Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. "En el texto que aprobamos el equilibrio se fortalece, aquí está el verdadero federalismo de concertación en acción”, dijo también.

“El presidente Milei tomó un compromiso con la sociedad y con los gobernadores en el Pacto de Mayo: cumple su palabra. Con este proyecto de ley estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”, argumentó Mayoraz.

En defensa del dictamen de minoría, la diputada Sabrina Selva (UxP), manifestó que “el debate propuesto respecto a la reforma de la ley de glaciares es tan deshonesto como el gobierno, tan mentiroso como su relato”. “Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, pronosticó.

En representación de Provincias Unidas, la diputada María Inés Zigarán advirtió que “no están protegiendo las autonomías provinciales”. “Están dejando a las provincias solas con todo el costo que significa decidir sobre si un glaciar o un ambiente periglacial se van a preservar o no”, dijo.

En tanto, el diputado Néstor Pitrola, en nombre de la bancada del Frente de Izquierda, sostuvo: “Venimos a defender el agua y a denunciar a los que responden a los monopolios mineros, que están dispuestos a entregar estos bienes que son recursos estratégicos para nosotros y para las generaciones futuras”.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Tras introducir cambios sustanciales respecto del texto original, la iniciativa regresó al Senado para su tratamiento definitivo.

La votación arrojó 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones. Entre los puntos centrales del debate se destacaron modificaciones en el cálculo de indemnizaciones, la creación de nuevos mecanismos para afrontar despidos y cambios en el régimen de contratación.

Uno de los ejes principales fue la modificación en la base de cálculo para despidos sin causa. A partir de la vigencia de la norma, se considerará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual del trabajador. Quedaron excluidos conceptos no mensuales, como el aguinaldo y el proporcional de vacaciones.

La ley establece que la indemnización será la única reparación por la desvinculación y dispone un nuevo esquema de actualización de créditos laborales basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%.

El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes obligatorios de los empleadores. Las grandes empresas contribuirán con el 1% de las remuneraciones y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) con el 2,5%, con posibilidad de aumento por decisión del Ejecutivo y aval legislativo.

Además, habilita la implementación de fondos de cese por convenio colectivo, similares al modelo de la construcción, donde el empleador realiza aportes mensuales a una cuenta individual que el trabajador percibe al finalizar la relación laboral.

La reforma amplía el período de prueba a seis meses para la mayoría de los rubros y hasta ocho meses para empresas con hasta cinco empleados. Durante ese lapso, el vínculo podrá extinguirse sin derecho a indemnización, aunque el empleador deberá registrar la relación y realizar aportes desde el primer día.

Se suprimen las sanciones previstas en la Ley 24.013 por trabajo no registrado o deficientemente registrado. En su lugar, se establece un régimen de regularización que elimina multas pero obliga al pago de diferencias salariales y previsionales.

La norma incorpora la figura del banco de horas, que permite compensar horas extraordinarias mediante acuerdos escritos entre empleador y trabajador, respetando los descansos legales.

En cuanto a las vacaciones, se mantiene el período tradicional entre octubre y abril, aunque se habilita pactar su goce fuera de ese rango y fraccionarlas en períodos mínimos de siete días consecutivos.

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), con reducción de contribuciones patronales: un punto porcentual para grandes empresas y 2,5 puntos para MiPyMEs, con posibilidad de ampliación.

La ley permite que las empresas cancelen condenas laborales en cuotas: hasta seis pagos mensuales para grandes compañías y hasta doce para MiPyMEs y empleadores individuales.

Se establecen límites a los aportes patronales a cámaras empresarias (máximo 0,5%) y a asociaciones de trabajadores (hasta 2%). Desde 2028, los aportes patronales a cámaras serán voluntarios. Se eliminó el artículo que habilitaba la retención automática de cuotas sindicales sin consentimiento expreso del trabajador. El aporte del 6% a obras sociales no sufrió modificaciones.

El registro ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para cumplir con la normativa laboral. Los libros se digitalizan con validez legal y deberán conservarse por diez años. El pago de salarios continuará realizándose por vía bancaria, descartándose billeteras virtuales.

Durante el debate se eliminaron los artículos 44 y 208, que modificaban el régimen de licencias por enfermedad y contemplaban reducciones salariales en determinados casos. Con su exclusión, se mantiene el esquema tradicional de pago íntegro durante licencias médicas.

El Senado deberá ahora decidir si acepta los cambios introducidos por Diputados o insiste con la redacción original.

La Cámara de Diputados de la Nación oficializó la convocatoria a una sesión especial para este jueves a las 11, en la que se debatirán dos temas incluidos en el llamado a extraordinarias del Poder Ejecutivo: la Ley Penal Juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La sesión marcará el inicio del tratamiento en el recinto de una discusión que promete ser extensa y atravesada por fuertes diferencias políticas, especialmente en torno al régimen de imputabilidad de menores.

El proyecto de Ley Penal Juvenil cuenta con dictamen de comisiones desde mayo del año pasado, aunque la nueva composición de la Cámara reavivó el debate. El punto más sensible es la edad mínima para declarar imputable a una persona.

El oficialismo impulsa fijar el piso en 13 años, mientras que la posición mayoritaria en el Congreso se inclina por establecerlo en 14. A su vez, otros sectores sostienen que debe mantenerse el límite actual de 16 años.

En los últimos días, el Gobierno nacional presentó un nuevo proyecto que luego fue retirado pocas horas después, con el objetivo de reconsiderar algunos puntos y alcanzar consensos con bloques dialoguistas. Se espera que en las próximas horas ingrese un texto reformulado.

La iniciativa oficial también contempla la asignación de recursos a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para garantizar la implementación efectiva del nuevo régimen.

En total, son 15 los proyectos vinculados al Régimen Penal Juvenil que figuran en el temario de la sesión, entre ellos el mensaje 46 del Ejecutivo presentado en julio de 2024.

El otro punto central del temario es el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La aprobación del entendimiento enfrenta resistencias dentro del bloque europeo y genera posiciones divididas en el plano interno.

Ambos temas se tratarán en una jornada que se prevé extensa y con fuerte impacto político, en el marco de la primera sesión extraordinaria del año.

Los diputados de Juntos por el Cambio se reunieron con Carlos Melconian y expresaron que la medida de Massa "muestra desesperación electoral" y generará más inflación.

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio confirmó que votará en contra del proyecto de eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias porque no quiere "acompañar el camino a la hiperinflación" de Sergio Massa.

"No vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa", expresaron los integrantes del espacio opositor.

Según detalló el frente, "los jefes de bloque y referentes económicos de Juntos por el Cambio en el Congreso se reunieron con el equipo económico de Patricia Bullrich, que dirige Carlos Melconian, para analizar las medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa en las últimas horas".

En ese marco, coincidieron "en que Massa debe enviar este viernes el proyecto de Presupuesto 2024, tal como lo obliga la Ley de Administración Financiera y también la adenda al Presupuesto 2023, producto de que la inflación acumulada en el año ya superó la pauta del 60 por ciento votada en 2022".

"Esto hizo que se disparase la cláusula que obliga al Ejecutivo a enviar al Congreso una ley complementaria y que le prohíbe hacer readecuaciones presupuestarias", indicó el interbloque en un comunicado.

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"Si no hiciera alguna de las dos cosas estaría incumpliendo sus deberes de funcionario público", dijeron los legisladores.

Por otra parte, señalaron que el Gobierno "muestra su desesperación electoral impulsando una baja de impuestos para algunos sectores sin ninguna baja del gasto público lo que implica que será financiado íntegramente con emisión monetaria, es decir con más inflación".

"El día que se conoció que la inflación de agosto fue de 12,4%, la más alta en los últimos 32 años, el ministro y candidato Sergio Massa propone un plan platita recargado. Nosotros no vamos a acompañar el camino a la hiperinflación de Massa, no vamos a ser cómplices de hacerle ese daño a los argentinos", expresaron los legisladores.

La discusión del proyecto que envió Massa comenzará a discutirse mañana a las 11 en la comisión de Presupuesto y Hacienda que lidera el oficialista Carlos Heller.

La idea de Unión por la Patria es sacar dictamen el próximo lunes y el martes convocar a una sesión especial para tratar el tema en el recinto.