El Congreso atraviesa horas de expectativa y negociaciones en torno al futuro político del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras el Senado ya definió que dentro de una semana podría votar un llamado a interpelación y una eventual moción de censura, en Diputados la oposición busca avanzar con una sesión especial prevista para el martes 23 de junio.

En la Cámara Baja, el planteo inicial apuntaba a emplazar a las comisiones que deberían tratar los pedidos de interpelación. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a discutirse si el cuerpo puede votar directamente la fecha de la interpelación sin pasar por el trámite ordinario de comisiones.

La discusión se da en medio de un escenario de tensión entre el oficialismo, la oposición y los bloques dialoguistas, especialmente el PRO y la UCR, que por ahora observan los movimientos del Senado antes de fijar una posición definitiva.

A diferencia de lo que ocurre en la Cámara Alta, en Diputados los bloques dialoguistas todavía no tomaron una decisión cerrada. Según trascendió, varios legisladores prefieren esperar qué postura adoptan sus pares en el Senado antes de definir si acompañarán o no el tratamiento en el recinto.

Desde sectores del PRO reconocen malestar por la falta de claridad de La Libertad Avanza. Una fuente del bloque amarillo señaló que no hay una línea concreta sobre la estrategia oficialista y cuestionó las idas y vueltas respecto de la posibilidad de convocar otra sesión.

En la oposición, en cambio, aseguran que el clima es favorable para avanzar. El argumento es que si algunos bloques acompañan el tratamiento en el Senado, luego deberán explicar por qué no habilitan el debate en Diputados.

Mientras tanto, La Libertad Avanza espera una definición de la mesa política del Gobierno. El oficialismo analiza si convocará a una sesión propia para tratar otros temas de interés, entre ellos el acuerdo con los holdouts y el proyecto conocido como Super RIGI.

Sin embargo, desde la Casa Rosada dejaron trascender que es poco probable que haya una definición inmediata y que la estrategia legislativa podría terminar de resolverse recién la próxima semana.

Ese escenario mantiene en suspenso a los aliados parlamentarios, que observan tanto la posición del Gobierno como el nivel de presión que pueda tomar la discusión pública alrededor de Adorni.

Uno de los puntos centrales de la discusión pasa por el procedimiento parlamentario. Hasta ahora, en Diputados se evaluaba emplazar a las comisiones para que traten los proyectos, emitan dictamen y luego lleven el tema al recinto.

Pero algunos legisladores consultaron a especialistas en derecho constitucional, quienes plantearon que la interpelación y la moción de censura forman parte de una facultad constitucional propia de las cámaras, por lo que no necesariamente deberían seguir el trámite habitual de una ley.

En esa línea, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que la interpelación para evaluar una moción de censura no pertenece al trámite parlamentario ordinario, sino que es una atribución vinculada al control político. Bajo esa interpretación, si se reúne el quórum necesario, el recinto podría votar directamente el llamado al jefe de Gabinete.

La oposición pretende confirmar en las próximas horas cuál será el camino elegido: si avanzar con el esquema de comisiones o intentar aplicar directamente el artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la responsabilidad política del jefe de Gabinete ante el Congreso.

De prosperar esta última vía, el procedimiento sería más breve y podría acelerar la convocatoria de Adorni al recinto.

El Senado, por su parte, ya definió que en su próxima sesión se habilitará el pedido impulsado por el peronismo para votar el llamado a interpelación y, eventualmente, una moción de censura si la Cámara lo considera necesario.

Por ahora, el oficialismo no mueve sus piezas, los aliados miran de reojo al Senado y la oposición intenta reunir los votos necesarios para abrir el debate en Diputados.

La situación de Manuel Adorni vuelve así a quedar en el centro de la agenda parlamentaria, en una semana clave para medir el volumen político de la oposición y el margen de maniobra del Gobierno dentro del Congreso.

Patricia Bullrich puso a disposición del presidente Javier Milei su renuncia a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, luego de manifestar su desacuerdo con la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli. Sin embargo, el mandatario rechazó el ofrecimiento y la ratificó al frente de la bancada oficialista.

Según trascendió, la exministra de Seguridad le comunicó a Milei durante una conversación privada mantenida este lunes que no acompañará el retiro de la postulación de Michelli. En ese marco, y ante la posibilidad de que su postura generara ruido político dentro del oficialismo, decidió poner su cargo a disposición.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, expresó Bullrich en sus redes sociales tras la reunión.

Cerca de la legisladora señalaron que la conversación con Milei fue “razonable” y que Bullrich explicó que no podía actuar en contra de sus convicciones personales. En ese contexto, consideró que la presidencia de un bloque oficialista debe estar siempre a disposición del Presidente.

“La presidencia de un bloque oficialista está siempre a disposición del Presidente de la Nación. Si él pide dar un paso al costado, lo das, como cualquier funcionario”, indicaron desde el entorno de la senadora.

Pese a la diferencia pública, Milei no aceptó la renuncia. Fuentes al tanto del diálogo aseguraron que el Presidente entendió sus razones y decidió sostenerla en la conducción del bloque.

La postura de Bullrich fue leída como un nuevo gesto de autonomía dentro del oficialismo. Semanas atrás, la senadora porteña también había reclamado a Manuel Adorni que presentara su declaración jurada para descomprimir el desgaste generado por una causa judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

En la Casa Rosada, y cerca de Karina Milei, optaron por no abrir un nuevo frente interno contra la jefa de la bancada oficialista. Desde el Gobierno interpretaron que se trata de una diferencia puntual que no compromete el rumbo general de la gestión.

“Dentro de un espacio diverso y amplio es natural que existan diferentes visiones sobre los distintos temas. Ha ocurrido en otras oportunidades”, señaló un funcionario cercano a la Secretaría General de la Presidencia.

Bullrich, por su parte, ratificó su compromiso con el Gobierno y sostuvo que una diferencia en un tema específico no debilita el proyecto político.

“En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, afirmó.

Luego agregó: “El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.

El conflicto se originó luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el presidente Milei enviaran un pedido para retirar la postulación de la jueza María Verónica Michelli, pese a que su pliego ya había reunido las nueve firmas necesarias en la Comisión de Acuerdos del Senado.

La objeción central del Gobierno estaría vinculada al parentesco de Michelli con el periodista Hugo Alconada Mon.

Ahora, el retiro del pliego deberá ser convalidado en el recinto del Senado por mayoría simple. Ese objetivo podría complicarse por la negativa de Bullrich y de otros bloques aliados, como la UCR y el PRO, que ya anticiparon que no acompañarán la decisión oficial.

La discusión se definirá este jueves 4 de junio, cuando el Senado sesione para tratar, entre otros temas, más de 70 pliegos judiciales enviados por el Ministerio de Justicia para cubrir vacantes en distintos tribunales.

Mientras gran parte de la atención en el Congreso está puesta este jueves en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, que intentará avanzar (con cambios) en el proyecto de Reforma Laboral, el Senado se dispone a mantener en la misma jornada una reunión de alto impacto.

Inicio a las 14.30, horario al que fue convocado el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales (a cargo de Juan Carlos Pagotto), y Presupuesto y Hacienda (con Ezequiel Atauche como presidente) para analizar el Régimen Penal Juvenil que tuvo media sanción en la Cámara baja la semana pasada.

Para esta jornada fue convocada la madre de Jeremías Monzón, el joven santotomesino asesinado en el mes de diciembre en la ciudad de Santa Fe, hecho por el que están imputados una joven de 16 años y dos menores de edad de 14. No se pudo confirmar si expondrá en la comisión o mantendrá una reunión privada con legisladores.

Una semana atrás, Diputados aprobó el proyecto que establece el nuevo régimen y fija la edad de imputabilidad en 14 años (hoy es de 16). La votación en general resultó con 149 votos positivos contra 100 negativos, sin abstenciones.

Además, la norma establece que menores de edad privados de su libertad no estarán alojados junto con adultos y excluye la prisión perpetua de las sanciones para este grupo.

De hecho, la pena máxima con prisión está fijada en 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la limitación para conducir vehículos.

Se trata de un proyecto que fue debatido y dictaminado en mayo de 2025, a partir de una iniciativa del gobierno nacional que proponía un piso de 13 años, además de varias iniciativas de distintos bloques. Todos esos proyectos fueron puestos a consideración en comisiones y llevados al recinto hace una semana, luego de que el Ejecutivo nacional resolviera incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias que comenzó el 2 de febrero y se extenderá hasta el 28 de este mes.

El debate llega con fuertes críticas de la Iglesia Católica, recomendaciones de organismos internacionales como Unicef, pronunciamientos de las Defensorías de NNyA de las provincias (incluida Santa Fe) y reparos de un sector de la oposición que plantea, entre otros puntos, que no están contempladas en la ley las políticas necesarias para atender la situación de niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad ni el financiamiento suficiente para ponerlas en práctica.

La propuesta promete debate en las comisiones y en el recinto de la Cámara alta adonde llegaría para su sanción la semana próxima, poco antes del inicio del periodo ordinario de sesiones que inaugurará el presidente Javier Milei el domingo 1º de marzo.

El Senado debatirá este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Tras una negociación que incluyó a gobernadores aliados, la CGT y representantes empresariales, el oficialismo logró introducir 28 modificaciones al dictamen original y se aseguró el respaldo necesario para aprobar la iniciativa en general.

La sesión se prevé extensa y, según el cronograma de Labor Parlamentaria, cada senador contará con 20 minutos para exponer, más 40 minutos para los cierres de bloque. Desde el oficialismo estiman que la votación en general podría concretarse cerca de la medianoche y que el tratamiento en particular se extenderá hasta la madrugada.

Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso, la CGT y organizaciones opositoras mantienen una movilización en rechazo a varios puntos del proyecto.

Entre las 28 modificaciones incorporadas al texto original, se destacan:

Desde el oficialismo sostienen que las concesiones introducidas permiten “corregir distorsiones” sin alterar el espíritu general de la reforma, mientras que sectores sindicales advierten que varios puntos continúan afectando derechos laborales.

La votación en general abrirá paso a 26 votaciones en particular, correspondientes a cada uno de los títulos del proyecto.

Defendió el proyecto de ley contra las denuncias falsas. Lo hizo en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales donde se trató la iniciativa que aspira a modificar el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió hoy en el Senado de la Nación el proyecto que se propone imponer penas a quienes denuncian falsamente, entre ellas, las vinculadas a la violencia de género: "Se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente".

Fue en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que conduce el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), donde se trató la iniciativa que aspira a modificar el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor, imponiendo penas a quien "denunciare falsamente un delito" ante la autoridad.

En su alocución, Cúneo Libarona aseguró que "una denuncia de género falsa destruye una persona" y continuó: "Se creó una concepción hipócrita que la mujer no miente, de 'hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar'. Y eso no es siempre así". Para el titular de la cartera, "gran parte de las falsas denuncias son por violencia y producen daños irreversibles".

"Esta abuso de la mentira, que produce tanto daño, crea situaciones injustas. Gente en prisión por denuncias de casos de género, que se ha suicidado; destrucción de la familia; impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia; de prestigio familiar, social; pérdida laboral… Entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales", añadió el reconocido abogado.

Para Cúneo Libarona, las denuncias falsas son "actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que le produce un daño a otros bienes jurídicos: el honor, la vida, propiedad, etc". "Nosotros no podemos tolerar la mentira y el engaño y que se abuse del sistema judicial y dañar a otros para obtener beneficios ilegítimos", subrayó.

A su vez, consideró que una denuncia "no solo daña a la víctima, sino que vulnera a todo el sistema y la credibilidad de las instituciones". Y reflexionó: "Esta nueva Argentina está en un proceso de restauración moral y no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal y a la policía. No puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal".

"Tienen que ser castigados los que comenten delitos y máxime los que acusan falsamente de ser víctimas falsos. Nuestro Código Penal necesita una reforma urgente. Estas ideas yo las tenía en mi cabeza hace mucho tiempo atrás. Me resultaba inconcebible cuando tomaba audiencias ver cómo me mentían en la cara… Y es mentirle a la Justicia", agregó Cúneo Libarona.

Además, no solo focalizó en los casos de violencia, sino que también amplió el espectro al sostener hay "muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales; obtener un seguro falso; perjudicar a una persona; beneficiar a un imputado; crear un juicio laboral". "Todo esto tiene que limitarse con el ejemplo y es el Código Penal", remató.

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El proyecto

La senadora de la Unión Cívica Radical (UCR) Carolina Losada reflotó el proyecto de denuncias falsas la semana pasada. Propone modificaciones en el Código Penal en los artículos vinculados a los delitos al honor, imponiendo penas a quien "denunciare falsamente un delito" ante la autoridad.

Si bien el texto fue presentado en 2023 y perdería estado parlamentario antes del inicio del período ordinario 2025, Losada volvería a insistir con la iniciativa el próximo año, aunque no descarta hacer el intento de colarlo en un eventual llamado a extraordinarias, intención difícil de concretar.

Según indica la redacción, si una "falsa denuncia ante la autoridad fuera por delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes, la pena será de prisión de 3 a 6 años".

Mientras que sería reprimido con prisión de uno a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente".

Quedaría exentos de "responsabilidad criminal los que hubieren obrado en favor del cónyuge, de un pariente cuyo vínculo no excediere del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o de un amigo íntimo o persona a la que se debiese especial gratitud".

En el inicio de la sesión, se produjo un cruce entre la vicepresidenta y el senador radical, con una chicana sobre el pasado compartido.

La vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador Martín Lousteau protagonizaron un picante cruce durante el inicio de la sesión informativa del Senado, en la que participó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

El episodio se produjo al momento de izar la bandera, cuando Lousteau cuestionó que no había quórum, en medio de quejas de otros opositores por la elección del tucumano Pablo Yedlin para realizar la tarea.

En respuesta, la vicepresidenta le contestó: "Ya debería haber aprendido que no se necesita quórum para una sesión informativa". "Deberían aprender de economía", retrucó el líder de Evolución. A lo que la titular de la Cámara Alta respondió: "Me enseñaste vos con la 125".

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El momento fue captado por un video que rápidamente corrió por las redes sociales y recordó a la discusión que en 2008 marcó uno de los tiempos más difíciles de la gestión de Cristina Kirchner.

La resolución 125 de retenciones móviles que ideó Lousteau cuando era su ministro de Economía generó una batalla muy dura con el campo. A 15 años de esa situación, la vicepresidenta recordó el episodio en tono de chicana al ahora referente de Juntos por el Cambio.